Roberto Vidal, el juez del acuerdo de paz en Colombia: “No es tanto el castigo, sino la reparación del daño”

52 años de conflicto armado en Colombia entre guerrillas y paramilitares trufado con narcotráfico que se llevó la vida de 220.000 personas, la mayoría de ellas civiles, acabaron en un acuerdo de paz. Fue posible porque todas las partes cedieron durante las negociaciones que se desarrollaron en Cuba durante más de cuatro años. En 2016, las FARC y el Gobierno colombiano rubricaban un pacto que, más allá del fin de la violencia y la consiguiente entrega de las armas, pivotaba en torno al concepto de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas. Eso implicaba a los guerrilleros de las FARC, pero también a los responsables de la Fuerza Pública involucrados en el conflicto. Se creó una comisión de la verdad y se ideó un sistema de “justicia transicional” para la rendición de cuentas. 

El modelo persigue más la restauración de las víctimas que el castigo penal. Recientemente, por ejemplo, un exmilitar que reconoció ante la JEP su responsabilidad en al menos 53 asesinatos, entregó en un acto simbólico a una organización una medalla con la que había sido condecorado. El objetivo era pedir perdón y “dignificar” a las víctimas de “falsos positivos” –jóvenes sin recursos que eran reclutados bajo promesas laborales y que eran asesinados por los militares que los presentaban como guerrilleros para mejorar su situación dentro del ejército–. En paralelo a este proceso, el Gobierno de Gustavo Petro se ha embarcado en un proceso denominado la “paz total” y, entre otras cosas, pretende alcanzar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, a pesar de la férrea oposición del sector más conservador a todo el proceso.

Roberto Carlos Vidal (Bogotá, 1969) es, desde el pasado mes de noviembre, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que se creó en 2017 fruto del acuerdo de paz para juzgar a los máximos responsables de las FARC y del Estado colombiano. A pesar de las trabas durante la etapa de Iván Duque al frente del país, por el tribunal han pasado ya 16.000 acusados –la gran mayoría miembros de las FARC, pero unos 4.000 formaban parte de la Fuerza Pública– y las primeras sentencias se conocerán pronto, aunque en ningún caso conllevarán penas de cárcel. Vidal ha estado en Bruselas para dar a conocer las investigaciones de la JEP y en La Haya, donde solicitó que la Corte Penal Internacional abra una oficina en Colombia para dar apoyo técnico a las autoridades jurídicas de ese país.

¿Qué es la justicia restaurativa o transicional?

La justicia restaurativa se basa en un planteamiento ético importantísimo. No se trata solamente de que el Estado castigue a quienes han violado el derecho, sino que se trata de un proceso que busca transformar lo que llevó a esos crímenes. Para esa transformación se hacen tres cosas.

La primera es reconocer a las víctimas que frecuentemente están negadas, desconocidas o culpabilizadas. Segundo, reconocer el daño que sufrieron y que en el proceso criminal aparezcan todas las consecuencias del crimen. De eso frecuentemente no se habla nunca. Se habla de la culpabilidad del acusado, pero no del daño de la víctima. Y, tercero, que la consecuencia de esto no sea tanto el castigo, sino que se haga reparación de ese daño y que los comparecientes se puedan vincular a la reparación del daño, lo cual implica una necesaria comunicación entre víctimas y los otros comparecientes, o víctimas y perpetradores, buscando resolver y cambiar la situación.

 ¿No hay sanciones en este proceso?

Sí hay sanciones, claro que las hay. Lo que pasa es que no se trata de sanciones de cárcel sino que, en el caso en que reconozcan su responsabilidad y aporten verdad, estas personas están vigiladas y están haciendo proyectos para reparar a las víctimas entre 5 a 8 años. 

¿Cuántos comparecientes han pasado por el tribunal y cuántos hay previstos?

Tenemos 13.000 de las antiguas FARC y como 4.000 de la Fuerza Pública. Y en el caso de las víctimas, tenemos 7.000 víctimas individuales acreditadas y alrededor de 300.000 a través de participación colectiva. Nuestro tribunal se caracteriza por manejar grandes números de víctimas y comparecientes.

 ¿A todos se les va a escuchar?

Sí, y además, a la inmensa mayoría de ellos nosotros les ofrecemos defensa judicial, sus abogados, tanto los comparecientes como las víctimas, y acompañamiento. En el caso de los comparecientes, hablamos de 16.000 personas que han pasado por la JEP y los primeros fallos son para los primeros 300. Van a ser las primeras decisiones que están saliendo luego de cinco años de investigación.

¿Ya ha habido resoluciones?

Tenemos lo que se llama resoluciones, que es el fin de la investigación. Y este año salen las primeras sentencias que ya les atribuyen la sanción y terminan el proceso.

¿Es voluntario someterse a este tipo de proceso?

Nosotros tenemos unos comparecientes que son voluntarios y otros que son obligatorios. Los miembros de las antiguas FARC y los miembros de la Fuerza Pública están obligados a comparecer a la JEP, mientras que terceros funcionarios del Estado, que no eran de la Fuerza Pública y miembros de grupos paramilitares, tienen comparecencia voluntaria.

¿Cómo se han elegido? ¿Cuál ha sido el trabajo para llegar a seleccionar a esas 16.000 personas?

Esas 16.000 son las que están obligadas a comparecer a la JEP. Eran todos los miembros de la guerrilla que se sometieron al acuerdo y eran los miembros de la Fuerza Pública que habían sido investigados por conductas criminales. Entonces ahí no hay ninguna decisión. 

Pero dentro de esas 16.000 sí hay una decisión muy grave y muy central del Tribunal, que es que nosotros no juzgamos a todo el mundo, sino que solo juzgamos a los máximos responsables, que es a lo que obliga el derecho internacional. Entonces, dentro de esos nos toca escoger los grupos de máximos responsables. En el primer caso que hemos investigado, de un horizonte bastante grande, que son como 3.000 comparecientes, se han escogido alrededor de 100 máximos responsables, comenzando por los siete miembros del último secretariado de las FARC. Es decir, la cúpula directiva de la antigua guerrilla. Y en el caso de militares hemos hecho selección de algo así como 25 coroneles y un general de la República. Esa selección es de las personas de las más altas responsabilidades en los delitos. 

Ha denunciado a la Fiscalía por ocultar información sobre un exguerrillero de las FARC y expulsaron del proceso a un excomandante por no aportar verdad sobre las desapariciones de la toma del Palacio de Justicia. ¿Hay más casos? ¿Esto es habitual?

No, ¿sabe qué? Al contrario. Y eso es uno de los motivos de satisfacción más grandes del tribunal. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, porque en el tribunal todas las personas que vienen tienen una obligación de aportar verdad exhaustiva y detallada de su participación en el conflicto. Pero tienen el derecho a reconocer o no su responsabilidad porque tienen presunción de inocencia. Ellos pueden escoger no reconocerlo.

Lo que ha pasado es que más del 90% de nuestros comparecientes han reconocido su responsabilidad y, por supuesto, han hecho aportes sustanciales de verdad. Eso ha permitido que nuestras primeras decisiones, que tienen que ver con el cierre de investigaciones, muestran cosas que no se conocían porque no se habían investigado o incluso porque no se habían denunciado nunca y que fueron contribuciones a la verdad de los comparecientes. Eso es muy importante.

 ¿Y justicia ordinaria está habiendo?

Tenemos un trato muy estrecho con la justicia ordinaria porque hemos heredado sus investigaciones. Ellos son una de nuestras principales fuentes de información. Ellos mantienen la competencia. Entonces hay cosas que ellos siguen investigando y tenemos una comunicación permanente, pero en la ley nuestro tribunal prevalece. O sea, cuando nosotros tomamos una causa, la justicia ordinaria no la tiene que enviar. 

¿Se ha encontrado con trabas o presiones?

Por supuesto, como las tiene todo tribunal, no solo el tribunal transicional. La presión más grande viene de la sociedad colombiana. Primero, fue ganarnos la confianza, porque esto se creó en un clima de mucho escepticismo, no solo frente al tribunal, sino al acuerdo de paz. Y yo creo que uno de los grandes logros en cinco años es ganarnos la confianza de la sociedad. Las últimas encuestas de opinión general del país muestran que somos la segunda institución con más reconocimiento en Colombia. Por encima nuestro está solo la Corte Constitucional.

Ese reconocimiento nos lo hemos ganado, pero también hay mucha presión ahora que nos ganamos eso de las expectativas que tienen las víctimas sobre lo que la JEP va a ofrecer en el futuro y esas yo creo que las principales presiones que tenemos.