La construcción de las 86 viviendas de protección oficial (VPO) que lleva paralizada desde el año 2011 en el toledano barrio del Polígono se va a reanudar con la previsión de estar terminada para finales del 2026.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que va a sacar a licitación, a través de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), la terminación de esta promoción con un presupuesto de 6,7 millones de euros sin IVA. Las empresas tendrán hasta el 20 de enero para presentar ofertas a una obra que se prevé que esté acabada para finales del año próximo.

Es una promoción de viviendas de VPO, cuentan con calificación provisional de 2011, modificada parcialmente en 2012 y todas las viviendas estarán destinadas a venta. En un principio se preveía que fueran de alquiler social, tal y como ha reclamado en distintas ocasiones la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo.

La Junta asegura que, desde que se paralizaron las obras, Gicaman ha mantenido la construcción vigilada con una empresa de seguridad privada durante 24 horas, por lo que el estado de esta “no presenta más deterioro que el generado por el paso del tiempo, ya que no ha sufrido vandalizaciones ni sustracciones”.

En este sentido, dado el tiempo transcurrido y la evolución normativa de la promoción, es necesario realizar una inversión que cubran las reparaciones de los elementos deteriorados de la obra por el transcurso del tiempo, la terminación de los trabajos y la adaptación de la edificación a la normativa actualmente vigente.

Queda un 30% de la obra

En la obra, que le queda pendiente de ejecutar aproximadamente un 30 por ciento, se van a llevar a cabo actuaciones tales como, la reparación de tanto de interiores como de exteriores; la sustitución de las carpinterías exteriores y la modificación en la composición de los elementos de la envolvente (fachada y cubiertas) o la actualización de las instalaciones térmicas (solar, climatización y ACS).

Además, se ejecutarán las obras de acabado tanto en los interiores de las viviendas, como en los garajes y zonas comunes de estas.

El éxodo de población desde la Comunidad de Madrid hacia Guadalajara y Toledo sigue siendo uno de los principales retos que Castilla-La Mancha debe afrontar en materia de vivienda. Dos años y medio después de que elDiario.es Castilla-La Mancha contase cómo las zonas castellanomanchegas que limitan con Madrid se habían convertido en grandes receptoras de población procedente de la capital y alrededores, el problema parece estar igual.

Y es que, para Rafael Santiago, presidente de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL) en Castilla-La Mancha, uno de los principales problemas en materia de vivienda para Castilla-La Mancha es que la vecina comunidad madrileña “se está desbordando”.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Rafael Santiago reconoce que no todo es malo en esta vecindad: “Esa cercanía que hace que nuestra actividad económica sea boyante. Pero también tiene un peaje”, refiriéndose al precio de la vivienda.

El experto afirma que las zonas limítrofes con la comunidad vecina, como son el Corredor de La Sagra en Toledo y el Corredor del Henares en Guadalajara, son las principales zonas que se ven afectadas por “los cambios culturales, económicos y demográficos que experimenta Madrid”.

Por tanto, Santiago cree una de las soluciones al problema del precio de la vivienda en Castilla-La Mancha es tomar “decisiones estratégicas” entre las dos comunidades. “No puede ser que nosotros intentemos controlar que no suba el precio de la vivienda cuando Madrid está construyendo mucho y es insuficiente”, por lo que aboga por establecer una comunicación fluida entre territorios, de tal manera que las decisiones que puedan afectar a los precios y la tensión del mercado de la vivienda no se tomen unilateralmente por una comunidad autónoma sin tener en cuenta el parecer de otra “que va a padecer” las consecuencias.

Alcaldes, zonas tensionadas y suelo sostenible

Rafael Santiago pone también el acento en el “desfase” entre la necesidad de vivienda y el suelo disponible (y sostenible) para la edificación residencial. “En España ahora mismo tenemos suelo suficiente como para construir seis millones de viviendas y según el Banco de España necesitamos 600.000 para este 2025. Si no se consigue construirlas, hay que ver cuáles son las causas”.

En su opinión, “no todo el suelo está en disposición de soportar una edificación residencial”. El suelo, dice, debe ser “sostenible” y cumplir con ciertos estándares de calidad urbana. El problema es que donde hay suelo no siempre hay demanda. “Muchos de esos suelos urbanos están en zonas no tensionadas, donde no está la demanda”, insiste.

A eso hay que sumar el diseño de pueblos o ciudades que plantean algunos ayuntamientos y que terminará en una situación no viable jurídicamente hablando. Le ocurrió a Toledo que tuvo que retroceder en su normativa urbanística hasta el año 1986 y que todavía sigue intentando desarrollar un Plan de Ordenación Urbana acorde al siglo XXI y a las necesidades de la ciudad.

Y es que no siempre el suelo donde se quiere construir es sostenible, o al menos no lo es en la medida en que los ayuntamientos quieren que lo sea para dotarlo de vivienda. El presidente de COSITAL advierte que se toparán con la negativa de los tribunales. Ya ha ocurrido, no solo en Toledo, incluso con pronunciamientos del Tribunal Supremo, cuando en Ávila se intentó modificar el Plan de Ordenación Municipal para construir seis mil viviendas a casi diez kilómetros de la ciudad y sin haber agotado el suelo disponible, más cercano al casco urbano.

La importancia de Gicaman

Precisamente para traducir esa disponibilidad de suelo en nuevas viviendas, Rafael Santiago propone que la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) que, entre otras funciones, gestiona las viviendas protegidas en Castilla-La Mancha, tome mayor protagonismo y se ocupe de los suelos municipales para construir vivienda pública.

Para el presidente de COSITAL Castilla-La Mancha, esta empresa debe ayudar a los ayuntamientos, “especialmente a los más pequeños”, para adjudicar terreno para la construcción de vivienda de promoción pública.

Por eso, la actuación más urgente que él realizaría para solucionar el problema de la vivienda en Castilla-La Mancha pasa por que “todo el suelo público que tenemos en las administraciones, sobre todo a nivel municipal” se ceda a GICAMAN, para que, dotada de los medios necesarios, “pueda ser capaz de gestionar todo ese suelo y en el plazo de dos años, se tenga vivienda pública a un precio razonable”.

“En España se está llegando a la emergencia habitacional”

Coincidiendo con la Semana de la Arquitectura, que termina precisamente este domingo, COSITAL Castilla-La Mancha organizó en Toledo unas jornadas en las que se analizó cuál es la situación de la vivienda en España.

Según la radiografía de José María López Cerezo, presidente Asociación Española de Promotores y Gestores Públicos, la conclusión es que en España se está llegando a una situación de “emergencia habitacional”, a consecuencia del exceso de esfuerzo que tienen que realizar las familias para comprar o alquilar una vivienda. Y es que el 40 % de los inquilinos en España destina más del 30 % de sus ingresos al alquiler, superando así el umbral que indica una sobrecarga excesiva en este gasto.

Y eso, para López Cerezo, “provoca daños”. Por un lado, el experto advierte que ese hecho pone en peligro de pobreza o exclusión social a las familias. Por otro, señala que se ve dañada la economía, ya que destinar un porcentaje tan elevado de ingresos a la vivienda impide destinarlo a otros consumos o al ahorro.

La principal causa de esos precios elevados tiene que ver en su opinión con el parón en la construcción de vivienda tras la crisis de 2008: en España se construyeron durante la primera década de los años 2000 unas 389.000 viviendas al año. En la segunda década (ya tras la crisis), la construcción pegó un frenazo, con solamente 45.000 viviendas nuevas por año. Ya 2024 dejó 100.000 casas nuevas, de las que aproximadamente 25.000 son públicas. Y el experto culpa al escaso gasto en viviendas protegidas en nuestro país: en vivienda solo se destina el 0,21% del PIB.

A juicio de López Cerezo, también hay otros componentes, como la falta de suelo e incertidumbre regulatoria y la falta de seguridad jurídica para que los propietarios pongan su vivienda en alquiler.

El portavoz de la Plataforma de Toledo por una Vivienda Digna, José Luis Calvo, ha señalado que intentar desahuciar a familias vulnerables “no soluciona nada”, a la vez que reafirma su voluntad de sentarse a negociar con Gicaman sobre la situación de los vecinos de la calle Río Yedra en la ciudad.

Así lo ha trasladado en la protesta protagonizada por una treintena de vecinas y vecinos de Yedra 8 delante de los Juzgados de Toledo, contra los dos nuevos juicios de desahucio instados por Gicaman contra dos familias de dicha promoción por el impago de alquileres.

En este punto, ha indicado que los desahucios “más bien provocarían perjuicios incalculables para ellas”. “Sin duda, hay soluciones posibles para que ambas partes puedan afrontar sus compromisos y las personas más desfavorecidas puedan tener un futuro mejor”, ha reafirmado.

Ha denunciado lo que consideran “una política injusta de vivienda, porque la obligación de las administraciones públicas es defender a las personas y cuanto más vulnerables más tiene que ayudarlas”, ha informado esta plataforma en nota de prensa.

“Constatamos el fracaso en la gestión de vivienda de la Junta de Comunidades”, ha añadido, “porque no tiene ninguna política de vivienda clara y deja todo en manos del mercado, que solo va a ganar dinero”.

El portavoz de la plataforma ha recordado que llevan 10 años intentando negociar una solución con el Gobierno regional para que las vecinas y vecinos de Yedra 8 “puedan vivir con dignidad y en paz, que es a lo que aspiran todas las españolas y españoles”.

“Lo que nos hemos encontrado ha sido una dejadez absoluta de sus obligaciones como propietario y el abandono de familias vulnerables”.

Finalmente, señalan que la Junta ha decidido promover unos 70 juicios de desahucio por impago de alquileres contra dichas familias, algunas de ellas, “mujeres y sus hijos que han padecido violencia de género, y que mayoritariamente tienen una vida laboral irregular como la de muchos ciudadanos”.

“La Junta las ha abandonado a suerte negándose sistemáticamente a negociar una solución, colocándolas en un callejón sin salida y condenándolas a tener un futuro cada vez más incierto”, ha explicado José Luis Calvo.

Asimismo, ha criticado “la inoperancia, la dejadez y la cerrazón de la Junta la que ha provocado esta situación, que ha optado por la judicialización para tapar su negligente gestión”. “Esta es la política de vivienda de la Junta, que desahucia y castiga a los pobres, y da dinero a las constructoras”, ha afirmado.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado un decreto por el que regula la concesión directa del Gobierno regional de una subvención de más de seis millones de euros para la construcción de 124 viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la localidad de Toledo.

Se da la circunstancia de que esta ayuda coincide con el hecho de que se haya cumplido un año de la finalización del plazo para una de las parcelas residenciales que las que dispone el Gobierno regional en el Polígono de Toledo, donde podrían construirse 86 viviendas en dos bloques.

El contexto en el que se ha aprobado el nuevo decreto se enmarca en el Real Decreto de octubre de 2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, que establece como un programa específico el de “ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”.

El objetivo del nuevo modelo es el incremento del parque público de viviendas eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, sobre terrenos de titularidad pública. Los edificios resultantes de la actuación se destinarán al arrendamiento social o a precio asequible y por un plazo de al menos 50 años.

La beneficiaria de la ayuda en este caso concreto de Toledo es la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A.U. (Gicaman, S.A.U.), integrante del sector público regional por estar participada al cien por cien por el Gobierno regional y propietaria de la parcela seleccionada. Según el decreto del DOCM la ayuda se concede “con carácter excepcional y por concurrir razones de interés público, social y económico que lo justifican” y las obras deben finalizar antes del 30 de junio de 2026.

El importe de la subvención máxima reconocida es de más de seis millones de euros, casi el 38% del presupuesto destinado a la actuación. Se distribuye en tres anualidades: 924.420 euros en el presente ejercicio, 2,1 millones de euros en 2024 y más de tres millones de euros en 2025.

¿Qué costes cubrirá la subvención?

Los costes a los que Gicaman podrá destinar esta inversión son los generales de la edificación, pero no se incluyen los correspondientes a licencias, , tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente podrá ser considerado coste subvencionable siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. La ayuda directa tampoco puede destinarse a inversiones en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

La promoción de viviendas construidas deberán obtener la calificación provisional y definitiva como vivienda protegida y los edificios que se construyan deberán tener un consumo de energía primaria no renovable inferior a una serie de valores límite en función de la zona climática en la que se ubique el edificio, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación.

En la construcción de los edificios, el proyecto debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El diseño del edificio y las técnicas de construcción deben apoyar la economía circular para la reutilización y reciclaje. De igual forma, se deben retirar del ámbito de actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. En general, se debe justificar que cumple el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. El proyecto también debe cumplir con el etiquetado climático y medioambiental asignado a la actuación propuesta, en base al certificado de eficiencia energética del edificio,

Registro de Demandantes de Vivienda

Finalmente, las viviendas financiadas con cargo a esta ayuda directa deben destinarse a personas que vayan a tener en ellas su domicilio habitual y permanente. Asimismo, los arrendatarios deberán estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los ingresos de la unidad familiar de la persona arrendataria han de ser inferiores a cinco veces el IPREM.

Esta ayuda se aprueba justo cuando se cumple un año desde que finalizó el plazo de presentación de ofertas para adquirir una de las parcelas residenciales que tiene la Junta de Castilla-La Mancha en el Polígono de Toledo. El suelo se ubica en la calle Río Cabriel número 5 y le corresponde una edificabilidad máxima de 9.600 metros cuadrados repartidos en 86 viviendas, distribuidas en dos bloques de una altura máxima de seis plantas.

La subasta al alza que lanzó en marzo de 2022 la Administración regional a través, precisamente, de su empresa pública Gicaman tuvo un precio de salida de 1,3 millones de euros. Pese a que las ofertas que presentaron tres empresas interesadas ueron admitidas, la adjudicación sigue sin resolverse. Esta licitación desbloqueaba parte del suelo público residencial propiedad de la Junta en el Polígono, un barrio donde la demanda como el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, se ha incrementado desde la apertura del nuevo Hospital Universitario de Toledo.

En este sentido, tanto la Asociación Vecinal El Tajo como la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo llevan tiempo alertando del “encarecimiento” del precio de la vivienda en este barrio y pidiendo soluciones al respecto, también para terminar promociones de vivienda pública como el bloque de 86 viviendas de la calle Río Guadalmena que se ubica frente a la parcela en venta.

Es manifiesto y notorio que las promociones de vivienda pública, destinadas al alquiler social, en nuestra comunidad autónoma, solo conocen la línea descendente de los deterioros físico y social.

Esta tendencia negativa, que incluso podemos definir como destructiva, hace que la administración competente en materia de vivienda, es decir, la Consejería de Fomento del Gobierno regional no cree en la vivienda social, ni en las ventajas de una verdadera política de vivienda pública. 

Esta falta de fe política y social, junto a la ausencia de voluntad, de recursos y, finalmente, de soluciones técnicas, han motivado que el actual parque público regional de vivienda en alquiler, de más de tres mil viviendas, sea un resto que no se ha podido vender a sus inquilinos, aún en condiciones de saldo y liquidación, por su mal estado constructivo y de mantenimiento, pero, sobre todo, por los graves problemas de convivencia existentes en todas las promociones.

A esta situación hemos llegado por el abandono de la gestión y del mantenimiento, por parte del ente público GICAMAN, empresa pública de la Junta de Comunidades, titular y arrendadora de las viviendas, a la que no se ha dotado de los medios económicos y personales suficientes, ni tampoco de la responsabilidad y autoridad, necesarios para ejecutar una gestión técnica y profesional, que permita mantener un nivel de calidad y dignidad de las viviendas sociales, al mismo tiempo que la sostenibilidad de una política de vivienda pública.

Son conocidos y, últimamente, de actualidad informativa, los conflictos sociales de la Junta de Comunidades, o de su Consejería de Fomento y GICAMAN, con usuarios e inquilinos de sus viviendas, que se extienden como un cáncer a los barrios y municipios donde se encuentran estas promociones y que afectan, principalmente a todas las capitales de provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, además de importantes ciudades como Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Puertollano, etc.

El tiempo de ignorar los problemas, mirar hacia otro lado, como a las comunidades de usuarios o Juntas Administradoras de los edificios de viviendas, o trasladarlos a otras administraciones públicas como a los Servicios Sociales municipales o a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o locales, ha terminado. 

Fue necesario asumir responsabilidades por el Gobierno regional hace mucho tiempo, cuando la Constitución, en su organización territorial del estado, dio competencias exclusivas a los gobiernos autonómicos en materia de vivienda. Ahora es absolutamente necesario y urgente tomar decisiones políticas, legislar y modificar normativas en relación con el arrendamiento y cesión de uso de viviendas públicas y, también, asumir unos costes añadidos de reparación de daños y, posiblemente, políticos y electorales. 

En caso contrario, es decir, si no se toman medidas directas de intervención, para la eliminación de los tumores existentes, se alimentará una enfermedad degenerativa de todos los órganos, que acabará con todos los organismos, incluidos virus, bacterias y parásitos que viven en el/del paciente o sistema.

Es lo que hay.

Los adjudicatarios de las viviendas de la Laguna de la Colmada en Guadalajara, en el barrio de Aguas Vivas, comenzarán a volver a sus casas a partir del próximo lunes, día 10 de enero.

Desde la Delegación de Fomento ya se les ha ido comunicando a cada uno de los inquilinos cómo se va a llevar a cabo el proceso, una vez que se han acometido los trabajos necesarios en el edificio.

De las 46 viviendas del edificio, 18 han quedado vacantes y ahora serán de nuevo adjudicadas por la Comisión provincial de Vivienda, atendiendo a las necesidades de los demandantes de la bolsa de vivienda que cumplan los requisitos y se adapten a las características de los pisos.

Los 28 inquilinos que volverán a las viviendas este mes lo harán a partir del lunes y según su propias necesidades y demanda.

El Gobierno regional ha destinado 1.130.342 euros a los trabajos que se han acometido tanto en esa promoción como en la de la Laguna de Taravilla, que también presentaba algunos problemas que se han corregido sin necesidad de que se llevara a cabo el desalojo de los pisos.

En ambos casos, los pisos, propiedad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), fueron adjudicados en régimen de alquiler, condición que se va a mantener tras las obras.

El Gobierno regional ha acometido trabajos de estabilización el subsuelo y recalce del edificio; se han reparado las grietas existentes y se ha revisado y adecuado las redes de suministro y evacuación, carpintería y pintado.

Además, el Ejecutivo regional han emprendido acciones legales contra la empresa que en su momento ejecutó la obra por si pudieran establecerse responsabilidades de la misma en los problemas aparecidos en ambos edificios.

El presidente de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), Javier Barrado, ha trasladado a los vecinos y vecinas del edificio de su propiedad en Laguna de la Colmada, en Guadalajara, el diagnóstico del inmueble y ha estimado que el final de las obras y el consecuente regreso de los inquilinos a sus hogares podría ser una realidad a principios del año 2019.

Así lo ha dado a conocer durante la reunión que ha mantenido con la mayoría de los afectados del edificio, que fue desalojado en enero de este año después de evidenciarse la presencia de grietas en algunas dependencias del mismo. En esta reunión informativa estuvo presente el equipo directivo de GICAMAN y el director provincial de Fomento de Guadalajara, Julio Calle. Estaban citados todos los vecinos y vecinas que son adjudicatarios de las viviendas de alquiler de este edificio y a los que se reubicó proporcionando una solución habitacional provisional hasta que se subsanen las deficiencias en el inmueble y puedan regresar a sus casas.

Barrado ha detallado las conclusiones del diagnóstico completo que ha realizado la empresa especializada Cemosa y que “ha permitido dirimir las patologías exactas del edificio para poder hacer el consecuente proyecto técnico de rehabilitación para devolverlo a unas condiciones de habitabilidad y seguridad, y con todas las garantías”.

El presidente de la empresa pública, dependiente de la Consejería de Fomento, ha indicado que es “optimista” tras este diagnóstico integral, que ha constatado que “la estructura del edificio está bien, según este estudio, y nunca ha existido riesgo de colapso o derrumbe”, de hecho, ha añadido, lo que se ha extraído del documento es que “un asentamiento diferencial muy localizado que es el que ha generado la aparición de las grietas”. De esta forma, ha continuado, “no hay riesgo ni daño estructural, con lo cual el edificio se va a poder rehabilitar en base a las deficiencias localizadas”.

Proyecto de rehabilitación en dos fases

El proyecto de rehabilitación se acometerá en dos fases. Una primera, centrada en el aseguramiento de la estabilización del edificio; y una segunda, que estará dirigida a la rehabilitación del interior, tabiquería, fachada y espacios comunes. En resumen, “primero una obra mayor y general y después más pormenorizada para corregir con actuaciones más localizadas los efectos de las grietas”.

Respecto a los plazos, el presidente de GICAMAN ha dicho que una vez se tienen las conclusiones del diagnóstico integral de Cemosa, “ahora hay que redactar el proyecto técnico de rehabilitación que se tendrá en aproximadamente un mes”. A partir de ahí, comenzarán las actuaciones materiales pertinentes con la previsión de que éstas puedan terminar a principios del año 2019, siempre y cuando la climatología y otras circunstancias respeten los cálculos iniciales.

Javier Barrado ha recordado que, durante todo este proceso, “los vecinos y vecinas siempre han sido los primeros en conocer de primera mano toda la información y la hoja de ruta en cada paso que se ha ido dando”, tal y como ha vuelto a suceder con este diagnóstico. Por eso, ha aprovechado para indicar que todos aquellos que no pudieron asistir a esta reunión informativa tienen línea directa con GICAMAN y la Dirección Provincial de Fomento para resolver dudas, conocer más detalles o realizar cualquier tipo de consulta.

Un segundo edificio afectado en Guadalajara

Del mismo modo, a mediados del pasado mes de mayo, GICAMAN dio a conocer el estudio que proporcionó Cemosa del edificio gemelo en Laguna de Taravilla, también en Guadalajara. En base a ese diagnóstico, las obras podrán dar comienzo durante este mes de junio y se prolongarán con un horizonte de alrededor de dos meses.

En este caso, Barrado indicó que, en base a las conclusiones del estudio, no había necesidad de que los vecinos y vecinas tuvieran que abandonar sus casas mientras se desarrollaban las labores, ya que “las obras son compatibles en condiciones de habitabilidad y seguridad de las personas”, según expuso el presidente de Gicaman. El compromiso es que los trabajos puedan realizarse cuanto antes y causando los mínimos trastornos durante el desarrollo de los mismos.

En relación al edificio de Laguna de Taravilla se acometerán una serie de actuaciones con carácter preventivo para evitar la aparición de patologías estructurales en un futuro y para restablecer las existentes. Entre otros trabajos, se intervendrá sobre la red de saneamiento del edificio, se eliminarán las humedades del terreno y se asegurará la compacidad del mismo mediante técnicas de inyección de material estable.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha confirmado que todas las familias del edificio de GICAMAN que fue desalojado el pasado mes de enero en Guadalajara, ya han optado por una solución habitacional de las tres que se les ofrecieron. Así lo ha anunciado antes de la comparecencia que se ha celebrado en las Cortes regionales, añadiendo que las dos familias que quedaban se decantaron la semana pasada por la ayuda económica, que se gestiona a través de Bienestar Social. “Una vez se han solucionado los problemas personales, venimos a explicarlo; antes, la información no habría sido total”, ha remarcado.

La titular de Fomento ha detallado que 26 familias han optado por ser reubicados, 7 por la rescisión del contrato y 10 por una ayuda económica de alrededor de 3.000 euros. En el caso de la reubicación ha sido la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), la que se ha hecho cargo de encontrar el nuevo hogar y también de sufragar el alquiler. En este caso el inquilino solo se hace cargo de la renta habitual de su vivienda de la calle Laguna de la Colmada, ya que el contrato se mantiene en vigor.

En el supuesto de la rescisión de contratos, se ha llegado a acuerdos de indemnización para finalizar el contrato de forma mutua, y en el de la ayuda económica el contrato con GICAMAN se paraliza hasta que los vecinos puedan llegar a sus viviendas y, mientras tanto, son los propios vecinos los que se hacen cargo de su habitabilidad.

La consejera ha querido aclarar que no se han cobrado nunca recibos por parte de la Junta de Comunidades ni de GICAMAN, explicando que en el caso del contrato con el edificio de la empresa pública cuando tuvo lugar el desalojo, ya se había girado el recibo del mes de enero y desde entonces no se ha vuelto a emitir ninguna. De esta forma, ha dicho que solo puede ocurrir en casos en que un inquilino inicia otra relación contractual con un tercero. Sobre esta cuestión, ha recordado que así se lo explicó en febrero al alcalde de Guadalajara, Antonio Román y que seguir insistiendo en “es mentir, y crear alarma entre la ciudadanía”.

En este sentido, la consejera ha expresado que la intención de GICAMAN, Gobierno regional, vecinos y de todos, en general, es que “los vecinos vuelvan cuanto antes a sus casas”. Por eso ha instado a “no hacer demagogia y utilizar un tema tan sensible y preocupante como las viviendas sociales en Castilla-La Mancha para hacer política”.

También ha explicado que ha habido tres casos de inquilinos que se encontraban en situación irregular; de uno de ellos no han tenido noticias y los otros dos se han tramitado a través de las ayudas de Bienestar Social, ya que la reubicación o rescisión de contrato no se han podido barajar debido a que no eran adjudicatarios de las viviendas ni habían formado parte de proceso desde el listado de demandantes. De esta forma, ha dicho, “no se puede hablar de desahucios cuando no eres el propietario de una vivienda”.

El informe del diagnóstico del edificio estará listo en unas semanas

Asimismo, la consejera de Fomento ha avanzado que en unas semanas estará listo el informe del diagnóstico global del edificio, que trasladará el mejor proyecto técnico de rehabilitación y devolverá al edificio las condiciones de habitabilidad. Todo quedará recogido en ese informe que está realizando la empresa especializada en análisis de patologías y estructuras de edificios Cemosa.

En cuanto al repaso que han hecho desde el origen de este asunto, la consejera de Fomento ha recordado que desde el primer momento, el Gobierno regional, GICAMAN, las direcciones provinciales de Fomento y Bienestar Social, y a través de la empresa contratada ACCEM para la asistencia y apoyo social, han estado “en constante y continua comunicación”. De hecho, ha reiterado en que sigue abierta la línea de comunicación y todos los vecinos pueden tener contacto con los técnicos y con la dirección provincial de Fomento.

Finalmente, ha insistido en que no ha habido nunca peligro de derrumbe o colapso, mientras que sí se encontraron deficiencias en la escalera central. Este problema fue atajado el mismo día 13 de enero, dos después del desalojo, cuando se hizo un apeo en esa escalera.

La consejera también ha querido precisar que el principal partido de la oposición en la región sigue insistiendo en un dato “erróneo”, ya que “nunca ha habido 300 desalojados, pero no lo dice la consejera de Fomento sino la Policía Local de Guadalajara”, ya que el día del primer desalojo había 108 vecinos entre todas las viviendas.

El grupo de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados registró el pasado 1 de marzo una solicitud para la realización de un informe de fiscalización “específico sobre los recursos públicos” que la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, GICAMAN, recibe del Estado. Según explicó el coordinador regional de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, se trata de un compromiso adquirido con los vecinos que viven en las viviendas de dicha empresa, dependiente de la Consejería de Fomento.

Esta empresa, explicó Crespo, se está “portando como un mal casero, un pésimo casero, un brutal casero”, algo que “no podemos permitir”, afirmó. Desde Izquierda Unida critican que mientras hay denuncias de edificios en mal estado de titularidad pública a lo largo de toda la región, a la vez se trabaja en una propuesta de Ley de Vivienda regional “ en la que pretenden aplicar a terceros una política de vivienda que ellos mismo no aplican cuando son caseros”. “Es un hipocresía enorme que el Gobierno regional intente suavizar su cara con este proyecto de ley”, afirmó Crespo.

En la solicitud que han presentado desde el Congreso de los Diputados, explican distintas situaciones que se están viviendo en Guadalajara, Toledo y Puertollano. Por ejemplo, citan el desalojo del edificio de la calle Laguna de la Colmada, construido en 2005 en Guadalajara, debido a las “grietas y el riesgo de derrumbe que presentaba”. A este caso, suman el de la calle Laguna de Taravilla, donde hay “otras viviendas sociales construidas y gestionadas por GICAMAN, cuyas vecinos y vecinas han denunciado la existencia de importantes grietas y persistentes humedades”.

Por otro lado, explican que existe una situación de “especial gravedad” en la promoción de 84 viviendas en la calle Joan Miró de Puertollano, entregadas en el 2001 “de la que GICAMAN se ha desentendido hasta tal punto que la mayoría de inquilinos se han visto obligados a dejar sus viviendas”. Ninguno de ellos, señalan, optó a la posibilidad de compra “debido a la falta de mantenimiento del edificio”.

Finalmente, citan el caso de las 148 viviendas sociales en Toledo, situadas en la calle Río Yedra del polígono, que tras sólo seis años presentan “importantes grietas y un preocupante deterioro sin que hasta el momento se haya resuelto la situación”. El grupo ha debido acudir al Tribunal de Cuentas porque “no hay instancia regional”, ya que el PSOE no ha reinstaurado la figura del Síndico de Cuentas, eliminada por el gobierno de María Dolores de Cospedal. “Muchas veces tenemos que instar a terceras instancias, a otras administraciones para conocer los datos”, lamentó Crespo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado este lunes a atender, de manera personalizada, a las familias que han tenido que abandonar el edificio situado en la calle Laguna de La Colmada, en Guadalajara, propiedad de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, GICAMAN. El pasado viernes, de nuevo, las 26 familias tuvieron que dejar sus casas, por el deterioro del inmueble, que presenta varias grietas. 

El objetivo de estas entrevistas personales, que se llevan a cabo en la Dirección provincial de Bienestar Social y en las que participan tanto trabajadores sociales como técnicos de GICAMAN, es conocer de manera pormenorizada las particularidades de cada una de sus familias, con el objetivo de ofrecerles una solución habitacional durante el tiempo en el que se prolonguen los trabajos.

Entre las cuestiones que se valoran en estas entrevistas personalizadas se encuentran el número de miembros de la unidad familiar, la existencia de hijos e hijas en edad escolar o los casos en los que existan situaciones de discapacidad o dependencia, entre otros factores. “El objetivo es establecer una baremación objetiva en la que primen los criterios sociales, que permita que la solución habitacional ofrecida a cada familia se adapte lo máximo posible a sus necesidades”.

Entre las posibilidades que se ofertará a las familias en estas entrevistas está la de proporcionarles una vivienda alternativa durante el tiempo en el que se prolonguen las obras o bien facilitarles una ayuda económica y que sea la familia quien se encargue de gestionar su alojamiento.

Actualmente, las familias permanecen en domicilios de familiares y conocidos o ubicadas en hoteles de la localidad, cuyos gastos corren a cargo del Gobierno regional. Para el tiempo durante el que se prolongue esta situación, el Gobierno regional ha habilitado con carácter de urgencia y excepcionalidad, un transporte que acerca a su centro educativo a los menores que permanecen en un hotel ubicado en un polígono. 

Una semana después, de nuevo las 26 familias del edificio de viviendas públicas de la calle Laguna de la Colmada de Guadalajara han tenido que abandonar sus casas por el deterioro del inmueble, que presenta varias grietas. La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha informado de que desde el Gobierno regional se está facilitando la salida de los mismos para que se pueda acometer una “actuación integral” causando los menores trastornos a los vecinos y para que se ejecute con mayor “agilidad y eficacia”. Las viviendas son propiedad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN).

El Gobierno regional ha tomado esta decisión en base al último informe técnico que indica que “para realizar las pruebas y análisis técnicos de una manera más tranquila, se necesita que el edificio esté vacío”, ya que se van a realizar pruebas importantes y contundentes como las de carga. Estos últimos estudios son conocidos por el resto de asistencia técnica, GICAMAN y por el Colegio de Aparejadores de Guadalajara, así como se han trasladado también a una mesa de seguimiento técnica.

“Nos tranquiliza porque siempre hemos defendido que no hay problemas de seguridad”, ha reconocido la consejera de Fomento, recordando que las últimas mediciones, a través de los fisurómetros, han arrojado parámetros normales. Sin embargo, todo el cuerpo técnico ha coincidido en que es “acertado” realizar este diagnóstico completo para obtener una radiografía integral del edificio. “Pero no porque haya aparecido una patología distinta, sino para que no haya incertidumbre entre los vecinos; son pruebas de diagnóstico general del edificio, todas las posibles que nos aconseja el personal especializado”, ha precisado.

En estos términos se ha referido la consejera durante la rueda de prensa que ha convocado a los medios en la Dirección Provincial de Fomento de Guadalajara, donde se han venido desarrollando las últimas labores de coordinación. Allí, también han estado presentes el delegado del Gobierno regional en la provincia, Alberto Rojo; el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; y el presidente de GICAMAN, Javier Barrado.

Con todas estas decisiones, la consejera de Fomento ha querido expresar que “nos queremos adelantar a las patologías que pudieran surgir”. Aunque el planteamiento inicial era compaginar que la gente estuviera en sus viviendas y, a la vez, hacer las obras, el día a día “ha demostrado la dificultad para la gente de estar en sus casas” a causa del material desplegado para realizar estas labores o el ruido. Nuevamente, ha reiterado que las decisiones adoptadas han estado siempre supeditadas a los informes y certificados de la asistencia técnica.

Agustina García Élez no ha concretado el tiempo por el que se prolongará esta situación, ya que primero se tiene que realizar este diagnóstico del edificio, obtener esa radiografía de patologías, valorar las obras para subsanar todas las deficiencias y marcar una hoja de ruta en materia de estas labores.

Información directa y trabajadores sociales

En la tarde de ayer ya se mantuvo una reunión con las 26 familias afectadas en la Dirección Provincial de Bienestar Social, y en la que participaron técnicos de GICAMAN, personal de esa Dirección Provincial y trabajadores sociales de ACCEM, entidad social contratada por el Gobierno regional.

De ese encuentro, la consejera se ha referido a la “forma cordial” en que se desarrolló, así como a la resolución de dudas y el traslado de toda la información con documentación en mano; todas estas acciones que fueron muy bien recibidas por todas las familias asistentes. Aquellos vecinos y vecinas que no pudieron asistir por diversos motivos están siendo visitados en sus propias casas para darles traslado también de todo este procedimiento.

Este mismo viernes ya se va a proceder de forma ordenada, y siempre con técnicos de GICAMAN y trabajadores sociales, a la salida de estas familias de sus inmuebles. A todas ellas se les ha ofrecido la alternativa del hotel, aunque algunos han elegido alojarse con familiares o amigos. Para facilitar estos traslados se han habilitado vehículos del parque móvil de la Junta; y es que “la intención es que hoy mismo el edificio ya esté liberado”.

Pasado el fin de semana, en el que el contacto será directo con los servicios sociales, se atenderá de forma individualizada a todos los vecinos en Bienestar Social para conocer sus necesidades particulares en profundidad y canalizar un traslado provisional a viviendas del parque que tiene la Junta de Comunidades y que ya se está poniendo a disposición de ellos. La adjudicación, según ha dicho la propia consejera, se realizará en los mismos términos que se hace en situaciones ordinarias, “siguiendo una priorización basada en criterios sociales”.

También ha explicado que, en todo momento, se ha mantenido informado al Ayuntamiento de Guadalajara y que GICAMAN se encargará de coordinar todos estos traslados ahora y también cuando todas estas personas puedan regresas a sus casas.

Para finalizar, la consejera de Fomento ha explicado que en el otro edificio de la promoción, ubicado en la calle Laguna de Taravilla, ya se ha iniciado un estudio integral, se ha visitado y analizado en una primera fase general, aunque “nos indican que no tienen por qué repetirse esas patologías”. Pese a ello, la próxima semana se repartirán los técnicos en ambos edificios para dar cuenta de los avances en los estudios también en este otro edificio.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 14:30 horas de este domingo a todo el equipo de trabajadores sociales y psicólogos que están trabajando en el plan de realojamiento y diagnóstico y atención social diseñado con motivo del desalojo del edificio de viviendas propiedad de GICAMAN ubicado en la calle Laguna de la Quebrada, 1, de Guadalajara que se producía esta semana.

Una decena de profesionales, tanto de la Dirección Provincial de Bienestar Social como de ACCEM, entidad social contratada por el Gobierno de Castilla-La Mancha como apoyo en el operativo, han contactado con las 26 familias que están regresando a sus viviendas y, además, les reciben en el edificio para apoyar la vuelta a sus viviendas y atender las necesidades que puedan detectarse.

Del mismo modo, personal técnico de GICAMAN y de la Consejería de Fomento está también recibiendo a las familias para informarles en primera persona del contenido de los informes que certifican que no existen daños estructurales en el edificio y que, por tanto, la seguridad está totalmente garantizada. También se les está ofreciendo información sobre las actuaciones que en adelante se llevarán a cabo, tanto en las zonas comunes del inmueble como en las viviendas particulares.

Este lunes, visitas a las viviendas para evaluar deficiencias

De hecho, tal y como ha informado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, que permanece en Guadalajara coordinando el plan de realojamiento y diagnóstico y atención social, este lunes personal técnico de GICAMAN iniciará las visitas individualizadas a las viviendas para hacer un diagnóstico y evaluar las posibles deficiencias y programar las actuaciones para su acondicionamiento.

En paralelo al realojo de las 26 familias cuyo regreso ha autorizado el Ayuntamiento, los servicios técnicos trabajan en responder el último informe del Consistorio, con el objetivo de facilitar el regreso a sus hogares del mayor número de familias posible, toda vez que los informes técnicos garantizan la plena seguridad de dicho regreso.

En este sentido, la consejera de Fomento ha reiterado la disposición del Gobierno regional para adoptar las medidas necesarias para que el Ayuntamiento autorice dicho realojo, “porque en todos los contactos que estamos manteniendo con las familias, lo que nos trasladan es que quieren volver a sus viviendas y recuperar la normalidad de su día a día lo antes posible”, ha afirmado.

El realojo de las familias se ha iniciado a primera hora de la tarde del domingo y, de manera paulatina y con total normalidad, están regresando a sus hogares.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha trasladado que las conclusiones del informe de la asistencia técnica concluyen en que: “una vez realizada la operación de consolidación mediante el apuntalamiento de la escalera central y, por tanto, eliminado el peligro asociado a su estado; el edificio reúne las condiciones para el realojo de sus ocupantes”.

Así lo ha dado a conocer la consejera tras visitar, por tercer día consecutivo, los trabajos en el edificio de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) que fue desalojado en la noche del pasado miércoles en Guadalajara. Allí, también se han desplazado el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo; el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo; o el presidente de GICAMAN, Javier Barrado.

García Élez ha explicado que ayer se mantuvo una reunión con varios miembros del Gobierno municipal y, posteriormente, a las 13 horas se registró en el Ayuntamiento de Guadalajara el informe definitivo con las conclusiones que descartaban que existieran daños estructurales en el edificio o riesgo de derrumbe.

La titular de Fomento del Gobierno regional ha recordado que ayer ya se iniciaron los trabajos de apeo de la escalera y “hoy ya se han finalizado, a expensas de que luego venga el arquitecto y certifique la obra”. Así, ha añadido que en esta actuación incluso “se han puesto más puntales de los que se exigían”, para “dar mayor seguridad, que es la prioridad”. La consejera ha dicho que “la obra está finalizada a falta de este certificado, que tendremos a lo largo de esta mañana y que registraremos, posteriormente, en el Ayuntamiento”.

Tras la ejecución de esta obra de emergencia, se continuarán haciendo los arreglos puntuales en cada vivienda, una vez que se puedan haber analizado y valorado de forma exhaustiva por parte de los técnicos y de GICAMAN. Estas obras podrían hacerse de forma paralela a la convivencia ya de los inquilinos en sus hogares.

En los mismos términos, Agustina García Élez ha continuado manifestando que también en la tarde de ayer, el Consistorio remitió su informe solicitando una ampliación de información al documento de la asistencia técnica, un trabajo que “desde la Dirección Provincial de Vivienda ya se está elaborando, para que a lo largo de esta tarde se pueda también registrar esta contestación con la ampliación al primer informe”.

A preguntas de los periodistas sobre el regreso a sus casas de los vecinos, la consejera ha dicho que “es el Ayuntamiento quien ordenó el desalojo, porque tenía competencia, y es quien tiene la competencia de ordenar que se pueda volver”, algo que se podrá obtener una vez que tengan el informe de contestación, cuando “ya está asegurado técnicamente que no pasa nada”.

La consejera de Fomento ha recordado que se sigue trabajando, en colaboración con ACCEM, en asesorar, valorar y analizar cada situación personal tras el desalojo y ha asegurado que “no se ha registrado ninguna incidencia importante”. Del mismo modo, ha reiterado que desde el primer momento ha habido información constante y continúa sobre la situación del edificio y la evolución de los trabajos a todos los vecinos y vecinas desalojados desde GICAMAN y la Dirección Provincial de Vivienda.

“Vamos a dejar trasladar a los técnicos hasta tener el certificado y a expensas de contestar al Ayuntamiento, pero los vecinos con el informe ya podrían volver a sus casas, porque el objetivo por el que estamos trabajando siempre es la garantía de que puedan volver sin ningún problema”, ha resumido.

Respecto a los trabajos menores para solucionar los desperfectos, la consejera de Fomento ha dicho que, aunque las primeras reclamaciones que se hicieron a GICAMAN al respecto fueron en 2013, “todas las de esta legislatura se han atendido o se están atendiendo”, añadiendo que “todos los problemas no son iguales ni tampoco lo son las soluciones”.

El Ayuntamiento esperará a autorizar el realojo porque la información de la Junta “no es suficiente”

Mientras, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha confirmado que los técnicos municipales iniciaron los trabajos de valoración del informe presentad por Fomento. en concreto, ha señalado, se trata de una valoración técnica-diagnóstica, las actuaciones inmediatas a realizar para paliar los problemas que motivaron el desalojo y el proyecto correspondiente. Una vez revisado por los servicios técnicos municipales el informe elaborado por la Junta, se determinó que el contenido del mismo no era suficiente para determinar el realojo de los ocupantes. “Esto no quiere decir que no esté garantizada la seguridad- destaca Román-, sino que esta circunstancia, con el informe aportado al Ayuntamiento por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, no quedaba documentada”.

El alcalde, que ha mostrado el informe de los servicios técnicos municipales, ha destacado que en él se requiere al Gobierno autonómico “la justificación y aclaración del tipo de cimentación realmente ejecutada y del sistema estructural existente en la zona de la escalera principalmente afectada, ya que la información aportada no es suficiente”.

También se solicita el “proyecto de apeo provisional que defina las actuaciones que con carácter urgente se llevarán a cabo con un plan de seguimiento de las patologías detectadas”. Una vez los servicios técnicos municipales reciban dicha información y se garanticen por parte de la Junta las condiciones de seguridad y habitabilidad, “se deberá aportar por la propiedad en el plazo máximo de un mes el correspondiente proyecto de apeo y consolidación del edificio como solución definitiva”.

Antonio Román ha subrayado que “queremos que el realojo se realice a la mayor brevedad posible pero, reitero, garantizando siempre la seguridad de los vecinos. El Ayuntamiento está con una actitud plenamente colaborativa. Esto es un problema que hay que solucionar. Es responsabilidad de GICAMAN, pero el Ayuntamiento lo que desea es que las familias vuelvan cuanto antes a sus hogares en condiciones de seguridad. Ahora mismo nos preocupan las personas y dar una solución lo más inmediata posible”.

Por último, el alcalde ha manifestado que se están recibiendo llamadas alertando de grietas y otras deficiencias en otro edificio situado en la calle Laguna de Taravilla, que tiene el mismo proyecto constructivo que el de Laguna La Colmada. Ante esto, tal y como ha señalado, “se ha reclamado a GICAMAN que se nos informe sobre la situación de seguridad del mismo”.

Continúa la polémica por el desalojo del edificio de 48 viviendas de GICAMAN, en Guadalajara, por grietas en su estructura. Lo último es que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en las Cortes las comparecencias de la consejera de Fomento, Agustina García Élez; de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y de la titular del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, para dar explicaciones sobre este asunto.

La presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, ha justificado la necesidad de que las tres consejerías “implicadas” den explicaciones sobre este suceso, por el que los afectados han sido realojados en instalaciones municipales, con familiares o en hoteles tras detectarse grietas en la estructura del edificio. 

Guarinos también ha criticado que durante todo este jueves el presidente regional, Emiliano García-Page, no dijera “ni una sola palabra” sobre este asunto “ y ha añadido que ”tal fue la presión del PP“ que este viernes García-Page ha acudido a Guadalajara. ”Va al edificio desalojado de Guadalajara sin avisar y cuando no hay nadie porque tiene pánico y es un cobarde“.

Además, la dirigente popular ha recordado que este edificio de viviendas sociales es propiedad de GICAMAN, la empresa pública de la Junta de Comunidades. Sin embargo, “tuvo que ser el alcalde de la ciudad el que atendió y realojó la pasada madrugada a los afectados, entre los que había cerca de 30 niños”.

El PSOE “echa la culpa” al Ejecutivo anterior

El diputado socialista Fernando Mora ha recordado al PP que las primeras denuncias sobre la situación del edificio desalojado en Guadalajara se produjeron en 2013 y continuaron en 2014 y “nunca el Gobierno de Castilla-La Mancha de la época anterior hizo caso a lo que los vecinos estaban denunciando”.

“La primera vez que se ha atendido a las denuncias ha sido a partir de 2016”, ha comentado Mora después de que el PP haya criticado previamente la gestión del Gobierno actual en este asunto, que ha afectado a unas cien personas “y no a 300”, ha señalado el socialista.

Además, según recoge Europa Press, ha lamentado que el PP haya usado este tema para “hacer un uso partidista de tragedias ajenas”, algo que considera “inmoral”, y ha comentado que lo que los ciudadanos afectados quieren es que “demos soluciones, no que utilicemos su situación personal para hacer demagogia los unos contra los otros”.

Dicho esto, ha puntualizado que “el edifico no lo construyó ni Cospedal ni Page, sino los técnicos” y habrá que exigir las responsabilidades correspondientes “una vez hechos los informes técnicos que pongan en evidencia dónde están los problemas y qué es lo que los genera”.

“El informe inicial descarta problemas estructurales”

Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha asegurado que, según el informe inicial, no existen problemas estructurales en el edificio. La consejera, que ha visitado el edificio junto al presidente regional Emiliano García-Page entre otras autoridades, ha explicado que ya se está trabajando en la zona y, en base al avance del informe de la asistencia técnica y a falta del informe definitivo, “el problema está localizado en la escalera central, ya que su estructura no asienta bien en la losa sino en un pilar lateral; de ahí la apertura de fisuras y grietas, pero no porque la vivienda tenga un problema estructural”.

La titular de Fomento del Gobierno regional ha manifestado que se está trabajando ya en un apuntalamiento de la escalera, es decir “sobre el origen del problema”, ya que “atajando el inicio del problema se va a ir subsanando”. Del mismo modo, según ha recalcado, luego se van a ir arreglando las deficiencias producidas en cada vivienda o en la fachada.

García Élez también ha dado a conocer que se ha puesto en funcionamiento un plan de realojamiento y de diagnóstico social urgente, para que se ponga en marcha en caso de que exista necesidad. En esta iniciativa se contará con la entidad ACCEM, de Braulio Carles, para canalizar el tema habitacional y, así, cubrir con más garantías la vertiente social. Además desde este viernes están trabajando dos trabajadores sociales, y el lunes se sumará uno más, para hacer un diagnóstico para el tratamiento y asesoramiento individualizado para atender las necesidades de todas estas familias.

La consejera de Fomento ha asegurado que este jueves “se abrió expediente informativo a la empresa para ver cuáles son las responsabilidades y ver el alcance de la obra, quién la ejecutó y por qué hay un fallo en la escalera cuando no debería haberlo”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un operativo con el objetivo de garantizar la atención social y técnica a las familias desalojadas del edificio propiedad de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) en Guadalajara. Agustina García, consejera de Fomento, presidió la reunión en la Dirección Provincial donde se establecieron los mecanismos necesarios para tener previstas las diferentes opciones que pueden derivarse del informe técnico que se está elaborando sobre el estado del edificio y las posibles soluciones a abordar.

El objetivo es “actuar con previsión, para tener cubiertas todas las posibilidades y garantizar la mejor atención a las familias”. En este sentido, las Consejerías de Fomento y Bienestar Social están trabajando de manera conjunta, para garantizar la cobertura de las necesidades que puedan tener las familias, tanto desde el punto de vista social como en lo referido a la información sobre la situación del inmueble.

Personal técnico externo al Gobierno regional, en coordinación con técnicos de la Consejería de Fomento, de GICAMAN y también del Ayuntamiento de Guadalajara, comenzaron estudios y mediciones dentro del edificio para conocer con detalle cuál es la situación del inmueble, las causas que han provocado la situación actual y las acciones correctoras que será preciso llevar a cabo.

El resultado de ese informe determinará las futuras acciones a llevar a cabo, ya que la premisa de su elaboración es la exactitud de los datos analizados para poder adoptar medidas garantizando la seguridad de las familias. La consejería de Fomento está trabajando también con los servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara.

La consejera de Fomento, que ha realizado una visita a este edificio de 48 viviendas, ha señalado que la prioridad es "la seguridad de los vecinos"

Tras el aviso de un vecino y ante los graves desperfectos y grietas del edificio, se decidió desalojarlo por seguridad, ha señalado el alcalde, Antonio Román

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha señalado que para el Gobierno de Castilla-La Mancha la prioridad es la seguridad de los vecinos del inmueble de GICAMAN desalojado en Guadalajara y ha emplazado a conocer el informe de los técnicos para conocer el alcance de las deficiencias antes de que estas personas puedan regresar a sus hogares.

Así lo ha manifestado en la visita que ha realizado a este edificio de 48 viviendas de una promoción de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), del año 2005 y situado en la calle Laguna de la Colmada. “No hay mejor cosa que ser prudente cuando se trata de la seguridad de las personas, donde todos los esfuerzos son necesarios”, ha señalado la consejera, quien ha añadido que desde el Gobierno de García-Page se está actuando “con prudencia y rapidez para que la gente regrese, siempre que así se indique por parte de los técnicos, a sus casas de forma segura”.

En todo momento, Agustina García Élez ha emplazado a garantizar esta seguridad previos informes de los técnicos, ya que serán los que harán “una valoración más allá de la nuestra”, porque “esta valoración técnica dirá el alcance y marcará la hoja de ruta de las actuaciones que haya por delante”.

La consejera ha recordado que fue alrededor de las 22 horas de este miércoles cuando se recibió la llamada de un vecino alertando de la aparición de grietas en su domicilio, momento en los técnicos del Gobierno regional, a través de la Delegación de Guadalajara, se personaron mientras se procedía al desalojo del inmueble por parte de la Policía Local y los bomberos. García Élez ha insistido en que se tomó está medida por el “mínimo riesgo de que pudiera ocurrir algo y para evitar cualquier otro desperfecto que se pudiera provocar”.

Haciendo un repaso cronológico, la consejera ha explicado que desde el día 31 de diciembre se lleva trabajando “intensamente” en este edificio. Se contrató a una empresa técnica, tras la aparición de una serie de grietas centralizadas en una escalera central, para que realizara un informe exhaustivo para llegar a las causas y valorar las posibles soluciones. El 4 de enero se personaron asistencia y personal técnico para hacer catas, mediciones y poner testigos; trabajos que, inicialmente, determinaron que “no hay un problema estructural”, aunque “hay que esperar al informe definitivo y mientras continúan los trabajos”.

Agustina García Élez ha detallado que esas grietas han avanzado en las últimas 24 horas, por lo que “se ha procedido al desalojo” y “en ningún momento vamos a permitir que los vecinos vuelvan a sus domicilios hasta que tengamos la certeza y la seguridad de que no hay ningún problema estructural, más allá de los que ya existen”. En todo momento, la consejera no ha querido aventurarse sobre posibles causas hasta conocer los informes definitivos de los técnicos y, así, poder trasladar el alcance a los afectados. 

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas”

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha asegurado que él mismo fue quien ordenó el desalojo del edificio porque “lo primero es la seguridad de las personas”. Además, ha explicado, que se acordó un realojamiento de emergencia a las familias; de estas, 36 personas -20 de ellas menores-, han sido realojadas en pensiones, hostales y hoteles de la ciudad, y el resto se han alojado en pisos de familiares.

Según el alcalde, en el momento en el que se tenga el informe que se haga “se tomarán decisiones futuras”, pero de momento el edificio está precintado y desalojado. Y aunque ha avanzado que “esto podría cambiar”, ha incidido en que, sólo volverán a las viviendas si “los informes los técnicos municipales aseguran que no existe riesgo para las personas”.

El propio alcalde ha reconocido que, al tratarse de viviendas públicas de carácter social y de titularidad de una empresa dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, se puso él mismo en contacto con el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, para que también evaluasen los daños. 

A principios de semana, la Asociación de Vecinos El Tajo de Toledo, perteneciente al barrio del Polígono de esta ciudad, denunció las diferentes situaciones de conflicto que se están produciendo en las 148 viviendas sociales en régimen de alquiler ubicadas en la calle Río Yedra. Según apuntó, los hechos van desde viviendas ocupadas hasta enganches eléctricos ilegales y vandalismo. Sus declaraciones han provocado la reacción tanto de la empresa pública GICAMAN, encargada de su gestión, como del concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, aunque con posiciones al respecto muy diferentes.

En declaraciones a la Cadena Ser, Javier Barrado, presidente del Consejo de Administración de GICAMAN, ha dicho conocer la situación de estas viviendas porque actualmente esta empresa ha puesto en marcha una experiencia piloto de intervención social para diagnosticar los problemas en inmuebles de su propiedad. Ha dicho estar sorprendido por las declaraciones “catastrofistas” de la asociación vecinal. Admite que hay problemas pero no en el grado en el que se han denunciado.

A este respecto, Barrado afirma que tan solo hay una vivienda ocupada sobre la que ya se han realizado los trámites oportunos y asegura no tener datos concretos de enganches ilegales de electricidad. Además, luego ha añadido que de cualquier forma estas cuestiones “escapan” de las competencias de la empresa“. Por ejemplo, ha precisado que el vandalismo es un problema diario del parque viviendas públicas tanto de GICAMAN como del Gobierno regional, porque ”siempre hay algún vecino que genera problemas de convivencia“. Por eso ha vuelto a remitir a los estudios de diagnóstico que están realizando para remitirlos a los servicios sociales.

“A la empresa no le corresponde la labor de intermediación social, para eso están los servicios sociales de cercanía, que son competencia de los ayuntamientos y los de bienestar social de la Junta. El equipo técnico que trabaja día a día con las familias sabe cuáles son sus problemas y en ese espíritu de querer ayudar se han puesto en marcha los diagnósticos de intervención social”, ha argumentado. Después, ha añadido que el papel de GICAMAN en realidad es el de “un casero”.

También se ha referido a las polémicas cartas remitidas a los inquilinos que no han pagado sus mensualidades. “No podemos obviar la morosidad, está reglado en el acceso a las viviendas”, ha dicho, recordando que son 380 euros al mes con la comunidad y el IBI incluidos. Ha concluido que con esas misivas tan solo piden a las familias con deuda que acudan a la empresa pública para solucionar el problema mediante pagos individualizados y adaptados a las circunstancias de cada situación, pero reconoce que no en todos los casos se ha llegado a un acuerdo.

Estas declaraciones han indignado al concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Javier Mateo: “Es una estupidez. Lo que no puede pretender la Junta es endosar al Ayuntamiento una problemática que ellos mismos han generado”. “¿Qué quiere, que nos hagamos cargo de deudas que han provocado por la propia desidia de la Junta al no abordar el problema?”, se ha preguntado.

Mateo ha apuntado directamente a la Dirección General de Vivienda como causante de la situación y ha recordado que a principios de legislatura, él mismo ofreció que el Ayuntamiento gestionara a medias con la Junta esas viviendas, obteniendo la “callada por respuesta”. Tras ello, ha añadido, el problema “se ha ido abandonando” y ahora hay personas que deben afrontar casi 400 euros de alquiler, cuando ese es el importe que tienen como subsidio, por lo que “no llegan”. “La Junta tiene que asumir esta cuestión, porque el Ayuntamiento no va a permitir un solo desahucio en la ciudad y menos por parte de la Administración pública”, ha resaltado.

Para el concejal, GICAMAN, que según ha dicho se utiliza como “parapeto” de la Consejería de Fomento, debería “hablar con los vecinos en vez de mandar abogados” y ha señalado que es “muy poco responsable” que la Administración se considere “un casero”. “Un poco de seriedad, la Administración es mucho más que eso, porque si son viviendas públicas, requieren un seguimiento y políticas sociales”.

Finalmente, Javier Mateo ha achacado este problema al hecho de que no existe una política regional de vivienda pública “en condiciones” lo que provoca que haya “problemas serios” de convivencia y gente sin recursos “a los que todos los días atendemos desde los servicios públicos municipales”. “No tiene sentido construir bloques enteros para un solo perfil de persona. Pero esa excusa tampoco le vale al vecino mientras que nadie le da una solución. La Junta debe bajar a la arena y poner en marcha un programa específico para cada una de las viviendas con las particularidades de cada uno”.

El director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, en su condición de presidente del Consejo de Administración de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN), Javier Barrado, ha destacado “la reactivación y la recuperación” de esta entidad en lo que va de legislatura.

Así lo ha trasladado antes de comparecer en la Comisión de Fomento que abordaba la gestión de GICAMAN, momento que ha aprovechado para recordar que “cuando cogimos el mando en julio de 2015 nos encontramos una empresa con previsión de cierre y con unos presupuestos que situaban a la empresa en prácticamente su disolución”. Ante esta situación, “el nuevo equipo directivo dio cumplimiento de los objetivos del actual Gobierno y saneó las cuentas y posicionó a esta útil herramienta del sector público en el lugar que venía ocupando desde el año 97”.

Barrado ha recordado que apreciaron “una actividad paralizada y prácticamente sin pulso después de los cuatro años de gestión del anterior Gobierno”, encontrándose “convenios eliminados, encomiendas eliminadas, promociones que estaban totalmente terminadas y disponibles para ser adjudicadas estaban con las puertas cerradas, y promociones que se quedaron en 2011 a un 80 o 90 por ciento de su ejecución estaban sin terminar y vandalizadas”.

De igual forma, ha añadido que lo mismo ocurrió con promociones que “en 2011 se quedaron listas para entregar y en 2015 en vez de ocupadas por los ciudadanos y ciudadanas de la región habían sido vandalizadas”. De esta forma, el director general de la Consejería de Fomento ha afirmado que “el objetivo en estos más de dos años ha sido recuperar esa actividad de la empresa, cuya principal finalidad es la creación y mantenimiento de infraestructuras que sean útiles para los castellano-manchegos”, teniendo en cuenta que “el grueso de la actividad de GICAMAN es la gestión de su parque público de viviendas”. Actualmente, esta empresa pública gestiona 2.257 viviendas de un total de 95 promociones públicas repartidas en los 919 municipios de la región.

Al respecto, ha detallado que en esta legislatura se han entregado 278 viviendas y se han recuperado promociones como las de Tarancón o Alberca de Záncara, además del anuncio que pronunció el presidente regional, Emiliano García-Page, de la reactivación de las 27 viviendas públicas de la promoción de Talavera de la Reina conocida como ‘Los Turieles’. En este último caso, el presidente de GICAMAN ha recordado que en 2011 estaban listas para ser entregadas y en 2015 se encontraron “abandonadas y vandalizadas”. Por eso, “ahora nos va a costar a las arcas, a través de GICAMAN, un 25 por ciento más de lo que supuso la terminación de las obras para así poder reparar los desperfectos y los robos que se han producido en los cuatro años del Gobierno precedente”.

Ahorro de 38 millones de euros gracias a los acuerdos transaccionales con empresas

Javier Barrado también se ha referido al gran número de sentencias contra GICAMAN que se encontró el actual Ejecutivo “debido al elevado número de contratos que se rescindieron de manera unilateral por el anterior Gobierno”. Este hecho, dio lugar a un número elevado de procedimiento judiciales, y con alta probabilidad y evidente de que las sentencias fueran desfavorables para GICAMAN, por importe de más de 70 millones de euros. El director general ha ensalzado que “hemos llegado a acuerdos transaccionales con empresas que han supuesto un ahorro de 38 millones de euros”.

El presidente de GICAMAN ha recalcado que la gestión de esta empresa es “el reflejo de lo que viene siendo la actividad del Gobierno de García-Page desde julio de 2015 en aras de la recuperación social y económica de la región”.

En otro orden de cosas, Barrado ha expresado que “GICAMAN no ha realizado ni ejecutado ningún lanzamiento”, del mismo modo que “desde el primer día de gestión uno de nuestros principales objetivos fue dar una vuelta a la política de vivienda, teniendo en cuenta que la vivienda es el mayor de nuestros patrimonios”.

Por eso, y teniendo en cuenta el punto de vista social, se ha referido a “una de las acciones que fue bandera con la creación de las Oficinas de Intervención Hipotecaria (OIH) y en las que se ha atendido a más de 2.000 personas y frenar, hasta la fecha, 52 lanzamientos”. Javier Barrado ha dicho que el presupuesto actual de GICAMAN ronda los 44 millones de euros y cuenta con una plantilla de 32 personas.

El plazo para solicitar las ayudas al arrendamiento de viviendas ya se encuentra abierto, según ha publicado la Dirección General de Vivienda y Urbanismo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Estas prestaciones se convocan en régimen de concurrencia competitiva, y en las mismas no se establece baremo de ingresos para mujeres víctimas de la violencia de género, entre otros colectivos. En general, el objetivo es facilitar la permanencia en las viviendas a personas físicas pertenecientes a sectores de población con escasos medios económicos.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas mayores de edad que sean titulares de un contrato de arrendamiento cuya renta no supere la cuantía total de 500 euros mensuales, 600 euros mensuales en el caso de familia numerosa, por una vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente y que cumplan todos los demás requisitos establecidos en las bases y resolución de convocatoria.

Se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 40%, -60% en el caso de ejecutados hipotecarios- de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un límite máximo de 200 euros mensuales por vivienda. La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 4.308.860 euros.

Un dato importante es que no será exigible el cumplimiento del requisito relativo al límite mínimo de ingresos exigidos, en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género, en víctimas del terrorismo, en personas afectadas por situaciones catastróficas, en personas dependientes o con discapacidad, personas con movilidad reducida, familias inmersas en procesos de intervención social, personas sin hogar procedentes de erradicación del chabolismo, deudores hipotecarios desahuciados en procedimiento de ejecución, e inmersos en procesos de intervención social.

En lado contrario, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas cuyo contrato sea cesionario  de una vivienda de promoción pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es decir, quedan fuera de las ayudas los inquilinos de pisos propiedad del Gobierno regional y los pertenecientes a la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN)

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde este martes, día de la publicación de la Resolución en el DOCM, hasta el 28 de febrero de 2017. Las solicitudes se cumplimentarán en el correspondiente modelo oficial y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), y sólo cabrá su presentación por medios electrónicos.

Propietarios e inquilinos de viviendas propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha están recibiendo notificaciones de la empresa pública castellano-manchega GICAMAN en las que se les conmina a saldar la deuda que mantienen con la Administración regional por el impago de recibos. No se trata de avisos de desahucio, ni de “afán recaudatorio”, sino de una iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha para conocer la situación de todos estos particulares y familias. La Junta quiere saber si los impagos se deben a la situación económica que puedan estar atravesando, a la “mala gestión” sobre estas viviendas llevada a cabo por el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, a ambas cosas, o a otros motivos. En total, la Junta y GICAMAN cuentan en toda la región con unas 11.000 viviendas.

Así lo ha detallado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, tras la alarma surgida debido a la recepción de estas misivas. No en vano, se han enviado alrededor de 3.000 notificaciones. En las mismas se avisa a los adjudicatarios del impago de los recibos (en algunos casos de varios meses y en otros, de hasta cuatro años) y se les recuerda que esas viviendas fueron edificadas a cargo de los presupuestos públicos para “aquellas familias que cuentan con menores recursos económicos”.

Se añade en la notificación que por resultar “infructuosos” los intentos de la empresa pública para los pagos, se requiere al adjudicatario para que en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, proceda a regularizar la situación y satisfaga la integridad de la deuda. Afirma GICAMAN que en caso contrario, la Administración puede exigir la resolución del contrato suscrito en su día para la adquisición de la vivienda y procurar la recuperación de la misma, “a fin de destinarla a los fines públicos para los que fue construida”.

No obstante, se informa también de que el requerimiento interrumpe legalmente la prescripción de la deuda (por cuatro años) y apuesta por promover “todas las alternativas posibles” para que se pueda mantener la vivienda adjudicada, mediante un modelo de compromiso de pago en el que se le ofrece la posibilidad de que proponga “el modo de saldar la deuda”. En un caso concreto, esa deuda es de más de 17.000 euros por 43 recibos. El alquiler medio de estas viviendas es de unos 400 euros mensuales más el gasto de la comunidad.

El modo de saldar la deuda se verá “caso por caso”

Esa coletilla sobre “el modo de saldar la deuda” es lo que ha hecho preocuparse a muchas familias. Pero tiene matices. El director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, explica que aunque en la carta se les conmina a pagar la deuda, hay muchos casos en los que los impagos se deben a la “mala gestión” que de estas viviendas públicas hizo el Ejecutivo anterior. Apunta que hay gente pagando mensualidades “muy altas” y que se encuentran en una mala situación económica, por lo que quieren revisar “caso por caso” y según las respuestas que vayan recibiendo.

Ante todo, ha destacado que el objetivo es que “mantengan la vivienda” pero que entre los 3.000 casos, habrá situaciones de todo tipo. “En algunos casos, son personas o familias enteras sin empleo, donde podrías ajustar su renta a los ingresos, y en otros, se deberá a la pésima gestión anterior de las viviendas”, explica, añadiendo que ahora necesitan “hacer esa foto fija” de la situación y resolver sus situaciones “una a una”.

“Somos muy sensibles a esta cuestión”, enfatiza el director general, recordando que es la primera vez que la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha se implica directamente en cuestiones sociales, como es el caso de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, también llamadas ‘Antidesahucios’. “Hay que poner fin a esta situación y lo haremos viendo la particularidades”, remarca.

De hecho, dice que la Consejería de Fomento ha pedido colaboración a los ayuntamientos de los municipios donde se encuentran estas viviendas para que pongan sus servicios sociales a disposición de aquellos adjudicatarios que se encuentran en una situación desfavorecida. “Queremos trabajar con los ayuntamientos, asociaciones vecinales y ONG implicadas para ver los casos y ofrecer soluciones sociales”. De momento, la Junta ya estudia algunas medidas como un plan de acompañamiento y otro de mejora de la gestión de los inmuebles.

“Va a haber un diálogo constante y un plan adecuado a cada situación”

“Hemos abierto un melón que llevaba mucho tiempo cerrado, pero nuestro afán no es recaudatorio. Esto perjudica a todos y nosotros queremos ayudar a la gente, va a haber un diálogo constante, un plan adecuado a cada situación y es importante que las familias sepan que estamos ahí y que lo vamos a resolver”, ha concluido.

GICAMAN es la empresa pública de infraestructuras de Castilla-La Mancha. Al finalizar la legislatura de la expresidenta María Dolores de Cospedal acumulaba más de 162 millones de euros de euros de deuda. Pese a que otras empresas públicas y organismos dependientes de la Junta fueron liquidados durante la legislatura del PP, GICAMAN se mantuvo mucha menor actividad que antes y una importante reducción de plantilla.

Con el cambio de Gobierno al PSOE, el proyecto de los Presupuestos de la Junta para el presente año ha presupuestado una nueva subvención para esta empresa pública con el objetivo de contrarrestar un resultado negativo previsto de 3,6 millones. En total en este ejercicio recibirá, según el presupuesto, unas subvenciones y transferencias de la Junta por 11.744.000 euros para sostener su actividad.