La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha criticado con dureza el proyecto que plantea construir en Laredo un macropolígno industrial de más de medio millón de metros cuadrados que amenaza con expropiar 57 viviendas y más de 300 terrenos. “Es un proyecto megalómano sin fundamento, para hormigonar un suelo litoral inundable en el estuario del Asón”, ha denunciado el colectivo conservacionista.

La organización ha señalado en un comunicado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo, que impulsa el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), “repite el mismo patrón de los últimos veinte años”: proyectos “mal llamados industriales” promovidos por diferentes gobiernos de Cantabria que quedan “fallidos o infrautilizados”.

“Sin que exista un estudio de viabilidad económica que lo ampare”, ARCA denuncia “el abuso de la figura del PSIR para seguir consumiendo innecesariamente suelo rústico”. En este caso, tal y como resalta el grupo ecologista, se ubicará sobre “suelo rústico, inundable y previsiblemente afectado por posibles elevaciones del nivel del mar en los próximos años, a tenor de los estudios que la Universidad de Cantabria ha realizado sobre los efectos del cambio climático”.

“El hecho de que todo el ámbito sea inundable es motivo suficiente para descartar la ubicación de un polígono industrial, a la vista de situaciones catastróficas ocurridas este año en otras comunidades autónomas. Son suelos saturados de agua por influencia marina, que ya están ganados al mar, y que debieran tener algún grado de protección”, ha manifestado ARCA en un comunicado.

Así pues, este colectivo insiste en que “en ningún caso es un suelo apto para ubicar un polígono industrial sin uso determinado”. Y es que si no existe estudio de demanda, “el proyecto no se justifica”, por lo que se trata de “una nueva iniciativa para hormigonar una enorme bolsa de suelo rústico que posteriormente quedará sin ocupar”.

En este sentido, ARCA ha subrayado queen Cantabria existen ya 5,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial previstos en la franja costera por el POL (Plan de Ordenación del Litoral), superficie que no se ha llenado y que, sin embargo, no se está priorizando. Y ha citado como ejemplo el municipio de Castro Urdiales, donde el POL contempla 1,5 millones de metros cuadrados de uso industrial que siguen sin desarrollarse.

Asimismo, el colectivo ha defendido que este nuevo PSIR contradice la finalidad del POL, “al abusar otra vez de la costa para sellar suelo de altísimo valor ambiental”, en pleno estuario del Asón y junto a la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

A ello se suma que el límite del proyecto colinda con Colindres, lo que inevitablemente acabará por unir en un continuo urbano ambos municipios, vulnerando otro de los principios básicos del POL: “no fusionar núcleos existentes”. La asociación ha advertido además que el saneamiento de las marismas de Santoña lleva 20 años parado y empeora cada año el problema de los vertidos, por lo que “no debiera aprobarse este PSIR antes de que el saneamiento de este Espacio Natural esté solucionado”.

Otro de los aspectos que señalan es el impacto humano directo, ya que el proyecto se sitúa sobre parcelas con viviendas construidas y un camping, lo que obligará a “costear realojos y reubicaciones”.

En el plano económico, ARCA rechaza que se trate de una apuesta industrial generadora de empleo. Aseguran que lo que realmente plantea es “gastar 50 millones de euros de inversión pública”, lo que, aunque el informe de sostenibilidad económica justifica como no gravoso para la administración local, olvida reconocer que sí lo será para la autonómica“.

La asociación ha concluido señalando que se trata de un proyecto “sin motivación, sin estudio de demanda, con un estudio económico financiero irreal y que provocará un daño irreparable al ya de por sí maltrecho Estuario del Asón”.

La conversión de los pozos de sal de Polanco en el mayor depósito de hidrógeno del país ha despertado las dudas de los colectivos ecologistas de Cantabria sobre la necesidad y la seguridad de un almacén que apadrinan Enagás y Solvay, propietaria de las cavidades subterráneas salinas: un gas fácilmente inflamable que requiere altas cantidades de agua y un almacenamiento complejo y costoso. Hasta el punto de que la asociación ecologista ARCA considera en la mayoría de los casos resulta más eficiente, rentable y sostenible utilizar directamente electricidad renovable.

El proyecto de almacenamiento subterráneo de hidrógeno salió recientemente a consulta por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria. Las organizaciones ecologistas quieren que el proyecto de Polanco se someta a evaluación ambiental. ARCA tiene ciertas reticencias ante un gas cuyos escapes son habituales y que “estalla a la mínima”, advierte su portavoz, Carlos García. El hidrógeno es más ligero que el gas natural pero los promotores de su desarrollo estiman que la sal de los depósitos contribuye a estancarlo.

Ecologistas en Acción (EA), por su parte, ha pedido oficialmente la evaluación de toda clase de riesgos asociados al depósito de almacenamiento e informes “rigurosos” de instituciones científicas oficiales sobre el proyecto que consideran imprescindible que se someta a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), disponga de una autorización ambiental integrada (AAI) y pase por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria.

También advierte que el proyecto consta de dos partes distintas y relacionadas: el almacenamiento subterráneo de hidrógeno y las instalaciones de bombeo de hidrógeno en superficie que habrá que construir en la zona. En este sentido, el proyecto contempla además de las cavidades salinas, una planta de compresión y tratamiento del hidrógeno y un conducto que la conecta con los depósitos subterráneos.

Por su parte, ARCA muestra su oposición “a la idea de utilizar el reclamo publicitario del hidrógeno para justificar la construcción de nuevos gasoductos de dudosa necesidad”. En su opinión, plantea importantes interrogantes sobre la eficiencia de la red de transporte del hidrógeno.

“Los gasoductos para el hidrógeno son costosos de construir y de operar, y en última instancia, somos los consumidores de energía quienes pagamos la factura, por lo que instamos a extremar la precaución y evitar cualquier proyecto innecesario que se sustancie en una factura energética más elevada”, esgrimen.

Además, tachan de “especialmente alarmante” que este proyecto se justifique para el abastecimiento de centros de demanda de Francia y Alemania “sin tener en cuenta las necesidades de la Península Ibérica para su propia transición energética” que asumirá todos los impactos sociales y ambientales.

El recelo es aún mayor: no se especifica el destino final del hidrógeno ni se justifica su viabilidad económica. “Más bien, parece responder al interés del sector gasista por ampliar su modelo de negocio basado desde hace décadas en el gas fósil y sobrevivir a la transición energética”, apuntan en las alegaciones presentadas a este proyecto consultadas por elDiario.es.

La asociación ecologista considera “irresponsable e insostenible” apoyar un sistema de transporte de hidrógeno y hacerlo una prioridad cuando existen alternativas como la eficiencia energética, la electrificación directa y la reducción general de la demanda de gas. Apelan también a la lógica de que se podría producir energía renovable adicional para hidrógeno cerca de los puntos de consumo.

Alto consumo de agua

Igualmente, llaman la atención sobre el alto consumo de agua que se necesita para producir hidrógeno verde, un gas que se produce mediante la electrólisis del agua en unos dispositivos llamados electrolizadores que utilizan electricidad para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Cuando esta electricidad proviene de fuentes renovables, como la solar o la eólica, el hidrógeno resultante se denomina verde o renovable.

“El Plan Europeo del Hidrógeno (PEH 2 ) es todo un verdadero plan de promoción industrial a gran escala, con inversiones multimillonarias para las próximas décadas”, subraya el texto remitido a la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria.

Las organizaciones ecologistas ARCA, Ecologistas en Acción y Verdes Equo Cantabria han registrado alegaciones en contra del proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Meruelo y que pretende construir tres piscinas naturales en el río Campiazo. Los tres colectivos han expresado su respaldo a la oposición vecinal, que ha presentado sus propias alegaciones a una iniciativa que se encuentra sometida a información pública.

“Hemos mantenido contacto con las personas vecinas afectadas por el proyecto y que son quienes han impulsado un movimiento social contrario a su aprobación y desarrollo”, han señalado en un comunicado las tres organizaciones.

“Dicho movimiento vecinal ha presentado sus propias alegaciones, a las que hemos querido manifestar nuestro apoyo con el registro de las nuestras, en muestra de nuestro apoyo a su buen y ejemplar trabajo colaborativo, como organizaciones sociales implicadas en la defensa de los valores sociales, culturales y ambientales de nuestra región”, han defendido los representantes de los colectivos.

Así pues, ARCA, Ecologistas en Acción y Verdes Equo han subrayado que seguirán “trabajando con el vecindario y organizaciones colaboradoras, con el objetivo de paralizar un proyecto innecesario”. “No se ajusta a la normativa aplicable y tiene un impacto negativo sobre el Patrimonio cultural de Cantabria, con afección negativa sobre los valores naturales y sociales del entorno municipal”, han argumentado.

Ecologistas en Acción Cantabria y ARCA han anunciado su retirada del Grupo de Trabajo del Lobo al haber comprobado la muerte por disparos de, al menos, un lobo en la comarca de Campoo-Los Valles. Así lo han comunicado ambas organizaciones después de que la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), confirmara que ya ha comenzado la campaña para matar 41 ejemplares del cánido, aunque sin dar información sobre el desarrollo de la misma.

“Consideramos que no tiene sentido seguir formando parte de un grupo de trabajo cuyo objetivo era, teóricamente, dar participación en la elaboración de un nuevo Plan de Gestión del Lobo en Cantabria, cuando la Consejería decide actuar por su cuenta, empieza a matar lobos, e intenta ocultar estos hechos a los integrantes de la Mesa y a la opinión pública”, han señalado ARCA y Ecologistas en Acción.

Ambos han expresado su malestar porque la campaña comenzara sin que se hayan resuelto aún los recursos de alzada interpuestos contra la orden regional que autoriza la muerte de lobos.

“La Consejería de Ganadería ha comenzado la matanza de lobos en Cantabria sin haber contestado siquiera los recursos de alzada contra la orden que autorizaba la muerte de 41 lobos, y que fueron presentados tanto por Ecologistas en Acción como por Arca. La Consejería de Ganadería está dispuesta a saltarse y retorcer cualquier normativa en este terreno para conseguir su objetivo político de atraerse el voto de determinados sectores ganaderos y cinegéticos”, han indicado en un comunicado.

Ecologistas en Acción y ARCA reiteran que en pleno siglo XXI, y con los conocimientos actuales, es perfectamente posible reducir los ataques al ganado, y hacer compatible la ganadería extensiva y la conservación del lobo ibérico, aplicando “medidas y técnicas no letales, que ya han demostrado su eficacia en otros lugares”.

ARCA y Ecologistas en Acción han anunciado que van a utilizar todos los recursos legales a su alcance para hacer que “se imponga la legalidad jurídica, que se actúe conforme a las evidencias científicas que se están obviando, y para que asuman las responsabilidades pertinentes quienes con su forma de actuar están poniendo en peligro la supervivencia, tanto del lobo, como de la ganadería extensiva en Cantabria”.

ARCA y Ecologistas en Acción han acusado a la Consejería de Desarrollo Rural de “inflar sistemáticamente” el número de ataques del lobo, gestionar mal las ayudas a los ganaderos, no informar al Ministerio de Transición Ecológica, ni adoptar medidas preventivas. En especial, han sido críticos, no solo con la dirección política de la Consejería, sino con los técnicos o, en sus palabras, “un equipo técnico cualificado que no se someta a directrices políticas”.

Ha considerado que el Gobierno del PP “tapa su incompetencia” achacando al lobo los problemas del sector ganadero, en vez de atajarlos.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha presentado una serie de propuestas urbanísticas y ambientales para Santander ante la convocatoria de las elecciones municipales del 28 de mayo, entre las que incluye un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La asociación considera que Santander debe convertirse en “referente positivo” de lo que debe ser una planificación urbana participativa y sostenible, que mejore la calidad de vida de su diseño territorial y medio ambiente.

Entre estas propuestas, y de cara a que sean acogidas por los partidos que concurren a los comicios municipales, ARCA incluye la elaboración del un PGOU mediante un proceso de participación ciudadana abierto, a base de numerosos actos públicos, en los que los asistentes puedan contrastar las diferentes propuestas y enfoques, y apoyar con conocimiento previo el modelo de ciudad que consideran más oportuno para Santander.

También apuesta por la creación de un corredor verde desde el parque de La Remonta a las Estaciones, en el espacio destinado a la reordenación ferroviaria; resideñar La Remonta como parque naturalizado; consensuar la actividad futura del Puerto, para que minimizar y optimizar su ocupación de la bahía y zona litoral; y realizar un proceso abierto y contrastado de participación ciudadana para la ordenación del frente marítimo desde el Barrio Pesquero hasta la playa de Los Peligros.

Además, pide la consideración y gestión como paisaje cultural de la ensenada de La Magdalena-Peligros; la restitución de la senda costera al trazado y firme más natural posible; la recualificación de espacios urbanos interiores; la aprobación de una normativa de protección del arbolado urbano; y concebir el espacio norte litoral como reserva de suelo rural del municipio y patrimonio paisajístico-cultural.

En materia de patrimonio, aboga por la preservación de los edificios e instalaciones con valor histórico, cultural y etnográfico, y la adecuación, control e integración de las actuaciones que se realicen en sus entornos.

Este es un artículo que tal vez no interese a mucha gente: habla de leyes, de agendas políticas, de destrucción de empleo, de crisis del modelo del Estado del Bienestar. Es una historia que recorre muchos años, distintos gobiernos de un mismo partido, épocas de crecimiento económico y de recesiones, de la década perdida. Es también de un artículo que habla de los sábados como días propicios para publicar leyes que cambiaron, y pueden cambiar, la realidad en la que vivimos, con quién nos relacionamos, cómo y dónde nos relacionamos, como debemos concebir y actuar sobre el Medio Ambiente, sin duda uno de las grandes preocupaciones de una sociedad que sigue considerándolo como un bien común a preservar, y no una mercancía más sometidas a las leyes no tan ciegas del mercado.

Ayer, 10 de noviembre, sábado por supuesto, fue publicada la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad, conocida popularmente como Ley de Aceleración Empresarial, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Es una ley que reúne todos los elementos que la hacen candidata a vencedora en el ranking de leyes diseñadas para el lucro personal a costa del interés general: elaborada en la oscuridad (hasta que no fue presentada por PP y Ciudadanos (Cs) en la Asamblea Regional nadie conoció un solo artículo de su contenido) durante muchos meses, prescindió, al tramitarse a iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno Regional, de los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región Pública, prescindiendo además de cualquier información pública a través del Portal de la Transparencia; recibió un informe jurídico demoledor de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional sin que PP y Cs se inmutaran; concitó el rechazo de las organizaciones sindicales; los grupos parlamentarios socialista y de Podemos anunciaron recursos de inconstitucionalidad; se escribió en abundancia de una ley concebida como de “pseudoamnistía urbanística” de la que saldrían beneficiados determinados sectores económicos de una de las partes negociadoras de la futura ley, es decir, el lobby no influyendo sino redactándola directamente (algo similar a lo que ha ocurrido con el borrador de la Ley de Protección Integral de la Familia de la Región de Murcia). En definitiva, algo que no debiera suceder pero que es cada vez más corriente en nuestra Región.

En la aplicación de la Ley de Aceleración Empresarial va a tener mucho que ver la Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor o, la que será su sucesora si no se remedia, la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA), otro engendro del tipo “colaboración público-privada” en la que participarán, directa o indirectamente, aquellos intereses económicos integrados en la CROEM e implicados en que la entrada en vigor de la Ley de Aceleración Empresarial (lo hará el lunes, 12 de noviembre) resuelva lo antes posible sus problemas (“lo suyo”) con la legislación medioambiental europea, nacional y regional. Ya hemos escrito en algún otro lugar que de Rosa Luxemburgo solo ha pervivido lo de “la zorra cuidando el gallinero” en referencia al capitalismo.

La Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor, en sus diversas denominaciones, tiene dos características que han pervivido a lo largo del tiempo: la insuficiente dotación de personal para ejercer las competencias que tiene atribuida y la alta calidad profesional del mismo. El déficit crónico del personal tiene su origen en la asunción de las competencias en materia medioambiental en los años ochenta del siglo XX, en la creación de una “administración paralela” formada por “asistencias técnicas” carentes de las potestades públicas de los funcionarios, sobre todo a partir de 1995 pero también antes, y en otra ley que también fue publicada en sábado y que supuso el comienzo de la destrucción masiva de empleo público en la Administración Regional: la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública, que en muchas medidas fue un diktak del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirigido entonces por Cristóbal Montoro, tal como se comprobó con la posterior publicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, de la que la Ley Regional 5/2012 fue un anticipo temático en la aplicación de medidas de recorte draconianas en el resto de las administraciones públicas.

En un tiempo en el que se solicitaba más personal para ejercer las competencias de la Dirección General de Medio Ambiente y el Mar Menor, la respuesta del Gobierno Regional, obligado en parte también por la legislación estatal del momento, fue la de negarlo o la de, a partir de 2012, proceder a la supresión de todos aquellos puestos de trabajo vacantes o vacantes con reserva, y a proceder a la amortización del 90% de los puestos de trabajo vacantes por jubilación. Tal destrozo para la posibilidad de prestar los servicios públicos con eficacia y eficiencia ha llegado a 2018 con una Administración Regional esquelética, con necesidad de personal en prácticamente todas las consejerías y organismos autónomos y con un grave problema de reemplazo generacional en los próximos diez años, que promete colapsar su funcionamiento si no se crea empleo público neto en un breve plazo de tiempo.

Pero no nos alejemos del objeto de nuestro artículo. De lo demás se podrá hablar en otro momento: de la relación entre Estado del Bienestar y capacidad de gestionarlo con servicios públicos dotados técnica y humanamente, de la caída al vacío de una administración Regional envejecida, infradotada, infravalorada, arrojada a veces por los gestores públicos al escarnio público, juguete otras veces de componendas y acuerdos políticos que se entrometen en la autonomía sindical y su ámbito competencial.

La llamada Ley de Aceleración Empresarial es inconcebible, al menos en su carácter de ley de punto final para desmanes en unos casos y vacíos legales en otros si hacemos caso e interpretamos el Informe de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional, de la herramienta administrativa que acelere su aplicación. De este hecho se ha apercibido el PP, no dudamos que la CROEM y no sabemos si Ciudadanos (Cs). Pero tal servicio técnico y administrativo, ya lo hemos dicho, está formado por funcionarios que sirven al interés general, ejercen potestades públicas, son independientes y, además, se han leído la Constitución Española.

Por otro lado, siendo una Dirección General que tiene mucho que ver con la actividad económica y con la obligación de cumplir y hacer cumplir la legislación medioambiental, podemos suponer que sufren, en determinadas situaciones, presiones externas e intromisiones políticas inaceptables. ¿Pero que se consigue si integramos a la CROEM y a los intereses que representa (leamos de nuevo la Constitución) en la ARCA? ¿Qué se consigue si la Agencia de nueva creación tiene potestad para la contratación de personal que no será funcionario, no tendrá que ser independiente, no ejercerá potestades públicas y además sabrá que su elección no ha seguido los cauces del acceso a la Función Pública Regional y hay un referente no constitucional a la misma? Lógicamente estas preguntan tienen un problema añadido: el carácter del funcionario público, su independencia y su inamovilidad, posiblemente uno de los factores esenciales de la práctica democrática y de la misma esencia democrática del estado. Un problema, y no poco grave, que debería hacer reflexionar a los partidos políticos que tengan la tentación de apoyar la creación de la Agencia Regional y Medio Ambiente (ARCA) en la Asamblea Regional.

Llegado a este punto, solo queda transcribir lo que algunos compañeros de la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, también la del Medio Natural, en las últimas semanas: que llevan años pidiendo que se dote del personal funcionario suficiente, que son unos profesionales (lógicamente se sienten orgullosos de serlo) que han trabajado durante décadas con medios técnicos y humanos precarios pero siempre volcados en su trabajo, que la creación del ARCA va a crear más problemas que soluciones. Y lo que todos sabemos: la administración tiene que ser independiente, los funcionarios públicos deben ejercer sus potestades sin presiones externas y que el interés general es el fin de su actividad.

Pronto sabemos si la sospecha que muchos albergamos es real: que la creación del ARCA es necesaria para hacer efectiva la muy seguramente inconstitucional Ley de Aceleración Empresarial. La Asamblea Regional tiene la última palabra. De su decisión depende el futuro de muchas cosas.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha denunciado una reciente tala en Luena y ha advertido de que prácticas de este tipo y el “brutal impacto” que generan “ponen en peligro” la candidatura de los valles pasiegos para ser declarados Reserva de la Biosfera.

Concretamente, y según ha explicado en un comunicado este colectivo conservacionista, la tala se ha producido frente al pueblo de Bollacín y la margen derecha del río Magdalena.

ARCA ha explicado que “la densa red de pistas con argayos” provocados por la tala son un “perfecto ejemplo de un modelo de actuación insostenible y contraria a los principios de la gestión forestal a aplicar en una Reserva de la Biosfera”.

La asociación ha alertado del “extraordinario daño” que se causa al suelo con estas talas al facilitar su pérdida y degradación erosiva, provocando un “brutal impacto paisajístico” y, con ello, el “deterioro de la imagen turística de Cantabria”.

A juicio de ARCA, este tipo de actuaciones resultan “incompatibles” con la declaración de los Valles Pasiegos como Reserva de la Biosfera y ha urgido al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Luena a que inicien “cuanto antes acciones de restauración del territorio afectado, para corregir y restaurar el enorme impacto erosivo y el gran daño causado al suelo y paisaje”.

“Pertenecer a la Reserva de la Biosfera no debiera ser una mera acción publicitaria, sino que implica asumir un enfoque hacia el desarrollo sostenible de una comarca, donde naturaleza, economía y desarrollo social se unen”, ha avisado.

ARCA ha reconocido que pertenecer a esta Reserva supondrá un “cambio beneficioso” para la comarca pero ha advertido que ello obliga ser “mínimamente coherentes y serios en las actuaciones que se desarrollen en este territorio”.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha solicitado a la Demarcación de Costas del Estado en Cantabria la reversión de una concesión, originariamente agrícola y ganadera, situada en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

En concreto, el terreno está situado al norte, en las inmediaciones de Montehano, “en pleno centro” de la Reserva Natural.

El 19 de julio de 2017, ARCA denunció a la Demarcación de Costas la existencia de una superficie rellena situada al norte y en las inmediaciones de Montehano, dentro del Parque Natural, y solicitó la clausura inmediata de los vertederos irregulares existentes y el acceso a los mismos, así como la demolición de las estructuras industriales y la retirada de los rellenos sobre los que se asientan para permitir su restitución como marisma.

En un comunicado, ARCA ha explicado que, según comunicó la propia Demarcación posteriormente, los derechos concesionales de la parcela, que datan del 11 de octubre de 1932, ya se han extinguido en la parte central pero el resto lo harán el 29 de julio de 2018.

Por todo ello, la asociación ha solicitado que a partir de esta fecha se proceda a la reversión total de la concesión por la caducidad temporal de la misma y por el incumplimiento del fin concesional, que era cultivo agrícola y ganadero. Contrariamente, la parcela se ha venido utilizando posteriormente para usos industriales y últimamente como vertedero.

También alega ARCA la “relevante situación” de la misma en un lugar central de un espacio protegido con valores naturales de importancia europea, como es el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en un ámbito que es ZEC, ZEPA y Red Natura 2.000; y la “necesidad y conveniencia” de gestionar los espacios protegidos de una manera que resulte “ambientalmente referente y ejemplar” respecto al resto de los espacios litorales, evitando usos no acordes, degradantes y obsoletos como es el caso.

Considerando la valoración de la sociedad actual de los espacios naturales protegidos, el uso agrícola-ganadero, industrial o de mero vertedero resulta “contrario y totalmente incompatible con el valor primordial que debe de ser su restauración ambiental”, señala.

Igualmente, ARCA ha solicitado el derribo de las estructuras de hormigón existentes aún en pie, así como el posterior traslado de los materiales resultantes de su demolición.

El Gobierno regional acaba de un plumazo con la estructura medioambiental de la administración regional y deja las normativas de protección ambiental al criterio de las organizaciones empresariales

El propio funcionamiento de la ARCA estará controlado por el sector empresarial, al que se otorga poder de influencia máximo y sin control

Para el Gobierno regional de López Miras, el medio ambiente y el patrimonio natural, así como la legislación de protección medioambiental, han sido chinas en el zapato de cara a un desarrollismo sin límite, depredador de recursos (suelo, agua), que ha aumentado la degradación de nuestro patrimonio natural y contaminado nuestros ecosistemas.

El Gobierno de López Miras da una vuelta de tuerca más en la desregulación ambiental con el proyecto de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (ARCA). Esta última ocurrencia no es solamente un paso más, culmina así el objetivo del PP de desmontar la administración ambiental, externalizando funciones administrativas incluidas las de control y sancionadoras; con el objetivo de la disminución progresiva de las medidas protectoras y preventivas medioambientales.

El discurso sobre la creación de la Agencia pretende usar un lenguaje políticamente correcto: “teñir de verde la actividad empresarial” “una administración ágil y respetuosa con el medio ambiente”, “eliminar burocracia y simplificar la tramitación ambiental”.

Sin embargo la ARCA, que asumirá las funciones de las actuales direcciones generales de Medio Ambiente y Medio Natural, deja la puerta abierta a que entidades de control ambiental, externas a la consejería, puedan revisar las autorizaciones de proyectos. Esto significa, en la práctica, que el Gobierno regional acaba de un plumazo con la estructura medioambiental de la administración regional y deja las normativas de protección ambiental al criterio de las organizaciones empresariales. La ARCA expresa la privatización encubierta del medio ambiente al servicio de las organizaciones empresariales que configuran tradicionalmente el bloque de poder en la región, unos usuarios de prebendas y privilegios en detrimento de los derechos de la ciudadanía.

El organismo nace viciado, totalmente encaminado a defender los intereses empresariales en detrimento de la defensa del interés general medioambiental. Se pone en manos de personal de contratación externa la prevención y gestión sobre residuos, suelos contaminados, vertidos, calidad del aire, y la lucha contra el cambio climático.

Se externaliza fuera de la Consejería y del control del funcionariado independiente, la parte de la legislación ambiental que más conflicto genera con las empresas, para ponerla en manos de una agencia con personal contratado, precarizando el trabajo técnico y haciéndolo menos independiente al ser más sensible a las presiones políticas y empresariales. Además el propio funcionamiento de la ARCA estará controlado por el sector empresarial, al que se otorga poder de influencia máximo y sin control.

En el proyecto presentado, el Consejo Asesor de la ARCA, el órgano de asesoramiento, no contará con miembros de las organizaciones ecologistas, mientras que sí tendrá cuatro vocales en representación de las organizaciones empresariales (CROEM), uno de la Cámara de Comercio y otro de las empresas de economía social. Con esta propuesta, la ARCA será un instrumento para poner disposición del urbanismo depredador y la agroindustria, el medio ambiente y el patrimonio natural de nuestra región.

El proceso de creación de esta agencia culmina la voluntad desreguladora del PP y termina de desmontar la administración ambiental, externalizando funciones administrativas incluidas las de control y sancionadoras. Supone asumir, en la práctica el discurso de la patronal, que considera que el medio ambiente es, fundamentalmente, un problema.

López Miras señaló que tener que cumplir la legislación ambiental era un problema para la salvación del Mar Menor, y el propio consejero Celdrán ha afirmado que, con esta nueva agencia, la administración dejará de ser un freno para la actividad empresarial.

Las normativas de protección del Medio Ambiente no solamente protegen el medio natural y las especies silvestres, también la salud pública y la calidad de vida de la gente. El Gobierno regional lleva años reduciendo a la mínima expresión el presupuesto y el personal funcionario dedicado a las funciones medioambientales El camino es justo el contrario al establecimiento de la ARCA.

López Miras necesita un giro de 180 grados en la desregulación de las salvaguardas de la política ambiental. Destinar el presupuesto y personal suficientes para la gestión medioambiental en función de los intereses generales de todos/as es una cuestión de voluntad política. Es una necesidad urgente crear una Consejería específica de Medio Ambiente, aumentar los medios y recursos humanos y preservar la independencia de su cuerpo técnico-administrativo. López Miras no lo hará, esperemos que la ciudadanía se lo reclame.

"Estas destituciones reflejan el intento de desmantelar estas competencias claves y sustituir en estos puestos a personas más afines a las políticas del Gobierno regional y de la patronal"

"La creación de la ARCA, con el pretexto de una mayor simplificación de los trámites medioambientales, es un intento de evitar la salvaguarda y el control de los elementos de planificación y evaluación ambiental"

El Gobierno regional prosigue, sin prisas pero sin pausas, en su idea central de vaciar de contenido la Dirección General de Medio Ambiente. En este contexto se produjo el cese de funcionarios claves en la evaluación y control ambiental como la directora anterior de la Dirección General de Medio Ambiente, Encarna Molina, la Jefa Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, Antonia Dolores García y, por último, el jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Medioambiental, José Mora.

Estos puestos clave en el organigrama de Medio Ambiente sirven para el control y la elaboración de los informes de calificación ambiental, la supervisión y el control de las autorizaciones ambientales, la gestión de residuos, los suelos contaminados o la calidad del aire. Estas destituciones reflejan el intento de desmantelar estas competencias claves y sustituir en estos puestos a personas más afines a las políticas del Gobierno regional y de la patronal.

La merma que supone prescindir de funcionarios con un conocimiento exhaustivo de la protección del patrimonio ecológico. La destitución de funcionarios competentes en materia medioambiental supone una vuelta de tuerca más en el proceso de desregulación y descontrol sobre el patrimonio medioambiental de nuestra región.

A esto se une el proyecto de creación de la denominada Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), a propuesta de la patronal CROEM, que es otro elemento significativo del desmantelamiento del sistema de control ambiental de nuestra región.

La creación de la ARCA, con el pretexto de una mayor simplificación de los trámites medioambientales, es un intento de evitar la salvaguarda y el control de los elementos de planificación y evaluación ambiental. Significa, en la práctica, plegarse a los intereses de la organización patronal y dejar en manos de ésta, nuestros recursos naturales y la riqueza ambiental de la Región de Murcia.

La apuesta del Gobierno regional es instaurar un modelo que beneficia a los intereses empresariales en general y los urbanísticos en particular. Por otro lado, la creación de esta agencia puede suponer la sustitución de funcionarios por personal contratado interino menos blindado a las presiones exteriores. La gestión medioambiental no puede estar en manos de la patronal, tiene que estar al servicio de la ciudadanía en un organismo independiente de las presiones del urbanismo depredador o de un sector del empresariado.

Otro ejemplo palpable de este continuo desmantelamiento de las políticas de Medio Ambiente es la carencia de medios, infraestructuras y recursos humanos para desempeñar el trabajo en condiciones que vienen arrastrándose desde hace una década, así como como el malestar expresado recientemente por los funcionarios de esa Dirección. El gobierno regional da un paso más en la precariedad laboral y la falta de medios para dejar languidecer de forma lenta a la administración medioambiental en la región

Hay que añadir el mal funcionamiento del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), Órgano Consultivo y de Participación Pública en materia de Medio Ambiente., con el o el incumplimiento del calendario de reuniones anuales, como el incumplimiento reiterado de algunas funciones para las que fue creado.

El deterioro del medio ambiente en nuestra región es una contaste al alza: la agonía del Mar Menor, Portmán suelos contaminados, descontrol de los residuos, espacios naturales presionados por la voracidad urbanística, contaminación atmosférica, etc.; para los cual se necesita una administración regional que asegure la tutela medioambiental efectiva y el control democrático ante la proliferación de problemas ecológicos que tienen un impacto ambiental y de salud pública.

El horizonte que se divisa es malo. Estos cambios abren una perspectiva de inseguridad jurídica, de falta de transparencia política y un deterioro significativo de los mecanismos, las normativas y salvaguardas de protección del medio ambiente en nuestra región.

Es prioritario exigir un giro de las políticas del Gobierno regional que acaben con el desmantelamiento de las estructuras de evaluación y calidad ambiental. Hay que aumentar la dotación de personal funcionario, medios y recursos para poder hacer una labor de control y defensa de nuestro patrimonio.

En definitiva, hay que hacer políticas dirigidas a la preservación de nuestro patrimonio ecológico. La Dirección General de Medio Ambiente necesita dotarse de los necesarios recursos humanos independientes, dispositivos e infraestructuras para realizar su labor de una manera efectiva y con los máximos criterios de transparencia y servicio a la ciudadanía.

El plan de reordenación de los espacios ferroviarios de Santander, largamente demandado y siempre pospuesto por la coyuntura económica y política, no ha hecho más que dar unos tímidos pasos con el derribo de algunas naves en desuso, pero ya se ha encontrado las primeras voces críticas por priorizar la construcción de más edificios en una zona muy saturada de la ciudad frente a la posibilidad de impulsar una gran zona verde que actúe a modo de pulmón urbano.

Así lo ha manifestado este martes a través de un comunicado la organización ecologista ARCA, muy activa siempre en la fiscalización de este tipo de macroproyectos urbanísticos en Cantabria, y que ha criticado abiertamente los planes del Ministerio de Fomento que lidera el exalcalde Íñigo de la Serna (PP).

“La propuesta del Ministerio carece de la más elemental visión urbanística y en ella no se ha priorizado el interés general de la ciudad y de los vecinos de la zona. Es una propuesta hecha con visión cortoplacista y nada ambiciosa que no está a la altura de lo que Santander necesita, por carecer de la visión global y a largo plazo, de lo que la ciudad ha de priorizar en ese espacio que ofrece posibilidades únicas, históricas e irrepetibles para una adecuada ordenación urbana”, resumen desde ARCA.

En esta misma línea, el colectivo conservacionista ha tachado de“ilógico” que en el distrito más densamente construido de Santander, con menos espacios libres y en pleno centro de la ciudad, como es el barrio de Castilla-Hermida, “la política que se pretenda aplicar sea precisamente construir aún más edificios”.

A su juicio, con un espacio tan singular, estratégico y extenso, “no es admisible andar improvisando soluciones fragmentadas sin contemplar el uso de todo el territorio que se liberaría entre Peñacastillo y las estaciones”. Por ello, desde ARCA han defendido que hay que establecer primero la vocación global y la finalidad integral de toda la extensa franja de suelo a liberar, que abarca desde Cajo y La Remonta hasta la actual ubicación de Renfe y Feve.

Propuesta verde

Ante este escenario, y antes de que las administraciones públicas implicadas -Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria- pongan en marcha la propuesta impulsada por el departamento que dirige De la Serna, ARCA ha propuesto que toda la franja de terreno ocupada por las instalaciones ferroviarias que se puedan liberar pase a ser un extenso corredor verde con ambientación de parque urbano naturalizado, en la que puntualmente pueda ubicarse algún equipamiento social que esté justificado.

Igualmente, la organización ecologista ha propuesto a la Corporación municipal santanderina que “trabaje para conseguir este gran corredor verde” y que “priorice el interés más conveniente a largo plazo para la ciudad y sus habitantes”.

“Cuando hace tres décadas ARCA propuso la vaguada de Las Llamas como gran corredor verde, ya entonces hubo expertos urbanistas que plantearon la necesidad de priorizar el espacio ferroviario en el centro, como la futura e irrepetible oportunidad de conseguir otro corredor verde al que Santander no podía renunciar”, recuerda la asociación.

Según han explicado, este corredor comprendería desde Peñacastillo y el parque de La Remonta hasta las actuales estaciones, “aportando un enorme beneficio vital a los vecinos de Castilla-Hermida y a todos los santanderinos, una oportunidad única para acercar el diseño urbano de Santander a los parámetros de otras ciudades europeas y españolas, de orientación urbanística más moderna y democrática, en las que se priorizan las condiciones ambientales y  los intereses sociales de la gran mayoría de la población y la prevalencia de los espacios libres públicos”, han concluido.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) denuncia que en los últimos años el Gobierno central no ha hecho “nada” para tener una alternativa a Vueltra Ostera y advierte que ejecutar la sentencia de demolición sin una planta de sustitución supondría “una degradación y un retroceso potentísimo” en el estuario del Besaya.

Así lo ha manifestado a eldiario.es Carlos García, portavoz de la asociación ecologista, ante las declaraciones que ofreció el pasado miércoles en el Congreso la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. “Percibimos que no se ha hecho nada”, ha resaltado. “La ministra dice lo mismo que se decía hace cuatro años, todo con respuestas enormemente tibias”, ha incidido.

Tejerina, a la que el Tribunal Supremo ha designado como “autoridad responsable” de ejecutar “sin demora” la sentencia de derribo y le ha atribuido la obligación de dar cuenta “cada mes” de los pasos dados en este sentido, anunció como “inminente” la firma del contrato para el estudio de seis alternativas de ubicación a la depuradora actual.

Se trata de “una dilatación de espacios”, ha dicho García, en referencia al modo de actuar del Gobierno, a su juicio, “alargando y poniendo trabas de una manera indirecta con supuestos informes, procedimientos y estudios que nunca se hacen”.

En este sentido, asegura que el Ejecutivo central “está encantado” con los aplazamientos del derribo solicitados por los ecologistas para que se construya una alternativa, puesto que así “no hacen la otra”. “Estamos siendo utilizados como tontos útiles”, ha manifestado el portavoz de este colectivo.

Sin embargo, ha expresado que, puesto que la ministra ha sido “directamente citada como responsable”, “a lo mejor ahora cambia su prioridad y vemos otra manera de abordar este asunto”.

Así pues, García ha asegurado que desde ARCA están “expectantes” y observan, hasta el momento, “un continuismo”, la intención de que “pasen los años y las legislaturas y todo quede como está, es decir, una política de hechos consumados”. Es, por tanto, “una resistencia a la aplicación de la sentencia en toda regla”, ha apostillado.

Además, ha recordado que hace un año facilitaron al Ministerio sus criterios a la hora de escoger una alternativa a la depuradora, a petición del propio Gobierno. Posteriormente, en otoño, ARCA presentó el emplazamiento que consideraban como “idóneo”- la explanada del Puerto de Requejada-, tras recibir una carta del Ejecutivo solicitándoselo. En definitiva, García ha sentenciado que “la asociación ha cumplido pero el Gobierno no”.

Catástrofe para el Besaya

Por otra parte, el portavoz de este colectivo ha subrayado que la construcción de una depuradora nueva sin disponer de una alternativa supondría “la muerte de la vida en esa zona a todos los niveles”. Se produciría “una degradación y un retroceso potentísimo de un estuario que en los últimos años, a pesar de las industrias de la zona, ha experimentado una regeneración impresionante”, ha explicado.

Finalmente, ha reconocido que, a tenor de los acontecimientos, ARCA tendrá que ser “más activa” haciendo el seguimiento “mes a mes”, siendo “más exigente” con el calendario y “comunicando a la opinión pública, al Ministerio y a la Sala lo que se cumple y lo que no”. “La lentitud es enormemente sospechosa, no he visto una cosa igual”, ha concluido.

En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la Estación Depuradora al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados para ser ocupada por la Estación Depuradora de Vuelta Ostrera.

El Estado debe “ponerse las pilas”

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha vuelto a manifestarse este miércoles sobre la situación de Vuelta Ostrera, instando al Gobierno de Rajoy a “ponerse las pilas” para buscar una alternativa.

Tezanos ha alertado de que demoler la instalación antes de contar con otra supondría un “desastre” desde el punto de vista medioambiental y por ello, ha opinado que el Ministerio debe procurar otro indulto, para que el Tribunal Supremo conceda una nueva prórroga al derribo.

Igualmente, ha criticado que en los últimos años el PP ha “dilatado todos” los plazos y estrategias con el fin de no cumplir -ha dicho- fallo, tratando incluso -ha recordado- de legalizar la instalación con la reforma de la Ley de Costas.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una nueva providencia en la que ordena a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que dicte las órdenes procedentes “para llevar a efecto sin demora” la demolición de Vuelta Ostrera.

La resolución judicial, que está fechada el 10 de mayo, designa a la ministra “autoridad responsable” de ejecutar la sentencia y le obliga a dar cuenta “cada mes” de los pasos dados en este sentido.

En octubre de 2005, a raíz de una demanda presentada por la asociación ecologista Arca, el Tribunal Supremo ordenó la demolición de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Vuelta Ostrera, ubicada en Suances, por haberse construido en dominio público-terrestre, vulnerando así la Ley de Costas.

El Supremo atendió en el año 2006 el calendario propuesto por la Administración para proceder a la ejecución de la sentencia, que establecía la demolición en el segundo semestre de 2013, pero el pasado mes de enero, mediante auto, denegó prolongar de nuevo ese plazo hasta el año 2021 como pidió el abogado del Estado.

Ante el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno central de ejecutar dicha orden, el Tribunal Supremo ordena la demolición “sin demora”, hace “responsable” a la titular de Medio Ambiente y la obliga a “dar cuenta cada mes de las decisiones adoptadas al respecto y de la evolución de la ejecución”.

Sin alternativas

La providencia del Tribunal Supremo llega sin que las administraciones implicadas hayan acordado todavía una solución a la demolición de Vuelta Ostrera, que supuso una inversión de 24 millones de euros y cuya actividad está centrada en sanear las cuencas de los ríos Besaya y Saja.

En octubre del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente licitó por casi 700.000 euros la redacción de un proyecto para construir una nueva depurada a tan solo 300 metros de que ha de ser demolida, una alternativa con la que ni ARCA ni el Gobierno de Cantabria están de acuerdo.

Los motivos

En la sentencia de octubre de 2005, el Supremo ordenó la demolición de la Estación Depuradora al estimar un recurso de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2001 que declaró zona de reserva una parcela de terreno de dominicio público marítimo-terrestre de 87.450 metros cuadrados para ser ocupada por la Estación Depuradora de Vuelta Ostrera.

El Alto Tribunal consideró que dicho acuerdo incumplió la Ley de Costas, en cuanto que ésta establecía que únicamente se podría permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación.

Izquierda Unida (IU) no quiere que los responsables del desaguisado urbanístico del Alto del Cuco se vayan de rositas. Por eso, el concejal de esta formación en el Ayuntamiento de Piélagos, Rubén Vicente Carrillo, ha presentado una moción en la que insta al Consistorio a iniciar un procedimiento judicial de responsabilidad patrimonial contra los ediles que votaron a favor del proyecto y contra los funcionarios que lo avalaron con sus informes.

Para hacer frente al derribo de esta macroubanización de 200 chalés de lujo -declarada ilegal en el año 2011 por el Tribunal Supremo- y a la restauración ambiental de la zona, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar 3,7 millones de euros.

Estos trabajos comenzaron en agosto del año pasado gracias al acuerdo alcanzado entre el Consistorio y el Gobierno de Cantabria. Ante la incapacidad económica del Ayuntamiento de asumir el coste de las obras -un informe de los servicios técnicos municipales advertía de la necesidad de hacer importantes recortes en los servicios básicos e incluso tener que crear una tasa especial entre los vecinos-, el Ejecutivo autonómico aceptó adelantar los 3,7 millones, que serán devueltos por la administración local en los próximos diez años más un 1% de intereses.

A esa cantidad habrá que sumar la indemnización que los jueces determinen que le corresponde a la empresa constructora, Martinsa Fadesa, ya que esta levantó la urbanización con todos los permisos municipales en regla. Según señala IU en la exposición de motivos de la moción, que será debatida el próximo 11 de mayo, los administradores concursales de Martinsa Fadesa -que está en fase de liquidación- reclaman al Ayuntamiento 69 millones de euros por el lucro cesante.

Los responsables del Cuco

En la moción, consultada por eldiario.es, el concejal de IU expone que el exalcalde, Jesús Ángel Pacheco (PP) -ya fallecido- “no es muchísimo menos el único responsable” de la “nefasta” operación urbanística del Alto del Cuco.

Tal y como relata, el Plan Parcial fue aprobado de forma provisional en diciembre de 2013, pese a que el entonces portavoz municipal del PRC, Manuel Quintanal, ya advertía de la conveniencia de no otorgar derechos edificatorios en una zona que pudiera verse afectada por los futuros planes regionales de ordenación del territorio y del litoral, que fueron aprobados tan solo unos meses después.

En febrero de 2014, la dirección general y la comisión regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria emitieron sendos informes en los desfavorables a este Plan.

Aunque “la lógica y la prudencia” indicaban entonces que se paralizase la tramitación -continúa exponiendo Vicente Carrillo-, el 23 de marzo el Pleno de la Corporación municipal aprobó de forma definitiva el proyecto urbanístico. Este salió adelante con los votos favorables de los siete ediles del PP más otros dos concejales no adscritos que meses antes habían abandonado esta formación y que un mes después de la votación se reincorporaron con dedicación exclusiva al equipo de Gobierno. En contra se posicionaron los cuatro representantes del PSOE, los tres del PRC y el edil de la Agrupación de Pueblos Independiente de Piélagos.

Una “losa” sobre Piélagos

“Quienes votaron a favor de esta aprobación definitiva conocían el informe de la Comisión Regional de Urbanismo y fueron advertidos de las recientes modificaciones legislativas autonómicas, y sin embargo siguieron avanzando hacia el desastre que ahora pesa como una losa sobre las espaldas de todo el municipio”, denuncia el concejal de IU.

Además, Vicente Carrillo también apunta que “los concejales del PP tuvieron una última oportunidad de evitar tantos perjuicios a la ciudadanía, cuando 10 de junio de 2004 el Gobierno de Cantabria, desde su Consejería de Presidencia, requirió al Ayuntamiento que anulase o revocase el acuerdo del Pleno, una oportunidad que fue ignorada por los entonces gobernantes del municipio, que a través del puño y letra del alcalde rechazó el requerimiento”.

La urbanización

La urbanización del Alto del Cuco preveía la construcción de 400 viviendas de lujo. Fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a raíz de una demanda presentada por la asociación ecologista ARCA, a la que se adhirió el propio Gobierno de Cantabria -integrado por PRC y PSOE-, contrario a esta actuación urbanística.

En la sentencia, el TSJC cuestionaba “la agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplazaba la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar 395 viviendas”, en una actuación que calificaba de “traumática”. El fallo fue ratificado por el Tribunal Supremo en el año 2011.

Bob Dylan

Triplicate

Columbia / Sony

JAZZ

★6/10

Hace unos años que Dylan siente que juega el tiempo extra de su carrera discográfica, esos (en terminología baloncestística) “minutos de la basura” en los que ya no se espera que vaya a suceder nada determinante pero que, administrados con sabiduría, todavía podrían ofrecer algún golpe de genio.

Triplicate, generoso triple álbum, es a su vez el tercer disco consecutivo del de Duluth en que se entrega a versionar algunas de sus canciones favoritas de siempre. De alguna manera, Dylan parece hoy por hoy más interesado en establecer una suerte de canon de la música popular norteamericana de los últimos cien años que en aumentar su inabarcable aportación a la misma. Se lo ha ganado, qué duda cabe.

Así las cosas, con Triplicate sucede un poco como con algunas de las películas recientes de Woody Allen, una suerte de feliz refugio del autor en ese tiempo pasado que a estas alturas de sus vidas parece ser mejor. Entre ritmos sedosos que marca la percusión con escobillas, slide guitars, y, sobre todo, la voz arrastrada y más romanticona que nunca de Dylan, aquí encontramos acercamientos al legado del Tin Pan Alley, el jazz vocal de Louis Armstrong y, por supuesto, Frank Sinatra, aunque su presencia no resulte tan abrumadora como en los precedentes Shadows In The Night y Fallen Angels.

Arca

Arca

XL / Popstock

ELECTRÓNICA

★9/10

“Tócame de primera vez / Mátame una y otra vez / Ámame y átame y dególlame Búscame y penétrame y devórame / Yo te siento por dentro / Mira que reviento por dentro”. Es uno de los momentos más descarnados y explícitos de un álbum, el quinto de su carrera, tan íntimo que no podía llevar por título otro que Arca, nombre artístico del venezolano Alejandro Ghersi.

Arca se ha convertido rápidamente en uno de los más respetados productores de música electrónica de todo el mundo, reclamado por estrellas del calibre de Björk, Kanye West, FKA Twigs o Frank Ocean para dar lustre a sus propios discos. Sin embargo hasta hoy sus discos tenían un algo de delicatessen sólo para iniciados. Nada que ver con este trabajo homónimo en el que el artista venezolano se desnuda completamente por dentro y por fuera (toda una sorpresa su faceta como desinhibido vocalista) para completar una desgarradora colección de canciones con el amor, el sexo y las relaciones interpersonales como centro gravitacional.

Tenemos además la suerte de que sea la primera vez que Ghersi apueste por su lengua materna, el castellano, por lo que podemos considerarnos privilegiados por enfrentarnos a estas canciones disfrutando de todos sus matices. Porque este disco está destinado a convertirse en uno de los álbumes que marcarán el 2017.

Clark

Death peak

Warp / Music As Usual

ELECTRÓNICA

★8/10

Hace tres años su séptimo disco, el homónimo Clark, concretó todo lo que el británico había insinuado desde su debut allá por el cambio de milenio. Definitivamente existía un “sonido clark” más allá de las influencias obvias que siempre le habían perseguido, en buena medida como consecuencia de su filiación dentro de Warp, casa de los clásicos Aphex Twin, Autechre y Plaid. Aquel fue un disco emocionalmente demoledor, que retomaba la electrónica “inteligente” marca de la casa y le añadía unas gotas de misterio a lo Ghost Box (porque un padre siempre tiene algo que aprender de sus hijos).

Tras un tiempo enfrascado en otro tipo de trabajos, bandas sonoras televisivas como la de la miniserie británica The Last Panthers y encargos vinculados con las artes escénicas, Chris Clark vuelve a la carga con Death Peak, un álbum que comparte con su disco homónimo la vocación cien por cien electrónica y con el que definitivamente parece dejar a un lado aquellos experimentos con instrumentos reales que marcaron Iradelphic.

Es un retorno a sus propios orígenes que esencialmente se distingue por su aire ácido y por un incremento palpable de los BPM's. También porque, aunque el nivel sigue siendo excelente (estamos hablando de uno de los más destacados productores de música electrónica de nuestro tiempo), el nivel de las composiciones y sobre todo su impacto emocional se encuentran un peldaño por debajo de su predecesor.

Father John Misty

Pure comedy

Bella Union / [PIAS]

POP

★9/10

Uno de los grandes méritos de Josh Tillman en su corta pero intensa carrera ha sido estar a las duras y las maduras, cultivar por igual una carrera de culto que no rehuye el éxito y coquetea con el mainstream (esa sociedad puntual con divas como Lana Del Rey, Beyoncé o Lady Gaga). Es el tipo más moderno del momento, un hipster de manual que acapara portadas de revistas fashion a costa precisamente de mantenerse al margen de las tendencias, recién escapado como parece de una cápsula del tiempo que le haya traído al presente desde la idílica California de los 70.

Pure Comedy también surfea estas contradicciones, que no se convierten en mayor problema para que la leyenda alrededor de quien fuera batería de Fleet Foxes siga creciendo. Se trata de un álbum con hechuras de disco doble -alrededor de los 75 minutos- en el que Tillman se asegura de poner la venda antes de la herida: en el tema central, los 13 minutos de Leaving LA, apuesta por la autoparodia al retratar a “otro blanquito que en 2017 se toma demasiado en serio a sí mismo”. Porque, sí, Pure Comedy plantea una visión desesperanzada (otra más) de un mundo cínico, egoísta y disfuncional, en el que política y religión se convierten en irresoluble nudo gordiano para el común de los mortales.

Hasta se atreve a vislumbrar una revolución con la que liberarnos finalmente del yugo que nos oprime (Things it would be helpful to know before the revolution). Y todo esto lo hace con esa innata capacidad para ejercer de crooner romántico, de firmar canciones tan bonitas que inevitablemente nos van a poner de acuerdo a ti y a mí. Y reclutando para orquestarlas a un mito del avantgarde como es Gavin Bryars. Si eso no es talento...

Future Islands

The far field

4AD / Popstock!

POP

★8/10

Un respeto para Future Islands, currantes del (techno)pop que durante años chuparon kilómetros en la carretera y se buscaron la vida para conseguir sus 15 minutos de éxito. En su caso fueron 3, en el televisivo show de Letterman, y aquel inesperado pero merecido momento de gloria se viene alargando desde entonces, y van tres años ya.

Su nuevo álbum, el sexto del trío de Baltimore, mantiene una total coherencia con la línea artística que Samuel T. Herring y sus amigos vienen marcando en sus diez años de existencia: pop electrónico que se aleja de la frialdad europea para entroncar con la tradición emo del rock norteamericano.

En ese sentido el que The Far Field sea su álbum con mayor presupuesto, con diversos arreglos de vientos y cuerdas y por el que incluso llega a asomarse Debbie Harry (Shadows), no condiciona en lo esencial a unas canciones que mantienen su latido romántico y una fórmula inapelable.

Joan Miquel Oliver

Atlantis

Sony

POP

★8/10

Segunda entrega de la trilogía que el que fuera cantante de Antònia Font dedica al pintor Albert Pinya. Atlantis se presenta como la “antítesis” de Pegasus (2015), un disco que en lo formal plantea giros estilísticos imprevistos, siempre sometidos al férreo código sonoro de un Oliver que produce y lo toca casi todo. En realidad no hay fallo con el mallorquín, uno de los pocos músicos de dentro o fuera de nuestro país capaces de enfrentarse a una rumba (Rumba del Temps), un ejercicio de clubbing “destroyer” (Atlantis), el grunge (Torneig amistós) o la tradición acid-folk balear (Nins a tobogan) y seguir resultando igualmente divertido y evocador.

El concepto de su cuarto álbum en solitario gira alrededor de una Mallorca convertida en Atlántida, el continente sumergido, como consecuencia de la salvaje invasión turística que amenaza con llevarse por delante a la isla y convertir sus espacios naturales en vertederos.

Es lo más cerca que Oliver ha estado nunca de la canción-protesta, en una peculiar reinvención del género poblada de personajes mitológicos y escenarios maravillosos marca de la casa y sometida como siempre a la dictadura del pop.

Julia Holter

In the same room

Domino / Music As Usual

POP

★7/10

Partiendo de una aproximación musical de corte experimental que con el tiempo ha evolucionado hacia una suerte de exquisito art-pop, Julia Holter se ha ganado trabajo a trabajo un público cada vez mayor, sin por ello perder nunca el favor de la crítica. Sólo en ese contexto se puede entender el lanzamiento de un disco como este, con un interés relativo, permisible por tratarse de una artista que en estos momentos se sitúa más allá del bien y del mal.

En realidad In the Same Room supone el primer título de una nueva serie de lanzamientos del sello Domino, bautizada Documents, que pretende mostrar las capacidades de sus artistas en directo en las mejores condiciones de audio posibles. Para ello se registra un falso directo dentro del estudio, sin tomas falsas ni (supuestamente) modificación alguna.

En el caso de Julia Holter esto se traduce en una recreación de buena parte de su último álbum, Have you in my wilderness (2015), con el añadido de tres canciones de Loud city song (2013) y una de Tragedy (2011), que no hacen más que confirmar algo que quienes la hemos visto en directo ya sabíamos: por mucho que sus discos parezcan difíciles de llevar al terreno del live, cuando se suben al escenario Holter y sus tres o cuatro músicos son capaces de obrar el milagro. De hecho ese es el hándicap principal de un lanzamiento como este, sólo destinado a los muy fans: resulta complicado encontrar la razón de ser de un disco que en lo esencial apenas difiere de las grabaciones de estudio que ya conocíamos.

Residente

Residente

Sony

MESTIZAJE

★7/10

René Pérez Joglar ya había afrontado el tema de la multiculturalidad en su proyecto Calle 13 junto a Eduardo José Cabra Martínez. De hecho podría decirse que este Residente tiene un antecedente claro en Multiviral, el disco de Calle 13 de 2014 que en cierto modo anticipaba una serie de conceptos que definitivamente se convierten en el motor de este proyecto en solitario.

En realidad la escucha del disco se queda un poco coja si no se hace de forma paralela al visionado de un documental que sirve para explicar un proyecto que inicialmente surge como el rastreo de los orígenes de René y que ha terminado llevándole a rincones de todo el mundo.

En línea con esa visión de lo humano como inevitablemente mestizo, Residente está marcado por colaboraciones como las de Bombino, Soko, Omar Rodríguez-López (The Mars Volta) o Goran Bregovic, aportando los diferentes sabores de un disco que funciona al mismo tiempo como guía de viaje.

Que el Alto del Cuco es historia es una verdad a medias. Cierto es que las 214 viviendas construidas sobre el monte de La Picota han quedado reducidas a escombros gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos y que la recuperación ambiental de la zona comenzará a ejecutarse a principios de año, pero aun queda por dirimir una cuestión que es trascendental: la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

¿Quién o quiénes son los responsables de haber permitido a Martinsa Fadesa levantar una macrourbanización sobre un área protegida? Y, ¿con cuánto dinero ha de ser indemnizada la empresa?

En el año 2004, el Ayuntamiento de Piélagos aprobó el Plan Parcial del Alto del Cuco y concedió a Martinsa Fadesa las licencias oportunas para llevar a cabo la obra. Por lo tanto, la constructora es considerada, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, como una víctima más de la anulación del Plan Parcial. Por ello, debe ser resarcida económicamente.

El Ayuntamiento de Piélagos, en manos de la socialista Vérónica Samperio, guarda un mutismo absoluto sobre este asunto. Este diario ha intentado en diversas ocasiones ponerse en contacto con la alcaldesa o con algún miembro de su equipo de Gobierno sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna. Sin embargo, según ha podido saber eldiario.es, Martinsa Fadesa ha llegado a solicitar al Consistorio 270 millones de euros. Esa es la cantidad que la empresa puso sobre la mesa del exalcalde, Enrique Torre (PP), durante la anterior legislatura.  

El montante total no es para nada definitivo, sino que tiene que ser consensuado con la administración local o bien cifrado por un juez en caso de que ambas partes no alcancen un acuerdo. De hecho, el expediente elaborado por los técnicos municipales cifró la responsabilidad patrimonial en algo más de la mitad de lo que reclama la constructora. 

Para calcular la indemnización ha de tomarse como base lo que Martinsa Fadesa gastó en la construcción de la urbanización hasta que en 2007 fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y las obras quedaron paralizadas. Aquí se incluye la compra de los terrenos, los informes geológicos, medioambientales y arquitectónicos, el material, la maquinaria, la mano de obra... Sobre estos gastos la constructora ya presentó las facturas en el Ayuntamiento.

Por otro lado, también tiene que ser recompensada por el lucro cesante, es decir, por los beneficios que iba a obtener de la venta de los chalés. En este caso, la indemnización es mucho más compleja de calcular, ya que tiene un grado muy importante de subjetividad al no existir facturas como tal y al entrar en juego otros factores.

Por ejemplo, en el Alto del Cuco se preveían levantar 400 viviendas de lujo en tres fases distintas, la última ya en plena burbuja inmobiliaria, por lo que el valor de los inmuebles baja considerablemente. Como apunte, algunos de los chalés tenían un precio de salida de 300.000 euros. 

Responsabilidad, ¿única o compartida?

Cinco años se ha tardado en demoler la urbanización del Alto del Cuco desde que en 2011 el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del TSJC y declarara ilegal de forma definitiva la construcción. Determinar la responsabilidad patrimonial y que la misma se haga efectiva tampoco tiene visos de que vaya a concretarse en un breve plazo de tiempo, más bien lo contrario, si bien el Ayuntamiento ya tenía cerrado un expediente a mediados del año pasado y los contactos entre todas las partes implicadas siguen siendo habituales. 

Ese expediente fue presentado a comienzos de legislatura por la nueva regidora ante el Gobierno de Cantabria, al que la administración local considera responsable subsidario. El argumento del Consistorio es que el Ejecutivo, a través de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (CROTU), dio el visto bueno a la aprobación del Plan General que preveía el desarrollo del Alto del Cuco y, asimismo, destacan que el Plan Parcial contaba con informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

Por estos motivos, creen que la indemnización que se pacte debe ser asumida a partes iguales por ambas administraciones, una cuestión a la que el Ejecutivo se niega. Según recuerdan desde la Administración autonómica, el Gobierno advirtió tajantemente al Ayuntamiento de que no aprobara el Plan Parcial.

El pago con terrenos  

Sea cual sea la responsabilidad de las administraciones públicas, el Alto del Cuco supone para el Ayuntamiento de Piélagos un verdadero quebradero de cabeza y también un riesgo económico.

Tan solo el derribo y la restauración de la zona costará a las arcas municipales unos 3,7 millones de euros, dinero que será adelantado por el Gobierno de Cantabria y que el Consistorio devolverá anualmente durante los próximos diez años a un tipo de interés simbólico del 1%. 

La situación económica del Consistorio es tan delicada que para 'armar' este rescate con el Gobierno, los técnicos municipales elaboraron un informe en el que afirmaban que sería necesario crear un impuesto especial para afrontar el derribo del Alto del Cuco, así como recortar severamente la prestación de servicios públicos y actividades culturales y deportivas.    

Así, la responsabilidad patrimonial, que ascenderá a varias decenas de millones de euros, es todo un desafío para el Ayuntamiento. Para aliviar el desembolso que esto supondrá, el equipo de Gobierno barajó la posibilidad de ceder terrenos a la constructora, pero la realidad es que Piélagos carece de suelo público. De hecho, la construcción del nuevo y necesario colegio se ha demorado durante años porque ha sido necesario comprar terrenos.    

Por último, otro factor que es determinante para determinar la cuantía y las formas de pago y que es beneficioso para los intereses municipales es que Martinsa Fadesa está actualmente en fase de liquidación después de haber acumulado una deuda de 6.700 millones de euros y que su principal acreedor es la Sareb, el conocido como 'banco malo', creado por otra administración pública -el Gobierno central- para absorber los productos tóxicos inmobiliarios.

Recientemente, la constructora sacó a subasta los suelos del Alto del Cuco, tal y como desveló este diario. También está por determinar aun si en esos mismos suelos podrá edificarse en el futuro, lo que podría hacer rebajar la compensación económica si así lo recoge la revisión del Plan General que el Ayuntamiento está tramitando actualmente.   

La asociación ecologista ARCA ha hecho este miércoles un llamamiento a la ciudadanía para aprovechar la “oportunidad” que supone la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander y desarrollar un nuevo planeamiento que esté al servicio de la sociedad y no de un “pequeño grupo de promotores” inmobiliarios, como sucedía, a su juicio, con el documento urbanístico aprobado en el año 2012 y anulado ahora por el Tribunal Supremo.

“No va a ser fácil pero nos jugamos el futuro”, ha destacado el portavoz de la asociación, Carlos García, que ha comparecido en rueda de prensa para valorar la sentencia del Alto Tribunal dictada a raíz de un recurso presentado por su organización.

Durante su discurso, se ha mostrado muy duro con el Plan General aprobado por el Consistorio en la anterior legislatura con los votos de PP y PRC, ya que, en su opinión, fue “la obra maestra de la especulación desenfrenada”. “El Plan nació muerto y nosotros solo le hemos dado la puntilla”, ha señalado el portavoz de Arca, que ha calificado el PGOU como el “mayor enemigo” de la ciudad y de sus vecinos.

Igualmente, ha criticado la nula participación promovida por los populares al frente del Consistorio y a los dirigentes políticos en general, de los que ha dicho no esperar “nada”. “En Santander se informa y se pide apoyo pero si alguien no está a favor, se le critica”, ha denunciado García, que ha insistido en que “solamente se cuenta con los ciudadanos para detalles secundarios, como dónde poner una farola o unos árboles”.

En esta misma línea, ha citado como ejemplo el proceso de participación “amañado” del frente marítimo. “Ellos -equipo de Gobierno- ya establecen que allí quieren 700 viviendas y unos negocios de hostelería, y luego convocan un concurso de ideas para que las empresas desarrollen su proyecto. Eso no es participación”, ha enfatizado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la “plataformitis” para aumentar la presión social y, en particular, a los colegios profesionales y expertos, que en privado reconocen que el Plan General está para “el beneficio de un pequeño grupo de promotores” pero en público no se atreven a manifestarse por las “fuertes presiones locales”.

Por el contrario, García ha puesto como ejemplo el proceso de participación que está llevando a cabo la Consejería de Urbanismo del Gobierno de Cantabria con el PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio“ y en el que se ha invitado a participar a 300 asociaciones.

“Para los promotores, contra la ciudadanía”

“La anulación de este PGOU, independientemente del motivo, supone acabar con la mayor amenaza que tenía esta ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos porque preveía construir en todo el suelo hasta agotarlo. Era un plan de promotores, para promotores, contra la ciudad y la ciudadanía”, ha subrayado. A su juicio, el PP “no gestiona, deja que los promotores desarrollen”.

García, que ha indicado que Arca presentó la demanda porque “quiere mejorar la ciudad”, cree que el Plan General de 2012 nació viciado debido a que “en Santander no ha habido transición urbanística” y el modelo “no ha variado en 70 años”. “Probablemente, en el siglo XIX ya se hacía un urbanismo más avanzado”, ha asegurado.

Nueva demanda

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de Cantabria incluya en la Ley de Acompañamientos de los Presupuestos de 2017 una modificación de la Ley del Suelo para mantener vivo parte del Plan General anulado hasta que se desarrolle una nueva norma, como ha pedido el alcalde en funciones, César Díaz, el portavoz de la asociación ecologista ha destacado que estarán “atentos” y “vigilantes” y ha subrayado que “cambiar las leyes al antojo, no”.

“Una ley tiene que tener una visión amplia. No es serio hacer cambios a medida”, ha argumentado García, que también ha recordado que el Supremo ya ha anulado este tipo de cambios 'ad hoc', en alusión a las autorizaciones provisionales para las viviendas con sentencias de derribo.

“Hemos liberado a la ciudad de un retroceso decimonómico y se abre una nueva oportunidad de salvar lo que queda”, ha recalcado finalmente.

El Tribunal Supremo tumba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander y corrige así la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó en junio de 2015 el recurso de la asociación ecologista ARCA contra el modelo urbanístico impulsado por el Partido Popular en la ciudad, aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en septiembre de 2012.

Según adelanta VozPópuli en una información en exclusiva, y a falta de que se haga pública la sentencia de la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, los magistrados han estimado por unanimidad el recurso de casación interpuesto por ARCA, que sostenía que era “injustificada” la necesidad de delimitar “una inmensa superficie” del suelo edificable.

ARCA calificaba de “irreal” el crecimiento poblacional previsto en el PGOU de Santander y consideraba que no era justificable la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable. El nuevo modelo urbano impulsado por el equipo de Gobierno que lidera el alcalde, Íñigo de la Serna (PP), prevé una población máxima de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, estima que harán falta 35.316 nuevas viviendas.

El TSJC había defendido que “de ninguna forma puede ser calificada esta previsión como arbitraria ni irracional, porque se basa en la necesidad de dar acogida a un crecimiento urbano similar al producido en los últimos 15 años”. Las cifras, sin embargo, contrastan con la realidad, puesto que Santander ha ido perdiendo vecinos de forma progresiva.

De hecho, la crisis poblacional que sufre la ciudad en los últimos años se agudizó a lo largo de 2015, con un éxodo masivo de los más jóvenes hacia otras localidades del entorno que provocó que la capital descienda de los 175.000 habitantes por primera vez desde la década de los años 80.

En la pasada legislatura, los datos oficiales del Ayuntamiento de Santander indican que la ciudad perdió 6.114 habitantes. La tendencia, además, se sostiene en el tiempo: desde que tomó posesión en 2007 Íñigo de la Serna hay casi 10.000 vecinos menos. Mucho más lejos quedan los 191.079 habitantes que tuvo la ciudad en el año 1991, el punto más alto de la pirámide.

Cantabria es testigo este viernes de una de las inauguraciones más estrambóticas que se puedan dar en el mundo de la política: se ha cortado 'la cinta' para el comienzo del fin del Alto del Cuco, una macrourbanización de 400 viviendas de lujo que se construyó sobre un área de especial interés paisajístico -en el Monte La Picota- y que fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en 2011 por el Tribunal Supremo.

Casi cinco años después, esa sentencia ha comenzado a hacerse efectiva ante los ojos de un buen puñado de representantes institucionales, entre ellos, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Urbanismo y Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos. La empresa pública Tragsa ejecutará la demolición, que se prolongará por un periodo de seis meses y que tendrá un coste de 1,1 millones de euros. A ello, hay que sumar otros diez meses más y 2,6 millones para los trabajos de recuperación ambiental de la zona.  

El Alto del Cuco es uno de los símbolos de la España de la burbuja inmobiliaria y su derribo supone “un hito dentro del Estado español”. “Es un ejemplo emblemático de lo que es un atentado paisajístico: desmontar un monte físicamente para construir casas”, explica Carlos García, miembro de ARCA, la asociación ecologista que recurrió ante los tribunales el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2004.

Esta actuación urbanística cumple con todos los ingredientes de una conducta caciquil, con una gran constructora de por medio -Martinsa Fadesa-, una huida hacia adelante, un proceso judicial prolongado, una actuación ilegal con cargo a las arcas públicas y que, por tanto, acaban pagando los ciudadanos, y una condecoración pública y acto de homenaje para el principal responsable de la trama. 

Todo comienza, según cuenta Carlos García a eldiario.es, con la liberalización del suelo aprobada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, que modificó la ley para permitir construir en prácticamente todo el territorio, salvo aquel que estuviese expresamente protegido. Ayuntamientos como el de Piélagos se lanzaron entonces de forma “alegre e irresponsable” en brazos del ladrillo, al calor de las 'generosas' constructoras y los cuantiosos ingresos que se generaban a través de las plusvalías.

Así es como nació la urbanización del Alto del Cuco. En 2004, el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el PP con mayoría, dio luz verde a la operación a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo -un organismo consultivo dependiente del Gobierno de Cantabria- había emitido un informe desfavorable. Al final, el Plan Parcial se aprobó con los votos del PP más dos concejales no adscritos, que se habían salido de esta formación y que al mes siguiente de la votación se integraron al equipo de Gobierno con un sueldo por dedicación exclusiva. 

La huida hacia adelante de la Corporación municipal, comandada por Jesús Ángel Pachecho -alcalde del municipio durante 22 años-, abocó a ARCA a acudir a los tribunales. Cabe destacar que el Ejecutivo autonómico, gobernando en coalición por PRC y PSOE, se sumó a la demanda, de modo que el Gobierno de Cantabria se querelló contra un ayuntamiento de su propia comunidad.

Tres años más tarde, en marzo de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la urbanización en una sentencia que no dejó lugar a dudas: “La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano al que se llega tras una actuación traumática”.

Hasta ese momento, se habían levantado 214 viviendas de las 400 previstas y algunos de los compradores habían comenzado a vivir pese a no contar con los suministros básicos. Las obras quedaron paralizadas por orden judicial a la espera de que se resolviesen los numerosos recursos -hasta una docena- presentados por el Ayuntamiento y Martinsa Fadesa.

El veredicto final llegó en diciembre del 2011: el Tribunal Supremo ratificó el fallo del TSJC, así como el “importante e incontrovertido impacto paisajístico”. El megacomplejo quedó entonces a medio construir, inerte, al servicio de los amigos de lo ajeno, que a lo largo de estos años han aprovechado para llevarse el cobre o la fontanería, entre otros materiales. 

A diferencia del resto de las más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, los compradores en el Alto del Cuco fueron indemnizados por la constructora. “Ya no hay afectados como tal porque ahí las cosas se hicieron con relativa normalidad. En otros casos no había ningún tipo de aval ni de responsabilidad por parte de las constructoras”, explica el presidente de AMA, Antonio Vilela, la asociación que agrupa a este tipo de damnificados.  

El rescate público                 

La factura de la demolición la pagarán, por el momento, todos los cántabros. El Gobierno, que había recurrido el Plan Parcial, ha tenido que salir al rescate del Ayuntamiento de Piélagos, incapaz de asumir económicamente los 3,7 millones de euros. Previamente, los servicios municipales emitieron un informe advirtiendo que si el Consistorio tuviera que asumir el coste del derribo sería necesario crear un impuesto especial para los vecinos, además de tener que recortar servicios relacionados con la educación, la cultura o el deporte.

El Ayuntamiento devolverá el préstamos en cuotas anuales durante los próximos diez años, según refleja el convenio firmado entre ambas administraciones, que establece un interés simbólico del 1%. 

Aún falta por dilucidar la responsabilidad patrimonial, ya que Martinsa Fadesa comenzó las obras con todos los permisos en regla y por ello, tendrá que ser indemnizada. La cuantía aun está por resolver, pero según varios expertos consultados por este diario, será de varias decenas de millones de euros.

Homenaje al alcalde

En el centro de la operación urbanística se sitúa Jesús Ángel Pachecho, hombre fuerte del PP y alcalde de Piélagos desde 1989 y hasta 2011, año en el que fue inhabilitado poco antes de celebrarse las elecciones municipales, lo que le impidió por ley presentarse a una nueva reelección. 

Esa condena, que además incluía un año y medio de cárcel, no fue impedimento para que el Partido Popular de Cantabria le rindiese un homenaje público por su dilatada trayectoria política e igualmente le nombrara presidente de la formación en el municipio, un cargo honorífico.

No era la única causa judicial que Pacheco tenía pendiente. En mayo de 2015, una semana antes de fallecer a los 74 años de edad, fue imputado también por un delito de prevaricación urbanística. Durante su extenso mandato acumuló, además de la del Alto del Cuco, otras cuatro sentencias de derribo para sendas urbanizaciones, que en conjunto suman otras 80 viviendas pendientes de la piqueta.    

A día de hoy, en el Ayuntamiento de Piélagos hay cuatro personas que en 2004 votaron a favor del Plan Parcial y que continúan como concejales: José Manuel Alegría, Eva Arranz y Celestino Cobo, del PP, y José Antonio Castañeda, integrado en AVIP, una formación creada de una escisión de la formación conservadora. Pachecho fue el único que fue inhabilitado aunque no por el Alto del Cuco. Tampoco las urnas rindieron cuentas. 

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha ganado el pulso que mantenía desde el pasado verano con el Banco Santander. La organización ecologista presentó en mayo de 2014 una denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente contra la contaminación lumínica que produce el rótulo luminoso ubicado en la torre del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la entidad financiera en el municipio de Medio de Cudeyo, una batalla legal que ha terminado por apagar definitivamente el 'búnker' del banco.

El cartel con el logotipo oficial de la empresa está situado a 65 metros de altura y era visible desde el otro lado de la Bahía de Santander, a más de 10 kilómetros de distancia en línea recta. Desde la inauguración del CPD en diciembre de 2011, las críticas a esta torre de comunicaciones -en cuya parte superior está instalado un anuncio luminoso que rodea el perímetro de la torre y que ilumina con un radio de 360 grados- han sido continuas.

Según ARCA, el cartel tiene una luminancia máxima “muy superior” a la permitida en la Ley de Cantabria de Prevención de la Contaminación Lumínica, y sus efectos, así como la intensidad luminosa del anuncio, “pueden suponer un peligro de deslumbramiento y perturbación para los vehículos que circulan en ambos sentidos por la Autovía A-8, especialmente a la altura de las salidas hacia la localidad de Solares.

A las quejas de ARCA y de varios vecinos de la zona se sumaron también las protestas formales de la Dirección General de Tráfico (DGT), que coincidía en el diagnóstico, y de los responsables del aeropuerto de Santander, en el entorno cercano, después de que algunos pilotos lo señalaran como un foco de distracción en la maniobra de acercamiento para tomar tierra.

Además, los ecologistas denunciaron ante la Administración autonómica que el horario en el que el anuncio luminoso permanecía encendido, más allá de la medianoche, “no se sujetaba a lo establecido” por la mencionada Ley de Cantabria, un escollo que el propio Ayuntamiento de Medio Cudeyo intentó salvar con una decisión de urgencia que permitía ampliar ese horario hasta la una y media de la madrugada.

En virtud a ese acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Consistorio y de un estudio encargado por el propio Banco Santander, la Consejería de Medio Ambiente archivó en un primer momento la denuncia de ARCA. Para los ecologistas, esa decisión demostró la “falta de voluntad política” de los anteriores responsables para hacer cumplir la Ley de Prevención de Contaminación Lumínica. Algo que ahora, sin embargo, sí va a ocurrir.

“Tanto la Consejería de Medio Ambiente como el Ayuntamiento de Medio Cudeyo maniobraron todo lo posible por dar cobertura a esta situación ilegal. Finalmente, tras las denuncias, parece que ha imperado la racionalidad y el Centro de Datos del Banco de Santander ha optado por apagar el rótulo y poner fin a este foco de contaminación lumínica”, ha señalado a eldiario.es Javier García Oliva, encargado de impulsar la denuncia en nombre de ARCA.