La hasta ahora presidenta del PP de Telde, Sonia Cáceres, ha dimitido de su cargo este lunes aludiendo a discrepancias con su partido. “Mi idea de ver y sentir la política municipal no coincide con la actual del Partido Popular”, ha resumido en una carta que ya ha entregado a los dirigentes del partido.

Sonia Cáceres ha confirmado a este periódico la dimisión, aunque ha añadido que no hará declaraciones al respecto. Se remite a la misiva que ha entregado en su partido.

La noticia fue adelantada por Telde Actualidad, que recoge que Cáceres incluye en su carta que prefiere “dimitir, antes de perjudicar a mi partido y a sus simpatizantes y afiliados, puesto que siempre he querido un Partido Popular fuerte y unido” y en la que asegura que asumió “la enorme responsabilidad” de presidir el PP durante la IX Asamblea Local que tuvo lugar en octubre de 2021, con la idea de trabajar por y para el municipio.

“Esta decisión ha sido tomada desde la calma y la reflexión, pero no por ello ha sido menos dolorosa, ya que he tenido muy presente todo el apoyo y cariño de los simpatizantes y militantes del Partido Popular de Telde, apoyo y cariño que me han transmitido durante toda mi presidencia”, añade en dicha carta recogida por este medio.

La pasada semana, el senador del Partido Popular por Gran Canaria, Sergio Ramos y vicealcalde de Telde disparó sin querer contra el Gobierno de Canarias, del que su partido forma parte, al acusar de “oscurantista, mentiroso, inmovilista e imprevisor” al Gobierno de España por la utilización temporal de una nave industrial para alojar provisionalmente a personas migrantes llegadas a las Islas en las últimas semanas.

Ramos registró un duro escrito en el Senado acusando al Gobierno que no era, porque las viejas instalaciones de Vanyera, en la zona industrial de Salinetas, en Telde, han sido alquiladas y habilitadas para el alojamiento de menores inmigrantes por el Gobierno de Canarias.

La enésima crisis en el pacto de Telde

El PP forma parte del pacto de Telde que arrebató la alcaldía a Nueva Canarias en las pasadas elecciones. Conforma gobierno con Ciuca, el partido que ostenta la alcaldía, Más por Telde y un concejal que se presentó por Coalición Canaria pero que se ha mantenido en el Gobierno tras la expulsión del que era líder de este partido en el municipio, Héctor Suárez.

La pasada semana además el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, decretaba el cese de la concejala Pilar Mesa (Coalición Canaria), hasta ahora responsable de las áreas de Alumbrado, Sanidad y Consumo. Peña defiende su decisión en un comunicado y los justifica por la “inactividad” en la gestión de la edil al frente de las concejalías que ostentaba, que considera “servicios esenciales” para la ciudad.

Pilar Mesa, por su parte, ha acusado al alcalde, Juan Antonio Peña (Ciuca), de “faltar a la verdad”. En un comunicado, afirmó que el alcalde le retiró todo el personal que tenía a su cargo de las competencias de sus concejalías, como hizo con su compañero de CC, Héctor Suárez, al que destituyó también el pasado mes de septiembre.

Los nombramientos han sido el detonante de la crisis del reciente pacto de Telde (un cuatripartito que desplazó del poder a Nueva Canarias). Hace dos semanas, el alcalde del cuarto municipio de Canarias, Juan Antonio Peña (Ciuca), cesaba de sus competencias al portavoz de Coalición Canaria, Héctor Suárez, que propició la contratación de un miembro de su partido, Jonay López, en una empresa privada adjudicataria del servicio de limpieza municipal. Su expulsión es hoy día “irrevocable” para los miembros del pacto (formado también por PP y Más por Telde) y hace tambalear la subsistencia en ese gobierno de la agrupación más fuerte de este partido en Gran Canaria, donde ha gobernado en los últimos años (en Mogán, CC tiene como aliada a la alcaldesa pero no se encuentra en sus filas, sino en Ciuca). En las pasadas elecciones sí que creció en Santa Bartolomé de Tirajana (donde obtuvo siete concejales) y se mantiene en Firgas.

No obstante, el nombramiento por parte del PP de un nuevo gerente para una empresa municipal también ha generado polémica este martes, aunque el movimiento cumple con los estatutos de dicha entidad. 

Héctor Suárez sigue defendiendo el nombramiento de Jonay López e insiste en que detrás de esta jugada se encuentra el interés de algunos “grupos políticos” para “colocarse en concejalías que no habían negociado en el pacto de Gobierno”. “Hay algún grupo político que tiene demasiado interés en las concejalías en las que nosotros estábamos desarrollando nuestra actividad y además esos intereses a lo mejor están muy alejados de nuestra hoja de ruta que era el interés general, la transparencia, el compromiso y la lealtad”, asegura. 

El concejal, que ahora se encuentra sin competencias, afirma que su compañera de partido Pilar Mesa se mantiene en el cargo de concejala de Alumbrado Público, Sanidad y Saneamiento hasta que el partido decida y que, mientras tanto, la formación ha abierto expediente informativo al otro edil que concurrió a las elecciones con las siglas CC-Juntos por Telde, Juan Martel, que tiene una semana para explicar por qué decidió asumir nuevas responsabilidades en diferentes áreas de gobierno sin acordarse por el grupo municipal. 

Suárez insiste en que, al margen de su expulsión, la decisión de que su partido siga en el pacto de Gobierno compete únicamente al grupo municipal y no a CC de Gran Canaria o al partido regional. Indica que tiene total autonomía y que el grupo dilucidará en los próximos días qué ocurrirá. Tanto Ciuca como PP subrayan que no tienen problema con Coalición Canaria sino con esa acción de Héctor Suárez por la que fue cesado de sus competencias. 

Juan Antonio Peña remarca que hay un total de quince concejales que componen el Gobierno municipal y que tienen mayoría para seguir adelante con el pacto. Sobre Héctor Suárez afirma que “el municipio ha pasado página sin olvidar y no hay vuelta de hoja. La decisión fue tomada firme, contundente y más que reflexionada y pensada”, resume. “La mesa del pacto se sigue reuniendo a diario y hay una concejala de CC a la que no hemos cesado”, añade el concejal Sergio Ramos (PP). Recuerda que su partido gobierna precisamente con Coalición Canaria en el ámbito regional, “y nos sentimos orgullosos”.  “Por tanto, no tenemos nada que ocultar ni nada en contra de CC y se trata de un caso puntual de Héctor Suárez”, destaca. 

El nombramiento en Fomentas 

Telde ha vuelto a ser objeto de polémica esta semana con otro nombramiento. El Ayuntamiento anunciaba este lunes el cese como director de la empresa municipal de vivienda y suelo, Fomentas, a Carmelo Ramírez Rodríguez “por pérdida de confianza”. Fue nombrado en 2015 por la entonces alcaldesa Carmen Hernández (NC) ya que este cargo estaba externalizado y se consideró que se ahorrarían costes con el nombramiento. La propuesta fue sometida a votación en el Consejo de Administración de la Junta General y se aprobó por mayoría de cinco votos a favor. El PP defiende ahora que su propuesta de nombrar al alto funcionario y ex concejal Máximo Bautista García como nuevo gerente se llevará a cabo por el mismo proceso: se votará y podrán participar también miembros de la oposición. 

La destitución y este nuevo nombramiento ha generado revuelo. Hector Suárez afeaba este miércoles que por una cuestión “idéntica” él fue cesado. Asegura que el puesto que luego ocupó Jonay González estaba “vacante” y que no se despidió a ninguna persona. También remarca que sí que había comunicado esta decisión al alcalde.

Suárez ya había resaltado hacía unos días que no tiene “ninguna empresa” y que éstas “pueden contratar a quienes consideren de forma libre y voluntaria”. También había considerado que la decisión que se tomó respecto a él responden a una “caza de brujas”.

Nueva Canarias ha reprochado también este martes en un comunicado que el despido del gerente de la empresa pública de vivienda y suelo “para colocar en su lugar a un ex consejero insular y concejal de Guía del Partido Popular”, una medida que, afirman, pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de la empresa. Desde el partido afirman que Ramírez es “junto al gobierno anterior el responsable de sacar a esta empresa pública de la concursal y de estar al borde de la quiebra”. Además, añade que “ha recibido varios premios nacionales por su gestión, como el galardón a la mejor Actuación en el ámbito de la Regeneración Urbana Integrada con el que se reconoce la calidad y la contribución a la cohesión social en la rehabilitación que se está realizando en Jinámar”.

Las diferencias de ambos nombramientos

Ciuca y PP insisten en que el cese se debe a una “pérdida de confianza” y que los estatutos de esa entidad recogen que pueden designar a un nuevo profesional al frente de la misma. Peña indica que la principal diferencia con respecto a CC es que este cambio ha sido puesto en conocimiento “por todos los socios de Gobierno y por todos los miembros de Gobierno; no ha sido algo oculto”, apunta. El alcalde, sin embargo, reprocha que el anterior nombramiento lo conoció por terceros. “No se informó de la contratación” aunque de todos modos no la hubiese compartido, recalca.

“Los cambios y los nombramientos van a ser siempre a favor del bienestar de la ciudadanía . No puedo decirte que no va a haber más o que será el ultimo porque no puedo visualizar el futuro”, añade Peña.

Ramos sostiene que comparar un caso con el otro supone no conocer el funcionamiento de un ayuntamiento por dentro. “Lo que ha hecho CC es colocar a gente en empresas privadas que tienen contratas en el ayuntamiento y que colocan gente de su partido dentro y otra cosa es que los estatutos de la empresa pública Fomentas permita al consejero delegado y al alcalde convocar un Consejo de Administración para el nombramiento del nuevo gerente, que además los propios estatutos recogen que sea una persona de confianza”, resume.

Sobre Máximo Bautista indica que es un alto funcionario y “una persona que la ciudad de Telde puede estar muy orgullosa por la experiencia que tiene y la formación para dirigir una empresa pública como Fomentas”. Por ello, añade que le resulta “impresionante” que la oposición diga que se debe elegir por libre concurrencia al gerente.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña (Ciuca), ha anunciado este viernes el cese de las competencias asumidas el pasado mes de junio por el concejal Héctor Suárez (Coalición Canaria), que se ha enterado de la noticia pocos minutos antes de emitirse un comunicado por parte del regidor del municipio. Peña sostiene que se trata de una decisión “meditada y contundente”, entendiendo que las actuaciones y decisiones del edil “no corresponden con la lealtad y compromiso adquirido en el pacto actual”.

El gobierno municipal de Telde está compuesto por Ciudadanos para el Cambio (Ciuca), que obtuvo siete concejales; Partido Popular (PP), con cuatro; Juntos Por Telde (Coalición Canaria - Coalición de Centro Democrático), que logró tres y Más Por Telde (MxT), con dos escaños. Ese pacto logró arrebatar la Alcaldía a Carmen Hernández (Nueva Canarias) que había cumplido con el objetivo de liquidar la deuda millonaria del municipio, una de las ciudades más importantes de Canarias, con 102.424 habitantes.

Peña resalta en un comunicado que “se apuesta por un cambio real de formas, prácticas y manera de actuar y que un gobierno comprometido no puede tambalear ante consideraciones que no repercuten en el bienestar de la ciudadanía”.

Además, lamenta haberse enterado por terceras personas de actuaciones que considera que “son de gobierno” y que “forman parte de la línea de actuación del equipo municipal”. “Ante cualquier situación irregular, la Alcaldía y los miembros de la Corporación van a actuar con contundencia”, añade. Subraya que “la ciudadanía eligió un cambio con expectativas muy altas y no podemos permitirnos ninguna actuación que se aleje de estos fundamentos”. 

El alcalde ha solicitado a la gestora del servicio de limpieza viaria y a la de dependencias municipales las copias de los últimos contratos realizados desde mayo hasta la actualidad, así como el cese de Jonay López, exconcejal del Ayuntamiento, contratado en los últimos días por la empresa a petición de Héctor Suárez. 

Peña asegura que cuenta con el apoyo de los concejales restantes y de sus líderes, como son Sergio Ramos (PP) y Juan Francisco Artiles (MxT) y, además, expresa que mantendrá el compromiso con Coalición Canaria y el resto de sus concejales.

Juan Martel (que se presentó a las elecciones junto a Coalición Canaria con la alianza Juntos por Telde) asume el cargo de concejal de Gobierno del área de Territorios y las delegaciones de Cultura y Servicios Municipales. Por su parte, Pilar Mesa mantiene Alumbrado Público, Sanidad y Consumo. Así, Ciuca se hace con el control de Aguas y Urbanismo, y el Partido Popular ostenta la delegación del servicio de Limpieza. Por su parte, Juan Francisco Artiles pasa a ser Segundo Teniente de Alcalde. 

El alcalde insiste en que ha decretado el cese del personal eventual vinculado al concejal Héctor Suárez y está pendiente de la propuesta de CC para los nuevos nombramientos.

Pese a que Suárez concurrió en las pasadas elecciones como cabeza de lista de Juntos por Telde y en la pasada legislatura fue alcalde del municipio durante los dos primeros años de mandato, Coalición Canaria se distanció de él durante la campaña electoral. En una ocasión, el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acudió al municipio en plena campaña y no estuvo acompañado de Suárez, pero no fue la única muestra de tensión entre ambos en el último año.

En Telde, el cuarto municipio más poblado de Canarias (cerca de 103.000 habitantes), hay quien se echa las manos a la cabeza cada vez que salta el tema de la corrupción. Primero, la reacción llega en forma de alarma. Después, muecas con la boca. Y por último, mirada al cielo en forma de súplica. La malversación de fondos públicos, las comisiones ilegales o el fraude son delitos ampliamente conocidos en cualquier punto de España. Pero, cuando se producen en el barrio en el que resides, la recepción es otra. No solo evocan rabia y enojo, también indignación. Especialmente impotencia. Porque los vecinos saben que quienes más van a sufrir las consecuencias del robo de dinero de las arcas municipales son ellos.

Es difícil encontrar a un ciudadano teldense que no reitere lo mismo: las calles, el asfaltado, el mantenimiento de parques y jardines, la cultura, el movimiento asociativo. Todo ha pegado un retroceso en estos últimos años por la falta de servicios. El ayuntamiento aprobó un plan de ajuste en 2012 “durísimo”, según catalogaron algunas formaciones políticas, para revertir una deuda que estaba alcanzando cifras astronómicas. Hubo varias causas detrás, todas ellas vinculadas al lado más sombrío de la política. Y fue esa concatenación de catastróficas desdichas, unidas a las más globales como la crisis financiera de 2008 o la pandemia, la que ha provocado que muchos sientan que Telde vive en una espiral de crisis permanente.

La buena noticia es que empieza a haber luz al final del túnel y que cada vez hay menos telarañas en la caja fuerte del consistorio. La deuda viva ha pasado de situarse en los 133 millones de euros en 2013 a los 2,21 millones a finales de 2021, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El grupo de gobierno que aterrizó en el ayuntamiento en 2015, liderado por Carmen Hernández (Nueva Canarias), que a día de hoy sigue siendo la alcaldesa del municipio, se marcó el objetivo de sanear las cuentas antes de acometer grandes cambios en la localidad, propósito que ha cumplido con creces y mucho antes de lo esperado. Pero a cambio, Telde sufre una parálisis palpable en todos sus distritos por la obstinación de sufragar lo que adeudaba en el menor tiempo posible. Un dato: en 2020, uno de cada tres euros se destinó al pago de la deuda, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Los sindicatos de la administración, que denuncian falta de personal en todos los departamentos, se preguntan por qué no se prorrateó durante más tiempo la amortización de dicha obligación económica. “De nada ha servido que se haya hecho en pocos años porque nosotros, como trabajadores y ciudadanos, no hemos visto mejoras”, apuntan. El consistorio recuerda que lo hizo así porque el plan de recorte se lo ordenaba. Todo lo que sobraba iba a parar al mismo cajón. “No podía arreglar una calle, no podía abrir escuelas infantiles, no podía contratar más personal… Nada”, añade Carmen Hernández.

Al final, se ha formado un cóctel explosivo de merma de las infraestructuras y los cuidados en una región conocida por su alta presión fiscal. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en Telde es el segundo más alto de toda Canarias, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IMVT) en la región lidera la clasificación en el Archipiélago y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) más de lo mismo. Pero la deuda ya se ha finiquitado casi al completo. La mayoría de políticos, vecinos y agentes sociales consultados por esta redacción coinciden en señalar que la recuperación está despegando.

“En esta nueva etapa, la gente está reconociendo que hemos dicho la verdad. Que cuando yo les decía que hasta que no pagásemos la deuda no podíamos invertir en la ciudad, pero que desde que cumpliésemos ese objetivo empezaríamos a hacerlo, no era mentira”, afirma Hernández. “Estamos intentando recuperar los servicios básicos y públicos. Ya hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda bastante por hacer”, agrega Héctor Suárez (Coalición Canaria), primer teniente de alcalde y concejal de Gobierno de Territorio.

Los empresarios de la localidad secundan los aires de optimismo. “Se está empezando a trabajar ya en el servicio. Ahora mismo se acaba de terminar de asfaltar toda la zona comercial, cuando hasta entonces lo único que se hacía era parchear y parchear”, indica Mónica Muñoz, presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde. “Telde reúne las condiciones para ser un motor económico de Gran Canaria”, sentencia Ángel Medina, presidente del grupo Cencosu-Spar y de la entidad de conservación del parque empresarial de El Goro (Goroeco).

El camino al pozo de la corrupción

Hace poco más de 20 años, Telde era una ciudad que estaba creciendo como pocas en Canarias. Colectivos sociales recuerdan al municipio como la “envidia” de la comunidad por haber sido capaz de dotar de obras públicas a prácticamente todos los barrios y por haber protagonizado destacadas reivindicaciones sociales. “Si hacía falta, la población se sentaba en el centro de la carretera hasta que la administración le resolviera una demanda”, subraya José Luis, miembro de la Asociación de Vecinos Bentejuí, de Lomo Cementerio.

Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo la corrupción nubló el crecimiento económico de la comarca. La legislatura de 2003-2007 estuvo marcada por el llamado caso Faycán, una trama de comisiones ilegales en la que quedó demostrado que varios miembros del consistorio, liderado por aquel entonces por el Partido Popular (PP) y la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar (AFV-Ciuca), organizaron un “sistema de obtención ilícita de fondos”, como así puntualiza la sentencia del caso, “con la falsa excusa de financiar al Partido Popular de Telde utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la corporación local”.

Los condenados, entre otras conductas ilegales, llegaron a acuerdos con empresas que pretendían ser adjudicatarias de contratos de obras, servicios o suministros con el Ayuntamiento de Telde, exigiéndoles el cobro de comisiones a cambio de ser favorecidas en la adjudicación de los procedimientos. También se confeccionaron facturas falsas destinadas a ser presentadas al cobro en el consistorio para compensar a los empresarios de las pérdidas que les suponía el pago de esas comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaron a alcanzar el 20% del presupuesto de ejecución de la obra.

El caso Faycán, así como otras piezas de la trama como el caso Grupo Europa, llevaron a Telde a ganarse la fama de ser un municipio donde reina la ley de la selva. Algunos de sus vecinos confiesan haber mantenido contacto con residentes que preferían no decir dónde vivían por vergüenza ajena. “Que si todos éramos unos corruptos, nos comentaban… Era un sentimiento de tristeza muy grande”, admite Marta Hera, del Patronato de Fiestas de la Concepción y la Caña Dulce. El movimiento colectivo también perdió fuerza por las “presiones” que se intentaron hacer sobre las asociaciones, añade Leo Hernández, de la Asociación de Vecinos Meclasa.

Junto a la corrupción, Telde sufrió cambios de gobierno constante y poca estabilidad política que derivaron en planes de urbanismo desfasados y obras faraónicas abandonadas. En el casco del núcleo urbano, sobresale el mamotreto del Palacio de la Cultura, una edificación nunca terminada que ha supuesto un despilfarro de 14 millones de euros, según un estudio reciente de la Asociación de Geógrafos Españoles.

En 2015, cuando Carmen Hernández (Nueva Canarias) se hizo con la alcaldía del ayuntamiento, encargó una auditoría económica que detallara hasta qué punto se había resquebrajado la salud económica del consistorio. Lo que encontró fue una deuda total de 191 millones de euros, de los que 33 corresponden a expropiaciones por sentencias firmes y 44 a facturas sin consignación presupuestaria generadas durante el mandato anterior (2011-2015), que lideró el PP, primero con Ciuca y Coalición Canaria y, posteriormente, solo con los nacionalistas.

“Telde podría ser un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la gestión pública”, remacha Hernández. “El ayuntamiento ha sido condenado en materia de expropiación por más de 34 millones de euros, que ha ascendido al final a los 50 millones con intereses, porque no se personó en los juzgados a defender ese asunto”, pone la alcaldesa como ejemplo de la “mala política” que desempeñó la corporación.

Primero la deuda; luego todo lo demás

El plan de ajustes que aprobó Telde en 2012 le obligó a reservar para la deuda importantes sumas de dinero que no podían ser destinadas a mejorar los servicios públicos. Hubo recortes. Muchos. “Se desmanteló la cultura, se cerraron las escuelas infantiles, se recortó en recogida de residuos, parques y jardines… Se puso en la calle a más de 100 funcionarios”, relata Hernández.

En 2015, la deuda con los bancos ascendía a 101,8 millones de euros. En 2021, ese dato ha caído a los 2,21 millones. Entre los municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, solo Alicante y Benalmádena presentan una rebaja similar en ese espacio de tiempo. “En el primer mandato [de 2015 a 2019] nos dedicamos a ordenar, a crear una estructura base, a poner los cimientos de la recuperación social y económica”, continúa la alcaldesa.

El problema es que esos “cimientos” están un poco más agrietados que antes. En 2010, Telde destinó 44,3 millones de euros a los servicios públicos y básicos, mientras que en 2020 dedicó alrededor de 12 millones menos (31,9). El primer teniente de alcalde, Héctor Suárez, reconoce que se está haciendo un “gran esfuerzo”, pero que los resultados no se logran de la noche a la mañana.

Varios vecinos manifiestan sentirse “abandonados” y los sindicatos se acuerdan de las “colas interminables, las citas previas que se eternizan o la tardanza para emitir un simple certificado de empadronamiento”. Según datos del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, Telde solo cuenta con 10 trabajadores sociales, mientras que San Cristóbal de La Laguna (21), Santa Cruz de Tenerife (24) y Las Palmas de Gran Canaria (38), los otros tres municipios con más de 100.000 habitantes en Canarias, le superan en número.

Aun así, la alcaldesa se muestra ilusionada y presume de gestión: “Hemos abierto las escuelas infantiles que se cerraron, hemos arreglado parques infantiles, hemos hecho un nuevo ayuntamiento, hemos rehabilitado unas mil viviendas en Jinámar… La gente está viendo con hechos, no con palabras, que este gobierno cumple”. Mientras, colectivos y agentes sociales consultados matizan que ahora, con unas cuentas saneadas, es cuando le toca al ayuntamiento trasladar todo el esfuerzo que ha invertido en pagar la deuda en impulsar el desarrollo del municipio. “Llevamos cerca de 20 años en crisis. Ahora les toca sacarnos de esta”, concluyen. 

El presidente de la Entidad Urbanística de Conservación de El Goro (Goroeco), Sebastián Grisaleña, ha denunciado este miércoles el escaso respaldo que el Ayuntamiento de Telde está prestando al Parque Empresarial de El Goro, una situación que provoca “graves consecuencias en la entidad”.

Grisaleña compareció ante los medios de comunicación acompañado por Ángel Medina, presidente de CENCOSU-Spar, y por Ángel Medina Padrón, director de Martínez Cano, S.A., y de otros miembros de la Junta Directiva de Goroeco.

Según han explicado, la actitud del Consistorio imposibilita la capacidad de la Entidad para desarrollar sus “competencias y funciones”, que antes eran municipales, tales como la conservación y mantenimiento de viales y calzadas y señalización, entre otras.

Grisaleña asegura que el Ayuntamiento de Telde sigue sin entender que Goroeco es una entidad de derecho público, con competencias exclusivas y que ha asumido la gestión esas competencias. Critica, además, la “parálisis y desidia el Ayuntamiento a pesar de los intentos de coordinación llevados a cabo y que han derivado en desencuentros y desengaños”.

Entre los asuntos que han generado este “enfrentamiento” entre Goroeco y el Ayuntamiento de Telde, Grisaleña cita la no tramitación de la nueva delimitación de El Goro a efectos de conservación, algo que perjudica a los ingresos de la entidad, pues deja de percibir unos 20.000 euros mensuales, según la Entidad.

Otro de los temas pendientes de resolución, según denuncia Goroeco, es que desde 2003 el Ayuntamiento de Telde “no ha requerido a los promotores iniciales de El Goro a que culminen las preceptivas obras de urbanización, a pesar de que hay ya sentencias judiciales que estiman la exigencia de los empresarios de El Goro”.

Uno de esos fallos judiciales, aclara Goroeco, emana del Tribunal Supremo en sentencia del 11 de diciembre de 2003.

Por otra parte, Sebastián Grisaleña ha vuelto a demandar al Ayuntamiento de Telde que informe a Goroeco de las licencias de obras públicas y privadas que concede en el área de actuación donde Goroeco ha asumido competencias y que sancione por daños y perjuicios las actuaciones que contravengan la normativa en materia de Disciplina Urbanística, actuaciones que pueden ser fiscalizadas por Goroeco en el ejercicio de sus competencias.

Además, desde la Entidad denuncian que la corporación teldense no dispone de un marco normativo que regule y sancione actuaciones irregulares que puedan afectar a espacios públicos y privados de El Goro. Y citan como ejemplo la inacción municipal ante el vertido de escombros en solares del parque empresarial.

Otra de las exigencias de estos empresarios se refiere a la seguridad en la zona. Grisaleña ha elogiado el trabajo y la dedicación de la Policía Local, pero pide más medios materiales y humanos en el municipio.

Tras realizar estas denuncias y peticiones, Goroeco anuncia que su Junta Directiva se reunirá para analizar las medidas que adoptará a partir de ahora para “defender los intereses de las empresas de El Goro”.

Según defiede Goroeco, el Parque Empresarial de El Goro es uno de los enclaves estratégicos de la economía canaria. Situado en un punto intermedio entre el aeropuerto de Gran Canaria, el Puerto de Las Palmas y la capital de Gran Canaria, se concibe como un “nexo logístico de primer orden para el abastecimiento de las islas”. Además, destaca, reúne a más de 450 empresas y da empleo a más de 5.000 familias en Canarias.

La liquidación económica de 2017 del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) cerró con un remanente de tesorería de 59,1 millones de euros, de los que 8,4 millones serán destinados a liquidar deuda legal exigible en vigor y, con el superávit de 22,9 millones se reducirá la deuda bancaria a la mitad.

El consistorio teldense ha aprobado este viernes una modificación de crédito por suplemento y crédito extraordinario de 31,3 millones de euros, de los que 22,9 millones del superávit de 2017 se destinarán a la deuda pendiente con la banca, que en tres años pasará de 111 millones de euros a cerca de 60 tras este pago.

Así mismo, del remanente existente de 59,1 millones de euros se destinarán 8,4 a liquidar deuda legal y exigible antigua, tras evaluarse 13.824 facturas de 320 proveedores, y tras los informes el Ayuntamiento estimará qué cantidad puede invertirse en el plan de pago de expropiaciones, que podría “reducirse o, incluso, liquidarse”, según ha dicho la alcaldesa, Carmen Hernández (NC).

“En un solo acto vamos a liquidar la deuda comercial al autónomo, al pequeño y mediano empresario y a los proveedores con deuda en vigor”, de forma que se responde “al saneamiento de la administración y la gestión de la deuda, que reduce el periodo medio de pago con una inyección directa de capital”, ha añadido la regidora.

Para Hernández, esta iniciativa servirá “de revulsivo a la economía local, para el mercado y su desarrollo” como garantía de presente y futuro “de servicios públicos y derechos de los ciudadanos”, además de permitir que se adelante “el resto del remanente de tesorería positivo para iniciar tramites y hacer lo mandado por el Tribunal Superior de Justicia del pago de deuda de expropiaciones”.

Con ello se eliminan “posibles demandas” y se evita “los costes en intereses en las costas de la vía judicial” y permitirá al Ayuntamiento “afrontar nuevos proyectos sin aumentar ni un céntimo ni los impuestos ni las tasas a los teldenses”, ha recalcado la primera edil.

Esta apuesta económica es “un gran esfuerzo por depurar ese cajón de sastre de más de una década que es la cuenta 413”, en la que tras este pago “se liquida la deuda legal y exigible”, ha apuntado la alcaldesa.

“Puede ser que quede alguna deuda prescrita, alguna factura duplicada o apuntes contables de expropiaciones, ya que interviene mucha casuística que se está abordando por objetivo”, ha añadido.

Además, ha destacado que “Telde se quita las dos cruces que le pesaban a sus espaldas, la de los juzgados, con decenas de sentencias judiciales firmes, y la deuda con los bancos, que hoy podemos afirmar que está liquidada o encaminada”.

“Hemos afrontado esa cruz y hoy iniciamos el camino al futuro con un plan de choque con honestidad y con la sensación positiva de que estamos haciendo las cosas bien”, ha dicho.

Ha recordado también que se han reducido “los plazos para recibir ayudas de emergencia por tres, de siete meses a mes y medio”, y que se han sacado adelante “decenas de obras inacabadas”, como el área polivalente de Narea, el edificio de El Cubillo o la Casa del Agricultor, entre otras.

Otras mejoras se han realizado “en más de 80 vías en diferentes barrios”, algunas de ellas después de una treintena de años.

“Más allá de opiniones y valoraciones de tipo político”, ha señalado Hernández, “es un hecho objetivo respaldado por cifras que Telde avanza a paso firme y apunta a un futuro esperanzador”.

Este futuro, según la alcaldesa, “es el que Telde se merece como un municipio de gran potencial económico que cuenta con una costa maravillosa con cuatro banderas azules, con zonas industriales potentes, el 80 % del suelo del aeropuerto grancanario y parques comerciales de potencialidad económica”.

Hernández ha agregado que el municipio posee “un casco único y una cumbre de primer nivel paisajístico”.

El caso Faycán, la Gürtel canaria que estallara en la ciudad de Telde hace 12 años, tiene en la financiación irregular de la reforma de la sede del PP una de las piezas clave que afectan directamente al partido como responsable civil subsidiario. Por unos miles de euros facturados a cargo de pedidos para programas europeos de empleo, pero que en realidad se destinaron a obras y material en un local del PP.

Este viernes, quien fuera mano derecha de la actual líder del PP, José Luis Sánchez, ha admitido los hechos como uno de los veinte acusados que han llegado a pactos con la Fiscalía, a cambio de sensibles rebajas en sus penas. Pero Sánchez ha evitado responsabilizar del desvío de fondos europeos a su jefa, Mari Carmen Castellano, a pesar de que en el plenario se escucharon grabaciones y se mostraron facturas con la firma de la que entonces era concejal de Desarrollo Local.

Es más, José Luis Sánchez apuntó a Francisco Gordillo, ex asesor de la cabecilla de la trama y entonces presidenta del PP local hasta su detención en marzo de 2006, María Antonia Torres, como el muñidor exclusivo de la financiación de las obras en la sede popular en el zona de Arnao. Tanto, que el acusado conformado y ahora testigo aseguró, a preguntas del fiscal, que “en cierto modo creo que Gordillo era capaz de hacer las cosas por su cuenta, sin encomendarse a nadie”.

Los pinchazos telefónicos, sin embargo, dejan evidencia lo sostenido por Sánchez: que ni él informaba a Mari Carmen Castellano de los avatares de la financiación de las obras en el local, ni tampoco Gordillo hacía lo propio con su jefa en la concejalía de Vías y Obras, Toñi Torres. Y que a partir de diciembre de 2005 Sánchez cortó la relación porque Francisco Gordillo “empezó a inflar las facturas”, justo cuando las grabaciones arrojan más luz del conocimiento de todo por parte de su jefa.

Una de esas conversaciones, entre Gordillo y Sánchez, refleja que no se manejaban solos:  “Estoy tomando decisiones y quiero que tú me apoyes. Quiero que estés al tanto de todo para que se lo digas a la jefa, porque los montantes son importantes, del aire acondicionado y todo eso”, le dice Gordillo a Sánchez. Este aseguró que no recordaba si finalmente se lo transmitió a Castellano. Aunque Gordillo le pedía que le “echara una mano” con la jefa de Sánchez para sacar adelante esos montantes.

Que el material necesario para el local (rodapiés, barandillas, un aparato de aire acondicionado) fuera a cargo de la concejalía de Desarrollo Local, en vez de la de Vías y Obras de la jefa de Gordillo, Toñi Torres, lo explica Sánchez porque Gordillo tenía acceso a través del interventor, el también acusado conformado y marido de la fallecida Torres, Enrique Orts, al estado del presupuesto de todas las concejalías. Y a la de Castellano le quedaba dinero y la de Torres ya lo había agotado ese año.

El hombre de confianza en aquel mandato de Mari Carmen Castellano –cuando fue detenida Toñi Torres, en marzo de 2006, pasó a ser secretario general del partido al ocupar la presidencia de Torres precisamente Castellano; y tras la detención de su jefa en noviembre, fue presidente unas cuantas semanas- dijo también no saber por qué figura la firma de Mari Carmen Castellano en las facturas que encubren ese material como si fueran pedidos de informáticos para programas de empleo.

“No sé si ella sabía nada. Se la pasarían [las facturas] los técnicos para la firma. A mí ya me había cesado y ya no era de su confianza”, sostuvo Sánchez en la sala. En realidad, Sánchez había pasado de ser asesor a gerente de la empresa Desarrollo y Promoción de Telde, del mismo departamento. “Yo no le comenté nada”, insistió.

Al final de su testifical las evasivas de Sánchez llevaron al presidente del tribunal, Salvador Alba, a recalcar por qué Gordillo le pedía que le echara una mano con su jefa, Castellano. Sánchez respondió que él ya no trabajaba en esa área, y que le era ajeno el asunto, reiterando su ruptura con Gordillo. Pero tampoco supo responder al juez si las facturas no se pagaban si no tenían el visto bueno de Castellano.

Los abogados de las defensas declinaron interrogar al ex asesor de la que fuera alcaldesa de Telde y ahora ejerce como portavoz del PP en la oposición. Incluso el representante legal del partido afectado por ese presunto beneficio ilícito con las obras de la sede, el senador Jorge Rodríguez también implicado y ya absuelto en una pieza separada del caso, Grupo Europa.

Este viernes también declaró el constructor Gutiérrez Galindo, de la mercantil Preconte, en relación al inusitado interés que tenía Francisco Gordillo en conseguir la cédula de habitabilidad de un piso que este le había vendido en Telde. Del resto de acusados conformados previstos para esta última sesión, el ministerio fiscal y las defensas declinaron interrogarles, como ha sucedido con la mayoría de ellos.

El Gobierno municipal de Telde liderado por Carmen Hernández (NC), gracias a un pacto con Coalición Canaria (CC) y Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), ha rendido cuentas sobre sus dos primeros años de gestión en una rueda de prensa celebrada esta semana.

La alcaldesa reconoció que las mejoras logradas por el Consistorio han sido modestas y alegó que “el cambio necesita tiempo”. Sin embargo, Hernández se mostró satisfecha por los avances en el saneamiento de las cuentas municipales y en la mejora de la defensa jurídica del Consistorio. Telde tiene un margen de maniobra limitado debido a la desorbitada deuda y el sinfín de disputas jurídicas en su contra que arrastra debido a la mala gestión y la corrupción de gobiernos anteriores.

Desde el principio de su mandato, Hernández ha priorizado la recuperación de la estabilidad presupuestaria. En 2015 heredó una deuda de más de 190 millones de euros, lo cual necesitó de la implantación de un presupuesto de mínimos que garantizara el pago de las nóminas y los servicios fundamentales, además de los abonos a proveedores y por expropiaciones.

En la rendición de cuentas de esta semana, Hernández ha destacado los esfuerzos del Ayuntamiento contra el “estigma” económico que lo lastra. La alcaldesa, que prorrogó este año por segunda vez los presupuestos aprobados en 2015 por el gobierno anterior - liderado por el Partido Popular (PP) - reconoció que la contención general del gasto “comporta un coste político” por los límites que impone en los pagos “cortoplacistas”. 

Hernández se mostró optimista por la progresiva mejora de las finanzas municipales. Durante sus dos primeros años al frente del municipio, la deuda viva del Ayuntamiento se ha reducido en casi 20 millones, pasando de los 111 millones de euros de junio de 2015 a los 93 de marzo de 2017.

Asimismo, en la liquidación de las cuentas de 2016 ha conseguido rebajar el déficit en 21 millones. Actualmente se está ultimando un plan de pago a proveedores, que ya cuenta con dos millones de euros para este 2017, para empezar a abonar los cerca de 10 millones en deudas de este tipo que cuentan con sentencia firme.

Aunque la prioridad haya sido la “férrea disciplina de pagos”, Hernández ha defendido el carácter social de su gestión. Al respecto, se ha confesado “moderadamente satisfecha” con la recuperación social del municipio impulsada por el Consistorio a través de una duplicación del presupuesto, para evitar cortes de agua y luz a las familias sin recursos y un Plan Estratégico de Servicios Sociales.

Para poder expandir la inversión social con un presupuesto apretado, Telde ha buscado la colaboración con otras instituciones. El municipio recibirá de forma directa 3,5 millones de euros de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que prevén financiar la segunda fase del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ARRU) y el Plan Integral de Jinámar.

El Consistorio local ha pedido, además, al Gobierno central la restructuración de su deuda y la creación de una comisión formada por técnicos de ambas instituciones para facilitar la colaboración  el proceso de saneamiento fiscal del Ayuntamiento.

Derroche y desidia en el gasto

Derroche y desidia en el gastoLa alcaldesa defendió el ajuste como un paso necesario para poder “hablar de esperanza” por el futuro aunque conlleve un “coste político”. Hernández ha dicho que la reducción de la deuda pasa por la eliminación de gastos superfluos para “gestionar sin cortoplacismo afrontando los problemas y las deudas”.

Al llegar al Gobierno municipal, el Ayuntamiento ordenó una auditoría que, según la concejala de Hacienda, María Celeste López, puso de manifiesto el “caos en la gestión” del anterior gobierno y el “descontrol desorbitado en gastos fuera del presupuesto”. Entre los 44 millones en facturas no presupuestadas, la auditoría encontró las facturas “más sangrantes” en el área de Festejos, especialmente en los cinco primeros meses del año electoral.

También se incluían entre estas facturas no presupuestadas las tareas de limpieza del Teatro Juan Ramón Jiménez, una de 16.700 euros para la creación y publicación de un logo “cuando hay un funcionario en el Ayuntamiento que tiene capacidad para hacerlo” u otra de 330.000 euros en abogados externos (los presupuestos ya recogían partidas de entre 500.000 y 600.000 euros).

Gastos judiciales

Gastos judicialesUna de las principales causas del sobreendeudamiento de Telde han sido las repetidas y abultadas condenas judiciales en su contra. El Ayuntamiento debe pagar cerca de 30 millones de euros por expropiaciones con sentencia firme. La alcaldesa destacó su gestión en este frente con un plan de pagos de deudas por sentencias en 8 años aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que permitirá al Ayuntamiento un ahorro en intereses de 2,7 millones de euros.

Hernández define como otro de los logros de su administración la mejora de la defensa legal del Consistorio. La alcaldesa celebró la victoria del Consistorio contra una reclamación de 10 millones de euros y la recuperación de las parcelas de La Mareta, cuya pérdida habría supuesto el pago de más de 40 millones.

Sin embargo, las derrotas del Consistorio en los tribunales no han desaparecido. Este pasado mes de junio, Telde fue condenado a pagar otros 170.000 euros por impagos a la UTE Comsa-Pérez Moreno por la tercera fase del inconcluso Palacio de la Cultura de Arnao. El proyecto, iniciado en 1997, acumula ya más de 10 millones de euros en sobrecostes.

Corrupción

CorrupciónOtro ingrediente clave de las malas finanzas municipales son las tramas de corrupción que han asaltado los fondos del Consistorio. En el Caso Faycán, cuyo juicio comenzará este octubre, la Fiscalía acusa a políticos, exconcejales y técnicos municipales de haber participado en “un sistema de obtención ilícito de fondos” prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que pagaban comisiones de hasta un 20% por la concesión de un contrato o por el cobro de deudas atrasadas.

La Fiscalía subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente “financiar al Partido Popular de Telde”, si bien eso “solo era un pretexto” -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.

La Fiscalía pide para Mari Carmen Castellano, la exalcaldesa del PP, cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación por los delitos de malversación, fraude, prevaricación y falsedad documental. En la causa también están imputados, entre otros, el exalcalde Francisco Valido y el exinterventor de la Ciudad de los Faycanes Enrique Orts, para quienes el Ministerio Público solicita, respectivamente, seis y siete años de prisión.

La causa Grupo Europa, una rama separada del Caso Faycán, consistía de un “negocio ilícito” denunciado por Anticorrupción que imputaba un gasto al suelo cedido por Telde para construir viviendas sociales, que iría destinado a pagar las comisiones ilegales. El exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena (PP), ha sido condenado a más de 5 años de cárcel, junto al empresario José Luis Antón (cinco años de cárcel), el funcionario municipal José Luis Mena (seis años y diez meses) y el gerente de la empresa municipal Urbitel, Juan Carlos Saavedra (cuatro años y diez meses).

Telde ha dejado este lunes sin efecto el contrato de adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas de La Mareta a una empresa del promotor Julián Gómez del Castillo. El Consistorio resolvió el contrato debido al incumplimiento por parte del empresario de los pagos acordados en el pliego de cláusulas de la adjudicación.

Con esta decisión, el Ayuntamiento espera poner punto final a las pérdidas millonarias que ha sufrido el municipio debido a los conflictos judiciales, la mala gestión, y las oportunidades perdidas en La Mareta desde 2003. Además de rescindir el contrato, el acuerdo aprobado este lunes en las Casas Consistoriales iniciará el procedimiento para evaluar los daños y perjuicios sufridos.

La moción se aprobó con los 18 votos a favor de Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC), Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), Unidos por Gran Canaria y el PSOE. Se abstuvieron dos concejales del Partido Popular y los dos concejales no adscritos vinculados a Podemos. Los cuatro representantes de Más por Telde y la exalcaldesa del PP María del Carmen Castellano no asistieron al pleno.

Las parcelas municipales sobre las que el Ayuntamiento ha recuperado el control son de enorme valor por su gran tamaño y su situación privilegiada. Las parcelas P1 y P2 de La Mareta tienen una extensión total de 141.000 metros cuadrados y se encuentran en la denominada “milla de oro” de Telde que bordea la autovía GC-1. Se trata de la zona comercial más importante del municipio, donde se han instalado grandes comercios como Alcampo, IKEA y Leroy Merlin.

En 2003, el Gobierno municipal liderado por Coalición Canaria concedió el uso de ambos terrenos por 60 años a la empresa contratista de Julián Gómez, que ganó el concurso de adjudicación con el proyecto de construir un complejo recreativo, comercial y hotelero en las parcelas.

El acuerdo de adjudicación requería de la promotora el pago de 16,8 millones de euros por el canon de los terrenos, pero 14 años después el Ayuntamiento asegura que sigue sin haber visto un solo euro de Gómez del Castillo.

Desde el Consistorio se ha concluido, después de varias negociaciones fallidas, que el adjudicatario no pretende cumplir el contrato. La alcaldesa, Carmen Hernández (NC), ha acusado al empresario de tratar de lucrarse a costa de las arcas públicas a través de una indemnización y duda que realmente pretenda construir un proyecto de ocio y comercio en La Mareta.

El dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias sobre la resolución del contrato de adjudicación ha sido esencial para aclarar cualquier duda legal sobre el proceso y bloquear las alegaciones por parte de la empresa adjudicataria. El Consultivo aseguró que el procedimiento de resolución es correcto y legítimo debido al impago del canon por parte de Parque Comercial y de Ocio La Mareta S.L. Además, el extenso informe del Consultivo rechazó las siete alegaciones presentadas por la empresa de Gómez del Castillo y trazó el camino a seguir por el Consistorio para completar la rescisión del contrato de adjudicación.

Las peripecias legales de Gómez del Castillo

Durante más de una década de batallas legales, el promotor ha esgrimido todo tipo de estrategias jurídicas contra el Consistorio de Telde. En 2008, consiguió que los juzgados anularan el acuerdo entre PP y Ciuca que revocaba su contrato de adjudicación. La revocación del contrato se declaró nula por contener un “vicio formal” al no haberse sometido al expediente del Consejo Consultivo de Canarias. El empresario logró que se le devolviera la adjudicación de los terrenos, pero no se le concedió ningún derecho de indemnización por daños debido a la falta de pruebas.

Hasta el año 2016 se encadenaron varios juicios entre el Ayuntamiento de Telde y la empresa de Gómez del Castillo. El promotor acusaba al Consistorio de irregularidades durante el proceso de devolución de las parcelas de La Mareta, y llegó a pedir más de cuarenta millones de euros de indemnización por los beneficios perdidos debido a la paralización de su proyecto.

Los juzgados instaron a la Corporación municipal a conceder la adjudicación al promotor y escriturar las parcelas, pero declararon infundada cualquier petición de indemnización.

En enero de 2017, el Ayuntamiento citó a Gómez del Castillo en la notaría para escriturar las parcelas P1 y P2 de La Mareta a nombre de la empresa del promotor. Desde el Ayuntamiento se exigía que antes de la firma se efectuara el pago del canon de 16,8 millones de euros, pero el promotor se negó a pagar antes de recibir la escritura. El promotor argumentó que ni el pliego inicial ni la decisión judicial vinculaban la firma de la escritura al pago del canon, acusó al Consistorio de desobedecer a la Justicia, y pidió una serie de cambios en las condiciones del contrato de adjudicación.

En marzo de 2017, cuando el Ayuntamiento dio por agotadas las posibilidades para cumplir con el contrato de adjudicación y decidió iniciar el proceso de rescisión del contrato, Gómez del Castillo pidió que se imputara a los concejales que votaron a favor de esta propuesta del Gobierno Municipal. El promotor acusó a 19 de los 27 concejales del municipio de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia, y pidió al Juzgado número 2 de Telde que los citara a declarar en calidad de investigados. Ahora, con el respaldo del informe del Consejo Consultivo, algunos ediles han sugerido exigir responsabilidades legales al empresario por estas acusaciones infundadas.

La corrupción: otro problema para Telde en La Mareta

Esta batalla legal es la raíz del caso de corrupción ICO – La Mareta. La exalcaldesa del PP María del Carmen Castellano está imputada junto a José Luis Mena, exconcejal de Urbanismo, Francisco López, también exconcejal de esta área, el exinterventor del Consistorio, y el que fuera coordinador de Hacienda. La Justicia investiga si hubo delito de prevaricación, malversación, falsedad documental y desobediencia a la autoridad, cuando se autorizó el pago de 13,2 millones por una indemnización al empresario Ambrosio Jiménez con cargo a una línea de crédito ICO.

La indemnización pagada a Ambrosio Jiménez vino después de que el Gobierno de la coalición PP-Ciuca revocara irregularmente la adjudicación de los solares P1 y P2 a Gómez del Castillo en 2003 para luego vender una sección de los terrenos a Jiménez en 2005. Cuando Gómez del Castillo ganó el juicio contra el Consistorio para que se le devolviesen los terrenos, el Ayuntamiento se vio obligado a quitarle a Jiménez la sección de 6.500 metros que había comprado en 2005 y pagarle una indemnización por las pérdidas consecuentes. La indemnización de 13,2 millones de euros correspondía a la devolución de lo que pagó por los terrenos en 2005, más intereses y una indemnización por lucro cesado.

El pago de la indemnización se hizo a cargo de los fondos de los créditos ICO facilitados por el Gobierno Central para el pago a proveedores en 2012, lo cual estaba explícitamente prohibido.

La mala gestión de los solares de La Mareta ha costado a Telde más de treinta millones de euros entre indemnizaciones, tasas no cobradas y oportunidades económicas perdidas. Esto ha supuesto un gran lastre para las finanzas del Consistorio, a día de hoy el más endeudado de Canarias, y ha obligado a reducir los servicios sociales en una población que los necesita con urgencia. Telde es una de las ciudades más empobrecidas de España y sufre una tasa de desempleo de más del 27%.

Las tensiones que se han generado entre Nueva Canarias y Más por Telde complican que la alizana de gobierno en el municipio se sostenga durante más tiempo. Ambos partidos, que junto al PSOE y a CCD conformaron un pacto tras las pasadas elecciones de mayo, no atraviesan su mejor momento. Y es que, según la portavoz del grupo de NC en el Ayuntamiento, Celeste López, después de que a principios de semana el concejal Juan Francisco Artiles se levantara de la reunión de corrdinación mantenida entre los cuatro socios se ha hecho cada vez más difícil “reconducir la situación”.

Según López, el pasado lunes el concejal de Más por Telde Juan Francisco Artiles había solicitado que se uniera el área de Planificación del Consistorio con la de Urbanismo, a lo que la alcaldesa, Carmen Hernández, contestó que se debía reflexionar sobre ello, ya que la planificación del Ayuntamiento se había consensuado después de las elecciones de mayo. Además, NC recuerda que se recomienda que esta área se encuentre ligada a Medio Ambiente.

No obstante, afirma que no dieron un tanjante “no” al concejal por respuesta. En este sentido, también recuerda que en las negociaciones para formar este pacto de gobierno se decidió que el ecologista, ligado a Más por Telde, Álvaro Monzón era el mejor candidato para el ámbito de la Planificación. De hecho, explica que hace nueve meses estaban todos de acuerdo con esta decisión, por lo que indica que no comprende este cambio y más aún en estos momentos en los que Telde “necesita” de un gobierno que trabaje por mejorar su situación.

La portavoz de NC apunta que Más por Telde quiere actuar con “independencia” y “autonomía” pero que su formación, la más votada en las pasadas elecciones, prefiere un gobierno “único” que “no mire por los intereses particulares de un partido”. Por ello, considera que se está pensando en intereses electorales.

“Nosotros no vamos a aceptar un ultimátum de Más por Telde”, advierte López. Asegura que a su partido le ha tomado por “sorpresa” que este desencuentro Artiles lo haya trasladado a los medios y que se haya “empleando descalificativos”, puntualiza. Cree que esta no es la manera de arreglar la situación.

López informa de que Nueva Canarias se encuentra ante una situación muy difícil con la que lidiar y que ve complicado dar continuidad a este gobierno. Y es que, cree que Artiles “no puede estar haciendo oposición desde el propio gobierno”, indica.

La portavoz de este grupo aclara que durante estos meses se han producido algunas confrontaciones entre los miembros del gobierno municipal, pero inisiste en que son “cosas del día a día” que “suceden en las mejores familias”. Asimismo, recuerda que la alcaldesa Carmen Hernández, tiene un perfil conciliador y que siempre está dispuesta al diálogo.

López concluye que si este pacto se llega a romper buscarán otras salidas a la gobernabilidad. Defiende que los ciudadanos de Telde no merecen esta situación, en los pasados comicios decidieron poner fin a “un gobierno marcado por la desidia” para dar paso a otro de cambio. Además, debido al panorama que vive la localidad, una de las que tienen mayor tasa de paro y gran nivel de pobreza y exclusión social, afirma que lo hay que hacer es continuar trabajando desde el compromiso que adquirieron en mayo.

Un pacto con desencuentros desde el inicio

Cabe recorder que las pasadas elecciones supusieron un batacazo para el grupo popular y la exalcaldesa María del Carmen Castellano, que obtuvieron 3 concejales frente a los 8 con los que contaron en 2011. Nueva Canarias irrumpió en el municipio como la fuerza más votada, logrando 7 ediles.

En el mes de mayo se iniciaron las negociaciones entre la formación de Carmen Hernández con otras fuerzas para lograr la gobernanza. De este modo, llegaron a un acuerdo con PSOE (4 concejales); Más por Telde (4) y CCD (1).

No obstante, durante estas conversaciones con otras fuerzas, se produjeron desencuentros precisamente con el partido de Juan Francisco Artiles, al no encontrar sintonía con el reparto de áreas. Después de diversas reuniones, los cuatro partidos ratificaron su alianza alegando que es lo mejor para la localidad. El 13 de Junio, Carmen Hernández es proclamada alcaldesa de Telde y los cuatro partidos indicaron que las discrepancias habían quedado a un lado y que iniciaban una etapa de cambio.

El Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, ha declarado “obstruccionista” al Ayuntamiento de Telde por el silencio administrativo y la dejadez en las denuncias ciudadanas, en las que no respeta los plazos para entregar la información que se le requiere en las quejas de los vecinos. 

Saavedra ha elevado en este 2014 la advertencia que en el informe anual de 2013 del Diputado del Común sobre la ciudad grancanaria, a la que acusó, entre otras Administraciones Públicas canarias, de “no responder al concepto de buena administración, y por ende, buen servicio al ciudadano”.

El que fuera presidente del Gobierno de Canarias ejerce en la actualidad la tarea de Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y puede investigar sobre el retraso indebido en la actuación administrativa; errores o arbitrariedades en la aplicación de las normas; sobre el silencio administrativo ante las peticiones ciudadanas; sobre el trato incorrecto a los ciudadanos; sobre la negativa injustificada a facilitar información; sobre la inejecución de las propias resoluciones adoptadas; y en general sobre cualquier mal funcionamiento de la administración pública canaria en cualquiera de sus ámbitos.

De esta manera, confirma las denuncias presentadas por la oposición al equipo de la alcaldesa María del Carmen Castellano, a la que acusan de “no contestar” a la información pedida en los Plenos y a los posteriores requerimientos que le ha hecho el Diputado del Común.

Entre estos partidos de la oposición se encuentra Nueva Canarias Telde, quien ha recordado, a través de su candidata Carmen Hernández, que “de nada sirven las Leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana, ni la aproximación de las nuevas tecnologías a los ciudadanos, cuando no se cree con convicción en dicha participación ni se cumple con el mínimo de entregarles la documentación administrativa que estos solicitan”.

Hernández también ha lamentado este “obstruccionismo” que es ahora subrayado por el Alto Comisionado y que sirve para verificar que el Gobierno formado por el Partido Popular, Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista “se llena la boca hablando en vano de la participación ciudadana, pero luego se demuestra con creces que no es que la incentive, sino que por el contrario la dificulta, gestionando el municipio de espaldas a la gente”.

La figura del Diputado del Común cumple 30 años en su versión actual, por lo que el próximo jueves el Parlamento lo celebrará durante un solemne acto en Santa Cruz de La Palma, sede del alto comisionado para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Poco días después Jerónimo Saavedra presentará su informe anual ante el Legislativo, del que ya se sabe que las quejas llegan hasta las 1.648.

María del Carmen Castellano (Las Palmas de Gran Canaria, 1967) lee actualmente Dispara, yo ya estoy muerto(Julia Navarro, 2013), un libro que arranca con la frase “hay momentos en la vida en los que la única manera de salvarse uno mismo es muriendo o matando”.

Llegó a la política por casualidad: “me fueron a buscar de parte de don Alejandro Castro, que en aquellos momentos era consejero del cabildo”, pero “nunca pensé estar en cargos políticos”. Promete que siempre estará del lado del Partido Popular, que decidirá si se presenta o no a las próximas elecciones. Ya ha conseguido su mayor ambición política: presidir el consistorio teldense.

Deuda

La abogada de profesión llegó como regidora al Ayuntamiento de Telde el 11 de junio de 2011 y tenía que haberse encontrado con “un superávit de 795.000 euros”, según ha dicho, aunque más tarde comprobaría que el gobierno saliente estaba “a un paso de la quiebra técnica, (con) un déficit de casi 5.000.000 de euros”.

Por ello, presume de haber pagado en dos años casi 30 de los 44 millones de euros contraídos en el mandato anterior. “Seguimos siendo uno de los municipios mas endeudados de España, pero estamos cumpliendo con todos los pagos”, asegura.

Caso Faycán

A pesar de que la Fiscalía ha pedido para ella 5 años de cárcel por el caso Faycán, María del Carmen Castellano no pierde el sueño ni se ve en prisión, manifestando que “yo sé que no hay absolutamente ninguna prueba, porque yo no he cometido ningún delito”, y añadiendo que “yo no he engañado a nadie”, en relación al conocimiento de su imputación cuando se presentó como candidata a la alcaldía.

Lleva esperando casi una década por una resolución judicial, lo que hace que se sienta “frustrada”, aunque admite que “es un peso al que yo me he acostumbrado a vivir con él, no solo en lo político, también en lo personal”. El “daño es irreparable”, pero lo único que no le permite dormir es el estado de salud de sus padres.

La Casa de la Condesa

“Es difícil que nosotros podamos pagar facturas a una empresa que dice que nos está asegurando y controlando que no entren a robar, y que día a día veamos que la Casa de la Condesa siga sufriendo robos”. La alcaldesa ha resuelto “defender los intereses de la ciudad de Telde y no los de ningún particular; aquí hay una empresa que ha incumplido con lo que nosotros tenemos y vamos a seguir adelante con todos los trámites que tengamos que seguir”, anuncia con respecto a Seguridad Integral Canaria, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

Su objetivo es convertir el edificio, antes de que finalice 2014, en un centro que agrupe las actividades culturales y de ocio de Jinámar, con un servicio de vigilancia.

Gestel

“Los trabajadores pedían que cambiáramos el orden de prelación de pagos y yo no lo puedo hacer, porque la ley tiene establecido primero los préstamos, después la Seguridad Social, después las nóminas”. A pesar de la huelga indefinida que desarrolla parte de los más de 30 empleados de Gestel, Castellano explica que hace todo lo que está a su alcance.

Considera a la empresa “un proveedor del ayuntamiento” y augura que “ahora vamos a tener una estabilidad”, habiendo eliminado la Universidad Popular y asumiendo sus funciones la Concejalía de Educación, con el objetivo de generar facturas que puedan ser pagadas y buscar así una solvencia económica para la entidad.

La regidora municipal se felicita de haber reducido el tiempo de cobro de los proveedores de 1.089 días a 3, 4 y 5 meses.

En lo personal

A María del Carmen Castellano le gusta caminar por la playa, leer y cocinar. Su comida favorita es el arroz al horno. Es madre, acude al gimnasio y tiene un gato llamado Huecco, “como el cantante”. En cuanto a la música, escucha a Merche y Alejandro Sanz.