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La Junta estudiará “uno a uno” impagos de unos 3.000 adjudicatarios de viviendas del parque público

GICAMAN está remitiendo avisos a inquilinos y propietarios de estos inmuebles para conocer los casos tras la “mala gestión” del Gobierno anterior de Cospedal

En las misivas, se ha incluido un modelo de compromiso de pago en el que se ofrece a los adjudicatarios exponer su situación

El director general de Urbanismo y Vivienda asegura que el objetivo es que todos mantengan sus viviendas y que “no hay afán recaudatorio”

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Viviendas del parque público / GICAMAN

Viviendas del parque público / GICAMAN

Propietarios e inquilinos de viviendas propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha están recibiendo notificaciones de la empresa pública castellano-manchega GICAMAN en las que se les conmina a saldar la deuda que mantienen con la Administración regional por el impago de recibos. No se trata de avisos de desahucio, ni de “afán recaudatorio”, sino de una iniciativa llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha para conocer la situación de todos estos particulares y familias. La Junta q uiere saber si los impagos se deben a la situación económica que puedan estar atravesando, a la “mala gestión” sobre estas viviendas llevada a cabo por el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal, a ambas cosas, o a otros motivos. En total, la Junta y GICAMAN cuentan en toda la región con unas 11.000 viviendas.

Así lo ha detallado a eldiarioclm.es el director general de Vivienda y Urbanismo, José Antonio Carrillo, tras la alarma surgida debido a la recepción de estas misivas. No en vano, se han enviado alrededor de 3.000 notificaciones. En las mismas se avisa a los adjudicatarios del impago de los recibos (en algunos casos de varios meses y en otros, de hasta cuatro años) y se les recuerda que esas viviendas fueron edificadas a cargo de los presupuestos públicos para “aquellas familias que cuentan con menores recursos económicos”.

Se añade en la notificación que por resultar “infructuosos” los intentos de la empresa pública para los pagos, se requiere al adjudicatario para que en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, proceda a regularizar la situación y satisfaga la integridad de  la deuda. Afirma GICAMAN que en caso contrario, la Administración puede exigir la resolución del contrato suscrito en su día para la adquisición de la vivienda y procurar la recuperación de la misma, “a fin de destinarla a los fines públicos para los que fue construida”.

No obstante, se informa también de que el requerimiento interrumpe legalmente la prescripción de la deuda (por cuatro años) y apuesta por promover “todas las alternativas posibles” para que se pueda mantener la vivienda adjudicada, mediante un modelo de compromiso de pago en el que se le ofrece la posibilidad de que proponga “el modo de saldar la deuda”.  En un caso concreto, esa deuda es de más de 17.000 euros por 43 recibos. El alquiler medio de estas viviendas es de unos 400 euros mensuales más el gasto de la comunidad.

El modo de saldar la deuda se verá "caso por caso"

Esa coletilla sobre “el modo de saldar la deuda” es lo que ha hecho preocuparse a muchas familias. Pero tiene matices. El director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, explica que aunque en la carta se les conmina a pagar la deuda, hay muchos casos en los que los impagos se deben a la “mala gestión” que de estas viviendas públicas hizo el Ejecutivo anterior. Apunta que hay gente pagando mensualidades “muy altas” y que se encuentran en una mala situación económica, por lo que quieren revisar “caso por caso” y según las respuestas que vayan recibiendo.

Ante todo, ha destacado que el objetivo es que “mantengan la vivienda” pero que entre los 3.000 casos, habrá situaciones de todo tipo. “En algunos casos, son personas o familias enteras sin empleo, donde podrías ajustar su renta a los ingresos, y en otros, se deberá a la pésima gestión anterior de las viviendas”, explica, añadiendo que ahora necesitan “hacer esa foto fija” de la situación y resolver sus situaciones “una a una”. 

“Somos muy sensibles a esta cuestión”, enfatiza el director general, recordando que es la primera vez que la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha se implica directamente en cuestiones sociales, como es el caso de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, también llamadas ‘Antidesahucios’. “Hay que poner fin a esta situación y lo haremos viendo la particularidades”, remarca.  

De hecho, dice que la Consejería de Fomento ha pedido colaboración a los ayuntamientos de los municipios donde se encuentran estas viviendas para que pongan sus servicios sociales a disposición de aquellos adjudicatarios que se encuentran en una situación desfavorecida. “Queremos trabajar con los ayuntamientos, asociaciones vecinales y ONG implicadas para ver los casos y ofrecer soluciones sociales”. De momento, la Junta ya estudia algunas medidas como un plan de acompañamiento y otro de mejora de la gestión de los inmuebles.

"Va a haber un diálogo constante y un plan adecuado a cada situación"

“Hemos abierto un melón que llevaba mucho tiempo cerrado, pero nuestro afán no es recaudatorio. Esto perjudica a todos y nosotros queremos ayudar a la gente, va a haber un diálogo constante, un plan adecuado a cada situación y es importante que las familias sepan que estamos ahí y que lo vamos a resolver”, ha concluido.

GICAMAN es la empresa pública de infraestructuras de Castilla-La Mancha. Al finalizar la legislatura de la expresidenta María Dolores de Cospedal acumulaba más de 162 millones de euros de euros de deuda. Pese a que otras empresas públicas y organismos dependientes de la Junta fueron liquidados durante la legislatura del PP, GICAMAN se mantuvo mucha menor actividad que antes y una importante reducción de plantilla.

Con el cambio de Gobierno al PSOE, el proyecto de los Presupuestos de la Junta para el presente año ha presupuestado una nueva subvención para esta empresa pública con el objetivo de contrarrestar un resultado negativo previsto de 3,6 millones. En total en este ejercicio recibirá, según el presupuesto, unas subvenciones y transferencias de la Junta por 11.744.000 euros para sostener su actividad. 

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