Las esperadas ayudas a los agricultores que dejen de cultivar en el entorno de Doñana ya tienen adjudicatarios. La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal de Doñana, que reducirán la presión que los cultivos ejercen sobre el acuífero. Casi todos los terrenos beneficiados tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos y ahora se dejarán por unos propietarios que han calificado de “insuficiente” este primer paso.

La propuesta inicial incluye 66 solicitudes preseleccionadas, de las 118 que presentaron la documentación requerida en plazo, y sus actuaciones abarcarán una superficie de actuación total de 407,14 hectáreas y 28,5 millones de euros. A éstas, se suman otras once solicitudes que quedan incluidas en la lista de reserva. Tras esta primera convocatoria, ya se trabaja en una segunda y se ha anunciado hasta una tercera para atender el grueso de las propuestas que se presenten.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, forman parte del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España para su recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de su entorno. Persiguen un doble objetivo: reducir la presión sobre los ecosistemas, en especial la demanda de agua sobre el acuífero, y acompañar al sector agrario en su transición hacia un modelo sostenible y adaptado al territorio. En los próximos meses se pondrán en marcha, además, ayudas al cultivo de secano y a la producción ecológica.

Según la dotación máxima de riego para la fresa y otras berries contempladas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la renaturalización de estas 407 hectáreas “permitiría reducir el consumo de agua para riego en la zona en 1,8 hectómetros cúbicos anuales”. “Un ahorro muy significativo si se tiene en cuenta que el volumen estimado de agua que se estaría detrayendo del acuífero de Doñana de forma irregular en la actualidad es de casi 1,5 hectómetros cúbicos/año”, han señalado desde el Ministerio.

Hasta 100.000 euros

Estas subvenciones son la piedra angular del pacto por Doñana, después de que el Gobierno decidiera no comprar terrenos pero sí pagar hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 al año durante una década) a los agricultores que dejen de cultivar y reviertan los suelos a forestal durante al menos 30 años. En el caso de la Corona Norte, epicentro de la polémica ley de regadíos que impulsaban PP y Vox y que se paralizó con este acuerdo político, esta cantidad se eleva hasta los 100.000 euros al complementarla la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000).

Por localidades, en esta primera remesa de beneficiados Lucena del Puerto reúne 33 propuestas (100,92 hectáreas), casi todas de concesionarios de derechos de canon (31 beneficiarios y 96,19 hectáreas). Almonte suma 14 solicitudes y 226,07 hectáreas; seis de ellas, con 19,28 hectáreas, corresponden a concesionarios. Completan el reparto Bonares (13 solicitudes, 30,62 hectáreas), Rociana del Condado (cuatro solicitudes, 42,88 hectáreas), Moguer (2,23 hectáreas) y una solicitud compartida entre Bonares y Lucena del Puerto (4,72 hectáreas).

Además, más de la mitad de las solicitudes afectan a menos de tres hectáreas, y prácticamente todas se sitúan en terrenos que tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos. De ellas, 43 corresponden a personas físicas y 23 a personas jurídicas. Además, 51 solicitudes incluyen 76,62 hectáreas en la Zona A, de carácter forestal, del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad); y nueve prevén renaturalizar 5,84 hectáreasde corredores ecológicos del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Convocatoria “muy innovadora”

Se trata, según han remarcado desde el Ministerio, de una convocatoria “muy innovadora”, la primera de estas características, y su gestión administrativa ha conllevado “una gran complejidad en su tramitación”, ya que el proceso ha supuesto “no solo una revisión administrativa y técnica y su correspondiente fase de subsanación”, sino también “la apertura de un trámite de audiencia adicional para que determinados solicitantes pudieran certificar sus derechos de canon sobre las superficies a renaturalizar”.

Además, el análisis ha abarcado más de 500 referencias catastrales y ha exigido varias fases de revisión. La resolución es provisional. Se abre ahora un plazo de diez días hábiles de alegaciones. Según las bases reguladoras, los solicitantes tienen que estar al corriente de cualquier sanción firme en materia de agua, medioambiente y urbanismo. El cumplimiento de estos requisitos deberá documentarse en esta segunda fase.

Los agricultores la ven “insuficiente”

Una vez conocida esta propuesta de resolución provisional, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado la ha considerado “insuficiente”, ya que “alrededor del 75% de la superficie presentada a través de la organización ha quedado fuera de esta primera resolución”. Así, en una nota han señalado que, “de las aproximadamente 1.200 hectáreas tramitadas por asociados de la plataforma, algo más de 300 habrían resultado inicialmente beneficiarias, mientras que el resto continúa pendiente de una solución”.

“Estamos analizando expediente por expediente, pero los primeros datos nos dicen que esta convocatoria se queda muy lejos de resolver el problema para el que se plantearon estas ayudas”, ha explicado el portavoz de la plataforma, Manuel Mora. Para la plataforma, uno de los principales problemas ha sido “la complejidad administrativa” de la convocatoria y la “dificultad” que han encontrado los agricultores para interpretar algunos de sus requisitos.

Mora ha señalado que “se han quedado fuera muchos expedientes por cuestiones documentales y requisitos muy concretos que los solicitantes no tenían suficientemente claros cuando se abrió la convocatoria”. Entre ellos, la Plataforma cita casos relacionados con la documentación aportada para acreditar determinadas obligaciones registrales o societarias.

Críticas a los plazos

Por ello, la principal petición de la plataforma es que las siguientes convocatorias “mantengan los criterios, la forma de puntuación y el ámbito territorial de los cinco municipios incluidos en esta primera línea”, de forma que los agricultores que ahora conocen los requisitos puedan presentar “correctamente” sus proyectos.

La plataforma también lamenta los plazos con los que se está ejecutando el acuerdo alcanzado para el entorno de Doñana. “El pacto se firmó a finales de 2023 y la primera convocatoria de ayudas a los agricultores se encuentra todavía, en octubre de 2026, en fase de propuesta de resolución provisional”, señala.

“Han pasado casi tres años desde el acuerdo y los agricultores seguimos esperando que la solución llegue realmente al territorio. Nos preocupa volver a ser los últimos en las prioridades del Pacto de Doñana”, ha asegurado el portavoz.

La Casa de Alba admite que tenía varios pozos sin licencia (hasta nueve) en su finca de Aljóbar, a las puertas de Doñana, pero insiste en que no extrajeron más agua de la que tiene autorizada la propiedad y que nadie ha podido demostrar lo contrario, básicamente porque carecían de los obligatorios contadores. Esto, unido a que considera que ningún informe técnico ha acreditado “peligro grave” para el medio ambiente, le lleva a concluir que en ningún caso se ha cometido un delito ambiental y que, como mucho, hablamos de una “infracción administrativa” por no tener regularizados los bombeos.

Éstas son las tesis con las que la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras en Aznalcázar (Sevilla), reitera que no hay nada más que investigar en este caso. De esta manera, se opone a los recursos que han presentado la Fiscalía y Ecologistas en Acción contra el archivo de la causa decretado hace un mes por el juez.

El escrito de Eurotécnica Agraria afea la petición de la Fiscalía de que sea en un juicio donde se analice si ha habido perjuicio o no al medio ambiente, y le reprocha al Ministerio Público que “desconoce que el juicio oral no puede convertirse en una investigación prospectiva” para determinar si hubo riesgo grave al entorno. “La instrucción ya ha demostrado la ausencia de base técnico-científica suficiente” sobre esta cuestión, apostilla.

En cambio, en su recurso la Fiscalía repite que se cometió un delito ambiental porque se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y en plena prealerta por sequía. En sus informes, la Guardia Civil cifra que la propiedad extrajo de manera ilegal entre 3.800 y 6.640 millones de litros durante una década larga, lo que le reportó un “beneficio ilegal” de 5,1 millones de euros y provocó daños al entorno de entre 732.000 euros y 1,1 millones.

Informes sin “fiabilidad”

En cambio, la defensa argumenta en su nuevo escrito que “no basta la mera infracción administrativa” para imputar un delito, y que el Código Penal establece que para ello es necesario que las captaciones “causen o puedan causar daños sustanciales”. Por ello, abunda en que para entrar en el terreno de lo delictivo se “exige algo más que la mera infracción de la normativa de aguas” que habría cometido Eurotécnica Agraria con sus extracciones.

“La mera existencia de pozos no autorizados y la infracción” de la Ley de Aguas no presuponen la existencia de un delito ambiental, sostiene el escrito. Para ello, habría que demostrar que se han dado las circunstancias “idóneas” para “originar un riesgo grave” para el acuífero (Aljarafe Sur) o para causar “daños sustanciales” a la calidad de las aguas, especies o hábitats.

La única forma de demostrar esto es con informes técnicos de una “mínima solidez pericial, inexistente en el presente caso”. De hecho, recuerda que la Guardia Civil hizo correcciones en sus análisis, lo que “merman su credibilidad y afectan a su robustez metodológica”, lo que le lleva a afirmar que “no alcanzan el umbral mínimo de fiabilidad”.

Legalización de las extracciones

La Casa de Alba insiste en que no se ha regado más superficie de la permitida, “sin que se haya podido determinar si se ha extraído más agua de la autorizada”. A esto suma que la administración hidráulica (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) reconoce como bueno el estado del acuífero, además de que no ha podido determinar que el progresivo descenso de su nivel sea responsabilidad “exclusiva” de Aljóbar porque hay otras fincas cercanas.

Por último, vuelve a agarrarse al otro gran argumento junto al de la falta de contadores, y es el cambio del régimen de regadío en la hacienda (transformación de derechos de aguas privadas a públicas) “por la que se legalizan la totalidad de las extracciones existentes”. Esta opción es un derecho que la normativa de aguas concede a la propiedad y que no evita posibles sanciones administrativas por irregularidades anteriores, pero se esgrime que “de apreciarse un impacto negativo” no se habría autorizado.

Eurotécnica Agraria, por cierto, presentó este proyecto a las pocas semanas de que empezara la investigación judicial en 2023, cuando ya había sido sorprendida con los pozos ilegales en uso por primera vez, ya que un año después volvió a usarlos. Con todo, la defensa lo que hace es repetir buena parte de los argumentos y razonamientos que han llevado al juez a dar carpetazo a la causa, de ahí que solicite que se reafirme el archivo del caso.

“Existen indicios suficientes de haberse perpetrado delito contra el medio ambiente”. Ésta es la conclusión en la que insiste la Fiscalía de Medio Ambiente sobre los nueve pozos sin licencia de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, y en ello basa el recurso de reforma que ha presentado para “revocar” el archivo de la causa decretado por el juez instructor. El escrito ha sido admitido a trámite, al igual que la petición en el mismo sentido de Ecologistas en Acción.

El Ministerio Público incide en la tesis, basada en los informes de la Guardia Civil, de que se produjo una “extracción sistemática y de carácter industrial” de agua sin licencia, además “mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural” y cuando el acuífero del que extraía (Aljarafe Sur) estaba en prealerta por sequía. Y basa su argumento en la cuestión principal de que la legalización de estos pozos el pasado mes de mayo “no elimina el delito contra el medio ambiente que ya se hubiera consumado”, ya que según el instituto armado las extracciones venían produciéndose desde hacía más de una década cuando fueron descubiertas en 2023.

Apunta así la fiscal contra una de las principales conclusiones del magistrado, el permiso que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal encargado de conceder los derechos de riego) dio a la propiedad para lo que técnicamente se conoce como transmutación de derechos de aguas privadas a concesión de aguas públicas. Eurotécnica Agraria, la empresa familiar que gestiona la finca y que controlan los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, inició esta maniobra para cambiar el sistema de riego –un derecho recogido en la Ley de Aguas– al poco tiempo de que empezara la investigación judicial.

“Aptitud potencial para un perjuicio grave”

La causa se inició en octubre de 2023, tras las denuncias por riego sin permiso, lo que llevó a la clausura de los pozos, un precinto que el juez decidió levantar y que provocó que meses después fueran sorprendidos una segunda vez bombeando sin licencia. La autorización dada por la CHG fue esgrimida por el juez en su auto de archivo como un elemento exculpatorio: si se ha permitido la “legalización”, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”.

La Fiscalía insiste en los indicios de delito “sin perjuicio de que con posterioridad puede haberse autorizado” esta transmutación de derechos. En este sentido, insiste en que esta “legalización posterior” no implica que se cometiera un delito contra el medio ambiente durante más de una década. A su juicio, estamos antes un “delito de peligro hipotético”, y que, por lo tanto, “basta con acreditar que la extracción clandestina e incontrolada tuvo aptitud potencial para causar un perjuicio grave al recurso hídrico legalmente protegido”.

Por eso, reitera que las licencias ahora concedidas que regularizan las extracciones “no tienen efectos retroactivos que anulen a previa conducta delictiva”. “En todo caso”, apostilla, “se mantendría la obligación de indemnizar los daños causados al dominio público” por la actividad de estos pozos.

Que se dirima en un juicio oral

Un “uso ilícito del agua” que, mantiene, permitió un “beneficio indirecto” de 5,1 millones de euros a Eurotécnica Agraria, a lo que suma que la cuantificación económica del daño ambiental ocasionado oscilaría entre 732.000 euros y 1,1 millones. Y aunque admite que hay dos informes de la CHG que alertan de daños al acuífero pero que no pueden concluir que sea por la acción “exclusiva” de los pozos de la Casa de Alba, sí da por certificadas numerosas irregularidades en Aljóbar: más captaciones de las autorizadas, sin contadores de agua –circunstancia que ha jugado a su favor–, sin régimen de explotación, sin saber si se han sacado más recursos de los permitidos...

Con todos estos elementos, la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla considera que, con la base de los informes periciales ya emitidos, es en un juicio donde hay que dirimir “si ha existido o no un objetivo y grave peligro para el bien jurídico protegido”. Por ello, solicita revocar el auto de archivo y que se empiecen a dar los pasos procesales para que se celebre un juicio oral.

Nuevo pronunciamiento judicial en mitad el debate sobre la 'salud' del río Tajo y sobre la cuestión del agua en Castilla-La Mancha. La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha celebrado hoy lo que califica de “nuevo revés judicial” para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el incidente de nulidad de actuaciones con el que pretendía dejar sin efecto la sentencia del pasado 13 de mayo que rechazó íntegramente su recurso contra el Plan Hidrológico del Tajo.

El Supremo recuerda que un incidente de nulidad es un mecanismo “extraordinario y excepcional” y no una nueva instancia para volver a plantear cuestiones que ya han sido estudiadas y resueltas mediante sentencia firme, según explica la asociación.

Además, señala que buena parte de las alegaciones del SCRATS pretendían reabrir debates ya examinados sobre la legalidad del Plan Hidrológico del Tajo, la regulación del trasvase Tajo-Segura, la coordinación entre cuencas o la determinación de los caudales ecológicos.

“Es un nuevo pronunciamiento contundente del Tribunal Supremo y vuelve a dejar claro que los argumentos utilizados contra los caudales ecológicos no se sostienen. Llevamos demasiado tiempo asistiendo a recursos y maniobras para cuestionar una realidad que los tribunales han confirmado una y otra vez”, ha señalado el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro.

La sentencia 596/2026, dictada el pasado 13 de mayo, ya había desestimado el recurso del SCRATS contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada mediante el Real Decreto 35/2023. El Sindicato trató posteriormente de anular ese fallo alegando, entre otras cuestiones, vulneraciones de derechos fundamentales y defectos en la valoración de la prueba, argumentos que el Supremo vuelve ahora a rechazar.

“Están en su derecho de utilizar las vías que permita el ordenamiento jurídico, pero llega un momento en el que hay que preguntarse hasta dónde se pretende estirar una cuestión sobre la que el Tribunal Supremo se ha pronunciado ya de manera reiterada. Mientras tanto, el Tajo sigue esperando”, ha añadido Castro.

El auto impone costas a los regantes

El auto impone al SCRATS las costas del incidente, fijadas en un máximo de 1.500 euros a repartir entre las tres partes recurridas. La resolución establece además expresamente que contra este auto no cabe recurso.

“Esto no impide que los regantes puedan intentar acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos fundamentales cuya vulneración han venido alegando”, advierten los pueblos ribereños de la cabecera del Tajo.

En opinión de esta asociación, “esa posibilidad no debería servir como argumento para seguir paralizando decisiones que afectan al cumplimiento de los caudales ecológicos y a la necesaria adaptación de las reglas de explotación del trasvase”, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La asociación considera que esta nueva resolución se suma a una larga sucesión de pronunciamientos del Tribunal Supremo contrarios a los recursos planteados contra la planificación hidrológica del Tajo y consolida un escenario jurídico cada vez más claro.

Por ello, insiste en que “el Gobierno de España debe avanzar ya en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos”. También en la modificación de unas reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura que, dicen, “fueron diseñadas para una realidad anterior a la actual planificación hidrológica”.

El Gobierno de España debe avanzar ya en la aplicación efectiva de los caudales ecológicos y en la modificación de las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura

“Se pueden seguir explorando vías jurídicas, pero eso no puede convertirse en una excusa permanente para no actuar, porque está en juego la salud del río Tajo. El Supremo ha hablado reiteradamente y el Gobierno tiene razones más que suficientes para cumplir ya con los caudales ecológicos y adaptar el trasvase a la realidad legal y ambiental del Tajo”, concluye el presidente de los municipios ribereños, Borja Castro.

El PSOE pide al Comité Regional del PP “una resolución en defensa del agua”

Coincidiendo con esta resolución judicial, el PSOE de Castilla-La Mancha ha reclamado al PP que, coincidiendo con el Comité Regional del partido que preside Paco Núñez, y que se celebra esta tarde, aproveche para anunciar “una resolución en defensa de los derechos hídricos de Castilla-La Mancha”.

A través de las redes sociales, los socialistas sugieren que “estaría bien que aclaren si el agua del Tajo se debe quedar en Castilla-La Mancha o prefieren que se vaya a Murcia”. En este sentido preguntan si “va a guardar silencio Núñez por ese pacto oculto con Génova para seguir de candidato?”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha acusado este martes a la Junta de dejar “hundir” al sector del regadío al que, según ha afirmado, destina “cero euros” para su modernización, y ha reclamado la convocatoria de la Mesa del Regadío.

En declaraciones a los medios con motivo de un acto relacionado con la modernización del Canal de Orellana en Acedera, el dirigente socialista ha contrapuesto los 25 millones de euros que, según ha destacado, aporta el Gobierno de España a esta actuación con la ausencia de inversiones que ha atribuido al Ejecutivo autonómico.

“La Junta de Extremadura no tiene proyecto para el regadío ni para esta región”, ha sostenido Cotrina, quien ha trasladado la preocupación que, según ha explicado, le han expresado representantes de los regantes por la falta de convocatoria de ese órgano de participación.

El responsable socialista ha calificado sus declaraciones como un “SOS de preocupación” ante la situación de un sector que considera estratégico por su contribución al producto interior bruto, al crecimiento económico de Extremadura y al empleo en el campo. En este sentido, ha defendido que el anterior Gobierno autonómico socialista destinó recursos a la modernización del regadío y ha señalado que la convocatoria de su mesa permitiría impulsar la competitividad de zonas regables que están “dispuestas a seguir creciendo”.

Cotrina también ha acusado al Ejecutivo regional de tener instalado el “negacionismo climático” en el Consejo de Gobierno y ha criticado sus posiciones respecto a las personas que llegan a Extremadura para trabajar en el campo y contribuir al desarrollo de esta actividad. A su juicio, está calando en la sociedad extremeña la percepción de que el Gobierno autonómico “no solo no tiene proyectos, sino que está arruinando a sectores como este”, mientras que el Gobierno de España respalda la modernización de sus infraestructuras.

Iniciativas en la Asamblea

El secretario general del PSOE extremeño ha asegurado que su partido está dispuesto a “remangarse” y trabajar por el regadío, un compromiso que, según ha indicado, ha trasladado a representantes del sector durante una reunión.

Asimismo, ha anunciado que los socialistas mantendrán sus iniciativas en la Asamblea de Extremadura y ha afirmado que las presentadas la pasada semana fueron rechazadas por el PP y Vox, a los que ha reprochado estar “de todo menos al lado de los regantes”.

Lo que se ha demostrado sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial”. Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ilegalidad tan básica como la ausencia de contadores de agua en estos puntos de extracción.

La organización ecologista considera que es necesaria (y posible) una reconstrucción hidrogeológica que determine si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia. En este sentido, apunta en su escrito que “la falta de contadores fue una circunstancia de la explotación, no una razón jurídica para declarar imposible” esta prueba, con la que “puede reconstruirse” cuántos recursos se extrajeron y qué efecto tuvo esto en el entorno.

“Lo que no resulta admisible es que la ausencia del medio de control exigible [los contadores] beneficie probatoriamente a quien debía instalarlo”, continúa, y es que el juez esgrime la ausencia de este elemento obligatorio para argumentar que no se puede saber el volumen de agua extraído y, por tanto, no puede concluirse que haya delito ambiental. En este sentido, también lamenta que el instructor “opta por una de las lecturas técnicas enfrentadas y descarta la restante”, eligiendo así el informe que presentó la Casa de Alba por delante de los firmados por los expertos de la Guardia Civil.

“Hipótesis delictiva fundada”

En su recurso, Ecologistas en Acción considera que en el auto de archivo “atribuye alcance exculpatorio a informes administrativos que no lo tienen”, en relación con las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de los derechos de agua. Y aunque admite que la investigación de la Guardia Civil puede tener “límites metodológicos”, insiste en que “permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada”.

El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5,1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”. En la finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia, sorprendidos en dos ocasiones en plena actividad.

Tras casi tres años de instrucción, el magistrado ha concluido que nada demuestra que se haya cometido un delito ambiental como el que imputaba la Fiscalía. Para la acusación particular, se pueden discutir aspectos de la investigación de la Guardia Civil, pero “lo que no cabe es negar la existencia de una conclusión técnica incriminatoria”, ya que se plantea una “hipótesis de riesgo relevante” que el juez no tiene en cuenta.

“Explotación abusiva”

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias: había nueve pozos ilegales, funcionaban sin contadores, “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones” –la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”– y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.

A todo lo anterior hay que unir que se ha constatado un descenso en el nivel del acuífero del que bombean agua los pozos, el Aljarafe Sur, oficialmente declarado en buen estado aunque en los últimos años se ha constatado un creciente deterioro del que –según la Confederación– no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen de aquí. Para la acusación particular, la valoración conjunta de todos estos elementos “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y apta para contribuir a un daño sustancial”.

El magistrado que ha instruido la causa también basa el archivo en que la propia Confederación ha dado permiso a la Casa de Alba para cambiar el régimen de riego, lo que conlleva la legalización de sus pozos. Esto le lleva a deducir que, si se ha permitido esta regularización (que se puso en marcha al poco tiempo de ser descubiertos e iniciarse la investigación judicial), “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo”.

Una reconstrucción hidrogeológica neutral

Para los ecologistas, el visto bueno que ha recibido este proyecto “valora la compatibilidad futura” en base a los permisos de riego que tiene Eurotécnica Agraria. En cambio, “no acredita el caudal efectivamente detraído en años anteriores, no convalida retroactivamente el uso de pozos no incluidos en el título y no equivale a una declaración de inocuidad de la forma en que se explotaron” durante once años, según los cálculos de la Guardia Civil, y además en plena época de sequía.

Por ello, el recurso insiste en la necesidad de que peritos neutrales lleven a cabo una reconstrucción hidrogeológica de lo que ha ocurrido en Aljóbar para saber el volumen de agua que se extrajo “con el margen de incertidumbre que corresponda”. Esta operación la considera técnicamente viable, una petición que “no pretende prolongar indiscriminadamente la causa, sino cerrar de manera neutral la única controversia que el auto considera decisiva”. Para ello, concluye, habría que analizar datos como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones hídricas, las características y potencia de las bombas y los consumos eléctricos.

Uno de los principales problemas en la gestión de los escasos recursos hídricos en España es la sobreexplotación de los acuíferos. Resumidamente: extraer de estos almacenes subterráneos más líquido del que reponen. Hay una parte de ese uso intensivo que se hace legalmente, pero otra porción se realiza a base de bombear agua sin permiso. Un robo del agua.

La organización WWF ha estudiado seis puntos agudos donde se extrae agua “con indicios de ilegalidad” para regar parcelas “potencialmente” irregulares. Se trata de los acuíferos de Almonte-Marismas —los que alimentan Doñana—, el Alto Guadiana que surte a Daimiel, Los Arenales en Castilla y León, Campo de Cartagena al lado del Mar Menor, Baza en Granada y el eje sureste del Segura.

Todos tienen en común que, en los últimos años, “han asistido a una transformación de unos cultivos tradicionales de secano a una agricultura industrializada de regadío superintensivo”, dice WWF. “No son ejemplos aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado”, explica la responsable del programa de aguas de WWF, Teresa Gil

Un posible delito ambiental “extendido e impune” añade Gil. Sirve de ilustración sobre lo complicado de la situación, el reciente sobreseimiento del caso de la extracción ilegal de agua mediante pozos en fincas de la Casa de Alba. El juez argumentó que no se ha acreditado que ese bombeo sin permiso haya perjudicado al acuífero o el medio ambiente.

La presión del regadío sobre los acuíferos españoles (datos 2024)

Cultivos en parcelas

con indicios de

ilegalidad (ha)

Extracciones

de agua en posible

ilegalidad (hm3)

ACUÍFERO

Alto Guadiana (Daimiel)

Los Arenales

Sureste (Segura)

Baza

Almonte-Marismas (Doñana)

Campo de Cartagena (Mar Menor)

39.244

16.481

15.229

4.100

3.379

3.271

69,71

67,42

48,85

8,34

13,34

14,63

1

2

3

4

5

6

Bilbao

A Coruña

El Acuífero de

los Arenales

(Castilla y León)

Barcelona

2

Madrid

El Alto

Guadiana

Valencia

El Sureste

(Albacete,

Almería y

Alicante)

3

1

Campo de

Cartagena

(Mar Menor)

Baza

(Granada)

6

4

Málaga

Almonte-Marismas

(Huelva)

5

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF.

La presión del regadío sobre los acuíferos

españoles (datos 2024)

Cultivos en parcelas

con indicios de

ilegalidad (ha)

Extracciones de

agua en posible

ilegalidad (hm3)

ACUÍFERO

1

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4

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Alto Guadiana (Daimiel)

Los Arenales

Sureste (Segura)

Baza

Almonte-Marismas (Doñana)

Campo de Cartagena (Mar Menor)

39.244

16.481

15.229

4.100

3.379

3.271

69,71

67,42

48,85

8,34

13,34

14,63

2

El Alto

Guadiana

1

3

6

4

5

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: WWF.

Aun así, los datos de este análisis demuestran que, cuando hay voluntad y se hace algo, la situación se modifica (para mejor). En Doñana y el Mar Menor, sus planes de acción (que suman 1.300 millones de euros de presupuesto) han derivado en una disminución del problema. En el Alto Guadiana, del que viven Las Tablas de Daimiel, el plan de actuaciones anunciado por el Ministerio de Transición Ecológica continúa estancado. “Es el epicentro”, avanzan los de WWF.

Almonte-Marismas

La situación: el trabajo admite que ha habido un “descenso significativo de la superficie de cultivos de frutos rojos en posible situación de ilegalidad”. A su juicio esto demuestra un “esfuerzo” de las Administraciones y las fuerzas de seguridad para rebajar los cultivos ilegales. Al mismo tiempo alertan de que lo que ha crecido son los cultivos leñosos, muchos de ellos olivos en régimen intensivo (que necesitan riego continuado).

“En Doñana se han producido progresos en el control” sin embargo, apuntan, el “problema del uso ilegal del agua persiste en la zona de estudio”, ya que en torno al 20 % de la superficie regada con recursos de las masas de agua subterráneas del acuífero de Almonte-Marismas presenta indicios de estar en situación de ilegalidad.

El robo: los cálculos de WWF dicen que en el entorno de Doñana —plantados sobre las masas de agua subterránea de las que depende el parque nacional— hay unas 3.330 hectáreas de cultivos con visos de irregularidad. Para alimentar esas explotaciones, analizan, se sacan sin permiso de los acuíferos más de 13 hectómetros cúbicos.

El impacto ambiental: la organización advierte de que, según su análisis, hay un grado de incertidumbre sobre la situación real de Doñana que provoca que cualquier previsión sea de “baja aplicabilidad en el terreno práctico”. Con todo recuerda que la Estación Biológica de Doñana ha certificado la desecación de las lagunas temporales que se han visto ocupadas por vegetación “típicas de suelos alejados del nivel freático”, es decir del nivel del acuífero y que la laguna de Santa Olalla se ha secado completamente tres años seguidos por la sequía.

Campo de Cartagena

La situación: tras el shock de la sopa verde que alertaba del colapso ecológico el Mar Menor, el diagnóstico estaba claro: había una explotación insostenible del territorio por el uso intensivo del agua para el regadío. En los últimos cuatro años, pues, “ha habido una mejora significativa” gracias al un “control más estricto de las administraciones” y “una mejor gestión de los usuarios”, dice este informe. Con todo, todavía hace falta “mantener y consolidar las medidas de control”, concluyen, porque sigue sacándose agua irregularmente allí.

El robo: la teledetección de parcelas fuera de los mapas con derechos de uso del agua muestra una superficie de cultivos con indicios de estar al margen de la norma de 3.271 hectáreas. La cantidad de agua bombeada desde el subsuelo sin permiso llega a los 14,63 hm³, según el trabajo de WWF. La identificación de parcelas corresponde a explotaciones de cultivos hortícolas de temporada, cítricos, cultivos leñosos tipo almendro u olivos e invernaderos.

El impacto ambiental: es uno de los más célebres. El uso intensivo de agua sobre cultivos cargada de fertilizantes termina por desaguarse en la laguna costera del Mar Menor. Esa entrada masiva de nutrientes —los restos del fertilizante— provoca un estallido de microalgas Esa es la sopa verde. La proliferación de fitoplancton bloquea la entrada de la luz del sol al fondo de la laguna y causa muertes masivas de las praderas marinas. Esa biomasa muerta en descomposición consume el oxígeno disuelto en el agua (anoxia). Sin ese oxígeno ocurren grandes mortandades de peces y otra fauna acuática.

Alto Guadiana

La situación: WWF lo llama el “epicentro” del robo del agua y califica la situación de “al borde del suicidio hídrico”. Sobre esas masas de agua subterránea se ha creado una estructura ambientalmente insostenible: de entrada, la Confederación Hidrográfica del Guadiana calcula que la extracción legal de agua para permitir que los acuíferos se recuperen debería toparse en 199 hm³ al año. Las extracciones para el regadío suman 370 hm³. Un déficit estructural de más de 170 hm³.

El robo: las parcelas presuntamente ilegales llegan a las 39.000 ha. “Es un 22% de la superficie total regada”, pondera el estudio. El riego asociado a esas explotaciones llega a los 69 hm³ en 2024. “La existencia de riegos con indicios de ilegalidad es uno de los factores principales que explican el déficit”, argumenta WWF.

Una gran parte de los que se explota son cultivos leñosos que, para que sobrevivan en Castilla-La Mancha necesitan riegos. “Especialmente las vides en espaldera y los almendros en régimen intensivo”, aclara el análisis. La gran superficie dedicada a estos cultivos conlleva la sobreexplotación del acuífero.

El impacto ambiental: los humedales de La Mancha necesitan el agua subterránea. Las fuertes precipitaciones han cubierto una buena parte de las Tablas de Daimiel en 2025 y 2026 después de que, sin lluvia, el parque estuviera al borde de secarse por completo —tanto que necesitó trasvases de urgencia desde el Tajo y bombeo extra desde pozos en 2023 y 2024—.

La cuestión es que las aguas superficiales de las Tablas y las subterráneas de los acuíferos están desconectadas debido a la bajada del nivel bajo tierra. Sin esa conexión, el líquido no brota, es decir, no alimenta al humedal.

Los Arenales

La situación: aunque ha disminuido un poco respecto a 2019 (un 5% menos de superficie), el regadío “en posible situación de ilegalidad” todavía es “relevante” y supone un “impacto directo sobre el balance hídrico y el estado de las masas de agua subterráneas”, diagnostica el informe de WWF.

En esta zona de Castilla y León puede observarse, por un lado, cómo se concentra el problema en la masa de agua Tierras de Medina y La Moraña mientras allí donde se han creado comunidades de usuarios de aguas subterráneas se ha constatado “una disminución significativa del uso ilegal”.

El robo: las cifras muestran 16.400 hectáreas (un 21% del total) de cultivos con sospecha de ser irregulares y un volumen de extracciones igualmente fuera de norma de 67 hm³. Como el índice de explotación de este sistema de acuíferos compuesto por tres masas diferenciadas está en 1,24, si se le resta el volumen sacado sin permiso ese índice se quedaría en 1,0, es decir, se extraería lo que reciben los acuíferos al año. “La posible ilegalidad es un factor material que contribuye a la situación de desequilibrio del sistema”.

El impacto ambiental: actualmente, en Tierras de Me­dina y La Moraña, “se identifican más de 30 zonas húmedas en estado de desconexión”, recuentan los ecologistas. Y en la zona de Tierra de Pinares más de 20 zonas podrían beneficiarse de una recuperación de niveles “si disminuyeran las extracciones”.

Sureste

La situación: el objetivo era estudiar áreas de la Cuenca del Segura que habían quedado fuera del radar ante la urgencia de la situación en Campo de Cartagena y el Mar Menor. Se han delimitado tres zonas: Albacete, Alicante y Almería. El estudio subraya que hay un “crecimiento insostenible” del regadío presumiblemente ilegal en la provincia de Albacete.

El robo: se considera que hay unas 15.200 hectáreas con indicios de ilegalidad. La mayoría, como se decía, en Albacete donde suman 11.000 ha fuera de la cartografía regulada. Después está Almería con 3.700 hectáreas. En Alicante aparecen 226 ha. En total son un 20% del total regado en esas tres provincias. El principal cultivo es el viñedo.

Respecto al agua que se extrae para esas parcelas, la estimación es que se beben unos 48,8 hm³, supuestamente, sin permiso.

El impacto ambiental: WWF informa de que se han detectado parcelas con indicios de ilegalidad dentro de zonas de especial protección. Y señalan explotaciones al norte de la Laguna de Petrola que es un de importancia para las aves.

Baza

La situación: “desconocido y preocupante” robo del agua, lo califica este trabajo. El estudio se fija en siete masas de agua subterránea en la comarca de Baza (Granada). De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desplegado un plan específico de inspección para esta comarca.

Con todo, WWF señala que sus análisis difieren mucho de algunos de los presentados por Confederación para ciertos acuíferos: en el de Sierra de las Estancias, la Confederación considera que hay un índice de explotación de 0,6 y la organización estima que llega al 2.0, es decir, un 200%. “Es un indicio de una altísima sobreexplotación”.

El robo: casi el 62% de la superficie regada presenta indicios de estar en situación irregular, en tolal 4.100 ha de las 6.600 irrigadas en la comarca. Los cultivos afectados van desde los olivares a los frutos secos pasando por los invernaderos y los hortícolas. El agua captada para estas explotaciones llega a los 8,3 hm³.

El impacto ambiental: una sobreexplotación como la que apunta el trabajo de WWF “podría llevar al agotamiento de los recursos en un plazo de tiempo relativamente corto”.

El proyecto de regadío de Tierra de Barros comienza a despejar su horizonte temporal, aunque con deberes urgentes para el sector. El Ejecutivo regional prevé iniciar los trabajos sobre el terreno a principios de 2027 con una inversión inicial de 20 millones de euros contempla en las cuentas públicas, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, en la Junta General de la Comunidad de Regantes.

Para garantizar el cumplimiento de esta hoja de ruta, la Consejería prevé formalizar en noviembre el encargo de las obras a la empresa pública TRAGSA. Sin embargo, la movilización de los recursos públicos está condicionada a un paso previo: los agricultores interesados deben concretar su compromiso de forma inminente.

Antes de mediados de octubre, la Comunidad de Regantes deberá entregar a la Administración el listado definitivo y actualizado de comuneros, precisando las hectáreas exactas que cada explotador prevé incorporar al sistema. Para validar dicha relación y certificar la implicación real del campo, la entidad solicitará una garantía de 150 euros por hectárea a los agricultores incluidos en la lista.

La inyección inicial de 20 millones de euros por parte de la Junta permitirá acometer los primeros trabajos sin que los regantes tengan que desembolsar dinero en esta fase previa. El objetivo prioritario de este primer tramo de inversión es evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un escollo técnico que paralizaría el expediente.

Rediseño técnico y nuevo convenio en 2028

De forma paralela al despliegue sobre el terreno, la Consejería redactará un nuevo proyecto constructivo. El documento corregirá los errores del diseño anterior, se adaptará a la normativa vigente e incorporará tecnologías para optimizar el ahorro hídrico y energético, lo que requerirá tramitar las modificaciones correspondientes en la DIA.

El coste orientativo de la transformación se calcula en unos 6.000 euros por hectárea. Para las etapas posteriores, se estudiará un modelo de financiación conjunta entre la Junta, fondos europeos y las aportaciones de los comuneros. Una vez fijados los compromisos de hectáreas y redactado el proyecto, la previsión es firmar un nuevo convenio en 2028 entre la Junta y la Comunidad de Regantes para continuar la ejecución ese mismo año.

Seguridad hídrica para el sector vitivinícola

Desde la Consejería de Agricultura sostienen que el desarrollo del regadío garantizará una disponibilidad de agua “más constante y previsible” frente a periodos de sequía, facilitando la ordenación y regularización de los aprovechamientos existentes bajo el marco ambiental actual.

Esta estabilidad resulta estratégica para el tejido agroindustrial de Tierra de Barros. Contar con un suministro previsible permitirá a cooperativas y bodegas planificar con mayor rigor las producciones, organizar la vendimia con antelación, asegurar la calidad de la materia prima y cumplir con solvencia sus compromisos de comercialización.

Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.

El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.

Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.

“No puede concluirse” un delito

El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.

¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.

La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.

“No parece” que hayan causado daño

Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.

Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros. 

Sorprendidos dos veces funcionando

Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.

El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.

En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.

Carpetazo judicial al caso de los nueve pozos ilegales descubiertos en una finca de la Casa de Alba, con los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal que generaron un “beneficio ilegal” de cinco millones de euros. El magistrado encargado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años señala que estas extracciones carecen de licencia, pero que en todo caso esa es una cuestión administrativa y la acusación no ha podido demostrar que se haya producido un delito contra el medio ambiente.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico, el instructor subraya que las diligencias que se han practicado “generan importantes dudas” y, por lo tanto, “no permiten acreditar” que estas captaciones hayan podido dañar el acuífero Aljarafe Sur, del que la propia autoridad del agua (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un organismo estatal) admite que su estado es bueno. Así las cosas, acuerda el sobreseimiento y el archivo de la causa, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente en base a informes de la Guardia Civil.

La sentencia no es definitiva todavía, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de reforma en tres días. A continuación, se abre también la puerta del recurso de apelación en un caso en el que se ha investigado el impacto ambiental de unas captaciones sin registrar que fueron clausuradas y sorprendidas una segunda vez de nuevo en uso en pleno proceso judicial.

Lo administrativo se convirtió en penal

La finca en la que fueron localizados estos pozos, Aljóbar, se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio llevó a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona esta hacienda y varias más de la familia.

En su auto, adelantado por Diario de Sevilla, el magistrado expone que en Aljóbar se detectaron estos pozos sin autorización y sin contadores volumétricos, lo que llevó a la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación) a decretar su precinto. “A partir de aquí, es fácil constatar que la negativa de la propiedad de esa finca a dejar entrar a la autoridad” para ejecutar esta medida lleva a la propia Confederación a trasladar el expediente a la Fiscalía, “judicializando lo que en principio parecía ser una infracción administrativa y a llevar a seguir una causa penal” por daños al medio ambiente “aún sin informes de impacto medioambiental”.

El juez recuerda que el Código Penal refleja penas de entre seis meses y dos años de prisión en los casos ambientales, un tipo de delito del que resalta su “complejidad”. Así lo considera ante las dificultades para determinar “qué se entiende por daños sustanciales o perjuicios graves” a elementos naturales o al ecosistema.

Falta de base “científica o técnica”

En el caso de Aljóbar, apunta que la supuesta gravedad de lo ocurrido “carece de una base verdaderamente científica o técnica sobre la que fundamentar la continuación del procedimiento y su enjuiciamiento”. En este sentido, da por hecho que el delito que imputaba la Fiscalía “no puede ser presumido ni automáticamente deducido” de la extracción de agua con pozos sin licencia, que en sí misma es sólo una infracción administrativa.

En la misma línea, apostilla que “no basta la transgresión” de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente para imputar un delito penal, que sólo es aplicable en base a la gravedad de la amenaza para el entorno. “Ese riesgo no puede presumirse”, concluye, a la luz de los informes técnicos emitidos a petición de la acusación pública o del propio instructor.

“Con los informes técnicos recabados en estas actuaciones, no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (...) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. En definitiva, que estamos ante unas extracciones de agua sin licencia “sin que pueda considerarse que hayan podido causar un riesgo grave para el medio ambiente”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entregado este jueves tres grandes obras de modernización de regadíos en la provincia de Albacete, tras una inversión de 24,1 millones de euros.

Las actuaciones, que benefician a las comunidades de regantes Príncipe de España y Rincón del Moro, se enmarcan en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuentan con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

También el Gobierno de Castilla-La Mancha ha apoyado la modernización de estas actuaciones a las que ha destinado más de 2,28 millones de euros, reduciendo el esfuerzo económico de las comunidades de regantes. 

Las obras, ejecutadas a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), modernizan el sistema de riego de 4.389 hectáreas y benefician a 566 agricultores. Su puesta en servicio permite reducir el consumo de energía y los costes de las explotaciones mediante nuevas instalaciones fotovoltaicas, equipos de bombeo más eficientes y sistemas de automatización y telecontrol.

Con esta entrega, ha informado en nota de prensa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cumple “el compromiso adquirido con los regantes de la zona y pone a su disposición unas infraestructuras ya terminadas para mejorar la eficiencia y la viabilidad de sus explotaciones”.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, acompañada del presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha hecho entrega a cada comunidad de regantes de sus nuevas instalaciones.

“Lo que hace unos años estaba sobre el papel hoy lo tenemos delante, terminado y al servicio de los regantes. Ese es el compromiso del Gobierno de España con el campo: hechos y realidades cumplidas, no palabras vacías”, ha señalado la secretaria de Estado.

La Comunidad de Regantes Príncipe de España, situada en la entidad local menor de Aguas Nuevas (término municipal de Albacete) y con 500 comuneros y 3.065 hectáreas, recibe dos de las tres obras, que han supuesto una inversión conjunta de 19,28 millones de euros.

La primera actuación, con una inversión de 13,8 millones de euros, ha permitido instalar siete plantas solares fotovoltaicas asociadas a los bombeos de la comunidad. También se han mejorado los equipos de impulsión, sustituido bombas por otras de mayor rendimiento y adecuado un centro de transformación. Las instalaciones cuentan además con nuevos sistemas de automatización y telecontrol.

La segunda actuación, dotada con 5,4 millones de euros, mejora la eficiencia energética de la zona regable mediante la sustitución de equipos de bombeo de bajo rendimiento.

En la Comunidad de Regantes Rincón del Moro, el Ministerio ha destinado 4,8 millones de euros a modernizar los regadíos de 66 comuneros y 1.324 hectáreas de los municipios de Hellín y Liétor. Las obras han permitido instalar una planta fotovoltaica y sustituir cinco equipos de bombeo por otros más eficientes. También se ha construido una segunda instalación solar para abastecer un sistema de rebombeo.

Martínez Lizán destaca la importancia de estas obras

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha asistido, junto a la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, a la entrega de las obras a ambas comunidades de regantes.

El consejero ha destacado la importancia de unas obras que además de poner en valor la actividad para el desarrollo agropecuario de la zona, dejan clara “la necesidad de tener que renovarnos, innovar y tecnificar nuestras explotaciones para poder ser competitivas, rentables y evidentemente viables en el futuro”, según ha señalado la Junta en nota de prensa.

Martínez Lizán ha felicitado a las comunidades de regantes que hayan aprovechado “la oportunidad única” que los fondos MRR han dado para desarrollar y mejorar el regadío en las explotaciones, “una oportunidad de ayuda que llega en su conjunto, entre el esfuerzo que hace el Ministerio a través de la SEIASA y la Comunidad Autónoma, a un 96% de ayuda. Pocas ayudas va a encontrar nadie que sean tan importantes como ésta, por lo tanto, felicidades por haber visto esta ocasión y haberla aprovechado en beneficio de los agricultores”.

Con las actuaciones de Rincón del Moro y Príncipe de España, ya son siete los regadíos modernizados financiados a través de SEIASA, seis de ellos en la provincia de Albacete, con una inversión de 45,5 millones de euros que el Gobierno regional ha respaldado con más de 6,8 millones“ para reducir el esfuerzo económico de las comunidades de regantes”.

A este esfuerzo conjunto, hay que sumar el realizado por el Gobierno regional en los últimos años que ha hecho posible que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma de España con mayor superficie de regadío, con más 583.000 hectáreas, el 15,76% del total nacional. En total, se han ejecutado 71,7 millones de euros de inversión y modernizado 67.886 hectáreas a través de tres convocatorias, alcanzando una ejecución de los fondos FEADER del 95%.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido este viernes a que, cuando llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha, aplicará el principio de prioridad de la cuenca cedente para garantizar que el agua de la región se destine, en primer lugar, a atender las necesidades de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos.

Así lo ha confirmado durante su intervención ante los miembros de la Mesa del Agua del PP, celebrada en Alcázar de San Juan, donde Núñez ha asegurado que “no vaya ni una sola gota de agua al Levante ni a ningún otro lugar en tanto en cuanto no haya regado el último agricultor de Castilla-La Mancha”.

El presidente regional del PP ha defendido que el agua “no es una cuestión sectorial ni territorial”, sino “vida, empleo, economía y riqueza”, especialmente en el medio rural, y ha advertido de que “sin agua no habrá viñedo, no habrá olivar, no habrá pistachos, no habrá hortofrutícolas; sin agua no habrá ganadería y sin ganadería no habrá queso manchego; y sin agua no habrá relevo generacional”, tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

Por ello, ha garantizado que el Partido Popular “va a defender el agua que necesita nuestro campo siempre, frente a quien sea y donde sea necesario”, porque “para que Castilla-La Mancha tenga futuro, hay que garantizar el futuro del agua”.

Reivindicación del Pacto Regional por el Agua

El presidente del PP ha reivindicado el Pacto Regional por el Agua firmado hace casi seis años entre el Gobierno regional, el Partido Popular y alrededor de 40 entidades, un acuerdo que, según ha recordado, debía servir como punto de partida para establecer una estrategia hídrica consensuada para Castilla-La Mancha.

Núñez ha recordado que aquel pacto contemplaba, entre otras cuestiones, la elaboración de una auditoría hídrica regional, un mapa de necesidades presentes y futuras, inversiones en infraestructuras y modernización de regadíos, planes de reutilización y la defensa de la prioridad de la cuenca cedente. Sin embargo, ha denunciado que el Ejecutivo de García-Page guardó el Pacto del Agua en un cajón“ y ”no ha cumplido ni una sola coma“.

Promesas si preside Castilla-La Mancha

A continuación, el presidente del PP ha avanzado las principales medidas que pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno regional. En primer lugar, ha anunciado que resolverá “los expedientes de las aguas prioritarias del Alto Guadiana” para regularizar los pozos y ofrecer seguridad y estabilidad a los agricultores de La Mancha.

Asimismo, ha comprometido un plan de infraestructuras hídricas para incrementar la superficie de regadío de Castilla-La Mancha y aproximarla a la media nacional, recordando que actualmente la región cuenta con un 15,9 por ciento de uso en regadío frente a más del 25 por ciento de media nacional. También ha anunciado la reactivación de infraestructuras estratégicas paralizadas, entre ellas actuaciones relacionadas con la presa de Montizón y el sistema de conexión entre Alcorlo y Beleña.

Igualmente, ha apostado por cumplir las concesiones de agua vinculadas a la Tubería Manchega para aliviar la presión sobre los acuíferos, especialmente en momentos de lluvias intensas, y favorecer la recuperación de espacios naturales como las Tablas de Daimiel. A ello ha sumado un plan de reutilización de aguas y un programa de modernización del campo para incorporar innovación y eficiencia a la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha.

Por último, ha situado la política hídrica dentro de una estrategia nacional y ha respaldado el compromiso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar un Plan Nacional del Agua que permita recuperar el consenso y la planificación en materia hídrica. “Castilla-La Mancha estará en esa mesa cuando yo sea presidente, con nuestra posición clara, con nuestra posición nítida y con la defensa de nuestros agricultores por bandera”, ha asegurado.

Núñez ha concluido reafirmando su compromiso con el campo de Castilla-La Mancha y asegurando que el PP “peleará por cada gota de agua que necesita cada rincón de nuestra tierra”, porque “el futuro del campo es, en gran medida, el futuro de Castilla-La Mancha”.

La organización agraria La Unión Extremadura ha remitido un escrito a la Consejería de Agricultura para exigir “transparencia y explicaciones claras” sobre el destino de la partida presupuestaria de 20 millones de euros asignada al proyecto del Regadío de Tierra de Barros, tras años de “múltiples promesas y gastos inútiles”.

La entidad considera imprescindible contar con datos concretos para evitar incurrir de nuevo en “gastos estériles”. En concreto, ha solicitado a la Administración regional un calendario detallado de actuaciones, el presupuesto total definitivo del proyecto, la delimitación exacta de las superficies afectadas, el plan de financiación de las obras y el coste final que deberán asumir los agricultores regantes.

Asimismo, La Unión ha reclamado un desglose de los importes económicos ejecutados hasta la fecha y los resultados reales obtenidos. Desde la organización señalan que “resulta curioso que por el adelanto electoral no se llegara a las conclusiones de la Comisión de Investigación” que se habilitó en la Asamblea de Extremadura sobre esta infraestructura.

En este sentido, la organización cuestiona el interés de las distintas fuerzas políticas parlamentarias en esclarecer la situación de un proyecto que “al inicio de las distintas legislaturas se promete y que al finalizar las mismas no se ejecuta”.

Aunque La Unión reitera la necesidad estratégica de instalar riegos de apoyo para los cultivos de la comarca de Tierra de Barros, recalca que la iniciativa debe basarse en “un proyecto redactado por técnicos y no por políticos”. Para el colectivo, la propuesta debe ser realista, garantizar el suministro hídrico de forma segura y resultar viable financieramente en el pago de las amortizaciones por parte de los productores. Por todo ello, la organización ha anunciado que exigirá “garantías firmes ante las continuas promesas políticas incumplidas”.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y comunidades de regantes han firmado este jueves los convenios para realizar las 11 obras beneficiarias del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (RegadíA), una actuación destinada a mejorar la eficiencia hídrica, fomentar la innovación tecnológica e impulsar la transición energética y la adaptación al clima frente a los periodos de escasez de agua.

Durante el acto, en el que ha participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez, y los representantes de las comunidades de regantes beneficiarias, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que este programa moviliza una inversión de 138,3 millones de euros, según han subrayado la Junta y el ministerio en sendas notas de prensa.

Así, el consejero ha subrayado que este plan supone “una de las mayores apuestas por el regadío en Andalucía en los últimos años que, a través de un modelo de colaboración ejemplar entre el Estado, la Junta y los regantes podremos multiplicar el impacto de cada euro invertido”.

Más de 14.000 regantes beneficiados

De esta manera, se van a beneficiar de este programa 14.490 regantes y 102.495 hectáreas. Con relación a la financiación, la Junta de Andalucía aporta 52,5 millones de euros, el 50% del coste de las obras, mientras que Seiasa destina el 20% y las comunidades de regantes, el 30% restante.

Por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, que ha asistido al acto de las firmas, ha señalado que “detrás de cada hectárea que modernizamos hay una familia que va a regar mejor, va a gastar menos agua y menos energía, y va a ganar más margen”. “Eso es lo que estamos firmando hoy en Sevilla. Cuando el ministerio, la administración regional y Seiasa trabajan juntos, las inversiones llegan antes al territorio y a quienes las necesitan”, ha aseverado.

Las actuaciones incluyen nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento de agua, plantas solares fotovoltaicas, la modernización de redes de distribución, sistemas de telecontrol y automatización del riego y la ampliación de infraestructuras de tratamiento de aguas.

Seis provincias

Este plan se traduce en actuaciones concretas en seis provincias a través de once grandes proyectos de modernización, de los cuales cuatro están en la provincia de Córdoba (uno compartido con la provincia de Sevilla), dos en Almería, dos en Jaén, uno en Cádiz, uno en Granada y otro en Sevilla.

Entre los proyectos beneficiarios se encuentran la ampliación de planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo, en Almería; el proyecto de plantas solares fotovoltaicas para bombeo de aguas regeneradas y centro de control en la comunidad de regantes de la zona norte de Huércal-Overa, en Almería; o la mejora de la eficiencia hídrica-energética de las instalaciones de la zona regable del Guadalcacín, en Cádiz.

En Córdoba, se unen la instalación de planta solar fotovoltaica sobre suelo en la comunidad de regantes Canal margen izquierda río Bembézar; la balsa de almacenamiento de la comunidad de regantes de Fuente Palmera en los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera; la balsa de almacenamiento de Zamacón para la modernización y consolidación de la zona regable Genil-Cabra (córdoba) y la modernización y mejora de la red de riego de la comunidad de regantes Margen izquierda del Genil, una actuación que comprende las provincias de Córdoba y Sevilla.

Se añaden también a la obra de la colectividad Cuevas del Campo fase III de la comunidad de regantes Pozo Alcón, Hinojares y Cuvas del Campo, en Granada; la modernización de las infraestructuras de riego de la comunidad de regantes Sector V subsector I de Vegas Medias Guadalquivir, en Jaén; la modernización de los regadíos de las Vegas del Guadalquivir, Vegas Altas sector VIII, también en Jaén; y la modernización y mejora del sistema de riego de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, fase I, en Sevilla.

Estos proyectos permitirán incorporar nuevas tecnologías para optimizar cada gota de agua. Se incluyen actuaciones de eficiencia hídrica y energética, instalaciones fotovoltaicas para reducir los costes energéticos de las explotaciones, infraestructuras de almacenamiento que aumentan la capacidad de regulación y ofrecen mayor seguridad a los regantes, y también sistemas inteligentes de control y digitalización que permitirán conocer en tiempo real los consumos y mejorar la gestión del recurso.

De esta manera, la modernización de regadíos constituye una de las principales líneas de actuación del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la competitividad del sector agrario, mejorar la eficiencia en el uso del agua y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.

Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa, ha invertido en Andalucía 552,19 millones de euros, con 47 actuaciones de modernización finalizadas para 26 comunidades de regantes, que han permitido modernizar 196.572 hectáreas y beneficiar a 45.590 regantes en todo el territorio andaluz. Con los proyectos firmados, la inversión actualmente programada por el ministerio en Andalucía asciende a 522 millones de euros, distribuidos en 40 actuaciones.

De ellas, 22 proyectos, con una inversión de 322,45 millones de euros, se ejecutan con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que las 18 actuaciones restantes, dotadas con 199,60 millones de euros, se desarrollan mediante el convenio tradicional entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa.

Apuesta por el regadío

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha afirmado que “hablamos, en definitiva, de modernizar el regadío para hacerlo más competitivo, más rentable y también más respetuoso con el medio ambiente”, para quien el Plan RegadíA “no es una actuación aislada”.

Según ha explicado, forma parte de “una estrategia mucho más amplia” para seguir fortaleciendo el regadío andaluz. De hecho, el Gobierno andaluz va a impulsar la Ley del Regadío Sostenible de Andalucía y va a destinar 165 millones al Plan Parra, que construirá terciarios y conducciones para llevar el agua regenerada desde las depuradoras hasta las comunidades de regantes.

También ha aprobado ayudas de 12 millones de euros para la construcción de balsas. Una estrategia que va a movilizar más de 300 millones de euros y que supone “una apuesta inequívoca por el regadío”.

Junto a ello, el consejero ha agradecido el compromiso de las comunidades de regantes, asegurando que son “un ejemplo de responsabilidad”. “Habéis demostrado que la gestión colectiva del agua funciona; habéis sabido adaptaros a circunstancias muy difíciles y seguir produciendo alimentos de calidad incluso en los momentos más complicados. Y ese esfuerzo merece el respaldo de las administraciones”, ha subrayado.

Los representantes de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) están llevando a cabo una serie de reuniones con entidades agrarias y sociales para consolidar la creación de un frente común en defensa de los usuarios de las aguas subterráneas de esta zona ante el próximo ciclo de planificación.

Así lo ha confirmado el presidente de Fergualt, Ángel Bellón, a través de un comunicado de prensa en el que ha explicado que han mantenido un encuentro en Tomelloso (Ciudad Real) con las organizaciones representativas AMFAR; Sepriman; Unión de Uniones de Castilla-La Mancha; COAG; Centro Independiente de Agricultores y Ganaderos de La Solana y la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla la Mancha, que se suma al que ya habían mantenido recientemente con representantes de Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.

Bellón ha argumentado que “el agua ha sido motor de la economía en el Alto Guadiana desde los años setenta del pasado siglo, consolidando el tejido socioeconómico de las poblaciones, por lo que una merma en el recurso, unida a una extinción de los derechos de riego, provocaría serios problemas socioeconómicos y de fijación de población”.

En esa línea, ante la constatación de que las medidas y actuaciones mantenidas en los tres ciclos de planificación transcurridos no han logrado objetivo alguno, han iniciado las acciones para conformar esta unión como la divulgación de sus objetivos y problemáticas; una recogida de firmas que avalen un manifiesto y el planteamiento de iniciativas legislativas.

El presidente de Fergualt ha destacado que “la unidad de todos los usuarios y usuarias del agua en el Alto Guadiana, particularmente de los regantes, es la mayor fuerza que se puede esgrimir tanto ante la sociedad en general, como ante las diferentes administraciones en aras a conseguir soluciones que permitan mantener el sector; fijar población y el acceso de los jóvenes a la agricultura”.

Para ello, demanda medidas como el aporte externo de recursos y la reutilización o la recarga, sin olvidar medidas de ahorro, control de extracciones y concienciación de que el agua es un recurso finito.

Por último, durante la reunión mantenida el martes han puesto de manifiesto su inquietud ante el planteamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la última fase de la revisión del cuarto ciclo del Plan Hidrológico, que fijará las bases sobre las que se desarrollará la gestión hidráulica en los próximos seis años y que podrá suponer, si no son estimadas las alegaciones y sugerencias presentadas por las diferentes entidades, “un paso atrás en el Alto Guadiana”, ha señalado.

Esta Federación aglutina a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas de Campo de Montiel; Campo de Calatrava; Consuegra-Villacañas; Mancha Occidental I; Mancha Occidental II, Sierra de Altomira y Lillo-Quintanar.

Cuenta con más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario y una superficie de regadío de unas 300.000 hectáreas en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.

Una subvención directa de más de 456.000 euros del Gobierno de Castilla-La Mancha va a permitir la modernización de los regadíos del Rincón del Moro en la provincia de Albacete. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha detallado que fue el pasado 23 de junio cuando el Consejo de Gobierno tomó esta decisión, con la que apoya la actuación de la Comunidad de Regantes, que supondrá una inversión de más de 2,8 millones de euros.

Esta comunidad cuenta con más de 70 socios y una superficie regable de 1.324 hectáreas en los términos municipales de Hellín y Liétor. Ahora, con esta actuación, estos regadíos van a avanzar “hacia un modelo más eficiente, sostenible y competitivo, que permita reducir los costes energéticos y mejorar la rentabilidad de las explotaciones”, ha dicho el consejero.

Con esta financiación, se acometerán unas obras de modernización que consistirán en la instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo, la sustitución de equipos electromecánicos y la mejora de la eficiencia de los bombeos para aprovechar la energía solar, reducir el consumo procedente de la red eléctrica y disminuir los costes energéticos de la comunidad de regantes.

La modernización del Rincón del Moro está financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través de SEIASA, y del Gobierno de Castilla-La Mancha. A esto hay que sumar las aportaciones de los regantes, a los que ha agradecido el “compromiso con la responsabilidad agrícola pero también con un futuro que sea más sostenible y viable económicamente para sus explotaciones”.

Además, el consejero ha destacado que esta Comunidad de Regantes viene trabajando en materia de eficiencia energética desde hace tiempo, de hecho, ya ejecutó un proyecto de renovación y mejora de sus equipos de bombeo, “lo que demuestra su compromiso con unos regadíos sostenibles y con la disminución de costes para los comuneros”.

Con esta nueva ayuda a la Comunidad de Regantes Rincón del Moro, ya son siete los regadíos modernizados en la región gracias a los fondos MRR, a través de la SEIASA y el MAPA con una inversión total de 45,5 millones de euros.

Ampliación plazo de reestructuración

Por otro lado, Julián Martínez Lizán ha anunciado que los viticultores de Castilla-La Mancha tendrán hasta el próximo 31 de julio para solicitar la certificación de pago de sus proyectos de reestructuración y reconversión de viñedo de las convocatorias de 2024 y 2025. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha ampliado este plazo para dar respuesta a las necesidades del sector y facilitar que los viticultores puedan completar correctamente sus proyectos.

“Lo hacemos porque este año, al inicio de la campaña, cuando se realizaban todas las labores de restructuración, hubo dificultades climatológicas con las lluvias y teníamos ciertos riesgos de que algunas acciones no se pudieran implementar en la fecha que estaba conformada, el 15 de julio. Con esto queremos salvaguardar que todos nuestros agricultores vayan a poder cobrar sin ningún problema en la certificación correspondiente a tal efecto”, ha explicado el consejero, que por último ha detallado que esta ampliación beneficiará a más de 1.400 viticultores y a una superficie de casi 4.900 hectáreas de viñedo.

El Gobierno regional ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la reconversión en regadío de hasta 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Pozo de la Serna, y ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “lo ha hecho” y ha presentado 200 alegaciones a todas las demarcaciones hidrológicas que tienen impacto en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero ha señalado que “de manera particular, ha planteado alegaciones al Guadiana, que es una demarcación hidrológica muy importante para la provincia de Ciudad Real, y también al Guadalquivir, ya que esta afecta a una parte de la provincia del Campo de Montiel y de municipios de la comarca de Puertollano, así como a localidades del suroeste de la provincia de Albacete”.

Por este motivo, desde Campo de Montiel, Caballero ha detallado algunas de las alegaciones que se han presentado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que afectan a esta comarca.

Caballero ha puesto el acento en la petición hecha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar la transformación en regadío de entre 6.000 y 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel, “una actuación que cuenta con una dotación de 15 millones de euros en los presupuestos”.

En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha reclamado que el proceso se active cuanto antes para que lo más pronto posible puedan ponerse en regadío las primeras 1.000 hectáreas hacia este objetivo.

Aguas residuales

Por otro lado, José Manuel Caballero ha reclamado también, entre otros asuntos, que la futura directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales tenga en cuenta la realidad de los pequeños municipios y vaya acompañada de financiación estatal o europea.

“El objetivo es que permita a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes afrontar las nuevas exigencias en materia de depuración y aguas residuales”, ha explicado.

Así, ha señalado que las alegaciones se basan también en ayudar a las obligaciones que tienen los ayuntamientos en cuanto al abastecimiento y a abordar las dificultades cuando se trata de obras que son muy costosas.

Finalmente, José Manuel Caballero ha confiado en que se puedan conocer saber también las alegaciones que han presentado otras administraciones, saber si la Diputación ha presentado alguna alegación o si los partidos políticos de la oposición han presentado alguna alegación.

Está bien que todos hablemos, pero lo importante también es que todos nos retratemos, que todos tengamos la posibilidad de decir por escrito cuál es nuestra posición en materia de agua y en qué medida defendemos por escrito lo que luego decimos a los medios de comunicación“.

Por eso, les ha instado a “compartir este trabajo desde la transparencia para exponer cuáles han sido sus propuestas, si es que las han hecho”.

Jaime Martínez Valderrama (Madrid, 1973) lleva más de veinte años estudiando la desertificación. Es científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), ingeniero agrónomo y coautor, junto a otros diecinueve científicos, del artículo publicado en Nature que pide “doblegar la curva” de la degradación de la tierra a escala global. Vive en Almería desde 2008 y ha participado esta semana en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio mediterráneo', organizado por la Universidad de Murcia (UMU) y celebrado en Mazarrón.

En esta entrevista repasa qué es realmente la desertificación, por qué España —y muy especialmente la Región de Murcia— es uno de los territorios más afectados de Europa, y por qué considera que este problema ambiental se ha convertido también en una cuestión geopolítica de primer orden.

Lleva más de 20 años estudiando la desertificación. ¿Qué significa realmente que un territorio se desertifique? ¿Tiene marcha atrás?

Desertificarse es que un territorio empieza a adquirir características parecidas a las del desierto: la fertilidad natural que tiene —por el suelo, el agua, la biodiversidad— se va perdiendo por variaciones climáticas, como las sequías, pero sobre todo por una actividad humana inadecuada.

Revertirlo es muy complicado, porque en los territorios áridos la naturaleza trabaja muy despacio. Recuperar un centímetro de suelo fértil perdido puede llevar entre 800 y 900 años. Un acuífero que se vacía puede tardar 100 años en recuperarse. Y en zonas costeras, si se bombea demasiada agua, entra agua del mar y los acuíferos se salinizan: eso, a escala humana, es irreversible.

En agosto publicó en Nature, junto a otros 19 científicos, un artículo que defiende que hay que “doblegar la curva” de la degradación de la tierra. ¿Por qué?

Se hizo con motivo de la última COP, cuando coincidieron casi en el mismo periodo las tres convenciones —biodiversidad, cambio climático y desertificación—. Defendemos que hay que ponerlas en consonancia: si disminuyes la degradación de la tierra, disminuyes también las emisiones de CO₂, porque más de la mitad del carbono que circula en la atmósfera viene de malas prácticas agrarias, de liberar el carbono que estaba almacenado en el suelo.

¿Tiene sentido tratar la desertificación como un tema aislado?

No. Hay que afrontarlo todo de manera conjunta, sin trabajar en silos —el agua, por un lado, la tierra por otro, la biodiversidad por otro—. Cuando se actúa de forma aislada, sueles arreglar una cosa y estropear otra, como pasa en medicina: tratas un dolor de cabeza y afectas al estómago del paciente.

Se ha hablado de que el 75% de España es potencialmente desertificable y que el 20% ya tiene problemas avanzados. ¿Cómo se calculan esas cifras?

Esas cifras están desactualizadas. Hemos creado un Atlas de desertificación de España usando la estimación de zonas áridas del CSIC-IPE, según la cual las zonas áridas ocupan el 69% del territorio español. De esas zonas, el 61% —el 41% de todo el territorio español— está ya desertificado. No es que tenga riesgo: ya lo está.

Hasta ahora no existían mapas de desertificación fiables en el mundo, porque este proceso combina erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida económica y degradación hídrica, y sumarlo todo de forma coherente es muy complicado. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento alternativo, y con él hemos elaborado un mapa que es una novedad a nivel mundial.

Dice que el regadío puede ser parte del problema, ¿a qué se refiere?

Sostengo que no es una defensa. El error viene de asumir que la desertificación es 'el avance del desierto', algo muy extendido pero muy grosero. Si piensas así, la solución parece obvia: pones un regadío, y de repente tienes una mancha verde en un paisaje ocre. Parece que ganas la batalla. Pero para crear esa mancha verde has bombeado agua del subsuelo sin plantearte de dónde la vas a sacar a largo plazo, y eso te funciona 30 o 40 años —son los 'milagros económicos' del sureste, también en Murcia—, hasta que el acuífero se agota. Lo hemos visto en sitios más extremos, como el desierto arábigo, donde se cultivó alfalfa para vacas frisonas hasta que se agotaron los pozos y se acabó todo.

Se habla mucho del cambio climático como culpable, pero usted insiste en cómo se gestiona el territorio. ¿Qué pesa más?

Es la propia definición de Naciones Unidas: la desertificación es la degradación de zonas áridas por variaciones climáticas y actividades humanas. Sin actividad humana, no es desertificación, es otro problema. Doñana se seca y decimos 'qué sequía'', pero es que llevan veinte años cultivando fresas y agotando el acuífero que permitía su recuperación. Las calimas de África que nos ensucian el coche tampoco son desertificación: son un problema respiratorio.

Uno de los aspectos que mencionan en el artículo de Nature es que la clave estaría en cambiar el sistema alimentario global. ¿En qué sentido?

Cuatro de los cinco grandes paisajes de desertificación de España tienen que ver con la agricultura. Una de las medidas que planteamos es reducir el desperdicio alimentario: un tercio de lo que producimos no se consume. Publicamos un artículo sobre esto que tuvo una repercusión inesperada, poniendo números a cuántas frutas y hortalizas se tiran en España oficialmente. Un año se habló de 400.000 toneladas de limones tirados en Alicante, y en el registro oficial solo constaban 120.000.

También defendemos controlar el consumo de carne intensiva y fomentar la ganadería extensiva de calidad, porque favorece la economía de las zonas de interior y es buena para el medio ambiente. Apostamos por una dieta mediterránea equilibrada, con más vegetales, sin excluir la carne de calidad frente a las macrogranjas. El profesor Carlos Duarte propone además incorporar mucha más proteína marina a la dieta global.

En el curso de Mazarrón se habla de la desertificación junto a migraciones y conflictos, como un tema de seguridad. ¿Por qué cree que ha dejado de verse solo como un problema ambiental?

Porque la globalización genera dependencias excesivas, y con las últimas crisis lo estamos viendo: la guerra de Ucrania, la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Cuando una agricultura depende tanto de insumos externos, luchar contra la desertificación es luchar contra la inseguridad alimentaria. Si gestionas mejor el suelo, necesitas traer menos urea de Dubai, menos fosfatos de Marruecos. Y cuando sube el precio de la energía —de la que depende buena parte de la agricultura, para bombear agua, fabricar fertilizantes, mover tractores— los costes se disparan: con la guerra de Ucrania, a Fertiberia dejó de salirle rentable producir nitrógeno. Si tienes el suelo en buenas condiciones, esa dependencia pesa mucho menos. Por eso creo que esta cuestión encaja con la geopolítica.

Centrándonos en la Región de Murcia: según el Atlas de la Desertificación, ¿cómo está la comunidad ahora mismo?

Si España está desertificada en el 91% de sus zonas áridas, en Murcia esa cifra sube al 95%, básicamente por las aguas subterráneas: prácticamente todos los acuíferos de la Región están deteriorados, como en Almería. Puedes mirar un paisaje con un bosque y pensar que no está tan mal, pero el acuífero de debajo puede estar contaminado o vacío. Como casi todo el territorio murciano es zona árida, está prácticamente todo desertificado en mayor o menor medida, algo que ocurre también en Albacete, Alicante y Almería, por la actividad agraria intensiva de los últimos cuarenta años. En Almería el problema se ha ido paliando con desaladoras, pero eso tiene costes impresionantes, y esa factura no la percibe tanto el productor, porque si tuviera que pagarla, no podría cultivar.

Esta semana ha estado en la Región la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay una disputa sobre el origen de la contaminación del Mar Menor: el Gobierno regional apunta al acuífero, y la comisionada, a las escorrentías agrícolas. ¿Qué opina?

Hay un informe muy bueno de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora, Julia Martínez, colabora también en el Atlas de la Desertificación. Es, en el fondo, un problema del Campo de Cartagena: el uso masivo de fertilizante químico en un regadío superintensivo. Esa escorrentía eutrofiza el Mar Menor, hace proliferar algas y perjudica la vida bajo el agua. El problema ha sido la agricultura intensiva, que además se entiende: los problemas de desertificación se desencadenan casi siempre por buenas intenciones, la gente quiere prosperar. Pero eso exige al sistema más de lo que soporta, y acaba encareciendo la producción: si pierdes suelo, compras fertilizantes; si agotas el agua, tienes que invertir más. ¿Quién puede poner ese dinero? Cada vez más, los grandes fondos de inversión. En Almería, montar un invernadero cuesta unos 600.000 euros por hectárea, así que el pequeño agricultor queda excluido. Y si miras la renta per cápita de los municipios de España, varios de los más pobres tienen agricultura intensiva: Níjar en Almería, o Mazarrón y Águilas en Murcia. Es un negocio que no reparte bien el dinero, y el peaje de degradar un territorio suele pagarlo la parte menos favorecida.

Hay mucho debate también sobre si el agua desalada es buena para la agricultura.

Es agua prácticamente destilada, hay que tratarla, y eso encarece la producción. Por eso el agua desalada es muy cara: en Murcia está subvencionada, pero en Andalucía no. Porque si le retiras al regadío intensivo las ayudas encubiertas que tiene —diésel, electricidad y agua más baratos que los de un usuario normal— sería demasiado caro producir.

El debate del trasvase Tajo-Segura, la presión del regadío sobre el Mar Menor y los acuíferos se plantea siempre como que no hay suficiente agua. ¿Es un problema de cantidad o de cómo usamos el territorio?

Estamos en un modelo basado en la oferta hídrica, cuando la Directiva Marco del Agua europea obliga a gestionar desde la demanda. Somos sociedades adictas al agua. Existe la paradoja de Jevons: cuanto más eficiente eres usando un recurso, más acabas gastando de él. Si haces más eficiente el riego de una parcela, el agua que ahorras no se queda en el acuífero, se pone a regar otra parcela más. Cuando se anunció el trasvase Tajo-Segura, mi padre me contaba que inmediatamente se transformaron muchas hectáreas de secano en regadío: el propio anuncio generó una nueva demanda. Estoy en un proyecto de la Fundación BBVA elaborando un mapa de los conflictos hídricos en España, y todo el mundo quiere agua para todo —ahora se suman incluso los centros de datos—.

A partir de 2027, la reforma de los caudales ecológicos reducirá en torno a un 40% el agua que llega por el trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo va a afectar esto a la Región?

Se va a complicar, sí, pero nunca ha habido tanta agua como se prometió al principio del trasvase, y cada vez hay menos. En muchas regiones, incluida Murcia, hay más derechos de agua concedidos a los regantes que agua realmente disponible: está todo sobredimensionado. Y al final, todas esas malas prácticas las acabamos pagando entre todos: si se agotan los acuíferos, son nuestros impuestos los que financian desaladoras, trasvases y nuevos embalses.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

Se llama regadíos históricos a los sistemas agrícolas tradicionales que utilizan infraestructuras como acequias, azudes y albercas para distribuir el agua por gravedad. Son estructuras con cientos de años de antigüedad, que normalmente riegan pequeñas huertas y están asociados a un patrimonio cultural, ambiental y socioeconómico.

Esto es, ni más ni menos, la definición de los regadíos tradicionales de Villatoya, en la Manchuela albaceteña, al pie del río Cabriel. Es precisamente Villatoya el primer pueblo albacetense que colinda con este río y que dota a esta población y a la pedanía de Cilanco de fuentes y manantiales y de un rico patrimonio natural.

Este regadío de Villatoya y el entramado de fuentes de la zona es el tema de la conferencia que Isabel Pardo, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y vicepresidenta de la Comunidad de Regantes de Villatoya va a ofrecer en el curso de verano de la Universidad regional sobre la  ‘Gestión del territorio, patrimonio y desarrollo rural: retos y oportunidades en el valle del Cabriel’.

“El regadío histórico tiene que ver con su historia. Lo que haces no es extraer el agua de un pozo, lo que tenemos son manantiales naturales, a partir de esos manantiales y esas balsas que de manera natural surgen, hay una conducción de acequias que transitan por las huertas”, ha contado en una entrevista concedida a Agroalimentaria.

En realidad es un entramado que parte de “lo que se denominan las acequias madres que dirigen el agua por las distintas zonas, y a partir de ahí lo que hay son canales que llevan el agua cada una de las parcelas que forma parte”.

“En Villatoya hay una pequeña balsita que se llama ‘el partidor’, desde donde se deja caer el agua y se deriva a las acequias madre de arriba y de abajo y cada una riega una zona distinta de parcelas”, cuenta.

La Comunidad de Regantes, cuando se crea en el siglo pasado, “desarrolló un sistema en el que cada huerta tenía establecido el horario en el que podía regar a través de unas tablillas, el agua iba por la acequia de arriba y luego por la de abajo, y se iba rotando. Hay regantes que aún conserva esa hojita, esa tablilla, donde dice, según tu parcela, si te corresponde el agua en un momento y otro”.

En total son 11 kilómetros de acequia con vestigios que se remontan a la época musulmana pero que están documentados ya a finales del XIX principios del XX.

Lo que riegan son pequeñas parcelas, minifundios, en total 157 regantes para 112 hectáreas principalmente de huertas, donde se cultivan hortalizas, tomates, pimientos, pepinos, sandías, frutales y también algo de cereal, que lo ha habido siempre. En la zona hay también algunos leñosos como viñedo y almendro pero en régimen de secano.

Modernización de los regadíos tradicionales

Estos regadíos, aunque siguen manteniendo esa disposición tradicional, se han sometido también a un proceso para su modernización acogiéndose a una subvención de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que ha permitido sufragar el 90 por ciento de la inversión para mejorar sus sistemas de riego.

El consejero de Agricultura Julián Martínez Lizán, que en 2025 inaugurado las obras de mejora de los regadíos históricos de Villatoya, destacaba que esta actuación  preservaba “un legado histórico, tradicional y etnográfico, que son la esencia de cómo se ha cultivado históricamente, con un regadío mínimo en superficie, pero fundamental para seguir generando y creando riqueza, manteniendo la población y, por lo tanto, seguir manteniendo vivos los pueblos en los que se desarrollan”.

Según Isabel Pardo, esta modernización permitió cambiar las acequias que eran de tierra y que pon tanto tenían filtraciones con la pérdida de agua que ello conlleva, por infraestructuras, conducciones de agua que permitían una mejor circulación y menos filtraciones. 

También, según Pardo, la ayuda permitió mejorar la conducción del agua en el caso de Villatoya donde se tuvo que hacer una infraestructura, una tubería, para llevar el agua a las parcelas porque el nacimiento donde brota el agua, a 26 litros por segundo, está en el balneario y había que salvar esa zona.

No es el caso de Cilanco, donde el desnivel desde el nacimiento provoca que se pueda conducir hacia las huertas.

Fuentes y balnearios

Villatoya, cuyo topónimo, según dice su Ayuntamiento significa “un lugar donde hay tollos (charcos de agua), es como su nombre indica una tierra de agua. Lo que tenemos son fuentes que manan, una parte de aguas subterráneas y unos lugares en que emergen”, aparte de los manantiales que nutren los regadíos, señala Pardo, lo que da lugar también a unos balnearios gracias unas aguas declaradas de Utilidad Pública en 1845.

Las fuentes “surgen de manera natural”, dos de ellas están en la carretera desde Alborea a Villatoya, la del Viso, y más abajo la del Buitre y otra más allá la de las Lombrices que “tiene propiedades vermífugas (para expulsar o destruir parásitos intestinales)” y, en otra zona, la fuente de las Balsillas. “Estas fuentes siguen brotando y quizá el caudal puede haber tenido alteraciones pero no se nota a simple vista”, asegura.

“De momento no notamos el cambio climático, la cantidad de agua que vemos que circula sigue siendo considerable”, aunque asegura que sí han notado otros efectos como el pedrisco “que nos destruyó infraestructuras”, pero la cantidad de agua de momento  “en las fuentes algo sí, pero en los manantiales no se ha notado”.

Todo esto ha dado lugar también a dos balnearios, al otro lado del Cabriel, el de ‘Fuentepodrida’, que “estuvo todo el siglo XX funcionando, cerró en los años 90 y se volvió a abrir”, aunque la mayoría del turismo que acudía pertenecía la comunidad valenciana.

Y el balneario de la Concepción, este en Villatoya, que estuvo a principios de siglo XX funcionando pero luego cerró y se volvió a abrir en el año 87 del siglo pasado, y “a partir de ahí tenemos mucho turismo vinculado al balneario y también se empezaron a explotar las cabañas del valle del Cabriel y fue un acicate para el turismo”.

Isabel Pardo señala que el reclamo turístico en la Manchuela se ha centrado más en la zona de Alcala del Júcar puesto que tiene un rico patrimonio cultural, pero la zona de Villatoya “es más desconocida porque no tenemos algo de patrimonio o una estructura urbana que atraiga a este turismo, lo nuestro es mas de naturaleza”.

Por ello, piensa que “estaría bonito poner en valor toda esa parte del riego tradicional, que pudiéramos documentarlo, y vincularlo a ese descubrimiento de una red de canales que permite distribuir el agua para que haya riego. Sería una asignatura pendiente”.