El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha logrado uno de los resultados más destacados del sistema universitario español en la última evaluación oficial de la actividad investigadora realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Según los datos de la convocatoria más reciente de sexenios de investigación para personal docente e investigador con contrato laboral, UNIR ha obtenido 300 sexenios, lo que la sitúa como la segunda universidad de España en número de sexenios reconocidos al profesorado laboral, solo por detrás de la Universidad Complutense de Madrid.

En el cómputo agregado de sexenios de investigación, que suma los reconocimientos del profesorado funcionario y del profesorado laboral, UNIR se sitúa en el puesto 14 entre las universidades españolas.

Este resultado posiciona a UNIR por delante de universidades con una amplia trayectoria académica e investigadora, en el total agregado de sexenios de investigación.

Según Pablo Moreno, vicerrector de Investigación de UNIR, “la evaluación de ANECA avala el esfuerzo sostenido de nuestro profesorado por generar conocimiento relevante y de calidad. Alcanzar una posición destacada a nivel nacional refleja la madurez investigadora de UNIR y demuestra que nuestro modelo universitario integra con éxito docencia e investigación al más alto nivel”.

Un reconocimiento oficial a la calidad investigadora

Los sexenios de investigación, evaluados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada en ANECA, constituyen uno de los principales indicadores oficiales de calidad científica del profesorado universitario en España. Estos tramos reconocen periodos de seis años de actividad investigadora relevante y tienen un impacto directo en la carrera académica, la financiación y la capacidad de liderazgo científico.

Los resultados globales de la convocatoria reflejan, además, el alto nivel de exigencia del sistema: se han registrado 6.751 sexenios en el ámbito del profesorado laboral y 6.864 en el del profesorado funcionario, hasta un total agregado de 13.615 sexenios de investigación.

Liderazgo investigador en el ámbito de las universidades privadas

El resultado alcanzado por UNIR adquiere una especial relevancia en el contexto del sistema universitario español. En el listado agregado, que recoge al profesorado laboral y funcionario de 90 universidades y centros universitarios, UNIR aparece en el puesto 14 con 300 sexenios, y es la única universidad privada situada en esas primeras posiciones del sistema.

En este escenario, UNIR no solo sobresale dentro del ámbito privado, sino que compite en indicadores oficiales de investigación con algunas de las principales universidades públicas del país. Su posición confirma el avance sostenido de un modelo académico que integra docencia online, investigación de calidad y transferencia de conocimiento a la sociedad.

Un modelo académico que integra docencia e investigación

Este resultado refuerza el compromiso de UNIR con un modelo universitario que combina docencia de calidad e investigación relevante, orientada a generar conocimiento útil para la sociedad.

En los últimos años, la universidad ha impulsado el desarrollo de sus equipos investigadores, la internacionalización de su producción científica y la consolidación de líneas de investigación en ámbitos estratégicos. La obtención de 300 sexenios de investigación representa un reconocimiento externo y oficial al trabajo desarrollado por su profesorado y por sus grupos de investigación.

Un mensaje al sistema universitario

Los resultados de esta convocatoria evidencian la evolución del conjunto del sistema universitario español, cada vez más exigente, transparente y orientado a la calidad, en línea con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior y las políticas de evaluación promovidas por las agencias de evaluación de la calidad.

En este contexto, UNIR reafirma su posicionamiento como una universidad comprometida con la excelencia académica, la investigación rigurosa y el avance del conocimiento. Su presencia entre las primeras universidades españolas por número de sexenios de investigación confirma que la actividad investigadora es plenamente compatible con un modelo universitario innovador, digital y orientado al aprendizaje a lo largo de la vida.

El encarecimiento de la vivienda, en alquiler o propiedad, continúa agravándose ante la falta de actuaciones concretas con impacto real. Hasta ahora se ha puesto el foco en la falta de oferta de nueva construcción y el aumento del parque de pisos turísticos como grandes argumentos que justifican el desmadre de precios. Sin embargo, hay otros ámbitos que también mueven el mercado y que están fuera del radar, como es el caso del efecto que tienen los universitarios en el coste del alquiler, especialmente en pequeñas capitales de provincia donde crece el número de estudiantes.

La primera cuestión a valorar es que el propio encarecimiento del alquiler, unido a las altas notas en la PAU para matricularse en las universidades más reconocidas, está haciendo que muchos bachilleres opten por ir a los centros situados en plazas que hasta ahora tenían poco renombre. Salamanca, Granada o Santiago de Compostela tienen una larguísima tradición universitaria, pero el traspaso de las competencias de educación superior a las comunidades autónomas ha hecho emerger otras ciudades como relevantes para estos estudios.

Este fenómeno está teniendo consecuencias claras que no se están afrontando de igual manera, por lo que es interesante analizarlo para sacar algunas lecciones. Segovia es un caso palmario, donde la instalación de una universidad, en este caso privada y elitista, ya que está enfocada a atraer estudiantes internacionales de familias pudientes que buscan un título europeo, está provocando una burbuja de precios que atrapa a la población local. Su proximidad a Madrid (30 minutos en AVE) es otro de los imanes de este centro para los jóvenes extranjeros.

En 2006, el Instituto de Empresa (IE) adquirió la Universidad SEK de Segovia y dos años después la relanzó como IE University. De esta manera, el IE, que llevaba más de treinta años operando como una escuela de negocios enfocada a los posgrados, daba el salto de entrar en la formación de grados, con lo que multiplicaba sus posibilidades de negocio, ya que aumenta el mercado y en estudios que duran entre cuatro y seis años, frente a uno o dos de los másteres. Actualmente, ofrece en Segovia casi una treintena de grados que han atraído a unos 1.500 alumnos, que pagan alrededor de 25.000 euros de matrícula.

La consecuencia es que Segovia es donde más aumenta el precio de la vivienda, con una subida interanual del 19%, frente a una media del 12,9% en España, según datos del INE. La vinculación del aumento con el IE es tan evidente que se aprecia en los propios anuncios que los propietarios de las viviendas ponen en los portales inmobiliarios, donde directamente limitan la disponibilidad a los alumnos de esta universidad.

Por eso tiene sentido analizar la iniciativa que ha lanzado la Universidad de Burgos (UBU), institución pública dependiente de la Junta de Castilla y León, aunque lo cierto es que de momento es una propuesta. En el curso que acaba de terminar, la UBU contaba con 9.600 alumnos matriculados, lo que supone un aumento del 18% en cinco años. Esta progresión se debe al aumento de alumnos de fuera de su distrito, ya que la provincia ha perdido más de 35.000 habitantes en los últimos veinte años. De hecho, el 63% de dichos alumnos, casi cinco mil, procede de otras provincias, lo que implica que necesitan una vivienda en la que habitar durante el curso académico. Las proyecciones que maneja la universidad calculan que el número de alumnos se habrá situado en alrededor de los 11.300 en 2030, lo que elevaría a más de siete mil el colectivo de universitarios que necesitará una solución habitacional.

Ante este panorama, la UBU ha elaborado un plan que contempla la construcción de 1.076 habitaciones individuales en residencias universitarias con cuatro ubicaciones diferentes, lo que supone multiplicar casi por tres el número de plazas que hay actualmente (400). Estas residencias se ubicarían dentro de la zona universitaria y en solares de la propia universidad. Para llevar a cabo el proyecto, la UBU plantea la colaboración público-privada para desarrollar el plan.

El proyecto ha levantado tanto interés que ha provocado que el Parlamento llamara a la UBU a explicar su plan ante la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda. La virtualidad de su iniciativa está en que se proponen ofrecer alojamientos con un coste de alrededor de 350 euros mensuales para el alumno, en unas instalaciones con condiciones claramente mejores que un piso compartido, y que liberarían alrededor de 300 viviendas al mercado libre de alquiler. Por tanto, es más que previsible que su construcción contribuya a frenar la escalada del coste del precio de la vivienda, consiguiendo el efecto contrario de la IE University en Segovia.

La oportunidad de la propuesta de la UBU es más que evidente, ahora “solo” falta que las administraciones, cada una en su nivel y competencia, hagan que salte del power point a la realidad. La burocracia es uno de los grandes males que hay alrededor de la vivienda, como ha quedado patente en noticias recientes. El alcalde de Madrid anunciaba que se desbloquea definitivamente el plan para la construcción de 10.000 viviendas en la zona de Campamento, un proyecto lanzado hace tres décadas, que muchos pensarán ya construido, y que estaba empantanado por los típicos desacuerdos entre administraciones. Y el Banco de España avisa de que el largo y complejo proceso de generar suelo edificable es la principal causa estructural de la crisis de vivienda. Con que las administraciones no molesten se daría un gran avance. Convertir el silencio administrativo en sinónimo de vía libre sería el primer paso.

En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana avaló la decisión del Consell del Botànic que, en agosto de 2022, autorizó la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Hasta ese momento, estos estudios solo se podían cursar en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El fallo del alto tribunal valenciano se produjo a raíz de un recurso del centro universitario ilicitano y después de que la Generalitat Valenciana, ya bajo la dirección del PP de Carlos Mazón, decidiera retirar su personación en la causa con una postura alineada al lado de la Miguel Hernández.

Apenas año y medio después, la oferta para estudiar el grado de Medicina en la provincia de Alicante se amplía. El CEU ha anunciado que ofrecerá a partir de septiembre esta titulación en Elche, concretamente en sus sedes de Reyes Católicos y Capitolio, con una capacidad de 55 plazas. No se trata de una nueva titulación, según explican desde la universidad privada, sino de un grupo del Grado de Medicina que el CEU ya imparte en Castellón y Valencia, el cual ya cuenta con la autorización de la Generalitat Valenciana.

El grado mantendrá de forma exacta la duración de seis cursos y 360 créditos, con idéntica estructura y progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas y la formación práctica.

La puesta en marcha de Medicina en Elche, según destaca el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, constituye “un hito de madurez académica y científica” para el campus y para un proyecto universitario con una trayectoria de más de tres décadas en la ciudad ilicitana: “No se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar nuestra capacidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad”.

Por su parte, el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, señala que la asignación de este grupo responde a un crecimiento planificado de la oferta sanitaria, al tiempo que defiende que los estudios permitirán la consolidación del área de Salud de la sede y el desarrollo de nuevas líneas de colaboración interdisciplinar, con especial foco en la atención al paciente y la simulación clínica.

Para dar soporte a esta ampliación, el CEU de Elche creará un Centro Avanzado de Simulación, que permitirá la recreación de entornos clínicos controlados para que el alumnado ejercite procedimientos, habilidades de comunicación y toma de decisiones clínicas antes de incorporarse a la práctica asistencial real. Las instalaciones acogerán también actividades conjuntas con estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Odontología, disciplinas que ya forman parte de la actividad ordinaria de este campus privado.

Preguntados por elDiario.es, Educación sostiene que no corresponde autorización por parte de la conselleria debido a que el título ya lo tenía autorizado el CEU para Valencia y Castellón. “Lo que ha hecho el CEU es modificar su memoria de grado ante la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), solicitando la creación de un grupo nuevo, en este caso, para su campus de Elche”, explica el departamento que dirige Carmen Ortí, y añaden que es la AVAP la responsable de supervisar estas peticiones y garantizar que se cumplen sus estándares de calidad para elaborar su informe favorable o no a la petición de modificación de la memoria de grado.

La disputa entre la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante

La sentencia del TSJCV avaló la legalidad del decreto de 2022 que autorizaba el Grado en Medicina en la UA y desestimó así el recurso presentado por la UMH. El fallo supuso un severo varapalo judicial a la estrategia del Consell de Carlos Mazón, cuyos servicios jurídicos intentaron allanarse en el proceso con el fin de frenar la segunda titulación pública. Los magistrados desmontaron todas las alegaciones de la Miguel Hernández y de la Abogacía de la Generalitat, al recordar que el proyecto de la Universidad de Alicante disponía de “todos” los informes preceptivos y favorables de agencias como la ANECA y la AVAP, además de contar con los recursos económicos, el profesorado y los convenios sanitarios necesarios para su implantación.

La resolución judicial destacaba la existencia de sobradas razones de oportunidad y necesidad social que justificaban la ampliación de plazas públicas de Medicina en Alicante, una provincia con una lista de espera superior al millar de estudiantes y una de las ratios de médicos especialistas más bajas de España. El tribunal también desmontó el argumento de la duplicidad al señalar que el éxito de la titulación en la UA —la segunda más solicitada de toda la Comunitat Valenciana— no perjudicó en absoluto al centro ilicitano, que ha seguido cubriendo el cien por cien de su oferta con notas de corte altísimas. Asimismo, el texto ponía de manifiesto que limitar el grado a Elche solo servía para favorecer de forma indisimulada a las universidades privadas, una maniobra que rompía el desequilibrio frente a provincias como València, que cuenta con tres facultades privadas y solo una pública.

La oferta universitaria en Extremadura es aún pública en su totalidad, pero eso va a cambiar muy pronto. PP y Vox aprobaron el pasado octubre la puesta en marcha de Uninde, que ultima su desembarco en Badajoz, y al mismo tiempo, se encuentran en tramitación otros tres centros privados en la región. El más adelantado es el proyecto del Grupo Plantea, denominado Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, con una oferta de grados y másteres 100% online.

En septiembre recibió luz verde de la Conferencia General de Política Universitaria, aunque de forma condicionada, y esta semana superará un trámite más cuando se haga oficial el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, que se ha aprobado en pleno por un solo voto.

Según ha podido saber elDiario.es Extremadura, el posicionamiento del CES es “duro” ante la llegada de otra universidad privada a la comunidad, pero no con la suficiente contundencia que seis integrantes del pleno han considerado necesaria debido a la calidad del proyecto, su “poco” valor añadido y la “competencia” que supondrá para la Universidad de Extremadura. Todos ellos van a incorporar un voto particular al dictamen, por lo que hasta finales de semana no se dará traslado a la Consejería de Educación para que continúe la tramitación. Hay que tener en cuenta que este informe es preceptivo pero no tiene carácter vinculante, a pesar de que refleja la opinión de los agentes sociales y económicos de la comunidad.

Expendeduría de títulos

En concreto, son UGT, CCOO, la Universidad de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el Tercer Sector y el representante de la economía social los integrantes que han anunciado un voto particular al dictamen.

UGT ya ha registrado su voto contrario al proyecto del grupo Planeta, que cuenta con Segundo Píriz, que fue rector de la Universidad de Extremadura durante dos legislaturas. A juicio de UGT, este tipo de macroproyectos no persiguen el interés general de la región, sino “un beneficio particular” amparándose bajo el prestigioso marchamo de la palabra “universidad”. Además, al ser formación 100% digital, el sindicato considera que no tendrá un impacto real en la fijación de la población ni contribuirá a crear un ecosistema investigador extremeño, funcionando más como “expendedurías de títulos” de carácter global que como motores de desarrollo regional.

UGT ha valorado que iniciativas como la Universidad Abierta “transforman un derecho fundamental en un negocio, favorecen la segregación social, debilitan el sistema universitario público y no aportan una innovación real a la oferta educativa de la región”. Por ello, ha reclamado una Ley de Universidades de Extremadura, “que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para impedir una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública”.

“A la Universidad Abierta le sobra el complemento de Extremadura, pues se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro”, han afirmado desde UGT.

Un peligro para la educación pública

Para CCOO, el dictamen del Consejo Económico y Social “no deja totalmente establecido que el interés general de Extremadura exige priorizar el fortalecimiento del sistema universitario público y evitar decisiones que puedan incrementar la competencia por un alumnado cada vez más reducido”. Por ello, propone que la política universitaria de la Junta se oriente “a consolidar y poner en valor la Universidad de Extremadura como instrumento esencial para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía extremeña”.

Este sindicato considera que no hay una “oportunidad real” para la implantación de una institución universitaria de carácter privado en Extremadura. “La documentación incorporada al expediente no acredita la existencia de una demanda social en Extremadura que justifique la creación de una nueva universidad privada”. De hecho, CCOO ha desvelado que el dictamen de CES pone de manifiesto que el informe de necesidad y oportunidad “no realiza un análisis riguroso de las necesidades formativas de la comunidad autónoma ni identifica las carencias del actual sistema universitario que esta universidad venga a resolver”.

La Universidad de Extremadura también ha mostrado su preocupación por el “escaso” impacto territorial de un modelo que va a ser íntegramente virtual, y, en este sentido, CCOO cree que no va a generar empleo estable ni cualificado de forma significativa. Además, denuncia que la expansión continuada de universidades privadas en España coincide con un progresivo debilitamiento financiero del sistema universitario público. Antes de favorecer la incorporación de nuevas universidades privadas, la administración debería garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para la universidad pública, reforzando su capacidad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento.

Titulaciones que ya existen

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), el máximo órgano de representación de los jóvenes extremeños, también ha rechazado el dictamen y ha registrado ya su voto particular. Su presidenta, Lidia Solana, ha remarcado que la posición del CJEx es “clara y firme” en defensa de una universidad pública “accesible, inclusiva y de calidad” y, sin embargo, la oferta de Planeta “coincide con titulaciones que ya existen en nuestro sistema público”.

Solana también ha explicado las dudas del Consejo de la Juventud sobre la necesidad de esta nueva universidad 100% online, que, además, no acredita que su oferta académica “responda a las necesidades formativas del tejido empresarial”. Además, “las prácticas se harán fuera de Extremadura, con lo que se favorece la fuga de talento”, ha destacado.

Ahora el proyecto debe pasar por el Consejo de Estado y volver a la Junta de Extremadura, para que el Gobierno regional lo remita a la Asamblea, que será la que tenga la última palabra. Además de Uninde y la Universidad Abierta de Extremadura, esperan su turno para desembarcar en la comunidad la Universidad Europea de Extremadura, de la Iniciativa Educativa Extremadura, y la Universidad CEU Núñez de Balboa, promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

La aprobación de Uninde, el primero proyecto privado en la comunidad, estuvo rodeada de polémica porque la Junta de Extremadura se empeñó en llevar el proyecto a la Asamblea poco antes del adelanto electoral ordenado por María Guardiola, sin haber completado la tramitación e incluso con un informe negativo de sus servicios jurídicos. El Ejecutivo regional no informó de los últimos consejos de gobierno en los que se trató la iniciativa, incluyendo uno que fue extraordinario y, además, se elevó al Parlamento por lectura única, es decir, sin dar la posibilidad a los grupos políticos de debatir sobre este centro universitario privado, ni presentar enmiendas ni escuchar la opinión y propuestas de la sociedad civil y especialistas en la comisión parlamentaria.

Desde el actual curso académico, el estudiantado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá (UAH), con campus en Guadalajara, no han tenido que pagar la primera matrícula para cursar sus estudios. Es una medida que entró en vigor en esta comunidad autónoma tras anunciarlo hace más de un año el Gobierno regional, que también adelantó una futura Ley de Universidades con más derechos y adecuación de las condiciones del alumnado y el profesorado a las características de la comunidad autónoma.

El borrador del anteproyecto de esa ley ya se ha redactado. Ha pasado por su fase de información pública y está pendiente de las alegaciones.

En Castilla-La Mancha existe una universidad pública propia, la mencionada UCLM, con campus en Ciudad Real (sede de su Rectorado), Toledo, Albacete, Cuenca y facultades en Talavera de la Reina y Almadén. Además, hay otro campus en Guadalajara integrado, históricamente, en la Universidad de Alcalá. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dispone de varios centros asociados en la región.

En la futura ley, el Ejecutivo castellanomanchego marca como principal objetivo modernizar y regular de forma integral el sistema académico regional. Define la universidad pública como “motor esencial” para el progreso social, la igualdad de oportunidades y la investigación científica.

Pero, ante todo, su principal novedad es que garantiza la gratuidad de la primera matrícula, que se incorpora explícitamente como una medida de “justicia social” para asegurar que el acceso a la formación superior “no dependa de la situación económica de las familias”.

Actualmente, hay seis comunidades autónomas que ofrecen la primera matrícula gratuita o bonificada al 99% en las universidades públicas. Hay dos modelos de aplicación: la gratuidad directa en el primer curso, además de en Castilla-La Mancha, se aplica en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de La Rioja. Por otro lado, la bonificación por rendimiento académico, que cubre hasta el 99% del importe, se aplica en Galicia, Andalucía y Extremadura.

Hace unos días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzaba que incluso la segunda matrícula también será gratis en la UCLM para el alumnado con matrícula de honor en segundo de Bachillerato, pero esta media no está recogida en el borrador del anteproyecto. Lo previsto, por tanto, es que se incluya en el contrato-programa del Gobierno regional con esta institución académica.

De cualquier forma, el texto establece como objetivo estratégico avanzar hacia un modelo de universidad pública más accesible, promoviendo la “gratuidad o reducción de la matrícula” en función de la capacidad económica de los estudiantes, siempre “dentro de un marco financiero que sea sostenible”.

Una base legal para regular precios públicos

La medida se integra en un compromiso más amplio de ampliar los programas de becas y ayudas al estudio para garantizar que las limitaciones económicas o territoriales no condicionen el acceso a la universidad. Las becas se otorgarán priorizando criterios socioeconómicos.

¿Cómo será ese modelo? Básicamente, la intención del Gobierno regional con esta normativa es generar una base legal para que, al establecer los precios públicos, se puedan prever medidas específicas de reducción o bonificación atendiendo a circunstanciales “sociales”, pero también “territoriales”. Es decir, al ser Castilla-La Mancha una región con gran dispersión geográfica, se pueden contemplar circunstancias como la necesidad de desplazamientos y su coste.

En realidad, la comunidad autónoma ya ha venido ejerciendo sus competencias en materia de becas y ayudas para el acceso a las universidades públicas. Lo que ahora quiere es darle blindaje legal, como un “instrumento de equidad” y de regulación de precios públicos.  

Por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Universidades prevé expresamente la existencia de bonificaciones y ayudas específicas para estudiantes que residen en zonas rurales o afectadas por la despoblación, como parte de su compromiso con la cohesión territorial. Estas ayudas buscan compensar las dificultades derivadas de la extensión territorial de la región y asegurar que el lugar de residencia no condicione el acceso a la universidad.

De hecho, el modelo de financiación de las universidades públicas también tendrá en cuenta su contribución a la lucha contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales a través de fondos específicos para actuaciones estratégicas. Asimismo, se promoverá la realización de prácticas externas en entornos rurales y zonas en riesgo de despoblación para fomentar la conexión entre el estudiantado y estos territorios.

El ámbito rural y las numerosas zonas en riesgo de despoblación también se mencionan en el anteproyecto al establecer la regulación de su sistema de financiación, basado en los mencionados contratos-programa plurianuales, que incluyen financiación vinculada específicamente al cumplimiento de objetivos estratégicos.

Entre ellos, en la futura norma se citan expresamente la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. Esto significa que habrá fondos específicos de apoyo rural, que se desarrollarán para complementar las ayudas estatales.

El borrador no habla de importes de matrícula ni de cifras en cuanto a becas y bonificaciones, porque las cuantías exactas se establecerán posteriormente de forma reglamentaria. Pero, por ejemplo, en la UCLM, el acceso a los Grados de Humanidades y Ciencias Sociales se sitúan en torno a los 700 euros por curso completo; mientras que en Grados de Ciencias de la Salud e Ingenierías, pueden ascender a más de 1.100 euros, según la última orden por la que se establecen los precios públicos.

¿Habrá nuevas plazas?

Ante el blindaje de estas medidas, ¿se crearán nuevas plazas en la UCLM y la UAH? Recientemente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señalaba en una entrevista con elDiario.es que las notas de corte para acceder a los grados universitarios han subido porque las autonomías “han decidido no crear plazas en la universidad pública”.

Este es un aspecto que en el anteproyecto castellanomanchego queda condicionado. Establece que la implantación de nuevas enseñanzas oficiales está “sujeta a criterios de planificación” que tendrán en cuenta la demanda de estudiantes, la eficiencia de los recursos públicos y, de nuevo, la cohesión territorial.

En otro orden de cosas, llama especialmente la atención que, dentro del anteproyecto, en los deberes del estudiantado, se incluyan obligaciones específicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. En su articulado establece que tienen el deber de realizar un “uso responsable y ético de los recursos digitales”, mencionando expresamente la Inteligencia Artificial (IA) generativa y otros sistemas análogos.

Concretamente, apunta que el uso de estas herramientas en las actividades académicas no debe infringir en ningún caso los principios de “honestidad académica”. Es decir, el estudiantado está “obligado” a “reconocer expresamente” las fuentes y las aportaciones de la tecnología en sus trabajos académicos.

“Marcos éticos actualizados” para la IA y centros privados

Aunque debe ser cada universidad la que regule estos usos en su normativa interna, el texto obliga a las universidades al incluir ese uso responsable de la IA en sus planes de formación para asegurar que tanto el personal como el estudiantado actúen bajo “marcos éticos actualizados”. Estas mismas indicaciones se incorporan también para el profesorado y para el personal docente e investigador (PDI).

Por otra parte, el anteproyecto de ley dedica un bloque completo de su articulado al sistema universitario privado, pese a que esta comunidad autónoma es la única región de España sin ningún centro universitario de este tipo ni proyectos aprobados para su apertura. De hecho, Page, durante su intervención en la reciente gala por los 40 años de la UCLM, reiteró su objetivo de proteger a la universidad pública y evitar modelos que ha vinculado con “factorías de títulos”.

Pese a ello, y ante la previsión de solicitudes, el anteproyecto incorpora un marco regulatorio de reconocimiento, requisitos y control para “garantizar la calidad y coherencia” con el sistema regional.

Establece así que el reconocimiento de una universidad privada se realizará por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. Para otorgarlo, debe “aporta un valor académico o social diferencial”, no comprometer la sostenibilidad financiera ni el equilibrio del sistema universitario público y contar con un plan estratégico a diez años que incluya planes de personal, económicos, de viabilidad y de garantías para el estudiantado.

Asimismo, los centros universitarios privados deben dedicar más del 5% de su presupuesto a programas propios de becas y ayudas, priorizando la situación socioeconómica del estudiantado; y ese mismo porcentaje a programas de investigación y transferencia. También deben disponer un portal de transparencia, de planes de igualdad de género, y garantizar una capacidad mínima de alojamiento estudiantil.

Si, en el futuro, uno de estos centros no cumpliera con lo establecido en esta nueva normativa se enfrentaría a diversas consecuencias que van desde sanciones económicas (entre 12.000 y 600.000 euros) hasta la pérdida total de su reconocimiento legal para operar.

De momento, no hay plazos para que el Consejo de Gobierno le dé el visto bueno y lo remita a las Cortes regionales, pero la previsión es que puede aprobarse ante de que finalice la legislatura en la primavera de 2027.

La Universitat Cardenal Herrera-CEU de València es va estalviar milers d'euros durant més de 20 anys en permetre, en contra del que establia la normativa vigent, que un tècnic de laboratori —i no un metge titulat— s'encarregara de les tasques d'embalsamament de cadàvers utilitzats en la investigació i la docència per professors i alumnes. Aquesta pràctica, que la Conselleria de Sanitat va considerar irregular i per la qual va imposar una sanció econòmica per una falta molt greu, no ha estat interpretada de la mateixa manera per l'òrgan inspector del departament que dirigeix Marciano Gómez. El motiu? El mateix Col·legi de Metges de València no considera que es tracte d'un cas d'intrusisme professional.

Segons la resolució a la qual ha tingut accés elDiario.es, el Servei d'Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha tancat la investigació i ha arxivat la denúncia presentada contra el CEU per un extreballador per presumpte intrusisme professional, després d'analitzar l'informe emés per la Comissió d'Intrusisme i Defensa de la Salut —aprovat per la Junta de Govern del Col·legi de Metges en la seua sessió plenària del 25 de març—. Aquest diari ha intentat recaptar en tres ocasions la versió de la institució que presideix Mercedes Hurtado sobre els motius per no apreciar intrusisme en aquest cas, però no ha obtingut resposta.

En aquest tipus d'investigacions, l'opinió del Col·legi de Metges resulta determinant, ja que es tracta de la corporació de dret públic encarregada de vetlar pel correcte exercici de la Medicina, especialment en un àmbit de col·legiació obligatòria. De fet, els casos d'intrusisme poden derivar tant en importants sancions econòmiques com, en els supòsits més greus, en procediments penals. La denúncia contra la Universitat Cardenal Herrera va ser presentada el 17 de novembre de 2025 i va quedar arxivada el passat 1 de juny.

Com ha vingut publicant elDiario.es en els últims mesos, un tècnic de laboratori va exercir durant anys funcions que no li corresponien i va arribar a embalsamar al voltant de 650 cadàvers. Després d'una denúncia del mateix treballador, la Inspecció Sanitària va concloure que existien elements suficients per a qualificar els fets com una infracció molt greu, d'acord amb els articles 34 i 35.c.1 de la Llei General de Sanitat i amb l'article 102 de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 35 i 50.3.b del Reglament de policia sanitària mortuòria valencià.

Tot i aquesta qualificació de falta molt greu, la sanció imposada va ser la mínima prevista: 15.100 euros, una quantitat que es reduïa fins als 9.000 euros en cas de pagament ràpid. La Inspecció va considerar com a circumstància atenuant el desconeixement de la norma. Al mateix temps, l'Administració ha iniciat una revisió normativa per a permetre que tècnics de laboratori puguen assumir tasques d'embalsamament de cadàvers.

En aquest sentit, segons va explicar en el seu dia la Conselleria de Sanitat, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 4 de juliol de 2025 una Guia de consens sobre sanitat mortuòria “en la qual es preveu que altres professionals, a més dels metges, puguen realitzar pràctiques de tanatopràxia”.

La guia estableix que el personal encarregat d'efectuar la tanatopràxia o de decidir sobre la necessitat de refrigeració o congelació d'un cadàver haurà de ser llicenciat o graduat en Medicina, comptar amb la qualificació professional de Tanatopràxia regulada pel Reial decret 140/2011 o disposar del corresponent certificat de professionalitat recollit en el Reial decret 1535/2011.

El departament que dirigeix Marciano Gómez treballa ara en una modificació de la normativa valenciana per a adaptar-la a aquest nou marc. Un canvi que obriria una activitat fins ara reservada als metges a altres perfils professionals, amb el consegüent abaratiment dels costos laborals.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se ahorró miles de euros durante más de 20 años al permitir, en contra de lo que establecía la normativa, que un técnico de laboratorio —y no un médico titulado— se encargara de las labores de embalsamamiento de cadáveres utilizados en la investigación y la docencia por profesores y alumnos. Esta práctica, que la Conselleria de Sanidad consideró irregular y por la que impuso una sanción económica por una falta muy grave, no ha sido interpretada del mismo modo por el órgano inspector del departamento que dirige Marciano Gómez. ¿El motivo? El propio Colegio de Médicos de Valencia no considera que se trate de un caso de intrusismo profesional.

Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha cerrado la investigación y archivado la denuncia presentada contra el CEU por un extrabajador por presunto intrusismo profesional, tras analizar el informe emitido por la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud —aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos en su sesión plenaria del 25 de marzo—. Este periódico ha intentado recabar en tres ocasiones la versión de la institución que preside Mercedes Hurtado sobre los motivos para no apreciar intrusismo en este caso, pero no ha obtenido respuesta.

En este tipo de investigaciones, la opinión del Colegio de Médicos resulta determinante, ya que se trata de la corporación de derecho público encargada de velar por el correcto ejercicio de la Medicina, especialmente en un ámbito de colegiación obligatoria. De hecho, los casos de intrusismo pueden derivar tanto en importantes sanciones económicas como, en los supuestos más graves, en procedimientos penales. La denuncia contra la Universidad Cardenal Herrera fue presentada el 17 de noviembre de 2025 y quedó archivada el pasado 1 de junio.

Como ha venido publicando elDiario.es en los últimos meses, un técnico de laboratorio desempeñó durante años funciones que no le correspondían y llegó a embalsamar alrededor de 650 cadáveres. Tras una denuncia del propio trabajador, la Inspección Sanitaria concluyó que existían elementos suficientes para calificar los hechos como una infracción muy grave, conforme a los artículos 34 y 35.c.1 de la Ley General de Sanidad y al artículo 102 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b del reglamento de policía sanitaria mortuoria valenciano.

Pese a esa calificación de falta muy grave, la sanción impuesta fue la mínima prevista: 15.100 euros, una cantidad que se reducía a 9.000 euros en caso de pronto pago. La Inspección consideró como circunstancia atenuante el desconocimiento de la norma. Al mismo tiempo, la Administración ha iniciado una revisión normativa para permitir que técnicos de laboratorio puedan asumir tareas de embalsamamiento de cadáveres.

En este sentido, según explicó en su día la Conselleria de Sanidad, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 una Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria “en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia”.

La guía establece que el personal encargado de efectuar la tanatopraxia o de decidir sobre la necesidad de refrigeración o congelación de un cadáver deberá ser licenciado o graduado en Medicina, contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia regulada por el Real Decreto 140/2011 o disponer del correspondiente certificado de profesionalidad recogido en el Real Decreto 1535/2011.

El departamento que dirige Marciano Gómez trabaja ahora en una modificación de la normativa valenciana para adaptarla a ese nuevo marco. Un cambio que abriría una actividad hasta ahora reservada a médicos a otros perfiles profesionales, con el consiguiente abaratamiento de costes laborales.

El semáforo ya está en verde para la instalación en Asturias de la tercera universidad privada. El Principado ha aprobado este lunes, en la sesión del Consejo de Gobierno, la autorización para que la Universidad Europea inicie su actividad en el polígono empresarial de La Pecuaria en Gijón/Xixón. Da así vía libre apenas seis meses después de dar el visto bueno a la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en la comunidad autónoma asturiana.

La Universidad Europea se sumará así a la lista que inauguraron las universidades de Nebrija, en Avilés, y Alfonso X El Sabio, en Oviedo/Uviéu.

Como ya ocurrió en las dos ocasiones anteriores, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, ha mostrado su rechazo a la puesta en marcha de una nueva universidad privada.

Zapico, de nuevo en contra

Unas diferencias de criterio que habían llegado anteriormente no solo a romper el consenso en el Consejo de Gobierno sino que incluso motivaron una reunión extraordinaria solicitada por Ovidio Zapico con el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón.

El presidente asturiano recogió el guante y, tras la reunión, ambos posaron para la foto, para escenificar que estas discrepancias se enmarcaban dentro de una situación de “normalidad” en el seno de un gobierno de coalición progresista integrado por dos partidos políticos diferentes y que, en cualquier caso, ello no suponía una ruptura. En esta ocasión, la autorización de esta tercera universidad privada le ha 'pillado' al presidente en México donde está de viaje institucional.

El Consejo de Gobierno aprobó la llegada de la Universidad Europea a Asturias a través de un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. El centro se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria y contará con una superficie total de 10.000 metros cuadrados.

Las titulaciones

Desde la propia Universidad Europea se ha confirmado que, una vez obtenidas todas las validaciones necesarias, impartirán las titulaciones de grado y posgrado más relevantes en el ámbito de la Salud.

El centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un proyecto educativo integral.

Un edificio modular y flexible

La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo orientado a la excelencia y la innovación “dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano”, advierten.

El campus ha sido proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos. Según los datos facilitados a eldiario.es Asturias, dispondrá de un edificio modular y flexible de 8.000 metros cuadrados.

“Se trata de una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del parque tecnológico”, explican.

La inversión

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la Institución.

Además, dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como entornos de relación y convivencia concebidos para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula.

Conexión con la realidad social

La presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, ha resaltado que la llegada a Asturias es un proyecto ilusionante, porque representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: “supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional”.

En su opinion, Asturias reúne talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo, por lo que quieren formar parte de ese futuro aportando su experiencia, modelo académico y una clara vocación de servicio.

Más de 350 empleos directos

“Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud”, ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha celebrado la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, un proyecto que permitirá crear más de 350 empleos directos.

Un punto de inflexión

“La llegada de la Universidad Europea marca un punto de inflexión para Gijón y evidencia un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo. Sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial de un Gijón que crece con hechos y de forma coherente con su identidad”.

“Al mismo tiempo, a través del proyecto de la Universidad Europea y su proyección a futuro, la ampliación del Parque Científico se consolida como un polo de innovación privilegiado en el norte de España y reafirma la apuesta del Ayuntamiento a la hora de blindar una ciudad de oportunidades”, sostiene la alcaldesa.

A continuación, reproducimos el post que ha difundido en su perfil de la red social X.

La institución académica, en cifras

La Universidad Europea cuenta con un 40% de estudiantes internacionales y, según los datos aportados, un 92,5% de los egresados encuentran empleo en los primeros 15 meses tras finalizar sus estudios.

Actualmente tiene más de 40.000 estudiantes de Grado, Postgrado o Formación Profesional Superior que cada año se forman de manera presencial o semi presencial en alguno de sus campus o en modalidad online.

El plazo

Una vez adoptada esta decisión por parte del Ejecutivo, la entidad promotora dispondrá ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales.

En España, la Institución cuenta con centros universitarios en Madrid, Valencia, Andalucía y Canarias.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots a favor de PP i Vox i el rebuig majoritari de l'esquerra, la llei que permetrà la creació de la Universitat de Mallorca (Umac), un nou centre privat impulsat per Adema. La iniciativa reconeix la UMAC com una universitat privada amb personalitat jurídica pròpia i forma de societat limitada en un context de creixent debat sobre l'auge de l'ensenyament superior privat a les Balears i a la resta d'Espanya.

El nou centre, que s'ubicarà inicialment a Palma i Inca, oferirà titulacions en àmbits com Medicina, Odontologia, Enginyeria, Belles Arts o Ciències Polítiques, a més de màsters i doctorats. Tot i que no rebrà finançament directe dels pressupostos autonòmics, sí que podrà concórrer a convocatòries públiques competitives. La llei també regula la seva relació amb el sistema sanitari públic per a la realització de pràctiques, establint que els estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tindran prioritat en l'accés a hospitals i centres sanitaris.

L'impuls parlamentari de la Universitat de Mallorca va arribar després que els serveis tècnics del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats emetessin un informe desfavorable que qüestionava la viabilitat financera i les garanties docents i investigadores del projecte, tal com va informar El País, cosa que Adema va atribuir en un comunicat al fet que no havien pogut valorar-se alguns dels documents que acompanyaven al projecte perquè s'havien perdut en la seva “conversió a PDF”. Amb tot, atès que el dictamen no era vinculant, la Conselleria balear d'Educació va iniciar el seu propi procediment amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat del nou centre.

Finalment, la Conferència General de Política Universitària va emetre l'informe preceptiu necessari per avançar en el procés, un pas que, segons va denunciar Adema, es va produir “18 mesos després d'haver-se remès la memòria per part de la Conselleria”, atribuint aquesta demora a una “desició política” del Ministeri.

L'aprovació de la llei ha evidenciat, una vegada més, un fort xoc ideològic a la Cambra: des de MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertit que el Govern impulsa una política que “aposta per l'educació com un actiu de mercat i no com un dret” mentre que, en termes similars, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha denunciat que aquesta llei és la prova que els “lobbies” de les universitats privades “treballen colze amb colze amb el Govern per implantar-se a Balears”. “Parlan de llibertat però només volen afavorir l'ensenyament privat”, ha criticat. En una intervenció anterior, García ja va alertar que el text de la llei conté “diverses qüestions que generen dubtes”, com la figura jurídica d'Adema, constituïda a través d'una societat de responsabilitat limitada (Acadèmia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, per la seva banda, ha optat per l'abstenció, marcant distàncies amb el projecte, però evitant el rebuig frontal. Els socialistes reconeixen que aquesta iniciativa presenta diferències respecte a altres projectes privats, en haver-se desenvolupat -a parer seu- amb major diàleg i sense operacions urbanístiques controvertides. Tot i així, han advertit de “riscos” i han assegurat que estaran “vigilants” perquè el Govern no relegui la universitat pública. “En aquest cas sí que hi ha hagut debat i diàleg amb la comunitat universitària i s'ha fet sense imposicions ni operacions urbanístiques dubtoses. L'oferta de titulacions no entra en competència directa amb la universitat pública”, ha exposat la socialista Mercedes Garrido.

PP i Vox defensen la privada com a “oportunitat”

Des de la dreta, el PP ha defensat la llei com una ampliació del sistema universitari i no com una alternativa a la pública. “No hem triat entre reforçar la pública o ampliar el sistema, sinó les dues coses”, ha asseverat la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, per la seva part, ha emmarcat el debat en termes ideològics, defensant la universitat privada com a garantia de “llibertat” enfront del que ha qualificat com a “wokisme” en l’educació pública, i carregant contra la UIB per un suposat biaix ideològic.

El text de la norma incorpora algunes condicions després del seu pas pel Parlament, com l’obligació de destinar almenys un 5% dels ingressos a beques o el dret del Govern a intervenir en cas de canvi d’accionariat. A més, qualsevol nova titulació haurà de comptar amb l’aval de l’agència de qualitat universitària i l’autorització del Consell de Govern.

Per la seva part, Adema, promotora del projecte, ha celebrat l’aprovació de la llei i ha assegurat que la nova universitat permetrà reforçar la connexió entre la formació superior i el teixit productiu de les Balears. L’entitat preveu destinar 6,8 milions d’euros en beques durant la propera dècada per atraure talent i perfils d’alt rendiment.

Cal recordar que, el passat mes de setembre, el Govern ja va declarar com a projecte d’especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo. Amb aquesta decisió, l’Executiu atorgava un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les Illes.

Posteriorment, l’Executiu va anunciar la seva intenció de recórrer davant el Tribunal Suprem el decret del Govern central que endurirà els requisits per a la creació d’universitats privades, El vicepresident primer, Antoni Costa, va afirmar en el seu moment, de fet, que “no posaran bastons a les rodes” en el procés de posada en marxa d’aquests centres: “Creiem que l’oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] ha de ser complementada amb la privada. Es diu llibertat”.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.

Isabel Díaz Ayuso acaba de firmar la paz con la universidad pública madrileña, con un acuerdo exprés que era impensable hace 15 días y que se ha negociado para cerrar la crisis más surrealista del gobierno de la Comunidad de Madrid. La caída de “los pocholos”, esos niños pijos sin currículo ni experiencia que gestionaban la educación madrileña comandados por un gurú conspiranoico y reaccionario, ha tenido como consecuencia un plan de financiación que gobierno y universidades han calificado de “histórico” y que supone un respiro en una situación agonizante. 

La inversión en los seis campus, que se encontraban en una situación crítica, será de 14.800 millones hasta 2031. Los detalles están por conocerse, pero el plan supone un crecimiento de un 41% de los fondos específicos. En el sexto año de modelo se sumarán otros 500 millones adicionales. Si esta cantidad les parece mucho y para ponerla en contexto, la Comunidad de Madrid aprobó a finales de 2025 unos pagos extra a Quirón de 500 millones, y le ha pagado sin rechistar en los últimos seis más de 6.000 millones de euros. Solo a Quirón. 

Hay que celebrar que Ayuso, movida por una crisis interna, haya dejado de “pocholear” con el futuro de las universidades públicas, a las que su gobierno ha asfixiado hasta el límite. Solo la Universidad Complutense se llegó a endeudar con la propia Comunidad por 34,5 millones de euros para pagar las nóminas, lo que le cuesta 4,4 millones solo en intereses. Y, a pesar de esto, la Complutense, produce más tesis doctorales que el conjunto de las 47 universidades privadas que existen en España. 

En estos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido ni querido disimular su desconfianza y desprecio hacia la universidad pública, a la que considera un nido de rojos y wokismo, en un discurso calcado del trumpismo y que esconde lo que de verdad importa: un modelo privatizador, en el que proliferan como hongos las universidades chiringuito sin mínimos estándares de calidad ni ningún afán investigador. Ya son 15 las universidades privadas madrileñas, por seis públicas; en toda España hay 50 universidades públicas y 47 privadas. En 2025 en Madrid, ya se matricularon más estudiantes de Medicina en las privadas, pagando más de 20.000 euros anuales, que en las públicas. Madrid es la comunidad con el profesorado peor pagado, con las matrículas más altas, con menos becas por estudiante y de las que menos invierte en educación por habitante. Y todo eso en la comunidad más rica de España y la que enarbola la defensa de la cultura occidental mientras desprecia a sus verdaderos custodios. El acceso público y universal al conocimiento es uno de los pilares de las sociedades libres, y no se puede defender la libertad sin defender la universidad pública. 

Una vez aprobado el plan de financiación plurianual y caída en desgracia la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) elaborada por el clan “pocholo” y que suponía una mercantilización extrema de la enseñanza superior en Madrid, queda pendiente poner coto a los chiringuitos disfrazados de universidad privada tan del agrado del gobierno madrileño. Junto a la privatización de la sanidad y la especulación inmobiliaria, las universidades privadas han contribuido a la creación de un Madrid de dos velocidades, caracterizado por la desigualdad, el pelotazo y el rentismo. El PP ha sido el partido que más ha contribuido a liquidar el paradigma meritocrático que tanto defiende de boquilla. Gracias a la acción de los gobiernos de las CCAA, la educación privada es un negocio que, en España, mueve 20.000 millones de euros al año. Se ha fomentado la entrada de fondos de inversión en las entidades privadas que ofertan carreras universitarias y másteres mientras se castigaba a la universidad pública. 

En un momento de transformación profunda y acelerada de la forma en la que se accede al conocimiento, hay que fortalecer el papel de la universidad pública, depositaria del conocimiento, espacio de innovación y de pensamiento crítico, motor del progreso económico y social y factor esencial para la igualdad de los ciudadanos. Una universidad no es una extensión de la empresa ni una máquina expendedora de títulos para los hijos de las familias pudientes. Si lo convertimos en eso, estaremos condenados a que otra generación de pocholos decida el futuro de nuestros hijos. 

Nuevas titulaciones en la universidad privada de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El Gobierno de La Rioja, según publica hoy el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, ha autorizado la implantación de tres grados y cuatro másteres universitarios en este centro.

En concreto, los estudios que ampliarán la oferta universitaria de UNIR son: Grado en Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias de la Seguridad, Grado en Humanidades, Máster Universitario en Educación Emocional, Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos, Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual y Máster Universitario en Tendencias Avanzadas en Arqueología.

Estos títulos cuentan con resolución de verificación positivas dictadas por el Consejo de Universidades y con informes favorables de evaluación por la ANECA, por lo que, después de la autorización del Gobierno de La Rioja, se remitirá la autorización al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que procede a sus inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

La Universidad Internacional de La Rioja imparte hasta el momento 45 grados universitarios, mientras que en la universidad pública (UR) son 32 más dos dobles grados. Aunque la mayoría de la formación ofertada en el centro privado es online, un acuerdo a tres bandas en 2024 entre Gobierno de La Rioja, UR y UNIR, permitió la oferta presencial en la privada, siempre que la titulación no la ofreciera ya o la previera impartir la pública. Así, en otras ciudades ya existen centros físicos de UNIR para cursar algunas FP.

La Universidad privada Alfonso X El Sabio (UAX) abonará 951,23 euros por cada alumno y curso que realice prácticas en hospitales públicos y centros de salud de la comunidad autónoma. Así lo recoge el convenio de colaboración suscrito con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), donde se contempla que esta cuantía económica deberá ser abonada antes del 30 de junio anterior a cada curso.

Además, la UAX tendrá que sufragar tanto los recursos materiales como las inversiones en infraestructura que se requieran.

No obstante, el alumnado de la Universidad de Oviedo tendrá prioridad a la hora de realizar las prácticas en hospitales públicos y tiene garantizada su formación.

¿Quiénes podrán hacer prácticas?

El alumnado procedente de este centro privado que realizará las prácticas será aquel que curse estudios de los grados de Medicina, Enfermería y del Máster en Urgencias y Emergencias de Adultos para profesionales de Enfermería.

Las prácticas se llevarán a cabo en el hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres, así como en los centros de salud de Mieres Sur, Pola de Lena y Cabañaquinta. Esta posibilidad se abre a aquellos estudiantes que cursen estudios desde tercero en adelante.

El Sespa cuenta con un informe jurídico que respalda este tipo de convenios. Además existen sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) que obligan a las comunidades autónomas a facilitar las prácticas clínicas de los estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas.

En el 'edificio Calatrava'

La Universidad Alfonso X El Sabio se ubicará en la galería central del conocido popularmente como 'edificio Calatrava', en la capital asturiana. El Ayuntamiento de Oviedo instaló un gran cartel de bienvenida a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones, como se puede apreciar en la siguiente fotografía.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y y el presidente de la institución académica, Jesús Núñez, firmaron el pasado mes de enero el convenio de arrendamiento hasta 2046, de los 23 locales de la galería central del Calatrava en los que se ofrecerá formación en el área de Ciencias de la Salud el próximo curso.

La universidad, en cifras

Esta operación conlleva el ingreso de 6,3 millones de euros en las arcas municipales.

Núñez repasó la historia de esta institución académica, la primera Universidad privada española no confesional, que se puso en marcha hace 30 años en Madrid.

Según los datos aportados por el presidente de la institución académica en este acto, la UAX en la actualidad cuenta “con más de 60.000 egresados, más de 30.000 estudiantes, 175 acuerdos internacionales, cinco centros sanitarios propios, dos hospitales de simulación con inteligencia artificial, un centro internacional de negocios y de tecnología, la Academia Mir Asturias que está domiciliada en Oviedo y la Universidad UAX Mare Nostrum de Málaga, además de una gran red de centros de formación profesional en España”.

Cuando termine 2026, habrá en España más universidades privadas que universidades públicas. El sorpasso del que venimos hablando desde hace tiempo se habrá consumado cuando terminen de tramitarse los últimos flecos de las seis nuevas universidades privadas previstas para este año, que se sumarán a las 48 que ya existen. En la parte pública, el número se mantiene estable desde hace décadas en las 50 universidades.

Con el periodista de elDiario.es especializado en Educación, Daniel Sánchez Caballero, nos fijamos en quiénes están detrás de esta explosión de centros privados de educación superior. Un ámbito que en España, de repente, se ha convertido en un sector económico que está en auge y con resultados muy lucrativos. 

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Episodio relacionado: Su título, gracias: España se llena de universidades privadas

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La polémica sobre la llegada de universidades privadas a Asturias suma otro capítulo. Por primera vez, la comunidad autónoma contará con centros privados como la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo, mientras un tercer proyecto ligado a la Universidad Europea sigue en fase preliminar. La situación adquiere un matiz paradójico con Ovidio Zapico, coordinador general de Izquierda Unida y consejero del Ejecutivo autonómico, al frente de las autorizaciones. IU, socio del Gobierno asturiano, ha recurrido estas implantaciones. Este miércoles, el presidente del Principado ha dejado claro que las universidades privadas no percibirán ni un euro del Gobierno, subrayando la distancia entre el apoyo público a la educación y la autorización de centros privados, y reforzando el debate sobre acceso, equidad y coherencia política en el sistema universitario asturiano.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado que la universidad pública tendrá prioridad “absoluta”, tanto en financiación como el acceso del alumnado a las prácticas obligatorias. “Ni un solo euro de dinero público irá a la universidad privada”, ha subrayado en el pleno de la Junta General. También ha defendido la apuesta del gobierno por la Universidad de Oviedo, que se concreta en un contrato programa que asegura la suficiencia económica de la institución académica y en medidas como la gratuidad de la matrícula para facilitar que cualquier persona pueda acceder. 

“No son ningún chiringuito”, dice Barbón

Barbón ha precisado que el Ejecutivo autonómico no ha autorizado la creación de ninguna universidad privada en Asturias -una decisión que exigiría, entre otros requisitos, la aprobación de una ley en el Parlamento - sino la puesta en marcha de tres centros adscritos a universidades privadas “que tienen reconocimiento, que no son ningún chiringuito y que cuentan con una trayectoria de muchos años en el ámbito educativo”. 

Según ha señalado, esta medida no supondrá ninguna merma en la Universidad de Oviedo, que en la actualidad ronda los 20.000 estudiantes, pero sí ayudará a que jóvenes asturianos que no consiguen plaza en la institución académica cuenten con otras alternativas para estudiar en Asturias. 

“No confundamos privatizar con la iniciativa privada, porque son cosas muy diferentes. La Constitución ampara la iniciativa privada y nosotros nunca hemos sido contrarios a ella”, ha precisado el presidente, quien ha agregado que “privatización” es lo que ocurre en Madrid, “que está desguazando la universidad pública”. 

Como ejemplo del compromiso del Gobierno de Asturias con la Universidad de Oviedo ha citado los tres centros de I+D+i que se pondrán en marcha este año junto con la institución académica y que estarán vinculados al cáncer, el origen de la vida y la investigación espacial.

Parece una situación kafkiana o al menos paradójica en la posición que se ha colocado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien a su vez ejerce el cargo de coordinador general de Izquierda Unida (IU) y líder de la coalición Convocatoria por Asturias (IU-CA).

El consejero forma parte del Gobierno autonómico como socio del PSOE y a su vez ha votado en contra de algunas de las decisiones del propio Ejecutivo autonómico, como ha ocurrido con la implantación de las universidades privadas en Oviedo y Avilés y más recientemente con la declaración como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) de la multinacional de los hipermercados Costco en Bobes (Siero).

El debate, al parlamento

Esta circunstancia ha sido motivo de debate este martes en el pleno de la Junta General del Principado entre el consejero Ovidio Zapico y su compañero de gobierno por el PSOE el consejero de Ciencia, Industria y Empleo Borja Sánchez.

El titular de Ciencia, Industria y Empleo ha solicitado este martes a IU que “sopese bien” la posible interposición de un recurso contra la decisión del propio gobierno del que forma parte de autorizar la llegada de las universidades privadas de Nebrija y Alfonso X El Sabio.

Además, le ha pedido que valore “el impacto y las consecuencias” que acarrearía este recurso. Una sugerencia a la que Ovidio Zapico ya ha respondido, comprometiéndose a asumir las decisiones que adopte su partido IU en este terreno.

Dos partidos diferentes

Hace unos días, el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, restó importancia a estas diferencias de opinión al abordar el tema de la declaración del PIER en el proyecto de Costco: “lo importante es que el Gobierno sea unitario y tenga unidad”.

Además, incidió en que lo más relevante era que, aunque se tratase de dos partidos diferentes, hubiera consenso en las decisiones: “cada uno que se pronuncie en el sentido que considere, pero la decisión colegiada es la declaración de interés estratégico del proyecto y, por tanto, el Gobierno ya ha decidido”, afirmó.

Las críticas de Zapico

Esta situación, que parecía coyuntural, ha vuelto a reproducirse en el pleno del parlamento asturiano entre Borja Sánchez y Ovidio Zapico. Ambos se sientan en escaños anexos en la bancada del Gobierno, y han tenido que defender sus respectivas posturas en respuesta a una pregunta planteada por el Partido Popular (PP) relativa a las posibles contradicciones en el seno del Gobierno regional.

El consejero Ovidio Zapico fue uno de los más críticos desde que se tuvo conocimiento de la intención de que Asturias fuera el lugar elegido por las universidades privadas Nebrija y Alfonso X El Sabio para impartir sus estudios. Un rechazo que escenificaba la distancia que le separaba del PSOE y que ahora, de nuevo, con el anuncio del posible recurso contencioso-administrativo constata la ruptura del consenso en el Consejo de Gobierno.

La legalidad de los decretos

Borja Sánchez defiende la legalidad de los decretos aprobados por el Ejecutivo autonómico por los que se autorizaba la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo.

El consejero de Ciencia había anunciado, el pasado mes de octubre, que las entidades promotoras disponían de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

La controversia de las universidades

Ese mismo mes, Ovidio Zapico mostró su total rechazo en el seno del Consejo de Gobierno donde se dio el visto bueno a ambas universidades privadas. Para el consejero de IU-Convocatoria por Asturias, la aprobación de los decretos era una “pésima noticia para lo público”.

Además, reiteró el compromiso, tanto personal como de la organización a la que representa con la universidad pública como “garante de la igualdad de oportunidades de todos y todas al acceso a una educación universitaria”.

La decisión, en manos del partido

En la sesión plenaria de este martes, el consejero de IU ha recordado que la decisión sobre el recurso aún no se ha adoptado por parte del órgano de dirección de su formación, aunque ha garantizado que la hará suya “sea la que sea” una vez analizada toda la información y comprobada su viabilidad jurídica.

A este mismo asunto se ha referido también el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', impulsor de la implantación de Costco en el parque empresarial de Bobes, otro de los proyectos a los que se opone el consejero Ovidio Zapico.

El enfoque de la votación

El titular de Ordenación de Territorio ha asegurado que el expediente es “vulnerable desde el punto de vista jurídico”. Y 'Cepi' ha contestado que “todas las decisiones que toma el gobierno son susceptibles de ser vulnerables”.

Sin embargo, no se ha quedado ahí y el alcalde sierense ha añadido: “un miembro del Consejo de Gobierno, si los informes son favorables, debería votar no porque le guste o no le guste un proyecto, sino porque cumple o no cumple”.

Gobierno y oposición a la vez

“Cualquier acuerdo que se toma diariamente en una Administración es susceptible de ser denunciable, pero si se apoya en informes técnicos y legales, nuestra obligación es la de votar a favor. No se puede ser a la vez oposición y gobierno”, ha dicho el alcalde de Siero.

No obstante, Ovidio Zapico se muestra dispuesto a acatar la decisión que adopten los órganos de su partido, mientras mantiene que es posible formar parte del Gobierno y mostrar públicamente sus opiniones aunque no sigan la misma línea que sus socios del PSOE.

Primero fue la universidad. Esta semana le ha tocado a la Sanidad. En dos meses será el turno de la Formación Profesional (FP). Tras siete años en la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha embarcado en una ofensiva contra la creciente privatización de los pilares básicos del estado del bienestar, una medida que la izquierda venía reivindicando hace tiempo, siempre con un ojo en la Comunidad de Madrid. En los tres casos, Moncloa se ha encontrado con la resistencia del PP, que pelea cada medida en favor de lo público en todos los frentes, desde el político hasta el judicial.

Estas medidas forman parte de la batalla ideológica contra la derecha ultraliberal que Sánchez inició haces meses y que representa fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. A cada palo del Gobierno regional a derechos o servicios públicos, el Consejo de Ministros ha intentado contestar con medidas. Por ejemplo, ocurrió cuando el PP de Madrid sucumbió a una propuesta de Vox para torpedear el derecho al aborto obligando a los servicios municipales a informar de un falso síndrome postaborto. El Ejecutivo contraatacó con medidas para blindar el aborto en la Constitución y para obligar a las comunidades a cumplir con la ley enviando el registro de objetores de conciencia. 

En Moncloa están convencidos de que el mensaje acabará calando en los ciudadanos, aunque en los dos últimos test electorales, en Aragón y Extremadura, la estrategia no ha funcionado y la derecha se ha disparado mientras que los socialistas se han hundido. La intención del Gobierno es, en todo caso, seguir dando la batalla en lo ideológico, a pesar de la complejidad de que algunas iniciativas terminen por ver la luz dada la minoría parlamentaria de la coalición. Uno de los problemas es que en la aritmética tienen que encajar dos fuerzas de derechas, como PNV y Junts, que ha roto, además, con Sánchez mientras no se cumplan una serie de exigencias. El otro es que el PP ya ha dejado claro que será un dique en defensa de la privatización, mediante iniciativas parlamentarias y recursos en los tribunales.

Lo que sostienen en el Gobierno es que a la ultraderecha se la frena, además de no blanqueándola, con políticas. “Es lo que está haciendo el Gobierno: más política frente al intento de avance de la anti-política”, expresó la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, donde se aprobaron medidas como el combate a la privatización sanitaria, las multas por el 'spam telefónico' de las energéticas o la prohibición de las subidas exageradas de precios en casos de emergencia.

Más allá de las palabras, la importancia que el Gobierno da a estas iniciativas se puede calibrar en el hecho de que, en el caso de las que atañen a los ministerios que lleva el PSOE, ha sido el propio presidente quien ha salido a presentarlas en vez de las respectivas ministras, un movimiento que Moncloa realiza cuando quiere que algún anuncio tenga más efecto. Todo lo que hace el presidente ocupa lugares destacados en los medios de comunicación; si el anuncio lo hace Diana Morant o Milagros Tolón probablemente no ocupe portadas ni sumarios del telediario.

“Presentan la privatización como única salida”

En uno de esos actos, hace casi un año, Pedro Sánchez desgranó cómo funciona el método que –principalmente los diferentes gobiernos del PP, el nacional en su momento y los autonómicos ahora– han puesto en marcha para minar lo público e impulsar lo privado: “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez.

El paso ha sido recibido con buenos ojos por la comunidad educativa (solo el PP y algunos centros privados se han opuesto al endurecimiento de los requisitos para crear nuevas universidades), aunque muchos piensan que no van lo suficientemente lejos. “Son medidas necesarias, pero insuficientes”, valora Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Este experto explica que en los últimos años se ha “llevado a las universidades públicas a un proceso de competición permanente a través de rankings, búsqueda de financiación, captación de alumnado... Un modelo que lleva a la mercantilización de la educación superior”, sostiene.

En opinión de Díez “hay que ir hacia la sucesiva supresión de lo privado en los bienes comunes, en los derechos sociales. No puede haber beneficio, ánimo de lucro y usura, como sucede en el caso de Quirón. En ese caso se ve muy evidente porque es salud, pero sucede exactamente lo mismo con la educación”, sostiene.

Díez concede que el marco se ha ido desplazando tanto que solo plantear esto suena radical, pero está convencido de que es una cuestión de “voluntad política”. “Poco después de la Inquisión, dos personas decidieron que iban a desamortizar todos los bienes de la iglesia”, recuerda en alusión las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el siglo XIX. “Se decía que era imposible, pero en una época en la que la Iglesia tenía un inmenso poder, se hizo. Es voluntad política”, insiste. “Pero, claro, tras la moción de censura lo primero que firmaron en sede parlamentaria los grupos que apoyaron a Sánchez fue derogar la ley mordaza, algunos [como Sumar] pidieron derogar los acuerdos con el Vaticano. Pero no se hizo nada”, expone esa, en su opinión, falta de ambición.

El mismo argumento, palabra por palabra

En la educación, la privatización progresa adecuadamente. El estancamiento de la oferta pública tanto en la FP como en la universidad, unido al aumento de la demanda de formación ante un mercado laboral ultracompetitivo han propiciado el desembarco de todo tipo de actores, con los fondos de inversión a la cabeza, para ocupar el espacio que el sector público ha dejado libre. Se compran y venden universidades con un 100% de beneficio, las empresas registran ganancias que rondan el 10%, cifras difíciles de alcanzar en otros sectores, y la clientela parece garantizada y, en algunos casos, creciente: España es la puerta de entrada a Europa para toda Latinoamérica.

La resistencia del Gobierno empezó con la universidad el pasado mes de octubre, cuando el Congreso aprobó la reforma del real decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El Ministerio de Universidades de Diana Morant endureció las condiciones para abrir nuevos centros tras comprobar, a base de experiencia, que la modificación anterior, realizada por el exministro Manuel Castells, no había surtido el efecto deseado: al dejar la decisión de aprobar o no un proyecto completamente en manos de las comunidades autónomas, estas podían dar el visto bueno aunque no cumpliera los requisitos. Y así lo hicieron: en los últimos años se han aprobado al menos tres universidades con informes desfavorables del Ministerio.

“Una universidad no puede ser una máquina expendedora (...) una fábrica de títulos sin garantías”, argumentó el presidente cuando presentó la segunda actualización del Real Decreto. Ese día habló de “chiringuitos”. “Toca elegir entre un modelo de educación superior universal, de calidad, que dé oportunidades a quien las necesita y que cohesiona el territorio, o un modelo que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no”, explicó.

Desde el pasado octubre, para abrir universidades privadas es necesario que una agencia de calidad independiente (nacional o autonómica) dé el visto bueno al proyecto, más allá de que este debe cumplir una serie de requisitos para obtener una licencia de universidad.

El (intento) de reforzar el sistema público educativo se quiere complementar ahora con la FP, otro sector en el que la privatización se ha disparado en los últimos años. En algunos ciclos populares, como los biomédicos o informáticos, se están matriculando más personas en centros privados que en públicos, básicamente porque estos no existen.

El presidente anunció hace dos semanas que quiere seguir el camino iniciado con la universidad y que va a “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” y que, afirmó, “se han convertido en chiringuitos que solo dan diplomas” sin calidad formativa. Casi palabra por palabra con el argumento utilizado para la universidad hace un año. En este caso, sin embargo, Sánchez no adelantó por dónde va a ir la reforma de un proceso que, en este momento, apenas pide a la iniciativa privada ajustarse a ciertos requisitos de instalaciones y profesorado. Como ocurre con la universidad, las competencias para autorizar centros las tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

“Las garras especuladoras” de la Sanidad

El plan en Sanidad sigue la misma línea. No se trata de revertir lo ya privatizado, sino de al menos establecer algunos límites y mecanismos de control a un modelo instaurado hace 30 años por el Gobierno de José María Aznar y que ha dado como resultado que los grandes grupos de la sanidad privada estén haciendo negocio a costa de la insuficiencia de recursos públicos.

Aquella ley, de 1997, estableció que las comunidades autónomas podían apoyarse en el sector privado en dos vertientes: externalizando la gestión de centros hospitalarios públicos a cambio de un canon anual y subcontratando servicios y tratamientos de la sanidad pública a la privada. El resultado, tres décadas más tarde, es una red pública cada vez más en manos privadas, y unas empresas que hacen caja con los presupuestos de las administraciones regionales.

Hace un par de meses, el Ministerio de Sanidad sentó las bases para justificar la medida que ahora han tomado. Presentaron un demoledor informe en el que señalaban que entre 2011 y 2023 el gasto público en sanidad privada se había disparado un 84%, a consecuencia de que en la actualidad uno de cada tres hospitales de la red pública esté gestionado por una empresa.

La salud es como la educación, siempre tiene clientela. Pero en el caso de la Sanidad hay muchos costes que pueden mermar los beneficios, así que las compañías han ido encontrando la manera de potenciar su rentabilidad. Por ejemplo, como señala el informe, rechazando los procedimientos clínicos más costosos, que acaban asumidos por el sistema público. Pero hay casos más extremos: el Hospital de Torrejón demostró que las prácticas para mejorar la cuenta de resultados llegaban al extremo de rechazar pacientes en función de su gravedad, se daban órdenes para reutilizar material de un solo uso, se prescindía de algunos tratamientos o se aligeraban listas de esperar cambiado el triaje de los pacientes.

El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes y al que le queda un largo camino hasta que se debata en el Congreso, no entra a revertir esas privatizaciones. Pero sí plantea requisitos para las nuevas, como justificaciones a las externalizaciones de gestión de hospitales, auditorías a las cuentas o la obligación de priorizar a entidades sin ánimo de lucro frente a las empresas. “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, resumió la ministra de Sanidad, Mónica García.

Eso sí, para que eso acabe sucediendo el texto tiene que ser aprobado en un Congreso enormemente fragmentado, y con una mayoría que pasa por sumar a algunos partidos que lejos de tener problemas con la privatización sanitaria, la han impulsado en sus territorios.

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha denunciado este martes que el Gobierno del Principado de Asturias ha firmado convenios para que el alumnado de las universidades privadas Alfonso X El Sabio y Nebrija pueda realizar prácticas en hospitales públicos, a pesar de que estas instituciones aún no han comenzado a impartir clases en la región. Tomé llevará mañana una pregunta a la Comisión de Educación para que el Ejecutivo explique los trámites que se están gestionando.

Según la parlamentaria, médica de profesión, “aún no han llegado y ya están perjudicando al alumnado y al conjunto de la Universidad pública de Oviedo, que es la que de verdad nos importa y la que debería importar a un gobierno que se dice progresista y reformista”.

“Merma en la educación del alumnado de la pública”

Tomé ha denunciado que la acogida de estudiantes privados en centros sanitarios públicos supondrá “una merma en la educación del alumnado de la Universidad de Oviedo” y una sobrecarga para los propios hospitales. La diputada calificó la situación de “puerta de atrás” para facilitar la implantación de las universidades privadas, que según ella se ha acelerado mediante convenios firmados desde mayo y julio de 2025.

“La situación es injusta para el alumnado de la universidad pública, que accede a su formación con esfuerzo y notas de corte muy altas, frente a instituciones que venden títulos como si la educación fuera un negocio”, aseguró Tomé. También criticó que la sociedad asturiana “ve cómo la administración autonómica da la espalda a la Universidad de Oviedo para favorecer este modelo de mercadeo educativo”.

La parlamentaria acusó al Ejecutivo autonómico de aprovechar la ausencia de una Ley de Universidades —que ella no apoyará si incluye a las privadas— para abrir vías alternativas de implantación: “Permiten la llegada de estas instituciones como centros adscritos mediante un decreto, evitando un debate de fondo sobre el modelo universitario que se quiere para Asturias”.

Izquierda Unida (IU), socio de gobierno del Ejecutivo autonómico asturiano, Comisiones Obreras (CCOO) y la Izquierda Sindical Asturiana (ISA) han recurrido la implantación en el Principado de las universidades privadas Nebrija en Avilés y Alfonso X El Sabio en Oviedo que fueron autorizadas mediante sendos decretos el pasado mes de octubre.

El Gobierno regional ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) los expedientes que autorizan su llegada a la región bajo el modelo de centro adscrito.

El rechazo de IU

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de IU, fue uno de los más críticos con su instalación desde que se tuvo conocimiento de la intención de que Asturias fuera el lugar elegido por ambas universidades privadas para impartir sus estudios. Un rechazo que escenificaba la distancia que le separaba del PSOE y que ahora, una vez formalizada la interposición del recurso contencioso-administrativo, constata la ruptura del consenso en el Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Asturias aprobó el pasado mes de octubre los decretos por los que se autorizaba la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. En aquella fecha, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, anunciaba que las entidades promotoras disponían de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

Un trámite administrativo

El acuerdo adoptado no suponía su entrada en funcionamiento de forma inmediata, ya que es un trámite administrativo que permite a ambas instituciones académicas continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad.

Antes de impartir clases, los centros privados de Avilés y Oviedo deberán solicitar la autorización de inicio de actividad, y para lograr ese permiso, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario.

La oferta de estudios

Ambas entidades prevén ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda está en estos momentos por encima de la oferta que puede cubrir la universidad pública o que actualmente no se imparten en Asturias.

En el caso de la Universidad de Nebrija, plantea impartir el Grado de Enfermería, mientras que la Universidad Alfonso X El Sabio presenta una oferta con cuatro grados: Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia, además de cinco másteres: Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health, si bien la propuesta pasaría por una implantación gradual que culminaría en cinco años.

El acuerdo con Canteli

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio, Jesús Núñez, firmaron el pasado mes de enero el convenio de alquiler, hasta 2046, de la que fuera la galería comercial central del Calatrava en 2019.

El ayuntamiento ingresará por esta operación 6,3 millones de euros y permitirá que la institución académica oferte, ya el próximo curso, formación en el área de Ciencias de la Salud a unos 400 estudiantes.

La ubicación en Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, también alcanzó un acuerdo el mes pasado para que la Universidad Nebrija se ubique en el Palacio de Camposagrado una vez que la Escuela Superior de Arte del Principado se haya trasladado al edificio del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA 1 y 2) que se está habilitando con esta finalidad.

El grado de Enfermería va a ofertar 90 plazas en dos grupos, aunque será una implantación progresiva hasta la ubicación definitiva en Camposagrado. El centro va a contar con su propio equipo humano docente, investigador y de gestión, que se irá contratando de forma gradual.