El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que los planes hidrológicos traten con igualdad a todos los territorios y ha rechazado que el Esquema Provisional de Temas Importantes plantee que la región pierda dotaciones de agua para garantizar el riego en otras regiones. Por este motivo, el Ejecutivo regional está trabajando ya en la presentación de alegaciones y así lo ha manifestado en la clausura del XVI Congreso Nacional de Regantes que se ha celebrado en Ciudad Real.

En este escenario, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ante la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha demandado que los procesos de planificación recojan las necesidades reales de Castilla-La Mancha, algo que no está pasando “sino que nos están orientando en algunos casos a volver al secano, por lo tanto, a la muerte obligatoria de nuestros municipios en aquellos sitios donde se produzcan. Algo que no vamos a consentir y vamos a plantear alegaciones a las diferentes Confederaciones ahí donde creemos que esté perjudican nuestros intereses”.

“Castilla-La Mancha viene demostrando históricamente su solidaridad con otras zonas del país, pero no es aceptable que siempre se pida este compromiso a nuestra región porque el desarrollo de unos territorios no puede producirse a costa del estancamiento de otros. Por eso, reivindicamos el derecho de Castilla-La Mancha a desarrollarse, a usar el agua que nace en su territorio y a garantizar el agua para sus regantes”, ha señalado.

En este contexto, el consejero ha reivindicado la constancia del Gobierno regional “en la defensa de los derechos que nos asisten para poder utilizar el agua donde se genera, que es en nuestro territorio” en el que el sector agroalimentario aporta el 17 por ciento de su PIB. A lo que ha sumado “la posibilidad clara y objetiva de poder seguir creciendo, algo que solo es posible si se dispone de agua y se afianzan los derechos que tenemos hasta este momento”.

Asimismo, ha reclamado a los Organismos de Cuenca con competencias en la gestión del agua que contribuyan “a un uso eficiente y responsable del recurso, especialmente en el regadío”, y ha pedido que no se dificulte la actividad de los agricultores “mediante restricciones injustificadas o la aplicación de criterios desiguales entre territorios”.

Martínez Lizán ha insistido en la necesidad de mantener las concesiones del Plan Especial del Alto Guadiana más allá de 2027, una cuestión que afecta a miles de explotaciones agrícolas de la región. En ese sentido, ha abogado por “garantizar y afianzar la continuidad de todo lo que es la zona de regadío y los compromisos que se habían adquirido también por parte de otras Administraciones” para dar solución a los problemas del Alto Guadiana, especialmente a los 4.400 pozos que existen, algo que “no es un capricho sino una necesidad imperiosa para garantizar la vida de las personas que viven en todos esos pueblos”.

El Ministerio culminará todas las obras del plan de regadíos

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reivindicado su inversión en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha, donde mantiene actuaciones por más de 80 millones de euros y ha asegurado que culminarán antes de julio de este año.

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la clausura, que ha especificado que de los 80 millones, 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha precisado, tres de esas actuaciones ya han finalizado y se han entregado a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de su recepción formal y las dos restantes continúan en ejecución.

La secretaria de Estado ha asegurado que todas esas actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de julio de 2026, fijando así un horizonte concreto para la culminación de unos trabajos con los que el Gobierno ha querido reforzar la eficiencia hídrica y la competitividad del sector agrario.

Junto a esas inversiones, ha mencionado también el proyecto de Illana-Leganiel, donde el Ministerio está invirtiendo más de 24 millones de euros.

En este caso, ha indicado que la parte que corresponde al departamento ya ha finalizado y que la entrega a la comunidad de regantes queda pendiente de que Unión Fenosa complete su parte de la actuación. Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central está destinando más de 12 millones de euros a los regadíos de Mora.

En su intervención, García ha querido remarcar que la modernización del regadío debe alcanzar a todo tipo de explotaciones y comunidades. “Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejora utilización del agua”, ha afirmado.

La responsable ministerial ha sostenido además que el Ministerio está cumpliendo “íntegramente todos sus compromisos con Castilla-La Mancha”, y ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas en Letur y Mira tras los daños provocados por la dana. En ese punto, ha detallado que ya se ha ejecutado el 98% de los caminos rurales comprometidos en Letur y Mira, mientras que en el caso de las comunidades de regantes el grado de ejecución alcanza el 79%, a falta de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua.

En el tramo final de su discurso, la secretaria de Estado ha destacado el papel de Fenacore como estructura de interlocución del regadío en España, recordando su presencia tanto en la Mesa Nacional del Regadío como en el Observatorio del Regadío.

También, el consejero Martínez Lizán ha trasladado un reconocimiento expreso a quienes han hecho posible este encuentro, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II, que, durante toda esta semana ha convertido a Ciudad Real y al conjunto de la Mancha Occidental en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro del regadío en España, reuniendo a regantes, expertos, investigadores, empresas y responsables públicos.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este martes en Ciudad Real la necesidad de seguir ampliando las zonas de regadío en la región con criterios de sostenibilidad, al tiempo que ha reclamado la prórroga de la Directiva Marco del Agua para evitar efectos socioeconómicos negativos.

Caballero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde ha subrayado la importancia estratégica de este sector para la economía regional y nacional y ha recordado que España es uno de los principales productores agroalimentarios de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito, con un peso significativo del regadío.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el Ejecutivo regional mantiene una “defensa clara” del regadío, apostando por su crecimiento pese a las limitaciones del recurso hídrico y al contexto de cambio climático.

Según ha explicado, los avances tecnológicos permiten actualmente “producir más con menos agua”, gracias a la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno regional continuará apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes y ha señalado que “Castilla-La Mancha, ha indicado, se sitúa aún un 5 % por debajo de la media nacional en superficie regada, por lo que ha considerado necesario avanzar para igualar esos niveles”.

Caballero ha destacado, además, que el 70 % de los regadíos de la región ya son eficientes, un dato que, a su juicio, demuestra el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua, y ha defendido que el desarrollo del regadío es compatible con la protección del medio ambiente y resulta clave para garantizar la viabilidad económica y social de las zonas rurales.

El vicepresidente segundo ha insistido en que el sector agroalimentario representa en torno al 17 % del PIB regional, por lo que ha advertido de que “no se puede prescindir del regadío si se quiere mantener el desarrollo económico y la población en el territorio”.

Directiva Marco del Agua

En relación con la política hidráulica, Caballero ha señalado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la presentación de alegaciones a los actuales planteamientos en materia de planificación del agua y mantiene una presencia activa en organismos europeos como el Comité de las Regiones con el objetivo de lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua cuando su cumplimiento pueda generar efectos socioeconómicos adversos.

Ha rechazado la posibilidad de que se extingan concesiones de agua, como las vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana, y ha defendido la necesidad de regular situaciones pendientes en determinadas explotaciones.

Caballero también ha reiterado, como ya señaló el presidente de la región Emiliano García-Page durante el Día Mundial del Agua, que el Gobierno regional estudia plantear al Ministerio para la Transición Ecológica una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma asumir parte de los trámites administrativos relacionados con el agua, con el fin de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.

Y ha subrayado que, pese a las dificultades existentes, el sector cuenta con “motivos para la esperanza”, gracias al desarrollo tecnológico y al papel de las comunidades de regantes, a las que ha definido como organizaciones “responsables y comprometidas”.

Ha afirmado que Castilla-La Mancha defenderá sus intereses en materia hídrica sin buscar el enfrentamiento con otras administraciones, pero sin renunciar al debate cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar un uso sostenible y equilibrado del agua.

Valencia pide no “regatear” agua al Levante

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina Ros, que también ha asistido a la primera jornada de este congreso en Ciudad Real, ha reclamado no “regatear” agua al Levante y ha defendido que no se recorten las “aportaciones históricas” del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, asegurando que España “no tiene un problema de agua, sino de gestión y solidaridad”, y ha defendido el derecho de todas las regiones a acceder a los recursos hídricos disponibles en el conjunto del país.

En este sentido, ha pedido “no pelearnos por vasos de agua cuando dejamos perder ríos enteros”, apostando por una mayor planificación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha insistido en que territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia “también tienen derecho al agua de los españoles”, rechazando cualquier reducción de los caudales.

“No vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante”, ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener las aportaciones históricas que reciben los regantes del sureste.

El conseller ha defendido la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución mediante inversiones en infraestructuras hidráulicas, como embalses y sistemas de trasvase, y ha advertido de que en España “se deja perder una gran cantidad de agua” por falta de estas actuaciones.

En este contexto, ha hecho referencia a los compromisos internacionales en materia hídrica, como el tratado de Albufeira con Portugal, señalando que España ya ha superado las cantidades acordadas de suministro, y ha pedido que se mantenga el mismo criterio de “equilibrio y respeto” en el reparto interno.

Barrachina también ha insistido en que, ante el escenario de cambio climático, es necesario reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas en lugar de reducirlas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, el consejero valenciano ha reiterado su “respeto absoluto” y ha evitado entrar en la confrontación política, centrando el debate en la gestión global del agua y en la necesidad de incrementar las infraestructuras hidráulicas.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido ampliar las medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, advirtiendo de que, si no se refuerzan, podrían provocar una reducción de la actividad agraria y afectar al abastecimiento y al precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que arranca este martes en Ciudad Real con más de 800 asistentes, donde han dicho que los agricultores afrontan un contexto adverso marcado por el aumento de los costes energéticos y de fertilizantes, lo que compromete su viabilidad económica.

Fenacore solicita ayudas directas, créditos blandos y mayor flexibilidad en los plazos de amortización y aunque valora positivamente la medida de la doble potencia eléctrica —que podría reducir más del 20% del coste energético y ahorrar unos 40.000 euros anuales por explotación— considera que la crisis es estructural y requiere soluciones a largo plazo.

Además, apuesta por modernizar el regadío, mejorar infraestructuras hidráulicas e impulsar energías renovables para autoconsumo, con el fin de reducir la dependencia energética.

En materia hídrica, reclama reforzar la capacidad de embalse y una gestión del agua basada en criterios técnicos, adaptada al cambio climático. También solicita una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y mejoras en canales de riego.

Fenacore ha asegurado que el regadío es clave para la seguridad alimentaria y pide una política de Estado que garantice la sostenibilidad del sector agrario.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Mancha Occidental II y del congreso, José Joaquín Gómez, ha explicado a los periodistas al inicio de la jornada que el congreso es una oportunidad para “tomar conciencia sobre un recurso tan sensible como el agua” y ha defendido la necesidad de abordarlo como “un problema de Estado” que requiere soluciones globales y consensuadas.

Gómez ha puesto en valor la participación de administraciones, empresas tecnológicas y comunidades de regantes, destacando la capacidad del sector para avanzar en modernización y alcanzar acuerdos que permitan garantizar su futuro.

En este sentido, ha resaltado el papel de las empresas presentes en el congreso, que muestran el potencial innovador del regadío español.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el papel del regadío como elemento clave para el desarrollo agroalimentario y ha recordado que España es uno de los principales productores de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito.

Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha señalado que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el carácter estratégico del regadío, tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en zonas rurales.

Pascual ha insistido en que la sostenibilidad debe ser el eje central del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y tecnológico, y ha destacado los esfuerzos en modernización y digitalización, al tiempo que ha avanzado que el Ministerio estará atento a las conclusiones del congreso para incorporarlas a los procesos de planificación hidrológica en marcha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las particularidades de cada territorio y ha defendido el impulso de infraestructuras hidráulicas y medidas de reutilización que permitan garantizar el abastecimiento y el desarrollo agrícola.

El PP reclama un plan de regadíos

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la “confrontación política” y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que “sin agua no hay agricultura ni hay ganadería”, y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no se ha cumplido ni una sola línea”.

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

Vox defiende un plan nacional del agua

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugurará el próximo martes, 14 de abril, el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) celebrará en Ciudad Real entre el 13 y el 17 de abril. Lo hará en un contexto en el que la actividad agraria se está encareciendo por la subida de los costes de producción, especialmente la energía y los fertilizantes, debido a la guerra en Irán.

El Gobierno ya ha aprobado un plan de ayudas directas para el sector. Aún así, Fenacore ha recalcado que comparte la postura del resto del sector agrario al advertir que será necesario “ampliarlo y fortalecerlo” si el conflicto se prolonga. “Estas ayudas deben intensificarse para aliviar los costes, blindando la competitividad del campo y evitando que esta situación repercuta en el bolsillo de los consumidores”, ha indicado.

Este es el último tema que ha irrumpido en la organización del Congreso, que Fenacore organiza con la colaboración de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II. Al margen de ello, el encuentro reunirá a representantes de comunidades de regantes, investigadores, técnicos, empresarios del sector agrícola y políticos para tratar sobre el futuro del regadío español, con la IA y las aguas subterráneas como elementos clave.

Entre otras cosas, la organización de regantes ha avanzado que el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, presidirá la mesa de las comunidades autónomas en la que participarán varios consejeros autonómicos. En ella se abordarán los principales retos en materia de gestión del agua que afectan a las autonomías, como la disponibilidad de recursos y la coordinación entre administraciones para afrontar un escenario marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

Además, el secretario general de Irrigants d'Europe, Adriano Battilani, analizará el principio Water Efficiency First (WEFF), que forma parte de la nueva Estrategia Europea de Resiliencia del Agua y que “prioriza medidas de ahorro antes de recurrir a nuevas fuentes o infraestructuras, algo en lo que España ya lleva trabajando muchos años”. Esta asociación agrupa a los regantes de España, Italia, Francia y Portugal y Fenacore, que fue fundadora, ostenta en la actualidad la vicepresidencia.

A su vez, el evento tratará otros aspectos como la Ley de Evaluación Ambiental, la planificación hidrológica del 4º ciclo (2028-2033), la modernización de los regadíos, los proyectos de PERTE en las comunidades de regantes y otros planes europeos como CO2Framed y Life Triplet, en el que participan Fenacore y CUAS Mancha Occidental II.

Los regantes del Alto Guadiana han advertido de un escenario “crítico” e “insostenible” ante los cambios previstos en la gestión hídrica que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y han reclamado, como respuesta inmediata, la convocatoria urgente de una Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana que permita abordar la situación con diálogo y capacidad real de decisión.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa, el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt), Ángel Bellón, quien ha alertado de que el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 abre la puerta a una reducción de dotaciones y a la revisión, e incluso extinción, de derechos de uso de agua. Un planteamiento que, según ha señalado, pone en riesgo la viabilidad económica y social del territorio.

Por ello, el sector ha situado como principal prioridad la creación de un órgano específico de regadío en el Alto Guadiana, en el que estén representadas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y Agricultura, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, comunidades de usuarios, organizaciones agrarias, cooperativas y ayuntamientos afectados.

“Somos miles de familias que vivimos del agua y necesitamos respuestas inmediatas”, ha defendido Bellón.

El presidente de Fergualt ha advertido de que las medidas que se plantean suponen una disminución progresiva de derechos y dotaciones que podría derivar en una “ruina” para entre el 70% y el 80% de la población vinculada al campo, afectando ya no solo a usos agrarios, sino también industriales y de abastecimiento.

En este sentido, ha insistido en que la sostenibilidad debe compatibilizarse con la continuidad de la actividad agraria y el empleo en el medio rural.

La federación considera que la convocatoria de esta Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana es esencial para evitar decisiones unilaterales y construir un modelo de gestión consensuado.

El objetivo es que este espacio tenga capacidad real de decisión y sirva para definir las medidas del próximo ciclo hidrológico con la participación directa de los afectados.

Entre las propuestas que quieren abordar en ese foro figuran la recarga gestionada de acuíferos, el uso de aguas regeneradas, la recuperación de bancos de agua o la ejecución de infraestructuras que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.

Bellón también ha planteado la necesidad de estudiar aportes externos al Alto Guadiana mediante conexiones de bajo coste dentro de la propia cuenca o con cuencas colindantes, tras denunciar que en episodios recientes se han perdido importantes volúmenes de agua de embalses de la zona sin ser aprovechados.

Miles de expedientes pendientes

Otro de los motivos que, según Fergualt, refuerza la urgencia de convocar esta mesa es la situación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bellón ha denunciado un colapso administrativo con alrededor de 4.800 expedientes sin resolver, lo que genera inseguridad jurídica entre los regantes.

La organización ha reclamado una actuación inmediata para desbloquear estos procedimientos y ha insistido en la necesidad de reforzar el control sobre las extracciones ilegales, evitando que quienes cumplen la normativa se vean perjudicados.

Los regantes del Henares, el ingeniero agrónomo José María Tarjuelo, Ruidera Activa y el CEIP Mayor Zaragoza han sido las personas y colectivos reconocidos en Castilla-La Mancha con motivo del Día del Agua. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha resaltado, durante el acto institucional celebrado en Almansa (Albacete) la contribución de los galardonados “que inspiran, que abren camino y que demuestran que la sostenibilidad y la responsabilidad con el agua son tareas compartidas dentro de la circularidad del agua”.

Mercedes Gómez ha hecho hincapié en los cien años de experiencia acumulada por la Comunidad de Regantes del Canal del Henares desde su creación el 28 de septiembre de 1926, una “entidad de riego tradicional histórica” que agrupa a 1.569 comuneros y comprende una zona regable de 6.500 ha, distribuidas en los términos municipales de la provincia de Guadalajara fundamentalmente.

También ha argumentado sobre la importante labor investigadora de José María Tarjuelo para Castilla-La Mancha durante años. “Tarjuelo es uno de los referentes científicos españoles en ingeniería del riego, eficiencia hídrica y gestión energética en agricultura”, ha constatado después de hablar de sus más de 30 años dedicado a la docencia e investigación, centrada principalmente en la correcta gestión y uso del agua y la energía en el regadío; y como fundador en el año 2001 del Centro regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Biodiversidad y educación

Asimismo, ha recalcado ejemplos como el entorno de las Lagunas de Ruidera y la empresa Ruideractiva “que nos recuerdan que el agua es patrimonio natural, biodiversidad y riqueza ambiental que debemos preservar”.

La consejera ha concluido con quienes representan el futuro, los alumnos del CEIP ‘Federico Mayor Zaragoza’ de Albacete, como ejemplo igualmente de lo que se trabaja en los centros educativos de nuestra región en este Día Mundial del Agua. “Educar en el respeto al agua, en su valor y en su cuidado es fundamental para construir una sociedad más consciente y responsable·, ha manifestado.

El presidente Emiliano García-Page y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, también han estado acompañados en el acto institucional por la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro; el director-gerente de Infraestructuras del Agua de la región, Rubén Sobrino; la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero; y por el equipo de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que estos días planteará formalmente en el seno del Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua.

“No se dan las condiciones como para que entre de sopetón en marcha esta nueva estrategia Marco del Agua en Europa porque significaría no acompasarla a las necesidades de sostenibilidad y de transición que requiere también nuestro campo”, ha apostillado.

Desde Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', García-Page ha afirmado que Castilla-La Mancha no es la única que va a solicitar esta moratoria.

Ha apuntado que “la resiliencia hídrica es uno de los grandes asuntos que están cogiendo forma en Europa”, recordando que “una parte importante de Europa no tiene para nada problemas de agua”, por consiguiente “estamos intentando conseguir consensos para con las regiones y los países que sí tenemos problemas con el agua”.

Coincide con el presidente murciano aunque “sorprenda”

En esta propuesta de moratoria, García-Page --asegura-- coincide con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aunque a algunos “les podrá sorprender”. “Estamos de acuerdo en que si queremos fraguar un consenso en torno al agua en España tiene que ser sobre la base de que estemos también de acuerdo, y en eso lo estamos en la moratoria sobre la estrategia marco del agua”.

García-Page ha admitido que dicha estrategia, hasta ahora, “ha sido muy positiva” y hay aspectos de la nueva que “también pueden ser muy positivos para el conjunto de los países y las regiones que tenemos problemas con el agua”, pero “si no se consigue esa moratoria, se van a precipitar acontecimientos que no están ni con mucho maduros ni son del consenso general hoy mismo en Europa”.

De manera que --ha señalado-- la aplicación de esta moratoria tiene que ir de la mano del nuevo marco financiero de la Unión Europea y con de la nueva definición de la política agraria comunitaria. “Lo contrario sería poner el carro antes que los bueyes. Lo vemos así de claro y en eso coincidimos --espero que todas las comunidades autónomas españolas-- pero también con el grueso de las comunidades o regiones que estamos en el Comité de las Regiones”.

Un órgano que, según ha incidido García-Page, está cogiendo peso específico dentro de la Comisión Europea. “Hay una necesidad de que no sólo los grandes partidos políticos sino la representación local y territorial entre, sea porosa e influya en el conjunto de la marcha de la Comisión Europea”.

“Ese prisma de no tomar decisiones en Bruselas en frío desde los despachos sino acometerlas considerando y siendo sensibles con su implicación y con su extrapolación a los territorios es clave para el Comité de las Regiones”, ha finalizado el presidente regional.

Vino y jóvenes agricultores, también en su agenda en Bruselas

Además de agua, el presidente castellanomanchego aprovechará estos días en Bruselas para intervenir en distintos foros, una “apretada agenda” que le llevará a hacer una defensa del vino frente a las “amenazas” que periódicamente se van planteando “siempre en el seno de la Unión Europea intentando su restricción o su estigmatización”.

También ha recordado que va a encabezar y pilotar en el Comité de las Regiones la ponencia sobre la incorporación de jóvenes a la agricultura, que considera que es “clave”.

Igualmente, ha defendido que los agricultores y los ganaderos, “lejos de ser quienes pueden complicarle la vida al medio ambiente”, son “los que mejor pueden entender el medio ambiente que nos rodea, su sostenibilidad no sólo paisajística o ecológica sino también patrimonial y económica”.

El PP cree que lo que plantea no tiene “efectos jurídicos ni ejecutivos”

El vicesecretario institucional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha asegurado este lunes que el anuncio de Emiliano García-Page de acudir al Comité Europeo de las Regiones para plantear una moratoria en la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua “es una declaración sin efectos jurídicos ni ejecutivos”.

Lucas-Torres ha recordado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo, sin capacidad normativa ni ejecutiva para modificar directivas europeas. “Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE, donde está sentado el Gobierno de Sánchez, y el Parlamento Europeo, mediante una enmienda legislativa formal. Todo lo demás son palabras”, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ya ha trabajado esta cuestión con el Partido Popular Europeo (PPE), donde existe el compromiso de promover una modificación de la Directiva Marco del Agua para acompasar la transición ecológica a la realidad productiva del campo.

Además, ha señalado que la eurodiputada y responsable nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha trasladado personalmente a Núñez su compromiso de impulsar una modificación legislativa en el Parlamento Europeo en ese sentido.

“Lo que plantea Paco Núñez es cambiar la norma. Modificar la Directiva Marco del Agua. No hacer una declaración política en un órgano sin competencias”, ha remarcado.

Los nueve pozos ilegales descubiertos a la Casa de Alba en Aljóbar, finca de su propiedad en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han afectado al acuífero del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. Así lo reitera el último informe pericial de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido y abunda en que estas extracciones no autorizadas tienen “un carácter muy relevante” porque el acuífero del que se han pirateado los recursos, el Aljarafe Sur, está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, dos puntos clave porque van “nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

La conclusión se recoge en este documento, y así fue reiteradamente defendida por las dos peritos del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado) en la declaración como testigos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, en su momento el magistrado, tras el primer informe pericial que recibió en 2024, ya apuntó en un auto que los pozos podían tener un “impacto colateral en Doñana”, lo que no beneficia precisamente a la defensa de la Casa de Alba.

El caso que analiza el juez tuvo su origen en una denuncia de extrabajadores de la finca, lo que llevó a descubrir hasta nueve pozos sin licencia que habrían estado funcionando 11 años cuando la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) sólo tenía permiso para dos, uno de ellos para uso doméstico y no agrícola. Estas extracciones han sido ya precintadas dos veces, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido imputar a varios hermanos del actual duque de Alba, mientras la defensa sitúa en primera línea a un sobrino de éstos ( Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga) y la empresa culmina la regularización administrativa de las instalaciones sin licencia.

En su declaración ante el juez del pasado 20 de febrero, las agentes insisten en varias ocasiones en la conexión directa entre ambas masas de agua, un hecho que a su juicio “está descrito muy bien en un montón de estudios científicos y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también así lo determina”. “Está totalmente conectado con el acuífero Almonte-Marismas”, lo que se traduce en que “se produce una descarga natural desde Aljarafe Sur hasta el siguiente que hay, que es Almonte-Marismas”, que el propio informe recuerda que desde 2019 está declarado en mal estado.

“Riesgo de sobreexplotación”

En su testimonio, repiten que “el acuífero Almonte-Marismas tiene una recarga natural por parte de Aljarafe Sur”, que a su vez está empeorando su situación a pasos agigantados por el exceso de bombeos que sufre no sólo desde Aljóbar, sino también desde otras fincas colindantes. Ante las preguntas de la defensa encaminadas a diferenciar ambas masas de agua, las guardias civiles son tajantes: “No hay barreras, esa agua fluye de manera natural desde Aljarafe Sur hacia Marismas, tiene una descarga natural”.

A efectos administrativos y de gestión, el acuífero Almonte-Marismas está dividido en cinco masas de agua: La Rocina, Almonte, Marismas, Marismas de Doñana y Manto Eólico Litoral de Doñana. Tres de ellas se encuentran oficialmente declaradas en mal estado, concretamente los de Almonte, La Rocina y Marismas, que es la más cercana a Aljarafe Sur.

Durante la comparecencia, que se realizó por videoconferencia, la defensa puso el foco en que Aljarafe Sur, que es de donde extraen los pozos de Aljóbar, está oficialmente declarado en buen estado por la propia CHG. Así lo admiten también tanto el informe como las peritos del Seprona, aunque con el matiz de que este acuífero se está deteriorando rápidamente y ya está en “riesgo de sobreexplotación” porque supera la barrera del 80% entre los recursos que entran y los que se sacan. En concreto, en esta masa de agua se ha pasado de un índice de explotación del 78 al 91%.

Los informes de la CHG

Ante la insistencia de las agentes en que Aljarafe Sur está en riesgo de sobreexplotación y en la interconexión con Doñana, los abogados de la defensa les preguntan que cómo explican que Aljarafe Sur esté declarado en buen estado “y en cambio están diciendo que Almonte y Marismas están en riesgo”. “Eso se lo tendrá que preguntar usted a la Confederación, que es la que hace los estudios de los acuíferos”, fue la respuesta que obtuvieron.

Eso sí, añaden que se ratifican en el mal estado creciente de Aljarafe Sur. “La tendencia del nivel del descenso piezométrico está ahí, no nos la inventamos nosotras, y además a lo largo de diferentes planes hidrológicos el índice de explotación ha ido ascendiendo en número y además a mayores”. En este sentido, la CHG ha hecho ya dos informes a requerimiento del juzgado sobre la situación de Aljarafe Sur, con conclusiones similares: su estado es cada vez peor, de hecho está en los niveles más bajos desde que existen datos, y la batería de pozos ilegales de Aljóbar es “susceptible” de haber agravado las cosas, pero “no es posible concretar” que sea “el único causante” porque hay otras fincas vecinas con “intensas explotaciones”.

La defensa basa parte de su estrategia en que oficialmente no puede hablarse de que Aljarafe Sur esté sobreexplotado, que como mucho está en situación de riesgo, por lo que en consecuencia no puede hablarse de perjuicio para Doñana. “Sí que son daños derivados”, reiteran las agentes, “porque Doñana se está secando”, una situación a la que no ayuda que “el acuífero de las Marismas, que es el de Doñana, está conectado con el acuífero Aljarafe Sur” y debería pasarle más agua.

“El acuífero no se ha recuperado”

La defensa se centra también en que Aljarafe Sur no es un acuífero confinado, sino libre, lo que implica que no tiene materiales impermeables que dificulten su recarga con las lluvias, pero las peritos replican que eso no implica un efecto inmediato. Tiene opciones de recargarse de manera más rápida que un acuífero confinado, admiten, pero se pierde mucha agua por el camino antes de infiltrarse al subsuelo, “no cae un mililitro y le llega un mililitro al acuífero”, ejemplifican.

“Que nadie se engañe”, llegan a defender, si alguien espera que “los acuíferos van a llegar ahora a los niveles freáticos que tenían antes de toda la problemática que estamos teniendo”. Y así lo subrayan hasta en la última pregunta que les hace la defensa. “Con este carrusel de tormentas que ha habido de lluvia tan abundante, ¿puedo entender que el acuífero se ha recuperado”, les cuestiona el letrado, obteniendo una respuesta contundente: “No, no puede entender eso”.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación del Ayuntamiento de Zaragoza contra la sentencia que da luz verde definitiva al parque fotovoltaico Clarita en Movera. El fallo judicial confirma que la promotora, Valdenforne Solar SLU, ha consolidado su derecho al proyecto debido al “silencio administrativo” positivo del Ayuntamiento de Zaragoza. Para la plataforma Salvemos la Huerta de Movera, el fallo es “un desastre” que deja en evidencia “las maneras de hacer del Ayuntamiento y del consejero de Urbanismo”.

Desde el área de Urbanismo explican que el Ayuntamiento actuó en cuanto tuvo conocimiento de la magnitud de los planes para la huerta, impulsando la Modificación 214 del Plan General. Sin embargo, el proyecto Clarita se encontraba en una fase administrativa muy avanzada: ya contaba con todos los permisos autonómicos (INAGA y Energía) y la licencia se había solicitado en febrero de 2023. Fuentes municipales aclaran que, si bien se pudieron paralizar los parques que estaban iniciando trámites, no era legalmente posible frenar aquellos que ya habían solicitado la licencia en firme antes del cambio normativo.

La portavoz de la plataforma, Violeta Marqués, lamenta que la “falta de diligencia administrativa” suponga el fin de este regadío. “Nos deja vendidos porque obliga al Ayuntamiento a otorgar las licencias cuando podrían haberlas denegado en su momento; se acogieron al silencio y ahora tienen que concederlas”, crítica Marqués.

El proyecto solicitó licencia en febrero de 2023. En mayo, en plena recta final del mandato anterior, el responsable de Urbanismo acordó suspender la tramitación de licencias en suelos de regadío y “huerta honda”. Sin embargo, la sentencia señala que la resolución se dictó por una “autoridad manifiestamente incompetente”, ya que la facultad de suspender licencias para modificar el Plan General corresponde al Pleno municipal y no al Consejero.

Además, el tribunal califica la resolución municipal como un “híbrido extraño”. Reprocha que el Ayuntamiento intentara justificar la parálisis como una “actuación complementaria”, cuando en realidad buscaba un “replanteamiento, desde el punto de vista de la discrecionalidad”, de una normativa que no le interesaba aplicar.

Al declararse nula la paralización, el tribunal determina que el reloj de la administración nunca se detuvo. El Ayuntamiento disponía de un plazo de cuatro meses para resolver la solicitud conjunta de licencia ambiental y urbanística presentada en febrero de 2023. Según el fallo, el plazo expiró el 10 de julio de 2023 sin que existiera una resolución expresa. En consecuencia, se produjo un silencio administrativo positivo en la licencia ambiental (según la Ley 11/2014 de Aragón). Respecto a la licencia urbanística, aunque el silencio es negativo por norma general, el tribunal reconoce el derecho a obtenerla al comprobar que el proyecto era compatible con la legalidad vigente en ese momento. El parque, previsto sobre más de doce hectáreas de regadío en Movera, deberá ser autorizado conforme al proyecto presentado.

La sentencia subraya que la Modificación Aislada 214 del Plan General —aprobada posteriormente para limitar estas instalaciones— no tiene efectos sobre este caso. El derecho de la empresa se consolidó meses antes de que el nuevo blindaje urbanístico entrara en vigor, dejando al Consistorio sin margen de maniobra legal para denegar el proyecto. Desde la plataforma vecinal Salvemos la Huerta de Movera, su portavoz Violeta Marqués señala que esta resolución deja “en evidencia” la gestión de los tiempos del área de Urbanismo. El colectivo lamenta que la falta de un informe desfavorable en el momento oportuno y el recurso al silencio administrativo obliguen ahora a hipotecar 13,5 hectáreas de regadío tradicional.

El Ayuntamiento ha sido condenado además al pago de las costas procesales, limitadas a un máximo de 1.500 euros. Contra esta sentencia todavía cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o recurso de casación ante este tribunal por infracción de derecho autonómico. Sin embargo, fuentes municipales explican que no se plantean recurrir porque ya ha habido dos sentencias con la misma argumentación: “La asesoría jurídica ce que lo correcto sería acatarlo”.

“Luchamos contra gigantes”

El parque, previsto sobre 13,5 hectáreas de regadío en el polígono 63, es solo una pieza de un despliegue mayor que amenaza con ocupar 47 hectáreas en el entorno con otros cuatro proyectos. Violeta Marqués advierte del peligro de que Movera se convierta en “la pila del polígono industrial” de Malpica. “Tememos que las plantas solares se extiendan junto a las líneas de evacuación y terminen con todo el regadío”, señala, apuntando además que proyectos como Clarita y El Perdigal comparten infraestructuras.

La protección que ofrecía la Modificación Aislada 214 del Plan General —aprobada en 2024 para alejar las placas 750 metros de las viviendas— no afectará a Clarita por haber llegado tarde. “Esperamos que no tumben la modificación 214 en los tribunales, porque si no todo se quedaría desprotegido. Luchamos contra gigantes”, concluye la portavoz.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha calificado de desafortunada y profundamente provocadora la segunda visita a la región de la directora general del Agua, en el marco de la II Jornada Técnico-Jurídica organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real bajo el título ‘Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas’.

«Resulta inaceptable que se traslade públicamente la idea de que el Ministerio abra la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana. Este no es el camino», ha señalado con contundencia el secretario general de la organización a través de un comunicado, tras escuchar las palabras de la directora general en las que el Ministerio abre la puerta a revisar y extinguir derechos de agua en el Alto Guadiana.

Según Morcillo, en Castilla-La Mancha existía una fórmula de consenso que alcanzó su máxima expresión en el Plan Especial del Alto Guadiana, PEAG, y el Consorcio. Allí trabajaron de la mano el Gobierno de España y el Gobierno regional. Se plantearon actuaciones estructurales como la Tubería Manchega, la compra de derechos legalmente inscritos en el Registro de Aguas y la regularización de explotaciones de leñosos. «Un modelo basado en el diálogo, la participación y la corresponsabilidad institucional“.

«Desde UPA exigimos al Ministerio y al Gobierno de España que reconduzcan su posición con Castilla-La Mancha y que abandonen cualquier planteamiento que suponga la revisión o extinción masiva de derechos en el Alto Guadiana»,, ha señalado Morcillo. Es fundamental que el PEAG siga vigente y que se dote económicamente conforme a los compromisos públicos asumidos, entre ellos el anuncio público en Alcázar de San Juan realizado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de destinar 250 millones de euros al desarrollo del plan.

La organización, especialmente activa en aquel proceso, advierte de que no va a aceptar que ahora se pretenda sustituir el consenso social y político por construcciones jurídico-administrativas orientadas a justificar decisiones ya redactadas y escenificadas en la jornada de Ciudad Real.

Sin embargo, este planteamiento del Ministerio no es nuevo. En la jornada virtual celebrada en 2021, el presidente de la Confederación Hidrográfica, Samuel Moraleda, ya advertía que el cambio climático era un desafío ya que esperaba una reducción de las precipitaciones del 13% y eso implicaba menos agua para regar si no hay para abastecimiento humano y para mantener los caudales ecológicos en la cuenca, tanto en superficie como bajo tierra.

En esta misma jornada del 2021, el jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica, José Ángel Rodríguez, señalaba que “no queda margen para la demanda agraria de origen superficial”, para advertir también que “no hay más agua para concesiones de riego” que las indicadas en el plan. De hecho, decía, “el problema real es que no va a haber agua” y a eso se tienen que ir haciendo a la idea no solo en el Alto Guadiana sino en toda la cuenca del río.

Más de la mitad del regadío de la región

En el comunicado, UPA también recuerda que el Alto Guadiana concentra más de la mitad del regadío de la región, con lo que supone a nivel social y económico. De él depende una parte sustancial de la economía regional, no solo del sector agrario, sino también de la agroindustria, el empleo y la fijación de población en el medio rural.

Plantear en una jornada jurídica la posible extinción de derechos consolidados constituye «una provocación innecesaria y una amenaza directa a la estabilidad socioeconómica del territorio». Más aún cuando en otras cuencas hidrográficas se habla de garantizar derechos mediante desalinización o trasvases. «Es una doble vara de medir que no podemos aceptar».

Como ya ha denunciado en otras ocasiones, UPA incide en la situación de bloqueo administrativo que arrastran numerosos expedientes en la Confederación. «Demostrando ser una inútil en la gestión administrativa, con agricultores que llevan más de cuatro años esperando una resolución. En casos la respuesta que reciben es que deben esperar dos o tres años más».

Julián Morcillo denunció en el mes de diciembre lo preocupante de que la Administración General del Estado haya llegado a plantear, en el borrador de esquemas importantes, la posibilidad de retirar ayudas de la PAC a un agricultor por el mero hecho de abrirle un expediente sancionador; sin esperar a su resolución firme. “Eso vulnera principios básicos de seguridad jurídica”, denuncian.

En relación con la regularización de los expedientes de los pozos de 7.000, UPA recuerda que fueron regularizados mediante la compra de derechos legales inscritos en el Registro de Aguas; derechos que tienen la misma validez jurídica que cualquier otro título concesional, señala.

“Lo que hace falta no es una ofensiva jurídica contra los regantes, sino un pacto social e institucional. Este no es el camino. El camino es el diálogo, el consenso y el respeto a los derechos legalmente reconocidos», concluyen desde UPA.

La directora general de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), María Dolores Pascual, ha abierto la puerta a revisar e incluso extinguir derechos de uso de agua en el Alto Guadiana ante la situación de sobreexplotación que atraviesan sus acuíferos y ha defendido la necesidad de avanzar hacia una gestión sostenible que frene la tendencia negativa actual.

Durante su participación en la II Jornada Técnico-Jurídica de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, celebrada en Ciudad Real bajo el título 'Consideraciones sobre el derecho al uso privativo de las aguas subterráneas', Pascual ha señalado que “toda gestión del agua tiene aparejada de una forma imprescindible la controversia” y ha subrayado que gestionar el agua supone, en gran medida, gestionar conflictos, aunque también ha destacado la trayectoria de diálogo y búsqueda de acuerdos en este ámbito.

En relación con la posible extinción de derechos de agua, ha afirmado que la Administración debe estar “abierta a todas las posibilidades”, ya que el cumplimiento de plazos concesionales está situando a muchos aprovechamientos, no solo de regadío sino también hidroeléctricos, en un momento de revisión.

Ha precisado que se trata de una variable que la administración tiene que empezar a valorar, siempre con garantías jurídicas y con el apoyo de profesionales del ámbito judicial y del derecho.

Pascual ha reconocido que en el Alto Guadiana no se está produciendo una gestión sostenible de los recursos y ha advertido de que no se puede mantener derechos de agua por encima del recurso renovable disponible.

En este punto, ha recordado que las aguas subterráneas han permitido el desarrollo económico y social de amplias zonas del interior, pero ha incidido en que “el agua no es infinita” y que es necesario establecer métodos de limitación y medida.

En este contexto, ha planteado avanzar en varias líneas de actuación, entre ellas la posible minoración de extracciones y una transformación agronómica hacia cultivos menos consumidores de agua pero suficientemente rentables para mantener el nivel de vida de la población.

“No estamos hablando de que la gente tenga que marcharse”, ha aclarado, aunque sí ha defendido la necesidad de iniciar una senda de transformación para frenar la sobreexplotación del acuífero.

Asimismo, ha insistido en que existen aprovechamientos irregulares que no pueden mantenerse y ha defendido el trabajo de la administración en el control de extracciones, así como la necesidad de contar con la implicación de los usuarios, ya que la Confederación no puede actuar en solitario.

En cuanto a la coordinación institucional, ha subrayado que la competencia en materia de agricultura corresponde a la comunidad autónoma y ha defendido que el Ministerio y el Gobierno regional deben avanzar conjuntamente en esa transformación, como ya se ha hecho en otros territorios. El objetivo, ha explicado, es frenar primero la tendencia negativa y, si es posible, comenzar a revertirla.

Plan Especial del Alto Guadiana

Sobre el futuro del Plan Especial para el Alto Guadiana, ha recordado que la cuenca se encuentra en el cuarto ciclo de planificación hidrológica y ha recomendado la lectura de los esquemas de temas importantes elaborados por la Confederación, donde se plantean alternativas y propuestas que deben debatirse en el proceso de planificación.

Finalmente, ha detallado que la política del Ministerio respecto a las aguas subterráneas se apoya en tres ejes: la mejora del conocimiento, con una licitación en curso de alrededor de 17 millones de euros para la modelización numérica de acuíferos y estudios de protección; la mejora y racionalización de los usos, incluyendo sustituciones allí donde sea posible y digitalización; y el refuerzo de la gobernanza y del diálogo con usuarios y operadores jurídicos.

“Todo problema técnico acaba siendo un problema jurídico, económico y, finalmente, social”, ha concluido, defendiendo la necesidad de abordar la gestión del agua desde todos esos planos para mejorar la vida de las personas.

La Guardia Civil lo tiene claro: los nueve pozos sin licencia descubiertos –y precintados por orden judicial– en la finca Aljóbar de la Casa de Alba no sólo han provocado un importante daño ambiental, sino que le han reportado a la propiedad un “beneficio ilegal” que eleva a 5,1 millones de euros. Esto es así porque han podido regar por encima de lo que habría permitido el agua para la que sí tenían permiso, lo que se ha traducido en más cosechas de naranjas.

Así lo ratifica un segundo informe pericial que, a petición de la Fiscalía, ha elaborado el instituto armado y que entregó en noviembre al juez que instruye la causa por un posible delito ambiental. El documento reafirma las principales conclusiones del que se elaboró un año antes, y en todos sus términos se han ratificado las dos agentes que lo han elaborado, que el pasado viernes testificaron ante el magistrado y respondieron a las preguntas de la defensa, que representa los intereses de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona ésta y otras haciendas.

Aljóbar se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio ha llevado a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de Eurotécnica Agraria, aunque uno de los pilares de la defensa hasta la fecha es que toda la responsabilidad recaiga en un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga, que fuese primer nieto de Cayetana de Alba.

11 años de extracción ilegal

El análisis pericial aborda el “beneficio indirecto obtenido por el uso ilícito del agua”, para lo que tiene en cuenta la cantidad de fruto recogido (cítricos en este caso) por hectárea durante los 11 años que se considera que hubo un uso de “agua de procedencia ilegal”. Para ello establece dos periodos diferenciados, de 2014 a 2021 y de 2021 a 2024, ya que hasta 2021 se regaron 205 hectáreas, superficie que desde entonces se redujo a 164.

A este “beneficio ilegal” hay que sumar el importe del daño ambiental producido, que resulta de la suma de varios conceptos que, según las agentes, se han computado de una “forma conservadora”. La horquilla que ofrecen oscila entre 732.000 y 1,1 millones de euros, en función de si se usaron 5.000 metros cúbicos por hectárea –como asegura la defensa– o 6.352 como sospechan las investigadoras.

La cifra tiene en cuenta tres factores, el primero de los cuales es el valor en sí del agua extraída, que se movería entre 468.275 y 814.896 euros. A esto hay que añadir lo que costaría rehabilitar este entorno (201.489 euros) y el impacto por la pérdida de valor ambiental del ecosistema, que iría de 62.539 a 113.353 euros. Todo esto significa que, sumando daños y beneficio ilícito, estamos hablando de entre 5,8 y 6,2 millones de euros.

“Daños importantes” al ecosistema

En paralelo, el informe sostiene que la extracción ilícita de agua de un acuífero, el Aljarafe Sur, que está cerca de la sobreexplotación “supone daños importantes sobre el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles”. Esto es debido a las interconexiones naturales entre las diferentes matrices, en este caso suelo, agua y biota.

El índice de explotación de estas aguas subterráneas ha pasado del 78 al 91%, y se estima que existe riesgo para el acuífero cuando se supera el 80%. A esto se une que un bombeo excesivo “puede movilizar el agua presente en el subsuelo de baja calidad”, produciendo de esta manera un “deterioro” del recurso.

Durante la declaración de las agentes, la defensa intentó rebatir su trabajo tanto en lo que hace referencia al volumen de agua extraído como a la fórmula utilizada para determinar el impacto económico de los pozos ilegales. En concreto, puso el foco en el concepto del beneficio ilícito y consideró que, en general, se valora el daño dos veces, a lo que las guardias civiles respondieron que con ese argumento se confundía el ámbito administrativo con el penal, que es en el que se está investigando la causa.

La Comunidad de Regantes Tierra de Barros ha decidido posponer cualquier decisión sobre su posible disolución a la espera de la constitución de un nuevo Gobierno extremeño, al que solicitará una reunión urgente para conocer si existe una apuesta firme por el proyecto de regadío.

Así lo ha anunciado su presidente, Isidro Hurtado, durante la celebración de la asamblea general ordinaria, en la que ha reconocido que el momento “no es el más agradable”, tras dos años y medio sin avances significativos en el desarrollo del regadío. En este sentido, ha concretado que las obras deberían comenzar antes de agosto de 2027 por la expiración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria para su puesta en marcha. Además, ha destacado que ya cuentan con la concesión de aguas por segundo año consecutivo por parte de la Confederación Hidrográfica.

Hurtado ha defendido que comenzar una actuación mínima permitiría mantener vigente la DIA, pero para ello es “imprescindible tener voluntad política” por lo que esperan que el nuevo gobierno extremeño “tenga capacidad de decisión y nos diga sí o no, pero con claridad”.

El presidente de los regantes ha insistido en que la agricultura de secano en la comarca no tiene futuro sin una transformación estructural, aunque este año hidrológico esté siendo favorable, ha destacado la falta de estabilidad en campañas anteriores.

Pese a la incertidumbre, ha asegurado que no renunciarán al proyecto mientras exista “una última luz al final del túnel” y ha recordado que en campaña electoral todas las formaciones políticas coincidieron en calificar el regadío como imprescindible para la comarca, por lo que ahora esperan que ese respaldo se traduzca en decisiones concretas.

El pasado 11 de febrero, en pleno temporal de lluvia y viento que azotaba la provincia de Ciudad Real, entre otros puntos de la comunidad autónoma, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informó de la apertura de compuertas de la presa Vega del Jabalón en la provincia de Ciudad Real por “seguridad”

La decisión se tomó, según explicó en un comunicado, ante el episodio de borrascas con abundantes lluvias y teniendo en cuenta que este embalse está siendo “objeto de revisión” por parte del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.

Se señaló además, que los resultados preliminares de dicho informe “indican que la infraestructura no cumple con las garantías de seguridad exigidas”, así que ante el aumento del nivel en la presa se optó por soltar agua. Una decisión que provocó las críticas de Asaja. La organización agraria no solo pidió explicaciones por la medida sino que amenazó con ir a los tribunales al considerar que el agua de la presa es “la reserva estratégica que necesitan doce municipios para garantizar el abastecimiento humano y el colchón mínimo imprescindible para que el regadío de la comarca pueda sobrevivir”.

Hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, se ha reunido con los alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad de Aguas del Campo de Calatrava, en Ciudad Real, y que preside el alcalde de Corral de Calatrava Andrés Cárdenas. En la reunión también ha participado Francisco Velasco, representante de la dirección técnica del organismo de cuenca, responsable directo de la explotación de la presa del embalse de la Vega del Jabalón.

Y se ha vuelto a explicar lo mismo en un encuentro “de carácter técnico e informativo”, según ha informado la Diputación de Ciudad Real en un comunicado, que “ha servido para que el organismo de cuenca trasladara a los responsables municipales los motivos del desembalse que se está llevando a cabo”.

Moraleda ha explicado que la apertura controlada del aliviadero se producía al alcanzarse la cota que permite mantener almacenados en torno a 17 hectómetros cúbicos, aproximadamente el 50 por ciento de la capacidad total y que la medida responde a “criterios preventivos, con el fin de garantizar que, ante una eventual avenida extraordinaria del río Jabalón, el volumen de resguardo disponible junto con el caudal máximo de evacuación impidan que el agua pueda rebasar la coronación de la presa”.

Las normas de seguridad de las presas, más estrictas desde 2021

Se ha abordado, igualmente, la evolución de la normativa en materia de seguridad, según el comunicado de la Diputación de Ciudad Real.

Moraleda ha señalado que las nuevas normas técnicas de seguridad de presas, aprobadas en 2021, han establecido exigencias más estrictas para este tipo de infraestructuras. En el caso de presas de gravedad construidas con materiales sueltos, como la del Jabalón, “se exige evitar que el agua llegue a superar la coronación, ya que la erosión podría comprometer su estabilidad”.

Se ha vuelto a explica que la Confederación Hidrográfica del Guadiana se encuentra a la espera del estudio definitivo que está elaborando el CEDEX para concretar las normas de explotación del embalse. No obstante, en el avance remitido “se recomienda no almacenar agua por encima del nivel del aliviadero”.

El suministro está garantizado para cuatro años

En cuanto al abastecimiento, el presidente del organismo de cuenca ha asegurado que con los aproximadamente 17 hectómetros cúbicos previstos se garantiza el suministro para los próximos cuatro años.

Este plazo permitiría cubrir las necesidades hídricas de los municipios integrados en la Mancomunidad hasta la entrada en funcionamiento del ramal del Campo de Calatrava, conectado a la tubería de la llanura manchega, cuya puesta en servicio está prevista para el verano de 2028, según se ha expuesto en la última comisión de seguimiento celebrada entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ACUAES.

Desde la Diputación de Ciudad Real se valora “positivamente” la celebración de este tipo de encuentros. En opinión de la institución provincial, “permiten diferenciar con claridad las competencias del organismo de cuenca, responsable de la explotación y seguridad de la presa, y las de la mancomunidad, que se ocupa de garantizar el abastecimiento a los municipios, reforzando la coordinación institucional y ofreciendo certidumbre a ayuntamientos y vecinos del Campo de Calatrava”.

La nueva planificación hidrológica para el periodo 2028-2033 en la cuenca del Guadiana ha encendido las alarmas de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Castilla-La Mancha y ha mostrado su rechazo a los primeros documentos conocidos del proceso, advirtiendo de que apuntan a una reducción generalizada del riego.

El secretario general de la organización en la región, Julián Morcillo, ha asegurado durante una rueda de prensa que, aunque se trata de una fase inicial, lo que ya se ha puesto sobre la mesa no gusta “nada” a UPA.

Según ha explicado, el Esquema de Temas Importantes contempla medidas como la reducción de dotaciones de riego, la disminución de superficies regables y la extinción de derechos de riego, dejando como alternativa el paso al secano.

La preocupación es mayor en el caso de los regadíos que dependen de aguas subterráneas. Morcillo ha subrayado que estos planteamientos generan “inquietud” entre agricultores y ganaderos, al considerar que no responden a la situación real del sector.

UPA también ha mostrado su rechazo a otras líneas recogidas en los esquemas iniciales, como el fomento del riego deficitario, la conversión de regadíos en secano, bonificaciones para el abandono del riego o limitaciones en la comercialización de productos agrarios de regadío.

Asimismo, ha advertido de la posibilidad de compra de derechos con aplicación de expropiación forzosa en el entorno de las Tablas de Daimiel y de planteamientos que podrían afectar a las ayudas de la PAC en caso de expedientes abiertos con la Confederación.

Asimismo, Morcillo también ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana por los “problemas” que está causando en lo que se refiere a la gestión administrativa del organismo de cuenca.

Morcillo ha denunciado que existen expedientes de solicitud de agua, incluso para uso ganadero, que llevan años pendientes de resolución. Ha citado casos presentados en 2021 y que en 2026 siguen sin respuesta definitiva, con previsiones de varios años más de espera.

En paralelo, ha criticado que los documentos reflejen un incremento de medios técnicos centrado en actuaciones sancionadoras y en la extinción de derechos.

A su juicio, resulta “una barbaridad” que la prioridad sea el control y la sanción en lugar de atender los problemas de los usuarios.

Para la organización agraria, el enfoque actual de la planificación solo consigue generar “alarma entre los regantes” de la cuenca del Guadiana y evidencia, según ha defendido Morcillo, una falta de sensibilidad hacia la realidad que viven los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

Impacto del SMI en el campo

A preguntas de los periodistas sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Morcillo ha defendido que el problema del campo no radica en los salarios, sino en la falta de rentabilidad de las explotaciones.

Según ha trasladado, los agricultores “ya están pagando sueldos por encima del SMI y apuestan por salarios dignos”, pero la dificultad está en que “no salen las cuentas” debido al alto coste de producción.

En este sentido, ha insistido en que el verdadero problema del sector es el encarecimiento de insumos, energía y otros gastos estructurales, que están tensionando la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias en la comunidad autónoma.

Asaja Ciudad Real ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) explicaciones urgentes por el desembalse en la presa de la Vega del Jabalón. La organización provincial agraria considera “inaceptable” la situación que se está viviendo, con las compuertas abiertas y el embalse vertiendo agua pese a no encontrarse al máximo de su capacidad.

La organización agraria ha exigido a la CHG transparencia total sobre los informes técnicos que justifican el desembalse, las razones concretas que lo motivan y el calendario real de actuaciones para corregir las posibles deficiencias detectadas.

La organización exige conocer si existen errores de diseño, de explotación, de mantenimiento o de planificación que hayan conducido a la situación actual y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a repetirse. Y es que Asaja Ciudad Real subraya que, si el desembalse responde a razones de seguridad porque la presa no ofrece garantías suficientes, los responsables del mantenimiento de esta infraestructura deben responder ante una dejadez de funciones que conlleva unas consecuencias “muy graves”.

La organización provincial agraria no descarta acudir a los tribunales para depurar las posibles responsabilidades políticas que se pudieran derivar de este “hecho tan grave”, en el caso de que se confirme que ha existido dejación de funciones, falta de previsión o una gestión negligente de una infraestructura clave para el abastecimiento y el futuro económico de la comarca.

Desde la organización agraria se recuerda que el agua que actualmente se está desembalsando no es agua sobrante, “sino la reserva estratégica que necesitan doce municipios para garantizar el abastecimiento humano y el colchón mínimo imprescindible para que el regadío de la comarca pueda sobrevivir en un contexto de sequías cada vez más frecuentes y severas”. La organización advierte de que el volumen de agua que se está liberando puede equivaler a años de garantía para abastecimiento y regadío en la comarca.

Asaja Ciudad Real denuncia además el mensaje contradictorio que se traslada a los usuarios. Mientras al agricultor se le exige ajustar cada metro cúbico, soportar recortes de dotación y enfrentarse a controles y expedientes sancionadores, ahora se observa cómo se liberan hectómetros cúbicos que podrían marcar la diferencia entre salvar o perder cosechas. “Es indignante cómo los regantes tienen que ver cómo el embalse vierte agua en pleno escenario de incertidumbre hídrica”, subrayan desde la organización.

La organización provincial agraria advierte que no permanecerá en silencio mientras se pierden metros cúbicos tras metros cúbicos y, al mismo tiempo, se exigen sacrificios constantes a usuarios y regantes. “Queremos rigor, exigimos responsabilidad y vamos a estar vigilantes. Porque cada gota que hoy se desperdicia es futuro que se les roba a nuestros pueblos”, concluyen desde Asaja.