El Gobierno deja fuera de las becas completas de educación a 380.000 jóvenes que viven en riesgo de pobreza

Cuando al padre de Laura le subieron el sueldo, en casa no se podían imaginar que iba a convertirse en una mala noticia. El salario anterior ubicaba a la familia dentro del umbral 1 que establece el Ministerio de Educación para repartir las becas al estudio. Es el grupo más bajo, donde entran las personas más vulnerables. Eso permitió a Laura recibir durante cuatro años la ayuda completa, que además del pago de la matrícula universitaria incluye ayudas económicas en mano para gastos. Pero esa mejora salarial, apenas 111 euros –“me acuerdo perfectamente de la cifra, porque generó mucha frustración”, cuenta la joven–, sacó a la familia del umbral 1 por exceso de renta y la encuadró en el 2. Y se esfumó el principal pago en metálico (1.700 euros este año).

“Fue un jarro de agua fría”, explica Laura. “Cuando pasas de umbral es un cambio muy grande. Cobras una miseria más y lo que pierdes es mucho. Una subida de sueldo que al año no supone tanto para la familia te deja sin el tipo de ayuda con la que contabas. Llegas a pensar: 'Preferiría que en mi familia ganáramos un poquito menos y seguir contando con la ayuda'”.

Laura, que actualmente está estudiando un máster, es una de las casi 380.000 personas de entre 18 y 24 años a las que el Gobierno considera demasiado ricas como para acceder a una beca completa, con ayudas directas, pese a que son hogares en riesgo de pobreza, según la definición oficial.

Esto sucede porque el umbral 1 de renta para acceder a las becas, el límite máximo de ganancias que fija el Gobierno para acceder a estas ayudas integrales, lleva años por debajo del que fija la línea de riesgo de pobreza familiar. El Estado reparte tres tipos de becas en función de la renta familiar y otros parámetros como el patrimonio, aunque los ingresos son el principal filtro.

Para ello, cada año se establecen tres límites de renta que fijan los derechos económicos de cada grupo: quien quede por debajo del umbral 1 tiene derecho a la ayuda completa, que incluye un pago directo de 1.700 euros, hasta 2.700 euros para residencia si se estudia en una comunidad autónoma diferente de la familiar, entre 50 y 125 euros en función del rendimiento académico y una cantidad variable de hasta 60 euros en función de una complicada fórmula matemática; los hogares que se sitúen entre el umbral 2 pierden la principal partida, los 1.700 euros; finalmente, por debajo del umbral 3 solo optan a la ayuda vinculada al rendimiento. En los tres casos se incluye el coste de la matrícula.

El problema para Laura y otros cientos de miles de personas en España que potencialmente podrían ir a la universidad si quisieran es que el Gobierno ha fijado este año el máximo de renta familiar que marca el umbral 1 en 23.286 euros anuales (en total, para una familia de cuatro miembros), mientras que la línea que establece el riesgo de pobreza está en 25.662 euros al año para esa misma familia.

Estas personas pueden acceder a la beca media o a la más básica. Pero ninguna de las dos llega a compensar el coste de oportunidad de estudiar (incluso podría cuestionarse con la completa). Y a la universidad va quien puede permitirse no trabajar durante esos años, como recuerda siempre Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía de la Universidad de Jaén y autor de varios informes sobre financiación universitaria.

El Gobierno ha aprobado este año la partida para becas más alta de la historia con 2.559 millones de euros que beneficiarán, calcula el Ministerio, a un millón de estudiantes. Aunque son para todas las etapas, la inmensa mayoría de ese dinero se destina a la universidad. Desde que el PSOE está en el Gobierno, el presupuesto para becas ha subido un 83% respecto al que aprobaba el PP. Las cuantías han subido y se han elevado los límites de renta que dan derecho a becas (con el PP el umbral 1 que daba derecho a la ayuda completa era de 14.613 euros anuales) hasta los 22.177 euros, ampliando así la base de los beneficiarios.

Pero con la subida del salario mínimo interprofesional y la buena marcha macro de la economía también ha subido la línea que marca el riesgo oficial de pobreza, que se fija de manera automática en un 60% de la mediana de ingresos (siempre ajustado al tamaño del hogar). ¿El resultado? Hoy, como ayer, el umbral 1 queda por debajo del de la pobreza, dejando a millones de personas en ese limbo. Este periódico ha preguntado al Ministerio de Educación cuáles son los criterios para fijar los umbrales de renta, porque no van automáticamente ligados a ningún indicador, pero no ha obtenido respuesta.

“El sistema de umbrales deja que desear”

“El sistema de umbrales deja que desear en muchas situaciones, no evalúa bien a cada estudiante”, valora Andrés Campillo Ponce, responsable de becas de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. “Nosotros reclamamos que se revisen. Modificarlos, sí, pero también introducir otros requisitos para que la convocatoria sea más justa. Está bien que se eleven los umbrales de vez en cuando, pero nos gustaría que se haga respecto a algún indicador específico, por ejemplo el Índice de Precios al Consumo (IPC)”. Canae, explica Campillo Ponce, está trabajando en una propuesta integral para presentarla en el Observatorio de Becas, el foro de interlocución para este tema con el Ministerio de Educación.

“Nuestra idea ha sido siempre que los umbrales suban de manera que no dejen a nadie atrás. Todos los años nos encontramos subidas del SMI o de los salarios, pero luego estas subidas no se ajustan en los umbrales y de un año para otro ves que sales del umbral 1 al 2 sin haber hecho nada”, expone.

“Es una decisión política”, tercia Santiago Cuesta, trabajador de la Universidad Politécnica de Madrid y representante de CCOO en el Observatorio. “Debería haber un criterio para que los umbrales respondieran a la situación real de las familias. No puede ser que apruebes un umbral que está por debajo de cualquier referencia, no responde a las necesidades reales de las familias y estás excluyendo a personas. Va contra el propio concepto de la beca o ayuda, es un ejercicio teórico que deja fuera a familias que deberían tener derecho, sobre todo en el umbral 1”.

Cuesta cuenta que CCOO lleva “años pidiendo una reforma absoluta del sistema”, y aunque concede que es positivo que el Gobierno esté subiendo las partidas año tras año, insiste en que es necesario “cambiar los criterios, que tienen 20 años”. “No es que haya pérdida de talento, es que le estamos robando expectativas de futuro a los chavales. Si somos una sociedad avanzada como decimos, hay que demostrarlo aquí, en las políticas sociales, esto es básico para el ascensor social”, sostiene.

El problema viene de atrás y no se acaba de resolver. En 2023, las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas hicieron un estudio en la Universidad de Alicante que ya explicaba que el sistema de becas es “ineficaz” por esta misma cuestión y proponían que el umbral 1 se elevase como mínimo hasta la línea de pobreza para acoger a todo ese colectivo. Aquel informe advertía también de que el carácter lineal de todo el proceso, utilizar las mismas referencias para toda España, junto a la variabilidad de precios universitarios entre las comunidades autónomas, provoca que el esfuerzo que hacen los hogares para pagar los estudios diverja entre autonomías en términos relativos. Esto es, dice el informe con el precio de las tasas y las rentas de 2023, para una familia catalana o madrileña, el coste universitario se fijaba en un 5,8% sobre la renta mediana; para una gallega en un 3,4%.

Este asunto lo ha abordado el PNV en el Congreso porque Euskadi es una de las comunidades con menos becarios debido a que, al ser una de las más ricas de España, más familias se quedan fuera de las ayudas por renta. “El Gobierno central pone unos umbrales para acceder a becas iguales para todos, pero las condiciones no son las mismas en todo el Estado”, argumentaba el diputado Joseba Agirretxea, “no es lo mismo igualdad que equidad. Y hacer una raya igualitaria en este caso no es equitativo”. El partido le ha pedido al Gobierno que ajuste los umbrales.

Cuantías escasas, plazos tardíos

También preocupan a familias y estudiantes las cuantías que se pagan a los becarios como los plazos de ejecución de las ayudas. “Las cuantías son fundamentales”, dispara Cuesta, de CCOO. “El objetivo de las administraciones es ampliar el espectro, hacer las ayudas accesibles a más personas. Eso está muy bien, pero lo que hay que pensar es cómo las distribuyes para quien más las necesite. El ejemplo de la ayuda de residencia de las becas universitarias es palmario. Tienes una ayuda máxima de 2.700 euros anuales. Es irreal. Sin hablar de Madrid siquiera, no hay prácticamente ningún sitio que baje de 450 euros al mes. Le vas a pagar cuatro meses, pero los estudios duran diez. ¿Eso es una ayuda?”, pregunta retóricamente. El mismo argumento repetirá para la cuantía fija para las becas mejor dotadas, 1.700 euros para todo el año, o la variable (hasta 60 euros).

“Ha habido alguna subida reciente”, concede el estudiante Campillo Ponce, “pero la situación de la vivienda va a peor. Si vives fuera de tu ciudad de residencia en una capital de provincia tienes difícil acceder a una residencia con esa beca. Es cierto que algunas universidades complementan las ayudas, pero no se puede estar dependiendo de las universidades”, elabora. La escasez de los montantes, contaban Martí y Ródenas en su estudio, provoca que estos estudiantes tuvieran que trabajar además de estudiar, “por lo que ya no se puede hablar de igualdad de condiciones y oportunidades”.

Y luego están los plazos. María Sánchez, presidenta de Ceapa, la mayor confederación de AMPAs del país, explica que para muchos hogares es fundamental que se agilice la ejecución de las ayudas, que muy a menudo llegan a los bolsillos de los beneficiarios a mitad de curso. “El plazo de solicitud es amplio, pero eso supone que muchas familias acaban cobrando la beca en marzo y tienes que adelantar el gasto”, cuenta, lo que para algunos hogares se convierte en un obstáculo casi insalvable. “Hay familias que a día de hoy no han cobrado el 100% de la beca”, corrobora el portavoz de Canae. “Nuestra principal reclamación es que cuando empiece el curso, en septiembre, tengan ingresada al menos la cuantía principal para poder hacer frente al curso y que nadie tenga que adelantar dinero”, explica.

Laura cuenta que durante todo su periplo educativo ha vivido en casa de sus padres, “si no, habría sido todo mucho más complicado”. También tenía unos ahorros propios de haber trabajado previamente. “Pero aún así he notado que tengo que limitarme en muchas cosas que otros compañeros no”, explica.

“Si el objetivo del sistema de becas es que cualquier persona que quiera continuar sus estudios lo tenga garantizado, con este sistema, a día de hoy, no da”, cierra Cuesta. “No cuestionamos el esfuerzo inversor que ha hecho la administración, pero, si con ese esfuerzo no se llega, el sistema es fallido”.