¿Universidad gratis para todos? Las comunidades avanzan en un modelo que genera dudas a expertos y estudiantes

Menos de la mitad de la población en edad de ir a la universidad se matricula en un grado. La tasa ronda el 40%-45% para una etapa que no es obligatoria, que muchas familias no disfrutarán y que reporta grandes beneficios a quien la cursa, aunque también, por extensión, a toda la sociedad. Con esta situación de partida, ¿debe la universidad pública ser gratuita? ¿Debemos todos pagar algo que usan unos cuantos? Y, si la respuesta es positiva, ¿a todos? ¿En qué circunstancias?

El debate atraviesa a la comunidad educativa (y política) desde hace años, y cada vez más comunidades autónomas van tomando partido e implementando la gratuidad. Lo están haciendo a izquierda y derecha y lo están haciendo por igual para todos, sin criterios de renta, aunque con diferentes modelos. Las hay, como la pionera Andalucía, que bonifican la matrícula a partir del segundo año en función del rendimiento. Otras, como Asturias, lo hacen desde el primer curso.

“Gratuidad para todos es una medida populista”, sostiene Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía en la Universidad de Jaén y uno de los principales expertos de España en financiación universitaria, que adelanta el modelo que cree más justo y equitativo: “Precio de coste para las matrículas con carácter general y, una vez te matriculas, becas directas que cubran todos los gastos de matrícula y del estudio (residencia, movilidad, salario) en función de criterios de renta”.

Ismael Sanz, profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y analista en Funcas, cree “un poco absurdo” pagarle la matrícula a las familias de renta elevada y ve con buenos ojos introducir criterios de renta, pero también propone la gratuidad para los grados “con mayor inserción laboral” porque repercuten en la sociedad. En paralelo, Sanz incide mucho en la necesidad de agilizar la concesión de becas para que estas lleguen antes de que empiece el curso y las familias sepan que cuentan con ellas, algo que no está pasando todavía.

El estudiantado cree que hablar solo de gratuidad es algo reduccionista, explica Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), el órgano de representación de los universitarios. “El debate va mucho más allá, va del acceso universal a la universidad y de si se están cumpliendo o no. Y esto tiene que ver tanto con cuánto cuestan los precios públicos como con cuántas plazas ofrece la universidad pública”, argumenta.

Siete la ofrecen, tres lo prometen

En este momento, Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja financian al menos algún curso de los grados. Las elecciones en Castilla y León y Aragón han provocado promesas que probablemente desembocarán también en algún tipo de gratuidad en ambas regiones, Cantabria acaba de anunciar lo propio, pero solo para empadronados en la comunidad y la Comunitat Valenciana anuncia que lo hará el próximo curso (y también pagará al estudiantado de la privada con un pago equivalente al coste de sus estudios en la pública).

Hay diferentes modelos, aunque todos son parecidos. Andalucía fue la pionera, e instauró un sistema en el que el primer año lo paga el estudiante, y a partir de ahí se le bonifica el 99% del coste de una asignatura futura por cada materia aprobada. Esto es, a partir de primero los estudios pueden salir prácticamente gratuitos (se pagan tasas) si se va aprobando todo, en una medida que busca recompensar el buen rendimiento académico, se arguye. Otra línea, la que practican Asturias o Castilla-La Mancha, cubren los costes ya desde el primer curso, pero solo de la primera matrícula. Si se suspende hay que abonar la segunda, y estas se van encareciendo respecto a la primera.

En realidad, recuerda Hernández Armenteros, “el precio ya está subvencionado para todos”. Todas las comunidades, explica, financian aproximadamente el 80%-90% del coste real de los estudios. Incluso en las más caras, Madrid y Catalunya, la parte que corresponde al estudiantado es minoritaria, en torno al 15% de unos 8.000 euros por curso, siempre hablando de medias.

En el debate también hay que introducir el factor becas al estudio. El Gobierno ya paga la matrícula a aproximadamente un 40% de los universitarios –y un pequeño extra a algunos–, una partida que las comunidades autónomas se ahorran. Hernández calcula que al Estado le costaría unos 1.300 millones de euros más subvencionar las matrículas de todo el estudiantado. El gasto total anual ronda los 12.000 millones de euros.

En cualquier caso, opina este experto, el modelo es fallido. Y si se habla del modelo que no cubre 1º, pero aun así se defiende con el argumento de la igualdad de oportunidades, menos aún: “No es cierto porque ya tienes que estar dentro para que aplique”, por lo que ya hay un sesgo ahí. También el otro es erróneo, dice el profesor. “La enseñanza superior no es obligatoria ni universal, accede menos de la mitad de la gente y van aquellas familias que pueden prescindir de la renta de su hijo [durante su periplo universitario], que además tendrá gastos”, argumenta. “Hay una selección natural por capacidad de renta entre los que van, que son quienes tienen padres universitarios. Si queremos igualdad de oportunidades para algo no universal hay que preocuparse de que quien quiera ir vaya”.

Ni siquiera el supuesto incentivo para el rendimiento, abonar una matrícula futura por cada asignatura aprobada, lo es. “Si un estudiante se matricula de 40 créditos pero aprueba 20, le bonifican 20”, expone. “Si lo que quieres es incentivar el rendimiento académico se debería subvencionar a quien rinde por encima de la media”, opina.

Gratuidad sí, pero

Gómez, de CREUP, explica que aunque la gratuidad “es un modelo positivo”, si solo es el primer curso o bonifica en el caso de que se apruebe previamente, “aparece un factor de renta importante que no se está tomando en cuenta, y es que muchas personas probablemente no aprueben todas las asignaturas porque están trabajando y no pueden compatibilizarlo, o fallan en algún momento, y se quedan sin esa bonificación”. “Probablemente el primer paso para garantizar una universidad pública justa es la progresividad de los precios públicos”, conviene.

Y ahí entra la propuesta de Hernández Armenteros, elaborada junto a su colega José Antonio Pérez García, de la Universitat de Alicante, plasmada en un estudio para la Fundación Europea Sociedad y Educación: el coste de la universidad es el que es, el 100% por defecto, pero se aplica una potente política de becas y ayudas en función de la capacidad económica de la unidad familiar. Este modelo divide a las familias en diez grupos posibles en función de sus ingresos en relación al nivel de pobreza (NPF), y cada grupo abona un porcentaje diferente de la matrícula. Las bonificaciones sobre la matrícula se complementan con becas económicas.

Esto es, para una familia base de cuatro miembros, si están menos de 1,25 veces por encima del nivel de pobreza familiar (ingresan menos de 19.775 euros anuales) tendría una bonificación del 100% sobre el coste. Además, ese estudiante recibiría un salario para estudiar (el IPREM, unos 600 euros al mes), otro para desplazamiento si lo necesitara, para residencia, por movilidad y para material didáctico. Si esa familia está entre 1,25 y 1,5 veces en el NPF (entre 19.776 y 23.730 euros anuales), pagaría el 5% de la matrícula (unos 250 euros anuales), y tendría derecho a las mismas ayudas que el anterior, excepto el salario. El modelo es progresivo y va bonificando menos y quitando ayudas económicas según la familia ingresa más, como se puede observar en el siguiente cuadro.

La propuesta se completa con ayudas económicas directas, también según la renta.

El profesor Sanz señala que un problema de no ofrecer gratuidad universal es que a las familias de nivel socioeconómico bajo tener que solicitar ayudas estatales puede suponerles un problema. Se les puede escapar que existen o pueden ver el proceso burocrático como un obstáculo insalvable, esto lo ha demostrado la literatura científica repetidas veces, que les acaba expulsando. “Aunque para algunos pueda ser difícil de pensar, la burocracia retrae a mucha gente de ir a la universidad”, asegura, “y son esas personas las que nos interesa que vayan, porque si no no irían”, observa.

Pese a ello, Sanz se muestra partidario de algún tipo de progresividad en los pagos y como alternativa ofrece la posibilidad de bonificar ciertos grados, una idea que Hernández Armenteros no ve con malos ojos. “Pondría la matrícula gratuita en las carreras que tienen más inserción laboral, porque sabemos que la sociedad necesita más gente en Físicas, Ingeniería, Medicina, Enfermería... Porque, además, los grados son más caros porque tienen más experimentalidad, y estaríamos incentivando que algún estudiante que quisiera cursar esto no dejara de hacerlo por cuestiones económicas”, reflexiona.

El estudiantado pone el acento en que además de la progresividad en el coste de la matrícula, un factor indispensable que introducir en el debate son las plazas que ofrece la universidad pública, otra vía que ejerce de barrera para el acceso además del precio, explica Gómez. “El acceso universal no se está cumpliendo porque la demanda de plazas es actualmente mucho más alta que la oferta, lo que al final deriva en que muchos acaban en la universidad privada, con precios mucho más altos”, expone la portavoz de CREUP.

Esa elevada presión, además, está elevando las notas de corte, lo cual también acaba teniendo una componente de clase, incluso desde el propio Bachillerato: es conocido que el alumnado de centros privados saca mejores notas en la Secundaria postobligatoria, un mejor rendimiento que luego no se traslada a la prueba de acceso a la universidad, pero que sí cuenta para establecer la nota de acceso.

El profesor Sanz está de acuerdo. “Necesitamos aumentar el número de plazas en universidades públicas para esas carreras como ingenierías, matemáticas, físicas, tecnología, medicina… Yo quiero que alguien que entre en Medicina tenga un buen expediente, sí”, relativiza la importancia de mantener un cierto límite con las plazas, “pero hay margen. Una persona que tiene un 11,5 o 12 va a ser un buen médico o matemático”, asegura. Y, ahora mismo, no puede acceder a esas carreras por la inflación de notas registrada en los últimos años.