El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

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El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

La Comunidad de Madrid quiere blindar aún más la escuela concertada en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a aprobar una ley educativa ad hoc para proteger a los centros privados sostenidos con fondos públicos como reacción a la ley nacional, la Lomloe, está preparando un decreto con el que pretende extender la duración de los conciertos hasta los 14 años.

Será, si se aprueba finalmente el texto (o cuando se haga, más bien), la segunda subida en cinco años: el Ejecutivo de Ayuso subió la vigencia de estos convenios entre los centros y la administración en 2021 como parte de aquella respuesta a la Lomloe, y los fijó en diez años frente a los seis que marca la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. En este caso la justificación es que como se están reduciendo las ratios hay que ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el tiempo que dure el proceso.

La escuela concertada es un pilar central del proyecto educativo del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de que garantiza la “libertad de elección de las familias” que, según esta visión, consagra la Constitución (aunque la carta magna solo habla de la libertad de crear centros privados, no de que la administración los promocione). Ha sido así durante décadas, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, aunque para ello hubiera que saltarse la ley. El impulso a la concertada en la región se plasma en el reparto de alumnado y sus consecuencias: en Madrid hay menos estudiantes en los centros públicos que en los privados, un caso único en España, una política educativa que ha llevado a la comunidad a ser la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta: los ricos van a clase con los ricos, los pobres con los pobres.

Hay ejemplos de todo tipo del apoyo institucional a la escuela concertada por parte de los Ejecutivos populares durante las últimas dos décadas. Uno son las cesiones de suelo público para construir colegios a los que se garantiza el concierto antes de existir, una medida que iba contra la normativa (los conciertos se conceden a centros que ya existen) hasta el punto de que cuando el PP llegó a la Moncloa regularizó la práctica al incluirla expresamente en la normativa. El Gobierno trató de contrarrestarla después prohibiéndola, explicó, en la Lomloe. Pero no lo hizo expresamente y Madrid ha obviado esta disposición y continúa cediendo suelo y garantizando conciertos de forma anticipada.

De hecho la educación es uno de los campos habituales de batalla entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para las familias ricas que acuden a centros privados, financiación de los centros que segregan por sexo, el uso del castellano en la escuela (o, más bien, la confrontación por algo que en Madrid, sin lengua cooficial, no es polémico), el bilingüismo o, recientemente, la vuelta en Madrid de los niños de 12 y 13 años a los colegios, son algunos de los elementos por los que ambos Ejecutivos se han enfrentado.

El PSOE admitió durante la tramitación de la Lomloe que buena parte de las medidas incluidas en la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP. La respuesta de Madrid fue aprobar la mencionada Ley Maestra para blindar a la escuela concertada y continuar con sus prácticas, como la cesión de suelo, ante la pasividad del Ministerio de Educación, que al menos con el anterior equipo, con Pilar Alegría al frente, optó por protestar verbalmente, pero no hacer nada. Uno de los últimos casos fue con esa vuelta de 1º y 2º de la ESO a los centros de Primaria, una medida que los directores de instituto rechazan por retrógrada y que Educación advirtió en su momento de que vigilaría porque iba contra la ley, pero que ha acabado ejecutándose sin problemas.

Cada esfuerzo que hace la Moncloa por controlar la escuela concertada es respondido por la Puerta del Sol reforzando aún más los centros privados sostenidos con fondos públicos. Al calor de este impulso nació y se desarrolló a partir del año 2000, aproximadamente, la llamada nueva concertada madrileña, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas con más tradición, ligadas habitualmente a la Iglesia a través de Escuelas Católicas, se articula en la forma de sociedades mercantiles, ofrece beneficios a sus dueños y dividendos a sus accionistas y altos salarios a las direcciones, profesionalizadas, mientras reciben dinero público. Un modelo que permite que centros subvencionados por todos se vendan por 200 millones de euros.

Ajuste de aulas, extensión de conciertos

El Gobierno regional explica en el borrador del decreto que prepara –técnicamente, lo que hace es modificar el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid– que como está ajustando las ratios de alumnado por aula tiene que alargar los conciertos en consecuencia. Así, dice el texto que “la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula (...) que finalizará en el curso 2030/2031”.

Debido a esta reconfiguración, continúa, “los centros concertados están adaptando su configuración jurídica de unidades y su concierto educativo en función de las necesidades de escolarización y la demanda de puestos escolares (...) condicionados por la disminución de la ratio. Asimismo, para la propia Administración educativa este proceso de ajuste de la ratio está afectando necesariamente en su actuación de programar anualmente la oferta educativa en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y concluye: “Sólo una vez finalizado dicho proceso, los centros concertados habrán definido su configuración definitiva, y sólo entonces la Administración podrá tomar las decisiones necesarias en orden a la actualización de una «programación general de la enseñanza» adecuada y suficiente (...). Por todo ello, con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros, a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados (...) y a la propia Administración educativa, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a catorce años, para que la fecha de renovación de los mismos coincida con la de la implantación completa de la disminución de ratio de alumnos por aula”.

“Creo que San Antonio y La Nao dan de palos a una gata entre Tarifa y Trafalgar, esta se escapa por Finisterre, en Ortegal, coge una peña, la unta con ajo y se la tira a Machichaco.” Las palabras en cursiva corresponden con los cabos de la península ibérica y este microrrelato, a la creatividad de un maestro, apasionado por su trabajo que con este truco nemotécnico hizo que, a lo largo de mi vida, cuando he visitado los faros de cada uno de esos cabos, irremediablemente haya tenido que recitar esta breve y trepidante historia acaecida en la costa española, o al menos en el imaginario de los alumnos de don Francisco. 

Estudié en un colegio y un instituto públicos. Compartí aula y recreo con alumnos cuyas familias tendrían más dinero que la mía y menos, con padres con estudios superiores o sin ellos; con gitanos y con payos, con personas con discapacidades físicas e intelectuales y todos, independientemente de cualquier condición, tuvimos en aquel colegio las mismas oportunidades de formación. Eso es el alma de la educación pública: acoger a todos, dar oportunidades a todos. La pública no escoge, ni discrimina, no se lucra y es la garante de que el ascensor social funcione. La educación es la mejor herramienta para crear una sociedad justa y no puede haber mayor orgullo para un país que tener una educación pública sobresaliente. 

Con la idea de defender lo público, padres, profesores y alumnos han tomado las calles estos días en Zaragoza. El anuncio del Gobierno de Aragón de subvencionar las etapas de 0 a 3 años y concertar el bachillerato ha sido la gota que ha colmado el vaso para una comunidad educativa que tiene que lidiar cada día con la falta de recursos para lo más esencial. La excusa de que no hay presupuesto ya no vale, dicen, cuando se pretende inyectar dinero público en un sector privado. La educación pública presta un servicio esencial y universal, la educación concertada presta ese servicio con ánimo de lucro. Sus entidades se mantienen con los fondos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos y además -pese a ser ilegal- cobran a las familias un dinero extra en forma de tasa, en concepto de cualquier asunto peregrino. Un negocio redondo a costa de todos. 

Estudié en una universidad privada, la escogí y mi familia se lo podía permitir. Eso es libertad de elección. Esgrimir el argumento de la libertad para desviar dinero público para financiar un servicio que puede y debe dar el Estado o las Comunidades Autónomas es una falacia y una excusa paupérrima. Defender lo público es defender el interés general. Hacerlo es trabajar para todos, apuntalar los pilares de una sociedad en la que al que menos tiene no le falte lo básico. El Estado ha de ser el garante de que servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte o la seguridad, no estén a merced de los mercados. Que su fin no sea nunca la especulación sino servir al ciudadano y hacerlo con excelencia. Lo público es de todos y para todos. Es de perogrullo, pero vivimos una época en la que lo obvio ha desaparecido del discurso dominante y de muchas conciencias, así que conviene repetirlo aunque abundemos en lo evidente.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso-contencioso administrativo presentado por CSIF contra la Orden de 27 de noviembre de 2025 por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027. Esta Orden abre la puerta al concierto del Bachillerato, una etapa no obligatoria.  

CSIF ha llevado esta Orden a los tribunales porque permite la implantación de la concertación del Bachillerato para el curso 2026-27. Esta etapa —que hasta ahora no estaba financiada por la administración autonómica— podrá ser gratuita en centros privados que lo soliciten, siempre que el Gobierno autonómico lo financie vía presupuesto y que los centros cumplan los requisitos previstos. 

Desde el Departamento de Educación exponen que la admisión de este recurso “no prejuzga nada” y que este concierto ya existe en la comunidad en ocho centros. Explican además que la orden objeto de recurso “no dice expresamente nada sobre la concertación de Bachillerato” y destacan que la intención del Gobierno de Aragón es “concertar las aulas que ya están en Bachillerato privado, o sea alumnado que ya ha optado por esa red, y por tanto no tendría afecciones a la red pública”.

CSIF recuerda que el Bachillerato no forma parte de la enseñanza básica obligatoria y, por tanto, “no existe la obligación jurídica de garantizar la gratuidad del Bachillerato en centros concertados”.  

Este concierto, según el sindicato, “carece de fundamento constitucional expreso; desborda la finalidad del régimen de conciertos educativos, y compromete la eficiencia del gasto público”. Por ello abogan por mantener la gratuidad del Bachillerato en la red pública y “garantizar el acceso equitativo” mediante becas y ayudas. 

“La concertación del Bachillerato es totalmente innecesaria, ya que ahora mismo hay más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos en Aragón. El dinero público debe ir para la educación pública, donde tenemos muchas carencias de personal docente y no docente, y muchos problemas de infraestructuras. Rechazamos rotundamente la privatización de la enseñanza por parte del Gobierno de Aragón. Seguiremos movilizándonos en la calle, mientras está abierta la vía judicial”, ha afirmado Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón. 

Las quejas por la falta de personal, por las vacantes sin cubrir y por el estado de las instalaciones educativas no dejan de sucederse durante este curso escolar en Aragón. La provincia de Huesca tiene unas 40 plazas de personal sin cubrir, según denuncian desde CGT, lo que obliga a los equipos directivos a asumir funciones que no son las suyas y las protestas de los padres y madres. En este contexto, familias, sindicatos y docentes critican el plan del Gobierno de Aragón para concertar el Bachillerato, un proyecto con un coste de siete millones de euros que anunció Azcón y que está recibiendo una fuerte contestación social: “Se van a gastar millones en el bachillerato en centros concertados cuando sobran 2.500 plazas en centros públicos”. El Departamento de Educación sostiene que se está trabajando en cubrir todos los puestos y critica el “déficit estructural de mantenimiento” de anteriores gobiernos.

En el caso del colegio de Broto, las familias han denunciado que no tienen personal en la cocina del comedor, lo que está obligando al centro a contratar un catering de Huesca: “Cuesta 140 euros diarios el transporte, más el coste de la comida que es más alto que cuando se hace aquí”, explica María Castillón, madre y secretaria del AMYPA de Broto. Cada día, de lunes a viernes, un camión de una empresa de catering de la ciudad de Huesca recorre los 88 kilómetros que separan la capital altoaragonesa de la localidad de Broto para llevar la comida a los más de 60 alumnos de las aulas del CRA Alto Ara en Broto y Torla que hacen uso del comedor escolar. Una situación que, denuncia la AMYPA, “se repite desde hace más de un mes. Los niños no comen mal, pero es algo insostenible”.

El coste “se ha duplicado para el colegio”, señala Lucía Oliván, “han pasado de pagar 3.000 euros al mes a, solo en noviembre, superar los 6.000 euros. Al final, el centro se quedará sin recursos, y seremos los padres lo que tendremos que pagar por la falta de previsión de la DGA, que no tiene personal en la bolsa de cocinera y no abre un proceso ni para cubrir la baja ni para generar una nueva bolsa”. Castillón añade que, además, si se abriese la bolsa en la localidad sería “una buena salida laboral y hay mucha gente interesada” y muestra su enfado ante el “abandono” de las zonas rurales: “Se les llena la boca con la España vaciada y las escuelas rurales, pero así se vaciará a pasos agigantados”.

Este centro también sufre la carencia de una auxiliar de educación especial, cuando hay dos niños con esta condición. Castillón relata que una de ellas “tiene una dependencia completa” y que se ha trasladado a una de las auxiliares de Ainsa tres días a la semana: “Los otros dos días la niña va a Sabiñánigo, pero, ¿por qué tenemos que dejar sin auxiliar al centro de Ainsa?”, se pregunta. El Departamento de Educación ha explicado a este diario que se están haciendo “todos los esfuerzos posibles” para cubrir lo antes posible esos puestos. Se ha recurrido al INAEM para encontrar candidatos y reconoce que en el medio rural “se multiplican los problemas para dar con interesados”.

A 97 kilómetros, en otro valle oscense, los alumnos y alumnas del IES Domingo Miral de Jaca han dado “clases en los pasillos”, según denuncia CCOO. “Las instalaciones del centro han llegado a un nivel de deterioro que ya no admite más demoras. Por poner algunos ejemplos del nivel de degradación, presenta problemas de humedades y de hongos en los techos y columnas los cuales tienen daños severos debido a su antigüedad y falta de mantenimiento. Las goteras son una constante”, critican desde el sindicato.

Utilizan este centro como ejemplo de la “situación crítica” en la que se encuentran muchos centros educativos públicos de la provincia de Huesca. “La insuficiente inversión perpetuada a lo largo del tiempo ha dado lugar al deterioro progresivo de los edificios, algunos de los cuales presentan deficiencias estructurales graves que comprometen la seguridad y la calidad educativa. En suma, la eficiencia energética de los centros educativos es nula y el sindicato ya exigió antes de verano un plan para la transformación energética de los centros educativos, enfocándose en la climatización y en la mejora de las condiciones térmicas”, exponen. Según el sindicato los centros de la provincia de Huesca presentan “problemas estructurales, como filtraciones de agua, grietas en muros y techos, deficiencias en los sistemas eléctricos y de calefacción, así como patios y espacios comunes deteriorados. Estos problemas estructurales se vienen arrastrando durante años y requieren reparaciones, mantenimiento y mejoras profundas”.

Estos problemas estructurales, según reconocen desde el Departamento de Educación, se arrastran desde hace “décadas”: “Este gobierno ha tenido que desalojar tres centros educativos por la falta de mantenimiento y de actuaciones del anterior Gobierno. Y ha emprendido un plan de contingencia y revisión de todos los centros aragoneses, con un inventario de centros”, exponen.

“Habiendo vacantes y personas en listas no se cubren las plazas”

Las quejas de familias y docentes no solo se producen en el medio rural. En la capital oscense, fuentes del IES Sierra de Guara denuncian “falta de recursos para el propio funcionamiento básico, a nivel de reposición de material deportivo o de poder tener dotación suficiente para el pago de facturas”. Explican que el dinero que proporciona el Departamento de Educación a los centros mediante libramientos “llega tarde” y que eso impide que se puedan acometer gastos extraordinarios en proyectos educativos, por ejemplo. Aseguran que parte del problema es que “no hay estabilidad de los equipos directivos” que, en muchos casos “varían casi cada año”: “Eso genera una inestabilidad porque es imposible que se puedan acometer proyectos de envergadura cuando el equipo va cambiando cada año porque no tienen ni incentivo económico, no hay casi diferencia entre lo que recibe un docente por ser directo a lo que se recibe siendo profesor solo. Hay mucha más voluntad que posibilidades”.

En este centro hay vacante una plaza de conserje a jornada completa y una de personal de limpieza. Fuentes de este centro exponen también que “tenemos desde hace diez años seis aulas en barracones, fue con carácter provisional, pero como están llegando más alumnos de los que en principio se esperan se requieren todavía más aulas, los barracones no se ha podido prescindir de ellos”. Comparan la situación con la medida anunciada por el Gobierno de Azcón para concertar el bachillerato, un plan que ha generado mucha controversia en la comunidad: “Encima oyes que se van a destinar millones de euros a la escuela concertada cuando sobran 2.500 plazas de bachillerato cada curso en centros públicos”.

Las vacantes en los centros públicos son alrededor de 40, según expone Arancha García Carpintero, de CGT en Huesca: “Lo del personal no docente es vergonzoso, habiendo vacantes y personas en listas no se cubren las plazas”, critica. Esta representante sindical trabaja en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Montearagón de Huesca y expone que, esta misma semana, se ha cubierto la plaza de jefa de administración, vacante más de dos años y que queda todavía una vacante de auxiliar administrativo sin cubrir, “desde hace cuatro o cinco meses”. Comenta que los problemas derivados de no tener personal administrativo “son muchos”: “No sale la documentación, no se pueden tramitar las becas. Juegan con la ventaja de que los docentes y el equipo directivo hace las labores que no les corresponden para que no pasen males mayores, cubrimos esos huecos y carencias”.

Sin embargo, asegura que esto “genera estrés”. También hay una vacante en la plaza de conserje, por lo que los docentes “cogemos las llaves y hacemos las funciones para que todo funcione” y esta misma semana se han cubierto las plazas de personal de limpieza “después de seis meses”: “Es un problema importante porque privamos a personas con necesidad de trabajo de una plaza que les corresponde y a los centros con falta de recursos”. García Carpintero considera que hay un interés detrás de estos problemas: “Están privatizando el trabajo que antes estaba en manos de personal no docente, contratando empresas de limpieza por ejemplo. Así se gasta mucho dinero a costa de precarizar los empleos y privatizar. Es un desmantelamiento de lo público”.

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, respondió a preguntas de los grupos políticos sobre el estado de la educación en Aragón durante el pleno de las Cortes del pasado 11 de diciembre. Allí aseguró que “la educación ha mejorado muchísimo con el Gobierno del señor Azcón” y destacó el “modelo educativo basado en la libertad de elección de centro, la equidad y la inclusión” al tiempo que negó la privatización: “No se privatiza nada, no se desmantela la educación”. No obstante, sí que reconoció “incidencias puntuales” en determinados centros para cubrir las plazas vacantes, “sobre todo en el mundo rural. Somos una comunidad en la que la despoblación a la hora de cubrir los servicios nos causa perjuicio”.

En pleno debate sobre el regreso de los valores católicos, a raíz del nuevo disco de Rosalía y el éxito de la película Los domingos, una pequeña aunque profunda controversia en un centro concertado y religioso de Madrid vuelve a ponerlos en cuestión. Sobre todo, cuando el dinero entra en juego. Familias del Colegio Internacional G. Nicoli, en Chamberí, han mostrado en público o en privado su rechazo a lo que sucedió el pasado 31 de octubre entre sus paredes. Como viene siendo habitual y pese a las peticiones de algunos padres y madres, la dirección del centro vetaba cualquier festejo de Halloween por el origen pagano y ajeno a la cultura cristiana de dicha celebración. Los niños y niñas no podían acudir disfrazados o con la cara pintada. Pero esa misma noche, decenas de famosos e influencers disfrutaron de una fiesta privada por todo lo alto en el Nicoli, con el terror como gran temática.

La diferencia entre la iniciativa de las familias y la que sí se llevó a cabo es que esta última fue previo pago: sus organizadores abonaron un alquiler a la Fundación Escuela de los Oficios, responsable del colegio. Las cuentas en redes de Ester Expósito o Brays Efe muestran, por ejemplo, cómo los invitados consumieron alcohol en las zonas comunes del recinto.

La madre de un estudiante del Nicoli admite incluso su preocupación “por si hubiesen quedado restos de drogas el lunes siguiente, pastillas de LSD con caritas sonrientes o animalitos que los niños podrían probar por curiosidad”. Habla de “hipocresía”, mientras otro padre ve un “doble discurso”. “Entendería el enfado de quien tenga sentimientos religiosos. Yo no los tengo”, opina otra progenitora en declaraciones a Somos Chamberí.

Alcohol en el baño

La fiesta saltó a los chats de familias después de las publicaciones en Instagram de muchos de sus participantes. Una de ellas fue la actriz Ester Expósito, que en un post enseña su propio disfraz, el de otros invitados (diablo incluido), una careta sonriente de Donald Trump o varias copas sobre el lavabo que poco después utilizará el alumnado.

Una crónica más exhaustiva del evento, recogida en la web Highxtar, cuenta que estuvo organizado por los directores creativos y empresarios Laura Vandall y Edgar Kerri, de la mano de la cadena de clubes privados Soho House. Javier Calvo, Yenesi, Paco León o Álex de Lucas acudieron como invitados a la cita, entre los muchos famosos que se pasaron por allí.

“En el extenso y escalofriante pasillo de un antiguo colegio ubicado en el centro de Madrid, una impresionante mesa acogía a los casi cien comensales, emocionados por descubrir cuál era el mejor atuendo de los allí presentes —y todas las sorpresas que depararía la velada—”, indica este artículo, rematado por fotografías que dejan ver el ambiente ligero de la noche o el suculento menú (atención al ¿dulce? con forma de capirote). La pieza explica además que la fiesta continuó en otro lugar, CORE Club, “a partir de la medianoche”.

El encuentro, por tener, tuvo hasta acusaciones de censura. Brays Efe acudió caracterizado como un agente inmobiliario de Tecnocasa, con elementos tan característicos de este perfil como son la pulsera de España en la muñeca y los restos blancos bajo la nariz (cosas de la escayola recién puesta en los pisos que enseñan). El actor lamentó que su publicación original de Instagram con esta estampa fue eliminada de la red social: “¿Sabéis una cosa que a mí me incita al odio? La especulación inmobiliaria, los fondos buitre y… la censura”.

Familias molestas y cautas que se lo toman con humor: “No arruines la reputación del cole”

A las puertas del centro, la postura escandalizada, o meramente crítica, es la excepción. Reina una especie de ley del silencio sepulcral. Quizá tenga algo que ver la frase con la que se despide, en tono de broma, una de las madres de un corrillo en la entrada del Nicoli: “La verdad es que según parece fue el fiestón de la noche, pero no arruines la reputación del cole, eh”.

Así, solo un puñado de padres y madres se detiene a contestar las preguntas de este periódico y la respuesta más habitual no carga las tintas con el equipo directivo del Nicoli. “Sé que ha molestado a algunas familias, pero al final el Colegio no deja de estar en manos de una Fundación que está en su derecho de hacer los negocios que considere”, sostiene Jesús, que deja a su peque en el cole a primera hora. Le da tiempo a deslizar, eso sí, que la postura de la dirección es “incoherente”.

Entiendo que por lo que sea no quieran celebrar Halloween y que luego lo alquilen para eventos, el problema es qué tipo de fiesta fue y lo que se pudo hacer dentro. No sé si descontroló, obviamente no estuve, solo vi lo que colgaron por Instagram

Pero, como a la madre temerosa del LSD, a la mayoría de padres la inconsistencia no les molesta tanto como el perfil del guateque. Así lo expone uno de ellos: “Yo entiendo que por lo que sea no quieran celebrar Halloween y que luego lo alquilen para eventos, el problema es qué tipo de fiesta fue y lo que se pudo hacer dentro. No sé si descontroló, obviamente yo no estuve, simplemente vi lo que colgaron por Instagram”. Otra madre apostilla que “terminó muy pronto”, aunque reconoce que pertenece al sector menos beligerante con el tema, que sí ha soliviantado a otras familias.

En ese corrillo a la entrada del Nicoli, la misma madre que expresa su inquietud por los restos de sustancias estupefacientes cuestiona que “los niños no puedan venir de Halloween, mientras dejan entrar un montón de gente vestida de diablo”. Otra, con más guasa y vacile que indignación o fervor religioso, replica que “al final el diablo es un ángel caído”.

Silencio en el Nicoli

Ante la controversia este diario ha contactado a la dirección del Colegio Internacional G. Nicoli, sin que desde el centro concertado y bilingüe situado en el número 4 del Paseo de Eduardo Dato atiendan por el momento las preguntas remitidas, acerca de las críticas de las familias o la cuantía recibida por arrendar las instalaciones una noche. En su web, detallan que su proyecto educativo surge en 2018 “bajo el amparo de la Fundación Escuela de los Oficios”. Pretende ser “una referencia educativa en el centro de Madrid y para ello ofrece un ambicioso proyecto educativo, configurado para escolarizar a más de 800 alumnos en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional”.

Recalcan que el Nicoli es “fruto de la colaboración de las Hijas de la Caridad [comunidad religiosa de monjas] y del Colegio Internacional J. H. Newman de Madrid”. Una entidad esta última envuelta en una enorme polémica en 2023 con otro de sus centros de Madrid, en el barrio de San Blas, por la construcción y puesta en marcha de un gimnasio privado en una parcela cedida al colegio concertado para usos educativos. El Centro Deportivo Newman compartía terreno con el adyacente colegio concertado J. H. Newman, en un suelo público propiedad del Ayuntamiento de Madrid que el Consistorio cedió de manera gratuita durante 75 años a la Fundación Internacional de la Educación (FIE) para erigir el concertado en 2003.

Los trabajos acabaron en 2005, pero quedó libre una esquina de casi 4.000 metros cuadrados. La situación continuó así hasta la llegada de Dos Deporte, cadena gallega que invirtió unos diez millones de euros en la obra. El gimnasio abrió al público sin licencia y enmascarado como centro educativo porque lo iba a utilizar el alumnado del colegio. Esta construcción parecía incompatible con los usos previstos para este suelo en el acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento y la FIE, que data de 2003. El acuerdo contemplaba la creación de dotaciones “de servicios colectivos educativos básicos”. Después de una actuación laxa del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, por la cual seguía abierto diez meses después de la emisión de la orden de cierre municipal, acabó clausurándose en enero de 2024. Posteriormente, este medio desveló nuevas irregularidades del Newman ante las cuales el Consistorio dilató su intervención.

Miles de estudiantes se han manifestado este martes en decenas de ciudades de todo el país –había paros convocados en 85 localidades– contra el acoso escolar y en recuerdo de Sandra, la joven sevillana que se quitó la vida hace dos semanas tras sufrir bullying continuado en su centro, que pese a que conocía la situación no hizo nada. En la marcha de Sevilla ha participado la familia de Sandra, según han informado varios medios.

Desde Sevilla a Bilbao pasando por Vigo, los jóvenes, convocados por el Sindicato de Estudiantes, han exigido recursos para los centros y que se tomen medidas cuando se denuncien casos, como exigen los protocolos. Aunque la marcha era contra el acoso en general, la organización se ha acordado del Colegio Irlandesas Loreto, la escuela concertada a la que acudía Sandra. “Basta de dar dinero público a quienes lo esconden y no hacen nada”, ha reivindicado el sindicato, en alusión al concierto educativo que la Junta valora ahora retirar.

En Sevilla, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Elena Ocaña, ha contado a los medios que “no solo hay que hablar de la maldad en abstracto”, sino que “hay una serie de responsables” ante lo que ha calificado como “problema de primer orden”. Específicamente, la portavoz ha señalado al colegio por no hacer nada “para no perjudicar su imagen” y “poder seguir llevándose todos esos millones que se embolsan por parte de la Junta”. Para evitar la posibilidad de que se vuelvan a dar casos como el de Sandra, Ocaña ha pedido más inversión en pedagogos y psicólogos.

En una línea parecida a Ocaña se ha manifestado su colega Hugo Cícero, portavoz de la organización en Cantabria. Cícero ha explicado que quien sufre acoso “normalmente no lo manifiesta, no se lo dice a sus profesores”, lo que pone de manifiesto la falta de esos profesionales trabajen desde otro sitio.

Solo el 5'6% de los docentes ha recibido formación sobre convivencia o acoso en las aulas, según un análisis de la Fundación MAPRE y Siena Educación publicado este martes. El estudio señala que seis de cada diez docentes cree que los compañeros de clase son un factor que influye mucho en el bienestar emocional de sus estudiantes, y el 20% incide en que la agresividad y el acoso escolar es el tercer problema de salud mental más frecuente en las aulas.

Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado también en Toledo este martes, en la plaza de Zocodover. “No al silencio, sí a la acción”, rezaba uno de los cánticos que se han podido escuchar en la movilización. “Prevenir es curar. Protocolo anti-bullying ahora”, “la escuela debe estar llena de enseñanza, no de acosadores” o “protegednos primero, después educadnos, no más indiferencia”, son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en los carteles que han portado numerosos jóvenes.

Un grupo de estudiantes de Logroño también se ha manifestado desde el Espolón hasta la plaza del Ayuntamiento. Han reclamado actuaciones a las direcciones de los centros escolares. La protesta también ha recordado a Sandra, y la marcha ha estado encabezada por una pancarta que decía 'Sandra no te olvidamos. Hay responsables'. Además, han portado algún cartel con la frase 'Nadie merece sentirse menos por ser quien es. #Stopbullying'. Antes de la manifestación, Antonio, el coordinador regional del Sindicato de Estudiantes en la región, ha asegurado que la iniciativa con esta acción buscan “apoyar a todos los estudiantes que reciben acoso día a día en las aulas y no se dice”. Ha exigido actuaciones a las direcciones de los centros escolares “porque no se hace nada”.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha reconegut el dret d'una menor de Palma a rebre ensenyament de religió islàmica. Ho fa en una sentència que considera vulnerat l'article 27.3 de la Constitució, que garanteix als pares que els fills rebin formació religiosa i moral conforme a les seves conviccions. Els magistrats asseveren que l'Administració té l'obligació d'oferir ensenyament religiós a l'escola pública, amb caràcter voluntari per als alumnes, i que aquest deure s'estén a totes les confessions que així ho hagin acordat amb l'Estat.

La resolució, consultada per elDiario.es, estima parcialment el recurs que la família de dos menors que cursen infantil i primària. Inicialment, la petició va ser cursada davant l'Ajuntament i inadmesa per la Conselleria d'Educació, que al·legava no haver rebut la sol·licitud i que aquesta tampoc no havia estat presentada al col·legi. El tribunal, no obstant, considera provat que la petició va ser registrada correctament al Consistori i remesa al Govern, encara que només en relació amb una de les filles.

La sentència, dictada el 10 de setembre passat, assenyala que el silenci de l'Administració autonòmica va vulnerar els drets fonamentals de la nena en ignorar la sol·licitud i no oferir cap alternativa per accedir a aquest ensenyament. Tot i això, matisa que el dret que empara la menor de rebre les classes de religió islàmica no implica que aquestes s'hagin d'impartir necessàriament al centre concret sol·licitat, sinó que s'ha de garantir “en un centre públic de proximitat” dins de la ciutat.

La sentència es recolza en l'Acord de Cooperació entre l'Estat i la Comissió Islàmica d'Espanya, aprovat per la Llei 26/1992, de 10 de novembre, una normativa llavors pionera a Europa l'article 10 de la qual garanteix als alumnes musulmans el dret a rebre ensenyament religiós islàmic als centres docents públics i concertats, des d'educació infantil i primària fins a educació secundària, sempre que així ho sol·licitin els pares i tutors i l'exercici d'aquest dret no entri en contradicció amb el caràcter propi del centre.

L'acord desenvolupa així el principi constitucional de llibertat religiosa i el dret a l'educació, situant l'ensenyament de l'Islam en el mateix pla jurídic que les religions catòlica, evangèlica o jueva, amb què l'Estat manté convenis similars.

A les Balears, l'aplicació pràctica d'aquest dret es va regular mitjançant un conveni signat el 2019 entre la Conselleria d'Educació i la Comissió Islàmica d'Espanya, que permetia impartir classes en un màxim de deu col·legis públics. Tot i això, l'acord va expirar el setembre del 2023 i no ha estat renovat. La sentència retreu al Govern balear no haver restablit un marc normatiu ni haver informat les famílies sobre els centres on sí que s'impartia l'assignatura durant el curs 2024-2025, cosa que va deixar les famílies sense opcions reals.

“La Conselleria d'Educació ha de desplegar l'activitat precisa per impartir aquest ensenyament religiós als centres públics de què disposa a tota l'illa, cosa que inclou Palma. I no ho ha fet”, recalquen els magistrats, que recriminen que, en extingir-se la vigència de l'acord de 2019, el Govern “ni ho ha renovat, ni tampoc ha justificat en el debat que hagi organitzat impartir aquest ensenyament, d'acord amb els recursos públics de què disposa, i d'acord amb les necessitats de població que demana aquest ensenyament en la confessió islàmica”.

Al contrari, sosté el tribunal, “amb l'actitud seguida davant de la petició del recurrent, consistent a ignorar-la del tot, ha vulnerat el seu dret fonamental a poder rebre el seu fill ensenyament de religió islàmica, negant-li tota informació que pogués fer efectiu aquest dret. Insistim, la demandada no ha exposat ni explicat, ni en via administrativa, ni tampoc en fase judicial, quins col·legis de Palma ofereixen aquest ensenyament religiós”, sentencien els jutges.

Un dels problemes que afecten la implementació d'aquest dret és la manca de professorat especialitzat. Segons la Comissió Islàmica d'Espanya, el gener del 2022 hi havia 106 professors que impartien l'assignatura de religió islàmica davant dels més de 312.500 alumnes musulmans que, calcula l'entitat, estudien a Espanya.

El Govern assegura que acatarà la sentència

Després de conèixer la sentència, el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha assegurat que l'acatarà, assenyalant que estan estudiant-la i analitzant com donar encaix al seu contingut. En declaracions als mitjans, Vera ha expressat el seu respecte pel pronunciament de l'alt tribunal i ha avançat que el conveni amb la Comissió Islàmica en aquesta matèria es troba en procés de revisió.

Segons les dades facilitades pel departament d'Educació, avui dia l'assignatura de religió islàmica la imparteixen cinc docents en 12 centres educatius de l'arxipèlag. L'estan cursant 727 alumnes.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha reconocido el derecho de una menor de Palma a recibir enseñanza de religión islámica. Lo hace en una sentencia que considera vulnerado el artículo 27.3 de la Constitución, que garantiza a los padres que sus hijos reciban formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. Los magistrados aseveran que la Administración tiene la obligación de ofrecer enseñanza religiosa en la escuela pública, con carácter voluntario para los alumnos, y que este deber se extiende a todas las confesiones que así lo hayan acordado con el Estado.

La resolución, consultada por elDiario.es, estima parcialmente el recurso de la familia de dos menores que estudian en infantil y primaria. Inicialmente, la petición fue cursada ante el Ayuntamiento e inadmitida por la Conselleria de Educación, que alegaba no haber recibido la solicitud y que ésta tampoco había sido presentada en el colegio. El tribunal, sin embargo, considera probado que la petición fue registrada correctamente en el Consistorio y remitida al Govern, aunque solo en relación con una de las hijas.

La sentencia, dictada el pasado 10 de septiembre, señala que el silencio de la Administración autonómica vulneró los derechos fundamentales de la niña al ignorar la solicitud y no ofrecer alternativa alguna para acceder a dicha enseñanza. No obstante, matiza que el derecho que ampara a la menor de recibir las clases de religión islámica no implica que éstas deban impartirse necesariamente en el centro concreto solicitado, sino que debe garantizarse “en un centro público de proximidad” dentro de la ciudad.

La sentencia se apoya en el Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, una normativa entonces pionera en Europa cuyo artículo 10 garantiza a los alumnos musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y concertados, desde educación infantil y primaria hasta educación secundaria, siempre que así lo soliciten los padres y tutores y el ejercicio de ese derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro.

El acuerdo desarrolla así el principio constitucional de libertad religiosa y el derecho a la educación, situando la enseñanza del Islam en el mismo plano jurídico que las religiones católica, evangélica o judía, con las que el Estado mantiene convenios similares.

En Balears, la aplicación práctica de este derecho se reguló mediante un convenio firmado en 2019 entre la Conselleria de Educación y la Comisión Islámica de España, que permitía impartir clases en un máximo de diez colegios públicos. Sin embargo, el acuerdo expiró en septiembre de 2023 y no ha sido renovado. La sentencia reprocha al Govern balear no haber restablecido un marco normativo ni haber informado a las familias sobre los centros donde sí se impartía la asignatura durante el curso 2024-2025, lo que dejó a las familias sin opciones reales.

“La Conselleria de Educación debe desplegar la actividad precisa para impartir tal enseñanza religiosa en los centros públicos de que dispone en toda la isla, lo que incluye Palma. Y no lo ha hecho”, recalcan los magistrados, que recriminan que, al extinguirse la vigencia del acuerdo de 2019, el Govern “ni lo ha renovado, ni tampoco ha justificado en el debate que haya organizado impartir esa enseñanza, con arreglo a los recursos públicos de que dispone, y de acuerdo a las necesidades de población que demanda esa enseñanza en la confesión islámica”.

Al contrario, sostiene el tribunal, “con la actitud seguida frente a la petición del recurrente, consistente en ignorarla por completo, ha vulnerado su derecho fundamental a poder recibir su hija enseñanza de religión islámica, negándole toda información que pudiera hacer efectivo ese derecho. Insistimos, la demandada no ha expuesto ni explicado, ni en vía administrativa, ni tampoco en fase judicial, qué colegios de Palma imparten esa enseñanza religiosa”, sentencian los jueces.

Uno de los problemas que afectan a la implementación de este derecho es la falta de profesorado especializado. Según la Comisión Islámica de España, en enero de 2022 había 106 profesores que impartían la asignatura de religión islámica frente a los más de 312.500 alumnos musulmanes que, calcula la entidad, estudian en España.

El Govern asegura que acatará la sentencia

Tras conocer la sentencia, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asegurado que la acatará, señalando que están estudiándola y analizando cómo dar encaje a su contenido. En declaraciones a los medios, Vera ha expresado su respeto por el pronunciamiento del alto tribunal y ha avanzado que el convenio con la Comisión Islámica en esta materia se encuentra en proceso de revisión.

Según los datos facilitados por el departamento de Educación, a día de hoy la asignatura de religión islámica la imparten cinco docentes en 12 centros educativos del archipiélago. La están cursando 727 alumnos.

L’educació a Espanya és obligatòria i gratuïta en les etapes de Primària i Secundària. No obstant això, el 83% dels centres concertats espanyols –que ofereixen ensenyament en aquestes etapes i que estan subvencionats– cobren quotes a les famílies, segons es desprén del X Estudi de quotes i preus de col·legis concertats, elaborat per l’associació de col·legis privats Cicae amb dades de més de 300 centres de les huit comunitats que més escola concertada tenen. Aquests pagaments són obligatoris i van en contra de la llei,

En el cas de la Comunitat Valenciana, sobre una mostra de vint-i-nou col·legis concertats analitzats, en el 56% dels casos el pagament mensual és obligatori i en el 44% restant és voluntari. El no abonament d’aquestes quotes no implica, en cap cas, l’exclusió de l’alumne, com sí que passa en el 29% dels més de cent centres estudiats a la Comunitat de Madrid.

Les dades dels col·legis valencians també contrasten amb el cas de Catalunya, amb una mostra de 71 col·legis, en què en el 96% l’abonament és obligatori i en l’1%, l’impagament implica una expulsió de l’alumne; o Euskadi, amb el 90% dels 20 centres amb quota obligatòria, i en un 5% no pagar suposa l’expulsió de l’estudiant.

La Comunitat Valenciana és, darrere de Catalunya, l’autonomia on hi ha centres concertats amb quotes més altes; concretament, 450 euros al mes. La quota mitjana se situa en 81 euros i la més baixa en deu euros al mes. El pagament més alt en un col·legi concertat –sempre entre els centres analitzats per l’estudi– se situa a Catalunya amb 1.100 euros mensuals.

L’evolució de la quota escolar a la Comunitat Valenciana dels últims quatre anys presenta una tendència general ascendent amb un repunt puntual seguit d’una correcció. La quota es va incrementar progressivament de 73,60 euros el curs 2022-2023 a 82,90 euros el 2023-2024, i va arribar a un màxim de 109,20 euros el 2024-2025. La quota més elevada és la del col·legi Gençana, que ascendeix a 450 euros al mes, i inclou el menjador i el material escolar.

El 63% dels col·legis de la Comunitat Valenciana analitzats no expliquen la voluntarietat del pagament a les famílies en la visita al centre. En aquest sentit, la transparència figura com un aspecte a millorar en l’informe, ja que el 31% dels col·legis no lliuren els fulls de preus. Quant a la tipologia dels centres, el 58,62% són gestionats per entitats sense ànim de lucre mentre que la resta ho són per entitats mercantils.

Els centres concertats inclosos en l’estudi

Dels centres valencians analitzats, cobren quota base obligatòria, a més de Gençana, CEU Jesús María (141 euros), Sagrado Corazón Hermanos Maristas (131 euros), Aire Libre (124 euros), Xúquer Centre Educatiu (70 euros), Marni (67 euros), Oratorio Festivo (50 euros), Médico Pedro Herrero (50 euros), Sagrada Familia Valencia (35 euros), Abad Sola (28 euros), Nuestra Señora de los Dolores (20 euros), La Purísima y San Francisco (20 euros), Marqués de Dos Aguas (10 euros), Santa Teresa-Vistahermosa (10 euros) i Sant Roc (10 euros).

Mentre que els col·legis sense quota base són Nazaret, Paidos, Lope de Vega, Academia Luis Vives, Oleza, Sant Antoni, La Presentación, Liceo Benicàssim, Mariano Serra, La Fontaine, Cervantes, Larrodé i Abecé.

La educación en España es obligatoria y gratuita en las etapas de Primaria y Secundaria. Sin embargo, el 83% de los centros concertados españoles -que ofrecen enseñanza en esas etapas y que están subvencionados- cobra cuotas a las familias,según se desprende del X Estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la asociación de colegios privados Cicae con datos de más de 300 centros de las ocho comunidades que más escuela concertada tiene. Estos pagos son obligatorios y van contra la ley,

En el caso de la Comunitat Valenciana, sobre una muestra de veintinueve colegios concertados analizados, en el 56% de los casos el pago mensual es obligatorio y en el 44% restante es voluntario. El no abono de estas cuotas no implica, en ningún caso, la exclusión del alumno, como sí sucede en el 29% de los más de cien centros estudiados en la Comunidad de Madrid.

Los datos de los colegios valencianos también contrastan con el caso de Catalunya, con una muestra de 71 colegios, donde en el 96% el abono es obligatorio y en el 1%, el impago implica una expulsión del alumno; o Euskadi, con el 90% de los 20 centros con cuota obligatoria, y en un 5% no pagar supone la expulsión del estudiante.

La Comunitat Valenciana es, tras Catalunya, la autonomía donde hay centros concertados con cuotas más altas; concretamente, 450 euros al mes. La cuota media se sitúa en 81 euros y la más baja en diez euros al mes. El pago más alto en un colegio concertado -siempre entre los centros analizados por el estudio- se sitúa en Catalunya con 1.100 euros mensuales.

La evolución de la cuota escolar en la Comunitat Valenciana de los últimos cuatro años presenta una tendencia general ascendente con un repunte puntual seguido de una corrección. La cuota se incrementó progresivamente de 73,60 euros en el curso 2022-2023 a 82,90 euros en 2023-2024, alcanzando un máximo de 109,20 euros en 2024-2025. La cuota más elevada es la del colegio Gençana, que asciende a 450 euros al mes, e incluye el comedor y el material escolar.

El 63% de los colegios de la Comunitat Valenciana analizados no explica la voluntariedad del pago a las familias en la visita al centro. En este sentido, la transparencia figura como un aspecto a mejorar en el informe, ya que el 31% de los colegios no entrega las hojas de precios. En cuanto a la tipología de los centros, el 58,62% están gestionados por entidades sin ánimo de lucro mientras que el resto lo está por entidades mercantiles.

Los centros concertados incluidos en el estudio

De los centros valencianos analizados, cobran cuota base obligatoria, además de Gençana, CEU Jesús María (141 euros), Sagrado Corazón Hermanos Maristas (131 euros), Aire Libre (124 euros), Xúquer Centre Educatiu (70 euros), Marni (67 euros), Oratorio Festivo (50 euros), Médico Pedro Herrero (50 euros), Sagrada Familia Valencia (35 euros), Abad Sola (28 euros), Nuestra Señora de los Dolores (20 euros), La Purísima y San Francisco (20 euros), Marqués de Dos Aguas (10 euros), Santa Teresa-Vistahermosa (10 euros) y Sant Roc (10 euros).

Mientras que los colegios sin cuota base son Nazaret, Paidos, Lope de Vega, Academia Luis Vives, Oleza, Sant Antoni, La Presentación, Liceo Benicàssim, Mariano Serra, La Fontaine, Cervantes, Larrodé y Abecé.

El 83% de los colegios concertados de España cobra una cuota a sus familias, y en dos tercios de ellos, más de la mitad del total, esa cuota es obligatorias. Esta imposición va contra la ley, que establece la gratuidad de las etapas que cubre la escuela privada subvencionada, según recuerda el X Estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la asociación de colegios privados Cicae con datos de más de 300 centros de las ocho comunidades que más escuela concertada tiene.

Pero ese 83% de media esconde realidades muy diferentes según la comunidad autónoma o el tipo de colegio, sostiene el informe. En Catalunya, País Vasco y la Comunidad de Madrid, el 100% de los colegios visitados –el informe se realiza mediante la técnica del cliente misterioso, en el que alguien simula estar interesado en matricular a su hijo en el centro y recaba información del mismo– cobra una cuota base a las familias, mientras en Galicia son poco más de la mitad (57%) y en Murcia una minoría (29%).

Elena Cid, directora general de Cicae, ha destacado que la escuela concertada es variada y que no todos los centros actúan de la misma manera, con una distinción entre los colegios que son sociedades mercantiles y las fundaciones o centros sin ánimo de lucro. “Hay muchas concertadas. El 17% de los colegios no cobra”, ha querido distinguir. Pero, con carácter general, “en estos últimos diez años las cuotas aumentan, son muy elevadas, hay una concertada que se está lucrando y la mercantilización de este sector está ocurriendo, sobre todo en algunas comunidades autónomas”, ha señalado. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el 40% de los centros privados subvencionados son sociedades mercantiles.

La forma jurídica de los centros también influye en las cuotas y el comportamiento de los centros, subraya Cicae. Los colegios constituidos como empresas, explica el informe, tienen de media cuotas más altas que los que optan por otras formas, como las fundaciones. Los colegios de titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 114 euros al mes y picos de 186 euros para las sociedad anónimas, mientras las cooperativas se quedan en 86 euros. En los centros que no tienen ánimo de lucro el importe promedio es de 96 euros, y cae en las congregaciones religiosas hasta los 74,43 euros mensuales, según el informe.

Esta diferencia entre las formas jurídicas de los centros también se refleja en cuánto presionan a las familias para el pago de las cuotas, según Cicae. Los centros sin ánimo de lucro tienen, en general, más flexibilidad. Por ejemplo, en casi la mitad de las congregaciones religiosas el pago se declara voluntario, mientras en las sociedades anónimas o limitadas apenas son el 10%. Cicae también denuncia que los centros juegan con los conceptos para camuflar las cuotas y esquivar la prohibición, hablando a las familias de “actividades complementarias”, “aportación” o “proyecto educativo”.

Catalunya, la más cara

Un año más, Catalunya lidera la cuota máxima que se cobra a las familias, con 220 euros mensuales, aunque esta media puede estar algo distorsionada por los 1.100 euros que cobra el colegio St. Paul's School. En esta comunidad autónoma el precio acumulado ha subido un 23,4% en los últimos tres años, siempre según el informe de Cicae.

Tras Catalunya aparece en la lista Madrid, con un pago medio mensual de 135 euros y un pico máximo de 277 en el colegio Los Ángeles. En este caso el incremento asciende al 16% y en dos de cada tres colegios la cantidad supera los 150 euros al mes. Cierra el podio Euskadi, donde las familias abonan una media de 99 euros cada 30 días. En estas tres comunidades autonómas el 100% de los colegios visitados por la consultora Garlic B2B cobran cuotas.

En el otro extremo aparecen Murcia, que cobra 51 euros al mes de media, Aragón, con 44, y Andalucía, que se queda en 29 euros. Esta última región es la única de las que aparece en el informe donde ha bajado el precio del pago medio (un 32%).

Cicae advierte de que la mayoría de los centros visitados (un 59%) no informa a las familias de que la cuota es voluntaria, como establece la ley.

Dentro del horario

Es habitual que la escuela concertada vincule las cuotas a las actividades complementarias que organizan (diferentes de las curriculares y obligatorias). Estos cobros sí estarían permitidos por la ley porque permiten esta voluntariedad: si una familia no quiere pagar su hijo o hija simplemente no la realiza. Pero, recuerda el informe, “la ley prohíbe la realización de las actividades complementarias dentro del horario escolar”, precisamente para evitar que padres y madres no se vean forzados a inscribirse en una solo para que su hijo no sea excluido.

Pese a ello, destaca Cicae, el 42% las programa entre las 12 y las 14 horas y otro 25% señala que se realizan “dentro del horario lectivo”, aunque sin especificar hora. Esto es, en dos de cada tres centros se realizan en franjas horarias teóricamente vetadas frente al 8% que las pone al principio o final del día, momentos en los que es más sencillo evitarlas.

Los clientes misteriosos de la consulta que ha realizado el informe recogen algunas de las explicaciones que les han ofrecido a este respecto los centros: “[El niño] se iría a un aula aparte [durante la realización de la actividad], pero todas las familias apuestan por ellas”; “El nombre de aportación voluntaria solamente es un nombre porque es obligatoria. Se dan muchas clases extras y servicios y hay que pagarlas. Si el niño no va a las extraescolares aun así hay que pagarlo”; o “se utiliza para pagar servicios y actividades adicionales a las del currículo escolar de la Comunidad de Madrid”, son algunas de ellas.

La apuesta de Madrid

Cuando se habla de escuela concertada mención especial tiene siempre la Comunidad de Madrid, donde los gobiernos del PP se han pasado 25 años (desde que adquirieron las competencias en educación) favoreciendo a la escuela concertada bajo el argumento de que hay que defender la libertad de elección de modelo educativo de los padres. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho incluso una ley ad hoc para blindarla del supuesto ataque al modelo que era la Lomloe.

Unos Ejecutivos regionales que ceden suelo de manera gratuita, garantizan el concierto a colegios que no existen –una práctica que va contra la ley, que estipula que se conciertan centros y proyectos concretos– y les permite luego hacer negocio vendiendo esos colegios, como ha sucedido recientemente con el grupo Educare y la aseguradora suiza Swiss Life, que ha pagado 200 millones de euros por ocho centros que imparten formación obligatoria, teóricamente gratuita para las familias por tanto, y subvencionada por el Estado. Además de cobrar cientos de miles de euros de la Comunidad de Madrid, los colegios de Educare reciben casi 200 euros mensuales por alumno, según el informe de Cicae.

Al calor de estas políticas, en la región ha crecido en los últimos años la conocida como “nueva concertada”, colegios que abandonan las formas jurídicas tradicionales, como fundaciones o empresas sin ánimo de lucro, por sociedades mercantiles, beneficios, dividendos y salarios de seis cifras a sus directivos, que no directores. En anteriores ediciones de este mismo estudio, Cicae asegura que a sus clientes misteriosos les llegaron a decir que el centro “no es una fundación ni una orden católica, es una S. L. (Sociedad Limitada)”, para justificar el cobro de cuotas.

El fracaso de la Lomloe

La Lomloe trató de acotar este tipo de prácticas e incidir en el servicio público que se supone presta la escuela concertada. Varias de las medidas introducidas en la ley Celáa se escribieron pensando en las políticas educativas que se venían aplicando en la Comunidad de Madrid, según admitieron en su momento fuentes socialistas.

Así, al redactado que venían heredando las diferentes leyes educativas y que también aparecía en la LOMCE, articulado en torno al una fórmula genérica (“en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito [...] y quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que tendrán carácter voluntario”) la LOMLOE le añadió dos frases para tratar de limitar las cuotas: “Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.

La evolución que recogen las diez ediciones del informe de Cicae dejan ver que la medida parece haber tenido poco éxito, aunque Cicae cree que a nivel social sí empieza a haber una conciencia de la situación.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (FAPAR), como integrante de la comisión de Garantías de escolarización de la ciudad de Zaragoza, ha criticado este lunes el elevado número de aulas en la escuela pública cerradas por el Gobierno de Aragón en los últimos años en la capital aragonesa, frente a la situación vivida en los centros escolares concertados.

En concreto, la organización ha cifrado en 131 las clases suprimidas en el caso de la escuela pública en los últimos cinco cursos, frente a apenas cuatro en la privada concertada. La situación es aún más grave al poner el foco en los tres cursos más recientes, cuando no ha habido ni un solo cierre en la concertada por 90 en la pública.

En el actual curso, FAPAR ha tenido conocimiento de las vías de 3 años que el Departamento de Educación ha cerrado en los centros públicos en este mes de septiembre (23), que unidas a las que se cerraron antes de iniciarse el proceso de escolarización en el mes de abril (16) suponen la pérdida de 39 aulas en centros públicos. “O incluso más, al tener aulas congeladas que no se reconocen como cerradas”, apunta en un comunicado Miguel Ángel Sanz, presidente de FAPAR.

“Somos conscientes del contexto de bajada demográfica en el que vivimos, pero este no justifica el número de cierres que se están produciendo y mucho menos que estos se ejecuten exclusivamente en la escuela pública”, añade Sanz.

FAPAR sostiene que, a tenor de los datos, la implantación de la zona única en el curso pasado y los nuevos criterios de escolarización del actual Gobierno (en el curso 23-24) evidencian “una pérdida exclusiva de vías en centros públicos, que por una parte se ha visto incrementada, sin duda fruto de la desplanificación que supone una zona única de escolarización”. Cierres que –sostienen las asociaciones de padres y madres de alumnos en su comunicado– se ciñen exclusivamente a centros públicos “y no porque no haya aulas vacías en septiembre en centros concertados (el curso 23-24, al menos cuatro; el curso 24-25, al menos una; el curso 25-26, al menos tres), sino porque el Departamento ha decidido que sea la escuela pública la damnificada”. Y destacan a su vez que “no solo no se cierran conciertos, sino que se incrementan”, con el ejemplo del ciclo de Infantil en el centro San Miguel de Casetas.

La organización suma a “este ataque frontal a la escuela pública” los problemas en la escolarización fuera de plazo derivados de la normativa de zona única, que no permite el cambio si la distancia entre ambos centros no supera los 4 kilómetros. Esto, indica FAPAR, “aboca a familias a gastos inasumibles en transporte, a absentismo escolar, a problemas de conciliación, a dificultades de escolarización en el paso a secundaria y a desapego del entorno familiar”. Se trata además de algo que afecta especialmente a alumnado vulnerable, que es el que presenta mayor movilidad de domicilio, y que se escolariza en mayor medida en los centros públicos.

“La educación es un derecho fundamental que las administraciones deben garantizar a todo el alumnado y el proceso de escolarización no puede ser para unos un derecho de libertad de elección de centro y para otros un mero hecho administrativo en el que garantizar una plaza escolar”, concluye el presidente de FAPAR.

Críticas de CGT y de IU

La semana pasada, CGT Enseñanza, a través de su representante sindical José Luis Ruiz, ya denunció el cierre de “otras 25 aulas en centros educativos públicos de Zaragoza” –23 en aulas 3 años y 2 de Primaria–. “Se trata del enésimo ataque a la enseñanza pública de esta Consejería de Educación del PP, obsesionada por el reducir el gasto a costa de dotar a los centros públicos de la inversión que necesitan para mejorar la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad”, apuntó Ruiz.

El representante sindical denunció que la Dirección General de Política Educativa “incumple su propio acuerdo de ratios autonómico, que fija en 22 el alumnado por aula en Educación Infantil”. Y puso como ejemplo que en el CEIP Torre Ramona del Barrio de Las Fuentes se ha cerrado una de las dos aulas de 3 años a pesar de tener 24 chicos y chicas matriculadas y de haber impedido a una familia matricular al que haría el número 25, a pesar de tener un hermano mayor ya en el centro“.

En la misma línea, Izquierda Unida denunció el cierre de 45 aulas en centros educativos públicos de Aragón en 2025 como consecuencia de la “ausencia de planificación ante el descenso demográfico y su imposición de la zona única de escolarización para apoyar a la escuela concertada que ha llevado a cabo el Gobierno de Jorge Azcón”.

Su coordinador y portavoz en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha registrado preguntas parlamentarias dirigidas a la consejera de Educación, Tomasa Hernández, en las que reclama información detallada sobre los criterios que se han tenido en cuenta para el cierre de las aulas y si se tratan de cierres definitivos como los que llevaron a cabo en abril de 2025. También ha preguntado sobre el refuerzo de la atención a la diversidad en los centros de una sola vía y en como se garantiza dicha atención en los centros concertados ya que muchos de ellos no disponen de recursos para ello.

La venta de un grupo de colegios concertados a una aseguradora suiza por 200 millones de euros, adelantada por El Confidencial, ha sacudido el sector de la enseñanza. Especialmente el de la enseñanza privada, y más especialmente el de la privada subvencionada con fondos públicos, hasta ahora más o menos ajeno al creciente (y goloso) negocio educativo. ¿Es lícito sacar dinero de unas escuelas sostenidas con el dinero de todos, que además están construidas en parcelas que la Comunidad de Madrid cedió gratuitamente?

Para parte de la comunidad educativa esta operación supone un salto cualitativo importante. Una cosa son los colegios privados puros, argumentan (subsector en el que ha habido compraventas recientes), y otra hacer negocio con centros donde se invierte mucho dinero público. Entre las más beligerantes está Cicae, una asociación de centros privados que ve en la concertada, especialmente la madrileña, competencia desleal e incluso sitúa esta operación fuera de la legalidad, pero también la principal patronal de escuela concertada del país.

“¿Los colegios concertados no deben ser entidades sin ánimo de lucro? El marco legal establece que sí, y por ello se les asimila automáticamente a entidades benéfico-docentes, exentas del pago de muchos impuestos municipales. Sin embargo, operaciones como la de hace unos días evidencian una preocupante deriva hacia la mercantilización de un servicio público. Ningún fondo de inversión destina 200 millones de euros a un proyecto si no espera obtener grandes beneficios”, reflexionan desde Cicae.

Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, la sección educativa de la Iglesia Católica y que gestiona dos de cada tres colegios concertados en España, también se manifiesta “preocupado” por una operación que, dice, daña la imagen de todos estos colegios. “Se puede generar una opinión muy equivocada de lo que son los colegios concertados, que cumplen una función social y prestan un servicio público, según recoge la ley de educación”, explica temiendo la generalización.

Además, sostiene, nadie pensaría en adquirir un colegio religioso porque no generan beneficio alguno. “Son deficitarios de forma estructural y tienen que vérselas para intentar tapar ese agujero que desde el inicio provoca el concierto”, alude al sempiterno argumento de las patronales de la concertada respecto a la insuficiencia de lo que paga el Estado por módulo concertado y la polémica con las cuotas voluntarias no tan voluntarias. Una respuesta similar a la que ofrece un experto en la concertada catalana respecto a los centros de aquella comunidad autónoma.

La clave en este caso, apuntan fuentes educativas, es el modelo madrileño de escuela concertada. Una red que ha contado con el favor histórico del PP, que entiende que la “libertad de elección” de las familias se garantiza subvencionando colegios privados con fondos públicos. Todos los gobiernos populares de Madrid han defendido a la escuela concertada y el actual quizá sea el epítome de ello: aprobó la ley Maestra específicamente para blindarla de los efectos de la Lomloe, pensada en parte a su vez para controlar las políticas madrileñas.

Concertada tradicional vs. la “nueva concertada”

Dentro del particular ecosistema educativo madrileño hay dos tipos de escuelas concertadas. Las tradicionales, asociadas sobre todo a la iglesia católica a través de Escuelas Católicas, y la conocida como “nueva concertada”.

Los primeros son colegios con años de historia y asentados en la región, con un funcionamiento que podría calificarse de normal, más allá de la eterna sombra de las cuotas voluntarias no tan voluntarias. La nueva concertada surge al calor de los gobiernos del PP desde que la Comunidad adquirió las competencias educativas en el año 2000 y se implanta con una visión totalmente diferente. La nueva concertada favoreció, por ejemplo, las millonarias mordidas del que fuera mano derecha de la expresidenta regional Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que acabó en la cárcel por corrupción.

Este periódico analizó en el año 2021 las cuentas de 32 de estos centros. “Sociedades mercantiles, beneficios, dividendos y altos salarios tras las subvenciones públicas”, se tituló aquel reportaje, que daba cuenta de un sector que parece más centrado en lo económico que en lo educativo, con empresas en vez de fundaciones y directivos donde suele haber directores. Un sector con accionistas, que reparte beneficios y paga nóminas de seis cifras.

El grupo Educare, noticia hoy por esta venta, ya mereció especial atención entonces. Tenía ese año seis colegios y una participación de casi el 80% en otro. Disponía de un saldo contable de 30,2 millones de euros para inversiones a largo plazo, otros 8,8 para “inversiones en empresas del grupo”, clasificadas como corto plazo, además de otros 4,9 millones de euros para “inversiones financieras a corto plazo”. La empresa declaró en 2018 un resultado del ejercicio de 11,5 millones de euros tras impuestos. Lo normal en un grupo educativo al que el Estado (la Comunidad de Madrid, en este caso) transfiere cientos de miles de euros al año para sus centros: el colegio Valdefuentes, el Torrevilano, el Peñalvento, el Peñalar, el Parque, el Montesclaros, Antamira y Antanes School.

Las particularidades de Madrid

Madrid tiene más peculiaridades, con la cesión de suelo público para hacer negocios privados quizá a la cabeza de todas ellas. Madrid es una comunidad autónoma en la que el Gobierno regional, que se dice liberal, no es que permita o facilite hacer negocios a los empresarios y emprendedores quitándose de en medio, sino que, si uno tiene suerte, le impulsa la actividad económica poniendo medios públicos a su disposición. Sucede desde hace años, décadas ya, con la escuela concertada.

De tanto en tanto, la Consejería de Educación detecta que en cierto barrio o municipio hace falta un centro educativo y, con un razonamiento particular, decide que ese centro debe ser concertado. A partir de ahí, es habitual que ceda de manera gratuita una parcela pública a un grupo o empresa para que levante ese colegio, que tiene garantizado el concierto antes de existir. Una escuela que viene con un pan debajo del brazo en forma de subvención pública, aunque esta práctica vaya contra la ley porque se conciertan colegios que existen, con su proyecto educativo concreto, no propuestas sobre el papel. Pero el caso es que el impulsor del colegio solo tiene que pagar la construcción de las instalaciones y dispone, habitualmente, de unos 75 años para recuperar su inversión (el tiempo normal que dura la cesión gratuita de la parcela). Además, los pliegos de las cesiones permiten a las adjudicatarias de los centros disponer del suelo como si fuera suyo durante ese periodo. Por ejemplo, pueden ponerlo como aval ante una hipoteca o préstamo.

Este es, o al menos era, el modus operandi normal. Hasta ahora, que uno de los grupos agraciados con parcelas públicas para sus colegios ha tomado un atajo al vender sus centros a una gestora suiza que gestiona casi 140.000 millones de euros. Fuentes próximas a la operación le explicaron a El Confidencial que la aseguradora suiza ha pagado unas diez veces el beneficio de explotación o EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Educare, que ronda los 18 millones de euros. El grupo de educación concertada factura unos 70 millones de euros al año y en el plan estratégico incluido en la documentación enviada a los inversores para la venta se incluía una proyección de EBITDA de 30 millones a cinco años. Todo ello a la vez que recibe fondos públicos para su funcionamiento. La deuda de Educare ronda los 50 millones.

Este periódico ha preguntado a Swiss Life cuáles son sus planes para estos centros y si planea expandirse más por el sector en España, pero la compañía ha declinado comentar nada. La Comunidad de Madrid, que tiene las competencias en educación y paga el módulo económico a los colegios de Educare, tampoco ha contestado. El Ministerio, que ejerce de prescriptor general del sistema a través de las leyes, pero que no tiene competencia directa, no tiene constancia documental de la operación.

El col·legi concertat Aixa Llaüt de Palma ha estat el que més diners públics ha rebut per part del Govern balear del PP per a dur a terme el pla de segregació lingüística imposat per Vox per a desplaçar al català de l'escola balear: 177.223 euros. Segons la documentació de l'Executiu autonòmic consultada per eldiario.es, en segon lloc es van situar els centres La nostra Senyora de Montesión i Juan de la Cierva, tots dos a Palma, i Nuestra Señora de la Consolación, a Eivissa, amb un total de 151.906 euros.

En tercer lloc, els col·legis Nuestra Señora de la Consolación Es Vivero i San Alfonso María de Ligorio, a Palma, i els centres Mare de Déu de les Neus (Sant Josep) i Can Bonet (Sant Antoni de Portmany), tots dos a l'illa d'Eivissa, amb 75.953 euros. Finalment, Nuestra Señora de la Consolación (Alaró, Mallorca), Santa Mónica i Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta, aquests dos últims a Palma, van rebre 63.294 euros. La quantitat de diners públics es va repartir en funció de les hores lectives.

La implantació del pla de segregació lingüística en Balears, que PP i Vox diuen “pla pilot voluntari de lliure elecció de la llengua”, ha estat un fracàs en la seva implementació per al curs 2024-2025. Malgrat que l'extrema dreta volia gastar fins a 20 milions d'euros tant en l'educació pública com en la concertada i privada per a arraconar el català, finalment només es van destinar 1,1 milions. D'un total de 339 centres d'Educació Primària de les Illes Balears (222 públics i 117 privats o concertats), només es van sumar 11 (tots concertats o privats).

Aquest pla pilot va ser una de les exigències de Vox incloses en l'acord de legislatura de 110 mesures que va fer presidenta del Govern a Marga Prohens (PP) en 2023. Per als ultradretans, la “lliure elecció de la llengua” significa que les famílies puguin triar si els seus fills o filles estudien en català o castellà durant les primeres fases educatives de l'ensenyament, així com augmentar el castellà en els col·legis i instituts. La major part de la comunitat educativa, en canvi, defensa que es tracta d'un model que segrega a l'alumnat en funció de la llengua.

Vuit centres més el curs que ve

Per al curs 2025-2026 un total de 19 centres —vuit més que el curs passat— han sol·licitat adherir-se al pla de segregació lingüística. Sant Vicenç de Paül del Coll d'en Rabassa i Nuestra Señora de la Consolación (tots dos a Palma); Ramon Llull, d'Andratx (Mallorca), i Sa Real, d'Eivissa, en l'etapa de primària, els centres El Temple i San José de la Montaña, de Palma, i Nuestra Señora de la Consolación, d'Alcúdia (Mallorca), en les etapes de primària i secundària, i el col·legi Jesús Maria, de Palma, en l'etapa de secundària, són els centres educatius que han sol·licitat unir-se al pla.

La Conselleria d'Educació i Universitats no pot quantificar encara el cost que tindrà el pla per al curs 2025-2026, segons respon en la mateixa documentació que desglossa els diners destinats a cada centre per al curs 2024-2025 i que eldiario.es va sol·licitar a través del Portal de Transparència. PP i Vox van aprovar uns pressupostos la setmana passada que eleven a 21 milions l'aplicació i ampliació del pla de segregació lingüística.

En què consisteix el pla

En primària s'ofereix a les famílies la possibilitat de triar les assignatures de matemàtiques i coneixement del mitjà en català o en castellà. Respecte a l'educació secundària, els centres podran oferir les matèries de matemàtiques i geografia i història, així com una assignatura de l'àmbit científic (biologia i geologia, física i química o tecnologia). En qualsevol cas, s'ha de garantir que el 50% de les hores lectives s'imparteixen en català, com estableix el decret de mínims.

Per a adherir-se al pla, és necessari que hi hagi un 20% d'alumnes de cada nivell i etapa educativa que vulguin sumar-se. A més, els col·legis i instituts han de garantir que disposen de les instal·lacions idònies. Segons va explicar el conseller d'Educació, Antoni Vera, “per a fer els desdoblaments fa falta espai”. Per tant, si els centres no disposen d'ell, “no podran adherir-se al pla”. Si es tracta d'un grup reduït serà d'un mínim de cinc alumnes per grup.

Malgrat les crítiques de la major part de la comunitat educativa, que assenyalen que hi ha “segregació per raons de llengua”, Vera sempre ha rebutjat aquesta definició. “Aquesta no és la paraula”, va valorar en el seu moment, apuntant que s'utilitzarien “les metodologies, que ja estan establertes en la LOMLOE, per a fer agrupaments flexibles d'alumnes o desdoblaments d'aules”.

D'altra banda, Vera també va recordar que aquells centres educatius que estiguin conformes amb el seu projecte lingüístic podran continuar amb ell. “No és un dret de les famílies” adherir-se al pla, va afirmar Vera, sinó que el dret és “poder triar la llengua de primer ensenyament”. Els resultats del pla, que estarà vigent fins al curs 2027-2028, seran avaluats pel Govern al final d'aquest.

La comunitat educativa, en contra

“Podem qualificar les dades com de fracàs rotund i més encara davant la insistència de la Conselleria d'Educació d'aconseguir més adhesions amb la promesa d'inversions milionàries”, va valorar recentment Antoni Llabrés, president de l'Obra Cultural Balear (OCB), en referència que només vuit centres més s'hagin sumat al pla.

En aquesta línia, l'entitat que promou la llengua catalana ha tornat a exigir que els recursos previstos en aquest “despropòsit” es destinin a les necessitats més apressants dels centres educatius: la millora i manteniment de les infraestructures, l'eliminació dels ‘barracons’, equipament i climatització de les aules, increment de les plantilles docents, baixada de ràtios, la millora de la inclusió educativa i les beques, entre altres qüestions.

En opinió de la OCB, el pla educatiu de PP i Vox “no respon a raons pedagògiques, sinó exclusivament ideològiques”, motiu pel qual van demanar per carta a tots els centres educatius que no se sumessin a ell.

Finalment, l'entitat ha recordat que la Conselleria encara no ha fet públics les dades corresponents a l'avaluació diagnòstica inicial de l'alumnat de quart de primària dels 11 centres adherits en la primera convocatòria del pla de segregació, realitzada el mes d'octubre passat. La OCB sospita que la Conselleria no fa públics els resultats perquè reflecteixen una caiguda del domini del català a favor del castellà en aquests 11 centres concertats. Consultada sobre aquest tema, la Conselleria afirma que sempre ha dit que “donarà a conèixer els resultats de les proves una vegada finalitzat el pla pilot”. “Ara no hi ha res amb què comparar”, afegeix.

El pla pilot dissenyat per PP i Vox va generar una ona d'indignació en la major part de la comunitat educativa. Més d'una trentena d'entitats lamenten que la normativa segrega les aules i que l'extrema dreta està intentant “fer desaparèixer la llengua pròpia de Balears i la cultura de les Illes”.

Hi ha altres associacions, en canvi, com 'Plis. Educación, por favor' i Societat Civil Balear —totes dues pertanyents a la plataforma Escuela de Todos—, que advoquen per un model distint, favorable a les idees de PP i Vox, encara que el document que van presentar a totes dues formacions —i en el qual s'inspira l'acord entre conservadors i ultradretans— és més ambiciós.

El que va criticar la major part de la comunitat educativa, precisament, és que en última instància són les direccions dels centres educatius els qui decideixen si implementen el nou model que proposa el Govern o mantenen l'anterior. “Tota la pressió mediàtica que es pugui rebre, fins i tot per les famílies, serà per als docents. I això serà un problema. És una irresponsabilitat del Govern carregar aquesta responsabilitat als centres educatius”, va valorar Miquel Àngel Guerrero, portaveu de la Federació d'Associacions de Famílies de Mallorca (FAPA), en conversa amb aquest diari.

El colegio concertado Aixa Llaüt de Palma ha sido el que más dinero público ha recibido por parte del Govern balear del PP para llevar a cabo el plan de segregación lingüística impuesto por Vox para desplazar al catalán de la escuela balear: 177.223 euros. Según la documentación del Ejecutivo autonómico consultada por elDiario.es, en segundo lugar se situaron los centros Nuestra Señora de Montesión y Juan de la Cierva, ambos en Palma, y Nuestra Señora de la Consolación, en Eivissa, con un total de 151.906 euros.

En tercer lugar, los colegios Nuestra Señora de la Consolación Es Vivero y San Alfonso María de Ligorio, en Palma, y los centros Mare de Déu de les Neus (Sant Josep) y Can Bonet (Sant Antoni de Portmany), ambos en la isla de Eivissa, con 75.953 euros. Por último, Nuestra Señora de la Consolación (Alaró, Mallorca), Santa Mónica y Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta, estos dos últimos en Palma, recibieron 63.294 euros. La cantidad de dinero público se repartió en función de las horas lectivas.

La implantación del plan de segregación lingüística en Balears, que PP y Vox llaman “plan piloto voluntario de libre elección de la lengua”, ha sido un fracaso en su implementación para el curso 2024-2025. Pese a que la extrema derecha quería gastar hasta 20 millones de euros tanto en la educación pública como en la concertada y privada para arrinconar el catalán, finalmente solo se destinaron 1,1 millones. De un total de 339 centros de Educación Primaria de las Illes Balears (222 públicos y 117 privados o concertados), solo se sumaron 11 (todos concertados o privados).

Este plan piloto fue una de las exigencias de Vox incluidas en el acuerdo de legislatura de 110 medidas que hizo presidenta del Govern a Marga Prohens (PP) en 2023. Para los ultraderechistas, la “libre elección de la lengua” significa que las familias puedan elegir si sus hijos o hijas estudian en catalán o castellano durante las primeras fases educativas de la enseñanza, así como aumentar el castellano en los colegios e institutos. La mayor parte de la comunidad educativa, en cambio, defiende que se trata de un modelo que segrega al alumnado en función de la lengua.

Ocho centros más el curso que viene

Para el curso 2025-2026 un total de 19 centros —ocho más que el curso pasado— han solicitado adherirse al plan de segregación lingüística. Sant Vicenç de Paül del Coll d'en Rabassa y Nuestra Señora de la Consolación (ambos en Palma); Ramon Llull, de Andratx (Mallorca), y Sa Real, de Eivissa, en la etapa de primaria, los centros El Temple y San José de la Montaña, de Palma, y Nuestra Señora de la Consolación, de Alcúdia (Mallorca), en las etapas de primaria y secundaria, y el colegio Jesús Maria, de Palma, en la etapa de secundaria, son los centros educativos que han solicitado unirse al plan.

La Conselleria de Educación y Universidades no puede cuantificar todavía el coste que tendrá el plan para el curso 2025-2026, según responde en la misma documentación que desglosa el dinero destinado a cada centro para el curso 2024-2025 y que elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia. PP y Vox aprobaron unos presupuestos la semana pasada que elevan a 21 millones la aplicación y ampliación del plan de segregación lingüística.

En qué consiste el plan

En primaria se ofrece a las familias la posibilidad de elegir las asignaturas de matemáticas y conocimiento del medio en catalán o en castellano. Respecto a la educación secundaria, los centros podrán ofrecer las materias de matemáticas y geografía e historia, así como una asignatura del ámbito científico (biología y geología, física y química o tecnología). En cualquier caso, se debe garantizar que el 50% de las horas lectivas se imparten en catalán, como establece el decreto de mínimos.

Para adherirse al plan, es necesario que haya un 20% de alumnos de cada nivel y etapa educativa que quieran sumarse. Además, los colegios e institutos deben garantizar que disponen de las instalaciones idóneas. Según explicó el conseller de Educación, Antoni Vera, “para hacer los desdoblamientos hace falta espacio”. Por tanto, si los centros no disponen de él, “no podrán adherirse al plan”. Si se trata de un grupo reducido será de un mínimo de cinco alumnos por grupo.

Pese a las críticas de la mayor parte de la comunidad educativa, que señalan que hay “segregación por razones de lengua”, Vera siempre ha rechazado dicha definición. “Esa no es la palabra”, valoró en su momento, apuntando que se utilizarían “las metodologías, que ya están establecidas en la LOMLOE, para hacer agrupamientos flexibles de alumnos o desdoblamientos de aulas”.

Por otro lado, Vera también recordó que aquellos centros educativos que estén conformes con su proyecto lingüístico podrán continuar con él. “No es un derecho de las familias” adherirse al plan, afirmó Vera, sino que el derecho es “poder elegir la lengua de primera enseñanza”. Los resultados del plan, que estará vigente hasta el curso 2027-2028, serán evaluados por el Govern al final del mismo.

La comunidad educativa, en contra

“Podemos calificar los datos como de fracaso rotundo y más todavía ante la insistencia de la Conselleria de Educación de conseguir más adhesiones con la promesa de inversiones millonarias”, valoró recientemente Antoni Llabrés, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), en referencia que solo ocho centros más se hayan sumado al plan.

En esta línea, la entidad que promueve la lengua catalana ha vuelto a exigir que los recursos previstos en este “despropósito” se destinen a las necesidades más acuciantes de los centros educativos: la mejora y mantenimiento de las infraestructuras, la eliminación de los ‘barracones’, equipamiento y climatización de las aulas, incremento de las plantillas docentes, bajada de ratios, la mejora de la inclusión educativa y las becas, entre otras cuestiones.

En opinión de la OCB, el plan educativo de PP y Vox “no responde a razones pedagógicas, sino exclusivamente ideológicas”, motivo por el que pidieron por carta a todos los centros educativos que no se sumaran a él.

Finalmente, la entidad ha recordado que la Conselleria todavía no ha hecho públicos los datos correspondientes a la evaluación diagnóstica inicial del alumnado de cuarto de primaria de los 11 centros adheridos en la primera convocatoria del plan de segregación, realizada el pasado mes de octubre. La OCB sospecha que la Conselleria no hace públicos los resultados porque reflejan una caída del dominio del catalán a favor del castellano en estos 11 centros concertados. Consultada sobre este tema, la Conselleria afirma que siempre ha dicho que “dará a conocer los resultados de las pruebas una vez finalizado el plan piloto”. “Ahora no hay nada con qué comparar”, añade.

El plan piloto diseñado por PP y Vox generó una ola de indignación en la mayor parte de la comunidad educativa. Más de una treintena de entidades lamentan que la normativa segrega las aulas y que la extrema derecha está intentando “hacer desaparecer la lengua propia de Balears y la cultura de las Islas”.

Hay otras asociaciones, en cambio, como Plis. Educación, por favor y Societat Civil Balear —ambas pertenecientes a la plataforma Escuela de Todos—, que abogan por un modelo distinto, favorable a las ideas de PP y Vox, aunque el documento que presentaron a ambas formaciones —y en el cual se inspira el acuerdo entre conservadores y ultraderechistas— es más ambicioso.

Lo que criticó la mayor parte de la comunidad educativa, precisamente, es que en última instancia son las direcciones de los centros educativos quienes deciden si implementan el nuevo modelo que propone el Govern o mantienen el anterior. “Toda la presión mediática que se pueda recibir, incluso por las familias, será para los docentes. Y esto será un problema. Es una irresponsabilidad del Govern cargar esta responsabilidad a los centros educativos”, valoró Miquel Àngel Guerrero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Familias de Mallorca (FAPA), en conversación con este diario.

Balears prohibirà a partir del proper curs l'ús de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics personals, com els rellotges intel·ligents, als centres públics i concertats. Així mateix, aposta per restringir les pantalles digitals fins a quart de Primària.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, que ha assenyalat que serà aquest dimarts quan el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publiqui l'ordre de l'ús de telèfons mòbils, que substitueix les instruccions que fins ara eren obligades només per als públics així com les recomanacions que actualment es troben vigents per a la concertada.

La nova reglamentació, fruit, segons el conseller, del consens de tota la comunitat educativa, estableix que l'alumnat no podrà fer ús de telèfons mòbils ni altres dispositius electrònics personals durant tota la jornada escolar, inclosos l'horari lectiu, l'esbarjo, els períodes dedicats a les activitats complementàries i extraescolars, i les sortides.

Excepcionalment, l'alumnat d'educació secundària i dels ensenyaments postobligatoris podrà fer ús d'aquests dispositius -en cas que no es puguin utilitzar els propis del centre- exclusivament per a activitats puntuals amb fins didàctiques i sempre sota criteris pedagògics degudament justificats. També de manera excepcional, es podrà autoritzar l'ús personal daquests dispositius en casos justificats per circumstàncies individuals concretes, especialment aquelles de caràcter mèdic.

Tal com ha assenyalat Vera, en cas de fer un ús indegut dels dispositius electrònics personals, el centre podrà aplicar mesures correctores, com la retirada del dispositiu per part del personal docent o de l'equip directiu durant la jornada escolar. L'alumne haurà d'apagar el dispositiu al moment de la retirada.

Els centres docents que imparteixin els ensenyaments de formació professional de grau superior, de règim especial o d'adults, poden adaptar el contingut d'aquesta Ordre per a l'alumnat en els períodes no lectius durant la jornada escolar a aquests nivells educatius. Així, les normes d'organització, funcionament i convivència de cadascun d'aquests centres han de regular les condicions i els requisits perquè l'alumnat pugui fer ús dels telèfons mòbils i les conseqüències de l'incompliment d'aquests.

De forma paral·lela, ha explicat el conseller, es continua treballant en la reforma dels currículums educatius, pendents d'arribar al consell escolar, i en què la proposta de la Conselleria és restringir l'ús de pantalles digitals fins a quart de primària.

Balears segueix així els passos de comunitats com la Comunitat Valenciana -on els telèfons mòbils estan prohibits als tots centres docents no universitaris- o Madrid, que prohibirà el curs que ve “l'ús individual de dispositius digitals en alumnes d'educació infantil i primària”. D'aquesta manera, s'ampliarà a ordinadors, tauletes o qualsevol altre dispositiu el veto als mòbils ja vigent. A Secundària aquesta mesura quedarà a l'albur dels centres educatius, exactament com passa ara amb els telèfons.

La decisió del Govern madrileny va provocar el rebuig majoritari de la comunitat educativa a la prohibició d'utilitzar tauletes i ordinadors de manera individual a l'escola per considerar-la ineficaç i imposada i per no tenir suport científic. També hi ha col·lectius que li donen suport, com Confapa, la confederació autonòmica d'AMPAs i associacions d'AMPAS de la regió, o l'Associació Família i infància del segle XXI. Però fins i tot aquests admeten que un cert ús controlat pot ser positiu.

A finals del 2023, el Govern central va proposar a les comunitats autònomes que restringeixin l'ús del mòbil a Primària tant en horari lectiu com en esbarjo i que només es permeti a Secundària excepcionalment. Després que el Consell Escolar de l'Estat aprovés per unanimitat el veto dels mòbils a primària i la seva limitació a secundària, la comunitat educativa ha continuat debatent sobre els problemes de l'ús dels dispositius mòbils i el curs actual ha estat el primer en què s'apliquen les restriccions.

Balears prohibirá a partir del próximo curso el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos personales, como los relojes inteligentes, en los centros públicos y concertados. Asimismo, apuesta por restringir las pantallas digitales hasta cuarto de Primaria.

Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien ha señalado que será este martes cuando el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) publique la orden del uso de teléfonos móviles, que sustituye las instrucciones que hasta ahora eran obligadas solo para los públicos así como las recomendaciones que en la actualidad se encuentran vigentes para la concertada.

La nueva reglamentación, fruto, según el conseller, del consenso de toda la comunidad educativa, establece que el alumnado no podrá hacer uso de teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, incluidos el horario lectivo, el recreo, los periodos dedicados a las actividades complementarias y extraescolares, y las salidas.

Excepcionalmente, el alumnado de educación secundaria y de las enseñanzas postobligatorias podrá hacer uso de estos dispositivos -en caso de que no se puedan utilizar los propios del centro- exclusivamente para actividades puntuales con fines didácticas y siempre bajo criterios pedagógicos debidamente justificados. También de manera excepcional, se podrá autorizar el uso personal de estos dispositivos en casos justificados por circunstancias individuales concretas, especialmente aquellas de carácter médico.

Tal como ha señalado Vera, en caso de realizar un uso indebido de los dispositivos electrónicos personales, el centro podrá aplicar medidas correctoras, como la retirada del dispositivo por parte del personal docente o del equipo directivo durante la jornada escolar. El alumno tendrá que apagar el dispositivo en el momento de la retirada.

Los centros docentes que impartan las enseñanzas de formación profesional de grado superior, de régimen especial o de adultos, pueden adaptar el contenido de esta Orden para el alumnado en los periodos no lectivos durante la jornada escolar en estos niveles educativos. Así, las normas de organización, funcionamiento y convivencia de cada uno de estos centros deben regular las condiciones y los requisitos para que el alumnado pueda hacer uso de los teléfonos móviles y las consecuencias del incumplimiento de estos.

De forma paralela, ha explicado el conseller, se continúa trabajando en la reforma de los currículos educativos, pendientes de llegar al consejo escolar, y en la que la propuesta de la Conselleria es restringir el uso de pantallas digitales hasta cuarto de primaria.

Balears sigue así los pasos de comunidades como la Comunitat Valenciana -donde los teléfonos móviles están prohibidos en los todos centros docentes no universitarios- o Madrid, que prohibirá el curso que viene “el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria”. De este modo, se ampliará a ordenadores, tabletas o cualquier otro dispositivo el veto a los móviles ya vigente. En Secundaria esta medida quedará al albur de los centros educativos, exactamente igual que sucede ahora con los teléfonos.

La decisión del Gobierno madrileño provocó el rechazo mayoritario de la comunidad educativa a la prohibición de utilizar tabletas y ordenadores de manera individual en la escuela por considerarla ineficaz e impuesta y por no contar con respaldo científico. También hay colectivos que la apoyan, como Confapa, la confederación autonómica de AMPAs y asociaciones de AMPAS de la región, o la Asociación Familia e infancia del siglo XXI. Pero incluso estos admiten que un cierto uso controlado puede ser positivo.

A finales de 2023, el Gobierno propuso a las comunidades autónomas que restrinjan el uso del móvil en Primaria tanto en horario lectivo como en recreo y que solo se permita en Secundaria excepcionalmente. Después de que el Consejo Escolar del Estado aprobara por unanimidad el veto de los móviles en primaria y su limitación en secundaria, la comunidad educativa ha seguido debatiendo sobre los problemas del uso de los dispositivos móviles y el actual curso ha sido el primero en el que se aplican las restricciones.