Varapalo al Gobierno y victoria (de momento) para el PP. La anulación por motivos de forma, no de fondo, por parte del Tribunal Supremo del decreto con el que el Gobierno pretendía limitar la apertura de universidades privadas tras un recurso de los populares supone un revés para el Ejecutivo, que en los últimos años intenta hacer bandera de la lucha contra la privatización educativa.

El endurecimiento de los requisitos que se exigen para abrir una nueva universidad es, probablemente, la principal reforma que ha aprobado el Ministerio de Universidades en toda la legislatura. La importancia que el Ejecutivo daba a esta medida se refleja en que fue el presidente, Pedro Sánchez, quien la anunció, un despliegue que el Gobierno reserva para las normas que considera especialmente relevantes. Aquel día, y otros después, Sánchez habló de “chiringuitos” y de “fábricas de títulos” ante la eclosión de campus privados por todo el estado.

En todo el siglo XXI no se ha abierto ninguna universidad pública, mientras las privadas se cuentan por decenas. Solo desde 2015 se han aprobado 19 campus de iniciativa particular por toda España. El sorpasso es inminente: hoy hay 49 privadas por las 50 estatales, una evolución que lleva al Ministerio de Universidades a concluir que “la necesidad de este Real Decreto era y sigue siendo clara y urgente”.

Con la normativa actual, hay comunidades autónomas que han aprobado universidades con informes desfavorables del Ministerio, que tienen como sede un garaje o un local comercial, sin profesorado suficiente o con 3.000 euros de capital.

Pedro Sánchez también ha reaccionado al varapalo a través de X: “La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes”, escribió, y anunció que el Ejecutivo está “trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio”.

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Universidades qué significa esta afirmación, dado que con la convocatoria electoral para el próximo 29 de noviembre en principio no dan los plazos legales para aprobar un decreto por la vía normal, pero el departamento que dirige Diana Morant no ha ampliado la información.

Con la caída del texto, las comunidades recuperan las competencias sobre las universidades online, ya no hará falta un informe positivo ni los centros privados tendrán que dedicar un 5% de su presupuesto a investigar

Con la caída del texto, aprobado en 2025, las comunidades autónomas recuperan las competencias para aprobar universidades online, una capacidad que el decreto les había retirado para dársela al Congreso, porque el Ejecutivo cree que hay Gobiernos regionales demasiado laxos con este tipo de centro. Y esas universidades, recuerda, operan en todo el estado se radiquen donde se radiquen.

También imponía la norma la obligación de que una agencia independiente (o la Aneca, estatal, o alguna de las regionales que existen) elaborara un informe positivo sobre las futuras universidades, requisito que ahora no existe; a tener al menos tres doctorados; a contar con un 50% de doctores en su profesorado; y a dedicar un mínimo del 5% de sus presupuestos a la investigación, una de las patas por la que cojea la universidad privada.

El decreto se tumba por una cuestión formal, no de fondo: el Ministerio realizó el trámite legal de manera urgente, medida que tanto la presidenta de Islas Baleares, Marga Prohens, como la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recurrieron. El Supremo finalmente ha dado la razón a la balear este jueves: “El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido”, razona el TS para anular el decreto.

Los únicos en oponerse

El PP y un pequeño grupo de universidades extranjeras privadas fueron básicamente los únicos en oponerse a una norma que la comunidad universitaria veía y ve oportuna y pertinente. Estudiantado, sindicatos y rectores defendieron en su momento el decreto por necesario.

La CRUE (Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas) fue uno de estos organismos. Este jueves ha recordado que “la sentencia anula el Real Decreto 905/2025 por una cuestión de forma, no de fondo. Este hecho no colisiona con la defensa de la calidad del Sistema Universitario Español que siempre ha mantenido CRUE. Cualquier iniciativa normativa orientada a reforzar los mecanismos de aseguramiento de la calidad del sistema universitario es positiva, si contribuye a garantizar que todas las instituciones, con independencia de su titularidad, cumplan los mismos estándares de excelencia académica, investigación, transferencia de conocimiento y compromiso social”, ha expresado mediante un comunicado.

Creup, la principal federación de asociaciones de estudiantes del estado, cree que la decisión del TS es “preocupante” porque el decreto es “absolutamente necesario”, y lamenta que “en la práctica, deja nuevamente desprotegido y sometido al sistema universitario público y al conjunto del estudiantado”.

El Ministerio ha defendido la necesidad de la norma a la vez que insiste en que trabaja para aprobar otra similar. “La norma introduce, entre otras medidas, requisitos más exigentes en materia de investigación, profesorado, oferta académica, solvencia económica y alojamiento, así como un sistema de evaluación de la calidad más riguroso (...). Por tanto, el Ministerio considera importante recordar que se trata de una norma cuyo propósito es garantizar que las universidades que operan en España cumplen unos estándares adecuados de calidad y solvencia, en beneficio de los estudiantes, las familias y del conjunto del sistema universitario”, sostiene el departamento que dirige Diana Morant.

Según su punto de vista, “la urgencia de la regulación es evidente” porque “el crecimiento del sistema universitario debe ir acompañado de garantías de calidad”, la universidad pública “no puede quedar desprotegida”.

Acade (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) ha valorado “muy positivamente” la sentencia del Supremo porque la reforma se había hecho sin diálogo ni consenso. “Constituye un recordatorio de que la mejora de la calidad del sistema universitario, objetivo compartido por todo el sector, debe abordarse desde el respeto a los procedimientos legalmente establecidos, la participación de los agentes implicados y la seguridad jurídica”.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, del Partido Popular (PP), ha retrasado dos días la celebración del pleno municipal para que el alcalde, Alfredo Canteli, y los concejales de su grupo pudieran asistir al acto de inauguración del Centro Universitario de la universidad privada Alfonso X El Sabio.

La sesión plenaria iba a celebrarse inicialmente ayer, martes, y la coincidencia con la apertura de curso de la institución académica privada ha llevado a cambiar la fecha de la convocatoria para mañana, jueves.

Un cambio de última hora que no respondía a otra causa de fuerza mayor y daña la imagen pública del ayuntamiento al fijar sus prioridades. Así lo estima el portavoz de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo (CO) Gaspar Llamazares, quien reconoce que le “resulta difícil comprender” cómo se ha llegado a este extremo de que “se cambie la fecha de un pleno municipal para acudir a la inauguración de una empresa privada”.

De martes a jueves

Habitualmente, el pleno tiene establecida su celebración ordinaria el primer martes de cada mes. Llamazares asegura que constituye uno de los principales espacios de representación democrática de la ciudadanía y, por tanto, “su calendario no debería quedar condicionado por la agenda de una empresa privada ni debería estar subordinada a contentar a sus futuros clientes”.

El daño a la imagen del Ayuntamiento

Una situación que deja clara la postura del equipo de gobierno municipal al anteponer la asistencia a la inauguración de un negocio privado “al normal funcionamiento de un órgano municipal”, incide el portavoz municipal de IU-CO.

“Las instituciones públicas deben preservar su autonomía y su dignidad institucional; cambiar su funcionamiento para adaptarlo a intereses privados supone una actitud de genuflexión ante las empresas que daña la imagen del Ayuntamiento”, asevera Llamazares.

Los temas a debate

El pleno municipal que tendrá lugar mañana abordará entre otros temas sendos ruegos del propio Llamazares de personación en la causa judicial abierta por agresiones a dos activistas durante las fiestas de San Mateo y relativo a la ampliación del párking de La Escandalera y varias preguntas relativas al cumplimiento de contrato con Aqualia, el Plan Director de mantenimiento de equipamientos, la prohibición de entrada a un equipamiento deportivo municipal a los concejales de su grupo y sobre el transporte público de viajeros.

Los concejales socialistas Jorge García Monsalve y Natalia Sánchez Santa Bárbara han planteado sendas preguntas para su debate en la sesión plenaria relativas a la actual convocatoria de subvenciones a la participación ciudadana y la situación del Club de Balonmano Vetusta.

Aunque no está incluido en el orden del día, es previsible que desde la oposición municipal se lleve a la sesión el cambio de fechas para facilitar que el alcalde y los miembros de su equipo de gobierno pudieran asistir ayer al acto de la universidad Alfonso X El Sabio.

El diputado del BNG Daniel Castro ha acusado a la Xunta de Galicia de alfombrar el camino para la entrada de más universidades privadas en la comunidad. Lo sostiene en base a la propuesta de reforma de la ley de universidades que el conselleiro de Educación presentó la pasada semana a los tres rectores de los centros públicos gallegos y que, entre otras modificaciones, suprime el artículo 16 de la misma: “Las universidades y centros que no pertenezcan al Sistema Universitario Galego requerirán […] la autorización de la consejería competente en materia de universidades”. Consultado por este periódico, la Consellería de Educación asegura que son cambios “fundamentalmente técnicos”.

“Esta operación demuestra un gran oscurantismo del PP. Quiere cambiar la ley por la puerta de atrás”, sostuvo Castro, “para seguir beneficiando la implantación de la privada en Galicia”. En los estertores de los mandatos de Núñez Feijóo, Abanca impulsó la primera universidad privada en la comunidad, la Universidad Intercontinental de la Empresa, que su sucesor, Alfonso Rueda, autorizó definitivamente en agosto de 2022. Tres años más tarde, se desentendió de otra iniciativa, ésta del Cesuga, vinculado a la Universidad San Jorge de Zaragoza, que decayó tras un informe desfavorable del ministerio y la inacción de la Xunta.

Para el parlamentario nacionalista, eliminar el artículo 16 de la Lei 6/2013 do Sistema Universitario de Galicia (SUG) significa acabar con “la protección que tenía el SUG para decidir o no la implantación de universidades foráneas”. Castro recordó explícitamente la “alfombra roja” del Gobierno gallego a la iniciativa de Abanca a pesar de que imparte titulaciones ya existentes en las universidades públicas, algo que la propia normativa niega.

La Xunta rechaza las críticas del BNG. En un escrito remitido a este periódico, el departamento de Educación que dirige Román Rodríguez asegura que la reforma del texto legislativo, que el PP sacará adelante mediante la discutida ley de acompañamiento de los Orzamentos de 2027, “responde a la necesidad de ajustar la legislación gallega, que es anterior, al marco estatal”. Sobre el artículo 16, indica que “son otros los apartados específicos los que regulan” la creación de universidades privadas y menciona en concreto el capítulo III de “adscripción de centros a las universidades”. Su artículo 23 remite al Consello de la Xunta para aprobar “la integración de centros universitarios de titularidad privada en una universidad privada”. Y añade que en la actualidad existe una “normativa estatal exhaustiva” que prevalece sobre la gallega. Esta, reformada en varias ocasiones por el Gobierno de coalición de Sánchez, endureció los requisitos para la apertura de nuevos centros privados.

El Gobierno gallego dice a elDiario.es que “en este momento no existe ninguna solicitud de apertura de una universidad privada en el Sistema Universitario de Galicia”. No obstante, la prensa gallega publicó en mayo el interés de la Universidad Alfonso X El Sabio -propiedad del fondo británico de capital riesgo Cinven, también dueño de Burger King en España- por adquirir el antes mencionado Cesuga que intentó transformarse en universidad el pasado año. Algunas fuentes del sector público confirman ese interés e incluso aventuran que su objetivo es ofrecer grados relacionados con el ámbito sanitario.

Preocupado por la deriva privatizadora de la universidad española, el Gobierno quiere mejorar la calidad de los títulos. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo quiere aprobar un Real Decreto por el que obligará a todas las universidades a que un 50% del profesorado de cada grado tenga el título de doctor. Además, el 40% deberá contar con un contrato a tiempo completo. “Con ello, no solo vamos a reforzar la calidad de la enseñanza, también vamos a luchar contra la precarización”, ha valorado el presidente.

La normativa actual ya obliga a las universidades a tener un 50% de su profesorado con un doctorado, pero no especifica su reparto ni concreta cómo deben ejercer la docencia, agujero que con este Real Decreto quedaría tapado.

Además de los cambios con el profesorado, el RD también incluirá medidas para “exigir la presencialidad allí donde sea necesaria, especialmente en ámbitos como el sanitario, para evitar que algunas privadas puedan aprovechar la creciente demanda y falta de plazas para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar los estándares de calidad”. El presidente no ha ampliado la información sobre ninguno de los dos aspectos y fuentes del Ministerio de Universidades han explicado que comunicará las novedades conforme avance la negociación con los diferentes actores interesados.

Sánchez ha recordado durante su intervención que el Gobierno ya remodeló el año pasado el Real Decreto que regula los requisitos mínimos que debe cumplir una universidad privada para ser reconocida como tal en España. Entre otras cuestiones, aquella reforma incluyó que los proyectos de centro online deben ser aprobados por el Congreso, y no por las Comunidades Autónomas, y obliga a destinar un 5% del presupuesto a investigación, con el fin de evitar lo que el presidente califica habitualmente de “franquicias expendedoras de títulos” o “chiringuitos”.

El presidente ha admitido que en España hay un problema con la falta de plazas públicas en la universidad —se ofrecen hoy prácticamente las mismas que hace 20 años–, cuestión en la que señala a las comunidades autónomas, responsables de la financiación universitaria. Esta escasez de oferta ha tenido el efecto directo de subir las notas de corte y dejar fuera a miles de personas —un estudio calcula que son unas 17.000 al año—, que se ven en la tesitura de acudir a la privada a pagar miles de euros, a veces aunque no los tengan, dejar pasar un año para intentarlo otra vez o cambiar de plan formativo.

“Quieren convertir lo que era común en un extra y lo que era una garantía en una mercancía. No queremos esta estrategia low cost para nuestros hijos e hijas, no lo queremos para la Universidad.

El Catedrático Ramón Vilarroig será el nuevo Rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Su investidura se producirá durante el Acto Solemne de Apertura del Curso Académico 2026/2027 que se celebrará en Riojaforum el próximo viernes 9 de octubre.

Una nutrida representación de autoridades académicas y representantes institucionales estará presente en el evento donde tendrá lugar el relevo de José María Vázquez García-Peñuela, Rector de UNIR desde sus inicios en 2009.

Ramón Vilarroig es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, con una dilatada trayectoria académica e investigadora vinculada a la Universitat Jaume I de Castellón. Su actividad docente y científica se ha centrado en ámbitos como la fiscalidad internacional, la tributación de las operaciones financieras, los criptoactivos y los sistemas tributarios comparados.

A lo largo de su carrera ha publicado numerosas monografías y artículos en revistas especializadas, tanto en España como en el ámbito internacional, y ha realizado estancias académicas en universidades como Harvard, Kyoto o Bolonia.

En el ámbito profesional, ha colaborado como consultor internacional en proyectos vinculados a la fiscalidad y la economía digital, y ha participado en iniciativas de investigación relacionadas con los retos de la transformación tecnológica y la globalización económica.

Ha sido también Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Castellón, órgano especializado en la resolución de reclamaciones tributarias.

Un legado de excelencia

El nuevo Rector ha declarado que asume esta responsabilidad “con un profundo sentido de compromiso hacia la comunidad universitaria y con la firme voluntad de impulsar este proyecto caracterizado por su vocación de servicio al estudiante, por su calidad académica y por su capacidad de innovación educativa”.

Vilarroig ha subrayado también “el legado de excelencia construido durante estos años” y ha agradecido “la confianza depositada en mí para liderar esta nueva etapa y fortalecer el papel de la universidad en La Rioja, en España y en tantos países hispanoamericanos”.

Ha querido expresar también su reconocimiento a José María Vázquez García-Peñuela, “cuyo impulso intelectual y universitario ha sido determinante para que UNIR pasara de ser un proyecto pionero a convertirse en una institución consolidada con presencia internacional”. Del mismo modo, ha agradecido “su dedicación constante, su visión académica y los muchos aciertos que han marcado una etapa fundamental en la historia de la Universidad”.

Por su parte, el actual rector José María Vázquez García-Peñuela, ha destacado su “plena confianza en el profesor Vilarroig y en su capacidad para hacer frente con acierto a los próximos retos de una universidad que continua su expansión tras casi dos décadas de crecimiento”. 

En un comunicado interno dirigido a la comunidad universitaria, el profesor Vázquez García-Peñuela ha agradecido a todo el personal docente e investigador de UNIR, así como al de gestión y administración, la labor realizada durante su mandato, cuyo resultado ha sido óptimo.

La designación de Ramón Vilarroig como nuevo rector tiene el objetivo de consolidar y expandir el posicionamiento internacional de UNIR como universidad líder en educación en línea en español, y reforzar su modelo educativo en un contexto marcado por la irrupción de la Inteligencia Artificial en todo el mundo.

La Universidad de Extremadura (UEx) afronta el nuevo curso académico con la mirada puesta en la consolidación de su financiación y en la aparición de nuevos proyectos de universidades privadas en la región. Su rector, Pedro Fernández Salguero, ha reclamado este jueves que las instituciones privadas que puedan implantarse en Extremadura estén sometidas a los mismos criterios de calidad, control y seguimiento que se aplican a la universidad pública.

“Lo que sí se debe pedir es que se apliquen los mismos criterios de calidad y control y el similar seguimiento exhaustivo que se efectúa en relación con la Universidad de Extremadura”, ha señalado el rector antes de participar en el acto de apertura del curso académico, celebrado en el campus de Badajoz.

Fernández Salguero ha reconocido que existe “preocupación” ante los proyectos de universidades privadas, aunque ha descartado que haya “miedo” en la institución. En este sentido, ha defendido la posición de la UEx, de la que ha destacado su amplia oferta académica, su prestigio y su competitividad.

“Hay preocupación, aunque no miedo”, ha afirmado el rector, que ha situado entre las prioridades de la institución la necesidad de contar con “estabilidad, recursos y confianza”.

Una financiación más estable

Durante su intervención en el acto de apertura, Fernández Salguero ha puesto en valor el incremento de financiación destinado a la universidad por parte del Gobierno extremeño, pero ha reclamado que esta apuesta tenga continuidad mediante un plan que permita dotar a la institución de un marco financiero más estable.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido por su parte la apuesta de su Ejecutivo por la UEx. Según ha señalado, el compromiso se refleja tanto en los presupuestos regionales como en medidas dirigidas al profesorado y al resto del personal, así como en becas y otros beneficios para el alumnado.

Guardiola también ha destacado las actuaciones en materia de oferta académica, modernización e investigación y ha calificado de “fundamental” la contribución de la universidad extremeña durante sus más de 50 años de historia al proceso de transformación de la comunidad autónoma.

Más de 4.150 nuevos estudiantes de grado

La UEx espera superar este curso los 4.150 estudiantes de nuevo ingreso en titulaciones de grado que registró el año pasado.

La oferta mantiene 64 titulaciones de grado, sin nuevas incorporaciones en este curso, aunque la institución ya estudia la viabilidad económica de “dos o tres” posibles nuevos grados para los próximos años. La universidad cuenta además con 15 dobles grados, 25 programas de doctorado y 45 másteres, varios de ellos de carácter interuniversitario o internacional.

Entre las novedades del curso figura la previsión de incorporar dos nuevos másteres desarrollados junto a otras universidades en el marco de la alianza europea EU Green, vinculados a las nuevas tecnologías y al mundo de la empresa.

Investidura de nuevos doctores

El acto de apertura del curso académico ha incluido también la investidura de los nuevos doctores de la Universidad de Extremadura y la participación del coro universitario.

La lección inaugural ha corrido a cargo del catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Julián Ramajo, que ha abordado el análisis socioeconómico de Extremadura, con especial atención al diagnóstico de la situación actual y a los retos que afronta la comunidad en el futuro.

Como viene sucediendo en los últimos años, este curso empieza en la universidad pública con varios miles de ausencias. Faltarán, al menos, los 17.000 estudiantes que se han quedado fuera de alguno de los 15 ámbitos de estudio que tienen una nota de corte superior al 10 y que, a falta de plazas públicas, han tenido que acudir a un campus privado a buscar lo que no les ofrecía el Estado, según calcula el informe Cuándo, cómo y por qué: factores explicativos del crecimiento de la universidad privada en el sistema universitario español, elaborado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente.

El estudio ofrece un exhaustivo repaso de la evolución del sector privado en la educación universitaria en España, que ha pasado de contar con menos de una decena de centros antes del año 2000 para rozar la cincuentena hoy. Entre sus aportaciones más novedosas quizá esté que los autores no se limitan a señalar el argumento recurrente de la falta de financiación de los centros públicos como el mal que todo lo explica en la progresiva privatización de este espacio educativo.

Hernández y Pérez, autores habituales de los informes anuales sobre el estado de la universidad en España que realiza la Conferencia de Rectores (CRUE), apuntan que también existe una parte de responsabilidad de los dirigentes universitarios y las dinámicas de los campus en esta eclosión de campus privados (en la que siempre actúan “de forma determinante las expectativas de rentabilidad que han impulsado la creación de nuevas universidades privadas”).

Porque, cuenta Hernández, los datos dicen que la universidad pública no responde a los deseos formativos de la población —ahí están los 17.000 que no encuentran acomodo en lo público— y eso está influenciado por la disponibilidad de fondos, limitados, pero también por las decisiones que se toman. Los departamentos presionan para defender sus intereses, explica el profesor, para ofertar más títulos y que su profesorado tenga horas de clase que impartir, y los recursos que se destinan a un título no se dedican a otro.

“El área de conocimiento de titulaciones que no están muy demandadas y no tienen potencialidad para ocuparse de sus profesores presionarán para que no se cree un determinado título [de otra área que sí está demandado] porque detrae recursos que podrían ser para ella. Está muy presente todavía ese carácter corporativo, es una realidad en toda la universidad pública que no puede cuestionar nadie. Es un lastre que está ahí”, cierra Hernández, con la experiencia de quien ha pasado por equipos directivos universitarios y asesorado en el Ministerio. También los colegios profesionales presionan para mantener las plazas limitadas, cuenta.

El resultado de estas políticas es que las universidades públicas ofrecen pocas plazas en titulaciones muy solicitadas y demasiadas en otras que no desea cursar mucha gente, explica el informe, ajenas en parte a lo que pide el estudiantado. Y eso, sostiene Hernández, es una dejación de funciones de los mandatarios políticos y los universitarios, responsables de planificar el sector. Hay factores externos que contribuyen al crecimiento de lo privado sobre los que los dirigentes no pueden actuar —el crecimiento de las rentas familiares o la concentración de la población—, pero sobre los internos, sí.

Un reparto desigual

La rigidez y falta de planificación en lo público se observa cuando se analiza el reparto de alumnado en titulaciones de alta demanda y se compara con cómo han actuado los centros privados en los últimos años a lo que piden los estudiantes en la última década.

El informe muestra que la oferta global en la universidad pública se ha mantenido estable desde el curso 2015/2016 al 24/25, último con datos asentados: entonces se ofrecían 237.884 plazas al año, hoy son 241.613, apenas un 2% más. Y las titulaciones que más se piden han visto un incremento de sus plazas, pero mucho más pequeño que el que ha realizado la privada, donde “los crecimientos se evidencian con rotundidad en los ámbitos que concentran la demanda efectiva”, escriben los profesores.

Informática ha mejorado su oferta un 25% en la pública en diez años mientras en la privada lo ha hecho un 250%. Enfermería, un 12% frente a un 69%, respectivamente. Otros estudios de Ciencias de la Salud se sitúan en un 11% en la pública y en un 38% en la privada, con Medicina, una de las joyas de la corona, registrando subidas de entre el 15% y el 47% según la red. Los centros privados han disparado su oferta en Economía, estudios diversos de ciencias sociales y del comportamiento, Administración y Dirección de Empresas o Arquitectura, mientras las 50 universidades públicas apenas han aumentado la suya.

Dejación de funciones

“No toda demanda social debe tener idéntica respuesta en el sistema universitario público”, escriben Hernández y Pérez, “es preciso que los responsables universitarios, al programar la oferta académica y su dimensión, actúen con criterios de rentabilidad social por el carácter mayoritariamente público de la financiación destinada a su provisión”, argumentan. Pero el Consejo de Universidades del Ministerio, órgano que junta a la administración con los rectores, no está haciendo ese trabajo estratégico de planificación de la oferta, sostienen.

“Hay titulaciones en las que esa planificación, competencia del Consejo, no se ha hecho nunca. Y eso perjudica a la pública y ha favorecido a la privada, que conoce la cautividad que tienen [las universidades públicas] en titulaciones en las cuales no hay demanda social e incluso la demanda productiva es escasa, y sin embargo mantiene una producción excedentaria frustrando las aspiraciones profesionales de estas personas”, explica Hernández.

Dicho de otra manera, sostiene, no tiene sentido que todas las universidades públicas ofrezcan todo tipo de estudios, aunque no los curse nadie o aunque la demanda esté claramente sobredimensionada y solo vaya a generar parados a futuro, sostiene el profesor. Hernández esgrime en este punto el ejemplo de la formación de maestros, que produce cada año muchos más profesionales de los que el sistema puede absorber. Pero el sector no admite estos discursos, lamenta el profesor, que recuerda “el gran revuelo” que se organizó entre los rectores cuando se le ocurrió sugerir en un informe, poco después de la pandemia, que sobraban plazas de formación de docentes.

Porque se puede argumentar el carácter social de los centros y su rol de servicio público para justificar esa política generalista, pero, reflexiona Hernández, también que hay que explicar que se está mandando a estudiantes a títulos sin salida profesional ni posibilidad de tenerla.

“Resulta difícil asumir que titulaciones que registran solicitudes de preinscripción en primera opción que cuadriplican la oferta, como Enfermería (con una demanda del 481% respecto a la oferta), hayan experimentado un crecimiento de la oferta de tan solo el 19,1% en el periodo 2015/2023. Medicina y Odontología presentan datos aún más explosivos, con índices de preferencia de 1.066,4% y 1.035%, respectivamente, al tiempo que su oferta de plazas sufre aumentos escasamente significativos (Medicina un 15,7%) o incluso anotan retrocesos (Odontología, -2,3%)”, escriben los autores.

Los autores calculan que crear plazas para esos casi 17.000 excluidos de los centros públicos supondría, con el actual coste por alumno en la universidades públicas, un total de 549,25 millones de euros al año. Apenas un 6,6% del total de la financiación autonómica en el año 2023.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha logrado uno de los resultados más destacados del sistema universitario español en la última evaluación oficial de la actividad investigadora realizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Según los datos de la convocatoria más reciente de sexenios de investigación para personal docente e investigador con contrato laboral, UNIR ha obtenido 300 sexenios, lo que la sitúa como la segunda universidad de España en número de sexenios reconocidos al profesorado laboral, solo por detrás de la Universidad Complutense de Madrid.

En el cómputo agregado de sexenios de investigación, que suma los reconocimientos del profesorado funcionario y del profesorado laboral, UNIR se sitúa en el puesto 14 entre las universidades españolas.

Este resultado posiciona a UNIR por delante de universidades con una amplia trayectoria académica e investigadora, en el total agregado de sexenios de investigación.

Según Pablo Moreno, vicerrector de Investigación de UNIR, “la evaluación de ANECA avala el esfuerzo sostenido de nuestro profesorado por generar conocimiento relevante y de calidad. Alcanzar una posición destacada a nivel nacional refleja la madurez investigadora de UNIR y demuestra que nuestro modelo universitario integra con éxito docencia e investigación al más alto nivel”.

Un reconocimiento oficial a la calidad investigadora

Los sexenios de investigación, evaluados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), integrada en ANECA, constituyen uno de los principales indicadores oficiales de calidad científica del profesorado universitario en España. Estos tramos reconocen periodos de seis años de actividad investigadora relevante y tienen un impacto directo en la carrera académica, la financiación y la capacidad de liderazgo científico.

Los resultados globales de la convocatoria reflejan, además, el alto nivel de exigencia del sistema: se han registrado 6.751 sexenios en el ámbito del profesorado laboral y 6.864 en el del profesorado funcionario, hasta un total agregado de 13.615 sexenios de investigación.

Liderazgo investigador en el ámbito de las universidades privadas

El resultado alcanzado por UNIR adquiere una especial relevancia en el contexto del sistema universitario español. En el listado agregado, que recoge al profesorado laboral y funcionario de 90 universidades y centros universitarios, UNIR aparece en el puesto 14 con 300 sexenios, y es la única universidad privada situada en esas primeras posiciones del sistema.

En este escenario, UNIR no solo sobresale dentro del ámbito privado, sino que compite en indicadores oficiales de investigación con algunas de las principales universidades públicas del país. Su posición confirma el avance sostenido de un modelo académico que integra docencia online, investigación de calidad y transferencia de conocimiento a la sociedad.

Un modelo académico que integra docencia e investigación

Este resultado refuerza el compromiso de UNIR con un modelo universitario que combina docencia de calidad e investigación relevante, orientada a generar conocimiento útil para la sociedad.

En los últimos años, la universidad ha impulsado el desarrollo de sus equipos investigadores, la internacionalización de su producción científica y la consolidación de líneas de investigación en ámbitos estratégicos. La obtención de 300 sexenios de investigación representa un reconocimiento externo y oficial al trabajo desarrollado por su profesorado y por sus grupos de investigación.

Un mensaje al sistema universitario

Los resultados de esta convocatoria evidencian la evolución del conjunto del sistema universitario español, cada vez más exigente, transparente y orientado a la calidad, en línea con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior y las políticas de evaluación promovidas por las agencias de evaluación de la calidad.

En este contexto, UNIR reafirma su posicionamiento como una universidad comprometida con la excelencia académica, la investigación rigurosa y el avance del conocimiento. Su presencia entre las primeras universidades españolas por número de sexenios de investigación confirma que la actividad investigadora es plenamente compatible con un modelo universitario innovador, digital y orientado al aprendizaje a lo largo de la vida.

El encarecimiento de la vivienda, en alquiler o propiedad, continúa agravándose ante la falta de actuaciones concretas con impacto real. Hasta ahora se ha puesto el foco en la falta de oferta de nueva construcción y el aumento del parque de pisos turísticos como grandes argumentos que justifican el desmadre de precios. Sin embargo, hay otros ámbitos que también mueven el mercado y que están fuera del radar, como es el caso del efecto que tienen los universitarios en el coste del alquiler, especialmente en pequeñas capitales de provincia donde crece el número de estudiantes.

La primera cuestión a valorar es que el propio encarecimiento del alquiler, unido a las altas notas en la PAU para matricularse en las universidades más reconocidas, está haciendo que muchos bachilleres opten por ir a los centros situados en plazas que hasta ahora tenían poco renombre. Salamanca, Granada o Santiago de Compostela tienen una larguísima tradición universitaria, pero el traspaso de las competencias de educación superior a las comunidades autónomas ha hecho emerger otras ciudades como relevantes para estos estudios.

Este fenómeno está teniendo consecuencias claras que no se están afrontando de igual manera, por lo que es interesante analizarlo para sacar algunas lecciones. Segovia es un caso palmario, donde la instalación de una universidad, en este caso privada y elitista, ya que está enfocada a atraer estudiantes internacionales de familias pudientes que buscan un título europeo, está provocando una burbuja de precios que atrapa a la población local. Su proximidad a Madrid (30 minutos en AVE) es otro de los imanes de este centro para los jóvenes extranjeros.

En 2006, el Instituto de Empresa (IE) adquirió la Universidad SEK de Segovia y dos años después la relanzó como IE University. De esta manera, el IE, que llevaba más de treinta años operando como una escuela de negocios enfocada a los posgrados, daba el salto de entrar en la formación de grados, con lo que multiplicaba sus posibilidades de negocio, ya que aumenta el mercado y en estudios que duran entre cuatro y seis años, frente a uno o dos de los másteres. Actualmente, ofrece en Segovia casi una treintena de grados que han atraído a unos 1.500 alumnos, que pagan alrededor de 25.000 euros de matrícula.

La consecuencia es que Segovia es donde más aumenta el precio de la vivienda, con una subida interanual del 19%, frente a una media del 12,9% en España, según datos del INE. La vinculación del aumento con el IE es tan evidente que se aprecia en los propios anuncios que los propietarios de las viviendas ponen en los portales inmobiliarios, donde directamente limitan la disponibilidad a los alumnos de esta universidad.

Por eso tiene sentido analizar la iniciativa que ha lanzado la Universidad de Burgos (UBU), institución pública dependiente de la Junta de Castilla y León, aunque lo cierto es que de momento es una propuesta. En el curso que acaba de terminar, la UBU contaba con 9.600 alumnos matriculados, lo que supone un aumento del 18% en cinco años. Esta progresión se debe al aumento de alumnos de fuera de su distrito, ya que la provincia ha perdido más de 35.000 habitantes en los últimos veinte años. De hecho, el 63% de dichos alumnos, casi cinco mil, procede de otras provincias, lo que implica que necesitan una vivienda en la que habitar durante el curso académico. Las proyecciones que maneja la universidad calculan que el número de alumnos se habrá situado en alrededor de los 11.300 en 2030, lo que elevaría a más de siete mil el colectivo de universitarios que necesitará una solución habitacional.

Ante este panorama, la UBU ha elaborado un plan que contempla la construcción de 1.076 habitaciones individuales en residencias universitarias con cuatro ubicaciones diferentes, lo que supone multiplicar casi por tres el número de plazas que hay actualmente (400). Estas residencias se ubicarían dentro de la zona universitaria y en solares de la propia universidad. Para llevar a cabo el proyecto, la UBU plantea la colaboración público-privada para desarrollar el plan.

El proyecto ha levantado tanto interés que ha provocado que el Parlamento llamara a la UBU a explicar su plan ante la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda. La virtualidad de su iniciativa está en que se proponen ofrecer alojamientos con un coste de alrededor de 350 euros mensuales para el alumno, en unas instalaciones con condiciones claramente mejores que un piso compartido, y que liberarían alrededor de 300 viviendas al mercado libre de alquiler. Por tanto, es más que previsible que su construcción contribuya a frenar la escalada del coste del precio de la vivienda, consiguiendo el efecto contrario de la IE University en Segovia.

La oportunidad de la propuesta de la UBU es más que evidente, ahora “solo” falta que las administraciones, cada una en su nivel y competencia, hagan que salte del power point a la realidad. La burocracia es uno de los grandes males que hay alrededor de la vivienda, como ha quedado patente en noticias recientes. El alcalde de Madrid anunciaba que se desbloquea definitivamente el plan para la construcción de 10.000 viviendas en la zona de Campamento, un proyecto lanzado hace tres décadas, que muchos pensarán ya construido, y que estaba empantanado por los típicos desacuerdos entre administraciones. Y el Banco de España avisa de que el largo y complejo proceso de generar suelo edificable es la principal causa estructural de la crisis de vivienda. Con que las administraciones no molesten se daría un gran avance. Convertir el silencio administrativo en sinónimo de vía libre sería el primer paso.

En diciembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana avaló la decisión del Consell del Botànic que, en agosto de 2022, autorizó la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Hasta ese momento, estos estudios solo se podían cursar en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El fallo del alto tribunal valenciano se produjo a raíz de un recurso del centro universitario ilicitano y después de que la Generalitat Valenciana, ya bajo la dirección del PP de Carlos Mazón, decidiera retirar su personación en la causa con una postura alineada al lado de la Miguel Hernández.

Apenas año y medio después, la oferta para estudiar el grado de Medicina en la provincia de Alicante se amplía. El CEU ha anunciado que ofrecerá a partir de septiembre esta titulación en Elche, concretamente en sus sedes de Reyes Católicos y Capitolio, con una capacidad de 55 plazas. No se trata de una nueva titulación, según explican desde la universidad privada, sino de un grupo del Grado de Medicina que el CEU ya imparte en Castellón y Valencia, el cual ya cuenta con la autorización de la Generalitat Valenciana.

El grado mantendrá de forma exacta la duración de seis cursos y 360 créditos, con idéntica estructura y progresión desde las ciencias básicas hasta las materias clínicas y la formación práctica.

La puesta en marcha de Medicina en Elche, según destaca el rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, constituye “un hito de madurez académica y científica” para el campus y para un proyecto universitario con una trayectoria de más de tres décadas en la ciudad ilicitana: “No se trata únicamente de incorporar una titulación, sino de ampliar nuestra capacidad para formar profesionales sanitarios y contribuir, desde la docencia y la investigación, a las necesidades de la sociedad”.

Por su parte, el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, señala que la asignación de este grupo responde a un crecimiento planificado de la oferta sanitaria, al tiempo que defiende que los estudios permitirán la consolidación del área de Salud de la sede y el desarrollo de nuevas líneas de colaboración interdisciplinar, con especial foco en la atención al paciente y la simulación clínica.

Para dar soporte a esta ampliación, el CEU de Elche creará un Centro Avanzado de Simulación, que permitirá la recreación de entornos clínicos controlados para que el alumnado ejercite procedimientos, habilidades de comunicación y toma de decisiones clínicas antes de incorporarse a la práctica asistencial real. Las instalaciones acogerán también actividades conjuntas con estudiantes de Enfermería, Fisioterapia y Odontología, disciplinas que ya forman parte de la actividad ordinaria de este campus privado.

Preguntados por elDiario.es, Educación sostiene que no corresponde autorización por parte de la conselleria debido a que el título ya lo tenía autorizado el CEU para Valencia y Castellón. “Lo que ha hecho el CEU es modificar su memoria de grado ante la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), solicitando la creación de un grupo nuevo, en este caso, para su campus de Elche”, explica el departamento que dirige Carmen Ortí, y añaden que es la AVAP la responsable de supervisar estas peticiones y garantizar que se cumplen sus estándares de calidad para elaborar su informe favorable o no a la petición de modificación de la memoria de grado.

La disputa entre la Miguel Hernández y la Universidad de Alicante

La sentencia del TSJCV avaló la legalidad del decreto de 2022 que autorizaba el Grado en Medicina en la UA y desestimó así el recurso presentado por la UMH. El fallo supuso un severo varapalo judicial a la estrategia del Consell de Carlos Mazón, cuyos servicios jurídicos intentaron allanarse en el proceso con el fin de frenar la segunda titulación pública. Los magistrados desmontaron todas las alegaciones de la Miguel Hernández y de la Abogacía de la Generalitat, al recordar que el proyecto de la Universidad de Alicante disponía de “todos” los informes preceptivos y favorables de agencias como la ANECA y la AVAP, además de contar con los recursos económicos, el profesorado y los convenios sanitarios necesarios para su implantación.

La resolución judicial destacaba la existencia de sobradas razones de oportunidad y necesidad social que justificaban la ampliación de plazas públicas de Medicina en Alicante, una provincia con una lista de espera superior al millar de estudiantes y una de las ratios de médicos especialistas más bajas de España. El tribunal también desmontó el argumento de la duplicidad al señalar que el éxito de la titulación en la UA —la segunda más solicitada de toda la Comunitat Valenciana— no perjudicó en absoluto al centro ilicitano, que ha seguido cubriendo el cien por cien de su oferta con notas de corte altísimas. Asimismo, el texto ponía de manifiesto que limitar el grado a Elche solo servía para favorecer de forma indisimulada a las universidades privadas, una maniobra que rompía el desequilibrio frente a provincias como València, que cuenta con tres facultades privadas y solo una pública.

La oferta universitaria en Extremadura es aún pública en su totalidad, pero eso va a cambiar muy pronto. PP y Vox aprobaron el pasado octubre la puesta en marcha de Uninde, que ultima su desembarco en Badajoz, y al mismo tiempo, se encuentran en tramitación otros tres centros privados en la región. El más adelantado es el proyecto del Grupo Plantea, denominado Universidad Abierta de Extremadura-ONEX, con una oferta de grados y másteres 100% online.

En septiembre recibió luz verde de la Conferencia General de Política Universitaria, aunque de forma condicionada, y esta semana superará un trámite más cuando se haga oficial el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, que se ha aprobado en pleno por un solo voto.

Según ha podido saber elDiario.es Extremadura, el posicionamiento del CES es “duro” ante la llegada de otra universidad privada a la comunidad, pero no con la suficiente contundencia que seis integrantes del pleno han considerado necesaria debido a la calidad del proyecto, su “poco” valor añadido y la “competencia” que supondrá para la Universidad de Extremadura. Todos ellos van a incorporar un voto particular al dictamen, por lo que hasta finales de semana no se dará traslado a la Consejería de Educación para que continúe la tramitación. Hay que tener en cuenta que este informe es preceptivo pero no tiene carácter vinculante, a pesar de que refleja la opinión de los agentes sociales y económicos de la comunidad.

Expendeduría de títulos

En concreto, son UGT, CCOO, la Universidad de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el Tercer Sector y el representante de la economía social los integrantes que han anunciado un voto particular al dictamen.

UGT ya ha registrado su voto contrario al proyecto del grupo Planeta, que cuenta con Segundo Píriz, que fue rector de la Universidad de Extremadura durante dos legislaturas. A juicio de UGT, este tipo de macroproyectos no persiguen el interés general de la región, sino “un beneficio particular” amparándose bajo el prestigioso marchamo de la palabra “universidad”. Además, al ser formación 100% digital, el sindicato considera que no tendrá un impacto real en la fijación de la población ni contribuirá a crear un ecosistema investigador extremeño, funcionando más como “expendedurías de títulos” de carácter global que como motores de desarrollo regional.

UGT ha valorado que iniciativas como la Universidad Abierta “transforman un derecho fundamental en un negocio, favorecen la segregación social, debilitan el sistema universitario público y no aportan una innovación real a la oferta educativa de la región”. Por ello, ha reclamado una Ley de Universidades de Extremadura, “que establezca condiciones mínimas de calidad, exigencias claras y garantías suficientes para impedir una competencia desleal en perjuicio de la Universidad Pública”.

“A la Universidad Abierta le sobra el complemento de Extremadura, pues se trata de un proyecto ajeno a la región y a su futuro”, han afirmado desde UGT.

Un peligro para la educación pública

Para CCOO, el dictamen del Consejo Económico y Social “no deja totalmente establecido que el interés general de Extremadura exige priorizar el fortalecimiento del sistema universitario público y evitar decisiones que puedan incrementar la competencia por un alumnado cada vez más reducido”. Por ello, propone que la política universitaria de la Junta se oriente “a consolidar y poner en valor la Universidad de Extremadura como instrumento esencial para el progreso económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía extremeña”.

Este sindicato considera que no hay una “oportunidad real” para la implantación de una institución universitaria de carácter privado en Extremadura. “La documentación incorporada al expediente no acredita la existencia de una demanda social en Extremadura que justifique la creación de una nueva universidad privada”. De hecho, CCOO ha desvelado que el dictamen de CES pone de manifiesto que el informe de necesidad y oportunidad “no realiza un análisis riguroso de las necesidades formativas de la comunidad autónoma ni identifica las carencias del actual sistema universitario que esta universidad venga a resolver”.

La Universidad de Extremadura también ha mostrado su preocupación por el “escaso” impacto territorial de un modelo que va a ser íntegramente virtual, y, en este sentido, CCOO cree que no va a generar empleo estable ni cualificado de forma significativa. Además, denuncia que la expansión continuada de universidades privadas en España coincide con un progresivo debilitamiento financiero del sistema universitario público. Antes de favorecer la incorporación de nuevas universidades privadas, la administración debería garantizar una financiación suficiente, estable y previsible para la universidad pública, reforzando su capacidad docente, investigadora y de transferencia del conocimiento.

Titulaciones que ya existen

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), el máximo órgano de representación de los jóvenes extremeños, también ha rechazado el dictamen y ha registrado ya su voto particular. Su presidenta, Lidia Solana, ha remarcado que la posición del CJEx es “clara y firme” en defensa de una universidad pública “accesible, inclusiva y de calidad” y, sin embargo, la oferta de Planeta “coincide con titulaciones que ya existen en nuestro sistema público”.

Solana también ha explicado las dudas del Consejo de la Juventud sobre la necesidad de esta nueva universidad 100% online, que, además, no acredita que su oferta académica “responda a las necesidades formativas del tejido empresarial”. Además, “las prácticas se harán fuera de Extremadura, con lo que se favorece la fuga de talento”, ha destacado.

Ahora el proyecto debe pasar por el Consejo de Estado y volver a la Junta de Extremadura, para que el Gobierno regional lo remita a la Asamblea, que será la que tenga la última palabra. Además de Uninde y la Universidad Abierta de Extremadura, esperan su turno para desembarcar en la comunidad la Universidad Europea de Extremadura, de la Iniciativa Educativa Extremadura, y la Universidad CEU Núñez de Balboa, promovida por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

La aprobación de Uninde, el primero proyecto privado en la comunidad, estuvo rodeada de polémica porque la Junta de Extremadura se empeñó en llevar el proyecto a la Asamblea poco antes del adelanto electoral ordenado por María Guardiola, sin haber completado la tramitación e incluso con un informe negativo de sus servicios jurídicos. El Ejecutivo regional no informó de los últimos consejos de gobierno en los que se trató la iniciativa, incluyendo uno que fue extraordinario y, además, se elevó al Parlamento por lectura única, es decir, sin dar la posibilidad a los grupos políticos de debatir sobre este centro universitario privado, ni presentar enmiendas ni escuchar la opinión y propuestas de la sociedad civil y especialistas en la comisión parlamentaria.

Desde el actual curso académico, el estudiantado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá (UAH), con campus en Guadalajara, no han tenido que pagar la primera matrícula para cursar sus estudios. Es una medida que entró en vigor en esta comunidad autónoma tras anunciarlo hace más de un año el Gobierno regional, que también adelantó una futura Ley de Universidades con más derechos y adecuación de las condiciones del alumnado y el profesorado a las características de la comunidad autónoma.

El borrador del anteproyecto de esa ley ya se ha redactado. Ha pasado por su fase de información pública y está pendiente de las alegaciones.

En Castilla-La Mancha existe una universidad pública propia, la mencionada UCLM, con campus en Ciudad Real (sede de su Rectorado), Toledo, Albacete, Cuenca y facultades en Talavera de la Reina y Almadén. Además, hay otro campus en Guadalajara integrado, históricamente, en la Universidad de Alcalá. Por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dispone de varios centros asociados en la región.

En la futura ley, el Ejecutivo castellanomanchego marca como principal objetivo modernizar y regular de forma integral el sistema académico regional. Define la universidad pública como “motor esencial” para el progreso social, la igualdad de oportunidades y la investigación científica.

Pero, ante todo, su principal novedad es que garantiza la gratuidad de la primera matrícula, que se incorpora explícitamente como una medida de “justicia social” para asegurar que el acceso a la formación superior “no dependa de la situación económica de las familias”.

Actualmente, hay seis comunidades autónomas que ofrecen la primera matrícula gratuita o bonificada al 99% en las universidades públicas. Hay dos modelos de aplicación: la gratuidad directa en el primer curso, además de en Castilla-La Mancha, se aplica en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de La Rioja. Por otro lado, la bonificación por rendimiento académico, que cubre hasta el 99% del importe, se aplica en Galicia, Andalucía y Extremadura.

Hace unos días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzaba que incluso la segunda matrícula también será gratis en la UCLM para el alumnado con matrícula de honor en segundo de Bachillerato, pero esta media no está recogida en el borrador del anteproyecto. Lo previsto, por tanto, es que se incluya en el contrato-programa del Gobierno regional con esta institución académica.

De cualquier forma, el texto establece como objetivo estratégico avanzar hacia un modelo de universidad pública más accesible, promoviendo la “gratuidad o reducción de la matrícula” en función de la capacidad económica de los estudiantes, siempre “dentro de un marco financiero que sea sostenible”.

Una base legal para regular precios públicos

La medida se integra en un compromiso más amplio de ampliar los programas de becas y ayudas al estudio para garantizar que las limitaciones económicas o territoriales no condicionen el acceso a la universidad. Las becas se otorgarán priorizando criterios socioeconómicos.

¿Cómo será ese modelo? Básicamente, la intención del Gobierno regional con esta normativa es generar una base legal para que, al establecer los precios públicos, se puedan prever medidas específicas de reducción o bonificación atendiendo a circunstanciales “sociales”, pero también “territoriales”. Es decir, al ser Castilla-La Mancha una región con gran dispersión geográfica, se pueden contemplar circunstancias como la necesidad de desplazamientos y su coste.

En realidad, la comunidad autónoma ya ha venido ejerciendo sus competencias en materia de becas y ayudas para el acceso a las universidades públicas. Lo que ahora quiere es darle blindaje legal, como un “instrumento de equidad” y de regulación de precios públicos.  

Por ejemplo, el anteproyecto de Ley de Universidades prevé expresamente la existencia de bonificaciones y ayudas específicas para estudiantes que residen en zonas rurales o afectadas por la despoblación, como parte de su compromiso con la cohesión territorial. Estas ayudas buscan compensar las dificultades derivadas de la extensión territorial de la región y asegurar que el lugar de residencia no condicione el acceso a la universidad.

De hecho, el modelo de financiación de las universidades públicas también tendrá en cuenta su contribución a la lucha contra la despoblación y el apoyo a las zonas rurales a través de fondos específicos para actuaciones estratégicas. Asimismo, se promoverá la realización de prácticas externas en entornos rurales y zonas en riesgo de despoblación para fomentar la conexión entre el estudiantado y estos territorios.

El ámbito rural y las numerosas zonas en riesgo de despoblación también se mencionan en el anteproyecto al establecer la regulación de su sistema de financiación, basado en los mencionados contratos-programa plurianuales, que incluyen financiación vinculada específicamente al cumplimiento de objetivos estratégicos.

Entre ellos, en la futura norma se citan expresamente la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial. Esto significa que habrá fondos específicos de apoyo rural, que se desarrollarán para complementar las ayudas estatales.

El borrador no habla de importes de matrícula ni de cifras en cuanto a becas y bonificaciones, porque las cuantías exactas se establecerán posteriormente de forma reglamentaria. Pero, por ejemplo, en la UCLM, el acceso a los Grados de Humanidades y Ciencias Sociales se sitúan en torno a los 700 euros por curso completo; mientras que en Grados de Ciencias de la Salud e Ingenierías, pueden ascender a más de 1.100 euros, según la última orden por la que se establecen los precios públicos.

¿Habrá nuevas plazas?

Ante el blindaje de estas medidas, ¿se crearán nuevas plazas en la UCLM y la UAH? Recientemente, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, señalaba en una entrevista con elDiario.es que las notas de corte para acceder a los grados universitarios han subido porque las autonomías “han decidido no crear plazas en la universidad pública”.

Este es un aspecto que en el anteproyecto castellanomanchego queda condicionado. Establece que la implantación de nuevas enseñanzas oficiales está “sujeta a criterios de planificación” que tendrán en cuenta la demanda de estudiantes, la eficiencia de los recursos públicos y, de nuevo, la cohesión territorial.

En otro orden de cosas, llama especialmente la atención que, dentro del anteproyecto, en los deberes del estudiantado, se incluyan obligaciones específicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. En su articulado establece que tienen el deber de realizar un “uso responsable y ético de los recursos digitales”, mencionando expresamente la Inteligencia Artificial (IA) generativa y otros sistemas análogos.

Concretamente, apunta que el uso de estas herramientas en las actividades académicas no debe infringir en ningún caso los principios de “honestidad académica”. Es decir, el estudiantado está “obligado” a “reconocer expresamente” las fuentes y las aportaciones de la tecnología en sus trabajos académicos.

“Marcos éticos actualizados” para la IA y centros privados

Aunque debe ser cada universidad la que regule estos usos en su normativa interna, el texto obliga a las universidades al incluir ese uso responsable de la IA en sus planes de formación para asegurar que tanto el personal como el estudiantado actúen bajo “marcos éticos actualizados”. Estas mismas indicaciones se incorporan también para el profesorado y para el personal docente e investigador (PDI).

Por otra parte, el anteproyecto de ley dedica un bloque completo de su articulado al sistema universitario privado, pese a que esta comunidad autónoma es la única región de España sin ningún centro universitario de este tipo ni proyectos aprobados para su apertura. De hecho, Page, durante su intervención en la reciente gala por los 40 años de la UCLM, reiteró su objetivo de proteger a la universidad pública y evitar modelos que ha vinculado con “factorías de títulos”.

Pese a ello, y ante la previsión de solicitudes, el anteproyecto incorpora un marco regulatorio de reconocimiento, requisitos y control para “garantizar la calidad y coherencia” con el sistema regional.

Establece así que el reconocimiento de una universidad privada se realizará por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha. Para otorgarlo, debe “aporta un valor académico o social diferencial”, no comprometer la sostenibilidad financiera ni el equilibrio del sistema universitario público y contar con un plan estratégico a diez años que incluya planes de personal, económicos, de viabilidad y de garantías para el estudiantado.

Asimismo, los centros universitarios privados deben dedicar más del 5% de su presupuesto a programas propios de becas y ayudas, priorizando la situación socioeconómica del estudiantado; y ese mismo porcentaje a programas de investigación y transferencia. También deben disponer un portal de transparencia, de planes de igualdad de género, y garantizar una capacidad mínima de alojamiento estudiantil.

Si, en el futuro, uno de estos centros no cumpliera con lo establecido en esta nueva normativa se enfrentaría a diversas consecuencias que van desde sanciones económicas (entre 12.000 y 600.000 euros) hasta la pérdida total de su reconocimiento legal para operar.

De momento, no hay plazos para que el Consejo de Gobierno le dé el visto bueno y lo remita a las Cortes regionales, pero la previsión es que puede aprobarse ante de que finalice la legislatura en la primavera de 2027.

La Universitat Cardenal Herrera-CEU de València es va estalviar milers d'euros durant més de 20 anys en permetre, en contra del que establia la normativa vigent, que un tècnic de laboratori —i no un metge titulat— s'encarregara de les tasques d'embalsamament de cadàvers utilitzats en la investigació i la docència per professors i alumnes. Aquesta pràctica, que la Conselleria de Sanitat va considerar irregular i per la qual va imposar una sanció econòmica per una falta molt greu, no ha estat interpretada de la mateixa manera per l'òrgan inspector del departament que dirigeix Marciano Gómez. El motiu? El mateix Col·legi de Metges de València no considera que es tracte d'un cas d'intrusisme professional.

Segons la resolució a la qual ha tingut accés elDiario.es, el Servei d'Inspecció de la Conselleria de Sanitat ha tancat la investigació i ha arxivat la denúncia presentada contra el CEU per un extreballador per presumpte intrusisme professional, després d'analitzar l'informe emés per la Comissió d'Intrusisme i Defensa de la Salut —aprovat per la Junta de Govern del Col·legi de Metges en la seua sessió plenària del 25 de març—. Aquest diari ha intentat recaptar en tres ocasions la versió de la institució que presideix Mercedes Hurtado sobre els motius per no apreciar intrusisme en aquest cas, però no ha obtingut resposta.

En aquest tipus d'investigacions, l'opinió del Col·legi de Metges resulta determinant, ja que es tracta de la corporació de dret públic encarregada de vetlar pel correcte exercici de la Medicina, especialment en un àmbit de col·legiació obligatòria. De fet, els casos d'intrusisme poden derivar tant en importants sancions econòmiques com, en els supòsits més greus, en procediments penals. La denúncia contra la Universitat Cardenal Herrera va ser presentada el 17 de novembre de 2025 i va quedar arxivada el passat 1 de juny.

Com ha vingut publicant elDiario.es en els últims mesos, un tècnic de laboratori va exercir durant anys funcions que no li corresponien i va arribar a embalsamar al voltant de 650 cadàvers. Després d'una denúncia del mateix treballador, la Inspecció Sanitària va concloure que existien elements suficients per a qualificar els fets com una infracció molt greu, d'acord amb els articles 34 i 35.c.1 de la Llei General de Sanitat i amb l'article 102 de la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, en relació amb els articles 35 i 50.3.b del Reglament de policia sanitària mortuòria valencià.

Tot i aquesta qualificació de falta molt greu, la sanció imposada va ser la mínima prevista: 15.100 euros, una quantitat que es reduïa fins als 9.000 euros en cas de pagament ràpid. La Inspecció va considerar com a circumstància atenuant el desconeixement de la norma. Al mateix temps, l'Administració ha iniciat una revisió normativa per a permetre que tècnics de laboratori puguen assumir tasques d'embalsamament de cadàvers.

En aquest sentit, segons va explicar en el seu dia la Conselleria de Sanitat, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 4 de juliol de 2025 una Guia de consens sobre sanitat mortuòria “en la qual es preveu que altres professionals, a més dels metges, puguen realitzar pràctiques de tanatopràxia”.

La guia estableix que el personal encarregat d'efectuar la tanatopràxia o de decidir sobre la necessitat de refrigeració o congelació d'un cadàver haurà de ser llicenciat o graduat en Medicina, comptar amb la qualificació professional de Tanatopràxia regulada pel Reial decret 140/2011 o disposar del corresponent certificat de professionalitat recollit en el Reial decret 1535/2011.

El departament que dirigeix Marciano Gómez treballa ara en una modificació de la normativa valenciana per a adaptar-la a aquest nou marc. Un canvi que obriria una activitat fins ara reservada als metges a altres perfils professionals, amb el consegüent abaratiment dels costos laborals.

La Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia se ahorró miles de euros durante más de 20 años al permitir, en contra de lo que establecía la normativa, que un técnico de laboratorio —y no un médico titulado— se encargara de las labores de embalsamamiento de cadáveres utilizados en la investigación y la docencia por profesores y alumnos. Esta práctica, que la Conselleria de Sanidad consideró irregular y por la que impuso una sanción económica por una falta muy grave, no ha sido interpretada del mismo modo por el órgano inspector del departamento que dirige Marciano Gómez. ¿El motivo? El propio Colegio de Médicos de Valencia no considera que se trate de un caso de intrusismo profesional.

Según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha cerrado la investigación y archivado la denuncia presentada contra el CEU por un extrabajador por presunto intrusismo profesional, tras analizar el informe emitido por la Comisión de Intrusismo y Defensa de la Salud —aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos en su sesión plenaria del 25 de marzo—. Este periódico ha intentado recabar en tres ocasiones la versión de la institución que preside Mercedes Hurtado sobre los motivos para no apreciar intrusismo en este caso, pero no ha obtenido respuesta.

En este tipo de investigaciones, la opinión del Colegio de Médicos resulta determinante, ya que se trata de la corporación de derecho público encargada de velar por el correcto ejercicio de la Medicina, especialmente en un ámbito de colegiación obligatoria. De hecho, los casos de intrusismo pueden derivar tanto en importantes sanciones económicas como, en los supuestos más graves, en procedimientos penales. La denuncia contra la Universidad Cardenal Herrera fue presentada el 17 de noviembre de 2025 y quedó archivada el pasado 1 de junio.

Como ha venido publicando elDiario.es en los últimos meses, un técnico de laboratorio desempeñó durante años funciones que no le correspondían y llegó a embalsamar alrededor de 650 cadáveres. Tras una denuncia del propio trabajador, la Inspección Sanitaria concluyó que existían elementos suficientes para calificar los hechos como una infracción muy grave, conforme a los artículos 34 y 35.c.1 de la Ley General de Sanidad y al artículo 102 de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, en relación con los artículos 35 y 50.3.b del reglamento de policía sanitaria mortuoria valenciano.

Pese a esa calificación de falta muy grave, la sanción impuesta fue la mínima prevista: 15.100 euros, una cantidad que se reducía a 9.000 euros en caso de pronto pago. La Inspección consideró como circunstancia atenuante el desconocimiento de la norma. Al mismo tiempo, la Administración ha iniciado una revisión normativa para permitir que técnicos de laboratorio puedan asumir tareas de embalsamamiento de cadáveres.

En este sentido, según explicó en su día la Conselleria de Sanidad, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 4 de julio de 2025 una Guía de Consenso sobre Sanidad Mortuoria “en la que se contempla que otros profesionales, además de los médicos, puedan realizar prácticas de tanatopraxia”.

La guía establece que el personal encargado de efectuar la tanatopraxia o de decidir sobre la necesidad de refrigeración o congelación de un cadáver deberá ser licenciado o graduado en Medicina, contar con la cualificación profesional de Tanatopraxia regulada por el Real Decreto 140/2011 o disponer del correspondiente certificado de profesionalidad recogido en el Real Decreto 1535/2011.

El departamento que dirige Marciano Gómez trabaja ahora en una modificación de la normativa valenciana para adaptarla a ese nuevo marco. Un cambio que abriría una actividad hasta ahora reservada a médicos a otros perfiles profesionales, con el consiguiente abaratamiento de costes laborales.

El semáforo ya está en verde para la instalación en Asturias de la tercera universidad privada. El Principado ha aprobado este lunes, en la sesión del Consejo de Gobierno, la autorización para que la Universidad Europea inicie su actividad en el polígono empresarial de La Pecuaria en Gijón/Xixón. Da así vía libre apenas seis meses después de dar el visto bueno a la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en la comunidad autónoma asturiana.

La Universidad Europea se sumará así a la lista que inauguraron las universidades de Nebrija, en Avilés, y Alfonso X El Sabio, en Oviedo/Uviéu.

Como ya ocurrió en las dos ocasiones anteriores, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Asturies, ha mostrado su rechazo a la puesta en marcha de una nueva universidad privada.

Zapico, de nuevo en contra

Unas diferencias de criterio que habían llegado anteriormente no solo a romper el consenso en el Consejo de Gobierno sino que incluso motivaron una reunión extraordinaria solicitada por Ovidio Zapico con el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón.

El presidente asturiano recogió el guante y, tras la reunión, ambos posaron para la foto, para escenificar que estas discrepancias se enmarcaban dentro de una situación de “normalidad” en el seno de un gobierno de coalición progresista integrado por dos partidos políticos diferentes y que, en cualquier caso, ello no suponía una ruptura. En esta ocasión, la autorización de esta tercera universidad privada le ha 'pillado' al presidente en México donde está de viaje institucional.

El Consejo de Gobierno aprobó la llegada de la Universidad Europea a Asturias a través de un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid. El centro se ubicará en el Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria y contará con una superficie total de 10.000 metros cuadrados.

Las titulaciones

Desde la propia Universidad Europea se ha confirmado que, una vez obtenidas todas las validaciones necesarias, impartirán las titulaciones de grado y posgrado más relevantes en el ámbito de la Salud.

El centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un proyecto educativo integral.

Un edificio modular y flexible

La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo orientado a la excelencia y la innovación “dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano”, advierten.

El campus ha sido proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos. Según los datos facilitados a eldiario.es Asturias, dispondrá de un edificio modular y flexible de 8.000 metros cuadrados.

“Se trata de una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del parque tecnológico”, explican.

La inversión

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la Institución.

Además, dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como entornos de relación y convivencia concebidos para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula.

Conexión con la realidad social

La presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, ha resaltado que la llegada a Asturias es un proyecto ilusionante, porque representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: “supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional”.

En su opinion, Asturias reúne talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo, por lo que quieren formar parte de ese futuro aportando su experiencia, modelo académico y una clara vocación de servicio.

Más de 350 empleos directos

“Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud”, ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha celebrado la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, un proyecto que permitirá crear más de 350 empleos directos.

Un punto de inflexión

“La llegada de la Universidad Europea marca un punto de inflexión para Gijón y evidencia un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo. Sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial de un Gijón que crece con hechos y de forma coherente con su identidad”.

“Al mismo tiempo, a través del proyecto de la Universidad Europea y su proyección a futuro, la ampliación del Parque Científico se consolida como un polo de innovación privilegiado en el norte de España y reafirma la apuesta del Ayuntamiento a la hora de blindar una ciudad de oportunidades”, sostiene la alcaldesa.

A continuación, reproducimos el post que ha difundido en su perfil de la red social X.

La institución académica, en cifras

La Universidad Europea cuenta con un 40% de estudiantes internacionales y, según los datos aportados, un 92,5% de los egresados encuentran empleo en los primeros 15 meses tras finalizar sus estudios.

Actualmente tiene más de 40.000 estudiantes de Grado, Postgrado o Formación Profesional Superior que cada año se forman de manera presencial o semi presencial en alguno de sus campus o en modalidad online.

El plazo

Una vez adoptada esta decisión por parte del Ejecutivo, la entidad promotora dispondrá ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales.

En España, la Institución cuenta con centros universitarios en Madrid, Valencia, Andalucía y Canarias.

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts, amb els vots a favor de PP i Vox i el rebuig majoritari de l'esquerra, la llei que permetrà la creació de la Universitat de Mallorca (Umac), un nou centre privat impulsat per Adema. La iniciativa reconeix la UMAC com una universitat privada amb personalitat jurídica pròpia i forma de societat limitada en un context de creixent debat sobre l'auge de l'ensenyament superior privat a les Balears i a la resta d'Espanya.

El nou centre, que s'ubicarà inicialment a Palma i Inca, oferirà titulacions en àmbits com Medicina, Odontologia, Enginyeria, Belles Arts o Ciències Polítiques, a més de màsters i doctorats. Tot i que no rebrà finançament directe dels pressupostos autonòmics, sí que podrà concórrer a convocatòries públiques competitives. La llei també regula la seva relació amb el sistema sanitari públic per a la realització de pràctiques, establint que els estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tindran prioritat en l'accés a hospitals i centres sanitaris.

L'impuls parlamentari de la Universitat de Mallorca va arribar després que els serveis tècnics del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats emetessin un informe desfavorable que qüestionava la viabilitat financera i les garanties docents i investigadores del projecte, tal com va informar El País, cosa que Adema va atribuir en un comunicat al fet que no havien pogut valorar-se alguns dels documents que acompanyaven al projecte perquè s'havien perdut en la seva “conversió a PDF”. Amb tot, atès que el dictamen no era vinculant, la Conselleria balear d'Educació va iniciar el seu propi procediment amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat del nou centre.

Finalment, la Conferència General de Política Universitària va emetre l'informe preceptiu necessari per avançar en el procés, un pas que, segons va denunciar Adema, es va produir “18 mesos després d'haver-se remès la memòria per part de la Conselleria”, atribuint aquesta demora a una “desició política” del Ministeri.

L'aprovació de la llei ha evidenciat, una vegada més, un fort xoc ideològic a la Cambra: des de MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertit que el Govern impulsa una política que “aposta per l'educació com un actiu de mercat i no com un dret” mentre que, en termes similars, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha denunciat que aquesta llei és la prova que els “lobbies” de les universitats privades “treballen colze amb colze amb el Govern per implantar-se a Balears”. “Parlan de llibertat però només volen afavorir l'ensenyament privat”, ha criticat. En una intervenció anterior, García ja va alertar que el text de la llei conté “diverses qüestions que generen dubtes”, com la figura jurídica d'Adema, constituïda a través d'una societat de responsabilitat limitada (Acadèmia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, per la seva banda, ha optat per l'abstenció, marcant distàncies amb el projecte, però evitant el rebuig frontal. Els socialistes reconeixen que aquesta iniciativa presenta diferències respecte a altres projectes privats, en haver-se desenvolupat -a parer seu- amb major diàleg i sense operacions urbanístiques controvertides. Tot i així, han advertit de “riscos” i han assegurat que estaran “vigilants” perquè el Govern no relegui la universitat pública. “En aquest cas sí que hi ha hagut debat i diàleg amb la comunitat universitària i s'ha fet sense imposicions ni operacions urbanístiques dubtoses. L'oferta de titulacions no entra en competència directa amb la universitat pública”, ha exposat la socialista Mercedes Garrido.

PP i Vox defensen la privada com a “oportunitat”

Des de la dreta, el PP ha defensat la llei com una ampliació del sistema universitari i no com una alternativa a la pública. “No hem triat entre reforçar la pública o ampliar el sistema, sinó les dues coses”, ha asseverat la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, per la seva part, ha emmarcat el debat en termes ideològics, defensant la universitat privada com a garantia de “llibertat” enfront del que ha qualificat com a “wokisme” en l’educació pública, i carregant contra la UIB per un suposat biaix ideològic.

El text de la norma incorpora algunes condicions després del seu pas pel Parlament, com l’obligació de destinar almenys un 5% dels ingressos a beques o el dret del Govern a intervenir en cas de canvi d’accionariat. A més, qualsevol nova titulació haurà de comptar amb l’aval de l’agència de qualitat universitària i l’autorització del Consell de Govern.

Per la seva part, Adema, promotora del projecte, ha celebrat l’aprovació de la llei i ha assegurat que la nova universitat permetrà reforçar la connexió entre la formació superior i el teixit productiu de les Balears. L’entitat preveu destinar 6,8 milions d’euros en beques durant la propera dècada per atraure talent i perfils d’alt rendiment.

Cal recordar que, el passat mes de setembre, el Govern ja va declarar com a projecte d’especial interès estratègic el nou centre universitari Beat Luis Belda, adscrit a la institució catòlica privada CEU San Pablo. Amb aquesta decisió, l’Executiu atorgava un tracte preferent a una iniciativa educativa confessional, situant-la en la mateixa categoria que projectes empresarials considerats essencials per a la transformació econòmica de les Illes.

Posteriorment, l’Executiu va anunciar la seva intenció de recórrer davant el Tribunal Suprem el decret del Govern central que endurirà els requisits per a la creació d’universitats privades, El vicepresident primer, Antoni Costa, va afirmar en el seu moment, de fet, que “no posaran bastons a les rodes” en el procés de posada en marxa d’aquests centres: “Creiem que l’oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] ha de ser complementada amb la privada. Es diu llibertat”.

El Parlament balear ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo mayoritario de la izquierda, a la ley que permitirá la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), un nuevo centro privado impulsado por Adema. La iniciativa reconoce a la UMAC como una universidad privada con personalidad jurídica propia y forma de sociedad limitada en un contexto de creciente debate sobre el auge de la enseñanza superior privada en Balears y en el resto de España.

El nuevo centro, que se ubicará inicialmente en Palma e Inca, ofrecerá titulaciones en ámbitos como Medicina, Odontología, Ingeniería, Bellas Artes o Ciencias Políticas, además de másteres y doctorados. Aunque no recibirá financiación directa de los presupuestos autonómicos, sí podrá concurrir a convocatorias públicas competitivas. La ley también regula su relación con el sistema sanitario público para la realización de prácticas, estableciendo que los estudiantes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) tendrán prioridad en el acceso a hospitales y centros sanitarios.

El impulso parlamentario de la Universidad de Mallorca llegó después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro.

Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.

La aprobación de la ley ha evidenciado, una vez más, un fuerte choque ideológico en la Cámara: desde MÉS per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha advertido de que el Govern impulsa una política que “apuesta por la educación como un activo de mercado y no como un derecho” mientras que, en términos similares, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha denunciado que esta ley es la prueba de que los “lobbies” de las universidades privadas “trabajan codo con codo con el Govern para implantarse en Balears”. “Hablan de libertad pero solo quieren favorecer la enseñanza privada”, ha criticado. En una intervención anterior, García ya alertó de que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.).

El PSIB-PSOE, por su parte, ha optado por la abstención, marcando distancias con el proyecto pero evitando el rechazo frontal. Los socialistas reconocen que esta iniciativa presenta diferencias respecto a otros proyectos privados, al haberse desarrollado -a su juicio- con mayor diálogo y sin operaciones urbanísticas controvertidas. Aun así, han advertido de “riesgos” y han asegurado que estarán “vigilantes” para que el Govern no relegue a la universidad pública. “En este caso sí que ha habido debate y diálogo con la comunidad universitaria y se ha hecho sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudas. La oferta de titulaciones no entra en competencia directa con la universidad pública”, ha expuesto la socialista Mercedes Garrido.

PP y Vox defienden la privada como “oportunidad”

Desde la derecha, el PP ha defendido la ley como una ampliación del sistema universitario y no como una alternativa a la pública. “No hemos elegido entre reforzar la pública o ampliar el sistema, sino las dos cosas”, ha aseverado la diputada Ana Isabel Curtó. Vox, por su parte, ha enmarcado el debate en términos ideológicos, defendiendo la universidad privada como garantía de “libertad” frente a lo que ha calificado como “wokismo” en la educación pública, y cargando contra la UIB por un supuesto sesgo ideológico.

El texto de la norma incorpora algunas condiciones tras su paso por el Parlament, como la obligación de destinar al menos un 5% de los ingresos a becas o el derecho del Govern a intervenir en caso de cambio de accionariado. Además, cualquier nueva titulación deberá contar con el aval de la agencia de calidad universitaria y la autorización del Consell de Govern.

Por su parte, Adema, promotora del proyecto, ha celebrado la aprobación de la ley y ha asegurado que la nueva universidad permitirá reforzar la conexión entre la formación superior y el tejido productivo de Baleares. La entidad prevé destinar 6,8 millones de euros en becas durante la próxima década para atraer talento y perfiles de alto rendimiento.

Cabe recordar que, el pasado mes de septiembre, el Govern ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas.

Posteriormente, el Ejecutivo anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó en su momento, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.

Isabel Díaz Ayuso acaba de firmar la paz con la universidad pública madrileña, con un acuerdo exprés que era impensable hace 15 días y que se ha negociado para cerrar la crisis más surrealista del gobierno de la Comunidad de Madrid. La caída de “los pocholos”, esos niños pijos sin currículo ni experiencia que gestionaban la educación madrileña comandados por un gurú conspiranoico y reaccionario, ha tenido como consecuencia un plan de financiación que gobierno y universidades han calificado de “histórico” y que supone un respiro en una situación agonizante. 

La inversión en los seis campus, que se encontraban en una situación crítica, será de 14.800 millones hasta 2031. Los detalles están por conocerse, pero el plan supone un crecimiento de un 41% de los fondos específicos. En el sexto año de modelo se sumarán otros 500 millones adicionales. Si esta cantidad les parece mucho y para ponerla en contexto, la Comunidad de Madrid aprobó a finales de 2025 unos pagos extra a Quirón de 500 millones, y le ha pagado sin rechistar en los últimos seis más de 6.000 millones de euros. Solo a Quirón. 

Hay que celebrar que Ayuso, movida por una crisis interna, haya dejado de “pocholear” con el futuro de las universidades públicas, a las que su gobierno ha asfixiado hasta el límite. Solo la Universidad Complutense se llegó a endeudar con la propia Comunidad por 34,5 millones de euros para pagar las nóminas, lo que le cuesta 4,4 millones solo en intereses. Y, a pesar de esto, la Complutense, produce más tesis doctorales que el conjunto de las 47 universidades privadas que existen en España. 

En estos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido ni querido disimular su desconfianza y desprecio hacia la universidad pública, a la que considera un nido de rojos y wokismo, en un discurso calcado del trumpismo y que esconde lo que de verdad importa: un modelo privatizador, en el que proliferan como hongos las universidades chiringuito sin mínimos estándares de calidad ni ningún afán investigador. Ya son 15 las universidades privadas madrileñas, por seis públicas; en toda España hay 50 universidades públicas y 47 privadas. En 2025 en Madrid, ya se matricularon más estudiantes de Medicina en las privadas, pagando más de 20.000 euros anuales, que en las públicas. Madrid es la comunidad con el profesorado peor pagado, con las matrículas más altas, con menos becas por estudiante y de las que menos invierte en educación por habitante. Y todo eso en la comunidad más rica de España y la que enarbola la defensa de la cultura occidental mientras desprecia a sus verdaderos custodios. El acceso público y universal al conocimiento es uno de los pilares de las sociedades libres, y no se puede defender la libertad sin defender la universidad pública. 

Una vez aprobado el plan de financiación plurianual y caída en desgracia la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) elaborada por el clan “pocholo” y que suponía una mercantilización extrema de la enseñanza superior en Madrid, queda pendiente poner coto a los chiringuitos disfrazados de universidad privada tan del agrado del gobierno madrileño. Junto a la privatización de la sanidad y la especulación inmobiliaria, las universidades privadas han contribuido a la creación de un Madrid de dos velocidades, caracterizado por la desigualdad, el pelotazo y el rentismo. El PP ha sido el partido que más ha contribuido a liquidar el paradigma meritocrático que tanto defiende de boquilla. Gracias a la acción de los gobiernos de las CCAA, la educación privada es un negocio que, en España, mueve 20.000 millones de euros al año. Se ha fomentado la entrada de fondos de inversión en las entidades privadas que ofertan carreras universitarias y másteres mientras se castigaba a la universidad pública. 

En un momento de transformación profunda y acelerada de la forma en la que se accede al conocimiento, hay que fortalecer el papel de la universidad pública, depositaria del conocimiento, espacio de innovación y de pensamiento crítico, motor del progreso económico y social y factor esencial para la igualdad de los ciudadanos. Una universidad no es una extensión de la empresa ni una máquina expendedora de títulos para los hijos de las familias pudientes. Si lo convertimos en eso, estaremos condenados a que otra generación de pocholos decida el futuro de nuestros hijos. 

Nuevas titulaciones en la universidad privada de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El Gobierno de La Rioja, según publica hoy el Boletín Oficial de la comunidad autónoma, ha autorizado la implantación de tres grados y cuatro másteres universitarios en este centro.

En concreto, los estudios que ampliarán la oferta universitaria de UNIR son: Grado en Antropología Social y Cultural, Grado en Ciencias de la Seguridad, Grado en Humanidades, Máster Universitario en Educación Emocional, Máster Universitario en Estudios Latinoamericanos, Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual y Máster Universitario en Tendencias Avanzadas en Arqueología.

Estos títulos cuentan con resolución de verificación positivas dictadas por el Consejo de Universidades y con informes favorables de evaluación por la ANECA, por lo que, después de la autorización del Gobierno de La Rioja, se remitirá la autorización al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que procede a sus inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

La Universidad Internacional de La Rioja imparte hasta el momento 45 grados universitarios, mientras que en la universidad pública (UR) son 32 más dos dobles grados. Aunque la mayoría de la formación ofertada en el centro privado es online, un acuerdo a tres bandas en 2024 entre Gobierno de La Rioja, UR y UNIR, permitió la oferta presencial en la privada, siempre que la titulación no la ofreciera ya o la previera impartir la pública. Así, en otras ciudades ya existen centros físicos de UNIR para cursar algunas FP.