Interior recula y no deporta al interno que denuncia agresiones policiales en el CIE de Madrid
El joven que ha denunciado haber sufrido una supuesta agresión policial en el CIE de Aluche no ha sido finalmente expulsado de España, tras haber sido “sacado de la lista” del vuelo de deportación en el que iba a ser expulsado esta madrugada, según ha confirmado a eldiario.es la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que alega “decisiones políticas” como causa de esta suspensión.
La organización SOS Racismo alertó este miércoles de que el interno había recibido una notificación de vuelo para ser deportado la pasada madrugada. Según su información, la expulsión también había sido notificada a “varios testigos” de los hechos que se produjeron el pasado lunes.
La ONG ha relatado a este medio que, según “diversas fuentes”, sobre las 20 horas de la tarde del miércoles, “al menos cuatro” de estas personas y el joven “fueron informados de que les habían retirado la notificación de expulsión”. Sin embargo, desde la organización aseguran que “desconocen si otras 25 personas” que también recibieron la notificación han sido finalmente expulsadas. La Delegación del Gobierno, por su parte, afirma que “no tiene información” sobre qué ha ocurrido con estos internos.
SOS Racismo presentó este jueves una queja al Defensor del Pueblo y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que “se paralizaran” estas deportaciones y “pudieran investigarse los hechos”, así como una solicitud de medidas cautelares urgentes “para bloquear la expulsión”.
Sin embargo, la suspensión del supuestamente agredido es solo temporal. Fuentes de la delegación apuntan que aunque el interno haya sido “sacado de la lista del vuelo”, su “procedimiento de expulsión sigue adelante”. Según estas mismas fuentes, el joven “tiene antecedentes penales”.
El interno, de origen marroquí, asegura que tres policías nacionales “sin placa identificativa” le propinaron una “patada en la pierna, un puñetazo en la oreja y diversos puñetazos en la espalda”, según se recoge en la denuncia de SOS Racismo presentada este martes en el Juzgado de instrucción número 38 de Madrid a la que tuvo acceso eldiario.es.
No obstante, como suele ser habitual en los casos de denuncias de agresiones en los CIE, el interno no cuenta con un informe médico. A la mañana siguiente, explica la organización basándose en el relato del supuestamente agredido, el joven acudió al servicio médico del CIE “donde le dieron una pastilla, un ibuprofeno” y “no le facilitaron el obligado informe médico”.
Los hechos narrados por la organización se produjeron el lunes, a la hora de la cena, después de que el interno protestara por los alimentos que se les estaba suministrando, según su testimonio. Según la organización, la agresión denunciada se produjo horas antes de la protesta desencadenada en el CIE a partir de la medianoche de este lunes, cuando 86 internos realizaron varias sentadas en el interior del centro.
La organización ya había advertido este martes de la posibilidad de expulsión del interno presuntamente agredido y los testigos que dicen haber presenciado los hechos. “Estas expulsiones contribuyen a perpetuar la opacidad en los CIE, la impunidad y violan los supuestos más básicos del Estado de Derecho”, han afirmado desde la ONG.
Inspección del Defensor del Pueblo
SOS Racismo asegura que las personas a las que les fue notificada la deportación relatan que la policía “se llevó a la persona que denuncia las agresiones y le aislaron en el pasillo de ingresos hasta la medianoche”. Fue entonces cuando, según el testimonio de los internos, se produjo la protesta en el centro.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, visitó este martes el centro de Aluche para “conocer de primera mano” los hechos ocurridos la noche del lunes. En ella se entrevistó, asegura, con los internos y los responsables del CIE. Tras la visita, la institución ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras una “copia de las grabaciones completas de los incidentes”, así como de los informes médicos emitidos por el centro y el SAMUR.
“Las instalaciones siguen siendo inadecuadas, falta asistencia sanitaria permanente y se han detectado carencias en la asistencia social que debería ser asumida por personal especializado ajeno a la policía”, reitera el Defensor del Pueblo tras la inspección. El organismo se muestra “preocupado” por que “no se hayan producido algunas de las reformas previstas” en el reglamento de los CIE que entró en vigor hace tres años.
