Diez personas encerradas en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche se han escapado durante la mañana de este martes desde una ventana descolgándose por varias sábanas atadas entre sí, según ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.30 horas de este martes. Los internos aprovecharon un descanso tras el recuento matutino, cuando se estaba dando el desayuno, para descolgarse con las sábanas previamente enrrolladas y con una botella de agua en el borde para hacer de contrapeso.

Una vez en el patio, han saltado la valla perimetral para llegar al a calle y han huido a la carrera. La Policía Nacional, que custodia las instalaciones, ha detenido a tres de los internos huidos y están pendientes de un cuarto, han indicado las mismas fuentes. De momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido.

No es la primera vez que un grupo de internos trata de huir de los CIE. En agosto del año pasado, otras 17 personas se escaparon del centro de Aluche. “Escaparse es una respuesta desesperada de gente que ya viene a España desesperada. Acaban de llegar de la patera, se han jugado la vida en el mar y, tras la alegría de llegar, son encerradas. Saben que otros se quedan en libertad, no sabemos cuál es el criterio, lo que aumenta su ansiedad”, sostuvo una voluntaria de la ONG Karibu a eldiario.es.

Los CIE son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular, lo que supone una infracción administrativa, no un delito. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Las condiciones en las que son encerrados los inmigrantes en los CIE llevan años siendo denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, que han reclamado en reiteradas ocasiones el cierre de estos centros, al entender que la propia privación de libertad por una infracción administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

En los últimos años, los colectivos sociales que trabajan para garantizar los derechos de los migrantes en estos centros han documentado malos tratos, intimidaciones verbales o agresiones físicas, basadas en las quejas de los internos, por parte de los agentes que custodian las dependencias.

Son varias las voces que han criticado las condiciones materiales de estos centros, que han calificado como “peores que en las cárceles”, y han documentado hacinamiento, incomunicación, indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente o de intérprete.

Este lunes, la Fiscalía indicaba en su última memoria anual que “la infraestructura y dotación del centro” de Aluche “no son las idóneas para acoger a un número tan importante de personas”, y reclama “instalaciones amplías adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar”. Asimismo, aprecia “un deterioro progresivo del Centro derivado del uso y la constante afluencia de personas”.

En la tarde del viernes, al menos diez familias con niños pequeños y menores a su cargo emprendían camino hacia ninguna parte después de ser desalojados de la sala de espera de la central del Samur Social en Madrid, donde algunos de ellos habían dormido noches anteriores ante la falta de alternativa y el cerrojazo constante por parte de instituciones y oenegés dedicadas a la atención de solicitantes de asilo.

“Nos toca quedarnos en la calle, nos han dicho que nos tenemos que ir”, dice una mujer aguantando el llanto mientras arrastra una bolsa con las pocas pertenencias de su familia. Otro chico, acompañado de su mujer con la mirada perdida y su hijo de nueve meses en el regazo, se muestra muy nervioso. Quiere encontrar cobijo para ellos antes de que caiga la noche. Él tiene plaza en un albergue por el que no volverá a aparecer mientras su mujer y el bebé no tengan un techo. “Prefiero que me dejen a mí en la calle, pero no a ellos. A ellos no”, se lamenta este joven nicaragüense que huyó porque su vida corre peligro en su país.

Muchos de los testimonios de los afectados coinciden. Comparten experiencias vitales marcadas por la huida, pero también las adversidades que están encontrando en el exilio. Algunos han dormido en alguna ocasión en la sala de espera de la sede central del Samur Social, pero otros, como Estela (nombre ficticio, para preservar su anonimato, al igual que con el resto de los protagonistas de esta información), su marido y su hijo de menos de dos años, han pasado noches en la calle. “Fuimos a Accem, a Cruz Roja... a muchos sitios, pero nada. Caminamos y caminamos y cuando no podíamos más, nos parábamos a dormir donde podíamos”, cuenta esta mujer embarazada de seis meses mientras se acaricia con delicadeza el vientre, un gesto espontáneo que repite constantemente.

“Fuimos a Cruz Roja y la señora que nos atendió nos trató fatal. Nos dijo ‘¿qué quieres que haga, te meto en mi salón?”, se queja otra mujer al compartir en voz alta el via crucis recorrido en los últimos días en busca de un refugio en Madrid.

Otras seis familias de origen venezolano, salvadoreño, colombiano y georgiano, esperaron en la entrada de la sede del Samur Social después de ser desalojados del interior. “Nos dijeron que nos fuéramos. A algunos les han dicho que por las buenas o por las malas, que si no nos vamos llaman a la policía y hemos salido porque nosotros no queremos ningún problema con nadie”, narra uno de los afectados, un joven que huyó de Buenaventura, una de las zonas más azotadas por el conflicto y la violencia en Colombia.

El ultimátum se cumplió alrededor de las siete de la tarde, cuando aparecieron cuatro patrullas de agentes de la Policía Nacional. Fuentes del Ayuntamiento justifican lo ocurrido por “motivos de seguridad”, sin aportar mucha más información al respecto.

Fuentes cercanas al SAMUR Social han transmitido a este medio que, “es el Gobierno el primer responsable de esta situación, que se viene repitiendo, al menos, desde junio, porque no están haciendo acogida a solicitantes de asilo o refugiados, y el Ayuntamiento de Madrid hace lo que puede, pero creemos que le viene grande y solamente pone parches”.

Pero afirman que los mandos del consistorio, responsables del servicio y responsables del Área de Equidad, Derechos Sociales y Familia, “son conscientes de esta realidad y conocedores de la situación de calle de familias con menores, y no nos dan soluciones a este problema”. Además, denuncian que “la improvisación, la falta de información, el no respeto a derechos básicos, y el maltrato institucional, está gobernando el servicio y la atención” a estas personas. Cuyo efecto que también deja huella en la propia plantilla del SAMUR, que, dicen, “está al límite”, dándose “casos de depresión, mucho estrés y agotamiento”. “No podemos más”, se quejan.

Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han rehusado hacer declaraciones al respecto y han remitido al Ayuntamiento de Madrid, pese a ser este el órgano competente en el seguimiento y acompañamiento de las personas solicitantes de asilo, como es el caso de estas familias.

Finalmente, un total de 30 personas, repartidas en siete familias con once niños y niñas y una mujer embarazada, han encontrado un lugar donde dormir. Después de caminar en grupo por el centro de Madrid, cuidándose unos a otros y acompañados por algunos voluntarios de la Red Solidaria de Acogida y la Coordinadora de Barrios, llegaron a la Parroquia San Carlos Borromeo.

“Bienvenidos, esta es vuestra casa”, les recibió el párroco Javier Baeza. Allí les esperaban con mucho cariño y el calor que desprende la acogida ciudadana. Bastaron pocas horas para que se activara la red de alarma entre algunos vecinos y vecinas de Madrid, y hacer del templo vallecano, mucho más que un techo donde dormir, sino un espacio donde descansar y reponer fuerzas para continuar. Una respuesta que, con el propósito de dar de lado a la caridad y dar paso a la defensa de los derechos, lleva tiempo cubriendo las carencias o ausencias de las propias instituciones.

En palabras de Baeza, esta situación con 30 personas, entre ellos 11 menores de 13 años, alojadas en la parroquia como única alternativa para no dormir en la calle, “es la expresión de algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que ya advertimos a Marta Higueras (Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo) hace dos semanas, de que esto podría pasar y ha ocurrido”. Se muestra indignado, porque, dice, el consistorio madrileño “sigue negando que haya familias en la calle”. Considera que la actitud del nuevo Gobierno al frente del Ministerio, “está repitiendo las mismas políticas que tantos años hemos aguantado con el anterior” y señala que la Comunidad de Madrid “no actúa porque no tiene competencias directas y parece que estas personas para ellos no son ciudadanos”. Una combinación que, para él, se traduce en “mala atención” y “desbarajuste de coordinación entre las tres administraciones”.

Hay algo que preocupa especialmente tanto a Baeza como a los voluntarios de la Red Solidaria de Acogida y otros colectivos sociales, y es que, “el mensaje de colapso” que se está transmitiendo, “puede provocar que la situación reaccionaria que se está viviendo, se focalice contra las personas empobrecidas y no contra las personas que no articulan medidas a favor de las soluciones”.

Después de organizar los colchones repartidos por familias, pasaron al comedor, la cena estaba lista. Otra familia salvadoreña, que llevaba tres noches acogida en la Borromeo, también afectada por la misma situación, se esmeró en preparar y servir salchichas y una sopa reparadora para las nuevas familias.

Sin dejar de agradecer constantemente la acogida y el trato, comenzaron relajarse poco a poco. El gesto de Estela, por fin cambió. Observaba feliz a su marido haciendo carantoñas y juegos al hijo. Dos chiquitines se entretenían con unos libros infantiles, mientras que Santi, de 10 años jugaba con otro amiguito a hacer figuritas de plastilina.

Los más jóvenes aprovecharon para darse la primera ducha en varios días. Todos recuperan fuerzas y empiezan a sentir en sus cuerpos el alivio de ser atendidos y cuidados. Saben que les esperan días difíciles por delante, pero han descubierto que,pese a lo vivido hasta ahora, no están solos.

“Ya no se puede vivir allí, hay mucho odio, la muerte está en todos los rincones, las pandillas son una amenaza constante”, dice María, una joven que acaba de huir a Madrid desde El Salvador, un país atravesado por la violencia.

Su amiga Rosa la acompaña, ambas están en la misma situación. Aún llevan consigo un par de maletas y no tienen un lugar adónde ir en Madrid. Durante las dos noches que llevan en la capital, han pernoctado en la calle, envueltas en mantas para combatir el frío, con el propósito de conseguir cita previa para la primera entrevista para poder tramitar su solicitud de asilo en España.

No son las únicas. Desde hace semanas, en las inmediaciones de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras –donde también se ubica el CIE de Aluche–, se ha repetido la misma escena cada noche. Una fila enorme de gente se congrega allí durante horas, desde que cae la tarde hasta el amanecer, para solicitar cita previa, como primer paso para formalizar la solicitud de protección internacional, ya sea el derecho de asilo, que se concede a los refugiados, o la protección subsidiaria, que se otorga a los extranjeros que se encuentran en determinadas situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país de origen.

El procedimiento se ha convertido en presencial desde el 28 de mayo de este año, cuando dejó de estar operativo el número de teléfono 060, destinado a la petición de cita previa. “Por teléfono era mucho más cómodo pero las citas llegaban a los seis meses o más tarde”, explica Carmen Cabrillo, responsable del programa Afrique de SERCADE (Servicio Capuchino para el Desarrollo).

“Después cambian y abren comisarías para agilizar, aunque también se incurrían en muchos errores como la falta de traductores. Finalmente pasamos al momento de peticiones en Aluche y, ante lo que consideran que están muy sobrepasados, se monta este sistema [por orden de llegadas y presencial], que es un desastre porque no permite que la gente pida asilo”, sostiene. “A esto se suma que no están emitiendo tarjetas ni hay trabajadores sociales, por lo que se está bloqueando por todas partes”.

Mientras, cada noche, los solicitantes se autoorganizan y se inscriben en un papel por orden de llegada. Ya saben que conseguir un número superior a 80 supone una alta probabilidad de no ser atendidos a partir de las nueve de la mañana, cuando los funcionarios abren el servicio y usan ese listado de nombres para llamar a la gente.

Seis intentos para conseguir cita

A David, un joven paraguayo de 23 años, le conocen en la fila como “el chico de los seis días”, aludiendo al número de intentos que acumula para conseguir la cita. Esta vez parece que lo va a conseguir, su nombre aparece en la lista de los 80. Para amenizar la espera, que comenzó a las 19,30 de la tarde, tiene mantas, galletas, mate e incluso una pequeña carpa desmontable para protegerse del frío.

Lo comparte con otros que, como él, están allí con el mismo propósito. Como Maryory, venezolana de 48 años que apenas lleva una semana en Madrid. Es la segunda noche consecutiva que intenta lograr número para pedir cita. En esta ocasión llegó a las ocho de la tarde y consiguió el número 71, pero confiesa que está acostumbrada a esperar y a hacer cola.

“En Venezuela para comprar huevos hay que hacer largas horas de espera en la calle”, dice esta mujer, maestra de profesión. Muestra buen humor constantemente, también a la hora de hablar de su hija de cinco años, a quién ha tenido que dejar en su Mérida (Venezuela) natal, junto a los abuelos. Tiene ganas de empezar a trabajar pronto “y poco a poco” poder mandar dinero y medicinas para su madre enferma y ofrecer “un futuro mejor” a su hija.

Pasada la media noche, muchos se tumban en la acera, cubiertos con mantas y sacos de dormir. Hay quienes han traído alguna silla plegable o se sientan en cartones y combaten las horas conversando. Así es como se conocieron tres familias colombianas de Bogotá, Cali y Medellín. No pierden de vista al pequeño del grupo, un bebé de 22 meses que corretea hasta que el agotamiento le conduce al sueño. Es el hijo de Estefanía, también recién llegada a Madrid. Lamenta que no tiene a nadie con quien dejar al crío. “Ayer una madre que vino sola con sus dos hijos se quedó sin entrar, no paraba de llorar la pobre mujer”, cuenta Arnold, un chico colombiano que tiene el número 53.

Aunque la mayoría de la gente que aguarda la cola es de origen colombiano o venezolano, sobre la una de la noche aparece un grupo de jóvenes africanos que hace pocos días fueron rescatados en su travesía en el mar y trasladados a la costa de Málaga.

Como todos los que van llegando, preguntan por su turno. Después de pasar un rato deciden marcharse, la lista ya ha superado las 150 personas y están admitiendo a 80 diarias. Además, estos jóvenes, desde que llegaron a Madrid, viven en un centro para personas sin hogar, donde el protocolo sanciona a los usuarios que no acuden a dormir. Para que esto no ocurra y evitar verse en situación de calle, han tenido que pedir permiso y tendrán que volver a hacerlo. “Mañana lo intentaremos de nuevo”, comentan mientras emprenden el camino de vuelta.

Según activistas presentes en la cola para hacer un seguimiento, la Policía repartió este miércoles más números para solicitar cita de los que venía distribuyendo en las últimas semanas. “Esto ha reducido la fila. pero solo por días. No soluciona el problema porque no corrige el proceso engorroso que han impuesto para solicitar asilo y no garantiza que no se formen más colas”, concluye una activista antirracista a eldiario.es.

“Prefiero la muerte que volver a Marruecos. Si nos devuelven tendremos problemas con el régimen; y nos esperan torturas y violaciones. Nos pueden caer muchos años de cárcel. Me buscaron durante tres meses, entraron en mi casa, cogieron mi móvil, me quitaron la documentación, y huí al campo hasta que pillé la patera. Pido que no me devuelvan. Lo que me pase será culpa del Gobierno español”. 

Las palabras de Soufyan a este medio desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid, eran un ruego pocas horas antes de su inminente expulsión de España. No lo ha logrado. Durante la mañana de este miércoles, a las 10.15, ha sido devuelto a Marruecos junto a su compañero Emad en un avión de la compañía Swiftair, según han confirmado fuentes cercanas al caso a eldiario.es.

Los jóvenes habían solicitado asilo, pero se lo han denegado. Entonces iniciaron una huelga de hambre como protesta. Tras 11 días sin comer, Soufyan hablaba sin fuerzas y con doce kilos de menos. Si no toma azúcar sufre temblores y, denunciaba “la Policía no nos la da”. A él y a su compañero Emad les han examinado diariamente dos médicos. “Tienen las pupilas amarillas, ya no pueden andar, a Emad le dan taquicardias, y Soufyan se desmayó cuando le denegaron el recurso de asilo, y tuvo que ser trasladado a la enfermería”, relatan rifeños residentes en Madrid tras la última visita al CIE.

Según ha podido saber eldiario.es, los abogados de oficio han reiterado las medidas cautelarísimas a la Audiencia Nacional el martes 19 de junio por la tarde, víspera de la expulsión, cuando fueron informados por otros activistas. Los rifeños y rifeñas residentes en España escribieron una carta dirigida a Pedro Sánchez en la que solicitan la paralización de esta expulsión, además le piden que revise el marco legal existente que legitima la existencia de los CIE. Non consiguieron frenar la devolución.

Los familiares de Soufyan, de 23 años le aconsejaban desde Alhucemas que se quedara en España porque, dicen, “la policía pregunta por él y le buscan”. En Marruecos le avisaron de que se apartara del Movimiento del Rif, conocido como Hirak, que desde finales de 2016 reclama mejoras económicas y sociales para la región marroquí. “Me pidieron que parara, les dije que sí para que me soltaran, pero han detenido a todos mis compañeros así que no puedo dejar la lucha. En cualquier manifestación buscaban pretextos para arrestarnos”, detalla Soufyan.

No han corrido la misma suerte que sus 12 compañeros con los que cruzaron el Mediterráneo en patera, desde el Rif a Motril, durante 26 horas el pasado mes de mayo. Las autoridades españoles les denegaron la condición de refugiados porque consideran que “sus perfiles no son de interés para la persecución del Gobierno marroquí” al nos ser periodistas o blogueros, y niegan que en Marruecos “esté habiendo en este momento represión”, según información remitida a los abogados de oficio que han llevado el caso.

Los detenidos y los propios letrados desconocen por qué otros cinco rifeños de la misma patera han salido del CIE con la tarjeta roja de refugiados. Para Soufyan, “ha sido pura suerte. Estuve en más manifestaciones que cualquiera y no me quieren proteger”, recalca. Desde el Movimiento en Madrid, explican que “es aleatorio, les podía tocar a uno o a otro porque no quieren conceder el asilo a todos para evitar el llamado 'efecto llamada”.

“En Marruecos la represión será brutal”

Antes de ser devuelto, Emad alertaba de que “en Marruecos la represión será brutal” y rogaba más tiempo para poder aportar pruebas que puedan justificar su implicación en el Hirak. Quienes le visitaron insisten en su “en estado psicológico deteriorado”.

Es el mayor de tres hermanos de una familia de la localidad de Beni Bouaiach en Alhucemas, y participó activamente en las protestas del Movimiento Popular animando a jóvenes a unirse a las manifestaciones, como demostró su abogada con una imagen. Fue arrestado en la protesta del 20 de julio de 2017 en Alhucemas, extinguida con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad y pasó dos días en la comisaría junto a otros 350 manifestantes. Antes de embarcarse en la patera, dormía en diferentes alojamientos, cuenta que incluso pasó tiempo en el bosque, porque en varias ocasiones le fueron a buscar a su casa, según su relato.

Entre 14 jóvenes rifeños se organizaron para conseguir una patera y salir del país ante el acoso a manifestantes y más de un millar de arrestados en el último año. Fueron detenidos en aguas de la costa española y pasaron tres días en la comisaría de Motril. Cuatro -que llevaban documentación- fueron devueltos a Marruecos, mientras los otros siete fueron trasladados al CIE de Madrid.

Les adjudicaron dos abogados de oficio, expertos en Extranjería pero no en asilo, y aseguran que no les han permitido ser asistidos por organizaciones de defensa de los refugiados. Los letrados no recibieron notificación de la expulsión de sus clientes a pesar de que en su recurso se especifica con documentación que en Marruecos no estarían seguros.

Varias organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) han calificado a los detenidos del Rif como “presos y presas de conciencia” y vienen denunciando desde hace un año el “trato degradante en las cárceles, la falta de garantías jurídicas en los procesos judiciales y las condenas extralimitadas en contra de la libertad de expresión y de información”.

En Marruecos, el abogado de los presos del Hirak Mohamed Ziani se ha mostrado preocupado ante la vuelta de estos chicos porque, dice, “van directos a las torturas”. Él mismo sufrió la detención de sus hijos el 7 de junio para que se personara ante la justicia, y está recapacitando si seguirá con la defensa de los activistas. “Se quitan a los abogados del medio. No es noble coger a mis hijos como rehenes. Es fascismo”, confesó en Rabat. Otro de los letrados, el rifeño y activista Abdessadek El Bouchtaoui, huyó de una condena de año y medio de cárcel y vive en Europa.

Un año después de las detenciones, Alhucemas continúa controlada por las fuerzas de seguridad marroquíes, se siguen celebrando juicios a manifestantes, hay más de 500 personas detenidas en diez cárceles del país, según información aportada por el abogado en Alhucemas, Abdelmajid Azaryah; y algunos ciudadanos permanecen ocultos y otros refugiados en diferentes países europeos.

Más jóvenes rifeños siguen huyendo de Marruecos por las fronteras o en patera. Entre los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla suman más de veinticinco solicitudes de asilo, y esperan su traslado a la península.

El Juez de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha pedido al director del centro que traslade a todos los agentes de Policía que “el respeto a la dignidad e integridad moral de las personas internadas es una obligación constitucional básica que incumbe a todos los agentes de Policía”.

Así lo reclama en un auto del Juzgado de Control número 6, al que ha tenido acceso a Europa Press, en respuesta al requerimento a través de una carta firmada por 60 internos, en la que critican “los abusos de autoridad y los tratos vejatorios constantes, con burlas y con tratos xenófobos por parte de los agentes de Policía”.

Desde la ONG SOS Racismo afirman a través de un comunicado que estos tratos son especialmente incisivos con las personas no hispanohablantes, hacia quienes, según relatan, aumentan las burlas y abusos de autoridad. También señalan que muchas de las personas firmantes han sido trasladadas al CIE desde la frontera, inmediatamente tras su llegada al Estado español.

“Estas personas han enfrentado un duro y peligroso viaje, tal y como obliga el sistema actual de fronteras por el cual 2.654 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo en el año 2017. Muertes cuya responsabilidad apunta directamente a las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español”, lamentan.

Tras esta experiencia “potencialmente traumática”, sostienen que muchas personas se sienten tratadas “como animales” y perciben que la falta de conocimiento del idioma es castigada “con desprecios”, lo que “convierte su llegada a territorio europeo en un verdadero infierno”.

Las personas firmantes recalcan que se trata de unos hechos “que no deberían suceder pero suceden continuamente”. No obstante, añaden que no se trata de hechos en que estén implicados todos los agentes de policía que se encuentran en el CIE.

“Las denuncias son reflejo del racismo institucional”

Desde SOS Racismo Madrid ponen en valor “la valentía de quienes denuncian este trato aun permaneciendo privadas de libertad, bajo control policial y enfrentando un proceso de deportación”.

“Queremos, asimismo, apoyar su petición de un trato digno y respetuoso, lo cual consideramos incompatible con la propia existencia de los CIE. No hay que olvidar que en estos lugares se encierra a personas por estar en situación administrativa irregular, es decir, por una falta administrativa”, se quejan.

En estos centros son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

En los últimos meses, recuerdan que han recibido diversos testimonios de malos tratos en el CIE de Aluche que han sido denunciados ante los Juzgados correspondientes.

Por otro lado, señalan que esta misma semana Tanquem Els CIE y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia presentaban una denuncia por malos tratos y vejaciones racistas en el CIE de Zona Franca, en Barcelona.

Para la ONG, “todas estas denuncias son el reflejo de la realidad estructural de racismo institucional en la que se inscriben los CIE y las deportaciones, mostrando de forma clara que la política migratoria de España y de la Unión Europea se basa en la violencia y en la exclusión”.

“Los CIE son espacios de opacidad e impunidad en los que se suceden situaciones como las que denuncian las personas afectadas. Estos centros, tanto por su mera existencia como por lo que sucede en su interior, se caracterizan por el racismo y la intimidación. Todo ello evidencia una vez más la necesidad apremiante de cerrar los CIE y de acabar con las deportaciones”, concluyen.

La organización SOS Racismo Madrid ha denunciado este jueves una presunta agresión por parte de agentes de la Policía a un joven internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Según la ONG, los hechos se remontan al 10 de agosto.

La organización relata que aquel día el interno se quedó dormido en la celda a primera hora de la mañana. Cuando se despertó y quiso ir a desayunar, dicen, se encontró la verja cerrada. Entonces, explican, aunque llamó al timbre y gritó para le abriesen, “sus demandas fueron ignoradas hasta las 10 de la mañana”, apunta SOS Racismo, que se basa en el testimonio del migrante.

Fue en ese momento cuando, aseguran, se produjo la supuesta agresión. “Un numeroso grupo de agentes la Policía Nacional se personó en la celda, le empujaron al interior y le propinaron diversos golpes por todo el cuerpo causándole lesiones en el ojo, la nariz, la barbilla, la espalda, la pelvis y el brazo”, sostiene la ONG, cuyos activistas confirman que han podido “ver los hematomas y marcas que tiene en el cuerpo”. Estas celdas, recuerda SOS Racismo, no cuentan con cámaras de videovigilancia.

El joven, de origen argelino, relata a la ONG que fue trasladado al servicio médico del CIE tras los hechos. No obstante, como suele ser habitual en los casos de denuncias de agresiones en estos centros, el interno no cuenta con una copia de su informe médico, “incumpliendo una vez más los autos del Juzgado de Control”, puntualiza Sos Racismo en un comunicado. Posteriormente, el joven “fue encerrado en la celda de aislamiento durante aproximadamente 24 horas”, continúa la ONG, que recuerda que estos departamentos especiales “apenas cuentan con ventilación y espacio”.

Fuentes de la organización han explicado a eldiario.es que el Juzgado de control abrió diligencias sobre lo sucedido y el caso ha sido remitido al Juzgado de Instrucción correspondiente. La ONG exige que se lleven a cabo “las diligencias necesarias” para esclarecer estos hechos, “dirimir las responsabilidades y reparar el daño causado” al migrante.

Estas mismas fuentes también han confirmado que el joven ha quedado en libertad, pero alertan de que “todavía puede ser expulsado mediante prácticas como las deportaciones exprés que se realizan sin garantías judiciales en menos de 72 horas”.

Esta nueva denuncia por agresiones llega apenas tres semanas semanas después de la presentada el 1 de agosto, cuando la ONG aseguró que otro migrante recibió “una patada en la pierna” y varios puñetazos por parte de tres agentes horas antes de la protesta de 86 internos en el CIE de Aluche.

El Defensor del Pueblo, tras una visita al centro, pidió una copia de las grabaciones de estas protestas. El joven que denunció esta supuesta agresión policial no fue finalmente expulsado de España, tal y como alertó la ONG. El Ministerio de Interior decidió finalmente “sacarlo de la lista” del vuelo de deportación.

“Los CIE son espacios de opacidad e impunidad y, tal y como el propio Defensor del Pueblo advertía ante la anterior denuncia por agresiones presentada este mismo mes de agosto, hay diferentes prácticas que conllevan el sobreseimiento de este tipo de denuncias”, comenta SOS Racismo.

Las personas son encerradas en estos centros por encontrarse de manera irregular en España. Allí pueden permanecer privadas de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha pedido al director de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche que no restrinja las visitas de miembros de ONG a los internos.

Así consta en un auto del 8 de agosto de 2017, al que ha tenido acceso Europa Press, emitido a raíz de un escrito de representantes de las ONG Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Inmigrantes, SOS Racismo y Karibu.

En el texto, las ONG exponían que “la Dirección del CIE ha modificado, unilateralmente y sin previo aviso, las condiciones para llevar a cabo las visitas de las ONG a los internos restringiéndose a aquellas personas que pidan expresamente ser visitadas” y “obligándoles a pedirlo expresamente para cada una de las visitas que quieran recibir”.

A juicio de las asociaciones, esta medida “supone un obstáculo para la labor humanitaria que realizan pues incluso las personas que han sido visitadas y quieran ser visitadas al día siguiente deben solicitarlo de nuevo por escrito”.

“El CIE ha incumplido su propia normativa”

El juzgado se remonta a un auto de enero de 2011 en el que, “con el fin de garantizar los derechos fundamentales” de los internos, se estableció un marco para el derecho de visitas de las ONG refrendado por la propia dirección del CIE en el mes de marzo.

Por todo ello, la magistrada requiere al director del CIE que dé cumplimiento a su propio oficio del 1 de marzo de 2011 en el que se establecían las normas de gestión de visitas de las ONG a internos “dejando inmediatamente sin efectos las medidas adoptadas consistentes en la modificación de las condiciones de visitas de las ONG”.

Las asociaciones señalan en un comunicado que con esta “absurda decisión” la Dirección del CIE “ha incumplido su propia normativa, vulnerando los derechos de los internos y de las ONG en su labor humanitaria”. Según recuerdan, el derecho de acceso de las organizaciones para visitar a las personas internadas en los CIE está contemplado en el artículo 62 de la Ley de Extranjería, desarrollado en el reglamento de los CIE.

Las ONG celebran el auto de la magistrada e indican que la resolución “se une a la catarata de autos dictados por los Juzgados de Control durante los últimos meses denunciando el incumplimiento reiterado de la normativa en el CIE de Madrid en lo relativo al acceso al derecho de asilo y la atención médica o la identificación de los agentes de la Policía Nacional”.

También citan la reciente denuncia del Defensor del Pueblo respecto a la estancia en el Centro de un grupo de 13 posibles menores, que está siendo investigada por la Fiscalía en la actualidad.

Pueblos Unidos, SOS Racismo Madrid y Karibu exponen que por estas situaciones intentan “mantener una presencia constante” en el CIE a través de sus voluntarios y avanzan que no dejarán de pedir al Gobierno “el cierre de todos los CIE del Estado y el cambio de la política migratoria para garantizar la acogida y la inclusión”.

Las personas son encerradas en estos centros gestionados por la policía por encontrarse en situación irregular en España. Pueden permanecer privadas de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad. 

El joven que ha denunciado haber sufrido una supuesta agresión policial en el CIE de Aluche no ha sido finalmente expulsado de España, tras haber sido “sacado de la lista” del vuelo de deportación en el que iba a ser expulsado esta madrugada, según ha confirmado a eldiario.es la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que alega “decisiones políticas” como causa de esta suspensión.

La organización SOS Racismo alertó este miércoles de que el interno había recibido una notificación de vuelo para ser deportado la pasada madrugada. Según su información,  la expulsión también había sido notificada a “varios testigos” de los hechos que se produjeron el pasado lunes.

La ONG ha relatado a este medio que, según “diversas fuentes”, sobre las 20 horas de la tarde del miércoles, “al menos cuatro” de estas personas y el joven “fueron informados de que les habían retirado la notificación de expulsión”. Sin embargo, desde la organización aseguran que “desconocen si otras 25 personas” que también recibieron la notificación han sido finalmente expulsadas. La Delegación del Gobierno, por su parte, afirma que “no tiene información” sobre qué ha ocurrido con estos internos.

SOS Racismo presentó este jueves una queja al Defensor del Pueblo y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que “se paralizaran” estas deportaciones y “pudieran investigarse los hechos”, así como una solicitud de medidas cautelares urgentes “para bloquear la expulsión”. 

Sin embargo, la suspensión del supuestamente agredido es solo temporal. Fuentes de la delegación apuntan que aunque el interno haya sido “sacado de la lista del vuelo”, su “procedimiento de expulsión sigue adelante”. Según estas mismas fuentes, el joven “tiene antecedentes penales”. 

El interno, de origen marroquí, asegura que tres policías nacionales “sin placa identificativa” le propinaron una “patada en la pierna, un puñetazo en la oreja y diversos puñetazos en la espalda”, según se recoge en la denuncia de SOS Racismo presentada este martes en el Juzgado de instrucción número 38 de Madrid a la que tuvo acceso eldiario.es.

No obstante, como suele ser habitual en los casos de denuncias de agresiones en los CIE, el interno no cuenta con un informe médico. A la mañana siguiente, explica la organización basándose en el relato del supuestamente agredido, el joven acudió al servicio médico del CIE “donde le dieron una pastilla, un ibuprofeno” y “no le facilitaron el obligado informe médico”.

Los hechos narrados por la organización se produjeron el lunes, a la hora de la cena, después de que el interno protestara por los alimentos que se les estaba suministrando, según su testimonio. Según la organización, la agresión denunciada se produjo horas antes de la protesta desencadenada en el CIE a partir de la medianoche de este lunes, cuando 86 internos realizaron varias sentadas en el interior del centro. 

La organización ya había advertido este martes de la posibilidad de expulsión del interno presuntamente agredido y los testigos que dicen haber presenciado los hechos. “Estas expulsiones contribuyen a perpetuar la opacidad en los CIE, la impunidad y violan los supuestos más básicos del Estado de Derecho”, han afirmado desde la ONG. 

Inspección del Defensor del Pueblo

SOS Racismo asegura que las personas a las que les fue notificada la deportación relatan que la policía “se llevó a la persona que denuncia las agresiones y le aislaron en el pasillo de ingresos hasta la medianoche”. Fue entonces cuando, según el testimonio de los internos, se produjo la protesta en el centro. 

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó este martes el centro de Aluche para “conocer de primera mano” los hechos ocurridos la noche del lunes. En ella se entrevistó, asegura, con los internos y los responsables del CIE. Tras la visita, la institución ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras una “copia de las grabaciones completas de los incidentes”, así como de los informes médicos emitidos por el centro y el SAMUR.

“Las instalaciones siguen siendo inadecuadas, falta asistencia sanitaria permanente y se han detectado carencias en la asistencia social que debería ser asumida por personal especializado ajeno a la policía”, reitera el Defensor del Pueblo tras la inspección. El organismo se muestra “preocupado” por que “no se hayan producido algunas de las reformas previstas” en el reglamento de los CIE que entró en vigor hace tres años.

El CIE de Aluche, el Centro de Internamiento de Extranjeros del sur de Madrid ha vuelto a ser escenario de protestas. En esta ocasión, dentro de sus instalaciones 86 personas de origen magrebí, argelino y senegalés se han movilizado durante la noche de este lunes para rechazar su próxima deportación, según ha informado El Mundo. 

Fuentes consultadas por eldiario.es han informado que la protesta, a diferencia de lo que ocurriese el pasado mes de octubre, se ha llevado en todo momento dentro de las instalaciones finalizando con una sentada en su patio interior en el momento de la intervención policial. 

Los 86 internos que protestan llegaron a España en patera y fueron trasladados desde Algeciras al CIE de Aluche. Son los magrebíes, junto a los senegaleses, las personas que menos duran en los Centros de Internamiento de Extranjeros de España al haber más conexiones aéreas con sus países de origen. 

Los acontecimientos se habrían saldado con varios elementos del mobiliario dañado, entre ellos varias puertas. Esto es lo que supuestamente habría provocado el desplazamiento de una unidad de antidisturbios de la Policía, según informa el rotativo.

Las personas son encerradas en estos centros gestionados por la policía por encontrarse en situación irregular en España. Pueden permanecer privadas de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad. 

Manuela Carmena quiere lograr el cierre del CIE de Madrid desde dentro. La mesa de trabajo del Ayuntamiento sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche ha presentado, en colaboración varias ONG, una serie de medidas concretas encaminadas a vaciarlos: disminuir el número de personas encerradas y el tiempo de estancia en ellos y, mientras, proporcionar un mayor control del respeto de los derechos fundamentales en su interior.

Para ello, el Consistorio ofrece viviendas municipales en sustitución de la privación de libertad y plantea que los trabajadores sociales estén presentes durante todo el proceso del internamiento.

Hace más de un año, los denominados Ayuntamientos del cambio declararon la guerra a los Centros de Internamiento para Extranjeros. La primera en pasar a la acción fue Ada Coulau, que exigió al Gobierno central el blindaje del CIE de Zona Franca alegando que está construido sobre un terreno municipal que requiere de licencia de actividades. Si bien el Consistorio de Barcelona no ha dudado en acudir a la vía judicial, la batalla de Carmena es más diplomática: se limita a ofrecer diversos mecanismos municipales para, dentro de sus competencias, evidenciar que estos centros no son necesarios.

Según el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es y en el que han colaborado varias ONG como SOS Racismo, el Ayuntamiento de Madrid “expresa de forma clara su posición a favor del cierre del CIE de Aluche”, pero “mientras se produce este hecho” proponen objetivos y medidas concretas para ser aplicadas dentro de sus competencias antes, durante y después del internamiento para “garantizar y preservar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de libertad” en este centro.

En primer lugar, el Consistorio busca disminuir el número de personas extranjeras internadas con el objetivo de que la privación de libertad solo se utilice como “medida excepcional”. Para alcanzarlo, el equipo de Manuela Carmena propone asignar al Servicios de Asesoramiento a Jueces e Información al detenido y su Familia (SAJIAD) la función de “realizar informes sociales y de arraigo de todas las personas extranjeras en situación irregular” que pasen a disposición judicial en los Juzgados de Plaza de Castilla. Para poder garantizar esta labor, el Ayuntamiento asegura que dotará de “un número de trabajadores sociales suficiente” al SAJIAD.

Además, el Ayuntamiento ofrece viviendas municipales o recursos habitacionales acordados con determinadas asociaciones, con el objetivo de que los jueces y juezas de instrucción “puedan evitar el internamiento del ciudadano”. En este sentido, proponen que los magistrados dispongan de “los recursos necesarios” para que puedan concluir que quienes no tengan el arraigo suficiente “pasen a residir” en una vivienda hasta la resolución de su expediente de expulsión.

En esta línea, para mejorar la asistencia letrada de los extranjeros sobre los que la Policía solicita el encierro en estos centros, el Ayuntamiento plantea llegar a acuerdos con el Colegio de Abogados de Madrid para poder ofrecer sus informes sobre arraigo a los abogados de estos.

Las medidas planteadas por Carmena durante el internamiento buscan que el tiempo de detención sea “el menor posible”. Para ello, el Ayuntamiento plantea meter en el CIE de Aluche a dos o tres trabajadores sociales municipales con la finalidad de “realizar seguimiento” de la situación personal y administrativa de las personas que allí se encuentran. La introducción de trabajadores municipales en el centro depende del permiso del Ministerio del Interior.

Según los planes del Consistorio, sus servicios sociales “realizarán un seguimiento a los internos e informarán a los órganos judiciales que acordaron el mismo de cualquier circunstancia” que no fuese valorada y que pudiese suponer la finalización del internamiento. “Los servicios sociales del Ayuntamiento deberán facilitar y asistir a las personas internadas en todas aquellas actuaciones que no puedan realizar al tener limitada su libertad”, describe el plan de Carmena.

El Ayuntamiento también pretende acordar con la dirección del CIE los servicios médicos del Consistorio (Madrid-Salud y SAMURPC) puedan prestar dentro del CIE asistencia médica en el ámbito de sus competencias.

La introducción de personal municipal en el CIE de Madrid podría servir como una herramienta de control en relación a los abusos y vulneraciones de derechos humanos que llevan siendo denunciados desde hace años por las ONG especializadas. “Cuando los servicios sociales tengan noticias de cualquier hecho de violencia de género, racismo, homofobia, malos tratos y otros abusos contra las personas internadas lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los jueces y de los abogados de las personas internadas”, apunta el informe.

También hay propuestas concretas para cuando se dictamine que un interno debe abandonar el CIE. El Ayuntamiento de Madrid quiere tener un “conocimiento completo” de la situación social de los internos “para poder ofrecerles los recursos adecuados en el momento de su salida, cuando carezcan de ayudas y apoyos familiares”. Para esta tarea tienen el papel principal los servicios sociales de Carabanchel, que serán los encargados de recoger esa información, para “poder preparar los recursos que precisen”.

Asimismo, será esta la oficina encargada de informar al Samur social si alguna de las personas necesita asistencia. Además, serán los encargados de realizar informes estadísticos de las personas que pasan por el CIE, es decir, conocer el género, la edad, la nacionalidad de las personas, el tiempo de internamiento y su trayectoria una vez fuera del centro de internamiento. Con este último dato el Ayuntamiento de Madrid quiere “valorar” si el internamiento “fue necesario” y “guardó proporción con esa medida limitadora de libertad”.

La organización SOS Racismo Madrid ha alertado de la deportación de un joven marroquí desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche tras varios intentos de suicidio, ha informado la organización en un comunicado.

SOS Racismo ha explicado que la misma semana en que el Ministro del Interior anunció la construcción de tres nuevos CIE, “tuvieron conocimiento de la tentativa de suicidio y posterior deportación de una persona desde el CIE de Aluche”.

Según han explicado, se trata de Karim, un joven de 23 años que llegó desde Marruecos cuando tenía 14 años. “Tras nueve años viviendo en España se podría decir que era un vecino más si no fuese por el hostigamiento policial al que estaba acostumbrado mediante los controles de identidad y la negación constante de oportunidades”, ha apuntado la organización, para explicar a continuación que según el testimonio del joven, “en uno de estos controles el pasado mes de marzo, fue detenido y trasladado a la comisaría donde intentó suicidarse”.

Tras su detención, SOS Racismo ha criticado que solicitaron su internamiento en el CIE, desde donde se fugó el pasado mes de marzo al “no poder soportar la idea de ser deportado a un país del que se marchó cuando todavía era un niño”. “Fue encontrado y llevado de vuelta al centro donde intentó suicidarse por segunda vez”, han declarado.

Según relató el joven a la organización, “tras esta tentativa fue aislado y se le restringieron las visitas, tanto de familiares como de las organizaciones de apoyo”. Tras el intento de suicidio, “Karim fue trasladado al hospital para recibir una valoración desde los servicios de Salud Mental pero no recibió apoyo psicológico durante los días posteriores ya que los CIE carecen de este servicio”. Sin embargo, “también fue deportado tras pasar varios días aislado”.

“Es un chico con una gran voluntad de vivir, pero no aguantaba más esta persecución por ser migrante”, han declarado algunos de los activistas de la organización que visitaban al chico, al tiempo que han insistido en que “el chico les dijo que el sistema no le deja vivir”.

Por ello, desde la organización han criticado “el diseño de los CIE” el que han tildado de “espacios de sufrimiento, opacidad e impunidad”.

“La construcción de nuevos CIE en España no hace sino incidir en un modelo que vulnera los derechos humanos, civiles y políticos”, ha apostillado la organización a la vez que han reiterado que “la única alternativa a los CIE es su cierre”. “Desde las organizaciones de defensa de derechos se seguirá trabajando por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones”, han asegurado.

Concejales de Ahora Madrid piden el cierre del CIE

A través de twitter y bajo el hashtag #CierreCIEAluche, concejales del Gobierno municipal han mostrado su rechazo a los centros al ser “espacios opacos, impunes, injustos, inútiles: una institución fallida”, como rezaba el tuit de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Por su parte, el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, Nacho Murgui, también ha mostrado su rechazo. “Hay muchas formas de matar a la gente #CierreCIEAluche”, ha escrito Murgui en la red social.

De igual modo, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de Madrid, Javier Barbero, ha tildado de “vergüenza” el CIE de Aluche. “Los CIE como espacios de sufrimiento, opacidad e impunidad #CierreCIEALuche #Vergüenza vía @sosracismomad”, ha colgado el concejal en su perfil de la red social.

El concejal de los Distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, también ha arremetido contra el Gobierno Central y su intención de aumentar el número de centros. “Hay que cerrarlos todos #NoalCIE”, ha denunciado Zapata.

Mientras el debate por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) se ha introducido en las instituciones, el Gobierno ha anunciado la creación de tres nuevos CIE.  ¿Por qué estos centros acumulan tantas críticas de ONG? ¿A quienes se encierra en un CIE? ¿Qué ocurre a diario entre sus paredes?

Respondemos varias preguntas para entender la realidad de los CIE en España. 

¿Qué son?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Estos centros son competencia de la Dirección general de Policía, dependiente del Ministerio del Interior.

¿A quién se encierra y por qué?

En los CIE españoles permanecen bajo régimen cerrado migrantes en situación irregular que residen en España. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito. 

Algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular. Debido a esto, los CIE encierran a personas que han cometido delitos con otras que no lo han hecho, algo que, según las ONG, criminaliza a la población migrante.

¿Cuántos CIE hay en España?

En España hay actualmente siete Centros de Internamiento de Extranjeros: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Sangonera La Verde (Murcia), Barranco Seco (Las Palmas), Hoya Fría (Tenerife) y Zona Franca (Barcelona). 

Un estudio elaborado por cuatro universidades españolas detalla que las condiciones de vida de los internos varían considerablemente dependiendo del CIE en el que se encuentren encerrados, aunque concluye que todos incumplen alguno o varios de los requisitos que establece la normativa vigente. 

Tasas de expulsión

A pesar de que la privación de libertad se realiza con el objetivo de formalizar su expulsión del territorio español, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas. Según datos del último informe de la Defensora del Pueblo, el Estado no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE españoles en pasado año. 

Como consecuencia, miles de personas permanecen privadas de libertad hasta dos meses sin que el Ejecutivo tenga la seguridad de poder deportarles a su país, a pesar de que una instrucción interna emitida por la Dirección General de la Policía en 2014 recordaba que la solicitud de ingreso solo debía hacerse en aquellos casos en los que sea viable la repatriación final.

El hecho de que sea posible o no la deportación desde España depende de diversos factores, como el arraigo en España de la persona internada, los convenios internacionales firmados por el Ejecutivo con los diferentes países de origen o que el interno haya solicitado asilo y aún esté pendiente de resolución. 

Violaciones de los derechos humanos

Las condiciones de los CIE llevan años siendo denunciadas por numerosas ONG y por la Defensora del Pueblo. En diferentes informes las organizaciones han documentado malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente. Estas vulneraciones se producen en mayor o menor medida dependiendo del centro.

Cada vez más colectivos sociales y partidos políticos exigen el cierre definitivo de los CIE ya que entienden que la propia privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

Entre las denuncias de mayor gravedad destaca la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado. A este fallecimiento se deben sumar al menos otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Vulneraciones del derecho al asilo

Los internos tienen reconocido el derecho a solicitar asilo en las instalaciones del CIE, aunque el procedimiento actual “no cumple todas las garantías”, según han denunciado distintas ONG. 

En algunos casos, como ocurre en el CIE de Aluche (Madrid), los internos sólo pueden solicitar asilo introduciendo su petición en el buzón del director del Centro, sin recibir una copia sellada de la misma que les permita, llegado el caso, dejar constancia de haber realizado el trámite.  Según las ONG, los migrantes pierden el control sobre la gestión y desconocen si los trabajadores del centro la han tramitado.

El pasado 3 de octubre un juez instaba al CIE de Aluche a establecer “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue una copia sellada de la misma.

Opacidad

Las distintas organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos de los migrantes denuncian que existe “opacidad y hermetismo” en la gestión de los CIE españoles.

Pese a que a varias ONG sí se les permite hacer determinadas visitas –mediante las cuales recopilan información para la elaboración de sus respectivos informes y atienden a los internos–, se les ha negado el acceso durante las protestas acontecidas en el CIE de Aluche en la madrugada del martes. 

En otras ocasiones, el Ministerio del Interior ha impedido el acceso a CIE de Aluche a los juristas que estaban realizando un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y la universidad pública. Para los periodistas, las puertas del CIE casi siempre han estado cerradas. 

¿Pueden ser encerrados varias veces en un CIE?

Cuando un migrante queda en libertad, aunque no haya cumplido el máximo de 60 días establecido por ley, no puede volver a ser encerrado en base a las causas del mismo expediente de expulsión por el que fue enviado al CIE inicialmente, según concluyó el Tribunal Supremo en 2015.

Desde entonces, un migrante en situación irregular al que el Ministerio del Interior no haya podido expulsar podrá ser trasladado en repetidas ocasiones siempre y cuando la Policía inicie un nuevo procedimiento de expulsión por cada una de ellas.

El reglamento se incumple

El Consejo de Ministros aprobó en 2014 el reglamento que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros, con medidas que incumplen buena parte de las resoluciones efectuadas por los Juzgados de control, las instancias encargadas de la inspección de las condiciones de los CIE. El propio Ministerio del Interior reconoció hace un año que esta normativa se incumple. 

Tras su aprobación, varios ámbitos quedan aún sin regular y muchas de las denuncias de organizaciones sociales, sin responder: los horarios y duración de las visitas o de las llamadas telefónicas, la separación de los internos con condena penal de los que no han cometido delito alguno o el tiempo mínimo para avisar de una repatriación siguen dependiendo de la dirección de cada centro, que sigue bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía.

Una decena de agentes antidisturbios permanecen en el CIE de Aluche desde el motín registrado en el centro de detención el pasado 18 de octubre, según informa Cadena SER. Se trata de una situación excepcional y que no está contemplada en el reglamento. Fuentes policiales consultadas por la emisora aseguran que fue el propio centro el que solicitó a la Jefatura Superior de Policía que aumentase la seguridad, después de que medio centenar de internos se amotinara en la azotea del edificio pidiendo “libertad”.

El juez de control del CIE de Aluche, Ramiro García de Dios, ha confirmado la presencia de los antidisturbios en el CIE. El magistrado pudo comprobarlo durante una visita realizada al centro el pasado 15 de noviembre, en la que advirtió que los agentes iban cargados con armas de fuego, chalecos antibalas o porras. “En una actitud como si fueran a atacar a alguien”, ha explicado.

García de Dios teme que la presencia de agentes armados en el centro madrileño -a diferencia de los CIE europeos en los que los policías van vestidos de paisanos- aumente la tensión, trayendo consigo “protestas violentas”.

Los agentes se distribuyen en la plan baja, cerca de las celdas, el área de mujeres y el comedor. Fuentes policiales aseguran que su objetivo es proteger a sus compañeros policías, después de las protestas registradas a mediados de octubre cuando 39 personas se amotinaron la azotea para pedir su salida del centro.

El domingo por la mañana, un centenar de personas se manifestaron frente al CIE de Aluche para exigir el cierre del centro.

A Javier Barbero, concejal del área de seguridad, salud y emergencias del Ayuntamiento de Madrid las situaciones excepcionales le vienen en el cargo. Así ocurrió cuando el pasado martes varios internos del CIE de Aluche en Madrid decidieron subirse a la azotea del edificio para exigir su libertad. A las pocas horas, Barbero ya se encontraba a las puertas del CIE, donde trató sin éxito de conseguir información del interior por parte de la policía y las autoridades del centro. Ahora, tras las denuncias de agresiones de la policía a los internos, en Ahora Madrid debaten medidas para presionar por el cierre de los CIE mientras piden información y responsabilidades por todo lo ocurrido.

¿Saben si hubo alguna represión contra los internos que se subieron en la azotea?

La Policía asegura que no hubo nada de represión en el CIE. Que negociaron con los internos y bajaron, pero todo sin ningún incidente. Pero hemos visto imágenes que no dicen lo mismo.

¿Qué les han contado sobre la atención médica a los internos?

Aseguran que se hizo una evaluación médica a primera hora de la mañana y que solo tres personas tenían algo. Dos de ellos rasguños según la policía y el otro un resfriado. También nos han dicho que el único chico marroquí del grupo se negó a que le practicaran las pruebas médicas. Del resto, dicen que uno tiene un golpe en la rodilla y el otro una contusión en el tórax que nada tiene que ver con su actuación.

¿Qué explicaciones les han dado para justificar la denegación de acceso al CIE tanto al Samur como a ustedes?

Yo intenté hablar con el jefe de la UIP porque como concejal de emergencias considero que tendría que saber algo. Pero nunca se produjo esa interlocución. A las 3 de la mañana llamé al subdelegado del gobierno y dijo que iba a llamar pero no sé nada y nunca me devolvió la llamada. Ellos dicen que si no se necesita para que vamos a necesitar la intervención, pero es que en cualquier situación de crisis todos nos organizamos de una manera porque se necesitan intervenciones adecuadas. No quisieron contar con el Samur. Se han privado de utilizar a personas preparadas. 

¿Cómo cuenta la Policía que fueron las negociaciones para que los internos abandonaran su protesta en la azotea del CIE?

Ellos nos cuentan que negociaron durante toda la noche y que las 38 personas subidas accedieron a bajar por su propia iniciativa. La Policía dice que los internos pidieron su libertad o su expulsión a su país de origen. Consideramos que esta versión es difícil de entender, normalmente no se quieren ir de vuelta a su país sino que quieren convivir aquí libremente.

¿Desde la Policía se ha abierto alguna puerta al diálogo sobre sus actuaciones en los CIE?

No. Por el momento solo nos han dicho que hay formada una comisión parlamentaria que visitará el CIE de Aluche en noviembre.

¿Y han propuesto alguna solución a este tipo de situaciones?

No nos han propuesto nada. Nos dicen que es competencia del Ministerio del Interior, pero nosotros no podemos aceptar eso, si se produce una emergencia en un edificio de competencia nacional nosotros lo vamos a atender igual porque es nuestro deber.

Ustedes consideran que no se les permitió formar un gabinete de crisis. ¿Por qué fue así?

Claro. A nosotros nos han dicho que no se generó un gabinete de crisis para gestionar la situación porque no era necesario, que lo tenían todo bajo control. Pero lo que vimos allí fue un dispositivo de gabinete de crisis, pero aún así  desde la Policía lo niegan. Es imposible que no se forme cuando hay 39 personas subidas allí en la azotea con riesgo para todas las partes.

Concepción Dancausa criticó que miembros de Ahora Madrid y Unidos Podemos fueran a vigilar la actuación policial en el CIE. ¿Qué le respondería?

Cuando una institución es cerrada como un CIE, malo. Si a eso además le añades que tienen personas en riesgo dentro, más malo. Son personas con posibilidades de sufrir malos tratos. No estoy diciendo que haya ocurrido ni dudando de la actuación policial, pero sí que existe esa posibilidad, sobre todo en un escenario cerrado y en una situación de crisis. Por ejemplo, en una residencia de ancianos hay protocolos y medidas para prevenir los malos tratos, porque se pueden dar. Dancausa debería estar satisfecha de que hubiera una mirada externa certificando que se estaba cumpliendo con los derechos humanos.

¿Por qué se cerró la interlocución entre el CIE y el Ayuntamiento de Madrid?

Hubo cierta interlocución con los diputados de Unidos Podemos y concejales del ayuntamiento pero no hubo información. Fue muy difícil para los que fueron al CIE, ya que no les dejaban entrar. Los que lo hicieron lo tuvieron que hacer como sujetos privados y no como cargos públicos, entrando como si fueran familiares de las personas internas.

Ahora Madrid ha hecho público un comunicado en el que “exige” el cierre del CIE. Sin embargo,  no hay una declaración tan explícita desde el Ayuntamiento. ¿Por qué pasa esto?

En este sentido voy a respetar los ritmos de cada uno. Desde el ayuntamiento plantearemos un pronunciamiento en el que los partidos políticos deberían explicar claramente su posición sobre los CIE. Pero está claro que nuestra preocupación por las personas concretas es compatible con la posición política de cierre de los CIE, porque es una institución fallida y fracasada, que genera mucho daño y supone una medida desproporcionada.

Ahora Madrid se comprometió hace casi un año a presentar una moción para el cierre del CIE de Aluche, pero finalmente no se presentó. ¿Van a retomar esa iniciativa?

Lo interesante es poder articular sumas y que sea una posición más institucional e intentar recabar apoyos. En aquel momento no pudo ser, pero yo creo que es una posibilidad que se puede retomar ahora. Se está considerando una moción de urgencia y trabajamos en ello. En cualquier caso sería en basándonos en los términos de que la postura es que se cierren los CIE.  

El consistorio no tiene competencias en el CIE, pero en otras ciudades de España sí se están planteando medidas de presión al Gobierno. ¿Qué se proponen desde el Ayuntamiento de Madrid?

Tenemos un grupo de trabajo en ello. Una de las cuestiones planteadas es dar el padrón para que se vacíen los CIE.  Pero todavía lo tenemos que trabajar. Además, hemos hecho avances en cuestiones como la salud y las emergencias, por mucho que digan que no es nuestra competencia, pero es que muchos de los que están ahí encerrados son vecinos nuestros.

Algunas de las personas que terminan en el CIE son manteros. ¿En qué situación están las medidas sociales que se anunciaron para este colectivo?

Seguimos trabajando y elaborando un plan para la ciudadanía que de oportunidades a estas personas. Pero aún quedan por concretar varias cuestiones.

Los internos del CIE de Aluche que iniciaron una huelga de hambre la han dado por finalizada al menos hasta dentro de días, cuando reciban la visita del juez de control del CIE, tal y como les ha asegurado el director del centro en la reunión mantenida con él durante la tarde.

En un comunicado lanzado por SOS Racismo y Coordinadora de Barrios, ambas organizaciones aseguran que “sigue existiendo riesgo de que se produzca la devolución o expulsión de las víctimas, perjudicados y testigos”.

Los internos del CIE de Madrid del módulo de hombres una huelga de hambre el pasado viernes para exigir su libertad y para protestar contra los supuestos malos tratos que aseguraron haber recibido como represalia del motín que les mantuvo durante 11 horas en la azotea del CIE, tal y como informaron a eldiario.es varias de las personas encerradas en este centro.

Durante la mañana del sábado y bajo una intensa lluvia, alrededor de 300 personas se manifestaron a las puertas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche para pedir su cierre y apoyar a los internos que se encuentran en su interior en la huelga de hambre.

Tras un amplio cordón policial, los más de 300 asistentes a la concentración corearon lemas como “abajo los muros de las prisiones”, “ningún ser humano es ilegal” o “este CIE lo vamos a cerrar” mientras portaban pancartas en las que se podía leer “Ni CIES ni rejas, ni presos ni presas, ninguna persona es ilegal”.

La configuración legal de los derechos no puede, de ninguna forma, ser indiscriminada. En todo momento debe garantizarse el respeto de sus contenidos esenciales de manera que la regulación que lleve a cabo el legislativo no puede volver irreconocible el contenido esencial del derecho;como pudiera suceder al privar al extranjero de su libertad internándolo en un CIE, cuando el ingreso al territorio Español, de manera irregular, constituye una falta administrativa y no un delito.

Existe por tanto, una clara tendencia a la criminalización, tanto en el ámbito administrativo como social (ésta última, como consecuencia de la visión que las políticas de inmigración quieren fomentar en el ciudadano; políticas desde y para el miedo, políticas que enfatizan la seguridad y el control frente al respeto de los derechos humanos), de personas que sólo son presuntos autores de una infracción administrativa. Personas que encuentran a su paso numerosos desconocimientos: no saben a qué país van a ser expulsados, no se les informa de la nacionalidad que se les atribuye ni tan siquiera se les conceden medios para que puedan avisar a sus familiares de su salida. Estas situaciones, sin duda, provocan incertidumbre, angustia, verdadero terror e imposibilitan la defensa de sus derechos por parte de abogados y la intervención de asociaciones de apoyo.

A menudo se interna a personas especialmente vulnerables (como pueden ser mujeres embarazadas, personas enfermas, solicitantes de asilo o potenciales beneficiarios de protección internacional, menores de edad, mujeres víctimas de trata, o mujeres víctimas de violencia machista).

Los CIE son centros de sufrimiento, no sólo por la privación de libertad, sino precisamente por las condiciones; son espacios de gran opacidad, de gran arbitrariedad y de impunidad policial. No hay biblioteca, no hay asistencias sociales, no se permiten que las ONGS operen con sus servicios sociales. No sirven para la función para la que fueron creados. Además, mantener los CIE tiene un coste anual de 8.8 millones de euros, a los que hay que sumar 12 millones de euros presupuestados este año para los  vuelos macro de deportación y otros gastos derivados de éstas políticas.

Estos días ha sido noticia el CIE de Aluche o como es conocido por las organizaciones de derechos humanos el “Guantánamo español”, en el que más de una treintena de internos ha organizado una revuelta para exigir libertad y justicia. Pero es que si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo y nos situamos en nuestra región, concretamente en el CIE de Santomera, nos encontramos con una situación muy similar. ¿Y por qué ocurre esto? Imagínense por un momento dos meses privado de libertad, sin nada que hacer, sin información sobre las gestiones y sobre su futuro, sometidos a fortísimas restricciones en su libertad de movimiento, compartiendo el espacio vital con personas a las que no conoces de nada... Imagínense que te asignan un número que sustituye a su nombre y apellidos hasta que abandona el recinto. Ni en la cárcel ocurre eso.

Los CIES como centro, como idea teórica no son el problema. El problema es la práctica, es lo que hay dentro. Es entender la inmigración irregular como un delito. Es entender a los inmigrantes sin papeles en regla como delincuentes. Ese es el error de base. Muestra de ignorancia y desconocimiento. Muestra de limitación. Muestra de falta de memoria.

Imaginen que no nos permitieran viajar ni buscar trabajo en otros países europeos. Que tuviéramos que cruzar las fronteras escondidos, sin visados para poder desplazarnos. Que por el simple hecho de no tener papeles nos arriesgáramos a ser detenidos y encarcelados en centros de internamiento, sin mantas ni atención médica adecuada, con enfermos esparcidos por el suelo.

Imaginen que pasan 60 días en una cárcel con rejas sin haber cometido ningún delito. Que los maltratan y restringen sus contactos con el exterior. Que no les facilitan las medicinas que tienen que tomar cada día. Que les niegan un traductor para hacerse entender.

Imaginen lo que vivió hace 5 años en el CIE de Aluche Samba Martine, una mujer que, a pesar de tener síntomas de una enfermedad grave y de haber reclamado atención médica hasta en diez ocasiones, solo recibió paracetamol. Como admitió la Audiencia Provincial de Madrid, la muerte de Samba Martine podría haberse evitado.

Eso son los CIEs. Espacios de “no derecho” en un país que se dice democrático. Cárceles para personas sin papeles, en la mayoría de los casos encerradas por el simple hecho de no tenerlos, lo cual no es delito, sino una simple falta administrativa. Centros que niegan derechos fundamentales a los arrestados.

Como ha señalado una delegación del Consejo de Europa, en el CIE de Aluche, -denunciado por la ONU por torturas en 2013-, hay “numerosas alegaciones de malos tratos perpetradas por el personal”.

Eso son los CIEs y eso es el CIE de Aluche, un lugar donde el pasado martes 39 personas lograron salir a la azotea del edificio para exigir su libertad.

En estos tiempos en los que quieren acostumbrarnos a la indecencia hay un periodismo que trabaja a toda máquina para estigmatizar a las personas extranjeras, a la gente sin recursos, a los que menos tienen. Se agita un discurso que reclama la aplicación de medidas injustas para los migrantes, criminalizándolos, mientras normaliza y blanquea las dinámicas de corrupción practicadas desde el poder.

Buena parte de los medios de comunicación, devorados por la agenda institucional, no suelen poner el foco en lo que pasa en la calle, en lo que le pasa a la gente. Cuando se celebran debates políticos entre los candidatos a la presidencia del Gobierno suele haber más de 400 periodistas acreditados. Si 400 periodistas se apostaran con cierta frecuencia a las puertas de un CIE la sociedad conocería las violaciones de derechos que en ellos se perpetran, y es probable que finalmente las autoridades permitieran a la prensa grabar dentro de esos centros hasta ahora vetados para las cámaras.

Si 400 periodistas acudieran con asiduidad a las puertas de un desahucio, se habrían evitado muchas más expulsiones. Si 400 periodistas dieran visibilidad cotidiana a las personas con trabajos precarios, a las desempleadas, a las víctimas de maltrato de género o a las que cada vez trabajan más por menos, tendríamos debates públicos más útiles y menos cortinas de humo creadas para inocular miedo y para que creamos que la estabilidad está íntimamente ligada al recorte de nuestros derechos y libertades.

En la madrugada del miércoles no hubo 400 periodistas a las puertas del CIE de Aluche. Pero sí estuvieron integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIEs, así como decenas de activistas y representantes políticos, para vigilar y seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Para exigir un trato adecuado a las 39 personas que, desde la azotea del centro, pedían libertad. Con su presencia lograron que una noticia que habría quedado relegada a un simple breve en las páginas interiores de los diarios, se convirtiera en un debate público, visibilizado.

Tomemos nota de ello, porque 2017 va a ser un año de recortes y problemas sociales, con la persistencia de la desigualdad, la precariedad y la exclusión social para un porcentaje importante de la población. Si sigue sin haber 400 periodistas en determinados lugares, quizá sea preciso que haya manifestantes y representantes políticos dispuestos a trasladar los escaños de los parlamentos a la calle, al asfalto, a los barrios, para sentarse cara a cara con los problemas sociales que han provocado las políticas indecentes. Para ponerles un foco. Para atraer tras de sí a la prensa. Para visibilizar, marcar debates e influir en la agenda-setting.

Porque, como escribió Lorca, “detrás de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato”. Detrás de los datos que hablan del aumento de la desigualdad, del crecimiento de la precariedad y del agotamiento de la hucha de las pensiones hay personas con nombres y apellidos que merecen derechos y dignidad. Como los 39 del CIE de Aluche. Como todos.

En pleno barrio de Aluche, a tiro de piedra de una biblioteca pública, colindando con un parque y a un kilómetro de distancia de un instituto, se erige un imponente edificio. Lugar público como los anteriores, la diferencia reside en que ahí se encierra a personas contra su voluntad por una falta administrativa y se cometen atropellos a numerosos derechos y leyes. Es uno de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros, este a la vista de todos en el centro de Madrid que marca la M-40. En la noche del martes varios internos, con valentía y dignidad, decidieron visibilizar su situación y reivindicar sus derechos: exigir esa libertad inherente a la persona para leer en esa biblioteca, pasear por ese parque o llevar a sus hijos a aquel instituto.

Que un grupo de personas se suba a la azotea del CIE de Aluche no se ha debido a la llegada a Madrid de un equipo de fútbol con ultras violentos, ni a la supuesta falta de efectivos policiales en el lugar. Lo único que les ha impulsado ha sido la denuncia de su situación en un lugar de trato inhumano cuya propia existencia vulnera los derechos humanos.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros son solo la punta del iceberg, la cara más visible y amarga de un problema mucho más amplio que encadena una violación de derechos tras otra. Empieza cuando un agente de la Policía para a una persona basándose en el perfil étnico, sigue con el encierro en el CIE y puede terminar en una deportación al país de origen. En ocasiones, incluso se prescinde del paso intermedio del CIE, deportando en menos de 72 horas.

Quienes lo sufren son nuestros vecinos, personas como uno de los internos de Aluche, asmático, al que recientemente las autoridades quitaron el 'Ventolin' sin motivo y poniendo en grave riesgo su salud, como nos han contado a SOS Racismo en una de las últimas visitas al centro. O el caso de Juan Gabriel, 'Juanga', residente desde 2007 en España. Muy querido entre sus vecinos pero deportado a México en menos de tres días. El precontrato de trabajo que tenía firmado para ser empleado en unos días quedó en papel mojado.

Nadie se salva de culpa por imponer este sufrimiento gratuito sobre las personas. El Ministerio del Interior, amo y señor de la gestión de los CIEs, tiene un dedo acusador apuntado directamente al centro de su frente como mayor responsable de la situación. Los ayuntamientos que albergan los centros y no ejercen presión por su cierre son cómplices directos de los abusos que se cometen en su suelo. Las compañías de vuelo que pelean por contratos públicos para deportar a personas contra su voluntad no pueden tener la conciencia tranquila con esa división de pasajeros entre primera clase, turista y deportado.

La Policía que ejecuta sistemáticamente paradas, detenciones y abusos de manera sospechosamente arbitraria no debería poder dormir sabiendo que cada víctima suya preferirá ser cualquier cosa en la vida, pero nunca un agente de la Policía. Los medios, como los que tachan al CIE de centro de acogida o hablan de lo sucedido en la azotea como si de una crónica terrorista se tratase, merecen su propio editorial.

Punto por punto, ha llegado el momento de revertir la situación actual y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros. Alegar desconocimiento desde las aristas institucionales, políticas, sociales y mediáticas es encubrir y apoyar lo que ocurre entre las paredes de los CIE. Culpar a otros es escurrir un bulto por el que toca exigir responsabilidades. La valentía de ese grupo subido a la azotea, con todo y nada que perder, ha transmitido bien alto y claro que es el momento de cerrar los CIE.

Tras los sucesos ocurridos en el CIE de Aluche, cuando un grupo de migrantes internos decidió subir a la azotea del edificio para exigir su libertad, varios concejales del ayuntamiento de Ahora Madrid y diputados del Congreso acudieron al centro. Una de ellas fue Ione Belarra, diputada de Unidos Podemos y que por su pasado en organizaciones como CIEs No o SOS Racismo Madrid, conoce la situación de las personas encerradas en un CIE por una falta administrativa, a la espera de la deportación a su país de origen.

Belarra, que llegó a Aluche a las pocas horas de conocerse lo ocurrido, ha intentado entrar en el centro para ponerse en contacto con los internos, pero las autoridades no le han permitido la entrada al edificio.

¿Qué razones han alegado desde el CIE para no permitirle el acceso a los internos?

No me han alegado ninguna razón, y realmente eso es muy preocupante. Se trata de una institución pública en la que no me han permitido realizar mi labor parlamentaria. He intentado hablar con el jefe del CIE y ni siquiera ha querido atenderme. El CIE está siendo muy opaco con lo que ha pasado, no nos dan ninguna información.

¿Cuáles son las propuestas de Unidos Podemos sobre los CIE?

Desde nuestro grupo pedimos directamente el cierre de estos centros, pero no solo eso. También que se termine con las redadas racistas y los vuelos colectivos de deportación. Lo que se ha venido haciendo con este tema ha sido criminalizar a las personas y generar una gran inseguridad ciudadana. Todo esto no contribuye para nada a crear un sociedad inclusiva. Nosotros lo que pedimos es que se aplique una lógica de vecindad y que sea eso lo que prime por encima de todos los criterios. Hay gente que tiene su familia y sus hijos aquí que terminan siendo encerrados en los CIE.

¿Cómo se pueden concretar esas propuestas?

Uno de los problemas fundamentales es que se alega que se mete a la gente en los CIE por no tener un domicilio fijo. Como he dicho antes, muchos tiene su vida aquí perfectamente, y aun así ha habido deportaciones. Pero es que no podemos hablar de propuestas concretas porque no se puede hacer ninguna mejora en los CIE, la única solución pasa por la deportación porque su propia existencia es mala. Hasta que se alcance el objetivo, lo que tenemos que hacer es seguir con el trabajo de denuncia.

¿Por qué no se habla del cierre de los CIE en las campañas electorales?

Nosotros creemos que los planteamientos políticos se deben hacer en términos que tengan que ver con las necesidades y no con un sentido electoralista. Y mucho menos cuando estamos hablando de vulneraciones de los derechos de la gente como ocurre en este caso. Pensamos que cuando propones medidas en este sentido, el apoyo por parte de las personas llega solo.

¿Qué cree que es lo más impactante del CIE de Aluche?

Desde luego el propio edificio, escondido tras una comisaría a la que paradójicamente acuden personas a regularizar su situación administrativa en España. También es significativo que físicamente sea una cárcel, con la misma estructura, lo que impacta mucho tanto por fuera como por dentro.

El motín del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid de un grupo de migrantes que exigía su salida del mismo ha reavivado las críticas sobre las condiciones existen en el interior de estas instalaciones. ¿Qué ocurre a diario entre sus paredes? ¿A quienes se encierra en un CIE? ¿Qué reclaman? 

motín del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid 

Respondemos a las principales cuestiones sobre la realidad de estos centros para entender cómo viven quienes rogaron “libertad” durante más de 11 horas.

¿Qué son?

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad.

Estos centros son competencia de la Dirección general de Policía, dependiente del Ministerio del Interior.

¿A quién se encierra y por qué?

En los CIE españoles permanecen bajo régimen cerrado migrantes en situación irregular que residen en España. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito. 

Algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular. Debido a esto, los CIE encierran a personas que han cometido delitos con otras que no lo han hecho, algo que, según las ONG, criminaliza a la población migrante.

¿Cuántos CIE hay en España?

En España hay actualmente siete Centros de Internamiento de Extranjeros: Aluche (Madrid), La Piñera (Algeciras), Zapadores (Valencia), Sangonera La Verde (Murcia), Barranco Seco (Las Palmas), Matorra (Fuerteventura) y Zona Franca (Barcelona). 

Un estudio elaborado por cuatro universidades españolas detalla que las condiciones de vida de los internos varían considerablemente dependiendo del CIE en el que se encuentren encerrados, aunque concluye que todos incumplen alguno o varios de los requisitos que establece la normativa vigente. 

Tasas de expulsión

A pesar de que la privación de libertad se realiza con el objetivo de formalizar su expulsión del territorio español, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas. Según datos del último informe de la Defensora del Pueblo, el Estado no deportó al 59% de las 6.390 personas encerradas en los CIE españoles en pasado año. 

Como consecuencia, miles de personas permanecen privadas de libertad hasta dos meses sin que el Ejecutivo tenga la seguridad de poder deportarles a su país, a pesar de que una instrucción interna emitida por la Dirección General de la Policía en 2014 recordaba que la solicitud de ingreso solo debía hacerse en aquellos casos en los que sea viable la repatriación final.

El hecho de que sea posible o no la deportación desde España depende de diversos factores, como el arraigo en España de la persona internada, los convenios internacionales firmados por el Ejecutivo con los diferentes países de origen o que el interno haya solicitado asilo y aún esté pendiente de resolución. 

Violaciones de los derechos humanos

Las condiciones de los CIE llevan años siendo denunciadas por numerosas ONG y por la Defensora del Pueblo. En diferentes informes las organizaciones han documentado malos tratos, hacinamiento, incomunicación e indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente. Estas vulneraciones se producen en mayor o menor medida dependiendo del centro.

Cada vez más colectivos sociales y partidos políticos exigen el cierre definitivo de los CIE ya que entienden que la propia privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.

Entre las denuncias de mayor gravedad destaca la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado. A este fallecimiento se deben sumar al menos otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona.

Vulneraciones del derecho al asilo

Los internos tienen reconocido el derecho a solicitar asilo en las instalaciones del CIE, aunque el procedimiento actual “no cumple todas las garantías”, según han denunciado distintas ONG. 

En algunos casos, como ocurre en el CIE de Aluche (Madrid), los internos sólo pueden solicitar asilo introduciendo su petición en el buzón del director del Centro, sin recibir una copia sellada de la misma que les permita, llegado el caso, dejar constancia de haber realizado el trámite.  Según las ONG, los migrantes pierden el control sobre la gestión y desconocen si los trabajadores del centro la han tramitado.

El pasado 3 de octubre un juez instaba al CIE de Aluche a establecer “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue una copia sellada de la misma.

Opacidad

Las distintas organizaciones que trabajan para garantizar los derechos humanos de los migrantes denuncian que existe “opacidad y hermetismo” en la gestión de los CIE españoles.

Pese a que a varias ONG sí se les permite hacer determinadas visitas –mediante las cuales recopilan información para la elaboración de sus respectivos informes y atienden a los internos–, se les ha negado el acceso durante las protestas acontecidas en el CIE de Aluche en la madrugada del martes. 

En otras ocasiones, el Ministerio del Interior ha impedido el acceso a CIE de Aluche a los juristas que estaban realizando un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y la universidad pública. Para los periodistas, las puertas del CIE casi siempre han estado cerradas. 

¿Pueden ser encerrados varias veces en un CIE?

Cuando un migrante queda en libertad, aunque no haya cumplido el máximo de 60 días establecido por ley, no puede volver a ser encerrado en base a las causas del mismo expediente de expulsión por el que fue enviado al CIE inicialmente, según concluyó el Tribunal Supremo en 2015.

Desde entonces, un migrante en situación irregular al que el Ministerio del Interior no haya podido expulsar podrá ser trasladado en repetidas ocasiones siempre y cuando la Policía inicie un nuevo procedimiento de expulsión por cada una de ellas.

El reglamento se incumple

El Consejo de Ministros aprobó en 2014 el reglamento que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros, con medidas que incumplen buena parte de las resoluciones efectuadas por los Juzgados de control, las instancias encargadas de la inspección de las condiciones de los CIE. El propio Ministerio del Interior reconoció hace un año que esta normativa se incumple. 

Tras su aprobación, varios ámbitos quedan aún sin regular y muchas de las denuncias de organizaciones sociales, sin responder: los horarios y duración de las visitas o de las llamadas telefónicas, la separación de los internos con condena penal de los que no han cometido delito alguno o el tiempo mínimo para avisar de una repatriación siguen dependiendo de la dirección de cada centro, que sigue bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía.