En algún lugar secreto de la selva del Putumayo, en la Amazonía colombiana, el Ejército hizo volar por los aires cuatro toneladas de explosivos, granadas, morteros y balas. Hasta hace pocos días, ese arsenal estaba en manos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo armado surgido de la extinta guerrilla de las FARC.

No se trataba de una exitosa operación militar: fue la misma guerrilla la que entregó 14 toneladas de sus armas como un gesto de paz en la negociación con el Gobierno presidido por Gustavo Petro. Es el avance más tangible que ha dado hasta ahora la denominada 'paz total', una de las políticas bandera del presidente colombiano, cuya idea es negociar la paz con diferentes grupos y bandas armadas al mismo tiempo y que de momento ha dado escasos resultados.

Las autoridades lo celebraron por todo lo alto. El 15 de octubre, ministros, altos cargos y el mismo Petro viajaron hasta un instituto en el municipio de Puerto Asís —no muy lejos de donde ocurrió la explosión— para presentar el hito en una pantalla gigante.

Cientos de personas acudieron eufóricas: se trata de la primera muestra concreta de paz en su territorio desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016. Significa también una posible tregua en la violencia cotidiana: con los explosivos destruidos podrían haberse fabricado hasta 27.500 minas antipersona, según datos oficiales.

“Vamos a avanzar a pesar de la adversidad. Hoy no solamente destruimos explosivos, sino que sembramos paz, esperanza y sueños”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En un país donde los procesos de paz suelen naufragar entre la desconfianza y las balas, la destrucción de este arsenal de guerra es hasta ahora el avance más visible del Gobierno de Petro en su promesa de poner fin a un conflicto que, a nivel nacional, ha dejado más de 450.000 muertos en seis décadas.

Si bien la CNEB no está entre las guerrillas más poderosas del país, cuenta con unos 2.500 combatientes y controla extensas zonas en la frontera con Ecuador. Allí, la CNEB aprovecha la ausencia del Estado para controlar la minería ilegal de oro y coltán, ejercer el control sobre la población y extorsionar a empresarios. Sus dominios abarcan también las jugosas rentas del narcotráfico: Putumayo y Nariño son los departamentos con mayor superficie de hoja de coca de Colombia, sumando entre ambos alrededor de 115.000 hectáreas, un área similar a la ciudad de Córdoba.

La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra

Sandra Lagos — Presidenta de la organización Asojuntas Puerto Asís

Casi la mitad de los habitantes de Putumayo han sido víctimas del conflicto; y muchos de sus habitantes deben convivir con la crudeza del reclutamiento forzado y el asesinato de líderes sociales. Por eso, para los putumayenses, el gesto de la CNEB permite soñar con una paz que los ha evadido durante décadas.

“Ya los ataques contra los civiles han bajado desde que la CNEB y el Gobierno están en diálogo. La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra”, dice Sandra Lagos, presidenta de Asojuntas Puerto Asís, una organización que reúne a las asociaciones vecinales del municipio. “Pero necesitamos que inviten a la mesa a las comunidades, porque nuestro problema es también la corrupción y la falta de inversión social”, añade.

Los aplausos se detienen cuando el comandante de la CNEB, Walter Mendoza, sube al estrado a dar su discurso en el sofocante calor del polideportivo. Todavía quedan dudas: no se sabe cuántas armas conserva la guerrilla, ni si parte del arsenal entregado era simplemente material obsoleto.

“A medida que se vaya avanzando, veremos las posibilidades de entregar más material de guerra”, explica Mendoza a elDiario.es. “Pero el problema no son las armas: es que el Estado nunca ha solucionado los problemas del pueblo colombiano. No ha cesado la represión; nunca ha hecho la reforma agraria integral; nunca ha construido las carreteras necesarias. Estos son territorios muy abandonados por el Estado”.

A la paz se le acaba el tiempo

El éxito en Putumayo y Nariño contrasta con el deterioro de la seguridad en el resto del país. A su llegada al poder en 2022, Petro prometió acabar con la guerra negociando simultáneamente con todos los grupos armados. Pero a menos de un año de terminar su mandato, este es apenas el segundo proceso de desarme que se concreta, después del realizado con el Frente Comuneros del Sur, un grupo con poco más de 200 integrantes.

Muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales

Gerson Arias — Investigador de la Fundación Ideas para la Paz

Los demás diálogos avanzan con lentitud o están suspendidos. La violencia del ELN, el Clan del Golfo y otras disidencias de las FARC han repuntado en diferentes zonas del país. A principios de año, el Gobierno miró con impotencia mientras una cruenta guerra estallaba entre dos grupos armados en la frontera con Venezuela. El resultado fue una crisis humanitaria sin precedentes: casi 65.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en apenas tres meses.

“El Gobierno ha restringido el uso de la fuerza para no dinamitar las diez mesas de diálogo que tiene abiertas”, explica a elDiario.es Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. “Pero muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales. Los diálogos les han servido para fortalecerse y ganar reconocimiento político”.

Arias sintetiza así una paradoja que resume el momento actual: los diálogos que deberían debilitar la guerra parecen, en algunos casos, darle oxígeno. Según cifras oficiales, el número total de combatientes ilegales ha crecido un 45% desde el 2022.

El Gobierno, no obstante, insiste en que el proceso con la CNEB demuestra que la 'paz total' sí puede funcionar.

“Estos avances se miran con cierto desdén, pero estamos construyendo la ruta hacia la paz”, sostiene Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno. “En nuestro caso, el CNEB no se ha fortalecido por culpa del diálogo. Poco a poco las comunidades han logrado recuperar parte de su tranquilidad”.

Aun así, el reloj político juega en contra. A Petro le queda menos de un año de mandato y necesita mostrar resultados visibles, dice Óscar Chalá, investigador de la Fundación Pares. “El proceso en Putumayo es un avance significativo, pero oculta las graves carencias que tiene la 'paz total'. Negociar exitosamente con 20 grupos armados al mismo tiempo es imposible para el Estado. Lo que queda son los procesos de paz locales, con grupos fragmentados”, indica.

Mientras tanto, el recrudecimiento de la violencia está siendo aprovechado por candidatos de derecha que, nombrando como referente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, prometen la victoria de la mano dura en las elecciones de 2026. “Viene un discurso de seguridad más radical. Si el progresismo no gana, la mayoría de estos procesos de paz se cancelarían. De las primeras acciones de un gobierno de derecha sería levantar todas estas mesas y lanzar una avanzada militar”, vaticina Chalá.

Álvaro Uribe Vélez fue hasta principios de este milenio un político bastante desconocido en Colombia. Era, en resumen, el hijo de un adinerado hacendado antioqueño con una trayectoria de algo más de dos décadas en la vida pública de su departamento natal. No hace falta subrayar su influencia en el ámbito local ni que ya era un personaje difícil de leer. Pero, detrás de su apariencia de académico discreto, hay una cruenta sombra que ha sobrevolado su currículo desde que llegó a dirigir con tan solo 28 años el capítulo regional de la Aeronáutica, la autoridad encargada de la regulación de la aviación civil en el país sudamericano.

Hay quien recrimina, tras su reciente condena a 12 años de prisión domiciliaria, que la intoxicación de titulares, a favor o en contra, ha omitido un asunto de fondo: su inquietante cercanía con la historia del paramilitarismo ¿Se trata de una vieja paranoia de la izquierda o el proceso penal que afronta en segunda instancia por soborno de testigos reforzará la conexión con ese universo sanguinario?

Para entender al que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, el jesuita e historiador Fernán González propone un marco amplio como punto de partida: “Es importante comprender que en la formación del Estado en Colombia ha habido una tendencia histórica a privatizar el uso de la violencia”, señala a elDiario.es. “Eso es clave porque, en paralelo a la construcción de unas instituciones, más o menos modernas, a la celebración cumplida de elecciones, se consolida un esquema de poder regional muy proclive a la solución armada de diversos conflictos”.

El mundo de Uribe comienza allí. Su padre, Alberto, murió en 1983 en la conocida Hacienda Guacharacas, durante un tiroteo para repeler el intento de secuestro de un escuadrón de la guerrilla marxista de las FARC. Era un ambiente rural muy hostil donde la mano negra de la insurgencia asolaba, cada vez con más fuerza, a aquellas élites terratenientes.

Tampoco podría entenderse la emergencia de este fenómeno sin profundizar en el papel del Ejército en la consolidación de esta larga guerra sucia: “El paramilitarismo surge a finales de los 70, principios de los 80, como un brazo paralelo del Estado colombiano. Desde entonces, pequeños grupos de oficiales y suboficiales en torno a zonas del Magdalena Medio y Segovia (Antioquia) [en el centro del país] comenzaron a cumplir acciones encubiertas contra civiles y grupos de izquierda”, explica a elDiario.es el reportero y estudioso del conflicto colombiano Óscar Parra.

Un político fuerte de Medellín

Álvaro Uribe Vélez era un veinteañero cuando asumió la dirección de la Aerocivil en 1980. Diversas investigaciones periodísticas y pesquisas de órganos como la Procuraduría, han revelado que durante su mandato, el regulador concedió alrededor de 150 permisos de operación para aeronaves pequeñas tramitadas, al parecer, por testaferros de narcotraficantes como Pablo Escobar, Carlos Lehder o Fabio Ochoa. Entre los registros, además, destacan varios de ellos a nombre de Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”. Lo resume el politólogo Eduardo Andrés Celis: “Ella no tuvo la exposición de otros matones, pero en su época fue más temida que todos”.

Más adelante fue, de forma transitoria, alcalde de Medellín (1982), la segunda ciudad del país por tamaño. Luego asumió como concejal (1984-1986) siendo militante del Partido Liberal. Y a pesar de ser una figura discreta a nivel nacional, ya aparecía en los archivos de Defense Intelligence Agency (DIA) del Ejército estadounidense. Hoy se sabe que fue incluido en 1991 en un listado de la agencia con un centenar de nombres vinculados directa o indirectamente a los cárteles del narcotráfico.

No cabe duda de que eran tiempos recios. Con una atmósfera política colérica y teñida de sangre: “Había un ambiente de zozobra en las fuerzas militares colombianas y los poderes regionales porque el presidente conservador Belisario Betancourt (1982-1986) puso sobre la mesa un proceso de paz con las guerrillas para darle salida negociada al conflicto armado interno”, relata Fernán González.

A cambio del cese el fuego, la guerrilla marxista de las FARC pactó con el Ejecutivo de Betancourt ciertas condiciones para un eventual tránsito a la legalidad política. De esta forma nació, en 1985, la extinta formación de izquierdas Unión Patriótica (UP), una suerte de brazo civil de la insurgencia que arañó algunos éxitos electorales a nivel regional y departamental.

La Defense Intelligence Agency (DIA) del Ejército estadounidense incluyó a Uribe en 1991 en un listado con un centenar de nombres vinculados directa o indirectamente a los cárteles del narcotráfico

Este es otro punto de inflexión en la construcción de Uribe, una de las figuras clave en la Colombia del último cuarto de siglo: “Ahí viene el desastre. Algunos políticos locales de la UP sirvieron de puente electoral a las FARC. Pero la guerrilla, al mismo tiempo, siguió avanzando con su estrategia de todas las formas de lucha. Amplió su poder militar. Extorsionaba. Asesinaba. Como resultado, nace una reacción feroz de los poderes regionales contra la izquierda y la solución política negociada”, cuenta González.

Aquellos grupos de poder regionales atestiguaron con pánico cómo la guerrilla avanzaba en las urnas y, en paralelo, se fortalecía para la guerra. Bajo esas condiciones, los sectores más tradicionales desecharon por completo la posibilidad de diálogo. Y así llegó la respuesta paramilitar, en connivencia con aparatos estatales como el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y toda una amalgama de latifundistas, ganaderos, bananeros y líderes políticos locales vinculados a los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Todos unidos por un enemigo común. ¿El resultado? Más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados en las décadas siguientes.

Allí se halla el germen de la reacción oficial: el terror se combatió con más terror. La carrera de Uribe Vélez, por su parte, seguía su curso. Fue elegido gobernador del departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, entre 1995 y 1997, un período en el que las masacres y las ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, civiles o sindicalistas se exacerbaron.

La seguridad por bandera

A todo ello se suma un decreto expedido por el presidente liberal César Gaviria en 1994. La norma dio carta blanca para reglamentar grupos privados de vigilancia armada en el campo. Una figura nebulosa, agolpada bajo el acrónimo de CONVIVIR: Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural.

Desde entonces, Uribe Vélez declaró de manera abierta su complacencia con dicho mecanismo de seguridad que permitía el porte de armas y el uso de equipos de comunicación militar en ciertos casos. Todo ello con el fin de resguardar aquellas zonas donde el Estado colombiano tenía dificultades para garantizar el orden público. Sin embargo, la hemorragia de violencia no tardó en quedar descarnadamente al desnudo y el mismo Uribe revocó la licencia de operación.

La estela de sangre caliente y devastación en el campo ya era muy profunda. Una sentencia del Tribunal de Justicia Transicional de Bogotá lo ratificó en 2013. El fallo, vinculado a un líder paramilitar apodado HH, estableció que las CONVIVIR, que llegaron a sumar 20.000 miembros repartidos en 700 agrupaciones, fueron un elemento fundamental en este capítulo de la guerra. Sirvieron como fachada legal para la alianza macabra entre los batallones de antiinsurgencia del Ejército y campesinos convertidos en sicarios.

La ley de Gaviria fue la cloaca que los escuadrones utilizaron como escudo para perpetrar masacres en Antioquia, como la de los municipios de El Aro (1997) y La Granja (1996). Por estas dos acciones terroristas, declaradas delitos de lesa humanidad, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia abrieron investigaciones en 2015 contra Uribe Vélez por presunta complicidad u omisión para impedir la sangría cuando oficiaba como Gobernador. El expresidente ha dicho que se trata de una “infamia” y de “maniobras políticas”.

“Allí surgen más preguntas complejas”, asegura Óscar Parra, “relacionadas con la formación y financiación del Bloque Metro de los paramilitares en la Hacienda Guacharacas de su familia”. La misma donde el patriarca de los Uribe fue asesinado en el 83. Paramilitares desmovilizados han declarado ante el Tribunal de Justicia transicional que esas tierras sirvieron como centro fundacional, en 1996, de uno de los numerosos bloques criminales que florecieron en varias zonas del país. El expresidente Uribe también ha refutado esa tesis con el argumento de que su clan ganadero fue desterrado del sector, y que desde principios de los 80 nunca ha visitado aquellos predios.

“Pero por alguna razón, las investigaciones no avanzan. Es muy complejo: hay muchos indicios, testimonios y nadie se anima a ir a fondo. Las declaraciones de los paramilitares coinciden: el período de fortalecimiento de sus ejércitos en regiones del entorno antioqueño se da en paralelo a su paso por la Gobernación de Antioquia. En ese entonces no tenía el fuero presidencial que lo cubrió después. Pero en Colombia no ha habido ni siquiera una reflexión profunda sobre su responsabilidad política por todo esto”, añade Parra.

Llegados a este punto conviene dejar claridad: Uribe no fue quien ideó esa maraña de ejércitos de extrema derecha, muchos de ellos enzarzados en guerras cruzadas y con discursos políticos muy descafeinados. No obstante, su andadura política discurre y confluye de cerca con numerosos acontecimientos relacionados. Y su figura llegaría a acumular tal acervo de poder que Fernán González opina que es quizá el símbolo más visible de esa simbiosis entre política y privatización de la violencia: “Es un fenómeno que concentra muchos de los rasgos de una visión de Estado que lo antecede varias décadas pero que del cual, quizá, él es la figura más visible”.

Su irrupción llegó en las presidenciales de 2002. Ya se había separado del partido Liberal y se presentó como candidato independiente del movimiento Primero Colombia, con el cual consiguió la victoria con el 54% de los votos. También funcionó como pegamento ideológico de los bloques ‘paras’ en su cruzada contra las izquierdas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que por aquellos días alcanzaron otro punto de quiebre en la guerra contra el Estado.

A los descarnados ataques contra civiles, se sumó el avance insurgente hacia el extrarradio de las grandes ciudades. De las lejanas junglas y montañas de la Colombia más marginada, las FARC pasaron a la ofensiva. Como consecuencia, la opinión pública se endureció contra las guerrillas. El país repudió sin matices la ola de terror y exigió la recuperación militar del territorio.

El ocaso y la condena

Uribe despegó rodeado de ese ambiente. Bajo el eslogan de “mano firme, corazón grande”, alcanzó la atención nacional. Media Colombia quedó prendada con aquel abogado de manejo fluido de la jerga empresarial. Católico y defensor del liberalismo clásico. Pero también un chalán de poncho y aire sereno que ondeaba su discurso contra la corrupción. “Al principio de su Gobierno propuso un intercambio entre ‘menos libertades’ y ‘más seguridad’, intercambio que se expresaría legislativamente en el llamado ‘estatuto antiterrorista’”, escribe el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín en un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad.

Contaba con el apoyo, además, de Estados Unidos. Era un respaldo sellado hace más de medio siglo, desde que la superpotencia pavimentara el suelo estratégico para desalojar las ideas de izquierda en Colombia y el resto del continente. “Los americanos implantaron su doctrina del enemigo interno en la región. El control, en principio, fue político y se regía bajo las directrices de seguridad nacional de Washington. Esa asociación está muy bien documentada en los archivos desclasificados del Departamento de Estado a partir de los 80. Luego en los 90 financiaron con más fuerza la guerra antiguerrilla y la política de Seguridad Democrática de Uribe”, apunta Celis.

Con la ingente ayuda militar y el visto bueno de la Casa Blanca, solo faltaba activar la avanzada sin cuartel contra el grupo guerrillero que había asesinado a su padre y habría llegado a copar, según algunas estimaciones, hasta el 40% del mapa. En ocho años de Gobierno adelantó parte de su objetivo. Llevó la presencia del Estado, a través del Ejército, a zonas olvidadas durante décadas. Las FARC retrocedieron. Perdieron a sus cabecillas históricos y se vieron abocados a firmar la paz con el Estado en la siguiente Administración. La de Juan Manuel Santos, su exministro de Defensa y delfín, con quien hoy mantiene una rivalidad cerril por cuenta de aquellos diálogos entre el Estado y la guerrilla celebrados en La Habana que el viejo halcón de Medellín encajó como una traición personal.

De cualquier forma, los tres grandes nudos que marcaron el mandato uribista en materia del manejo del conflicto armado con las autodefensas fueron: el proceso de paz con los paramilitares; los asesinatos extrajudiciales de civiles, reportados por el Ejército como bajas en combate; y el escándalo conocido como la parapolítica. Al menos 61 congresistas pertenecientes a su bancada fueron condenados por vínculos con los ‘paras’.

El bloque político que respaldó su propuesta —incluyendo al Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana— acumuló varias investigaciones por aquellos nexos macabros. “Era una locura porque metían a un congresista a la cárcel y asumía el siguiente. Y de forma automática la Corte quedaba habilitada para investigar al que seguía”, recuerda Óscar Parra.

El también académico de la Universidad del Rosario de Bogotá apunta que la penetración de la parapolítica ha sido, quizá, la amenaza más grave al sistema democrático: “El 35% del Congreso terminó en la cárcel. Uribe no ha asumido ninguna responsabilidad política 15 años después. Ni por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su Gobierno, ni tampoco por todos esos partidos que le profesaban un respaldo irrestricto y terminaron sentenciados por sus alianzas criminales”.

“Uribe encarnó un cambio de percepción de la realidad en Colombia. El programa ideológico que planteó convenció al bloque mayoritario del sistema político y a la opinión pública que la lucha armada era primordial para alcanzar la paz. No importaba a cambio de qué”, añade el investigador. La peor desembocadura de aquella partitura guerrerista fueron los asesinatos extrajudiciales.

Los mal llamados “falsos positivos”. Colombia aún desconoce cuántos militares estuvieron envueltos en aquellas matanzas. Sí se sabe, en cambio, que fueron 6.404 las víctimas civiles. “Todo esto se encuadra dentro de una política militar tomada de los Estados Unidos que se llama el ‘conteo de cuerpos’. Y es una forma de remunerar a los ejércitos por cada enemigo abatido”, detalla Celis. Uribe, en declaraciones que luego debió rectificar públicamente, aseguró en tono irónico que si algunos de aquellos jóvenes asesinados resultaron involucrados, no habría sido “porque estaban recogiendo café”.

Con el discurso estadounidense de guerra contra el terror de fondo, el Ministerio de Defensa adoptó dicho sistema de incentivos a través de ascensos y recompensas en las brigadas militares e incrementó, de forma exponencial, los resultados operativos: “Tanto en número de combates como de heridos y bajas. Generó una competencia interna entre las unidades móviles para entregar más cadáveres”, añade Celis.

Durante esos años se produjo el mayor pico de desapariciones forzosas en la historia colombiana con 24.000 casos documentados. Este contexto es clave para recordar que su Gobierno también impulsó en 2005, en tiempo récord, un proceso de paz ‘sui generis’ con los mismos bloques de autodefensas cuyos líderes, como Salvatore Mancuso, hoy vinculan al expresidente Uribe a su causa. Por primera vez en la historia de Colombia un ejército dejaba primero las armas para luego negociar. Pero el remolino militar de las FARC ya estaba bastante contenido y era el momento preciso para buscar una tregua a la guerra sucia, argumenta Fernán González.

El 35% del Congreso terminó en la cárcel. Uribe no ha asumido ninguna responsabilidad política 15 años después. Ni por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en su Gobierno, ni tampoco por todos esos partidos que le profesaban un respaldo irrestricto y terminaron sentenciados por sus alianzas criminales

Óscar Parra — Académico

Bajo unas condiciones favorables para los criminales arrepentidos, a los cuales se les dio un estatus político muy borroso, el país comenzó a conocer testimonios escabrosos. De aquel proceso, rubricado en el municipio norteño de Santa Fe de Ralito, empezaron a salir historias de barbarie como los hornos crematorios donde se quemaron los cadáveres de colombianos asesinados. La opinión pública quedó helada. Por todo ello, la figura de Uribe también empezó a acusar cierto desgaste tras dejar el poder.

No obstante, regresó a la arena en 2014 como senador. Una misión que abandonó en 2018, cuando esta historia dio una vuelta de tuerca insospechada. Una denuncia penal impulsada por el mismo Uribe contra el parlamentario de izquierdas Iván Cepeda, hijo de un político de la ya mencionada UP asesinado en 1994, se volvió en su contra.

El tribunal a cargo del proceso cerró la denuncia inicial y abrió una nueva por hallazgos que involucraron al entonces senador con la posible manipulación de testigos. Fue un largo calvario judicial que inició hace una década y hoy, tras pasar por todos los circuitos y tribunales del sistema judicial, lo tiene bajo arresto domiciliario en una de sus fincas a las afueras de Medellín. Su pool de abogados ya ha anunciado que apelará la decisión y el país espera el desenlace de una segunda instancia.

Pero el veterano guerrero de 73 años ya no proyecta esa figura mineral de principios de milenio. Se ve cansado por momentos. Ya no mueve los hilos del poder con la misma nitidez. Y los fantasmas de la finca Guacharacas lo siguen acechando. Fue el hijo de un viejo mayordomo de la hacienda familiar, hoy preso por secuestro extorsivo, quien lo delató.

Su nombre es Juan Guillermo Monsalve. Él expuso ante la justicia que Uribe envió a un apoderado a visitarlo a la cárcel La Picota de Bogotá con el fin de torcer su testimonio y desligarlo de una de las pesquisas que Cepeda adelantaba para esclarecer, una vez más, los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el fenómeno paramilitar. “Es un poco paradójico que termine condenado por un delito de soborno después de tantos señalamientos graves, de su papel en la época de las CONVIVIR o de la carga enorme de la parapolítica”, concluye Fernán González.

Tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, hubo quienes creyeron en la posibilidad de que el país latinoamericano dejara atrás de una vez la abultada historia de violencia. No en vano, se trataba del grupo insurgente más fuerte y con mayor capacidad de infligir dolor.

Pero nada más emprender el proceso de disolución guerrillera, se dio una desbandada de grupos disidentes e inconformes con lo pactado que brotaron bajo nombres como Segunda Marquetalia o el Estado Mayor Central, entre otros. Faltaba, además, desarticular al Ejército de Liberación Nacional (ELN), de raíz castrista y segundo por tamaño y antigüedad. En este punto llegó al poder, a mediados de 2022, el primer presidente de izquierdas en la historia del país: Gustavo Petro. Y con él, un ambicioso plan de diálogos que buscaba englobar bajo el mismo esquema a todas las bandas alzadas en armas.

¿Su nombre? La 'paz total'. La idea es romper con la tradición de negociaciones grupo por grupo. Pero a menos de un año y medio de fin de mandato, los resultados han sido modestos. Este diciembre se llegó a un acuerdo de tregua de 180 días al suroeste del país con una organización llamada frente Comuneros del Sur (disidencia del ELN). Y en Medellín, la segunda ciudad más grande del país, se logró una hoja de ruta de cinco puntos con las 12 principales bandas de crimen organizado de la ciudad.

Enjambre de grupos armados

El historiador Gonzalo Sánchez, doctor por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, lo cataloga como un proceso “caótico” y desordenado“. Quizás como la guerra misma. ”Entramos en un punto con varios obstáculos para avanzar. El funcionamiento con un actor [armado], anula la posibilidad de negociación con otro“, dice. 

La periodista Juanita Vélez lleva años tras la pista del enjambre de nuevos grupos armados y ha publicado un libro sobre el tema titulado Una guerra después. Cuenta que en este momento hay nueve mesas de negociación activas. “A la 'paz total' le faltó método desde el principio. Una ruta clara en la intención de negociar con todos al mismo tiempo y los desafíos que iba a generar esa simultaneidad. Los negociadores del Gobierno, además, han tenido distintos momentos con apuestas distintas que han implicado que muchos de estos grupos se han fragmentado a nivel local”, asegura la también autora del pódcast Disidencias por Dentro. 

Algunas críticas provienen de los antiguos negociadores del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC; como el filósofo Sergio Jaramillo, que en diversas entrevistas ha expresado sus reparos. Recuerda que se trata de un instrumento de diálogo que aún no contempla soluciones jurídicas para avanzar con algunas bandas que carecen de estatus político. A su juicio, la disparidad en discursos desprovistos de cartas marcadas aboca estos procesos al fracaso. No es posible, añade, lograr una desmovilización ordenada cuando se pacta con estructuras cuyo mando sobre sus hombres suele ser débil. Juanita Vélez completa el retrato: “Estamos hablando de grupos que están muy degradados. Es muy difícil encontrarles un norte político”. 

Se trata de delincuentes envueltos en negocios de minería ilegal y narcotráfico. Los expertos se abstienen aún de hablar de ejércitos. “Todos los grupos necesitan finanzas ilícitas para abastecerse. Pero en estos casos, uno no ve que tengan ningún incentivo de dejar las armas a corto plazo”, precisa Vélez. Su poder se revela en la capacidad de coerción sobre poblaciones rurales vulnerables. Y si bien es cierto que los homicidios han bajado, las cifras de extorsiones y amenazas van en ascenso. “Esto viene de atrás”, detalla Gonzalo Sánchez, “pero la guerra se ha sofisticado y produce un mercado mayor del crimen internacional”.

Otros nudos

Un gran nudo añadido. No hay, argumenta el experto, estrategia de negociación posible que no recoja los inconvenientes de un proceso de globalización potenciado por las redes. “Las riendas de las discusiones están cada vez más por fuera de los gobiernos, o las fuerzas políticas nacionales. Esto hace mucho más difícil prever cómo se puede encontrar una salida a nuestra guerra”. Afirma que cada vez es más complicado hallar incentivos para que grupos ilegales en extremos ricos se desmovilicen. “Su nicho criminal es tan prometedor, en términos económicos, que ya no hay nada que los pueda arrastrar hacia la salida de la guerra”, dice. 

Otro escollo pasa por las limitaciones u omisiones del Estado colombiano a la hora de cumplir los puntos del proceso de paz de La Habana. Desde 2016 han sido asesinados 400 guerrilleros de las FARC. El desarrollo de los planes en los territorios afectados por la guerra es desigual. Y el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame ha calculado un retraso del 50% en la implementación. Con estos antecedentes, los combatientes del ELN, un ejército irregular que ha llegado a tener hasta 6.000 hombres en armas, han navegado por una fase de diálogos llena de tropiezos con ataques contra el ejército y la población civil. En Colombia, pocos dudan de que la búsqueda de la paz es una misión no solo loable sino además ineludible. Pero el descrédito del Ejecutivo ha derivado en un catálogo de críticas desde diversos sectores.

“Ha habido mucha discusión sobre si la estrategia del Gobierno era fragmentar a los grupos desde un principio”, señala Vélez. Un plan para atomizar aún más el reguero de bandas existentes y pacificar sus zonas de predominio; una tesis que Vélez no descarta. Sin embargo, otros analistas del conflicto, como Sergio Jaramillo, aseguran que en realidad se ha facilitado su empoderamiento y control territorial. Por eso, opina Jaramillo, el proceso de negociación colectiva corre el riesgo de dejar fuera de su centro de gravedad a las comunidades víctimas de toda esta violencia.

Hay un punto sobre el que otros analistas han abundado. La tradición en mesas de diálogo pasadas mezcló cierto realismo político sin descuidar el tablero militar. Durante la Administración Santos se repetía como un mantra la tesis de que “nada se ha acordado hasta que todo esté acordado”. A medida que aquellas conversaciones avanzaban, y según las circunstancias, se podía llegar a un alto el fuego. Con la 'paz total' hay un alto grado de consenso en quitar la presión militar a grupos cuyo objetivo es consolidar su dominio. “Este no es un fracaso del Gobierno”, advierte Sánchez, “sino un fracaso del país mismo porque ya hemos intentado varios modelos de negociación y nadie ha dado con la varita mágica para resolver el conflicto”.

La prolongada guerra interna de más de seis décadas ha dejado por el camino unas 450.000 víctimas. La esperanza de resolver los diversos fenómenos de violencia se mantiene viva. Y Vélez trata de extraer alguna luz a 18 meses de las próximas presidenciales del país: “Me parece positivo que se alcancen puntos de acuerdo concretos en algunas de las mesas que se están desarrollando. Si esas propuestas son fuertes, y funcionan como un eje de no retorno para que el gobierno entrante no las desmonte, me parecería muy importante para que el esfuerzo no se pierda. Yo auguro que se puede pacificar algunas zonas. Pero, sin duda, no será la paz total que prometió Petro”.

Hace siete años, el apretón de manos entre el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, marcaba el final de más de 50 años de guerra con la guerrilla más antigua de América Latina.

Fuera de Colombia muchos lo interpretaron como el final del conflicto armado, pero solo era el principio del fin. En 2022, Gustavo Petro fue elegido presidente con el objetivo de lograr la “paz total”: conseguir que abandonen la violencia los numerosos grupos armados ilegales que siguen activos y acabar con el conflicto que desangra Colombia desde mediados del siglo XX. Año y medio después de la elección de Petro, ¿cuánto ha avanzado Colombia en ese camino a la paz? 

Voluntad política

El acuerdo de 2016 no implicaba solo el desarme de las FARC, sino también crear una estructura de justicia transicional, de búsqueda de personas desaparecidas y reparación de víctimas, así como medidas sociales como la siempre aplazada reforma agraria o ayudas para que los exguerrilleros inicien proyectos productivos.

La derecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe consiguió una estrecha victoria del “no” en el plebiscito celebrado para validar el acuerdo, lo que obligó a renegociar algunos elementos. El siguiente escollo fue la llegada en 2018 a la presidencia del uribista Iván Duque, que “no tuvo la voluntad de hacer una implementación efectiva del acuerdo”, explica Fernando Danza, coordinador de Paz Territorial de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).

Uno de los aspectos que Duque no aplicó correctamente, según Danza, fue el de las “garantías de seguridad para excombatientes”. Más de 300 exguerrilleros han sido asesinados desde la firma del acuerdo. El gobierno izquierdista de Petro sí tiene la “voluntad” de implementar el acuerdo, según dice el politólogo de la Universidad Nacional Alejandro Mantilla, pero existen “problemas de coordinación y limitación presupuestaria”. El goteo de asesinatos a manos de disidentes de las FARC u otros grupos armados continúa.

Una maraña de grupos armados

El acuerdo negociado en La Habana consiguió la desmovilización del grueso de las FARC, pero entonces se crearon dos grupos disidentes, autodenominados Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. También sigue alzado en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla del país después de la extinción de las FARC.

Además, grupos de paramilitares –bandas promovidas por el Estado para combatir las guerrillas, responsables de numerosos crímenes de guerra– se han unido a narcotraficantes para formar organizaciones como el llamado Clan del Golfo, que ahora es el cartel más poderoso del país.

Para completar el panorama, ciudades como Buenaventura o regiones como Antioquia sufren la violencia de bandas criminales urbanas, con las que el Gobierno también quiere negociar. “Hemos visto un crecimiento de grupos armados organizados desde 2016”, señala Danza, “las FARC dejaron espacios que no ocupó de forma efectiva el Estado y los ocuparon otros grupos” que se financian con el narcotráfico, la extorsión y otros negocios ilícitos como la minería ilegal, el tráfico y la explotación sexual de personas.

En el caso del Clan del Golfo, por ejemplo, controla la mortífera ruta migratoria del Darién, la selva que separa Colombia de Panamá. La falta de implementación del acuerdo con las FARC durante el Gobierno de Duque permitió la expansión y el reforzamiento de otros actores armados.

Negociaciones a siete bandas

Colombia ha vivido numerosos procesos de paz entre el Estado y los grupos armados –algunos exitosos, como el que llevó en 1990 a la disolución de la guerrilla M-19, a la que perteneció Gustavo Petro–. Sin embargo, ningún gobierno había intentado antes negociar con todos los grupos ilegales simultáneamente, como pretende el presidente.

“Buscar siete procesos a la vez es muy difícil”, señala Alejandro Mantilla. “Creo que hay optimismo y poco conocimiento [por parte del Gobierno] de las capacidades reales del Estado colombiano”. Una complejidad extra de la “paz total” es que “no se hacen las mismas concesiones a los distintos grupos”, señala Sandra Borda, politóloga de la Universidad de Los Andes.

“Al ELN [se le ofrece] un arreglo similar al de las FARC, a los grupos criminales se les pide sometimiento a la justicia con reducción de penas”, dice Borda. “La idea [de negociar simultáneamente con todos] es muy loable, pero la ejecución tiene muchos retos”. Entre otros, los enfrentamientos entre los diversos grupos, que dibujan realidades diferentes en cada territorio, como reflejan los mapas.

Tímidos avances hacia la paz

“La negociación con el ELN va por buen camino”, destaca Danza, “vamos por el quinto ciclo [de conversaciones], están cumpliendo”, pero se ven amenazadas por “la naturaleza federada del ELN”, menos jerárquico que las FARC. En octubre el proceso estuvo cerca de descarrilar por el secuestro durante 12 días del padre del futbolista Luis Díaz.

Con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC, se logró un alto el fuego hasta mediados de enero. Sin embargo, las negociaciones con los grupos criminales y las bandas urbanas están paralizadas.

Se han creado mesas de negociación, pero son “estériles”, en palabras de Danza, porque el Congreso –donde la izquierda del Pacto Histórico no tiene mayoría– todavía no ha aprobado la ley de sometimiento que autorizaría al Gobierno a ofrecer rebajas de penas a los grupos que se desarmen e incluso “que se puedan quedar con el 10% de sus bienes”, como explica Danza.

A pesar de las críticas, la “paz total” ha recibido el aval de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada por el Acuerdo de 2016. Un reciente informe señala que durante 2023 se han reducido las muertes de civiles y militares, el desplazamiento forzado y los asesinatos de líderes sociales.

Además, explica Danza, el Gobierno ha abandonado prácticas militares como “los bombardeos, contrarios al Derecho Internacional Humanitario”. “La lógica ahora es darle a la economía de los grupos armados, más que a sus hombres”. La muerte de civiles en bombardeos fue uno de los numerosos escándalos durante el Gobierno de Duque.

Un camino de más de cuatro años

“El Gobierno está llamado a revisar su estrategia de negociación porque se le puede acabar el tiempo para llegar a algún tipo de acuerdo”, afirma Mantilla, “llegar a agosto de 2026 sin ningún acuerdo sería catastrófico para el Gobierno y para la sociedad”. “Menos es más”, coincide Danza, “hacer tantos procesos en simultáneo no funciona”.

Todos los expertos consultados coinciden en que la paz no se logrará en cuatro años y cuestionan la estrategia de negociación a múltiples bandas. Tanto Mantilla como Danza consideran que un acuerdo con el ELN, alzado en armas desde 1964, ya sería un éxito para el primer Gobierno de izquierdas de la historia de Colombia.

El futuro de la “paz total” dependerá mucho de la orientación del próximo Gobierno. Aunque representantes de la derecha se han incorporado a los equipos negociadores del ejecutivo, un giro conservador en las próximas elecciones podría devolver al primer plano la estrategia militar, que durante el mandato de Duque solo consiguió incrementar la insoportable cifra de víctimas del conflicto, que se cuentan por centenares de miles de fallecidos y millones de personas desplazadas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la última guerrilla activa en Colombia y una de las últimas de América Latina. Se calcula que tiene algo más de 5.000 miembros y en 2024 cumplirá 60 años de lucha política y armada.

Desde octubre del año pasado ha vuelto a sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno de Colombia y dice que este proceso abierto con el Ejecutivo de Gustavo Petro es el que arroja más esperanzas en medio de las dificultades.

“Esta vez es diferente porque contamos con un interlocutor que quiere que haya transformaciones para la paz. Los anteriores no querían”, explica el comandante Pablo Beltrán, el sobrenombre con el que es más conocido Israel Ramírez Pineda (San Gil, Colombia, 1953), miembro del “comando central” del ELN y jefe negociador de esta guerrilla con los diferentes gobiernos desde hace más de dos décadas. Su vida ha transcurrido desde hace algo más de 50 años en la guerra de Colombia y, a unos meses de cumplir los 70 años, asegura que ha sido una vida que “ha merecido la pena”. “Si el régimen que enfrentamos en Colombia es de persecución y exterminio, a usted no le queda más que clandestinidad, resistencia… rebelión”, dice.

En este hombre, menudo y extremadamente educado, el tiempo transcurre por generaciones —“Uno lo que hace es desatar procesos, iniciarlos, pero no tiene claro hasta dónde va a llegar”— y eso suele desesperar a los representantes de los gobiernos, urgidos por firmar acuerdos en los que se pongan plazos para el desarme y la desmovilización de los armados.

De hecho, para algunos sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional, la paz siempre ha consistido en desarmar a las diferentes guerrillas que han desafiado al Estado. Y han sido muchas. Después de sendos “procesos de paz”, se desmovilizaron, por ejemplo, el M19 (1990), EPL (1991), el Movimiento Armado Quintín Lame (1991), y en 2016 se firmó el acuerdo con la guerrilla más numerosa, las FARC. Ese acuerdo estaba titulado como “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” y le supuso un premio Nobel de Paz al presidente que firmó ese acuerdo, Juan Manuel Santos.

La violencia, sin embargo, continúa: según el último informe de la ONU, en los primeros seis meses del año ha registrado 52 masacres y el asesinato de 46 líderes sociales, aunque se ha reducido el número de homicidios respecto al semestre anterior.

Beltrán recibe a elDiario.es en Caracas, Venezuela, donde se celebra el IV Ciclo de Diálogos de Paz con una heterogénea delegación del Gobierno en la que junto a militares o policías se sienta el senador Iván Cepeda, el ex miembro del M19 Otty Patiño, personas pertenecientes a movimientos indígenas o afrocolombianos, un ecologista o una defensora de derechos humanos.

Es muy difícil entender desde fuera que después de tantos procesos de paz persista un conflicto tan violento en Colombia. ¿Por qué el país no encuentra solución a sus problemas?

Yo creo que Colombia y lo que pasa en Colombia tiene que ver con varios factores. Uno, que desde que hubo la ruptura con España, desde que somos República, el poder ha estado en manos de una élite muy excluyente, muy violenta. Por eso es históricamente distinto lo que está pasando ahora, con un presidente que viene de sectores no elitistas y propone un programa de reformas. Eso es histórico.

El segundo factor: Colombia tiene casi el 60% de los bosques de niebla del mundo, eso quiere decir que tenemos la fábrica de agua. Pero, además, Colombia es cinco países: un país Caribe, un país Pacífico, un país andino, un país amazónico y un país de las grandes llanuras del Orinoco, que compartimos con Venezuela. Lo que eso implica en términos de biodiversidad y riquezas es muy grande.

Además, la posición geográfica de Colombia le da un valor geopolítico muy grande y Estados Unidos ha estado muy amarrado a esa situación desde una fatídica guerra que tuvimos a principios del siglo XX. Desde esa época, la presencia de EEUU es hegemónica y se aprovecha de estas ventajas. En el caso nuestro como izquierda, no es que seamos anti-estadounidenses, somos antimperialistas y anticolonialistas.

Cualquier cosa que haya que hacer en Colombia para que haya cambios tiene dos grandes adversarios: una élite muy excluyente, muy violenta, que no es amiga de ceder privilegios, y un imperialismo desde el norte que lleva un siglo largo encima de nosotros.

¿Qué ha fallado en el enfoque de los procesos de paz y por qué se suceden?

En estos días veía un análisis sobre Ucrania en el que un militar experto en estos temas decía que cuando usted lee mal un conflicto, la solución es desacertada. Entonces, en Colombia ha ocurrido eso. Las lecturas del conflicto, la narrativa del conflicto que tienen las élites no son exactas o si las tienen correctas, no las aplican, no las tienen en cuenta a la hora de buscar las soluciones. Esta discusión la hemos planteado en la mesa de diálogos: hay unas causas que generan en alzamiento armado y la rebelión de la gente. Si vamos sobre ese origen, pues arreglemos las causas. Pero creo que lo hemos dicho muy claro: no cuenten con el ELN para arreglar consecuencias.

¿Para el ELN, la lucha armada es una consecuencia y no la causa de la violencia?

Claro. Por ejemplo, en el año 2021, se produjo un “estallido social” muy fuerte en Colombia. A esa protesta social se le dio un trato de guerra, con decenas de muchachos a los que le sacaron los ojos, con muertos, con asesinados, con desaparecidos… ¿Y qué es lo que pedía la gente? Cambios.

Entonces, yo les decía en la mesa de diálogos: si siguen haciendo ese trato de guerra a la protesta, miles de esos muchachos van a tocar las puertas de la guerrilla para ingresar. Pero si ustedes reciben los pliegos de peticiones, buscan una salida concertada, buscan un diálogo, una solución política a ese conflicto, pues, no estarán empujando a la gente a la rebelión.

Usted ha participado en negociaciones fallidas desde hace casi 30 años ¿Por qué deberíamos pensar que esta vez es diferente?

Es diferente porque contamos con un interlocutor que quiere que haya transformaciones para la paz. Los anteriores no querían. Entonces es un pulso entre el que quiere y el que no quiere. Esta vez tenemos un interlocutor que quiere que haya transformaciones para la paz, que tiene un programa de paz que cubre al ELN, pero también a otros grupos, sobre todo grupos que no tienen un perfil político. O sea, también está intentando procesos de sometimiento a la justicia, sobre todo de ciertas mafias. El esfuerzo del ELN está inscrito en ese esfuerzo más total del Gobierno.

Y este interlocutor, también quieren que ustedes dejen las armas...

Por supuesto.

¿Y cuándo van a dejar las armas…?

Cuando nosotros discutimos esto decimos: 'Aquí hay un grave problema de armamentismo, ¿cómo lo resolvemos?'. Y añadimos: 'Quítense de la cabeza que resolviendo los 5.000 fusiles del ELN se resuelve el problema del armamentismo en Colombia'. Hay que resolver el problema de fondo, porque si no se convierte como en una especie de engaño que se diga que si se desarma el ELN, se acaba el armamentismo y la violencia en el país.

¿Si ustedes entregan las armas seguiría la violencia?

Sí, claro, sigue la violencia. Por eso la agenda de Diálogos de Paz que firmamos dice: vamos a sacar la violencia de la política. Quiere decir que los que están en el poder, la élite que tiene el poder, va a dejar de defender y obstaculizar los cambios con las armas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los que queremos cambios no nos veamos obligados a buscarlos con las armas. Eso es sacar la violencia de la política y en eso es que estamos.

Pero eso puede llevar mucho tiempo...

Pues el ELN va a cumplir 60 años. El conflicto se aceleró después del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. O sea, que este conflicto interno pasa de los 70 años. Así que a esto hay que dedicarle tiempo y determinación para que salga adelante. Esto son obras de varias generaciones y cada uno tiene que ser consciente del tiempo histórico que le tocó y actuar acorde a él, pero saber que uno lo que hace es desatar procesos, iniciarlos, pero no tiene claro hasta dónde va a llegar.

Hay muchas voces en Colombia que consideran que su lucha está desfasada, que la insurgencia ya no tiene sentido en este tiempo histórico. ¿Qué les diría usted a esas personas?

Bueno, la humanidad tiene un reto. Siempre habrá conflictos. ¿Para qué se creó la ONU? Para que los conflictos discurrieran de una manera diplomática, a través de soluciones políticas. ¿Cómo está la ONU hoy? En una crisis tremenda porque no le hacen caso, no cuenta. Entonces, hay una crisis de las soluciones políticas en el mundo.

Un famoso escritor colombiano, William Ospina, dijo que lo que ha habido en Colombia es una pacificación que consiste en tres cosas: acabar con la guerrilla, echarle la culpa de todo, y, finalmente, que nada cambie. Entonces, eso es lo que ha habido desde que mataron a Gaitán: oleadas de pacificación, pero no ha habido un proceso de paz que vaya a las raíces del conflicto y un compromiso nacional para resolverlos.

Esto no es solamente una obra de un gobierno o de una guerrilla, esto tiene que ser un propósito nacional, porque son objetivos muy nobles, pero muy grandes, que rebasan las fuerzas y los tiempos de un gobierno o de una guerrilla.

¿Qué sentido tiene su lucha armada en este momento?

Pues yo le diría que cuando uno pelea con un enemigo muy grande y le dice “yo no lo acepto”, y se coloca en rebeldía, le está dando un mensaje: cambiemos esto o, si no, va a seguir habiendo la rebeldía, que es lo que nosotros decimos en la mesa de diálogos.

Hicimos una agenda que se llama acuerdos de México para que haya transformaciones de fondo para la paz y desde ahí crear unas nuevas condiciones en el país. Entre otras cosas debemos atacar un armamentismo que es muy grave. Nosotros tenemos 5.000 fusiles, las Fuerzas Armadas del Estado tienen medio millón. Lo que tienen los civiles, la mayoría de la derecha y la ultraderecha, son cuatro millones de armas [según una estimación de 2017].

Entonces, si usted dice que hay que resolver el problema del conflicto, tiene que ver ese armamentismo que viene acumulado. No tenemos un problema tan grave como el de EEUU, pero en Colombia hay esa cantidad de armas, la mayoría sin ningún tipo de amparo legal. Somos un país donde se trafica cocaína hacia afuera y para dentro vienen armas. Entonces ese es un problema inmenso.

¿Cuánto pesa el narcotráfico en la violencia, la política y el poder?

Mucho. En 1971, al presidente Nixon se le ocurrió decretar una guerra contra las drogas (…) y se la impuso a Colombia. En los años de los grandes cárteles en Colombia, el de Medellín, el de Cali, que son los más renombrados, brigadas del Ejército enteras estaban alquiladas a los carteles. Entonces yo le hago la génesis de cómo es la desgracia y del fracaso de la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas es un fracaso porque sólo usa la fuerza policial. Considera que el adicto es un enfermo, no alguien que tiene que atenderse desde la salud pública.

Y entonces, son 50 años largos en que está demostrado el fracaso y hay iniciativas mundiales para buscarle una solución alternativa que no se base en la represión. Colombia en este momento está comprometida con otros países para impulsar esa solución porque el actual enfoque no sirve.

Por ejemplo, si el Gobierno de Petro logra someter a la Justicia al cártel más grande en este momento que exporta cocaína desde Colombia, el clan del Golfo, al año siguiente habrá otro cartel más grande. Entonces son soluciones incompletas. Esa es la desgracia de Colombia. Pero el problema no es solo que se degraden las fuerzas armadas o los partidos.

Hay una degradación en general en toda la sociedad y lo más grave es el desdibujamiento de la juventud como fuerza en la que está empeñado el futuro de un país. Es una desgracia y en eso son procesos muy parecidos los México y Colombia, y ahora están viviendo su viacrucis Ecuador, porque Ecuador hace parte de toda esa línea costera del Pacífico, que es por donde se exporta el 80% de la cocaína que llega a EEUU.

Usted cuestiona los acuerdos de paz anteriores. ¿Rescata algo del acuerdo alcanzado por las FARC en 2016?

Sí, por supuesto. Ellos marcaron una etapa, dieron unos pasos importantes para ir buscando la verdad, ayudaron a construir un sistema de justicia transicional que da unas ventajas… Pero, claro, ellos [las FARC] cumplen y la contraparte [el Estado] no cumple. Entonces, eso pues no es lo mejor. Pero lo más grave es que ellos de buena fe dijeron: 'Listo, nos disponemos a dejar de ser una guerrilla', pero el régimen no ha respondido de la misma manera.

Entonces ya hay centenares de excombatientes asesinados y ¿a quién asesinan? Al que fue guerrillero de las FARC que llega a su comunidad y se convierte en líder social. Los matan porque siguen luchando política y socialmente sin armas para que Colombia cambie, no los matan por haber sido guerrilleros no más.

¿Sacan algún aprendizaje de ese proceso?

Lo principal que nosotros insistimos es que estos procesos de paz sólo pueden ser exitosos si, y sólo si, la sociedad los hace suyos. Quiere decir que la participación de la sociedad es determinante.

Por ejemplo, ahora en Bogotá hemos instalado un comité nacional de la participación. Son cerca de 100 personas que representan a muchos sectores y regiones de Colombia, y el trabajo de ellas es diseñar cómo va a ser la participación y después vendrá la participación en sí. De ahí se espera que salga una agenda de transformaciones para la paz, pero también una alianza social, política y económica que permita un gran acuerdo nacional, porque lo que tenemos son propósitos muy grandes.

Para el ELN, Estados Unidos es uno de los factores a tener en cuenta: ¿Qué esperan de Washington?

Pues esperamos que Estados Unidos no se le oponga al programa de cambios democráticos y reformas que tiene el Gobierno de Petro. Lo que han hecho es derrocar, dar golpes de Estado y habrá que ver hasta dónde ellos, con el poder que tienen, dejan que avancen decisiones como la del pueblo colombiano de lograr la paz. Cualquier salida también pasa, en todo caso, porque América Latina tenga una integración muy fuerte, tenga una sola voz y, con esa sola voz, interactúe con todas las potencias del mundo en una relación de igualdad, no de subordinación.

Este proceso depende mucho de que este Gobierno siga adelante. ¿Si el Gobierno cae, caería también el proceso?

Ese es el peor escenario. Pero es posible, claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 29 de octubre hay elecciones provinciales y locales. Ese es un examen. Si la oposición de derechas tiene más fuerza le va a hacer la vida imposible al Gobierno. Si las fuerzas del Gobierno y sus aliados salen fortalecidas, pues quiere decir que los programas que impulse, entre ellos lo de paz, van a tener mejor suerte. Entre ellos, esta mesa.

Personalmente, ¿nunca ha dudado del recurso a la violencia? ¿Nunca ha tenido momentos en los que ha pensado que hay otros caminos?

Sí, por supuesto, pero, si el régimen que enfrentamos en Colombia es de persecución y exterminio, a usted no le queda más vida que la clandestinidad, la resistencia y rebelarse a eso. Porque lo otra opción que queda es la ley de la mafia. Otro gran periodista que ya murió, Antonio Caballero, decía que en Colombia manda la “ley metálica: plata o plomo”. Como ese régimen mafioso se entronizó tanto en Colombia, todo lo maneja con las dos herramientas. A usted o lo compran o lo matan.

La vida de un revolucionario consiste en ni dejarse comprar ni dejarse matar, y persistir en que este pueblo vale la pena, que este país vale la pena… y que hay que cambiarlo.

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Mientras el pequeño avión se balancea, sufre sacudidas y, de vez en cuando, cae al vacío por las turbulencias a baja altitud, Rodrigo Botero muestra las cicatrices de los esfuerzos fallidos de Colombia para detener el aumento de la deforestación en la selva amazónica en los últimos seis años. El ecologista levanta la voz a través del auricular de su radio y señala por la ventanilla los pastos uniformes y bien definidos que se han desbrozado para la ganadería.

El humo gris se eleva hacia el cielo desde las parcelas donde el acaparamiento de tierras está quemando la maleza, una imagen común después de que el acuerdo de paz de 2016 desencadenara una batalla campal en los bosques de Colombia.

“Hace un año, las columnas de humo eran tan grandes que ni siquiera podíamos respirar en la cabina”, recuerda Botero, que lidera un estudio aéreo de la selva amazónica colombiana y dirige la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Sin embargo, lo cierto es que para Botero es más difícil mostrar ejemplos de deforestación reciente. El veterano conservacionista tiene buenas noticias para una delegación de miembros del Gobierno noruego durante su visita a la zona: Colombia podría por fin estar cambiando el rumbo de la deforestación en la Amazonía. 

“Es realmente espectacular”, dice entusiasmado. “Es la mayor disminución de la deforestación y los incendios forestales en dos décadas”.

Las cifras del Gobierno muestran que la deforestación se está desacelerando, con una caída del 26% en la Amazonía colombiana el año pasado y del 29% en todo el país. Las autoridades afirman que las 50.000 hectáreas de bosque salvadas en 2022 son un primer resultado del que probablemente sea el primer proceso de paz de la historia que pone el medio ambiente en el centro.

Las consecuencias del acuerdo de paz

“Esto no ha hecho más que empezar”, dice a The Guardian la ministra colombiana de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, durante una visita al estado sureño de Guaviare. “Creo que Colombia puede [superar] la deforestación en el Amazonas y revertir la situación”.

Cuando el Gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016, puso fin formalmente a seis décadas de conflicto interno en el que murieron 450.000 personas.

Sin embargo, cuando 7.000 guerrilleros de las Farc depusieron las armas, también se creó una nueva e inesperada víctima: los bosques del país. Otros grupos armados –incluidas facciones rebeldes disidentes que rechazaron el acuerdo– aprovecharon la ausencia de las Farc para arrasar cientos de hectáreas a la vez en vastos acaparamientos de tierras.

Los sucesivos gobiernos han tenido dificultades para reducir la deforestación, sobre todo en la Amazonía, a pesar de las extensas operaciones militares y la presión internacional.

“La consecuencia del proceso de paz ha sido un gran desastre medioambiental”, dice Muhamad, que fue activista ecologista.

El error, dicen los negociadores que participaron en el acuerdo de paz de 2016, fue percibir el medio ambiente como un posible beneficiario del acuerdo de paz, y no como un elemento clave del propio acuerdo.

“En retrospectiva, probablemente deberíamos haber hecho más hincapié en este aspecto en las primeras negociaciones”, dice a The Guardian Espen Barth Eide, ministro de Medio Ambiente de Noruega, durante un viaje a la frontera selvática de Colombia.

La “paz total” de Petro

Liderado por el primer presidente de izquierdas de su historia, Gustavo Petro, el Gobierno colombiano está probando un planteamiento nuevo.

Petro se ha comprometido a llevar la “paz total” al país a través del diálogo con los numerosos grupos armados que han surgido o se han reagrupado desde la disolución de las Farc.

Como parte de esas conversaciones, también quiere proteger el medio ambiente. “A diferencia del proceso de paz anterior, el medio ambiente estará en el centro de estos acuerdos de paz”, dice Muhamad.

El estado de Guaviare es el centro de una de las principales negociaciones de paz del Gobierno y un campo de batalla clave en los esfuerzos por salvar la Amazonía. La región constituye el final de las áridas llanuras colombianas –colonizadas casi en su totalidad por vastos ranchos ganaderos– y el comienzo de la selva amazónica, en gran parte virgen, que alberga miles de especies animales y varias tribus no contactadas.

Su densa selva salió en los medios de comunicación de todo el mundo hace poco, cuando cuatro niños sobrevivieron 40 días solos después de que su avión se estrellara en la selva.

Los expertos en medio ambiente afirman que la deforestación se ha frenado drásticamente por orden de una facción rebelde disidente –y autoridad de facto de la región– conocida como el Estado Mayor Central, o Comando Central (EMC). El grupo, compuesto por excombatientes de las Farc, ha ordenado a los agricultores locales que dejen de talar árboles como “gesto de paz”, con la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno de Petro.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero la moratoria de la tala ha llenado de ilusión a defensores del medio ambiente como Botero. “No tiene precedentes”, dice. “Nunca habíamos vivido una situación así como primer paso en las negociaciones”.

El 8 de julio, el alto comisionado para la paz de Colombia anunció que las conversaciones informales estaban avanzando y que el Gobierno iniciará pronto negociaciones formales de paz con los rebeldes.

Llegar a un acuerdo con el EMC podría reducir rápidamente la deforestación de la Amazonía, ya que tiene el poder sobre vastas extensiones de selva en los estados de Guaviare, Caquetá y Putumayo, e incluso al otro lado de la frontera, en Venezuela.

Las autoridades gubernamentales ya están estudiando planes más ambiciosos para la recuperación de la selva, que incluyen pagos mensuales a los agricultores que no talen árboles y formación en la recolección de frutos amazónicos.

Para intentar afianzar los logros medioambientales, Muhamad está visitando regiones remotas como el Guaviare, ignoradas en gran medida por los anteriores gobiernos.

“Discúlpenos por nuestro entusiasmo y hablar tanto, pero nunca habíamos tenido una oportunidad como esta”, dice un líder comunitario tres horas después de una reunión pública a la que asisten Muhamad y el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. “Normalmente vienen, se hacen unas cuantas fotos y se van”.

Los participantes en las negociaciones afirman que entre los campesinos sentados en sillas de plástico bajo un calor pegajoso hay informantes del EMC.

Barth afirma que es motivo de optimismo que la prohibición de la deforestación no haya sido impuesta a los grupos armados por el Gobierno. Más bien, la idea surgió de ellos, señal de que las facciones enfrentadas, al igual que las comunidades locales, comprenden cada vez mejor la necesidad de proteger la biodiversidad local.

“Lo que estoy oyendo, viendo y sintiendo en estas reuniones es que hay una mayor conciencia de que no se puede construir una nueva Colombia sobre la base de un mayor deterioro de la naturaleza, por lo que hay que encontrar un proceso económico, social, político e inclusivo que sea más respetuoso con la naturaleza que antes”, dice Barth.

Pero el EMC no es el único actor que lucha por el campo colombiano. Entre ellos hay cinco grupos armados y 20 bandas que cuentan con unos 15.000 combatientes, según el Gobierno.

Un plan difícil

Los analistas se muestran escépticos ante la posibilidad de que todos los grupos estén realmente interesados en abandonar sus actividades delictivas en favor de la paz.

“Es como una partida de ajedrez que se juega en varios tableros a la vez, cada uno con su propia complejidad”, dice Diego Alejandro Restrepo, del think tank para la construcción de la paz Pares, con sede en Bogotá.

En mayo, el Gobierno suspendió el alto el fuego con el Clan del Golfo porque, según Petro, el mayor cartel del narcotráfico colombiano seguía “sembrando zozobra y terror”.

A medida que el avión se adentra en el Amazonas, se hace evidente la dificultad del plan de “paz total” de Colombia.

A unos 10 kilómetros del límite del parque nacional de Chiribiquete, un inmaculado paisaje montañoso parecido a los mundos imaginarios de Avatar, aparecen de repente claros de cientos de hectáreas.

Aunque el EMC ha ordenado públicamente a los campesinos que dejen de talar árboles, parece que ha seguido recibiendo discretamente dinero de los grupos mafiosos para acaparar tierras y criar ganado.

“Tenemos que vigilar esto de cerca”, dice Botero. “No puede ser que los campesinos no quemen, ni desbrocen, ni nada de nada, mientras estos grandes latifundios siguen creciendo”.

Traducción de Emma Reverter.

El Gobierno colombiano suspendió de manera parcial el alto el fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC), una escisión de las FARC, luego del asesinato el 17 de mayo de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar, tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, una rama del grupo, según ha informado el Ejecutivo.

“Se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas”, señaló el Gobierno de Gustavo Petro en un comunicado difundido el lunes.

“El asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”, había manifestado Petro el pasado sábado, cuando la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) hizo pública la denuncia.

El Gobierno subrayó que el asesinato de los cuatro menores de entre 14 y 16 años se suma a otros hechos que causan “incertidumbre y zozobra en la población”, lo que llevó a tomar la decisión de “suspender parcialmente” el decreto del cese el fuego, medida que se implementará en las próximas 72 horas.

“Los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, fueron asesinados “con arma de fuego” en la localidad de El Estrecho, Putumayo, departamento limítrofe con Ecuador, indicó la Opiac.

Los adolescentes escaparon del cautiverio el 17 de mayo y arribaron por la tarde a El Estrecho con las armas provistas por la organización guerrillera. Cuando la comunidad estaba tratando de juntar fondos para trasladarlos a una zona más segura, miembros del Frente Carolina Ramírez llegaron y los ultimaron con disparos a la vista de los pobladores, según la denuncia.

"Con la declaratoria de (suspensión del) cese al fuego bilateral, será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas", advirtió la Opiac en un comunicado.

Carlos Garay, secretario de la Comisión de Derechos Humanos Indígenas, reveló que los adolescentes, nada más llegar a El Estrecho, entregaron las armas porque no querían portarlas. Los menores eran integrantes del pueblo Murui. Uno de ellos, de 14 años e identificado, “fue enterrado en el cabildo de Guaquirá en Putumayo”, contó Garay.

La suspensión del alto el fuego fue, no obstante, cuestionada por la Opiac. “Con la declaratoria de (suspensión del) cese al fuego bilateral, será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas al estar en contacto directo con este tipo de confrontaciones armadas”, dijo la organización en un comunicado.

La advertencia de la organización de pueblos indígenas del Amazonas sintonizó con la reacción del EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, que respondió que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total”.

Plan de paz en el aire

El cese el fuego fue anunciado por Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2022 y abarca a cinco grupos armados con los que busca llegar a un acuerdo de paz. Ellos son la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, ambas disidencias de las FARC; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Paramilitares de Sierra Nevada.

Según el comunicado del Gobierno, los delegados del EMC en el mecanismo de monitoreo del cese al fuego fueron citados para informarles de la suspensión, pero éstos “se excusaron de asistir”.

“Si el cese el fuego no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello”, agregó la información oficial.

Pese a la suspensión parcial del cese el fuego bilateral, el Gobierno dijo que próximamente divulgará los nombres de sus delegados para una negociación de paz con el EMC, “para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos”.

“Ya lo habíamos advertido, la paciencia se iba a agotar. La suspensión del cese al fuego con las disidencias no es sólo por el vil asesinato de cuatro niños, también por los secuestros, extorsiones y demás acciones delincuenciales que nunca cesaron”, sostuvo el gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, según consignó El Espectador.

La frustrada negociación con el EMC no es el único inconveniente que afronta Petro en su plan de paz con organizaciones violentas.

El ELN desconoció públicamente en enero el cese al fuego bilateral pese a que desde noviembre pasado negocia la paz con el Gobierno en Venezuela, México y Cuba, un proceso en el que ya han saltado las alarmas de crisis en al menos dos ocasiones.

El pasado 20 de marzo, el propio Petro suspendió el alto el fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se denomina la banda criminal del Clan del Golfo, por instigar a la violencia en una huelga de mineros en el noroeste del país.

De esta forma, el alto el fuego, vigente inicialmente hasta el 30 de junio, sólo sigue en pie con la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia de las FARC y con los Paramilitares de Sierra Nevada, que operan en el norte del país.

52 años de conflicto armado en Colombia entre guerrillas y paramilitares trufado con narcotráfico que se llevó la vida de 220.000 personas, la mayoría de ellas civiles, acabaron en un acuerdo de paz. Fue posible porque todas las partes cedieron durante las negociaciones que se desarrollaron en Cuba durante más de cuatro años. En 2016, las FARC y el Gobierno colombiano rubricaban un pacto que, más allá del fin de la violencia y la consiguiente entrega de las armas, pivotaba en torno al concepto de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas. Eso implicaba a los guerrilleros de las FARC, pero también a los responsables de la Fuerza Pública involucrados en el conflicto. Se creó una comisión de la verdad y se ideó un sistema de “justicia transicional” para la rendición de cuentas. 

El modelo persigue más la restauración de las víctimas que el castigo penal. Recientemente, por ejemplo, un exmilitar que reconoció ante la JEP su responsabilidad en al menos 53 asesinatos, entregó en un acto simbólico a una organización una medalla con la que había sido condecorado. El objetivo era pedir perdón y “dignificar” a las víctimas de “falsos positivos” –jóvenes sin recursos que eran reclutados bajo promesas laborales y que eran asesinados por los militares que los presentaban como guerrilleros para mejorar su situación dentro del ejército–. En paralelo a este proceso, el Gobierno de Gustavo Petro se ha embarcado en un proceso denominado la “paz total” y, entre otras cosas, pretende alcanzar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, a pesar de la férrea oposición del sector más conservador a todo el proceso.

Roberto Carlos Vidal (Bogotá, 1969) es, desde el pasado mes de noviembre, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que se creó en 2017 fruto del acuerdo de paz para juzgar a los máximos responsables de las FARC y del Estado colombiano. A pesar de las trabas durante la etapa de Iván Duque al frente del país, por el tribunal han pasado ya 16.000 acusados –la gran mayoría miembros de las FARC, pero unos 4.000 formaban parte de la Fuerza Pública– y las primeras sentencias se conocerán pronto, aunque en ningún caso conllevarán penas de cárcel. Vidal ha estado en Bruselas para dar a conocer las investigaciones de la JEP y en La Haya, donde solicitó que la Corte Penal Internacional abra una oficina en Colombia para dar apoyo técnico a las autoridades jurídicas de ese país.

¿Qué es la justicia restaurativa o transicional?

La justicia restaurativa se basa en un planteamiento ético importantísimo. No se trata solamente de que el Estado castigue a quienes han violado el derecho, sino que se trata de un proceso que busca transformar lo que llevó a esos crímenes. Para esa transformación se hacen tres cosas.

La primera es reconocer a las víctimas que frecuentemente están negadas, desconocidas o culpabilizadas. Segundo, reconocer el daño que sufrieron y que en el proceso criminal aparezcan todas las consecuencias del crimen. De eso frecuentemente no se habla nunca. Se habla de la culpabilidad del acusado, pero no del daño de la víctima. Y, tercero, que la consecuencia de esto no sea tanto el castigo, sino que se haga reparación de ese daño y que los comparecientes se puedan vincular a la reparación del daño, lo cual implica una necesaria comunicación entre víctimas y los otros comparecientes, o víctimas y perpetradores, buscando resolver y cambiar la situación.

 ¿No hay sanciones en este proceso?

Sí hay sanciones, claro que las hay. Lo que pasa es que no se trata de sanciones de cárcel sino que, en el caso en que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad, estas personas están vigiladas y están haciendo proyectos para reparar a las víctimas entre 5 a 8 años. 

¿Cuántos comparecientes han pasado por el tribunal y cuántos hay previstos?

Tenemos 13.000 de las antiguas FARC y como 4.000 de la Fuerza Pública. Y en el caso de las víctimas, tenemos 7.000 víctimas individuales acreditadas y alrededor de 300.000 a través de participación colectiva. Nuestro tribunal se caracteriza por manejar grandes números de víctimas y comparecientes.

 ¿A todos se les va a escuchar?

Sí, y además, a la inmensa mayoría de ellos nosotros les ofrecemos defensa judicial, sus abogados, tanto los comparecientes como las víctimas, y acompañamiento. En el caso de los comparecientes, hablamos de 16.000 personas que han pasado por la JEP y los primeros fallos son para los primeros 300. Van a ser las primeras decisiones que están saliendo luego de cinco años de investigación.

¿Ya ha habido resoluciones?

Tenemos lo que se llama resoluciones, que es el fin de la investigación. Y este año salen las primeras sentencias que ya les atribuyen la sanción y terminan el proceso.

¿Es voluntario someterse a este tipo de proceso?

Nosotros tenemos unos comparecientes que son voluntarios y otros que son obligatorios. Los miembros de las antiguas FARC y los miembros de la Fuerza Pública están obligados a comparecer a la JEP, mientras que terceros funcionarios del Estado, que no eran de la Fuerza Pública y miembros de grupos paramilitares, tienen comparecencia voluntaria.

¿Cómo se han elegido? ¿Cuál ha sido el trabajo para llegar a seleccionar a esas 16.000 personas?

Esas 16.000 son las que están obligadas a comparecer a la JEP. Eran todos los miembros de la guerrilla que se sometieron al acuerdo y eran los miembros de la Fuerza Pública que habían sido investigados por conductas criminales. Entonces ahí no hay ninguna decisión. 

Pero dentro de esas 16.000 sí hay una decisión muy grave y muy central del Tribunal, que es que nosotros no juzgamos a todo el mundo, sino que solo juzgamos a los máximos responsables, que es a lo que obliga el derecho internacional. Entonces, dentro de esos nos toca escoger los grupos de máximos responsables. En el primer caso que hemos investigado, de un horizonte bastante grande, que son como 3.000 comparecientes, se han escogido alrededor de 100 máximos responsables, comenzando por los siete miembros del último secretariado de las FARC. Es decir, la cúpula directiva de la antigua guerrilla. Y en el caso de militares hemos hecho selección de algo así como 25 coroneles y un general de la República. Esa selección es de las personas de las más altas responsabilidades en los delitos. 

Ha denunciado a la Fiscalía por ocultar información sobre un exguerrillero de las FARC y expulsaron del proceso a un excomandante por no aportar verdad sobre las desapariciones de la toma del Palacio de Justicia. ¿Hay más casos? ¿Esto es habitual?

No, ¿sabe qué? Al contrario. Y eso es uno de los motivos de satisfacción más grandes del tribunal. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, porque en el tribunal todas las personas que vienen tienen una obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada de su participación en el conflicto. Pero tienen el derecho a reconocer o no su responsabilidad porque tienen presunción de inocencia. Ellos pueden escoger no reconocerlo.

Lo que ha pasado es que más del 90% de nuestros comparecientes han reconocido su responsabilidad y, por supuesto, han hecho aportes sustanciales de verdad. Eso ha permitido que nuestras primeras decisiones, que tienen que ver con el cierre de investigaciones, muestran cosas que no se conocían porque no se habían investigado o incluso porque no se habían denunciado nunca y que fueron contribuciones a la verdad de los comparecientes. Eso es muy importante.

 ¿Y justicia ordinaria está habiendo?

Tenemos un trato muy estrecho con la justicia ordinaria porque hemos heredado sus investigaciones. Ellos son una de nuestras principales fuentes de información. Ellos mantienen la competencia. Entonces hay cosas que ellos siguen investigando y tenemos una comunicación permanente, pero en la ley nuestro tribunal prevalece. O sea, cuando nosotros tomamos una causa, la justicia ordinaria no la tiene que enviar. 

¿Se ha encontrado con trabas o presiones?

Por supuesto, como las tiene todo tribunal, no solo el tribunal transicional. La presión más grande viene de la sociedad colombiana. Primero, fue ganarnos la confianza, porque esto se creó en un clima de mucho escepticismo, no solo frente al tribunal, sino al acuerdo de paz. Y yo creo que uno de los grandes logros en cinco años es ganarnos la confianza de la sociedad. Las últimas encuestas de opinión general del país muestran que somos la segunda institución con más reconocimiento en Colombia. Por encima nuestro está solo la Corte Constitucional.

Ese reconocimiento nos lo hemos ganado, pero también hay mucha presión ahora que nos ganamos eso de las expectativas que tienen las víctimas sobre lo que la JEP va a ofrecer en el futuro y esas yo creo que las principales presiones que tenemos.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe considera que el Gobierno venezolano puede ser un aliado en las negociaciones con la guerrilla el Ejército de Liberación Nacional, aunque advierte del riesgo de “sumisión” ante un acuerdo influenciado. El dirigente ha considerado que el papel de Venezuela, con cuyo líder se reunió su homólogo colombiano este fin de semana, “puede ser efectivo para que el ELN acepte cesar acciones criminales”.

El exmandatario ha ofrecido este lunes una conferencia en València, en el marco de las jornadas Iberoamérica en la Mediación y Resolución de Conflictos Internacionales, donde ha hecho un análisis del proceso de paz en Colombia. Uribe, que no se ha referido en concreto al encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, sí ha advertido de que el gobierno del país vecino puede ser “un peligro para un acuerdo final que termine en sumisión”.

El que fuera presidente del Gobierno de Colombia hasta 2010 ha afirmado que “las mediaciones internacionales ideológicas no facilitan acuerdos, sino sumisiones” y considera que Cuba y Venezuela fueron agentes desestabilizadores en ese sentido durante las negociaciones con las FARC. “Colombia pasó las líneas rojas” por la influencia de ambos países, ha insistido, apuntando entre esas líneas a “una impunidad total” y a “terroristas” que fueron cargos electos sin cumplir penas.

Pese a ello, el exdirigente conservador, conocido por su política contra la guerrilla, pone en valor la política de negociación del gobierno de Petro, que “parece decirlo todo” en lo referente a los acuerdos y a la mediación, lo que “facilita el debate democrático y la oposición”. No obstante, el exgobernante ha recalcado que esta política “no existiría” si “el acuerdo con las FARC hubiera seguido”. “Las soluciones sociales no necesitan sumisión frente al terrorismo, esas sumisiones debilitan la economía privada”, que para Uribe es garante de paz.

“El resultado de las elecciones en Brasil fue claro”

Tras su conferencia, preguntado por el asalto a las instituciones en Brasil por seguidores del expresidente Bolsonaro, el mandatario colombiano ha instado a la oposición a acatar el resultado electoral. “El resultado de las elecciones en Brasil fue estrecho pero claro. Para defender la democracia hay que acatarla”, ha señalado, recordando que el presidente Lula ganó por dos millones de votos a su oponente.

Varios gestos cargados de simbología afloraron este martes en el centro de Bogotá, donde se presentó el informe final encargado en 2017 a la institucional Comisión de la Verdad para tratar de esclarecer las raíces de más de seis décadas de violencia en Colombia. El lugar escogido para el evento fue el teatro Jorge Eliecer Gaitán, bautizado con el nombre de un caudillo liberal asesinado a mediados del siglo pasado. Así mismo, la ausencia del actual presidente, Iván Duque, que estaba de viaje en Lisboa, contrastó de forma notoria con la presencia del mandatario electo, Gustavo Petro, quien recibió el documento y a su vez lanzó la promesa de no convertir su contenido en “un espacio de venganza”.

La ausencia de uno, y la ovación de un teatro abarrotado a la entrada del otro, reflejan la brecha que se vive hoy en Colombia. De hecho, ningún representante del actual Gobierno acudió a un acto presidido por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, cabeza y guía del informe encargado a 13 comisionados tras el acuerdo de paz firmado en La Habana (Cuba) entre la desaparecida guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en septiembre de 2016.

El informe final, dividido en diez capítulos, se basa en 27.500 relatos de víctimas y actores de la guerra. Pueblos indígenas, negros, campesinos, intelectuales, pero también miembros del ejército, los expresidentes y políticos y empresarios que aportaron sus historias y memorias de una violencia que, a pesar de continuar viva, se ha reducido a escalas mucho menores. “¿Por qué dejamos pasar este despedazamiento de nosotros mismos?”, preguntó el jesuita de 78 años, una suerte de autoridad espiritual en Colombia.

“¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral?”, continuó el religioso, que lleva décadas luchando por la reconciliación del país. Sin entrar en detalles, repasó las atrocidades de paramilitares, soldados del ejército, guerrilleros y narcotraficantes. Tragedias que se ensañaron y dejaron las peores cicatrices en los actores más débiles de la población. Según la investigación, que no tiene ninguna validez judicial, el 80% de las 450.000 víctimas asesinadas entre 1985 y 2018 fueron civiles no combatientes (la cifra podría ascender a 800.000, si se tienen en cuenta estimaciones basadas en los subregistros).

“Reconocer el dolor”

Más que una sola verdad, la Comisión lega a la sociedad un friso con cientos de miles de experiencias individuales. Historias de una sociedad que estuvo casi rota por la violencia que arreció entre 1996 y 2008, los años más duros de la escalada guerrillera, de las masacres paramilitares y del narcotráfico. Tiempos en los que la justicia penal militar trató de encubrir violaciones a los derechos humanos “como un mecanismo de impunidad durante décadas”.

Incluso hubo miembros de la Fiscalía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que, según el trabajo de la comisión, colaboraron con pruebas judiciales falsas y añadieron otras fraudulentas para ayudar a la “legalización de cadáveres” en connivencia con escuadrones paramilitares. Si a eso le sumamos que el informe reconoce la forma como el narcotráfico permeó a buena parte de las instituciones y la economía, la conclusión, como aseguró una defensora de derechos humanos a la entrada del evento, no podía ser otra que “de dolor, de reconocernos en el dolor”

El médico Saúl Franco, de 77 años, fue uno de los comisionados encargados de desgranar durante los últimos tres años y siete meses esta tragedia de más de medio siglo. En un foro de Twitter, aseguró que “la gran novedad es la reconstrucción de la historia del conflicto a través de tantas voces con el único objetivo de entender por qué pasó lo que pasó”. “Si somos capaces de desprendernos de nuestros prejuicios y de asimilar los resultados, puede haber un nuevo amanecer en Colombia. Con equidad y con paz”, añadió.

Oposición al informe

Con el pasar de las horas, sin embargo, la cruda realidad de una sociedad fragmentada volvió a irrumpir en las declaraciones de miembros de la derecha radical que desde los tiempos de la administración Santos se han opuesto al proceso de La Habana. “El informe de la Comisión de la Verdad es una deshonra a la Fuerza Pública”, dijo en la cadena radial RCN la congresista radical del Centro Democrático María Fernanda Cabal.  

La política hacía referencia a las revelaciones en torno a los asesinatos de jóvenes pobres por parte del ejército que luego eran presentados como bajas guerrilleras para obtener permisos y condecoraciones. Estos crímenes, mal etiquetados “falsos positivos”, se ejecutaron en los años del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010). 

“No había un ordenamiento escrito, pero el sentir (de los militares) era estar haciendo lo que la institución quería”, dijo de Roux este martes en el teatro Jorge Eliecer Gaitán. Y prosiguió: “Se trataba de un comportamiento corporativo persistente. Funcionarios del Estado violaron la ley y presentaron como victoria lo que era perverso”. Más de un militar ha confesado ante el tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP), otro organismo transicional fruto de los acuerdos, que la fiebre por mostrar resultados militares los llevó a cometer estos crímenes de guerra.

El político conservador Enrique Gómez Hurtado reflejó en declaraciones para la revista Semana el enfado que siente hoy una parte del país con el informe de 900 páginas: “Es la fase final del esquema democrático que con tanto ahínco (…) la fuerza pública defendió del embate comunista”.

Según el informe final, entre 1978 y 2016 se contabilizaron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El 78% de esos registros sucedieron entre 2002 y 2008, los años de Uribe y su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, premiado más tarde con el Nobel de Paz. El partido Centro Democrático de Uribe reaccionó a las conclusiones del estudio con un comunicado donde se lee que no estiman “apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto y sus actores”. 

Un sector importante de la población colombiana descree de casi todas los logros que se han conseguido tras la desmovilización de la guerrilla más grande y poderosa que ha habido en Colombia, las FARC. La fiera oposición quedó en evidencia en un plebiscito que el presidente Santos impulsó para refrendar los acuerdos de paz en octubre de 2016. El “no” ganó entonces con el 50,2% de los votos, frente al 49,7% del “sí”, obligando a Santos a modificar el texto y aprobar el tratado por otros canales legales.

Desde entonces, el Gobierno de Iván Duque, y la bancada 'uribista' en el Congreso, se han dedicado a aplazar o arrinconar el desarrollo de los puntos pactados con las extintas FARC. Han alegado siempre que se trata de acuerdos que llevan a la impunidad y que resultan dañinos para la democracia y la moral de las fuerzas armadas. 

Tampoco han funcionado los intentos por hallar equilibrio entre las dos visiones de la realidad y romper la desconfianza. El oficial retirado Carlos Guillermo Ospina, único representante de los militares dentro de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, renunció a su cargo hace un par de meses por considerar que el trabajo de la entidad se empleaba de forma reteñida en centrar la responsabilidad sobre el Estado. 

Hoja de ruta

En este contexto la figura de Francisco de Roux ha servido para un ejercicio de reconciliación apoyado por las Naciones Unidas y la Unión Europea. De hecho, durante la ceremonia de este martes intervino Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien dejó un mensaje transmitido desde Ginebra: “Sin verdad, la reconciliación no es posible. Sin reconciliación, el riesgo de repetición sigue siendo real. Mi oficina analizará con mucho interés el contenido detallado del informe presentado hoy”.

Entretanto, el presidente electo Gustavo Petro, que ha prometido dar un espaldarazo al proceso de paz, dijo que “la aproximación a la verdad no puede ser considerada como un espacio de venganza, una extensión de las mismas armas vueltas palabras, vueltas relatos, narraciones de tantas personas que construyeron este informe. Tiene que ser mirado como el aporte de una de las instituciones de la paz, como la posibilidad de una reconciliación”.

La Comisión de la Verdad acaba su misión en agosto. La hoja de ruta señala que nacerá otra entidad que tendrá como misión verificar, durante siete años, la puesta en práctica de las recomendaciones. El primer paso, según el documento, será reconocer a las víctimas del conflicto armado “en su dolor, dignidad y resistencia”. Así mismo sugiere retomar el diálogo con la aún activa guerrilla castrista del ELN.

Desde las butacas del auditorio en el centro de Bogotá se escuchaban arengas de defensores sociales y líderes políticos de izquierda que reivindicaban episodios de violencia pasados o ataques contra el medio ambiente. Petro, en un tono sosegado y conciliador, recordó sobre el final algunas líneas del discurso La Soledad de América Latina, pronunciado por Gabriel García Márquez en su aceptación del premio Nobel de Literatura en 1982.

Una calculada intervención política y literaria con la que buscaba dejar claro que en su presidencia el compromiso estará volcado con las víctimas de la barbarie: “Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Javi López (Madrid, 1985) es eurodiputado desde 2014, miembro de la dirección del PSC y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En estos últimos meses ha viajado periódicamente a Colombia como presidente de la Misión de Observación Electoral de la UE, y ha seguido de cerca un proceso político que ha culminado este pasado domingo con la elección del primer presidente de izquierdas en Colombia, Gustavo Petro. Desde Colombia, López atiende a elDiario.es: “El cambio en Colombia es de carácter histórico, se ha producido una alternancia histórica después de 200 años de independencia, con trascendencia para el país y para la región”.

El eurodiputado socialista explica que ha tenido que viajar “cuatro veces durante este año” para realizar una “observación metódica” con una misión que cuenta con “50 personas trabajando en Colombia durante seis meses”.

“Ha sido una una misión larga, pero muy interesante y con repercusión”, explica López: “Además, existían muchísimas dudas alrededor del proceso electoral y hemos sido realmente útiles en el proceso. Ha sido limpio, sí. Nosotros hemos estado muy encima de todo, de la autoridad electoral, del recuento de resultados...”.

En este sentido, el presidente de la Misión de Observación Electoral de la UE defiende que lo ocurrido el domingo pasado “es ejemplar para la democracia colombiana”. ¿Por qué? “Porque todos los actores involucrados en un cambio trascendental, histórico, de alternancia del país, están a la altura del momento histórico. La autoridad electoral ha celebrado unas elecciones bien organizadas, ordenadas en términos generales, pacíficas y en las que se da el resultado de forma clara y rápida”.

Pero no sólo es la organización, López destaca también el papel de los actores políticos: “El candidato que pierde, concede rápidamente la victoria. El que gana, y es verdad que es un resultado nítido de victoria después de elecciones con elevada incertidumbre sobre el final, envía mensajes de conciliación, de unidad y diálogo. Y el Gobierno saliente de Duque reconoce la victoria del ganador y se abre a la voluntad de tener una transición de poder ordenada”.

Y todo esto en un país que ha vivido una guerra.

Claro, es un país atravesado por un conflicto armado de una guerra, con décadas y décadas de violencia política. Tiene una enorme trascendencia. Y es muy interesante porque, de alguna forma, la victoria de la izquierda ensancha el sistema político colombiano, porque llega al poder una parte del país que nunca había accedido al poder.

Eso es bueno para el sistema político, porque como mejora el perímetro del sistema, es más grande y más inclusivo y, al mismo tiempo, esa parte del país va a tener que enfrentarse a las dificultades, a los límites y a las contradicciones de poder.

Una victoria que llega después del cambio en Chile, también.

Evidentemente, todo esto, aparte de la lectura colombiana, está incrustado en una ola, como al principio del siglo, especialmente después de Chile y a pocos meses de las elecciones en Brasil, donde Lula podría ganar.

¿Cuál ha sido el papel de las FARC, ahora convertidas en el partido Comunes?

El acuerdo de paz ha destapado dos cosas. Una, que siempre que se han presentado a las elecciones, el resultado de los Comunes ha sido prácticamente nada, pero, al mismo tiempo, la desaparición de las FARC y el acuerdo de paz es lo que ha permitido una nueva conversación en el país, y emerger discusiones del ámbito socio-económico y salir de la seguridad como el único elemento central en la discusión política.

El acuerdo de paz tiene muy poco impacto electoral en las FARC, pero tiene mucho impacto político. Parecería difícil este escenario que hemos vivido sin el acuerdo de paz.

¿Y a partir de ahora?

Hay que estar muy pendiente del gabinete. Petro es un candidato que se presenta por tercera vez y lo hace con un proceso de acumulación de fuerzas durante la última década, un proceso de agregación en el que no solo está la izquierda, sino que hay sectores del país de centro y centroizquierda que han volcado sus esfuerzos en la candidatura; figuras relevantes del centro, vinculadas al programa de Santos o Alejandro Gaviria.

Es sintomático que no sea solo el núcleo de la izquierda colombiana y, honestamente, sin el acuerdo de paz, no habría sido tan natural que una parte del centro se volcara a favor de Petro.

Hemos oído hablar de un país con dudas sobre el proceso electoral, sobre las candidaturas, con enorme preocupación por una campaña polarizada... Y al final ha sido un resultado ejemplar por parte de todos los actores involucrados, los dos candidatos, el Gobierno y la autoridad electoral.

¿Cómo se prevé el gabinete?

Hay especulaciones, pero su coalición electoral ya ha ido más allá de la izquierda del país, incluyendo al centroizquierda. Son equilibrios que ya vimos en el gabinete de Boric. La coalición electoral de Petro y la de gobierno incluye al centroizquierda del país, como ha pasado con Boric con su conformación de Gobierno. Ha estado la izquierda y el centroizquierda en las mayorías presidenciales de Boric y en la mayoría presidencial de Petro.

Se han dado las circunstancias históricas para que el PS de Chile saliera de la Concertación y que aquí se articulara con un candidato de izquierdas para una mayoría. La región está ante una nueva ola de izquierdas, y creo que también va a aprender de los errores de la última. Con una potencial victoria presidencial de Lula, junto con Boric y Petro creo que se dibuja una izquierda en el gobierno con voluntad de redistribución y de responder a las demandas de justicia social, pero al mismo tiempo anclada en instituciones y en los derechos humanos y la democracia.

En un país en el que se ha vivido mucha violencia últimamente contra activistas de derechos humanos y miembros de la oposición.

El problema es la implementación incompleta del proceso de paz, y en lugares donde se esperaba que llegara el Estado con el acuerdo de paz, pues no ha llegado todavía. Esto lo dice la Unión Europea y Naciones Unidas: hay datos durante los últimos tres años que evidencian un problema grave de asesinatos de ex guerrilleros, de defensores de derechos humanos y defensores del medioambiente. Es un problema. Es violencia planificada en algunas partes del país.

¿Se consolidará el movimiento político de Petro?

Ellos tenían la lista más votada por el Senado, pero al mismo tiempo van a tener que llegar a acuerdos con el centroizquierda, con el Partido Verde, con la izquierda y el Partido Liberal. Va a tener que llegar a acuerdos en términos de gobernabilidad con varios actores de las cámaras, y eso no tiene porque ser negativo tampoco.

Realmente la región entra en un panorama de ola progresista clara, reconciliando al país consigo mismo, porque la historia de Colombia está plagada de magnicidios de candidatos de izquierdas, de líderes sociales y líderes de izquierdas. Y hay que reconocer también el papel del Gobierno. El comportamiento ha sido ejemplar.

Luego es interesante el tema de Rodolfo Hernández, porque a la segunda vuelta no pasó el candidato de la derecha tradicional. Yo creo que es sintomático de una cierta descomposición de la derecha tradicional, que va a tener que reconstruirse. Pero que pasa en todo el continente y también en Europa.

El eurodiputado socialista volverá en septiembre a Colombia, una vez que ya haya tomado posesión el nuevo Gabinete de Petro para la presentación final del informe de la misión de observación electoral. Allí se reunirá con el presidente, el canciller y los presidentes de las bancadas para explicarles las recomendaciones para el Código Electoral: “Es importante ahora que la Unión Europea se implique. Colombia siempre ha sido un aliado estratégico, tenemos mucha presencia en el país, hemos trabajado siempre de la mano de los gobiernos del país. Pero es cierto que la agenda de la administración de Petro, con el cambio climático, la política social, el crecimiento inclusivo, son ejes de trabajo en el ámbito internacional de Europa, y por eso hay que aprovecharlo. Hay un reclamo de un modelo social más equilibrado, que es el modelo que representa Europa, y es uno de los ejes que siempre ha mostrado en la campaña y en su agenda.

A menos de una semana de la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales de Colombia, la coordinadora nacional de la organización Ruta Pacífica de Mujeres, abogada y experta en Derechos Humanos, Marina Gallego, lo tiene claro: la izquierda, y su líder Gustavo Pietro, “tiene que patear el tablero para que la oligarquía vaya cediendo”. Según Gallego, un cambio de Gobierno supondría para el país mejoras en derechos humanos, de las mujeres, de los colectivos LGTBI, así como una apuesta firme por la cultura, la educación y el medio ambiente.

Durante su visita a Euskadi, ha protagonizado una conferencia bajo el título 'Perspectivas feministas sobre la guerra y paz' junto a las periodista Ane Irazabal y Olga Rodríguez. En ella, ha tratado el tema de la participación de las mujeres en las negociaciones del acuerdo de paz en Colombia, así como de las similitudes que hay entre las violencias que sufren las mujeres en conflictos armados de todo el mundo. “En cualquier conflicto las mujeres son principalmente las que huyen a las fronteras pidiendo asilo. Desplazarse siendo mujer y estando sola genera riesgos más allá de tener que dejar a la familia, como los riesgos de explotación sexual o violencia sexual”, explica a este periódico en una entrevista en Bilbao, en la sede de la ONG Mugarik Gabe, organizadora del evento en el que Gallego participa.

¿Cómo es la perspectiva de género en las guerras y conflictos armados?

Por ejemplo, en Colombia, las mujeres también participamos en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Especialmente tuvimos incidencia en el Gobierno, porque no teníamos acceso en aquel momento a las FARC. Seis o siete meses antes del acuerdo, salió una foto de las negociaciones previas en la que aparecían 20 hombres y ninguna mujer. Se lo dijimos al Gobierno, porque no nos parecía bien que una foto así se distribuyera por todos los medios de comunicación. Además, en aquel momento de las negociaciones llevaban ya tres puntos del acuerdo en los que no habían tenido en cuenta a las mujeres. Al escuchar nuestras quejas, nos dijeron que las mujeres del país nos uniéramos e hiciéramos un evento grande para que las FARC también nos conocieran. Y así fue. Hicimos un evento grande en torno al acuerdo de paz en el que participaron casi 600 mujeres y tuvieron en cuenta las conclusiones a las que llegamos. A partir de ahí, el Gobierno incluyó a dos negociadoras y las FARC también se puso las pilas. Mostramos nuestras conclusiones en una reunión con el Gobierno y las FARC e hicimos aportes a los puntos que llevaban. No abrimos más la agenda que tenían, pero nos aseguramos de que todos los puntos tuvieran perspectiva de género.

¿Cada vez se escucha más a las mujeres en los ámbitos de negociación en Colombia?

Sí, aunque hay un rezago del 10% en el cumplimiento de los puntos que propusimos las mujeres en el acuerdo de paz. El acuerdo general tiene un 33% de medidas cumplidas, mientras que nuestras medidas propuestas cuentan con un 23% de cumplimiento. Sin embargo, creo que el haber participado en la negociación nos ha facultado para incidir en que se cumpla el acuerdo y que las mujeres sean protagonistas.

¿Cuál es la función de la Ruta Pacífica de las Mujeres de la que es coordinadora nacional?

La Ruta es una organización que nació hace 25 años con el objetivo de lograr una salida negociada del conflicto armado en Colombia. El conflicto duró más de 50 años, afectó a varias generaciones y sabíamos que salir de esa guerrilla era muy difícil, por eso confiábamos en que cuanto antes se negociase, sería mejor. El país tardó 50 años en negociar y lograr una salida exitosa. A día de hoy, aún quedan guerrillas en distintos territorios del país y también colaboramos para ofrecer salidas para lograr la paz. Siempre hemos trabajado en torno a eso, somos 300 organizaciones de 142 municipios. En 2010 creamos una Comisión de la Verdad con 1.000 mujeres que fue muy importante para poder llegar a la mesa negociadora del acuerdo de paz. Así fue como logramos ser agentes, no fue cosa de un día para otro.

Durante su participación en la conferencia 'Perspectivas feministas sobre la guerra y paz' habló de la perspectiva de género en las guerras. ¿Qué diferencia nota en el papel de las mujeres en los conflictos armados en Colombia y el que juegan las mujeres actualmente en la guerra de Ucrania?

No sé cómo de organizadas estarán las mujeres en Ucrania, ni si les ha dado tiempo a organizarse en una situación como esta, pero lo que sí se, es que es algo común. En cualquier conflicto son las mujeres principalmente las que huyen a las fronteras pidiendo asilo. Desplazarse siendo mujer y estando sola genera riesgos más allá de tener que dejar a la familia, como los riesgos de explotación sexual o violencia sexual. Nos han dicho que hay proxenetas cerca de las fronteras y los campamentos ofreciéndoles a las chicas ese tipo de actividades. Todo eso es parecido a lo que ocurre en Latinoamérica, en circunstancias distintas, porque finalmente en Ucrania los países de acogida son europeos y tienen mejores condiciones que las personas que se desplazan desde allá.

La mejor inversión que pueden hacer los países del norte es fortalecer el desarrollo de las naciones empobrecidas, para que no haya necesidad de migrar

De hecho, la mayoría de personas migrantes que llegan a Euskadi son mujeres, de América Latina y jóvenes. ¿A qué cree que se debe?

Creo que ocurre porque las mujeres buscan salidas para proteger a su familia y esos países les brindan seguridad. Habría menos migración si nuestros países tuvieran mejores condiciones. La mejor política contra la migración es el desarrollo de los países empobrecidos. La mejor inversión que pueden hacer los países del norte es fortalecer el desarrollo de esas naciones para que no haya necesidad de migrar. Si la gente tiene cierta seguridad, más empleo y posibilidad de vivir en sus territorios, nadie tendrá la necesidad de migrar. Habrá migración, pero no una necesidad impulsada por la situación del país.

¿A qué se enfrentan las mujeres en Colombia?

Hay un porcentaje muy alto de violencia contra las mujeres. Se reportan cerca de 800.000 casos de violencia de distintos tipos contra ellas y hay 700 mujeres asesinadas al año. Los reportes de casos de violencia sexual son cerca de 21.000 al año y la mayoría de denuncias son de menores de 0 a 13 años, es decir, niñas que sufren abusos en sus casas. Hay una violencia estructural contra las mujeres que no cesa y que, además, se oculta por la dinámica de una situación de inseguridad general del país.

¿Qué supuso para las mujeres la despenalización del aborto hasta la semana 24?

Ciertamente no nos lo esperábamos. Desde 2006 el aborto solo estaba contemplado en tres causales: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre, cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto. Si no se cumplían ninguna de las tres, el aborto estaba penado con cuatro años y medio de cárcel. Nos parecía una vulneración de los derechos de las mujeres y afectaba sobre todo a las mujeres pobres. Eso fue lo que hizo votar a favor de la despenalización a las Cortes, el hecho de que las más afectadas eran las mujeres muy jóvenes o niñas campesinas. La penalización penalizaba a las que menos tenían, porque las que tenían dinero, pagaban para abortar sin que nadie se enterara de ello.

La penalización del aborto penalizaba a las que menos tenían, porque las que tenían dinero, pagaban para abortar y nadie se enteraba de ello

¿Cómo perjudicaría a países como Colombia el hecho de que se vuelva a penalizar el aborto en EEUU?

Sería algo muy grave porque sería un claro ejemplo de cómo hay personas luchando para que las mujeres perdamos derechos adquiridos y no podamos abortar libremente.

El próximo domingo, 29 de mayo, se celebrará la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales en Colombia. ¿Cómo lo están viviendo?

Las encuestas están dando por ganador al pacto progresista que une a la izquierda con otros sectores liberales y que lidera Gustavo Petro. Por el momento, las encuestas dicen que cuenta con un 43% de los votos, le saca como 15 puntos a la derecha. Lo más probable es que en esta primera vuelta, al haber siete candidatos, no gane [la fórmula ganadora deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos] por lo que pasará junto al segundo favorito a una segunda vuelta, el próximo 19 de junio.

¿Qué supondría para Colombia que ganase la derecha cristiana de John Milton Rodríguez o la coalición de derechas de Federico Gutiérrez?

Otra vez lo mismo, ya estamos acostumbrados.

¿Y la izquierda de Gustavo Petro?

Yo creo que ahí habría un movimiento en términos de lucha contra la desigualdad, a favor de los derechos de las mujeres -no creo que todo, pero sí bastante- y también una apuesta por los derechos LGTBI. Todas las agendas liberales se tendrían en cuenta y, por supuesto, el acuerdo de paz se cumpliría más ampliamente. Petro tiene compromisos a favor del medio ambiente y muchas ideas que no sé cómo cumplirá porque habla de reducir el consumo del petróleo y del carbón, pero los necesita, entonces, esos son los puntos que pueden llegar a ser algo demagógicos, porque va a tener que seguir usando esos recursos, pero sí que tendría una mirada a favor del medio ambiente que otros no tienen. También haría una apuesta fuerte por la cultura, muchos artistas colombianos lo apoyan por eso, y por la educación. Tiene que patear el tablero para que la oligarquía vaya cediendo. Sería una lección que la derecha no olvidaría.

Mientras un nuevo conflicto armado ha estallado en pleno corazón de Europa tras la invasión rusa en Ucrania, otro en América Latina trata de cerrarse de forma definitiva. Porque aunque el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC firmaron en 2016 un histórico acuerdo de paz que acabó con 52 años de conflicto, la violencia persiste en el país. Ni los ataques contra civiles ni los asesinatos de líderes sociales han cesado.

“No parece que firmamos un proceso de paz, sino una sentencia de muerte”, dice Güérima, uno de los 13.000 combatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil.

“Antes uno podía morirse en combate porque éramos dos fuerzas militares en un escenario, pero ahora tenemos un acuerdo de paz que hicimos contando la verdad al país porque, si queremos la paz verdadera, tenemos que sentarnos a dar la cara, tenemos esa responsabilidad”, afirma.

El acuerdo de paz puso fin al conflicto, permitió que miles de exguerrilleros dejaran las armas y participaran en la democracia, pero su implementación, durante el gobierno conservador de Iván Duque, abiertamente contrario al pacto, ha sido incompleta. Las mejoras en zonas rurales, la restitución de tierras y la reparación a las víctimas siguen siendo una asignatura pendiente, como recoge la ONU en su último informe.

Pese a las dificultades, Güérima sigue creyendo en el proceso de paz. En esa complicada reincorporación a la vida civil, recuerda lo extraño que fue instalarse en una casa “llena de comodidades”, ir a una cafetería o contar las esquinas en la ciudad para no perderse. Después decidió terminar sus estudios de bachillerato y ahora ha logrado poner en marcha una finca agroecológica junto a su pareja, con quien ha tenido una hija. 

En diálogo con elDiario.es cuenta que su interés por la guerrilla comenzó en la adolescencia. Ya a los 14 años era miliciano, es decir, un miembro no armado de las FARC. Cuando cumplió los 16 se adentró en la selva colombiana empuñando un arma. La zona rural en la que vivía de pequeño no ofrecía muchas oportunidades y formar parte de las filas del grupo armado “significaba hacer algo por tu país”. Con el tiempo Güérima se convirtió en jefe guerrillero.

Años más tarde, en abril de 2004, un comando de las FARC secuestró a Beatriz Echeverry y a su primo Julio Arango al confundir a la mujer con una millonaria. Los llevaron hasta la selva, donde estuvieron cautivos durante 603 días y Güérima fue el encargado de custodiarles durante todo ese tiempo. 

El paso al documental

Durante el tiempo de secuestro, Beatriz fue escribiendo diarios durante su cautiverio. En ellos plasmó con detalle la rutina del día a día, el miedo de estar lejos de su familia, la incertidumbre y las duras condiciones de la selva. Pero también dejó constancia de momentos agradables, de cómo enseñó a leer a dos menores guerrilleros, y sobre todo, de la amistad que entabló con Güérima con quien terminó manteniendo una relación materno-filial. 

Cuando Beatriz fue liberada, le permitieron llevarse los diarios a casa. Fue en esos cuadernos donde el hijo de Beatriz, el cineasta colombiano Iván Guarnizo, pudo entender mejor cómo había sido ese cautiverio en la selva. 

Beatriz falleció en 2012, antes de que el acuerdo de paz, aunque ella aseguró que ya había perdonado todo y siempre guardó un buen recuerdo de su captor. Años más tarde, Iván se propuso buscar a Güérima y grabar el proceso en un documental y, aunque no fue fácil, consiguió dar con el exguerrillero. 

El resultado de ese viaje se transformó en la película Del otro lado, producida por Salon Indien Films, Gusano Films y RTVCPlay, y que se proyectará este 14 y 15 de marzo en Barcelona y el jueves 17 en la Casa de América en Madrid, sesiones que contarán con la presencia de los protagonistas.

La intención del film ha sido “mostrar ese otro lado, el que siempre se ha retratado como el de los delincuentes, matones e incluso demonios. Ese lado que ha luchado contra el Estado y que mientras tanto ha atacado, matado y secuestrado civiles. Queríamos conocer a las personas que estuvieron detrás de nuestro dolor e intentar entender el suyo”, dice Guarnizo.

El cineasta dice tener claro el objetivo de la película: “Era entender a mi madre y se cumplió con creces”. Asegura también que se reconcilió con Güérima. 

La relación con los secuestrados

A lo largo de los 23 años que Güérima pasó como guerrillero en la selva, tan solo tuvo que custodiar una vez a dos personas secuestradas. Fueron 20 meses los que pasó con Beatriz y Julio sin que sus familias conocieran su paradero, sin que supieran si estaban vivos o muertos. Ellos tuvieron la suerte de volver, pero otras muchas víctimas nunca regresaron.

“Entiendo que para las familias fue durísimo, yo les he pedido perdón, y no solo a ellos, sino al país, porque el secuestro por parte de la guerrilla fue un error”, dice. Durante esos 20 meses de secuestro, y a pesar de las circunstancias, relata, “se creó una amistad con doña Beatriz y don Julio que fue creciendo día a día”, un caso que no fue único dentro del conflicto pero tampoco habitual.

Hoy en día la vida de Güérima ha cambiado por completo. De hecho ahora es él quien vive amenazado tras el acuerdo de paz y asegura que muchos excombatientes se enfrentan a un “escenario de miedo, temor e incertidumbre”. 

“Sabíamos que apostarle a la paz era un camino difícil, pero no imposible y ahí estamos”, indica porque a pesar de la inseguridad y de que la paz aún no ha llegado a Colombia, “levantarse por las mañanas con una familia al lado desarma a cualquiera y le da a uno motivos para seguir luchando” en el lado de la vida civil.

Colombia tiene por delante este año dos citas electorales. Este domingo 13 de marzo el país ha celebrado elecciones legislativas para elegir a los representantes del nuevo Congreso, mientras que los comicios presidenciales tendrán lugar el próximo 29 de mayo. Está por ver si el nuevo Gobierno será capaz finalmente de consolidar la paz en el país. 

La política colombiana Íngrid Betancourt, que estuvo durante más de seis años secuestrada por las FARC, ha anunciado este martes que participará el próximo mes de marzo en la consulta de la Coalición Centro Esperanza para ser candidata presidencial por segunda vez. Betancourt, de 60 años, ha dicho en una rueda de prensa en Bogotá que quiere ser presidenta para “romper las cadenas” que durante décadas han mantenido a Colombia en la corrupción y la violencia.

“Quiero ser la presidenta de los colombianos para asegurarme de que la riqueza del país irá a los niños y a los jóvenes a los que la guerra les quitó lo que podían ser”, ha dicho. Después de meses de especulación sobre su futuro político, Betancourt ha dicho al anunciar su precandidatura que durante décadas Colombia “solo ha tenido malas opciones: extrema derecha o extrema izquierda”. Sin embargo, “ahora ha llegado el momento de tener una opción de centro”.

“Estoy aquí para terminar lo que empecé, con la convicción de que Colombia está lista para cambiar de rumbo, para cumplir su cita con la historia”, ha añadido.

Regreso a la política

El 23 de febrero de 2002, Betancourt, entonces candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, fue secuestrada por la guerrilla de las FARC cuando visitaba la antigua zona de distensión establecida para los diálogos de paz en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá (sur). Su secuestro duró seis años, hasta que fue rescatada junto con otros 14 cautivos por las Fuerzas Armadas en la “Operación Jaque”, el 2 de julio de 2008, tras lo cual Betancourt se alejó de la política y se estableció en Europa.

En la declaración de este martes, ha hecho referencia a una agenda “apremiante” que incluye “acabar con el hambre y transformar el mundo, un mundo con visión de mujer”. También ha reclamado “los derechos de los 51 millones de colombianos que no encuentran justicia”, porque viven en un sistema organizado “para garantizar la impunidad”. 

“Una lucha por todos los colombianos”

La motivación que la ha llevado a lanzarse de nuevo a la carrera presidencial, ha dicho, ha sido el dilema entre “seguir mirando las cosas desde la barrera o arremangarse la camisa y ponerse donde se pueda ayudar”, además de que la Coalición Centro Esperanza “necesitaba la presencia de una mujer”.

Betancourt se ha defendido de las acusaciones de “buscar beneficios políticos”, y ha dicho que vuelve para “reclamar una democracia real” y para “luchar” por su “familia extendida, que son todos los colombianos”. 

“Mi historia es la historia de todos los colombianos, porque mientras nosotros estábamos encadenados, las familias de Colombia también estaban encadenadas por la violencia, la inseguridad, la corrupción”, ha lamentado. El anuncio de Betancourt se produce después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) restituyera a finales del año pasado la personalidas jurídica al partido Verde Oxígeno, que había quedado en el limbo tras su secuestro.

¿Quiénes serán sus rivales?

En la consulta para escoger al candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, que se celebrará el 13 de marzo junto con las elecciones legislativas, Betancourt se enfrentará a otros políticos de peso. Entre ellos están el también excandidato presidencial Sergio Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo –quienes la han acompañado este martos en su anuncio–, el también exministro Alejandro Gaviria, el senador Jorge Robledo, y el exsenador Juan Manuel Galán.

Betancourt se convierte además en la segunda precandidata a la presidencia en esta campaña, después de la líder social Francia Márquez, que concurre por el Pacto Histórico, de izquierdas.

Colombia celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo y las encuestas dan como favorito al senador Gustavo Petro, precandidato del Pacto Histórico, que fue derrotado en la segunda vuelta de 2018 por el hoy presidente Iván Duque.

Alrededor de una veintena de personas han muerto en las disputas violentas entre disidencias de las FARC (Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en tres municipios del departamento colombiano de Arauca. La ola de violencia ha tenido lugar este fin de semana en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, fronterizo con Venezuela, según ha informado este lunes La Defensoría del Pueblo.

Aunque la cifra de muertos no está confirmada, el gobernador de Arauca, Alejandro Navas Ramos, habla de 22 fallecidos. “Al parecer se rompió un pacto que tenían entre ellos de no agresión entre sí, pero del otro lado de la frontera, todo indica que el ELN atacó a un campamento de las Farc y ahí hubo muertos; algunos cuerpos los pasaron a este lado de la frontera”, ha señalado. El gobernador indica que el motivo de la disputa es el “control de las economías ilícitas”.

Por su parte, Juan Carlos Villate, personero –funcionario público que trata temas sobre derechos humanos en las comunidades– de Tame, ha dicho a la emisora local W Radio que las muertes ocurrieron en los dos primeros días del año, que hay 24 asesinados y que “seguramente la cifra podría subir a 50 durante este lunes”. “Tenemos 24 muertos, algunos son conocidos como mandos medios de las Farc, del ELN, otros son simpatizantes, milicianos o población civil que ha sido señalada de ser militante o líder político de alguna organización que fueron declarados como objetivo militar”, aseveró.

El alcalde de Arauquita, Etelivar Torres, informó el domingo de que en una comunicación que tuvo con el gobernador de Arauca se hablaba de “17 personas asesinadas”.

Villate ha dicho que la situación obedece a un conflicto entre el ELN y el frente décimo de las disidencias de las FARC, “quienes se han declarado la guerra abiertamente”.

“Todo empieza por operativos del ELN en los centros poblados reteniendo personas, algunas asesinándolas y los cuerpos han ido apareciendo poco a poco”, ha dicho el personero.

Sobre la situación en Arauca, la Defensoría del Pueblo ha dicho que, según información recopilada por su oficina regional, en las “últimas horas se han presentado homicidios, amenazas, retenciones ilegales, desplazamientos masivos y riesgo de desplazamiento forzado en municipios de frontera, específicamente en Tame, Fortul, Saravena y Arauquita”.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado a través de Twitter a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil y activar los planes de contingencia.

La oficina de la ONU también ha pedido cumplir con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en las que advertía del riesgo inminente que corrían más de 69.000 personas de la sociedad civil, entre las que se incluyen poblaciones de especial protección como los indígenas, por la reciente escalada de violencia.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido sacar a la extinta guerrilla colombiana de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de su lista negra de organizaciones terroristas y ha notificado al Congreso de su intención, según ha confirmado este martes a EFE una fuente legislativa.

Esa fuente del Congreso ha explicado que la notificación fue recibida el martes, un día antes del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). El grupo es ahora un partido político que cuenta con representación en el Senado y la Cámara de Representantes.

La notificación al Legislativo estadounidense es el paso previo para la retirada de las FARC de la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado. No existe un plazo fijo para que la decisión entre en vigor, detalla en su web el departamento de Estado, que explica que el secretario Antony Blinken es el máximo responsable de esa resolución.

Blinken podría haber tomado la decisión de manera discrecional o justificarla por dos circunstancias: que las razones que motivaron la designación terrorista ya no están vigentes o que sacar a ese grupo de la lista negra obedece a los intereses nacionales estadounidenses.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha rechazado confirmar en una rueda de prensa este martes si Biden ya ha llegado a una decisión final para retirar a las FARC de la lista y se ha limitado a decir que se estaba revisando la política hacia el antiguo grupo guerrillero. “El Departamento de Estado ha dado al Congreso notificaciones sobre las próximas acciones en relación con las FARC”, ha dicho Price, quien ha rechazado dar detalles sobre el contenido.

Fuentes con conocimiento del proceso habían adelantado a The Wall Street Journal que el Gobierno de Biden iba a retirar a las FARC de su lista negra y que el anuncio oficial podía llegar tan pronto como este mismo martes.

Las FARC fueron incluidas en esa lista estadounidense de organizaciones terroristas en 1997. Como resultado, sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos y vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar, entre otras acciones punitivas.

En el momento en que los representantes del Gobierno de Colombia firmaron el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a finales de 2016, Enith Moreno salió a la luz. Había estado un tercio de su vida en la clandestinidad. “En aquel momento el movimiento guerrillero estaba en auge, todo el mundo quería ser guerrillero, era la oportunidad de cambiar las cosas”, cuenta a elDiario.es desde su casa de Medellín.

Enith es una de los muchos de los combatientes que se alistaron siendo adolescentes mientras otros tantos fueron reclutados por la guerrilla.

En ese momento, la familia de origen campesino de Enith vivía en la región antioqueña de Urabá, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Junto a ella, dos de sus hermanos participaron en la organización guerrillera. Según cuenta Enith, con cinco años ya observaba cómo su padre llevaba comida a los combatientes de las FARC en el monte y presenciaba reuniones en casa a altas horas de la noche. Pero no fue hasta 1984 cuando dio el paso y entró a formar parte de la organización. 

Por más de 15 años, Enith vivió “internada en el monte”, alimentándose a base de cuchuco, una sopa de maíz molido y una colada de harina de trigo con sal. La rutina diaria de una combatiente como ella se basaba en “hacer guardia de día y de noche”, control del territorio y del campamento, aportar leña y “estudiar” el reglamento de la organización y las noticias del día. 

En el año 2000, abandonó las FARC por problemas de salud. A partir de ahí ella, sus dos hijos y su pareja “se inventaron la vida” trabajando de lo que podían, sobre todo labores del campo. “Fue una etapa muy difícil. No teníamos ni ropa, ni casa, ni dinero”, cuenta.

Se desplazaron por el territorio colombiano escondiéndose del paramilitarismo y huyendo de la violencia. “Tampoco podíamos volver al lugar donde nacimos, porque allí todos sabían el camino que habíamos cogido y eso suponía una sentencia de muerte. Así que fuimos moviéndonos por Colombia. Nos manteníamos silenciosos, trabajando en el campo con algunas familias que nos acogían y nos daban trabajo, intentando pasar desapercibidos”.

Aun con todas las precauciones no evitó que se cumpliera el peor de sus temores, “un día, en una de las fincas, los paramilitares mataron al padre de mis hijos”, dice.

Las conversaciones entre las FARC y el Gobierno significaron un cambio drástico para ella y otros compañeros que vivían en la clandestinidad o que aún seguían en la organización guerrillera. Entre ellos están quienes siguen extrañando aspectos de la vida antigua y otros, como Enith, que a veces se preguntan si fue una buena decisión entregar “sus mejores años de vida” a la causa. “Las decisiones que se toman cuando una es tan joven a veces no son las mejores”, reflexiona.

La paz y el camino de la reincorporación

Uno de los grandes temas que se discutieron en La Habana, donde tuvieron lugar las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), fue cómo garantizar que los excombatientes pudieran sostenerse económicamente. Este era uno de los puntos fundamentales para que los desmovilizados se mantuvieran en la legalidad.

Para ello, el Acuerdo dispuso una renta básica por dos años, un pago único de dos millones de pesos y la puesta en marcha del componente educativo, salud, vinculación social e institucional y proyectos productivos colectivos e individuales. 

Una vez firmado el acuerdo, parte de las FARC acudió a las “Zonas Veredales”, unos espacios de transición donde se inició el proceso de abandono de las armas. Después, el primer paso, fue la acreditación de pertenencia por parte de la organización. Con una lista de unos 13.997 excombatientes comenzó el camino de la reincorporación de los exguerrilleros y se inició el proceso hacia la legalidad.

Sin embargo, la organización no acreditó la identidad de algunos exguerrilleros debido a conflictos internos. Son personas que, al no estar acreditados, ni recibir el aval por parte de las FARC, no tienen acceso a ayudas por parte del Estado.

Según Andrés Steppar, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el 91% de los excombatientes, unas 13.200 personas, están en proceso de reincorporación. El resto se encuentra en paradero desconocido. De esa población, la mayoría recibe una asignación mensual que supone el 90% del salario mínimo vigente, unos 195 euros. 

De las armas a los proyectos productivos

María Páez alias Maricela, de 36 años, vive en el Espacio Territorial Antonio Nariño, a 134 kilómetros de Bogotá, junto con otras 200 personas entre excombatientes, amigos y familiares. Es uno de los 24 espacios donde viven alrededor de 2.500 exguerrilleros se encuentran asentados en las zonas donde antes operaba la organización. Actualmente, en estos lugares se produce café, cerveza artesanal, pescados, carnes, verduras y frutas. 

Ella pertenece a la cooperativa Tejiendo Paz donde víctimas y excombatientes confeccionan ropa. Hace poco lanzaron su propia marca: Avanza. “Cuando llegué aquí no sabía coser. Nos dieron formación y nos donaron una Singer [nombre de la marca de una maquina de coser], así es como empezamos a hacer las primeras prendas”, dice Maricela que al igual que Enith se unió a las FARC con 14 años.

Cuando se firmó el Acuerdo, Maricela seguía en las FARC. De un día para otro su vida cambió. Si bien aclara que ahora está centrada en su hijo Julien y en sacar adelante el proyecto de ropa, a veces echa de menos “el sentido de unión y colectividad que había en la organización”.

La participación política y la promoción de la vida comunitaria fueron algunos de los objetivos de la guerrilla en La Habana. En el marco del Acuerdo fue creada la red de Economías Sociales del Común (Ecomún), con el objetivo es construir economías solidarias en Colombia. 

Hasta mediados de año, la agencia para la reincorporación había aprobado más de 3.000 proyectos productivos que benefician a la mitad de los excombatientes. Pero, según la información obtenida, muchos aún no son sostenibles y no cubren las necesidades vitales de los excombatientes.

“Nos encontramos con muchas trabas burocráticas para que se pudiera aprobar nuestro proyecto, además, el Estado aún no ha desembolsado la parte que le corresponde. Tenemos contratos cortos, la producción aún es muy limitada”, cuenta Maricela. 

Este es uno de los puntos que la Fundación Ideas para la Paz señaló como preocupante. “La disonancia entre los tiempos del Acuerdo y los tiempos de la realidad”. La falta de definición presupuestaria, la dilatación de los procesos o la falta de seguridad de los excombatientes son aspectos que muestran una gestión deficitaria.

Para varios de ellos, vivir en un antiguo espacios de reincorporación es más seguro que hacerlo en resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes o zonas rurales donde habitan cientos de excombatientes. Éstas son áreas, aún hoy, marcadas por la presencia de grupos armados, redes de narcotráfico y una fuerte militarización.

Desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, 285 excombatientes han sido asesinados, en un contexto de aumento de la violencia que tuvo como resultado 1.229 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, según Indepaz.

Para el senador Iván Cepeda, experto en negociaciones de paz y en derechos de las víctimas, la gestión de Duque está más próxima a soterrar el Acuerdo que a su cumplimiento. “Lo que hay es una retórica de preocupación pero no acciones concretas que apunten a una implementación de forma integral y satisfactoria”, sostiene en diálogo con elDiario.es

La segunda vida de Enith

Enith tuvo que esperar 16 años hasta la firma del Acuerdo para empezar de nuevo. En el 2017 se mudó a Medellín para iniciar el proceso de reincorporación. Al principio lo vivió con alegría, “muchos de los que habíamos estado en la zozobra de una guerra que parecía no tener fin, empezamos a encontrarnos”, cuenta.

Fundó el Mercado de Mujeres Construyendo Paz donde venden, gracias al apoyo de la ONU, productos como café, cerveza y otros alimentos que producen otros exguerrilleros. Sobrevive con la asignación mensual para excombatientes, que apenas le alcanza para vivir. “Si ese mes pago los servicios y el alquiler, la canasta se me queda muy ajustada”, dice.

Su sueño es poder ser trabajadora comunitaria y aportar cada día a la sociedad colombiana. De momento, está sacando un emprendimiento con otras mujeres ex integrantes: Mujeres Origen.

La historia de Enith, como la de muchos, está marcada por la guerra. Enith es parte y víctima del conflicto armado que mató a la mitad de su familia. Pero también, es una historia de resiliencia y de entrega.

“En una finquita en Urabá donde nacimos 11 hermanos a la antigua, surgió esta mujer, con una historia llena de encrucijadas dolorosas, alegrías y aprendizajes, que acompañaron estos largos 50 años. A pesar de las dificultades y los asesinatos de nuestros compañeros, seguimos apostándole a la paz y a la reconciliación en Colombia”, sintetiza.

Esclarecer lo ocurrido en un conflicto armado siempre es una tarea monumental para una Comisión de la Verdad, independientemente del lugar donde se analicen las atrocidades cometidas. Pero en el caso de Colombia los retos son aún mayores, porque aunque la guerra entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP terminó en 2016 con la firma de un histórico Acuerdo de Paz, a día de hoy continúan las dificultades para implementarlo y la violencia sigue expandiéndose por todo el país. En estos cinco últimos años de paz, los asesinatos de líderes sociales, defensores del territorio y excombatientes de la antigua guerrilla se han producido casi a diario.

A esto se suma el estallido social que comenzó el pasado 28 de abril y que terminó provocando las protestas más intensas de las últimas décadas en el país, que dejaron más de 70 fallecidos. Si bien el detonante fue la polémica reforma fiscal que el Gobierno de Iván Duque pretendía aplicar, después se produjo una indignación generalizada debido a problemas como la pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad. En esas protestas la población también reclamaba que el Gobierno cumpliera íntegramente con el Acuerdo de Paz y que cesaran los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros. 

Como la verdad de lo ocurrido durante más de medio siglo de conflicto armado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP también se encuentra fuera de Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -institución creada en el marco del Acuerdo de Paz- ha iniciado un trabajo para escuchar los testimonios de víctimas y sobrevivientes en el exilio y esta semana ha hecho una parada en Madrid. Esta vez, además, lo ha hecho en compañía de la Jurisdicción Especial Para La Paz (JEP), el tribunal que juzga a los actores del conflicto armado, ya sean militares o exguerrilleros, a cambio de que estos cuenten la verdad de lo ocurrido. 

El objetivo es dignificar esos relatos e integrarlos en el informe final que esta comisión debe presentar el próximo mes de noviembre para esclarecer lo ocurrido durante la guerra. El conflicto armado en Colombia dejó ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Las fuerzas militares fueron las principales responsables de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El abogado y defensor de derechos humanos Alejandro Valencia, uno de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, ha dialogado con elDiario.es sobre esa jornada presencial de escucha a víctimas y sobrevivientes en el exilio en el marco del caso  denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”.

¿Cómo ha sido este encuentro en Madrid con exiliados colombianos del conflicto armado? ¿Cuál era el objetivo?

El objetivo era reunirse con un grupo de exiliados de todas partes del mundo que pertenecieron a la Unión Patriótica, el movimiento político que fue creado por un acuerdo de paz en la década de los años 80 (bajo el Gobierno de Belisario Betancurt) y que prácticamente fue exterminado. La idea era tomar testimonios en profundidad de algunos de estos líderes que la comisión todavía no había podido escuchar y poder discutir algunos aspectos como cuáles podían ser las medidas de justicia restaurativa para estas personas. Sus casos están prácticamente en la impunidad, hay gente que lleva 20, 30 y 40 años fuera de Colombia.

Ha sido un encuentro emocionante porque había gente que no se veía desde hace muchos años. Han llegado desde Uruguay, Canadá, Costa Rica, Suecia, Noruega, Bélgica, España… y humanamente ha sido muy reconfortante para ellos.

¿Qué diferencia a la Comisión de la Verdad de Colombia de otras latinoamericanas que también han analizado las atrocidades cometidas durante conflictos armados o dictaduras?

La de Colombia ha tenido el reto de analizar un conflicto armado muy largo, que ha durado más de 50 años, y con la paradoja de que esta comisión no resultó en una comisión de cierre de un conflicto armado. Desafortunadamente, la situación de violencia persiste en Colombia y por eso las condiciones de trabajo no han sido las más ideales frente a otras comisiones. En el Cono Sur las dictaduras militares cayeron, o en países centroamericanos como Guatemala y El Salvador el conflicto armado terminó de manera definitiva. 

Aquí son muchas, además, las problemáticas a tener en cuenta: el paramilitarismo, el despojo de tierras, las desapariciones forzadas o el narcotráfico, entre otras.

En el reciente estallido social de Colombia los manifestantes precisamente reclamaban al gobierno de Iván Duque una implementación real del Acuerdo de Paz y el fin de la violencia…

Muchas de las motivaciones de la actual movilización social que hay en Colombia obedecen a factores de persistencia propios del conflicto armado. Hemos identificado mucho todo lo que tiene que ver con la estigmatización, la persecución, la criminalización del diferente, como militantes de partidos de oposición o quienes pertenecen a movimientos sociales, y eso lo estamos viendo también ahora. Esos factores de persistencia son el caldo de cultivo de parte de esta movilización y, aunque no tengamos una competencia tan directa en esta problemática, la estamos analizando e incluso nos ha tocado intervenir a solicitud de los movimientos sociales.

La comisión tiene que formular recomendaciones y sobre todo en clave de garantía de no repetición. Nos estamos dando cuenta de que el conflicto armado se repite y muchas causas estructurales también. No es una coyuntura que en términos políticos se vaya a resolver de buenas a primeras, ya incluso se ha dicho que va a haber una gran movilización en Colombia en el mes de julio. Lo que nosotros señalamos es una implementación más integral del Acuerdo de Paz y esto va a continuar.

¿Existe riesgo de que se rompa el Acuerdo de Paz?

El acuerdo se ha implementado de forma muy desigual. En algunos aspectos se ha avanzado más que en otros, como por ejemplo en cuanto a víctimas con la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que viene funcionando desde hace unos años, al igual que la JEP, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Comisión de la Verdad. Sin embargo deja mucho que desear todo lo relacionado con la verificación de la desmovilización de las FARC-EP: la protección ha sido muy deficiente pues casi 200 excombatientes han sido asesinados.

No sentimos un real compromiso por parte de algunas entidades gubernamentales con respecto a una implementación del acuerdo mucho más global. Gracias a la comunidad internacional se le ha dado un poco más de atención, pero nosotros, también como institución propia del acuerdo, creemos que si se desarrollan mucho más algunos aspectos que aún están a medio camino sería una manera de encontrar soluciones más reales a las problemáticas actuales del país. 

Sabíamos que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP no iba a ser la solución absoluta, pero aspirábamos a que se diera una implementación más a fondo, más real y efectiva de los puntos alcanzados en La Habana.

¿Qué es lo más les ha impactado en este tiempo?

Hemos podido profundizar en muchas de las problemáticas y violaciones de derechos humanos, de los signos de violencia que ocurrieron durante el conflicto armado. Uno se da cuenta de que los hechos fueron más graves, con mayor impacto, y eso impresiona. La gente, por otro lado, tiene capacidad para seguir adelante y a pesar de tanto dolor no falta el optimismo, y eso realmente nos impresiona. Se trata de personas que lo han pasado muy mal, pero tienen entusiasmo de seguir hacia delante. 

Hace unos meses la JEP elevó a más de 6.400 la cifra de víctimas de los conocidos como 'falsos positivos', las ejecuciones extrajudiciales de civiles perpetradas por el Ejército para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, cuando instituciones como la Fiscalía sostienen que había 2.248 víctimas. 

Tanto en la gravedad como en lo cualitativo las violaciones aumentan. En el caso de la Unión Patriótica estamos consolidando de manera conjunta algunas cifras con la JEP y, efectivamente, esas cifras van a ser un poco más altas que las conocidas públicamente. Eso es también impresionante, la gravedad de los hechos, de las violaciones… Si uno piensa en episodios de décadas pasadas no hay la suficiente documentación, ahí se encuentra que el horror de la guerra es mucho mayor de lo que sabemos.  

¿Logrará finalmente Colombia la paz?

Desafortunadamente uno ve que la situación es difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde. Hay un sector importante de la sociedad civil colombiana, y también de la clase política, que pensamos sacar adelante estas problemáticas, aunque no es fácil por esos factores de persistencia muy fuertes. Se necesita la debida atención y una respuesta más continuada.

A los 15 años Yeimy Sofía Vargas ya forma parte del registro de niños y adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano. La menor murió en marzo tras un bombardeo de la Fuerza Aérea sobre un campamento de disidentes de las antiguas FARC en Guaviare, una zona de tradición insurgente al sur del país. 

Tras los hechos, el Ministro de Defensa, Diego Molano, quiso proyectar una imagen de autosuficiencia y seguridad. Además, hizo responsables a las disidencias guerrilleras, quienes, a su juicio, convertían a los menores en “máquinas de guerra”. Analistas del conflicto armado como Andrés Aponte señalan que el Gobierno conservador de Iván Duque buscó con aquellas declaraciones evadirse de su obligación constitucional de proteger a una de las poblaciones más vulnerables del conflicto, y de paso, cargarles con el peso de una “gran estigmatización”.

La noticia revivió, además, el recuerdo devastador de los ocho menores de edad que fallecieron en 2019, tras otra descarga de plomo aéreo sobre la misma facción guerrillera. El hecho trató de ser ocultado por la cartera de Defensa y le costó el puesto al entonces ministro Guillermo Botero.

Una de las poblaciones más golpeadas por la violencia en Colombia

El reclutamiento ilícito de menores de 18 años en la guerra colombiana es una antigua realidad. A pesar de la opacidad de las cifras, sabemos que 6976 niños, niñas y adolescentes han sido acogidos entre 1999 y 2021 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad estatal que atiende a los jóvenes que se desvinculan, o son rescatados, de cualquier grupo armado ilegal.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del conflicto ha registrado desde 1985 unos 16.045 homicidios de personas de entre 12 y 17 años. Y otras cifras apuntan que, del total de más de nueve millones víctimas del conflicto registradas en la misma entidad, algo más de un millón son adolescentes.

El politólogo Carlos Otálora es enfático en señalar que si a la violencia en Colombia “se le pusiera una edad, la niñez y la adolescencia serían, sin duda, una de las poblaciones más golpeadas”.

Así mismo lamenta que los medios locales se hayan limitado a replicar la faceta más llamativa de una problemática profunda y compleja. Andrés Aponte añade, en el mismo sentido, que el lenguaje noticioso ha distorsionado la realidad: “La prensa en Colombia repite como muletilla que se trata de ‘reclutamiento forzoso’ de menores. Un estudio detallado muestra que eso es impreciso y que en nuestro país el grueso de los casos de incorporación a los grupos ilegales es voluntaria”. 

De la misma manera, añade que el tratamiento correcto sería el de “reclutamiento ilícito”. Y remata asegurando que, allí, “prefieren las condenas moralistas y se forman ideas erróneas. En el caso colombiano no sucede lo que en Nigeria, donde Boko Haram rapta a los niños y les corta violentamente toda capacidad de elección”.

Cruce de caminos

A los 13 años, Pedro Pablo Ibatá ya era un muchacho con nociones políticas y relatos de guerra en la cabeza. A esa edad tomó la decisión de alistarse en la guerrilla marxista de las FARC y seguir los pasos de su padre, que formó parte de las primeras cuadrillas insurgentes a principios de los años 60. Del universo rural que dejaba atrás, solo añoraba a su familia, ya que la mayoría de chicos en la zona apostaron también, en un punto u otro, por la lucha armada. 

En Vistahermosa, la población del centro del país donde Ibatá fue criado, a finales de los 80 quedaban ya pocos conocidos. Muchos acabaron en las tropas antagónicas de la extrema derecha paramilitar, que, por entonces, se empleaba a fondo en eliminar del mapa a los miembros de la Unión Patriótica, una formación política legal de raíz guerrillera.

Ibatá recibió el nombre de Guillermo como alias de guerra y pasó casi 30 años en la clandestinidad, donde llegó a ser uno de los mayores expertos en explosivos con varios delitos en la capital. Hoy, tras los acuerdos de paz de 2016 en La Habana con el Gobierno, es uno de los 19.000 desmovilizados de las antiguas FARC. Cuenta que a sus 47 años ya es abuelo y tiene canas. A pasar de ser un hombre precavido, muestra entusiasmo cuando habla de su nueva misión al frente de una de las dependencias del programa de reinserción a la vida civil para jóvenes combatientes.

Las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron, históricamente, los mayores reclutadores de jóvenes, con un 56%, según las cifras de menores acogidos por el ICBF, la mayoría de ellos tenía entre 14 y 17 años. A las FARC las siguen el aún activo Ejército de Liberación Nacional, con un 19% del total de menores reclutados y las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia, con el 15%.  

Casi todas las fuentes coinciden en que, a pesar de que es innegable que ha habido reclutamiento forzoso, se trata de un fenómeno residual a lo largo de medio siglo de conflicto interno. Hay documentación, por ejemplo, que demuestra que en la década de los 90 las FARC ejercieron un sistema de cuotas. En determinadas regiones se llevaban para la selva, bajo extorsión, a un menor por cada familia. En 2012 se descubrió el escándalo de unos escuadrones, bautizados los “pisa suave”, de niños especializados en operaciones especiales que llegaron a degollar a miembros de la fuerza pública. 

Pero el politólogo y ex guerrillero del ELN, Álvaro Villarraga, matiza que en el esquema clásico de las guerrillas campesinas predominó un sistema de convencimiento político y factores de tipo hereditario. Los documentos de inteligencia militar clasificaban como familias “farianas” o “elenas” a los clanes de milicianos que se sucedían por las estructuras a través de generaciones.

El caso de los paramilitares es distinto. Su modelo consistía en atraer delincuentes jóvenes más avazados, muchas veces ex guerrilleros o ex militares, a los que se les ofrecía un sueldo o la promesa de todo tipo de bienes. A diferencia de las guerrillas, su centros de preparación se situaban a las afueras más pobres de ciudades medias, y no en el campo.

Andrés Aponte, de la Fundación Ideas para la Paz, se refiere a una “mercenarización” de la guerra. “A partir de los 80 se abre una ventana de ascenso social distinto para jóvenes humildes. En la guerrilla no había pago, pero en el caso de los paras sí, y la remuneración dependía de la destreza de cada guerrero.”, señala el investigador. 

Generaciones rotas

A los 14 años, José Sánchez ingresó a la guerrilla de las FARC para evitar la cárcel. Su padrastro había violado a una de sus hermanas y como venganza decidió “zamparle un tiro para que aprendiera a respetar”. Por eso huyó. Allí recibió el alias de “El tuerto”. No reniega de su pasado, pero confiesa que, en las más de tres décadas en la montaña, lo único con lo que nunca congenió con su organización fue en la fe religiosa. “Los lineamientos marxistas-leninistas imponen el ateísmo. Con eso nunca pude. Siempre creí en la existencia de Dios y antes de cada misión me echaba la bendición sin falta”, aseguró.

Sánchez tuvo en sus manos la misión de reclutar nuevos integrantes para “la causa”. Asegura sin titubear que nunca mintió ni tampoco obligó a nadie a seguirlo. Hoy, desmovilizado y con 57 años, trabaja como conductor de maquinaria pesada y no reniega de su pasado.

“No había más nada”

Camila, en cambio, se muestra reacia a hablar de su vida en la guerrilla. Además de haber perdido una pierna al pisar una mina antipersona, ha tenido problemas de salud y su única preocupación en la vida es velar por el futuro de su hijo de seis años.

También entró a las FARC con 14 años porque en su municipio “no había más nada”. Ni escuela, ni ejército, ni nada. Allí aprendió a leer, cumplió funciones como enfermera y odontóloga. Su voz es seca y dura. Su vida no ha sido muy distinta. Tras preguntar una y otra vez cuál es la finalidad de la entrevista, pide una única condición: que no se mencione su nombre. No quiere que su hijo lea en el futuro sobre un pasado que quisiera enterrar.

Las motivaciones para escoger el camino de las armas han variado muy poco en el último medio siglo. La violencia ha amainado, pero de ninguna forma ha desaparecido. De hecho, el cierre de escuelas debido a la crisis sanitaria ha espoleado nuevos casos de reclutamiento documentados por Organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado colombiano (Coalico). 

El vínculo entre niños y maestros se ha visto interrumpida. Y el repliegue por el confinamiento ha ahondado aún más el vacío institucional. 

En los últimos tiempos, nuevos grupos ilegales, así como bandas más pequeñas apoyadas en el sempiterno y lucrativo narcotráfico, han sumado herramientas digitales para enganchar a chicos en los suburbios urbanos (en la ruralidad la cobertura de internet no supera en promedio el 9,6%). Se trata de muchachos mucho menos ideologizados, más interesados en subsistir. Muchas veces, migrantes venezolanos vulnerables.

José lo resume claro: “Desde hace rato el Estado se lo pone muy fácil a los grupos armados”. Basta repasar las declaraciones de los excombatientes para constatar que hay patrones que se repiten: precariedad, ausencia estatal, venganza o violencia. Pero también pequeñas dosis de esperanza de que en un futuro no muy lejano las próximas generaciones no tendrán que crecer bajo el silbido de las balas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha elevado a 6.402 las víctimas de “falsos positivos”, como se conocen en Colombia a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008.

“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, estableció este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal.

Los “falsos positivos”, el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.

La JEP reconoce que la cifra anunciada hoy difiere de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”, periodo que coincide con la presidencia de Álvaro Uribe.

La JEP encontró que sólo entre esos años se registró el 78% del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.

Regiones priorizadas

La JEP anunció además que priorizó seis zonas del país en las que se cometieron la mayor cantidad de estos crímenes. En Antioquia (noroeste) ocurrió el 25% de los casos y en esa zona la IV Brigada del Ejército Nacional podría ser la responsable del 73% de las muertes.

En la región del Caribe la JEP identificó el 7,3% de los casos y tendrá prioridad la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira “que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa'”.

En el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la mayor cantidad de víctimas se dio en la región del Catatumbo y la Segunda División se encuentra dentro de las cuatro del Ejército Nacional responsables de cerca del 60% de los casos.

Según la JEP, en el Huila (sur), “la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso”.

Los casos de Casanare (este), donde la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto, la JEP determinó que entre 2002 y 2008 la tasa de víctimas fue la más alta en toda Colombia, con casi 12 por 100.000 habitantes.

Finalmente, en el departamento de Meta (centro) el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005.

Fenómeno macabro

La JEP abrió el Caso 3 después de recibir numerosos informes de fuentes como la Fiscalía General que había determinado que este macabro fenómeno aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las Fuerzas Armadas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.

Las víctimas de “falsos positivos” fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores irregulares, personas sin hogar e incluso con diversidad funcional.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso, han testificado el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército; el general retirado Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; así como 51 soldados; 38 suboficiales; 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes); 10 oficiales con rango de Mayor, y siete con rango de coronel.

Gracias a estas diligencias, la JEP ha podido recuperar los cuerpos de 71 personas que presuntamente habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la Jurisdicción entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). Lezcano Hurtado, a quien sus familiares buscaron durante 18 años, era un agricultor y padre de tres hijos cuando fue asesinado por miembros del Ejército.

Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellos dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares en una ceremonia solemne.