Por qué huyen los internos de los CIE: miedo a una devolución casi segura y malas condiciones de los centros
Que la mayoría de los internos escapados del CIE de Madrid sea de origen argelino no parece casualidad. Ellos, los migrantes procedentes de Argelia y Marruecos, son devueltos a sus países con mayor facilidad. Su encierro en un Centro de Internamiento para Extranjeros suele ser sinónimo de expulsión inmediata al lugar del que, por lo general, han huido a bordo de una inestable patera. “Escaparse es una respuesta desesperada de gente que ya viene a España desesperada”, sostiene una voluntaria de la ONG Karibu a eldiario.es.
La mayor parte de personas encerradas en la actualidad en el CIE de Aluche es de origen magrebí y, en muchos casos, han alcanzado recientemente las costas andaluzas a través del Estrecho. “Acaban de llegar de la patera, se han jugado la vida en el mar y, tras la alegría de llegar, son encerradas. Saben que otros se quedan en libertad, no sabemos cuál es el criterio, lo que aumenta su ansiedad”, detallan desde Karibu, cuya asistencia se centra en personas subsaharianas.
Estos 17 migrantes huidos del CIE de Aluche han sido encerrados por haber entrado a España de forma irregular, lo que supone una falta administrativa, no un delito. “Son personas concretas con sus problemáticas: no han venido a esto. Buscan continuar con su proyecto migratorio a toda costa”, explica Iván Lendrino, director de Pueblos Unidos.
En su último informe, SOS Racismo Madrid alerta del “riesgo” ligado a la “mediatización” de las protestas o huidas de los internos de los Centros de Internamientos para Extranjeros. “Si bien ha permitido poner el foco sobre espacios opacos e invisibilizados como son los CIE, también ha ido acompañada en muchos casos de un discurso reactivo, racista y criminalizador”.
En muchas de estas informaciones, la organización ve un tono “preocupantemente esencialista” en la mención del origen magrebí, el mayoritario entre los migrantes que suelen alzar la voz contra su internamiento. “En muchos casos, se ha manifestado la supuesta conflictividad de estas personas, negando la enorme heterogeneidad de circunstancias entre un grupo de individuos que únicamente comparten su región de origen”, contextualizan desde SOS Racismo.
Durante los últimos años, según SOS Racismo, se ha producido un incremento de las migraciones de ciudadanos argelinos. El acuerdo bilateral entre España y Argelia se ha traducido en la deportación de aproximadamente una media de 850 personas por año desde 2015, según los cálculos de la ONG. La mayoría de personas devueltas procede de Marruecos. En 2017, el 43% de los migrantes expulsados desde el Estado español eran marroquíes.
“Este escenario provoca que en muchas ocasiones los internos comprendan su situación como irresoluble”, detallan desde SOS Racismo. A ello se suma su temor a ser condenados a su regreso a su país de origen, pues en Argelia existen leyes específicas que penalizan la migración clandestina de sus nacionales, advierten desde la ONG.
“A pesar de los riesgos del viaje, de haber sido encerrados en un CIE y enfrentarse a una sanción en su país, estas personas generalmente se plantean volver a intentarlo”, señala Lendrino.
Una voluntaria de Pueblos Unidos ha visitado este jueves a un interno de origen argelino que prefirió “mantenerse al margen” de la protesta organizada por sus compañeros para poder escapar del centro. Según detalla Lendrino, otros jóvenes conocían los planes de huida de sus compatriotas pero optaron por permanecer en el CIE “ya sea porque han pedido asilo o por otras cuestiones particulares”.
Las ONG piden el cierre de los CIE
Las condiciones en las que son encerrados los migrantes en los CIE llevan años siendo denunciadas por las organizaciones de derechos humanos, que han reclamado en reiteradas ocasiones el cierre de estos centros, al entender que la propia privación de libertad por una falta administrativa es una vulneración de derechos humanos en sí misma.
En los últimos años, los colectivos sociales que trabajan para garantizar los derechos de los migrantes en estos centros han documentado malos tratos, intimidaciones verbales o agresiones físicas, basadas en las quejas de los internos, por parte de los agentes que custodian las dependencias.
Son varias las voces que han criticado las condiciones materiales de estos centros, que han calificado como “peores que en las cárceles”, y han documentado hacinamiento, incomunicación, indefensión legal de los internos y ausencia de asistencia sanitaria permanente o de intérprete.
Entre 2014 y 2017, SOS Racismo Madrid ha contabilizado siete intentos de suicidios y 11 intentos de fuga del CIE de Aluche, algo que la ONG considera que son “intentos desesperados” por parte de las personas internas “de ser escuchadas y reacciones arriesgadas ante el sufrimiento extremo”, según explicó en un informe reciente sobre el centro madrileño.
A todo ello se le une la “opacidad y hermetismo” que, según las ONG, existe en la gestión de los CIE españoles, así como las trabas denunciadas por algunas de ellas para ejercer su labor dentro de los centros.
El Consejo de Ministros aprobó en 2014 el reglamento que regula los Centros de Internamiento de Extranjeros, sin embargo, el propio Ministerio del Interior reconoció en 2015 que esta normativa se incumple.
Tras su aprobación, varios ámbitos quedan aún sin regular: los horarios y duración de las visitas o de las llamadas telefónicas, la separación de los internos con condena penal de los que no han cometido delito alguno o el tiempo mínimo para avisar de una repatriación siguen dependiendo de la dirección de cada centro, que sigue bajo competencia del Cuerpo Nacional de Policía.
Entre las denuncias de mayor gravedad destaca la muerte de Samba Martine, encerrada en el CIE de Aluche sin el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro tenían constancia de su enfermedad. Finalmente, la Audiencia Provincial reconoció que la tragedia podía haberse evitado.
A este fallecimiento se deben sumar al menos otras tres muertes producidas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona o el suicidio de Mohamed Bouderbala el pasado diciembre, después de ser encerrado en la cárcel de Archidona, que el Gobierno defendió como CIE temporal.
