Castilla y León, La Rioja y el País Vasco son las tres comunidades autónomas con un mayor porcentaje de su alumnado inscrito en centros educativos católicos. En concreto, en La Rioja, un 29,2 por ciento del total del alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, cursa sus estudios en centros católicos, es decir, casi uno de cada tres. La cifra es del 30,6 por ciento en Castilla y León y del 25,6 por ciento en el País Vasco. En el extremo opuesto de la tabla, los porcentajes menores corresponden a Canarias, Ceuta y Melilla y Murcia. Son datos del informe Laicidad en cifras, elaborado por la Fundació Ferrer i Guàrdia.

En España hay en total 2.548 centros educativos católicos, de los que el 94,6 por ciento son concertados. Esto quiere decir que casi todos los centros católicos del país reciben financiación pública parcial. En el caso de La Rioja, esta cifra asciende al cien por cien. Y es que en esta comunidad autónoma, todos los centros católicos son concertados (no hay ninguno privado) y todos los centros concertados son católicos (no hay ninguno aconfesional, laico ni de ninguna otra religión).

Si tenemos en cuenta el porcentaje que estos centros representan dentro del número global de centros educativos que hay en España, laa cifra de La Rioja también resulta especialmente elevada. Y es que, mientras los centros católicos suponen un 9 por ciento del total de todos los centros educativos que hay en el país, en La Rioja representan el 15,3 por ciento; una cifra sólo superada por Cantabria, donde representan el 15,9 por ciento. Esta presencia tan sifnificativa evidencia la influencia de la financiación pública en la educación religiosa, de forma muy notable en La Rioja.

Estos datos que sitúan a La Rioja en lo más alto de la tabla en cuanto a alumnado matriculado en centros católicos y en cuanto a peso de estos centros, todos ellos concertados, en el conjunto dela educación de la comunidad, contrastan con la realidad que ilustra el nivel de creencia religiosa entre la sociedad riojana. Porque ahí no nos encontramos a la cabeza de la tabla sino más bien en los puestos intermedios. El 62 por ciento de la población riojana se declara creyente y el 36 por ciento no creyente (hay un dos por ciento que no contesta a esta cuestión).

Mucho colegio religioso pero cada vez menos alumnado en la asignatura de Religión

Si atendemos a los datos de alumnado que elige la asignatura de Religión y quien elige una actividad alternativa, también hay cuestiones reveladoras. En el conjunto del país, un 42,6 por ciento del alumnado de Primaria y un 45,9 por ciento del alumnado de Secundaria eligen opciones alternativas a la asignatura de Religión. En Bachillerato, la cifra aumenta hasta el 66,4 por ciento. El estudio señala además que estas cifras no dejan de aumentar en los últimos años, especialmente en la etapa de Primaria.

En La Rioja, las cifras del alumnado que no cursa Religión es del 34,2 por ciento en Primaria y del 39,8 por ciento en Secundaria, en ambos casos por debajo de las cifras nacionales. Sin embargo, en Bachillerato la cifra aumenta hasta el 79,4 por ciento, muy por encima de la cifra nacional. Esto podría encontrar una clara explicación en el hecho de que no existe la opción de cursar Bachillerato en muchos de los centros católicos concertados de la región. Es decir, además del hecho de que la religión va perdiendo fuerza a medida que se avanza en el nivel de estudios, también parece evidente que la elección de un centro católico en La Rioja no tiene tanto que ver con la creencia religiosa como con una cuestión social.

*Todos los centros educativos tienen la obligación por ley de ofrecer la asignatura de Religión también en Bachillerato, siendo su elección voluntaria para el alumnado. Cursarla significa una hora extra de clase, ya que no existe asignatura alternativa para el resto del alumnado. La Religión se evalúa pero esa nota no computa para la nota media del Bachillerato a la hora de pedir becas ni para la nota de acceso a la Universidad.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se ha visto obligado a ampliar el calendario del proceso de admisión para el curso 2026/2027 de alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, niños y niñas de 3 años, tras la aprobación en de la ley de UPN con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu para blindar los conciertos educativos. Así, el nuevo plazo de matrícula será entre los días 4 y 10 de junio. La lista definitiva se publicará el próximo 3 de junio. 

En un comunicado, el Gobierno foral ha afirmado que la aprobación por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo de la ley foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en centros sostenidos por fondos públicos, impulsada por UPN, votada favorablemente por UPN, PP y Vox y aprobada con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, “ha obligado al Departamento a establecer, en una nueva resolución del director general de Educación, la actualización de las admisiones del alumnado de 3 años a la nueva oferta de vacantes para conseguir así una correcta organización y despliegue del correspondiente proceso de admisión del alumnado”.

“La medida adoptada es esencial para la protección del interés general y para el correcto y eficaz funcionamiento del servicio público educativo”, defienden desde el Ejecutivo foral. La modificación del calendario del proceso de admisión se ha trasladado ya a los centros y a las familias mediante una notificación con la información al respecto.

Tres años después de que la Fundación Educatio Servanda se hiciera con la titularidad de la Escuela de Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo, bajo el nombre 'CES Juan Pablo II', dentro de un proceso de cesión con bastante polémica, la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación de Castilla-La Mancha todavía no había terminado de autorizar las enseñanzas que imparte el centro.

Ahora, a petición de la directora de la escuela, Amalia Almendro, la Administración regional por fin ha dado el visto bueno, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), a las enseñanzas que acogerá y que suman casi 200 plazas escolares.

Las instalaciones que ocupa esta escuela en el barrio residencial del Polígono son de las más antiguas de la zona y con una historia muy peculiar. Fueron cedidas por el Ayuntamiento, con el anterior Gobierno municipal del PSOE, a la Fundación Cofradía del Ciento, vinculada a la Asociación Provincial de Hostelería y con un polémico historial.

Pero ahora su titularidad es de la Fundación Educatio Servanda, organización ultracatólica que también ha protagonizado alguna que otra polémica en la gestión de colegios concertados en la Comunidad de Madrid.

Nació en 2006 a iniciativa de un grupo de familias cristianas procedentes de diferentes ámbitos sociales y “preocupadas por la deriva de la educación en España”. Su objetivo es trabajar conjuntamente para edificar un modelo educativo propio, “en comunión con sus obispos y con la ayuda de sacerdotes diocesanos”. Según publicita esta fundación, sus pilares son “familia, enseñanza, ocio, tiempo libre y presencia pública del católico”.

Un desembarco lleno de obstáculos

Su llegada a la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo se topó con varios obstáculos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, al tratarse de un edificio público y como entidad concesionaria, aprobó en febrero de 2023, cuando todavía gobernaba el PSOE, la cesión de la escuela a esta Fundación ultracatólica, pero la organización cristiana no tenía su titularidad. Seguía en manos de la Cofradía del Ciento, quien la gestionaba desde 1999, porque las “cláusulas” de ese acuerdo no se estaban cumpliendo.

El edificio fue renombrado como “Escuela Gastronómica y Centro de Estudios Superiores (CES) Juan Pablo II”. El nombre del famoso pontífice, de hecho, es el que Educatio Servanda le pone a casi todos los centros educativos que gestiona.

En Toledo, esta fundación ya disponía de otra escuela de estudios superiores con esa misma denominación en el Casco Histórico, pero estos estudios se trasladaron en su totalidad al edificio público del Polígono, junto con la escuela gastronómica.

Posteriormente, en marzo de 2024, el equipo de Gobierno municipal, ya en manos del PP y Vox, dio el visto bueno a la cesión de la titularidad, y la Escuela de Gastronomía pudo empezar a funcionar, aunque tres años después, las enseñanzas regladas no estaban claras.

Ahora, la Consejería de Educación, en la resolución mencionada, autoriza cerca de 200 plazas. Concretamente, da el visto bueno para 40 puestos escolares de un Grado Superior de Vitivinicultura y otras 40 para un segundo Grado Superior de Dirección de cocina.

Asimismo, la Escuela ya puede impartir dos grados medios, uno de Panadería, Repostería y Confitería, con 40 plazas; y otro de Servicios de Restauración, con otras 40. Además, también recibe luz verde para un Curso de Especialización en Panadería y Bollería Artesanales, en este caso con 20 puestos escolares.  

Educatio Servanda pidió impartir cursos no gastronómicos

En su momento, cuando se aprobó la transmisión de la titularidad de la escuela, la Fundación solicitó la autorización previa para ampliar los fines de dicha concesión a otras enseñanzas de formación profesional distintas a las gastronómicas, en régimen de enseñanza privada o concertada. Pero en la resolución aprobada hoy no figuran cursos que no estén relacionados con la hostelería.

Ahora, este centro debe presentar ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo, la relación del personal del que dispondrá el centro desde el momento del inicio de su actividad, con indicación de sus titulaciones respectivas.

El profesorado deberá ser autorizado por el Servicio de Inspección de Educación antes de la entrada en funcionamiento de las enseñanzas autorizadas.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

La coalición Compromís denuncia que la Generalitat Valenciana sigue financiando con fondos públicos a colegios que segregan por sexo, una cuestión que vulnera la ley. La coalición ha enviado un requerimiento a la Conselleria de Educación para advertir de la irregularidad, al apreciar que se han renovado conciertos educativos en siete centros vinculados al Opus Dei. La ley de educación establece que “no podrán suscribir conciertos educativos los centros que desarrollen el principio de coeducación mediante la segregación del alumnado por sexo”.

La renovación supone un coste de al menos 12 millones de euros anuales para las arcas públicas valencianas, alcanzando los 72 millones de euros hasta 2031, según han denunciado el portavoz de la coalición, Joan Baldoví, y el diputado Gerard Fullana. Los colegios beneficiados son: Torrenova y Miralvent en las comarcas de Castelló; Vedat, Vilavella y Guadalaviar en las comarcas de València; y Aitana y Altozano en las de Alicante, señalan.

Son centros que “intentan justificar artificialmente” que no segregan por sexo, en la práctica siguen separando al alumnado entre niños y niñas, denuncian los valencianistas. “Su modus operandi consiste en mantener formalmente una matrícula mixta para aparentar que cumplen la ley, pero después presionan a familias del sexo que no quieren admitir para que cambien de centro. En algunos casos figura que hay matriculado únicamente a un niño o a una niña en las etapas de entrada para intentar justificar artificialmente que no segregan”, ha explicado Fullana. 

Según los datos recopilados por Compromís en una respuesta parlamentaria, estos siete centros suman actualmente 4.347 alumnos y alumnas, de los cuales 3.951 continúan escolarizados en dinámicas de segregación por sexo, lo que supone el 91% del alumnado total.

Fullana ha detallado que esta investigación se inició el pasado verano a raíz de una denuncia de unos familiares que fueron “presionados” por unos de estos centros para que su hijo lo abandonara “por cuestión de género”. Ante esta situación, la coalición ha solicitado a la Conselleria de Educación una serie de documentación y dispone de un informe jurídico que muestra “ilegalidades evidentes” en esta materia.

La coalición señala directamente a la consellera de Educación, Carmen Ortí, por su responsabilidad política en esta decisión, ya que el año pasado fue la encargada de la renovación de estos conciertos educativos hasta 2031, cuando ocupaba el cargo de subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados dentro de la propia Conselleria. Según la Orden 6/2025 de 9 de abril, donde se detallan las funciones de dicho cargo, Ortí ostentaba la competencia de tutelar el proceso.

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha acusado este martes a Geroa Bai, socio del Ejecutivo de María Chivite, de ser “irresponsable” por amargar con apoyar una proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada tras el anuncio de que se retirará la financiación pública a 14 líneas de Infantil por la caída de la natalidad.

“Estamos defendiendo la escuela pública y quizás hay que aclarar la ética de que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año”, ha señalado el consejero Gimeno, que ha asegurado que Educación está dando cumplimiento al acuerdo programático que PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin firmaron en 2023 para investir a María Chivite y en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Lo que el Departamento ha establecido simplemente es ante una bajada de matrícula, unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley”, ha defendido el consejero de Educación.

“Esto ha ocurrido toda la vida, cuando la escuela pública perdía unidades, ninguna formación política dijo nada. Ahora tenían la escuela pública como coartada, pero esa coartada ya no está encima de la mesa porque la escuela pública no va a perder unidades”, ha apostillado en respuesta al portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que este lunes se abrió a apoyar la ley presentada por UPN si Educación no rectificaba el cierre de aulas en la privada. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, dijo.

“Yo creo que se está conversando y se le está proponiendo a Geroa Bai que haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley. Si lo que quieren es hacer otra ley para que encajen sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad que genera que la escuela pública pierda peso”, ha defendido Carlos Gimeno.

Así, el consejero ha advertido de que la aprobación de la proposición de ley de UPN obligaría a revisar los conciertos que ya se han aprobado. “Todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años, que no han perdido ninguna unidad, pueden ver en riesgo esa adjudicación de unidades por mor de una proposición de ley foral”. “Las tres ikastolas excepcionadas, Sangüesa, Lumbier, que tiene una solicitud, y Viana, tienen asegurado un concierto para cuatro años, cuando son centros en grave riesgo de perder el concierto. La ikastola Jaso, que tiene una unidad más, puede ver en riesgo el incremento de esa unidad por la proposición de ley foral”, ha añadido.

El consejero de Educación también ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que le acusó de “intransigencia” por “cerrar” aulas sin la “voluntad” de la mayoría del arco parlamentario. “Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, lo soy”, ha aseverado Carlos Gimeno.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

Hay un colectivo de unos 200.000 profesionales de la educación que se está jugando su futuro estos días con la negociación del VIII convenio colectivo de la escuela concertada. Ha pasado un poco desapercibido porque no les solemos prestar demasiada atención, entono el mea culpa aquí, pese a que hacen el mismo rol que sus compañeros de la pública. Pero el profesorado de la privada sostenida con fondos públicos también existe, no es un grupo pequeño y trabaja en unas condiciones sensiblemente peores que el funcionariado.

Para trabajar en un colegio concertado se piden los mismos requisitos formativos que en la pública. Les diferencia de sus compañeros que no han pasado una oposición –aunque no hace falta superarla para ejercer en la pública– y que no están sometidos a determinada regulación que sí afecta a los trabajadores del estado.

Traducido: cobran algo menos porque no tienen algunos complementos de antigüedad o formativos, dan más horas de clase semanal (23 en Primaria en la mayoría de España en la pública, hasta 28 en la concertada), atiendan a más alumnado. Y, aunque no son funcionarios, pueden casi considerarse empleados laborales públicos porque hacen posible un derecho constitucional garantizado por el Estado y además cobran de él.

Podrá discutirse el papel de la escuela concertada en el sistema, si debe existir y en su caso cómo, pero mientras esté ahí y cumpla el rol que cumple no sé si tiene mucho sentido que maltratemos a su profesorado básicamente porque podemos, para ahorrar unos euros. Y menos teniendo en cuenta que la diferencia básica entre unos y otros es, básicamente, una oposición que ni siquiera hace falta aprobar para entrar en la pública como interino.

Eso defienden los sindicatos del sector: mismo trabajo, mismas condiciones. El salario no depende de estas negociaciones, lo fija el Gobierno y no está lejos uno de otro (los complementos los ponen las comunidades autónomas, ahí está el quid de la cuestión), pero las horas de clase semanal, si se cuentan minutos o sesiones, o las ratios de alumnado por clase, que el Ministerio va a bajar para la pública pero no está claro que vaya a extender a la privada, sí entran en este convenio.

La patronal –mayoritariamente Escuelas Católicas, la marca de la Iglesia católica que gestiona sus colegios– dice que todo muy bien, pero sus prioridades está en otro sitio: que el Gobierno les pague más en los conciertos porque, explica un portavoz, de nada servirá mejorar las condiciones del profesorado si los colegios son inviables.

Todo eso se juega casi uno de cada tres trabajadores de la educación en las próximas semanas, os dejo el enlace de la pieza que sacamos la semana pasada.

Esta semana hemos hablado de...

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El futuro de unos 200.000 profesionales de la escuela concertada se empieza a jugar este miércoles. Los sindicatos se sientan con la patronal con el VIII convenio colectivo sobre la mesa y un objetivo casi imposible, a tenor de los precedentes: que se equiparen sus condiciones laborales a las de los empleados de la pública. El argumento de las organizaciones de representación del profesorado es simple: mismo trabajo, mismas condiciones, resume José Antonio Rodríguez, secretario de Enseñanza privada de CCOO. Tal y como marca la ley, subraya.

En los últimos años, y pese a la normativa, la diferencia en las condiciones laborales entre unos y otros se está agrandando, aseguran los sindicatos. “Más que homologarnos, nos deshomologamos un poco más cada año”, sostiene Enrique Ríos, secretario general del sindicato FSIE.

Profesores y maestros de la escuela privada sostenida con fondos públicos cobran menos y, sobre todo, tienen más horas de clase semanales y, habitualmente, más estudiantes que sus compañeros funcionarios o interinos. “No tiene ningún sentido”, lamenta Luis, docente en un centro concertado que prefiere no identificarse. “Si hacemos el mismo trabajo, y se nos considera parte de la red pública, deberíamos tener las mismas condiciones”, opina.

Horas lectivas, ratios, salarios —algo menos porque ya son parejos— y la clasificación profesional de algunos trabajadores son los cuatro campos de batalla sindical. La patronal puede compartir sobre el papel las reivindicaciones de las organizaciones de profesorado, pero su prioridad es otra y no está en la mesa que se abre mañana: los titulares de los centros privados subvencionados por el Estado exigen al Gobierno que aplique la ley y abra la comisión que debe estudiar el coste real de una plaza en la escuela concertada para adecuar en consecuencia el módulo, la cantidad que el Ejecutivo paga a los centros por integrarse en la red pública, explican desde Escuelas Católicas, la entidad con la que la Iglesia gestiona sus centros, que suman el 70% de la concertada. El Ministerio de Educación no ha dado señales de que esta sea una de sus prioridades.

La diferencia entre un profesor funcionario y uno de la escuela concertada es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años

Enrique Ríos — Secretario general del sindicato FSIE

La única diferencia entre un profesor de escuela concertada y uno de la pública a la hora de ejercer la profesión es que el primero ha pasado una oposición y el otro no. Pero ni siquiera es una diferencia significativa, rebate Luis: con presentarse a la oposición es suficiente para entrar en la bolsa de interinos y eventualmente trabajar en un centro público, aunque se suspenda la prueba. Y en algunas disciplinas, incide, ni siquiera es necesario. La falta de profesionales está llevando a las comunidades autónomas a abrir la mano y obviar ciertos requisitos que marca la ley para ejercer la docencia en determinadas materias técnicas para las que no hay docentes.

Ríos, del sindicato FSIE, lo explica de otra manera: “La diferencia es que unos acceden mediante un concurso oposición y nosotros nos examinamos todos los años”, sostiene, porque su trabajo depende de la entidad titular del centro. Ella contrata y ella despide discrecionalmente, pese a que es el Gobierno el que fija y paga las nóminas.

La ley recoge, al menos desde 2006, la voluntad del Gobierno de igualar condiciones, subrayan los sindicatos. “Las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente a que hace referencia el apartado anterior posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado público de las respectivas etapas”, estipula el artículo 117 de la norma, introducido en la LOE e incluido en sus diversas actualizaciones hasta la actual Lomloe.

El salario está cerca, el resto no

El salario base sí se ha ido acercando, conceden las organizaciones, y junto a los complementos autonómicos que dan las comunidades las nóminas finales son parecidas para un empleado sin experiencia. Pero con el paso de los años van apareciendo las diferencias en las partidas que completan los salarios. Por ejemplo, los trabajadores de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos no acumulan sexenios de formación, como sí hacen los funcionarios, lo cual les resta un añadido de unos cien euros mensuales por cada seis años, explica Jesús Gualix, responsable de Enseñanza privada, concertada y discapacidad de UGT Servicios Públicos.

Como sucede en la red pública, cada comunidad tiene su propia política salarial para la concertada, lo que provoca diferencias entre docentes. Hay gobiernos regionales que están decidiendo no pagar los trienios de antigüedad, como Andalucía, y otras que obvian el pago único de cinco mensualidades —una por quinquenio— que recibe un trabajador si acumula 25 años en un mismo centro, caso de Galicia. Los hay, como acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, que pagan jubilaciones parciales y tutorías, y otros que no.

Entre unas y otras, la brecha salarial entre docentes existe. Un estudio de FSIE de 2024 calculaba que un profesor con 18 años de experiencia ganaba en la pública entre 277 y 885 euros mensuales más que uno de la red concertada, en función de la etapa y la Comunidad Autónoma.

Pero la mayor diferencia entre unos docentes y otros está en el resto de condiciones laborales, subrayan los sindicatos. Sobre todo, en las horas lectivas semanales y también en las ratios de estudiantes por aula, mayores en la concertada, coinciden las tres organizaciones consultadas.

El profesorado de la concertada tiene asignadas 25 horas semanales, independientemente de la etapa. En la pública son un máximo de 25 en Primaria y 20 en Secundaria y el Gobierno ha aprobado ya un anteproyecto de ley para reducirlas a 23 y 18, respectivamente, que es la cifra que ya tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Pero no está claro que vaya a incluir a la red concertada; las organizaciones están pendientes de la redacción final del texto durante el trámite en el Congreso.

El Consejo Escolar del Estado cree que el Gobierno debe incluir a la red concertada en la rebaja de las horas lectivas y las ratios que prepara, pero los sindicatos temen que les dejen fuera y amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si acaba sucediendo

“Si solo se cambia en un sistema creo que se está acabando con la concertada”, sostiene Enrique Ríos, de FSIE. “La atención que se puede prestar al alumnado y la calidad puede ser mucho mejor en un centro público que en uno sostenido por fondos públicos y creo que eso coarta la libertad de elección, porque si ofreces una cosa buena y otra menos buena estás induciendo a tomar una decisión”, argumenta. El Consejo Escolar del Estado dio la razón a la escuela concertada cuando evaluó la propuesta del Gobierno y concluyó que debería ser incluida en esta reducción, pero los sindicatos temen que les dejen fuera. FSIE no descarta acudir al Tribunal Constitucional si esto acaba sucediendo.

Además de la cantidad de horas lectivas semanales, el gran caballo de batalla de los docentes es cómo se cuentan. En la pública cada clase cuenta como una hora aunque dure menos. Esto es, un docente con 20 horas lectivas imparte 20 clases cada semana. Pero en la concertada, explica Gualix, se cuentan minutos. Y como muchas clases no duran una hora sino 45 o 50 minutos, los docentes acaban dando 27 o 28 sesiones cada cinco días. Ahí está el mayor agravio comparativo, insisten.

“Puede parecer poco desde fuera”, sostiene Luis, “pero una clase lleva bastante más trabajo que simplemente entrar al aula. Hay que prepararla, quizás evaluar trabajos, preparar exámenes y corregirlos...”. Gualix incide en la idea: “Para muchos docentes esto es una causa de agotamiento cuando se acerca la jubilación”, asegura.

La patronal, por el módulo

La patronal comprende e incluso apoya las reivindicaciones, según explica Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, pero tiene otras prioridades: que el Gobierno mejore el módulo, la cantidad económica que abona a los centros privados por integrarse en la red pública. Esta partida se fija anualmente vía presupuestos generales del Estado, pero hace años que no se actualiza más allá de alguna subida que compense el Índice de Precios al Consumo (IPC).

“Si el profesorado mejora sus condiciones, pero el colegio no tiene para pagar sus gastos, el edificio se desmorona”, valora Centeno. “Conseguimos ingresos del comedor, de las aportaciones voluntarias de las familias. Y los que ni siquiera así llegan viven de inyecciones de la entidad titular... hasta que deja de hacerlo y hay que venderlo, como está sucediendo en Catalunya. Nosotros apoyamos a los sindicatos en su reivindicación de que se igualen condiciones del profesorado, pero lo correcto sería que se igualasen las condiciones de financiación de la pública y la concertada. ¿Cómo puede costar un puesto 6.000 euros en la pública y 2.800 en la concertada?”, se pregunta. Los datos que ofrece Centeno son propios, no oficiales.

Gualix tiene una respuesta a la pregunta que el responsable de Escuelas Católicas lanza al viento. “Es un poco tramposa la afirmación”, opina, “porque si las condiciones laborales fueran las mismas, en horas lectivas, salarios y ratios, ya no sería tan barata. Es más barata a costa de los trabajadores. Y si se mira por hora trabajada, más aún”.

La Comunidad de Madrid quiere blindar aún más la escuela concertada en la región. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que llegó a aprobar una ley educativa ad hoc para proteger a los centros privados sostenidos con fondos públicos como reacción a la ley nacional, la Lomloe, está preparando un decreto con el que pretende extender la duración de los conciertos hasta los 14 años.

Será, si se aprueba finalmente el texto (o cuando se haga, más bien), la segunda subida en cinco años: el Ejecutivo de Ayuso subió la vigencia de estos convenios entre los centros y la administración en 2021 como parte de aquella respuesta a la Lomloe, y los fijó en diez años frente a los seis que marca la ley y que mantienen las demás comunidades autónomas. En este caso la justificación es que como se están reduciendo las ratios hay que ofrecer seguridad jurídica a los centros durante el tiempo que dure el proceso.

La escuela concertada es un pilar central del proyecto educativo del PP en la Comunidad de Madrid, bajo el argumento de que garantiza la “libertad de elección de las familias” que, según esta visión, consagra la Constitución (aunque la carta magna solo habla de la libertad de crear centros privados, no de que la administración los promocione). Ha sido así durante décadas, especialmente a partir de los Gobiernos de Esperanza Aguirre, aunque para ello hubiera que saltarse la ley. El impulso a la concertada en la región se plasma en el reparto de alumnado y sus consecuencias: en Madrid hay menos estudiantes en los centros públicos que en los privados, un caso único en España, una política educativa que ha llevado a la comunidad a ser la segunda región de Europa que más segrega a su alumnado por renta: los ricos van a clase con los ricos, los pobres con los pobres.

Hay ejemplos de todo tipo del apoyo institucional a la escuela concertada por parte de los Ejecutivos populares durante las últimas dos décadas. Uno son las cesiones de suelo público para construir colegios a los que se garantiza el concierto antes de existir, una medida que iba contra la normativa (los conciertos se conceden a centros que ya existen) hasta el punto de que cuando el PP llegó a la Moncloa regularizó la práctica al incluirla expresamente en la normativa. El Gobierno trató de contrarrestarla después prohibiéndola, explicó, en la Lomloe. Pero no lo hizo expresamente y Madrid ha obviado esta disposición y continúa cediendo suelo y garantizando conciertos de forma anticipada.

De hecho la educación es uno de los campos habituales de batalla entre Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Conciertos, becas para las familias ricas que acuden a centros privados, financiación de los centros que segregan por sexo, el uso del castellano en la escuela (o, más bien, la confrontación por algo que en Madrid, sin lengua cooficial, no es polémico), el bilingüismo o, recientemente, la vuelta en Madrid de los niños de 12 y 13 años a los colegios, son algunos de los elementos por los que ambos Ejecutivos se han enfrentado.

El PSOE admitió durante la tramitación de la Lomloe que buena parte de las medidas incluidas en la ley estaban pensadas para contrarrestar las políticas del PP. La respuesta de Madrid fue aprobar la mencionada Ley Maestra para blindar a la escuela concertada y continuar con sus prácticas, como la cesión de suelo, ante la pasividad del Ministerio de Educación, que al menos con el anterior equipo, con Pilar Alegría al frente, optó por protestar verbalmente, pero no hacer nada. Uno de los últimos casos fue con esa vuelta de 1º y 2º de la ESO a los centros de Primaria, una medida que los directores de instituto rechazan por retrógrada y que Educación advirtió en su momento de que vigilaría porque iba contra la ley, pero que ha acabado ejecutándose sin problemas.

Cada esfuerzo que hace la Moncloa por controlar la escuela concertada es respondido por la Puerta del Sol reforzando aún más los centros privados sostenidos con fondos públicos. Al calor de este impulso nació y se desarrolló a partir del año 2000, aproximadamente, la llamada nueva concertada madrileña, un modelo propio de la región que, a diferencia de las escuelas con más tradición, ligadas habitualmente a la Iglesia a través de Escuelas Católicas, se articula en la forma de sociedades mercantiles, ofrece beneficios a sus dueños y dividendos a sus accionistas y altos salarios a las direcciones, profesionalizadas, mientras reciben dinero público. Un modelo que permite que centros subvencionados por todos se vendan por 200 millones de euros.

Ajuste de aulas, extensión de conciertos

El Gobierno regional explica en el borrador del decreto que prepara –técnicamente, lo que hace es modificar el Decreto 31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid– que como está ajustando las ratios de alumnado por aula tiene que alargar los conciertos en consecuencia. Así, dice el texto que “la Comunidad de Madrid ha iniciado un proceso de disminución de la ratio máxima de alumnos por aula (...) que finalizará en el curso 2030/2031”.

Debido a esta reconfiguración, continúa, “los centros concertados están adaptando su configuración jurídica de unidades y su concierto educativo en función de las necesidades de escolarización y la demanda de puestos escolares (...) condicionados por la disminución de la ratio. Asimismo, para la propia Administración educativa este proceso de ajuste de la ratio está afectando necesariamente en su actuación de programar anualmente la oferta educativa en centros sostenidos con fondos públicos”.

Y concluye: “Sólo una vez finalizado dicho proceso, los centros concertados habrán definido su configuración definitiva, y sólo entonces la Administración podrá tomar las decisiones necesarias en orden a la actualización de una «programación general de la enseñanza» adecuada y suficiente (...). Por todo ello, con el fin de dotar de certeza y previsibilidad en la regulación del régimen jurídico de los conciertos educativos a los titulares de los centros, a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en centros concertados (...) y a la propia Administración educativa, se considera oportuno ampliar la vigencia de los conciertos educativos a catorce años, para que la fecha de renovación de los mismos coincida con la de la implantación completa de la disminución de ratio de alumnos por aula”.

“Creo que San Antonio y La Nao dan de palos a una gata entre Tarifa y Trafalgar, esta se escapa por Finisterre, en Ortegal, coge una peña, la unta con ajo y se la tira a Machichaco.” Las palabras en cursiva corresponden con los cabos de la península ibérica y este microrrelato, a la creatividad de un maestro, apasionado por su trabajo que con este truco nemotécnico hizo que, a lo largo de mi vida, cuando he visitado los faros de cada uno de esos cabos, irremediablemente haya tenido que recitar esta breve y trepidante historia acaecida en la costa española, o al menos en el imaginario de los alumnos de don Francisco. 

Estudié en un colegio y un instituto públicos. Compartí aula y recreo con alumnos cuyas familias tendrían más dinero que la mía y menos, con padres con estudios superiores o sin ellos; con gitanos y con payos, con personas con discapacidades físicas e intelectuales y todos, independientemente de cualquier condición, tuvimos en aquel colegio las mismas oportunidades de formación. Eso es el alma de la educación pública: acoger a todos, dar oportunidades a todos. La pública no escoge, ni discrimina, no se lucra y es la garante de que el ascensor social funcione. La educación es la mejor herramienta para crear una sociedad justa y no puede haber mayor orgullo para un país que tener una educación pública sobresaliente. 

Con la idea de defender lo público, padres, profesores y alumnos han tomado las calles estos días en Zaragoza. El anuncio del Gobierno de Aragón de subvencionar las etapas de 0 a 3 años y concertar el bachillerato ha sido la gota que ha colmado el vaso para una comunidad educativa que tiene que lidiar cada día con la falta de recursos para lo más esencial. La excusa de que no hay presupuesto ya no vale, dicen, cuando se pretende inyectar dinero público en un sector privado. La educación pública presta un servicio esencial y universal, la educación concertada presta ese servicio con ánimo de lucro. Sus entidades se mantienen con los fondos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos y además -pese a ser ilegal- cobran a las familias un dinero extra en forma de tasa, en concepto de cualquier asunto peregrino. Un negocio redondo a costa de todos. 

Estudié en una universidad privada, la escogí y mi familia se lo podía permitir. Eso es libertad de elección. Esgrimir el argumento de la libertad para desviar dinero público para financiar un servicio que puede y debe dar el Estado o las Comunidades Autónomas es una falacia y una excusa paupérrima. Defender lo público es defender el interés general. Hacerlo es trabajar para todos, apuntalar los pilares de una sociedad en la que al que menos tiene no le falte lo básico. El Estado ha de ser el garante de que servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte o la seguridad, no estén a merced de los mercados. Que su fin no sea nunca la especulación sino servir al ciudadano y hacerlo con excelencia. Lo público es de todos y para todos. Es de perogrullo, pero vivimos una época en la que lo obvio ha desaparecido del discurso dominante y de muchas conciencias, así que conviene repetirlo aunque abundemos en lo evidente.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso-contencioso administrativo presentado por CSIF contra la Orden de 27 de noviembre de 2025 por la que se convoca el procedimiento para el acceso y modificación de los conciertos educativos a partir del curso académico 2026-2027. Esta Orden abre la puerta al concierto del Bachillerato, una etapa no obligatoria.  

CSIF ha llevado esta Orden a los tribunales porque permite la implantación de la concertación del Bachillerato para el curso 2026-27. Esta etapa —que hasta ahora no estaba financiada por la administración autonómica— podrá ser gratuita en centros privados que lo soliciten, siempre que el Gobierno autonómico lo financie vía presupuesto y que los centros cumplan los requisitos previstos. 

Desde el Departamento de Educación exponen que la admisión de este recurso “no prejuzga nada” y que este concierto ya existe en la comunidad en ocho centros. Explican además que la orden objeto de recurso “no dice expresamente nada sobre la concertación de Bachillerato” y destacan que la intención del Gobierno de Aragón es “concertar las aulas que ya están en Bachillerato privado, o sea alumnado que ya ha optado por esa red, y por tanto no tendría afecciones a la red pública”.

CSIF recuerda que el Bachillerato no forma parte de la enseñanza básica obligatoria y, por tanto, “no existe la obligación jurídica de garantizar la gratuidad del Bachillerato en centros concertados”.  

Este concierto, según el sindicato, “carece de fundamento constitucional expreso; desborda la finalidad del régimen de conciertos educativos, y compromete la eficiencia del gasto público”. Por ello abogan por mantener la gratuidad del Bachillerato en la red pública y “garantizar el acceso equitativo” mediante becas y ayudas. 

“La concertación del Bachillerato es totalmente innecesaria, ya que ahora mismo hay más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos en Aragón. El dinero público debe ir para la educación pública, donde tenemos muchas carencias de personal docente y no docente, y muchos problemas de infraestructuras. Rechazamos rotundamente la privatización de la enseñanza por parte del Gobierno de Aragón. Seguiremos movilizándonos en la calle, mientras está abierta la vía judicial”, ha afirmado Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón. 

Las quejas por la falta de personal, por las vacantes sin cubrir y por el estado de las instalaciones educativas no dejan de sucederse durante este curso escolar en Aragón. La provincia de Huesca tiene unas 40 plazas de personal sin cubrir, según denuncian desde CGT, lo que obliga a los equipos directivos a asumir funciones que no son las suyas y las protestas de los padres y madres. En este contexto, familias, sindicatos y docentes critican el plan del Gobierno de Aragón para concertar el Bachillerato, un proyecto con un coste de siete millones de euros que anunció Azcón y que está recibiendo una fuerte contestación social: “Se van a gastar millones en el bachillerato en centros concertados cuando sobran 2.500 plazas en centros públicos”. El Departamento de Educación sostiene que se está trabajando en cubrir todos los puestos y critica el “déficit estructural de mantenimiento” de anteriores gobiernos.

En el caso del colegio de Broto, las familias han denunciado que no tienen personal en la cocina del comedor, lo que está obligando al centro a contratar un catering de Huesca: “Cuesta 140 euros diarios el transporte, más el coste de la comida que es más alto que cuando se hace aquí”, explica María Castillón, madre y secretaria del AMYPA de Broto. Cada día, de lunes a viernes, un camión de una empresa de catering de la ciudad de Huesca recorre los 88 kilómetros que separan la capital altoaragonesa de la localidad de Broto para llevar la comida a los más de 60 alumnos de las aulas del CRA Alto Ara en Broto y Torla que hacen uso del comedor escolar. Una situación que, denuncia la AMYPA, “se repite desde hace más de un mes. Los niños no comen mal, pero es algo insostenible”.

El coste “se ha duplicado para el colegio”, señala Lucía Oliván, “han pasado de pagar 3.000 euros al mes a, solo en noviembre, superar los 6.000 euros. Al final, el centro se quedará sin recursos, y seremos los padres lo que tendremos que pagar por la falta de previsión de la DGA, que no tiene personal en la bolsa de cocinera y no abre un proceso ni para cubrir la baja ni para generar una nueva bolsa”. Castillón añade que, además, si se abriese la bolsa en la localidad sería “una buena salida laboral y hay mucha gente interesada” y muestra su enfado ante el “abandono” de las zonas rurales: “Se les llena la boca con la España vaciada y las escuelas rurales, pero así se vaciará a pasos agigantados”.

Este centro también sufre la carencia de una auxiliar de educación especial, cuando hay dos niños con esta condición. Castillón relata que una de ellas “tiene una dependencia completa” y que se ha trasladado a una de las auxiliares de Ainsa tres días a la semana: “Los otros dos días la niña va a Sabiñánigo, pero, ¿por qué tenemos que dejar sin auxiliar al centro de Ainsa?”, se pregunta. El Departamento de Educación ha explicado a este diario que se están haciendo “todos los esfuerzos posibles” para cubrir lo antes posible esos puestos. Se ha recurrido al INAEM para encontrar candidatos y reconoce que en el medio rural “se multiplican los problemas para dar con interesados”.

A 97 kilómetros, en otro valle oscense, los alumnos y alumnas del IES Domingo Miral de Jaca han dado “clases en los pasillos”, según denuncia CCOO. “Las instalaciones del centro han llegado a un nivel de deterioro que ya no admite más demoras. Por poner algunos ejemplos del nivel de degradación, presenta problemas de humedades y de hongos en los techos y columnas los cuales tienen daños severos debido a su antigüedad y falta de mantenimiento. Las goteras son una constante”, critican desde el sindicato.

Utilizan este centro como ejemplo de la “situación crítica” en la que se encuentran muchos centros educativos públicos de la provincia de Huesca. “La insuficiente inversión perpetuada a lo largo del tiempo ha dado lugar al deterioro progresivo de los edificios, algunos de los cuales presentan deficiencias estructurales graves que comprometen la seguridad y la calidad educativa. En suma, la eficiencia energética de los centros educativos es nula y el sindicato ya exigió antes de verano un plan para la transformación energética de los centros educativos, enfocándose en la climatización y en la mejora de las condiciones térmicas”, exponen. Según el sindicato los centros de la provincia de Huesca presentan “problemas estructurales, como filtraciones de agua, grietas en muros y techos, deficiencias en los sistemas eléctricos y de calefacción, así como patios y espacios comunes deteriorados. Estos problemas estructurales se vienen arrastrando durante años y requieren reparaciones, mantenimiento y mejoras profundas”.

Estos problemas estructurales, según reconocen desde el Departamento de Educación, se arrastran desde hace “décadas”: “Este gobierno ha tenido que desalojar tres centros educativos por la falta de mantenimiento y de actuaciones del anterior Gobierno. Y ha emprendido un plan de contingencia y revisión de todos los centros aragoneses, con un inventario de centros”, exponen.

“Habiendo vacantes y personas en listas no se cubren las plazas”

Las quejas de familias y docentes no solo se producen en el medio rural. En la capital oscense, fuentes del IES Sierra de Guara denuncian “falta de recursos para el propio funcionamiento básico, a nivel de reposición de material deportivo o de poder tener dotación suficiente para el pago de facturas”. Explican que el dinero que proporciona el Departamento de Educación a los centros mediante libramientos “llega tarde” y que eso impide que se puedan acometer gastos extraordinarios en proyectos educativos, por ejemplo. Aseguran que parte del problema es que “no hay estabilidad de los equipos directivos” que, en muchos casos “varían casi cada año”: “Eso genera una inestabilidad porque es imposible que se puedan acometer proyectos de envergadura cuando el equipo va cambiando cada año porque no tienen ni incentivo económico, no hay casi diferencia entre lo que recibe un docente por ser directo a lo que se recibe siendo profesor solo. Hay mucha más voluntad que posibilidades”.

En este centro hay vacante una plaza de conserje a jornada completa y una de personal de limpieza. Fuentes de este centro exponen también que “tenemos desde hace diez años seis aulas en barracones, fue con carácter provisional, pero como están llegando más alumnos de los que en principio se esperan se requieren todavía más aulas, los barracones no se ha podido prescindir de ellos”. Comparan la situación con la medida anunciada por el Gobierno de Azcón para concertar el bachillerato, un plan que ha generado mucha controversia en la comunidad: “Encima oyes que se van a destinar millones de euros a la escuela concertada cuando sobran 2.500 plazas de bachillerato cada curso en centros públicos”.

Las vacantes en los centros públicos son alrededor de 40, según expone Arancha García Carpintero, de CGT en Huesca: “Lo del personal no docente es vergonzoso, habiendo vacantes y personas en listas no se cubren las plazas”, critica. Esta representante sindical trabaja en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Montearagón de Huesca y expone que, esta misma semana, se ha cubierto la plaza de jefa de administración, vacante más de dos años y que queda todavía una vacante de auxiliar administrativo sin cubrir, “desde hace cuatro o cinco meses”. Comenta que los problemas derivados de no tener personal administrativo “son muchos”: “No sale la documentación, no se pueden tramitar las becas. Juegan con la ventaja de que los docentes y el equipo directivo hace las labores que no les corresponden para que no pasen males mayores, cubrimos esos huecos y carencias”.

Sin embargo, asegura que esto “genera estrés”. También hay una vacante en la plaza de conserje, por lo que los docentes “cogemos las llaves y hacemos las funciones para que todo funcione” y esta misma semana se han cubierto las plazas de personal de limpieza “después de seis meses”: “Es un problema importante porque privamos a personas con necesidad de trabajo de una plaza que les corresponde y a los centros con falta de recursos”. García Carpintero considera que hay un interés detrás de estos problemas: “Están privatizando el trabajo que antes estaba en manos de personal no docente, contratando empresas de limpieza por ejemplo. Así se gasta mucho dinero a costa de precarizar los empleos y privatizar. Es un desmantelamiento de lo público”.

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, respondió a preguntas de los grupos políticos sobre el estado de la educación en Aragón durante el pleno de las Cortes del pasado 11 de diciembre. Allí aseguró que “la educación ha mejorado muchísimo con el Gobierno del señor Azcón” y destacó el “modelo educativo basado en la libertad de elección de centro, la equidad y la inclusión” al tiempo que negó la privatización: “No se privatiza nada, no se desmantela la educación”. No obstante, sí que reconoció “incidencias puntuales” en determinados centros para cubrir las plazas vacantes, “sobre todo en el mundo rural. Somos una comunidad en la que la despoblación a la hora de cubrir los servicios nos causa perjuicio”.