No habrá planta termoeléctrica de biomasa en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real), al menos de momento, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya desestimado y archivado su expediente de autorización ambiental, según publica el Diario Oficial de esta comunidad autónoma (DOCM).

El inicio del expediente para la construcción de esta instalación se inició en 2017 con la solicitud de presentación Estudio de Impacto Ambiental. Entonces lo gestionó la Viceconsejería de Medio Ambiente, que en ese año estaba integrada en la Consejería de Agricultura, y actualmente forma parte de la de Desarrollo Sostenible.

El pasado mes de febrero, ocho años después, la empresa promotora manifestó su intención de continuar con la tramitación mediante la presentación del citado Estudio de Impacto Ambiental, que finalmente no llevó a cabo.

Al no haber recibido la Administración hasta la fecha documentación o solicitud alguna relativa a la continuación del procedimiento ni la presentación del estudio, ha procedido a su desestimiento y archivo del expediente. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, la promotora puede interponer recurso de alzada ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes.

Se da la circunstancia de la empresa promotora es Athisa Biogeneración, la misma que gestiona la planta de gestión de residuos sanitarios donde el pasado mes de octubre se produjo una explosión que dejó a una persona muerta y dos heridas graves.

La alcaldesa de Socuéllamos, Conchi Arenas, defendió entonces la licencia municipal concedida a la empresa, ubicada en el Polígono Industrial El Llano de la localidad. Los hechos todavía se están investigando, sin que por el momento hayan trascendido los motivos de la explosión.

Precisamente, la Plataforma Ciudadana de Socuéllamos ha hecho público su malestar por la falta de respuestas del Ayuntamiento en el pleno municipal del pasado 26 de diciembre en relación a este siniestro.

Preguntas sobre el accidente en el pleno municipal

Concretamente, este colectivo registró varias preguntas en las que se interesaba por el grado de control y seguimiento antes del accidente, por las actuaciones realizadas tras la explosión, especialmente en lo relativo a la protección sanitaria de la población, y por la naturaleza de los residuos existentes en las instalaciones y el posible riesgo de emisión de contaminantes a la atmósfera, “con las consecuencias que ello podría tener para la salud pública y el medio ambiente”.

Según la plataforma, la respuesta de la Alcaldía fue que, al encontrarse el expediente en sede judicial, no podía facilitar información.

A ello replica que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno solo permite denegar información cuando se acredita que su divulgación puede perjudicar de forma concreta una investigación o un procedimiento sancionador, y que la denegación “no puede ser genérica ni automática”.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas de protección sanitaria y ambiental se han adoptado, con independencia de la existencia de un procedimiento judicial”, concluyen.

Nuevo paso en el intento de implantar el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha con horizonte 2030 y su estudio ambiental estratégico.

La Dirección General de Calidad Ambiental ha iniciado un nuevo proceso de información pública, el segundo que pone en marcha, tras una primera fase muy criticada, en la que se se llegaron a presentar más de 13.000 alegaciones y en la que incluso la Consejería de Sanidad cuestionó el plan por su posible impacto en la salud pública. Algunos ayuntamientos, como el de Valdepeñas, cambiarán su Plan de Ordenación Municipal (POM) para evitar que este tipo de plantas puedan llegar a su territorio.

La razón de este segundo procedimiento público que se abre ahora, según reconoce la Consejería de Desarrollo Sostenible, tiene que ver precisamente con “los informes y alegaciones recibidos” y con “la elevada participación ciudadana que se ha producido”. Así que la Dirección General de Calidad Ambiental considera “oportuno” facilitar un nuevo período de información pública de cuarenta y cinco días hábiles adicionales, contados a partir del 7 de octubre, para que puedan volver a presentarse alegaciones, tanto a la versión inicial del plan de mayo de 2025 como al estudio . ambiental estratégico de junio de 2025, junto con un resumen de su contenido “para facilitar su comprensión”.

En la resolución que se publica este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se explica que en la actualidad se está tramitando la evaluación ambiental estratégica ordinaria del plan y que se emitirá la correspondiente declaración ambiental estratégica una vez concluido el segundo proceso para recoger la opinión pública.

Manifestación en Madrid: “Salvemos el mundo rural”

Precisamente este domingo, miles de personas de muchas provincias de la España vaciada se manifestaron en Madrid, sumando las reivindicaciones de cerca de 500 plataformas bajo el lema común 'Salvemos el mundo rural agredido' y entre sus quejas están las que tienen que ver con la implantación de plantas de biogás en los pueblos.

La organización estima que asistieron cerca de 20.000 personas, aunque la Delegación del Gobierno de Madrid las cifra en 1.500, para denunciar “las agresiones especulativas y el abandono que sufre el mundo rural” en Murcia, Galicia, Andalucía, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y la Comunitat Valenciana.

Denuncian que los gestores públicos, además de “no hacer una planificación y aprobar casi todos los proyectos, están recibiendo miles de millones de los fondos europeos que pagaremos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”. También han reclamado a las personas que viven en las grandes ciudades que sean conscientes de la importancia que tiene el medio rural para proporcionar alimentos, oxígeno, y salud con el equilibrio de la biodiversidad.

Durante la marcha se repasaron las citadas “agresiones” simbolizadas con 19 clavos que destruyen el territorio rural español como las macrorrenovables, macrogranjas, plantas de biogás, minas, la especulación con el agua, los centros de datos y el hidrógeno verde.

Otra parte de los clavos son el abandono que sufren con el ferrocarril convencional, la poca igualdad con la sanidad rural, la eliminación de más de mil paradas de autobuses en los pueblos con el nuevo mapa concesional, la falta de inversiones en carreteras y en las comunicaciones planificadas en esa España vaciada que retrasan décadas. Todas ellas son causantes de que no se revierta la despoblación, por lo que han vuelto a recordar que “ser pocos, no resta derechos”, reclamando la igualdad que marca la Constitución.

También han exigido para el sector primario respeto a un precio justo por las cosechas, una PAC justa y sin recortes, menos burocracia, y un apoyo real para el desarrollo de una ganadería extensiva que es fundamental para prevenir los incendios junto a otras medidas, “que siempre se les olvida hasta el próximo verano”.

El manifiesto ha sido muy diferente a lo habitual y muy emotivo, redactado por el escritor Javier Sierra, que lo ha leído conjuntamente con la agricultora, ganadera y activista segoviana Rosa Arranz, y el científico del CSIF y divulgador Fernando Valladares. Han comenzado destacando que “mi pueblo se muere”, es “un clamor”, se mueren por “falta de oportunidades y servicios esenciales”, porque se impide que limpien sus bosques, por la falta de mantenimiento de su patrimonio, y han recordado que la palabra “cultura” viene del latín 'cultus', que no es sino el cuidado de la tierra.

Han incidido en que “eso no es lo peor, a mi pueblo, a nuestros pueblos, también los están matando” con las instalaciones masivas de energías renovables, o ahora de biogás, “que destrozan paisajes milenarios de alto valor medioambiental”, añadiendo la industrialización sin miramientos con las macrogranjas. Denuncian que “lo matan las políticas corruptas que lo permiten, y que encargan los estudios de viabilidad ecológica a las propias empresas que las promueven.”

Además, han resaltado que “los matan” la falta de una política de vivienda pública decidida, la falta de un ferrocarril digno provocando el aislamiento, y un Pacto de Estado por una Sanidad Pública que sea igual para todos.

La Consellería de Medio Ambiente asegura que no ha recurrido a entidades de colaboración ambiental desde que se aprobó el decreto que las regulaba en julio de 2023 y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente. Consultado por este periódico, el departamento de Ángeles Vázquez responde que ninguna de las cinco compañías inscritas en el Rexistro de Entidades de Colaboración Ambiental de Galicia ha participado hasta ahora en la tramitación de procedimientos de evaluación ambiental. “Ninguno de los expedientes gestionados desde la entrada en vigor del decreto se ve afectado no está en riesgo de ser anulado o suspendido”, señala. Esta afirmación contrasta con la de la CIG, el sindicato que recurrió la norma y que este jueves consideraba que el dictamen judicial afectará a proyectos eólicos, de minas o al de la macrocelulosa Altri.

Medio Ambiente menciona que el alto tribunal gallego “solo anula ciertos apartados de 3 de los 41 artículos” del decreto. Son los que considera contrarios al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público y que, al ver de los magistrados, implicaban una privatización parcial de los controles ambientales. “El decreto externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”, dice la sentencia. No existe además “ninguna reserva de control, supervisión o dirección” en las consellerías competentes. Los informes de las entidades de colaboración ambiental -empresas privadas- “no pueden ser contratados ni sometidos a crítica por el órgano que tiene formalmente la facultad de decidir”.

La Xunta sostiene sin embargo que su intención era “simplificar” los procedimientos de evaluación ambiental mediante lo que denomina colaboración público privada. También recuerda que un registro de entidades de colaboración ambiental “está prevista y regulada en comunidades como el País Vasco”. Precisamente en el modelo vasco se detiene la sentencia del Tribunal Superior gallego. Según esta, las “funciones materiales” del registro vasco son diferentes del gallego. No hay, por ejemplo, “referencia a la asunción completa de la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación ambiental”. Tampoco, al contrario que en el decreto de la Xunta ahora cuestionado, desaparece “la atribución de las facultades inspectoras”.

El Gobierno gallego finaliza la respuesta remitida a elDiario.es afirmando que “el decreto solo prevé la colaboración auxiliar y de carácter técnico [de las mencionadas entidades privadas] en las evaluaciones ambientales. El dictamen del tribunal entiende lo opuesto: ”La Sala entiende que las funciones atribuidas a las entidades de carácter ambiental, en la forma en que se regulan con una vocación clara de ser incardinadas de forma estable en los procedimientos ambientales [...], avalan una pretensión estructural y no coyuntural de colaboración de esta figura en la actividad ordinaria de la Xunta de Galicia“.

La consellería de Medio Ambiente anuncia que recurrirá la sentencia.

La conselleira de Medioa Ambiente: “No supone nada”

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula parte de un decreto de la Xunta por privatizar procedimientos de evaluación ambiental “ahora mismo aún no supone nada” porque el Gobierno gallego “no había empezado a desarrollarlo”. Además, en respuesta a preguntas sobre esta decisión judicial dijo que cree que “fue un malentendido”.

“Estas entidades de colaboración las tenemos para urbanismo, para ITV... están desarrolladas en otras comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco, Madrid y Cataluña”, manifestó. Añadió que “en absoluto” afecta a la decisión que la Xunta tiene que tomar sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri para Palas de Rei (Lugo), según recoge Europa Press. “No tiene nada que ver una cosa con la otra”, aseguró, horas después de que el sindicato que presentó la demanda diese una rueda de prensa para explicar los efectos de la sentencia, que asegura que tendrán impacto en proyectos mineros, eólicos y también en la planta anunciada por la compañía portuguesa para la comarca de A Ulloa.

Vázquez sostiene que la voluntad de la Xunta de contar con entidades de colaboración certificadas “no tiene nada que ver con ningún procedimiento”. “Ahora mismo no hay ninguna entidad certificada”, añadió. En el registro público que figura en el sitio web de la Consellería están anotadas cinco empresas.

La conselleira confirma que la Xunta presentará recurso contra la sentencia, pero insistió en que “no influye en el trámite de ningún establecimiento que se quiera instalar en el territorio”. Lo que quiere la Xunta “es ser abierta, tener colaboraciones y ser más ágil”, defendió y reiteró que el Gobierno gallego tiene la pretensión de aplicar la “colaboración público-privada”, que “debe estar regulada a través de unas entidades que tienen que estar certificadas y que pueden ser desde colegios hasta centros”.Cree que “la lógica es que la administración tire de ese personal especializado, que, en todo caso, es una entidad que tiene que estar certificada para que pueda colaborar”.

Su argumento es que hay instituciones, como la universidad, que están más avanzados que los trabajadores públicos en conocimientos. “Colaborar no quiere decir suplir, no quiere decir privatizar, no quiere decir que vayan a hacer la parte administrativa. Es simplemente agilizar y, por otro lado, que no dependamos solo del conocimiento de los funcionarios, sino que muchas veces la universidad, los colegios... van por delante, y nosotros tenemos que ir parejos con todos ellos”, dijo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parte del decreto que regula las entidades de colaboración ambiental y que el Diario Oficial de Galicia publicó el 3 de julio de 2023. Lo hace su sección tercera de lo Contencioso-administrativo por entender que implica “una privatización parcial” de los controles ambientales. La misma norma, denunciada por la CIG y en su día criticada también por el Partido Socialista en términos similares a los que ahora recoge la sentencia, creaba el llamado registro de entidades de colaboración ambiental y el banco de personas expertas en evaluación ambiental.

“El carácter privado de las entidades de colaboración ambiental y la completa externalización, que se concibe con carácter estructural”, recogida en el artículo 27 del mencionado decreto, resulta contraria al Estatuto Básico del Empleado Público y al Régimen Jurídico del Sector Público. No existen, añaden los magistrados encargados de redactar el dictamen, “mecanismos de control realizados por funcionarios públicos sobre la actuación de estas empresas en el procedimiento en concreto”. Así, a la administración solo le quedan “simples ratificaciones, sin posibilidad de contraste”.

“El decreto externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada”, añade. Estas se encargan de analizar incluso los informes sectoriales preceptivos de los órganos administrativos o la necesidad de un segundo trámite de información pública. No existe además “ninguna reserva de control, supervisión o dirección” en las consellerías competentes. Los informes de las entidades de colaboración ambiental -empresas privadas- “no pueden ser contratados ni sometidos a crítica por el órgano que tiene formalmente la facultad de decidir”.

Para el alto tribunal gallego, “la colaboración que la Xunta demanda de las entidades de colaboración ambiental se convierte en una verdadera privatización de la tramitación de la evaluación ambiental, que implica inexcusablemente la traslación a una empresa privada de funciones que están reservadas a funcionarios públicos”. La sentencia dictada a raíz del recurso presentado por la CIG impugna los artículos 27, 28.1 inciso final y 29.5 del decreto.

Cuando la norma inició su trámite, bajo la presidencia del Alberto Núñez Feijóo, el diputado socialista Pablo Arangüena alertó de que la Xunta privatizaba el control ambiental de los proyectos. El decreto ahora parcialmente anulado lo publicó el Diario Oficial de Galicia ya con Alfonso Rueda en San Caetano.

La Xunta de Galicia continúa poniendo dificultades para alegar contra el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo). El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes una relación de 820 personas a las que la Consellería de Economía requiere que demuestren que son parte interesada en el procedimiento de aprobación del proyecto. En caso contrario, sus solicitudes serán desestimadas. Para Greenpeace, se trata de un intento de “silenciar una oposición masiva”, con un número de alegaciones “histórico”, por parte de un Gobierno gallego que “ha perdido la batalla del relato”.

La publicación en el DOG afecta a aquellos opositores a la planta a los que el ejecutivo autonómico no pudo localizar para solicitárselo de forma directa. Desde el pasado mes de octubre, organizaciones disconformes con el proyecto —como Ulloa Viva o la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa— vienen denunciando el envío masivo de cartas desde la Secretaría Xeral de Industria a persoas y entidades que habían presentado alegaciones. Lo consideraron una “ofensiva antidemocrática para tratar de amordazar” a la ciudadanía.

Entonces, el presidente de la Xunta —dando por buena una cifra del diario ABC, ya que el número exacto nunca ha trascendido— habló de las más de 24.000 alegaciones presentadas como una “acción orquestada”, ya que en su gran mayoría eran “copias” y limitaba a unas 200 las que eran diferentes entre sí.

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, defiende ese modo de actuar, que no es nuevo, aunque no recuerda ningún caso en que alcanzase el mismo impacto. “Lo que hicimos fue abastecer a la ciudadanía de modelos de alegaciones”, una acción con la que pretendían compensar un “desigualdad brutal”: “La Xunta lleva estudiando el expediente desde 2022. Sin embargo, a la gente sólo le dejaron un mes para revisar los 4.000 folios del estudio de impacto y la autorización ambiental”.

Y es lo que han hecho, de nuevo, una vez que la Consellería comenzó a reclamar que se acreditase el interés: en la web de Greenpeace, como la de otras organizaciones y entidades, están colgados los modelos para que los afectados respondan a estos requerimientos.

La ley del procedimiento administrativo, citada por el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, en el anuncio que publica el DOG, recoge como interesados en un expediente a quienes lo promuevan, a quienes tengan derechos que puedan resultar afectados por él o a aquellos “cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución”.

“Se están amparando en un interpretación superrestrictiva de la ley”, argumenta Santos, que recuerda que los requerimientos llegaron incluso a la Plataforma Ulloa Viva, que lidera la oposición desde la comarca donde se pretende levantar la planta: “Si ellos no son parte interesada...”.

“La Xunta lo que quiere es silenciar la oposición masiva” que ha dejado un número de alegaciones “histórico” y protestas tan multitudinarias como la que colapsó Palas de Rei en mayo o la que desbordó la Praza do Obradoiro de Santiago en diciembre.

“No hablamos de un proyecto en el que sólo sea parte interesada la que tenga una leira o una actividad económica en la zona. Esto afecta a todo el país”. Santos recuerda cómo la papelera de ENCE en Pontevedra “cambió la configuración” del paisaje gallego y teme el impacto de Altri: una mayor eucaliptización, afectación a la cuenca del río Ulla —“el segundo curso fluvial más importante de Galicia”—, que desemboca en la ría de Arousa, la que hasta la enorme caída de los últimos años era “la ría más productiva”. “Afecta al modelo de desarrollo y cualquier gallego tiene derecho a opinar sobre el modelo de desarrollo del país”.

El río Bullaque, uno de los mejor conservados de la provincia de Ciudad Real, tiene voz propia en las redes sociales. Y lo hace desde que vecinos de su entorno se han alzado contra la proyección de una macrogranja porcina, muy cercana a este importante ecosistema. La ciudadanía lleva dos años recogiendo firmas y mostrando su rechazo a un proyecto que incluso quiso “saltarse” la moratoria a la que se ha sometido este tipo de proyectos industriales en los últimos años, según confirman fuentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La situación se remonta a 2022, cuando desde Ecologistas en Acción se presentaron alegaciones contra dos proyectos de cebaderos de ganado porcino en régimen intensivo en el término municipal de El Robledo, en Ciudad Real, una localidad que destaca que el río es “fuente de vida, refugio y lugar de asiento” desde tiempos “inmemoriales”. No solo eso: el río forma parte del Parque Nacional de Cabañeros y también de la Red Natura 2000, como lugar de importancia comunitaria.

En agosto de ese año, la organización ecologista advertía de que en el proyecto del promotor Vallehermoso, S.R.L, presentaba estos dos proyectos en “fraude de ley”, ya que se dividía “en dos” lo que “a efectos ambientales” es un solo proyecto. El objetivo de esto: “eludir la moratoria” a las macrogranjas establecida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que finaliza este año. “Las dos macrogranjas tienen efectos acumulativos”, afirmaban desde la organización.

Este medio se ha puesto en contacto con Ibéricos Vallehermoso, sin obtener valoración al respecto, de momento.

“Sinergia” de las explotaciones, y la necesidad de evaluación ambiental

Ecologistas en Acción volvió a llamar la atención sobre sendos proyectos en octubre de este año, y acusaban directamente a la Junta de Comunidades de “vulnerar” su propia moratoria. Se referían así a unas declaraciones de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que recalcó que se estaba elaborando el documento de alcance para tramitar la evaluación ambiental ordinaria, “teniendo en cuanta la sinergia de los efectos de las dos explotaciones de este municipio”.

El proyecto, insistían desde la organización ecologista, supone uno “único”, ya que los que se están tramitando están separados “tan solo” por 1000 metros entre las balsas de purines. Entre ambos se cuentan casi 4.000 cabezas de cerdos. “Fragmentado en dos para burlar la moratoria y con la intención manifiesta de ampliar las instalaciones en un futuro”, resaltaban desde Ecologistas.

Desde la Delegación de la Junta de Comunidades en Ciudad Real resaltan que “efectivamente”, las macrogranjas tienen “efectos acumulativos”, que es lo que llevará a una tramitación ordinaria de su impacto ambiental, que tendrá en cuenta sus posibles ampliaciones y sus efectos acumulados. Por eso no se llevará a cabo una evaluación ambiental simplificada, destacan. “No incumple legalmente la moratoria debido a que se trata de dos proyectos separados, pese a que la empresa haya buscado la forma de saltarse la misma”, explican las fuentes del Gobierno regional.

Además, añaden que, una vez “analizado en profundidad”, los servicios técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible concluyeron que se trata de dos proyectos y no uno solo.

Desde la Junta explican que son conscientes de las “posibles afecciones” sobre el río Bullaque y la Red Natura 2000. “Estamos siendo más exigentes, si cabe, en la tramitación”. En este sentido, han resaltado que “si se cometiera cualquier irregularidad, conminaríamos al promotor a subsanarla antes de iniciar un proyecto”. Y en el caso de que “no fuera así”, se le “aplicarían las sanciones correspondientes.

Las mismas fuentes recuerdan que existe una moratoria vigente hasta el último día del año y que, por tanto, no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ambientales para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino de grandes tamaños. Tampoco se admitirán nuevas solicitudes de modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas concedidas a instalaciones de explotaciones ganaderas de porcino que supongan ampliación de capacidad, recuerdan.

El abrazo al río Bullaque

José Falquina es portavoz de la asociación Bullaque Vivo, que reúne a unas 300 personas de las localidades por las que pasa el río, tan querido en la comarca: Retuerta del Bullaque, Pueblonuevo del Bullaque, El Torno, El Robledo, Piedrabuena y Luciana. “Desde el primer minuto que vimos la posibilidad de que nos iban a implantar este tipo de industria cárnica intentamos evitar en lo posible que se pudiese hacer esto que creemos que es un mal”, recalca.

En agosto de este año, decenas de personas se reunieron para “abrazar” al río y mostrar así su rechazo no solo a este proyecto en particular, sino a una situación general de “degradación hídrica” en la comarca, la provincia y la región. Reivindicaban una gestión “racional” del agua en la cuenca del Guadiana para poder “reconciliar la vida de los habitantes” con los procesos ecológicos“. Y también pedían la instalación ”urgente“ de una depuradora en el municipio de El Robledo para mejorar la calidad del agua del río.

Falquina explica que desde la asociación conocen los casos de otras localidades y poblaciones que “ya sufren las consecuencias” de la instalación de este tipo de industria cárnica. “No parece que aporte muchos beneficios”, señala. Y también lamenta que se haya acusado a la asociación de no querer contribuir al desarrollo económico de la zona. “Parecía como que queríamos romper con la posibilidad de que hubiera puestos de trabajo en la zona. Pero consideramos que este tipo de industria va a generar muy poquitos puestos y que incluso va a perjudicar los que ya existen”, asegura el portavoz.

Pero lo que más les importa es el río, que quedaría a apenas “setecientos metros” de distancia de uno de los proyectos. “Esta zona tiene un valor incalculable”, asegura el vecino, por su flora y su fauna. “Cualquier vertido, cualquier riada dañaría notablemente el conjunto del ecosistema que tenemos aquí”.

“No podemos tomar ninguna postura”, asegura el alcalde

El alcalde de El Robledo, Gustavo Ormeño, ha zanjado el asunto rápidamente en conversación con elDiarioclm.es. Es regidor en este pueblo de Ciudad Real desde 2023, bajo las siglas de la Agrupación Robledana de Electores Independientes (AREI). “Ahora mismo no podemos tomar ninguna postura, ni de favor ni en contra”, recalca el alcalde, que señala que una vez la consejería de Desarrollo Sostenible emita su posición, “tanto si es favorable como desfavorable”, el Ayuntamiento tendrá que tramitar la licencia.

“El proyecto ha estado parado hasta que se nos informó de que se les solicitó una evaluación de impacto ambiental ordinaria”, resaltaba Ormeño, que señalaba igualmente que desde el municipio se tendría que contratar a una asesoría técnica medioambiental para ciertos estudios. “En el momento en que nos soliciten nos pondremos manos a la obra”, zanjaba el alcalde.

Pese a que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere hacer del biogás, mediante decreto, una apuesta firme en el despliegue de fuentes renovables en la región y aunque ha presumido de su amplia capacidad para la producción de este gas procedente de residuos orgánicos, la Administración regional ha decidido poner fin a un proyecto de biometano cuya promotora tenía planeado desarrollar en la ciudad de Albacete, la más poblada de Castilla-La Mancha.

Es el caso de la planta proyectada por Biogás Albacete S.L., filial de Aratel Energías Renovables, en el polígono industrial de Romica de Albacete. La Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional ha archivado los trámites de evaluación de impacto ambiental. Lo han comunicado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, y la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, quienes han manifestado que de esta forma, se pone fin a un procedimiento que comenzó hace dos años con el inicio del expediente.

La decisión de tumbar esta iniciativa, según informa el Gobierno regional, se realiza de conformidad de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, puesto que el informe urbanístico de compatibilidad urbanística ha sido negativo.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Albacete, gobernado por el PP, ya inició hace dos años su batalla contra este proyecto, arropado después por todos los grupos municipales. De hecho, en septiembre de 2023 cambió las normas urbanísticas de la ciudad para impedir la implantación en el término municipal de industrias que pudieran “generar molestias por olores”.

Concretamente, se introdujo en la regulación de los usos de las zonas industriales del suelo urbano la “prohibición expresa” de este tipo de industrias de producción de biogás a partir de residuos orgánicos de diversa procedencia.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento anunció la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente en el mismo sentido. En un artículo de esta regulación municipal se incluyó que “las actividades susceptibles de provocar malos olores como consecuencia de la naturaleza de los materiales a procesar, como el caso de residuos orgánicos de distinta procedencia, o durante las etapas de producción, no podrán ser instaladas en polígonos industriales”.

El PSOE se alineó con el PP

Ante estas medidas, el PSOE albaceteño, en la oposición, ya tenía preparada también su ofensiva de rechazo, alineada con el alcalde y contra todo pronóstico, a la vista del desarrollo de varios de estos proyectos en la región con el visto bueno del Gobierno socialista. Presentó una moción que se aprobó por unanimidad (incluido Vox) en el pleno municipal tan solo un día después de que el alcalde del PP anunciara las medidas mencionadas.

En esta propuesta se pidió al Ayuntamiento que iniciativas como la planta de Aratel no puedan instalarse en suelos industriales. “Hemos mostrado unanimidad frente a la instalación de iniciativas empresariales que no estén bajo la premisa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”, resalta la concejala socialista Amparo Torres tras aprobarse la moción.

El PP y el PSOE unieron así sus fuerzas para presentar las alegaciones pertinentes al proyecto de la mercantil en el proceso de exposición pública, a través de su Servicio de Medio Ambiente y de la Gerencia de Urbanismo. La alianza de ambos partidos llamó la atención por tratarse de la ciudad más poblada de la comunidad autónoma.

A la oposición política se unió también la vecinal y social. Desde ACCEM-Ecologistas de la Manchuela y explicaron que este rechazo se debía a que “se están agitando las aguas” con los proyectos de biogás y ambos partidos se vieron “azuzados” por el rechazo social.

Hoy mismo, la portavoz de Stop Ganadería Industrial, Inma lozano, ha considerado un “alivio” que se archive el proyecto. Ha recordado que esta plataforma ayudó a redactar las alegaciones mostrando los “efectos nocivos” tanto para las personas de la urbanización cercana al polígono industrial como para los propios empresarios. “Estos proyectos no son mas que ponerle una tirita al problema de los purines”, ha dicho.

No obstante, ha mostrado su “gran preocupación” ante el plan de biometanización que prepara el Gobierno regional. “Es técnicamente deficiente y los datos son dudosos”, afirma Lozano, al tiempo que apunta que Castilla-La Mancha proyecta alrededor de 100 plantas de estas características. “Nosotros estaremos muy atentos, las valoraremos en su conjunto y presentaremos alegaciones en todos aquellos proyectos en los que veamos que no se cumpla la normativa y que tengan efectos tanto para el entorno como para la salud de las personas”.

La promotora defendió su proyecto

Poco después, Aratel Energías Renovables salía al paso de estas medidas para defender su proyecto. Argumentó que se trata de una empresa centrada en desarrollar proyectos de energía renovable de diferentes tecnologías en el marco de la transición energética, “con años de experiencia en el sector y sólida presencia en Castilla-La Mancha”. En ese comunicado, confirmaba que estaba desarrollando una planta de biometano en la ciudad, ubicada en el Polígono de Romica, a través de la filial Biogás Albacete.

Detallaron entonces que la inversión total del proyecto era de 13 millones de euros con la creación de 50 empleos durante su construcción y 10 puestos de trabajo durante la fase de operación y mantenimiento de la planta.

Según afirmó, el proyecto se hacía “en cumplimiento de las normativas técnicas, urbanísticas y medioambientales vigentes en Castilla-La Mancha y el municipio de Albacete”, tras superar “minuciosos y exhaustivos requerimientos demandados por la Junta y el ayuntamiento en el proceso de autorización ambiental integrada (AAI).

Concluía afirmando que tenía la voluntad de continuar con sus planes de inversión, impulsando este proyecto “que aportará sostenibilidad, innovación y desarrollo económico a las empresas albaceteñas en una localidad de la que también forma parte”. No obstante, el Gobierno de Castilla-La Mancha hoy le ha dado carpetazo.

El Gobierno de Cantabria ya tiene redactada la nueva Ley de Evaluación Ambiental y prevé remitirla antes de que termine este 2024 al Parlamento autonómico para su tramitación, al tiempo que avanza en la elaboración de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático y la Estrategia de Bioeconomía y Economía Circular, que aprobará posiblemente a finales de este año o principios del próximo.

De este modo, la de Evaluación Ambiental será “una de las primeras leyes que entren en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones”, según ha avanzado este martes el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media (PP), que ha explicado que esta norma se había quedado “obsoleta” y se ha necesitado “rehacerla completamente”.

Como ha señalado, “hay un montón de nuevas normativas tanto europeas como nacionales que se han implementado en los últimos años y la han dejado absolutamente antigua”.

Además, ha defendido que “necesitamos una ley que preserve nuestros valores ambientales a lo largo y ancho de toda Cantabria. Sin duda tenemos un patrimonio natural que debemos proteger a toda costa, pero también hay cuestiones absolutamente redundantes, que paralizan la gestión diaria de muchísimos expedientes dentro de la propia Consejería y esta ley va a venir a corregir”.

El consejero, que ha hablado de este asunto en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega, donde ha participado este martes en la presentación de la evolución del Plan de Acción Saja-Besaya, ha asegurado que tratará de llegar a un acuerdo “lo más amplio posible” con las fuerzas políticas del Parlamento para que esta ley “nazca fruto del consenso” y “tenga estabilidad en el tiempo”.

De hecho su departamento ha trabajado con el borrador del anterior Gobierno (PRC-PSOE) tanto para esta norma como para la Estrategia frente al Cambio Climático. “No hemos tirado nada del trabajo que ya se había hecho por el anterior Gobierno”, aunque si se han modificado algunas cuestiones, ha indicado el titular de Medio Ambiente.

Esta Estrategia, según ha dicho, está ya “muy avanzada” y se aprobará en las próximas semanas.

En Castilla-La Mancha hay 360 macrogranjas porcinas instaladas, es decir, aquellas que tienen más de 2.000 cabezas. Es casi una cuarta parte del total de explotaciones de cerdos, que rondan las 1.400. En total, sumando también las granjas de aves y vacas, son casi 37.000 en toda la comunidad autónoma. Sin embargo, la proliferación de las primeras, las porcinas de gran tamaño, y las protestas ciudadanas llevaron al Gobierno de Emiliano García-Page a aprobar hace dos años una moratoria para impedir nuevas instalaciones de este tipo. Ese plazo termina el 31 de diciembre de este año y durante este tiempo se han paralizado 61 proyectos. ¿Qué pasará después?

No habrá nueva moratoria pero sí un nuevo decreto autonómico de regulación de estiércoles más restrictivo en cuanto a los requisitos medioambientales de las macrogranjas, rebajando incluso de 2.000 a 1.000 el número de cabezas para someterse a una evaluación ambiental integrada, la más completa. Así lo ha adelantado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gomez, en una entrevista con elDiarioclm.es, en la que detalla que se trata aún de un borrador que se está consensuando y negociando con todos los sectores afectados.

Desde la aprobación de la moratoria, colectivos sociales y ciudadanos constituidos para rechazar estas instalaciones como Stop Macrogranjas o Pueblos Vivos Cuenca han denunciando que esta medida ha supuesto una “coladero” de instalaciones de empresas que segmentan sus expedientes en proyectos de menos de 2.000 cabezas para “trampear” la medida. “No ha sido así”, afirma la consejera a este respecto.

Sí que es verdad que pudiera darse la circunstancia de que hubiese explotaciones anteriores a la moratoria que intentaran hacer esa trampa de dividir las explotaciones por debajo de 2.000 cabezas, que es el límite

“Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo. Pusimos en marcha la moratoria para darnos un tiempo junto con el sector para ver cómo podíamos actuar y tener en cuenta las peticiones ciudadanas. Siempre sabiendo que algunas de estas explotaciones son necesarias, están asociadas a la industria agroalimentaria y dan puestos de trabajo a más de 3.000 personas en Castilla-La Mancha. Pero no deben instalarse de cualquier forma ni a cualquier precio”, argumenta.

Tras la moratoria, una nueva normativa

Por este motivo, el Ejecutivo regional está “madurando” una normativa, un decreto de gestión de estiércoles que, por un lado permitirá la valorización de todo tipo de residuos ganaderos, incluidos los purines (como ya sucede en las explotaciones avícolas) que son altamente contaminantes. Y por otro lado, regulará su reutilización y también las distancias respecto a núcleos urbanos.

“Sí que es verdad que pudiera darse la circunstancia de que hubiese explotaciones anteriores a la moratoria que intentaran hacer esa trampa de dividir las explotaciones por debajo de 2.000 cabezas, que es el límite que nos permite hacer una autorización integrada y que tenga unas características diferentes. Pero para evitar eso estamos evaluando dónde se están instalando y estableciendo distancias para que no constituyan una explotación de alta capacidad”.

Con todo ello, cuando decaiga la moratoria a final de año, la consejera prevé que esté listo ese decreto. “Ahora es todavía un borrador que estamos negociando con la organizaciones agrarias, la industria agroalimentaria y los ayuntamientos, porque queremos que sea consensuado con todo el sector”.

Pero además, este futuro decreto viene acompañado de otro cambio normativo que recibirá antes la luz verde del Gobierno castellanomanchego: una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos que impedirá que la Administración regional tramite proyectos “del tipo que sea” sin que previamente el ayuntamiento donde se vaya a instalar se pronuncie sobre la idoneidad de los mismos. “Con ese documento previo, si el Ayuntamiento no esta conforme con ello no vamos a hacer la evaluación ambiental”, precisa.

En realidad, de facto, la decisión siempre recae sobre los ayuntamientos pero es habitual que cuando se presenta un proyecto empresarial de gran envergadura, la Corporación local no se pronuncie sino que suele solicitar al Ejecutivo regional que lo valore. “El problema es que si a nosotros se nos presenta un proyecto de lo que sea, de porcino, de biometano, y cumple todos los requisitos legalmente, esta administración nunca le va a poder decir que no. El único que le puede decir que 'No' es el ayuntamiento, el que tiene potestad de denegar la licencia”.

Un ejemplo de ello ha sucedido en Albacete donde el Ayuntamiento en pleno ha rechazado el proyecto para una planta de biogás en el polígono industrial Romica, aprobando incluso una ordenanza municipal para ello. La consejera de Desarrollo Sostenible explica que, por esta razón, la Administración regional ha notificado al promotor que se da esa circunstancia y “no podemos continuar con ese proyecto”.

Si un ayuntamiento no quiere un proyecto, no le vamos a obligar a que lo ponga. Pero las reglas de juego tienen que cambiar

¿Cómo tendrían que pronunciarse los ayuntamientos? Mercedes Gómez señala que depende de cada uno: en unos casos la potestad la tiene el propio alcalde o alcaldesa, y en otros “cualquier decisión tiene que pasar por el pleno”. De cualquier forma, “exigiremos al ayuntamiento ese pronunciamento mediante la fórmula que tengan establecida”.

“En realidad lo que queremos es que se llegue a un acuerdo. Si un ayuntamiento no quiere un proyecto, no le vamos a obligar a que lo ponga. Pero las reglas de juego tienen que cambiar. Hasta ahora lo que sucedía es que el ayuntamiento, como órgano sustantivo, nos remitía la documentación pero no se pronunciaba. Ahora necesitamos ese pronunciamento por que si no, hacemos perder el tiempo a una empresa pero también a esta administración. Si el ayuntamiento de antemano ya nos dice que no, ya no hay que dedicar seis meses a a la evaluación de un proyecto que no tiene aval de un municipio”, argumenta.

La consejera concluye que con ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha también busca “evitar esas situaciones de conflicto con las empresas cuando un ayuntamiento se encuentra con un proyecto autorizado por la Junta pero decide que no lo quiere y no le da licencia”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo sostenible ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto de la fábrica de supercondensadores solicitada por Phitech SL, en Badajoz. La documentación podrá ser examinada durante 30 días hábiles en las dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad, en Mérida, previa cita solicitada a través del correo electrónico exp.sostenibilidad@juntaex.es.

La empresa Phi4tech inició el pasado mes de mayo las labores de desbroce del terreno de la plataforma logística de Badajoz donde construirá una la fábrica de celdas de supercondensadores y el centro de investigación y desarrollo de nanomateriales para su uso de almacenamiento energéticos en Extremadura. La inversión prevista global de ambas instalaciones, una vez finalizadas todas las fases de ampliación, rondará los 100 millones de euros.

La fábrica de supercondensadores de almacenamiento energético producirá 600.000 unidades al año, y estará en funcionamiento a principios de 2025. Phi4tech asegura que con estos ecosupercondensadores se puede optimizar hasta un 15% la eficacia de las renovables gracias a su rápida capacidad de carga y descarga. Esta fase inicial de la fábrica generará 50 empleos.

El centro de Investigación y Desarrollo de nanomateriales para su uso en almacenamiento energético estará concluido a finales del 2024. Ese mismo año albergará a los primeros 60 investigadores, cifra que se duplicará en 2025 hasta 120 empleados, creando en el futuro hasta 200 empleos directos.

En este sentido, la empresa ha recordado que “extraordinaria relación” con la Universidad de Extremadura, que se potenciará a través de nuevos acuerdos para la adecuación postgrado de diferentes profesionales. 

Sin concesión de derechos de uso de agua y con un pozo de propiedad privada cuya existencia no consta a las autoridades hidrográficas. Con estas premisas está proyectada en el término municipal de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) una planta de tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición, cuya promotora es Reyempa S.L. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) emitió informe desfavorable el pasado mes de diciembre sobre este proyecto tras la consulta que le realizó al respecto el Gobierno castellanomanchego.

El término municipal donde se proyecta esta planta de tratamiento se encuentra en pleno Campo de Calatrava, una de las zonas más secas de la región y donde se han registrado múltiples problemas de abastecimiento de agua. Hace un año la Junta de Castilla-La Mancha inició una obra con carácter de urgencia para asegurar, en conjunto, el abastecimiento de agua potable a los doce municipios que conforman el Consorcio del Campo de Calatrava.

“En el Campo de Calatrava tenemos graves problemas de abastecimiento en cantidad y calidad”, afirmaba entonces la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández. Fue una obra “transitoria”, aclaraba, a la espera de que pueda entrar en funcionamiento la tubería manchega. Otros 12 municipios de la zona cuentan con una planta de ósmosis para dar servicio a más de 40.000 habitantes.

Las circunstancias que han llevado a la Confederación del Guadiana a rechazar el proyecto de esta nueva planta de tratamiento y reciclaje de residuos se encuentran recogidas en un informe que elaboró hace tres meses para el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Junta de Castilla-La Mancha.

Tras referir que la empresa no establece en su estudio el consumo de agua previsto, la CHG detalla que la documentación aportada por el promotor no cuantifica las necesidades hídricas totales de la actividad.

Un pozo sin ubicación y sin concesión

“Simplemente se indica que se ejecutarán riegos programados sobre los residuos y los caminos para disminuir la formación de polvo, así como el riego mediante sistema automático de riego de la pantalla vegetal a instalar”. También refiere que el suministro de agua se realizará mediante “un pozo cercano propiedad del promotor” sin indicar su ubicación.

A este respecto, la Confederación Hidrográfica, una vez consultadas sus bases de datos, alega que en la parcela donde se pretende ubicar la planta de tratamiento y reciclaje “no existe ningún derecho de aguas para el uso pretendido” que posea expediente administrativo. Es más, subraya que en el organismo de cuenca “no existe ningún expediente administrativo asociado al promotor de la presente actuación.

La CHG argumenta que las captaciones directas de agua -tanto superficial como subterránea- del dominio pública hidráulico son de su competencia y que cualquier uso privativo “deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma”. En este caso, la parcela de actuación se encuentra en el ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y dentro de la Comunidad de Usuarios (MASb) “Campo de Calatrava” declarada “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico” de sus aguas.

El programa de actuación de la MASb establece que de acuerdo con el Plan Hidrológico del Guadiana se podrán otorgar concesiones destinadas, entre otros, a uso industrial, con la condición de limitar su uso a un volumen máximo anual de 15.000 metros cúbicos. Por tanto, se debe presentar la solicitud de concesión de agua que ampare el consumo hídrico pretendido y su otorgamiento estará condicionado “a la existencia de asignación y reservas para el uso pretendido”.

 La conclusión de la Confederación Hidrográfica es que mientras no se presente solicitud de concesión de aguas subterráneas para el abastecimiento de la actividad propuesta, y se compruebe la existencia de asignación y reservas para ese uso en la comunidad de usuarios 'Campo de Calatrava', se informa desfavorablemente del proyecto.

Ahora, el estudio de impacto ambiental de este proyecto se encuentra en periodo de información pública en la comunidad autónoma. El pasado 2 de marzo la Consejería de Desarrollo Sostenible publicó un anuncio de la Dirección General de Economía Circular por la que se iniciaba este periodo de consultas públicas.

Precisamente, fuentes de la Consejería confirman a elDiarioclm.es que el proyecto ha pasado a evaluación ambiental ordinaria para analizar “de manera más rigurosa” esta instalación. Afirman que si el informe de la CHG es negativo, “el proyecto sería inviable ambientalmente”.

Alegaciones en contra del proyecto

El mismo día en que el Gobierno regional sometió su evaluación ambiental a información pública, a principios de marzo, presentaron alegaciones contra el proyecto más de una quincena de instituciones, asociaciones y diferentes colectivos, entre ellos el propio Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, la mencionada Confederación del Guadiana, la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real, la Fundación Global Nature, Ecologistas en Acción de Ciudad Real y la Asociación Nacional Micorriza.

El Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa en julio de 2019 pedía que su tramitación se realizara por el procedimiento de evaluación ambiental simplificada alegando que la realización del proyecto tiene como objetivo la realización las labores de tratamiento y reciclaje de residuos de construcción y demolición, a fin de favorecer el reciclaje.

“Este tipo de industria favorece, en gran medida, la posibilidad de reciclado de materiales, principalmente inertes. Con esto se contribuye a frenar la sobreexplotación de áridos naturales y de canteras, consiguiéndose mayores rendimientos y, consecuentemente, mayor ahorro de energía y disminución en la contaminación atmosférica”, alegaba en su informe técnico.

No obstante, su tramitación se está realizando finalmente de manera ordinaria y ahora es el organismo castellanomanchego de evaluación ambiental quien debe decidir si da su visto bueno a este proyecto. El plazo de información pública del estudio presentado finalizará a comienzos del mes de abril. Desde elDiarioclm.es hemos solicitado a la empresa tanto por teléfono como por escrito una valoración sobre estas circunstancias, sin que haya habido respuesta en este sentido.

Marta Gómez Palenque, directora general de Economía Circular de Castilla-La Mancha hasta ayer acaba de ser nombrada directora general de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado, tan solo un día después de que hiciera público su cese de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Sustituirá en el cargo a Ismael Aznar Cano, que había solicitado su baja hace unos días.

Gómez Palenque fue la encargada de diseñar la Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, la primera de España que ha dado rango de ley a las medidas destinadas al mínimo vertido y a promover la permanencia de la vida de los productos, bienes y servicios. 

Nacida en 1975 es ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Alfonso X El Sabio e ingeniería técnica de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ya fue, entre 2018 y 2019, jefa de Sección en la Subdirección de Comercio, Derechos de Emisión y Mecanismos de Flexibilidad de la Oficina del Cambio Climático de España que depende del mismo ministerio para el que ha sido nombrada. En julio de 2019 se había incorporado al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Antes había trabajado para la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad en el desarrollo e implantación de proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y el cambio climático, entre otras actividades profesionales, en las que también pasó por el sector privado en su faceta vinculada a las ingenierías.

De momento, y tras su marcha, no se ha anunciado el nombre de la persona que la sustituirá al frente del departamento de Economía Circular castellanomanchego que fue una de las novedades al inicio de esta nueva legislatura en el Gobierno de Emiliano García-Page.

La Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea ha rechazado este martes, por los votos mayoritarios en contra del PSOE, la propuesta de impulso de Unidas por Extremadura (UP), apoyada por Cs y PP, para rechazar el proyecto de parque eólico en la sierra de Montánchez. En esta iniciativa se instaba a la Junta a poner en marcha los medios técnicos y jurídicos suficientes que permitiesen llevar a cabo, conforme al ordenamiento jurídico, un rechazo efectivo a este proyecto.

La diputada del PSOE Teresa García Ramos ha justificado el rechazo de su grupo a esta iniciativa porque considera que eso supondría obligar al Gobierno extremeño a prevaricar, algo que ha negado la portavoz de UP, Irene de Miguel, quien ha acusado a los socialistas de “escudarse en los procedimientos administrativos” para no definirse políticamente en este y otros casos.

De Miguel, que ha rechazado una enmienda de modificación a su propuesta formulada por el PSOE, ha destacado la labor realizada por la Plataforma Cívica Sierra de Montánchez Natura y ha vuelto a defender el “escaño 66” para que los colectivos pudieran exponer sus peticiones en la Asamblea de Extremadura.

La diputada de UP ha recordado que el 86% de los montanchegos se oponen a este parque eólico, tal y como se puso de manifiesto en una consulta popular, ya que los 10 aerogeneradores de 190 metros de alto que que quieren instalar en la sierra supondrían una destrucción de su hábitat y de su riqueza paisajística. También que el proyecto de parque eólico cuenta ya con una declaración desfavorable de impacto ambiental, pero los ciudadanos, ha dicho, “no piensan bajar los brazos hasta que el proyecto se desestime por completo”.

En la comisión se ha puesto de manifiesto por parte de varios grupos que en Montánchez hay previstas ya la construcción de dos plantas fotovoltáicas en 250 hectáreas del municipio, que no han recibido ninguna oposición por parte de los vecinos, que han promovido también una comunidad energética y apoyan una central de biomasa para el aprovechamiento de los residuos forestales.

García Ramos, que ha felicitado a la Plataforma Cívica por la defensa de su territorio, ha manifestado que este colectivo no está en contra de los molinos sino del emplazamiento elegido. La diputada socialista ha recordado que ya hay una resolución desfavorable de la Dirección General de Sostenibilidad a una parte del proyecto y ha señalado que es muy probable que con las otras partes ocurra lo mismo, dado el emplazamiento.

Aún así, ha dicho, faltaría la resolución de Industria y , en todo caso, “la última palabra la tendría siempre el Ayuntamiento de Montánchez”, que, a su juicio, mantiene un “tibio rechazo” al proyecto de parque eólico, ya que sería necesaria una modificación urbanística.

Por parte de Cs, Fernando Baselga, ha criticado que en Extremadura no exista “ningún tipo de planificación con este tipo de instalaciones” y ha defendido “el enorme potencial turístico, paisajístico y natural” que tiene la sierra de Montánchez.

Finalmente, Bibiano Serrano, del PP, ha destacado que todo lo que ocurre en ese municipio cacereño es culpa del PSOE, que perdió las elecciones en 2019 por ocultar y apoyar un proyecto que “no lo quiere nadie en la zona” y ha recordado que fue el nuevo gobierno municipal del PP el que hizo la consulta popular en el pueblo.

Las piscinas naturales son un alivio en zonas donde no hay playa pero su uso continuado puede afectar muy negativamente al ecosistema en el que están integradas y por ello requieren, según los especialistas consultados por Efe, una evaluación de impacto ambiental “caso por caso”.

Así lo defiende por ejemplo el doctor en Ciencias Ambientales Jesús Díaz Sanz, quien afirma que “por mucho que lleven el adjetivo de 'natural', su uso produce una huella en el medioambiente” en forma de residuos alimenticios que favorecen una proliferación de la bacteria E. coli o explosiones algales que pueden generar productos tóxicos o gases nocivos.

La afluencia excesiva de bañistas también genera “una compactación y erosión del terreno”, perjudica la biodiversidad “por el uso de cremas solares” y espanta a las especies propias del hábitat, a todo lo cual hay que sumar “la fragmentación de la conectividad longitudinal” cuando se construyen pequeños muros o presas con gravas, ya que “puede afectar a la hidromorfología y, por tanto, a la circulación de sedimentos”.

Los expertos distinguen dos tipos de piscinas naturales: por un lado, pozas o lagunas de los sistemas fluviales y marítimos como Los Pilones en el cacereño Valle del Jerte, las de Navaluenga en Ávila o las tinerfeñas de Bajamar y Punta del Hidalgo y, por otro lado, las piscinas convencionales que toman agua o sedimentos del sistema o bien utilizan un filtro verde para depurarse como Las Berceas en la localidad madrileña de Cercedilla o, fuera de España, las de Glatten (Alemania) o el londinense barrio de King´s Cross (Reino Unido)

Díaz Sanz considera el baño en estos lugares “lícito, especialmente en el clima mediterráneo” pero pide estudiar “caso por caso para dañar lo menos posible el ecosistema”. Un caso concreto es el de la legalización de las piscinas naturales extremeñas de Cabezuela del Valle, Casares de las Hurdes, Valdastillas, Nuñomoral, Robledillo de Gata, El Torno y El Ladrillar.

Algunas actuaciones son “agresivas”

La Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos con vida ha presentado siete alegaciones contra esta medida a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) porque, según explica su secretario general, César Rodríguez Ruiz, “no se ha hecho una evaluación del impacto ambiental ni se ha dado una autorización, ni tampoco se han aplicado medidas correctoras” para proteger esta área. Rodríguez ha apuntado además a Efe que algunas de las actuaciones son “demasiado agresivas” para el entorno.

En ese sentido, el profesor de Derecho Pedro Brufao Curiel, responsable del área jurídica de esta organización conservacionista, ha denunciado que estas piscinas naturales ubicadas en el norte de Cáceres “ni son piscinas, porque el propio Real Decreto que las regula no las considera así, ni son naturales, sino obras hidráulicas con todas las de la ley” ya que fueron construidas directamente con una barrera en el río.

De hecho, “muchas de ellas no están recogidas como zona de baño” por el Servicio Extremeño de Salud y algunas “se están implantando en hábitats prioritarios donde hay especies en peligro de extinción” como la colmilleja del Alagón -un pez endémico de los ríos Alagón y Águeda- o el desmán ibérico o almizclera.

Ante las quejas presentadas por esta asociación ecologista, la CHT “ha empezado a examinar la situación administrativa de estas piscinas” y en algunas como la de El Ladrillar se ha procedido a aplicar una sanción, mientras que en otras se han impuesto mejoras en la construcción del azud o la eliminación del cemento del lecho.

La propia Confederación refleja en su Estudio Ambiental Estratégico de 2022 a 2027 que los impactos “más significativos” en la cuenca del Tajo se deben a la contaminación por nutrientes y a las alteraciones hidromorfológicas, incluida la conectividad.

El Ayuntamiento de València ha dado el primer paso para recuperar para el Parque Natural de la Albufera los terrenos en los que se ubica actualmente el hotel Sidi Saler, el complejo de lujo que lleva 11 años cerrado y cuatro paralizado desde que obtuvo la renovación de la concesión para uso hotelero por un plazo de 30 años, prorrogable a otros 30 más, otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica.

La concejala de Licencias de Actividad del Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beamud, firmó este jueves la caducidad de la licencia ambiental del Sidi Saler, el antiguo hotel situado en la avenida de la Gola del Pujol, en pleno Parque Natural protegido de la Albufera. Según explicó la concejala Lucía Beamud, “se trata de un gran edificio que se encuentra fuera de ordenación sustantiva, lo que condiciona mucho las licencias que se le pueden otorgar desde la administración pública, siendo éstas -como máximo- las de obras de conservación y mantenimiento del edificio”.

Además, añadió Lucía Beamud, “esta edificación de grandes dimensiones está en el ámbito de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de la Generalitat Valenciana”.

Ambos planes están en revisión y, por tanto, se aplica el régimen de protección preventiva de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Generalitat: “Esto significa que, desde el Ayuntamiento, tenemos la obligación de suspender las licencias para los actos que hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de Espacio Natural Protegido”.

Además de estas circunstancias, el Ayuntamiento también ha declarado la caducidad de la licencia ambiental concedida en 1999 para desempeñar la actividad de hotel al haberse constatado la paralización de la actividad durante más de dos años.

Aunque, en realidad, lo que ahora comunica el Ayuntamiento es la suspensión de la tramitación de la licencia para la ejecución de obras para la recuperación de la instalación hotelera presentada por las mercantiles Divarian Propiedad SA y Coral Homes SL hasta la acreditación de la existencia de la previa concesión demanial del titular del dominio público correspondiente.

“No obstante, si se volviera a presentar un solicitud de licencia acreditando este punto, existe la problemática de ser un edificio fuera de ordenación urbana que hace 11 años que no ejerce ninguna actividad, por lo que el Ayuntamiento no podrá dar esta licencia”, explicó Lucía Beamud.

Por último, la concejala afirmó que la tendencia es recuperar aquellos espacios naturales que fueron agredidos urbanísticamente en su momento y que ahora mismo han dejado de tener uso: “Para el gobierno de Joan Ribó es importante todo lo que ayude a la regeneración de las playas del sur, y más teniendo en cuenta que es un hotel que lleva 11 años cerrado y que no impacta contra la estructura económica de los Pueblos del Sur , pero sí contra su paisaje y el medio ambiente protegido de esta zona”.

El Hotel Sidi Saler, bautizado por varias entidades ecologistas como el algarrobico valenciano, en alusión al polémico hotel de la playa de Carboneras, en Almería, fue construido en 1970 sobre terrenos privados. En 1986, el paraje donde se ubica el hotel fue declarado Parque Natural y, en 2007, se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público marítimo-terrestre.

La incorporación de terrenos privados al dominio público marítimo-terrestre implica la eliminación del derecho de propiedad sobre los mismos. En estas situaciones, la Ley de Costas de 1988 contempla la obligación de la Administración General del Estado de convertir los derechos de propiedad en derechos de aprovechamiento.

El Gobierno prevé rebajar el tamaño de los parques eólicos que deben pasar el trámite más estricto de evaluación ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica reduce de 50 a 10 el mínimo de aerogeneradores instalados para someterse al proceso ordinario más exigente, según un borrador de real decreto. Además, si el proyecto se asienta en un espacio protegido, no existirá tamaño mínimo para obligar a este tipo de evaluación; hasta ahora tenían que alcanzar, al menos, los 10 molinos de viento.

Estos cambios están dentro de una revisión de la lista de proyectos que obligan a alguna evaluación ambiental, es decir, a un estudio que garantice “una adecuada prevención de los impactos concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación”, como establece la ley. Además de los campos eólicos, el nuevo listado incorpora proyectos de regadío, de infraestructuras hidráulicas, de reforestación o de transformación de suelos.

El asunto de los parques de aerogeneradores llega al tiempo que se está produciendo un auge acelerado de estos proyectos en zonas rurales. La implantación de energías renovables responde a la necesidad de desengancharse de los combustibles fósiles, que son la causa de la crisis climática planetaria. La cuestión es que los recursos para generar energías renovables no se distribuyen por todo el territorio, sino que hay zonas ricas en viento o sol aprovechable. Al mismo tiempo, existen áreas que pueden soportar la instalación de las infraestructuras y otras que, por su sensibilidad ambiental, no. El 50% de territorio es “no apto” para estos proyectos, según el mapa oficial de Transición Ecológica.

Así, los planes para colocar molinos han proliferado en la cornisa cantábrica, en Teruel, en el norte de León o en Galicia. La multiplicación de proyectos ha levantado temor y protestas de las poblaciones afectadas (unidas en varias plataformas) ante el temor a un desarrollo incontrolado al calor del boom de las energías verdes.

La acumulación de nuevos planes ha hecho que la propia Xunta de Galicia haya anunciado esta semana una moratoria de 18 meses para nuevos proyectos eólicos de su competencia hasta poder tramitar los 275 proyectos que tiene acumulados. En Catalunya, el acuerdo de Gobierno entre ERC, Junts y la CUP también introdujo un freno al concretar que no se dará “viabilidad a ningún proyecto de alto impacto territorial” en su punto sobre energía y acción climática.

Lo que hace la revisión de Transición Ecológica es, en principio, que la evaluación ordinaria –que implica más análisis, más informes técnicos y, por tanto, más plazo– se aplique a más proyectos al reducir el tamaño mínimo de los parques que se verán implicados. Tras la modificación a la baja de plazos que decretó el Ejecutivo en diciembre de 2020, mientras la evaluación estricta implica más de un año de tramitación, la simplificada dura aproximadamente tres meses. La evaluación es el instrumento que han señalado tanto la Asociación de Energías Renovables como la misma vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, para tranquilizar a los habitantes de las zonas donde comienzan a concentrarse los proyectos eólicos.

“Garantizará evaluaciones de impacto ambiental más exigentes”, dicen en Transición Ecológica. El texto que modifica los anexos de la ley de Evaluación ambiental “aumenta el número de proyectos” que deben someterse a este análisis, y valora: “Se incrementa así la protección”. El Ministerio ha calculado que se pasará de 81 a 90 los tipos de proyectos incluidos en las listas que obligan a alguna evaluación ambiental.

Nuevos regadíos, presas y plantaciones

Además de los parques eólicos, también se ha incluido en la lista de proyectos que requerirán una revisión ambiental más completa la transformación en regadío –o consolidación– de más de 100 hectáreas por su consumo de recursos hídricos (actualmente pasan por la evaluación simplificada). Esa superficie nueva de riesgo se limita a solo 10 hectáreas si del agua que van a utilizar dependen espacios protegidos o se extrae de masas en mal estado, sobreexplotadas o en riesgo de estarlo. También se exigirá ese examen si el agua que se filtre desde los cultivos (cargadas de agroquímicos) retorna a acuíferos o lagos o lagunas dañadas o zonas vulnerables a la contaminación química.

Garantizará evaluaciones de impacto ambiental más exigentes

Ministerio de Transición Ecologica

El 40% de todas las aguas de las que vive España están en mal estado, según los análisis de las confederaciones hidrográficas. El 24% de los acuíferos están sobreexplotados por extraer más agua de la que pueden recargar. El consumo hídrico ya provoca que, incluso en años con precipitaciones normales, se extiendan situaciones de escasez. El gran consumidor de agua es el sector del regadío.

En este campo hidrológico, la evaluación completa se aplicará a las presas que pretendan inundar (nueva o adicional) 100 hectáreas o más. También se han incorporado los proyectos de embalsamiento que se queden con el 5% del caudal de un río o que se planten en espacios naturales y vivan de ese agua. El texto menciona especialmente los ríos que sean habitados por peces migratorios: tanto los que regresan a los cauces desde el mar, como los salmones, como aquellos que hacen el viaje inverso, como las anguilas.

También es una novedad la obligación de evaluar ambientalmente los proyectos para plantar especies forestales no autóctonas con el objetivo de cambiar la función o uso del suelo. Si el plan se traza en algún espacio protegido bastará una superficie de 10 hectáreas para exigirse ese análisis. Si la plantación se planifica en otros espacios, el umbral para hacer una evaluación simplificada será de 50 hectáreas. La norma considera árboles no autóctonos aquellos diferentes a la vegetación que caracterizaba esa zona. Un ejemplo podría ser una explotación de eucaliptos en áreas donde nunca estuvo implantado.

El borrador de decreto especifica qué considera un espacio natural protegido, donde los umbrales para que cualquier proyecto deba contar con un análisis más exhaustivo son más reducidos. El texto, ahora en información pública, hace referencia directa a la Red Natura 2000, los humedales de importancia internacional Ramsar (como son el Mar Menor o la Tablas de Daimiel), los sitios Patrimonio de la Humanidad (como Doñana), las áreas del Convenio de medio marino del Atlántico Nordeste (OSPAR), las zonas núcleo de Reservas de la Biosfera o las zonas especialmente protegidas de la región costera del Mediterráneo (Zepim) como es el corredor de migración de cetáceos que discurre entre Girona y Alicante y paralela al archipiélago de las Islas Baleares.

El aeropuerto de Ciudad Real tiene entre sus planes un nuevo proyecto para el desarrollo de actividades de mantenimiento, reciclado y desmantelamiento de aeronaves. Estas medidas de desguace y de nodo logístico de distribución de partes recuperadas no requerirán de evaluación ambiental ordinaria debido a que no tiene “afecciones importantes” en el medio ambiente, según ha resuelto la Dirección General de Economía Circular del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Según publica el Diario Oficial de la región (DOCM) la capacidad de desmantelamiento de aeronaves será de 24 unidades al año y se generarán del orden de 480 toneladas de residuos al año, con un 10% de carácter peligroso. Es decir, unas 48 tolenadas de queroseno, envases plásticos y metálicos contaminados, aceites de motor, aceite hidráulico y disolventes.

En el proyecto se han establecido tres fases diferenciadas, que incluyen actividades que se desarrollan en el mantenimiento en línea y las propias asociadas al desmantelamiento: primero el desmontaje de todos los componentes y piezas de valor del avión que puedan ser removidas sin afectar a los sistemas susceptibles de originar posibles fugas de líquidos contaminantes; después el desguace de elementos que pueden originar fugas de elementos contaminantes como hidráulico o fuel; y en último lugar, la destrucción de los restos que permanezcan del avión, incluido el fuselaje y su reciclaje posterior siguiendo “las mejores y más exigentes prácticas medioambientales”.

Pero el documento publicado por el Gobierno regional explica que la generación de residuos no es un aspecto significativo, ya que, por el contrario, la actividad principal consiste en la valorización de residuos, ya que los elementos recuperados serán trasladados a los talleres de mantenimiento de componentes, en los que serán revisados, reparados (cuando así proceda) y vueltos a poner en servicio, preservados hasta ser utilizados. También destaca que la instalación se sitúa sobre una zona ya antropizada (transformada por el ser humano), debido a que esta se encuentra dentro de un área perteneciente al aeropuerto.

Afecciones a la fauna y al dominio hidráulico

En cuanto afecciones a la fauna, el emplazamiento del aeropuerto se sitúa dentro de los límites del Área Importante para las Aves (IBA) “Campo de Calatrava”. Constituye un hábitat propicio para las aves esteparias, algunas amenazadas. Concretamente, el espacio protegido más cercano se sitúa a unos 500 metros al este de la localización de las instalaciones, la zona ZEPA conocida también como “Campo de Calatrava”, pero “no existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto”, aunque tal y como indica un informe de los Agentes Medioambientales, existen afloramientos volcánicos aproximadamente a 600 metros.

“Los residuos generados por la actividad de desmantelamiento de aeronaves se almacenarán en las debidas condiciones y cumpliendo la normativa específica al efecto y el riesgo de accidentes no se considera elevado”, añade.

Asimismo, en la resolución, el Gobierno precisa que el proyecto no parece contemplar afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente. Detalla que no se prevé afección al Dominio Público Hidráulico por encontrarse a una distancia suficiente de cauces de agua, y por contar con un sistema de recogida de aguas pluviales y tratamiento de aguas hidrocarburadas.Tampoco prevé afección a áreas ni a recursos naturales protegidos. Y en cuanto a posibles vertidos y contaminación, recalca que la zona de desmantelamiento esta hormigonada y la zona de almacenamiento de combustibles y residuos peligrosos deberá estar independiente y con solera impermeable.

Elementos arqueológicos

Por otra parte, según informa del Servicio de Cultura de Ciudad Real, la posible afección a elementos arqueológicos será escasa. Aun así, en los terrenos afectados por el aeropuerto se realizaron diversas intervenciones arqueológicas entre los años 2003 y 2006 que resultaron en el establecimiento de varios condicionantes a la obra, con el objeto de proteger el patrimonio etnográfico y arqueológico de la zona. Por otro lado, las cartas arqueológicas de los términos municipales implicados establecen en los terrenos afectados por el aeropuerto y en aquellos que los rodean varios ámbitos de protección y prevención arqueológica, lo que define la potencialidad patrimonial de la zona.

Es más, la propia actividad a desarrollar, se considera “desde un punto de vista global beneficiosa”, en tanto que consiste en la descontaminación y posterior almacenamiento temporal de los elementos recuperados de las aeronaves al final de su vida útil, para su posterior empleo comos materiales reutilizables o reciclados.

Por todo ello, dada la tipología de actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada y “las medidas preventivas y correctoras aplicadas”, se considera que el proyecto es “compatible con la preservación de los factores ambientales, como son los recursos naturales, áreas protegidas, bienes de dominio público, población y salud humana, siempre que se realice según señala el Documento Ambiental y se incorporen los condicionantes marcados”. Con esto último, la Administración regional se refiere a las acciones de gestión de residuos y la protección de la calidad del aire, del suelo, de la fauna y la flora y del patrimonio; así como la prevención de ruido.

Cerca de dos años y medio después de que saliera a consulta pública, la nueva Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha se convierte en realidad. El pleno de las Cortes regionales ha aprobado por unanimidad esta normativa tras seis borradores de ley, varias alegaciones y un complejo trámite previo. Básicamente, el objetivo de la ley, que cambia la vigente desde 2007, es adaptarse a la normativa estatal, que también está en proceso de modificación para trasponer las directivas europeas. Pero además, incorpora en sus anexos una serie de novedades, entre ellas el aumento de aquellas actividades que pueden aprobarse por procedimientos simplificados, es decir, con menos requisitos.

La nueva ley ha salido adelanto con los votos favor del PSOE, PP y Ciudadanos tras resaltar el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que se trata de una normativa “muy participada” en sus trámites previos que busca aplicar la evaluación ambiental pero “sin lastrar el desarrollo económico”. Al pleno han acudido varias organizaciones ambientales con las que se ha reunido previamente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Estos son las claves principales de la nueva ley:

1. El procedimiento abreviado

La denominada “evaluación ambiental estratégica simplificada” tiene menos trámites que la ordinaria: requiere a la empresa promotora la elaboración de un Informe Ambiental Estratégico, previa consulta a las administraciones públicas afectadas, y el órgano ambiental dispone de un plazo máximo de cuatro meses para dar o no su visto bueno. También se acortan los plazos que las empresas promotoras tienen para recurrir las inadmisiones o para subsanar errores.

El tamaño es el criterio que ha utilizado el Gobierno a la hora de determinar qué proyectos requieren evaluación amplia y cuáles pueden optar a la simplificada. El argumento es que en muchas actividades en las que el procedimiento de evaluación era obligatorio, ahora dejará de serlo porque son muy pequeños y eso “suponía una traba para el emprendimiento”, indicó en su momento el Ejecutivo autonómico.

2. El “cronograma” de las macrogranjas

En un momento en el que la proliferación de las macrogranjas se ha convertido en objeto de polémica por las protestas de algunos ayuntamientos y plataformas ciudadanas contra la ganadería industrial, lo estipulado por la nueva ley viene a complementar otras medidas establecidas por el Gobierno castellanomanchego para intentar ordenar el sector. El anexo referido a las explotaciones “intensivas” apunta que la evaluación abreviada será para instalaciones que superen las 1.000 plazas de cerdos de engorde (hasta las 2.000, donde ya es exigible el proceso ordinario) y 20.000 para gallinas. Además, incluye el hecho de que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial, como ya se aprobó por decreto en 2018.

Estos requisitos han sido criticados por ecologistas y activistas contra las macrogranjas por considerar que con ello se “suavizan” los condicionantes y se permite la instalación de más proyectos. El Gobierno explica que actualmente, todo el plan de control y vigilancia del estudio de impacto ambiental se deja en manos del promotor una vez que está en marcha. En teoría, esto seguirá siendo así, pero se ha incorporado la obligatoriedad de que la empresa ponga en marcha un calendario de actuaciones que tienen que conocer tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Medio Ambiente. Se trataría de un “cronograma de estimaciones” cuyos plazos y medidas tiene que cumplir.

3. Industria, perforaciones y minería extractiva

Tal y como ahora queda redactado el anexo correspondiente a este apartado, muchos de los promotores de iniciativas parecidas a la polémica minería de ‘tierras raras’ (que fue rechazada en el Campo de Montiel) o de otros proyectos pendientes en varios puntos de la provincia de Ciudad Real, deberán someterse nuevos principios para obtener declaración de impacto ambiental positiva.

En este caso, los condicionantes se multiplican pero también se amplía el espectro de los procedimientos abreviados. Por ejemplo, esta fórmula se aplicará en perforaciones geotérmicas de más de 500 metros, en aquellas destinadas al almacenamiento de residuos nucleares, en las de más de 120 metros para el abastecimiento de agua o en otras destinadas a sondeo e investigación.

4. La ‘tutela’ administrativa

Una novedad importante de la nueva normativa castellanomanchega es su objetivo de establecer mayor interacción con los órganos que deben realizar las evaluaciones, fundamentalmente con ayuntamientos. Concretamente, el Gobierno castellano-manchego ofrece su colaboración a las corporaciones locales para resolver las dificultades administrativas que generan los proyectos sometidos a evaluación ambiental y que “colapsan su funcionamiento e impiden que los emprendedores realicen sus proyectos”.

Para solicitar este tipo de ayuda, el Ejecutivo regional adelantó que bastará con que el ayuntamiento en cuestión se ponga en contacto con el Gobierno. “Podemos decir que se trata de un ofrecimiento de consultoría gratuita, que estamos a disposición de las administraciones locales y que les ayudaremos para que estos proyectos se resuelvan antes”, afirmó en su momento como argumento para esa tutela.

5. Archivo inmediato de los proyectos

Igualmente, en el objetivo de agilizar los trámites de impacto ambiental, es intención de la Junta proceder al archivo inmediato de aquellos proyectos con impacto ambiental negativo, para no hacer “perder el tiempo” tanto a los inversores privados como a la Administración pública. Esto no significa que la empresa no pueda volver a iniciarlo, pero sí que lo puede hacer en menos plazo para que muchas de estas iniciativas “no se dilaten en el tiempo”.

6. Las alternativas de ubicación

Y relacionado con todo ello se incluye también una de las novedades más importantes. Se adecua la ley castellanomanchega a la estatal en cuanto a las opciones de ubicación de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Según la normativa autonómica vigente, un promotor puede presentar una única iniciativa para conseguir la declaración ambiental positiva, y en caso de no obtenerla, incorpora la “alternativa cero”: es decir, el hecho que el proyecto no se lleve a cabo. Ahora deberá incorporar una segunda opción, es decir, introducir al menos dos alternativas de ubicación aparte de la “cero”.

Con ello, el Gobierno quiere garantizar que los promotores ofrezcan más opciones de ubicaciones a sus proyectos, sobre todo en un área tan extensa y con tantas zonas de especial protección como es el caso de Castilla-La Mancha.

Este jueves ha finalizado el plazo de los grupos parlamentarios para presentar enmiendas a los Proyectos de Ley impulsados por el Gobierno regional de Evaluación Ambiental y de Economía Circular. El Grupo Parlamentario Popular ha sido el único que ha presentado observaciones a ambos textos mientras que Ciudadanos y PSOE han decidido no hacerlas.

En concreto, el PP en las Cortes regionales ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Economía Circular con el fin de que el texto legislativo “concrete aspectos y no fie el futuro de dicha Ley a una estrategia a 12 meses tras la entrada en vigor de esta medida”.

Desde el PP se muestra la necesidad de contar con una nueva Ley de Economía Circular, pero con un texto más concreto en el que se recojan todas las materias que el actual texto legislativo supedita a la aprobación de la estrategia a 12 meses que debe funcionar tras la entrada en vigor de la Ley.

El texto de la enmienda explica que el proyecto de Ley de Economía Circular para Castilla-La Mancha que presenta el Gobierno regional, “no deja de ser una mera declaración de intenciones”, por lo que es necesario elaborar un nuevo texto “donde se desarrolle de manera más minuciosa y pormenorizada el contenido de la misma”, ya que el actual texto condiciona todo el detalle y desarrollo de la misma, a la elaboración de la correspondiente estrategia.

El grupo popular señala como “imprescindible y fundamental” que el texto de la Ley recoja en su articulado, cuestiones “tan importantes” como los plazos que se establecen para llevar a cabo esa transición a los nuevos modelos económicos a través de los diferentes planes de energía, de adaptación, incluso de educación y sensibilización, así como que se exprese “con claridad” el esfuerzo que se va a pedir a los sectores implicados de la economía castellano manchega.

Además, y según la enmienda a la totalidad que han presentado, el texto de la Ley debe recoger los términos en los que se va a trabajar e incorporar al sistema el tributo al que se hacen referencia, así como cuál va a ser la financiación y de dónde se van a obtener esas ayudas y subvenciones que hace referencia el texto legislativo para ayudar a las empresas que trabajen y favorezcan la economía circular.

Por todo ello, los populares consideran “que es mejor y más conveniente para los intereses de los castellanomanchegos, que el actual texto sea devuelto al Gobierno y se prepare un nuevo proyecto que concrete todos los aspectos que afectan a la economía circular en Castilla-La Mancha, no dejando todo pendiente de la elaboración y aprobación de la futura estrategia de la Ley”.

Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes también ha presentado dos enmiendas de supresión al Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, porque de lo contrario “se podría incurrir en caso de inconstitucionalidad por invasión competencial”.

Los 'populares' piden la supresión de dos contenidos del Proyecto de Ley vinculados al agua. “La Junta en materia de agua tiene muy delimitadas sus competencias y donde no tiene competencia para legislar es entre cuencas hidrográficas. La Ley en estos dos puntos se refiere a la redacción de proyectos de evaluación ambiental cuando se trata de proyectos de derivación de agua entre cuencas y entendemos que no es competencia de la región sino del Estado”, explica el 'popular', Juan Antonio Moreno.

En concreto, los 'populares' recuerdan que la competencia de la Junta de Comunidades en materia de agua se limita a: proyección, contracción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés para la región: aguas minerales y termales y aguas subterráneas cuando discurran íntegramente por el ámbito territorial de la región.

“Castilla-La Mancha no disfruta de cuencas hidrográficas que no excedan de su territorio, por lo que la ordenación y administración de esas aguas no corresponden a ningún órgano autonómico y por eso pedimos la supresión de esos dos contenidos del Proyecto de Ley”, concluye.

Estas son las dos únicas modificaciones al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental que se han registrado, ya que ni el PSOE ni el grupo parlamentario de Ciudadanos han presentado enmiendas.

Las actividades de tráfico marítimo que se lleven a cabo en las zonas de especial conservación (ZEC) marinas o lugares de interés comunitario (LIC) deberán someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental para proteger a los cetáceos.

Esta es una de las medidas para la protección de los cetáceos acordadas en la reunión promovida por la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, con representantes del Ministerio de Transición Ecológica, Capitanía Marítima de ambas provincias y la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, informó este viernes la Consejería de Política Territorial.

“Consensuaremos entre todas las administraciones implicadas las medidas y condicionantes que se deban imponer a las actividades y el Ministerio llevará a cabo un estudio del tráfico marítimo en Canarias para valorar las incidencias de este en las zonas más sensibles”, se indica en un comunicado.

Igualmente, habrá reuniones con las principales navieras, tanto de transporte de pasajeros como de mercancías, explica la viceconsejera, que recuerda que el Gobierno central debe aprobar cuanto antes los planes de conservación de las ZEC marinas.

En la reunión, celebrada en la sede de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en Santa Cruz de Tenerife, también se plantearon una serie de medidas a medio y largo plazo que pasan por impulsar la investigación tecnológica para que las embarcaciones puedan disponer de dispositivos que adviertan de la presencia de los cetáceos.

“Debemos llevar a cabo trabajos de investigación más específicos sobre los patrones de comportamiento de los cetáceos y, una vez se tengan los informes y datos, Capitanía Marítima podrá referenciar en las cartas de navegación las zonas con alta posibilidad de colisión con cetáceos”, añade Blanca Pérez.

Asimismo, se ha acordado pedir a la Organización Marítima Internacional (OMI) que dé pautas sobre el tráfico internacional de buques para aminorar la velocidad en zonas sensibles de las aguas de Canarias en las que hay mayor presencia de cetáceos.

En el comunicado se recuerda que en los primeros meses de 2019 cuatro ejemplares de cetáceos han varado en las costas de las islas con heridas producidas por colisión con embarcaciones, cuando, según los datos recopilados por la Red de Varamiento de Cetáceos, la media es de 4,6 ejemplares al año.