Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha exigido que el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), planifique e invierta para poner a disposición del sureste de Albacete al menos 60 hectómetros cúbicos al año de recursos propios de la cuenca (superficiales y subterráneos en buen estado).

Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asistido a la asamblea constituyente de la Plataforma de Regantes del Alto Segura en la que ha resultado elegido presidente Miguel Martínez Tébar, como vicepresidente José Carlos Díaz Rodríguez, en calidad de secretario ha sido escogido Ignacio Valcárcel Alcázar y asume las veces de tesorero Francisco Mansilla Pérez. También ha estado presente el delegado de Agricultura, Ramón Sáez.

El Gobierno regional ha felicitado y mostrado todo su apoyo a la nueva Plataforma de Regantes del Alto Segura, impulsada por municipios, comunidades de regantes, SAT y organizaciones agrarias de la provincia de Albacete, con quienes comparte “la preocupación de las consecuencias que puede tener la futura planificación hidrológica 2028-2033 para esta provincia y en particular para el sureste”.

También ha demandado un reconocimiento normativo del regadío de apoyo a cultivos leñosos, predominantes en Albacete, y la financiación urgente de estudios hidrogeológicos detallados y campañas piezométricas para conocer el estado real de las masas de Corral Rubio, Tobarra-Tedera-Pinilla, Sinclinal de la Higuera, Conejeros-Albatana, Ontur y El Molar.

A ello ha sumado el mantenimiento y refuerzo de la reserva para regadíos sociales, porque tienen una función social acreditada y son el principal instrumento anti despoblación del territorio.

El consejero ha planteado exigir que el nuevo Plan de Medidas “corrija la manifiesta desproporción según la cual Albacete genera el 75% de los recursos y recibe el 5% del presupuesto, dado que las inversiones en infraestructuras se deben diseñar con criterios que beneficien homogéneamente al conjunto de la Demarcación, no solo a las zonas costeras y del Acueducto Tajo-Segura”.

Radiografía de la situación en Albacete

El consejero ha hecho una radiografía de la situación en la provincia de Albacete, “que no puede seguir soportando el actual desequilibrio hídrico”. Y es que, tal como ha explicado, mientras que el 75% de los recursos hídricos de la cuenca del Segura se generan en la provincia de Albacete, apenas cuenta con el 7,7% del agua disponible y recibe únicamente el 5% de las inversiones previstas, ha informado la Junta en nota de prensa.

En Castilla-La Mancha, en los últimos diez años, se ha incrementado el regadío, “pero lo hemos hecho eficientemente”, ha señalado Martínez Lizán. En estos momentos, aun estando cinco puntos por debajo de la media de superficie de regadío, se hace con un 10% por encima de la media en eficiencia hidráulica y energética.

“Pero es que, además, esto lo hacemos con dotaciones que en muchos casos son ridículas. En Montealegre hay algo más de 800 metros cúbicos por hectárea y en Ontur 790, lo que indica el grave desequilibrio que suponen las concesiones que tenemos dependientes de la cuenca del Segura. Ocurre lo mismo en la del Júcar. En Castilla-La Mancha, las dotaciones medias que tenemos están a un 50% de la media que hay en otras comunidades”, según el consejero,

Así, ha indicado que “el papel fundamental de esta plataforma tiene que ir dirigido a intentar arreglar todo este desaguisado, todas estas injusticias que se han venido produciendo históricamente”.

Directiva Marco

El consejero ha continuado recordando que en este momento se enfrenta el cuarto proceso de planificación hidrológica en el que juega un papel fundamental la Directiva Marco del Agua, “una directiva que viene de hace 25 años, que se enmarca en un contexto europeo en el que nada tiene que ver lo que ocurre en una provincia del norte de Europa con lo que ocurre en una del sur o lo que ocurre en un país con lo que ocurre en otro de los 29 países de la Unión Europea”.

“En este sentido, vienen perfectamente definidos los argumentos dentro de esa directiva para que, por cuestiones socioeconómicas, no entre en vigor con la rotundidad que lo han puesto en el Esquema de Temas Importantes las propias confederaciones. Por esta razón, vamos a apostar por reivindicar la no aplicación y pedir esa moratoria que ya ha hecho nuestro presidente en el Comité de las Regiones para que no se aplique de forma inmediata, ya que sería un agravio tremendo retornar al secano, porque no solo moriría el agricultor que no tuviera la concesión, moriría toda la localidad”.

En referencia a la sentencia del trasvase, Martínez Lizán ha indicado que “pone de manifiesto que una sentencia tras otra se viene dando la razón a los postulados de Castilla-La Mancha. Esto no es defender las cuestiones vinculadas a la región perjudicando a otros territorios, esto es poner en valor las necesidades que Castilla-La Mancha tiene para seguir creciendo y desarrollándose. En muchos casos, entendiendo que con dotaciones de 700 metros cúbicos por hectárea es simplemente para subsistir”, ha señalado Martínez Lizán.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

La Casa de Alba ya tiene la autorización definitiva para regularizar sus pozos ilegales en su finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), justo a las puertas de Doñana. Tras casi tres años de tramitación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado el último paso para cerrar este procedimiento administrativo, una opción a la que puede acogerse la propiedad pero que sólo dio el paso cuando fue descubierta por primera vez –luego hubo una segunda– usando esas captaciones sin licencia. Esto no implica ni la paralización de los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG ni de la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental, aunque en este último caso refuerza la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona estas tierras.

La resolución definitiva (a la que ha tenido acceso este periódico) está firmada por la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y por el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, y supone el final esperado a un trámite que previamente ya había recibido el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la propia Comisaría de Aguas. El documento impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad, para lo que técnicamente se conoce como transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. Ni la Confederación del Guadalquivir ni el Ministerio para la Transición Ecológica –al que pertenece este organismo estatal encargado de dar los derechos de agua– han querido hacer valoraciones sobre esta resolución, que por su parte considera “un escándalo que nadie entiende” Ecologistas en Acción, al que no ha llegado de manera oficial comunicación alguna pese a estar personado en el expediente administrativo.

Aljóbar tiene licencia para una balsa de almacenamiento de agua y para dos puntos de captación (uno de uso doméstico y otro para riego), aunque la Guardia Civil descubrió otros nueve sin licencia tras una denuncia de antiguos trabajadores de la finca. La CHG da ahora permiso para legalizar ocho de estas extracciones después de que durante la tramitación del expediente no pusieran reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente, que sólo apuntaron que uno de los pozos se asienta en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero con la conclusión de que no tiene una especial afección.

Las claves para dar luz verde

La menor de las captaciones autorizada tiene una profundidad de 27 metros y un diámetro de metro y medio, aunque la mayoría ahondan hasta los 32 metros y la circunferencia de la más grande es de 4,5 metros. En todos los casos, la potencia máxima de las bombas no puede exceder de los 17 caballos de vapor (CV). El objetivo es regar 161,41 hectáreas en total, 94,11 de naranjos y 67,30 de olivar.

Esta reordenación del régimen de regadío es una opción que recoge la Ley de Aguas y a la que todo propietario tiene derecho. Junto a ello, la Confederación ha dado su visto bueno en base a los argumentos que ya esgrimió en su primer informe en 2023: por un lado, no se va a consumir más agua de la que tiene autorizada ahora la propiedad, y por otro repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. Esto es así porque evitar la formación de un cono de depresión si se horada a más profundidad para extraer desde un único punto.

Aljóbar tiene licencia para extraer 605.150 metros cúbicos anuales, un volumen que se queda igual pese al incremento de unas captaciones que se hacen del acuífero Aljarafe Sur, que pese a su cercanía no es el principal que alimenta a Doñana. No obstante, en su investigación la Guardia Civil considera que estas masas de agua están interconectadas y que el exceso de bombeo que se habría producido habría dañado al parque nacional.

“Una noticia que no sorprende”

Con todos estos factores de por medio, Ecologistas en Acción, que está personada tanto en este expediente administrativo como en la causa penal, ha lamentado la resolución que regulariza los pozos. “Si bien es una noticia que no sorprende”, ya que los informes hasta ahora habían sido favorables, “no deja de ser llamativo que la Administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua en la demarcación del Guadalquivir sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de la organización.

Amarillo critica también que a la CHG “tampoco le ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación que se están llevando a cabo en el juzgado de Sanlúcar la Mayor” por un delito contra el medio ambiente. “Es un escándalo que nadie entiende”, lamenta, y es que a su juicio el que sea “algo lógico” lo que pide Eurotécnica (repartir las extracciones de más puntos dentro de la finca para no crear un cono de depresión, no usar más agua de la concedida y ajustar los cultivos al agua disponible), “no le exime de los hechos que denuncia y atestigua el Seprona”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes del Seprona que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

Durante esta fase de instrucción, por cierto, no han sido llamados a declarar ante el juez ni los antiguos trabajadores que denunciaron los pozos ilegales ni los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que integran el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, pese a que la Fiscalía pidió su imputación. El único investigado hasta la fecha es un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba, al que la defensa presenta como el máximo responsable de Aljóbar.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido el mantenimiento de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana y las 4.500 concesiones vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) más allá de 2027, teniendo en cuenta que todavía no se han alcanzado plenamente los objetivos ambientales y socioeconómicos de este plan impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que hoy ha mantenido con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), Ángel Bellón, y con una representación de las comunidades de usuarios del agua que la integran; ha recordado que el modelo de gestión del agua en el Alto Guadiana está actualmente muy condicionado por un marco normativo especialmente restrictivo, ha señalado la Junta en nota de prensa.

“Se trata de una zona con una singularidad evidente respecto a otras cuencas hidrográficas, ya que dispone de importantes masas de agua subterránea que han sido clave para el desarrollo socioeconómico del territorio y, en particular, para la agricultura de regadío”, ha manifestado Gómez, a lo que ha añadido que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reivindicar con firmeza el derecho de la región “a poder utilizar el agua que genera su propio territorio, especialmente en sectores tan determinantes como el agroalimentario”.

En el caso concreto del Guadiana, se trata de una de las cuencas españolas con mayor dependencia del regadío y de mayor importancia para el conjunto de la región, ya que supone, según ha explicado la consejera, el 14% del empleo agrario de la zona y el 64% de toda la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, por lo que “no se pueden obviar los recursos hídricos que se necesitan, independientemente de la adaptación al cambio climático y la disponibilidad del recurso”, ha manifestado Mercedes Gómez.

“El Alto Guadiana no es solo agua, son personas, es empleo, es un modelo rural que funciona, que ha logrado mantener la población y la actividad económica, en parte gracias al regadío y a un tejido agroalimentario sólido”, ha apuntado la consejera.

“La extinción de las concesiones otorgadas en base a los instrumentos normativos y administrativos derivados del PEAG, especialmente para cultivos de leñoso, así como no remover los obstáculos necesarios para su renovación, es una medida claramente desequilibrada”, ha afirmado Gómez, al tiempo de reiterar la necesidad de mantener esos 700 m3 por hectárea que es una dotación mínima y que se traducen, ha dicho, “en 14,5 hectómetros cúbicos cuando se está derivando por el Acueducto Tajo-Segura un volumen anual que este año va a superar casi los 600 hectómetros cúbicos, por lo que no es nada y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de demostrar que su impacto socioeconómico en la región es fundamental”.

Al respecto, ha asegurado que desde Castilla-La Mancha “nos proponemos que los nuevos planes hidrológicos integren de forma realista las medidas a adoptar, incorporando la evaluación de los costes socioeconómicos asociados, así como la necesidad de adaptar el marco normativo vigente”.

Defensa de la prórroga de la Directiva Marco del Agua

En esta línea, Mercedes Gómez ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico para solicitar la prórroga de la actual Directiva Marco del Agua en aquellos aspectos que afectan a la gestión equilibrada del recurso y, prueba de ello, es que el Gobierno regional ha llevado esta posición a Europa, la ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones y está participando en la revisión de la normativa donde se decide. “Defendemos la ampliación del horizonte no para no hacer nada, sino para hacer bien las cosas, para permitir una transición real, modernización del regadío, eficiencia, control de extracciones, recuperación progresiva del acuífero, mejorar el estado de las masas de agua y garantizar el futuro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el propio presidente Emiliano García-Page “siguen con especial preocupación la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura”, considerando que el actual modelo de gestión “resulta insostenible”, por lo que es necesario “un nuevo modelo hídrico más equilibrado y sostenible, garantizando, además, una reserva hídrica estratégica para asegurar el abastecimiento y el regadío de nuestra tierra”.

En este marco, ha indicado la consejera, se está trabajando de forma rigurosa en las cuestiones relacionadas con el proceso de planificación del cuarto ciclo 2028-2033, garantizando que todas las alegaciones y preocupaciones de los sectores vinculados al agua se integren en una propuesta conjunta. Por ello, después de la celebración de las mesas de trabajo en las cinco provincias, se va a convocar el Consejo Regional del Agua para estudiar dicha propuesta de alegaciones.

Mercedes Gómez ha manifestado también que el Gobierno regional continuará trabajando de forma coordinada con todos los sectores implicados “para asegurar un futuro sostenible para el Alto Guadiana, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección de un recurso estratégico como es el agua”.

Los regantes piden un frente común

Por su lado, Bellón, que representa a ocho comunidades de regantes del Alto Guadiana, ha puesto encima de la mesa que en este cuarto ciclo de planificación conlleva “una reducción de dotaciones, una extinción de derechos”, en el periodo 2028-2033 y eso se traduce “en una miseria y pobreza para todo el Alto Guadiana”.

Ha apelado a encontrar “todos los apoyos posibles” para presentar un documento final de alegaciones, y ha pedido con “mucha neutralidad”, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a PP, PSOE y Vox que tienen que formar un frente común al respecto, con una comisión para establecer una posición de acuerdo.

Asimimiso, Bellón ha señalado que “son miles y miles de familias que viven de la agricultura, ganadería, de las industria”, y que “por falta de dotación de agua se tienen que ir a otras provincias o se tienen que ir a otras comunidades autónomas”.

La Federación de Regantes del Alto Guadiana está integrada por ocho Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, todas ellas declaradas en riesgo: Campo de Calatrava, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas, Rus-Valdelobos, Sierra de Altomira, Campo de Montiel, Masa Mancha Occidental I y Masa Mancha Occidental II. En total, aglutinan más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario, con una superficie de regadío de 300.000 hectáreas y en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche comprometiéndose a financiar el 70% del coste de la redacción del proyecto para continuar avanzando en uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de Talavera de la Reina y su comarca que es la modernización de sus regadíos.

Una reunión que ha contado con la presencia del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín, y el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal Bajo del Alberche, José Manuel Villegas, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Durante el encuentro, el Ejecutivo autonómico ha reiterado su apuesta firme por el regadío y por el desarrollo económico y agrícola de esta zona, recordando además que la Junta de Comunidades ya financió el 100% del anteproyecto de modernización que entregó a la Comunidad de Regantes en 2024, “un paso decisivo para seguir avanzando en esta actuación”, según el director general de Desarrollo Rural.

El proyecto de modernización de los regadíos del Canal Bajo del río a su paso por Talavera de la Reina es una iniciativa estratégica para Talavera y toda la comarca, no solo desde el punto de vista agrícola e hídrico, sino también económico y social, ya que la modernización del regadío podría generar en torno a 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo a fijar población, impulsar la actividad económica y garantizar oportunidades de futuro.

“La modernización de regadíos es una prioridad estratégica para garantizar un uso más eficiente del agua, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y asegurar el futuro del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha”, ha declarado José Juan Fernández.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

La organización agraria UAGA-COAG ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón en Aragón “que abandone la propaganda y recupere una política real de apoyo a la creación de regadíos, porque defender el regadío es defender el futuro del campo aragonés y la supervivencia de las explotaciones familiares”. El sindicato ha recalcado que ha sido históricamente un firme defensor de la creación de regadíos como herramienta estructural de apoyo a las explotaciones familiares agrarias.

UAGA-COAG ha destacado también que proyectos como los Pebea, Monegros II o los distintos Riegos Sociales han necesitado durante décadas de un fuerte respaldo sindical frente a la incomprensión de administración —que en muchos casos no los considera necesarios— y, a veces incluso, de una parte de la sociedad y del propio sector, que los paraliza por distintos motivos.

Asimismo, ha recordado que siempre han defendido que los regadíos “no deben responder a modelos faraónicos pensados únicamente para sumar hectáreas”, sino que lo que hay que regar son las explotaciones familiares, garantizar la viabilidad de los cultivos, fijar población en el territorio y asegurar el suministro de agua a pueblos y explotaciones ganaderas: “Está demostrado que donde hay regadío —'manchas verdes'— hay desarrollo económico”.

UAGA se ha dirigido también a quienes “se presentan como grandes defensores del regadío” que utilizar políticamente estas infraestructuras o jugar con las expectativas de los territorios solo es posible “desde el desconocimiento de la complejidad financiera, ambiental y social que supone una nueva puesta en riego”.

Una fase “preocupante”

Tras una etapa positiva en el impulso de proyectos de nuevos regadíos durante los últimos diez años, Aragón ha entrado en una fase preocupante marcada por la falta de financiación y la ausencia de una orientación política clara, han asegurado en la organización agraria. A ello han sumado que, aunque el acuerdo de investidura entre PP y Vox hace referencia a 20.000 nuevas hectáreas de regadío, la realidad presupuestaria apenas contempla 5 millones de euros para 2026, cuando el coste medio de creación supera los 15.000 euros por hectárea.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón está “muy lejos” de los 90 millones de euros anuales que ha anunciado la Generalitat de Catalunya para las políticas de regadío, así que UAGA-COAG ha indicado que sería “deseable”, al menos, recuperar un modelo de financiación propio como el que regulaba la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar, que ofreció buenos resultados.

En ese sentido, la organización agraria ha señalado que, al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo autonómico ese apartado de la Ley sin haber diseñado antes otro modelo de financiación, dejando abandonados a profesionales del campo que esperan convertir sus parcelas de secano en tierra de regadío para tener mejores expectativas de cosecha ante el cambio climático y los periodos de sequía que, cada vez, serán más recurrentes.

Por esta razón, UAGA-COAG ha alertado de que territorios como la margen derecha del Ebro, Litera alta o el Sector 7 de Monegros no podrán avanzar mientras no se restablezca una política “seria, estable y comprometida con el regadío”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que los planes hidrológicos traten con igualdad a todos los territorios y ha rechazado que el Esquema Provisional de Temas Importantes plantee que la región pierda dotaciones de agua para garantizar el riego en otras regiones. Por este motivo, el Ejecutivo regional está trabajando ya en la presentación de alegaciones y así lo ha manifestado en la clausura del XVI Congreso Nacional de Regantes que se ha celebrado en Ciudad Real.

En este escenario, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ante la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha demandado que los procesos de planificación recojan las necesidades reales de Castilla-La Mancha, algo que no está pasando “sino que nos están orientando en algunos casos a volver al secano, por lo tanto, a la muerte obligatoria de nuestros municipios en aquellos sitios donde se produzcan. Algo que no vamos a consentir y vamos a plantear alegaciones a las diferentes Confederaciones ahí donde creemos que esté perjudican nuestros intereses”.

“Castilla-La Mancha viene demostrando históricamente su solidaridad con otras zonas del país, pero no es aceptable que siempre se pida este compromiso a nuestra región porque el desarrollo de unos territorios no puede producirse a costa del estancamiento de otros. Por eso, reivindicamos el derecho de Castilla-La Mancha a desarrollarse, a usar el agua que nace en su territorio y a garantizar el agua para sus regantes”, ha señalado.

En este contexto, el consejero ha reivindicado la constancia del Gobierno regional “en la defensa de los derechos que nos asisten para poder utilizar el agua donde se genera, que es en nuestro territorio” en el que el sector agroalimentario aporta el 17 por ciento de su PIB. A lo que ha sumado “la posibilidad clara y objetiva de poder seguir creciendo, algo que solo es posible si se dispone de agua y se afianzan los derechos que tenemos hasta este momento”.

Asimismo, ha reclamado a los Organismos de Cuenca con competencias en la gestión del agua que contribuyan “a un uso eficiente y responsable del recurso, especialmente en el regadío”, y ha pedido que no se dificulte la actividad de los agricultores “mediante restricciones injustificadas o la aplicación de criterios desiguales entre territorios”.

Martínez Lizán ha insistido en la necesidad de mantener las concesiones del Plan Especial del Alto Guadiana más allá de 2027, una cuestión que afecta a miles de explotaciones agrícolas de la región. En ese sentido, ha abogado por “garantizar y afianzar la continuidad de todo lo que es la zona de regadío y los compromisos que se habían adquirido también por parte de otras Administraciones” para dar solución a los problemas del Alto Guadiana, especialmente a los 4.400 pozos que existen, algo que “no es un capricho sino una necesidad imperiosa para garantizar la vida de las personas que viven en todos esos pueblos”.

El Ministerio culminará todas las obras del plan de regadíos

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reivindicado su inversión en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha, donde mantiene actuaciones por más de 80 millones de euros y ha asegurado que culminarán antes de julio de este año.

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la clausura, que ha especificado que de los 80 millones, 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha precisado, tres de esas actuaciones ya han finalizado y se han entregado a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de su recepción formal y las dos restantes continúan en ejecución.

La secretaria de Estado ha asegurado que todas esas actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de julio de 2026, fijando así un horizonte concreto para la culminación de unos trabajos con los que el Gobierno ha querido reforzar la eficiencia hídrica y la competitividad del sector agrario.

Junto a esas inversiones, ha mencionado también el proyecto de Illana-Leganiel, donde el Ministerio está invirtiendo más de 24 millones de euros.

En este caso, ha indicado que la parte que corresponde al departamento ya ha finalizado y que la entrega a la comunidad de regantes queda pendiente de que Unión Fenosa complete su parte de la actuación. Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central está destinando más de 12 millones de euros a los regadíos de Mora.

En su intervención, García ha querido remarcar que la modernización del regadío debe alcanzar a todo tipo de explotaciones y comunidades. “Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejora utilización del agua”, ha afirmado.

La responsable ministerial ha sostenido además que el Ministerio está cumpliendo “íntegramente todos sus compromisos con Castilla-La Mancha”, y ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas en Letur y Mira tras los daños provocados por la dana. En ese punto, ha detallado que ya se ha ejecutado el 98% de los caminos rurales comprometidos en Letur y Mira, mientras que en el caso de las comunidades de regantes el grado de ejecución alcanza el 79%, a falta de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua.

En el tramo final de su discurso, la secretaria de Estado ha destacado el papel de Fenacore como estructura de interlocución del regadío en España, recordando su presencia tanto en la Mesa Nacional del Regadío como en el Observatorio del Regadío.

También, el consejero Martínez Lizán ha trasladado un reconocimiento expreso a quienes han hecho posible este encuentro, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II, que, durante toda esta semana ha convertido a Ciudad Real y al conjunto de la Mancha Occidental en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro del regadío en España, reuniendo a regantes, expertos, investigadores, empresas y responsables públicos.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este martes en Ciudad Real la necesidad de seguir ampliando las zonas de regadío en la región con criterios de sostenibilidad, al tiempo que ha reclamado la prórroga de la Directiva Marco del Agua para evitar efectos socioeconómicos negativos.

Caballero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde ha subrayado la importancia estratégica de este sector para la economía regional y nacional y ha recordado que España es uno de los principales productores agroalimentarios de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito, con un peso significativo del regadío.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el Ejecutivo regional mantiene una “defensa clara” del regadío, apostando por su crecimiento pese a las limitaciones del recurso hídrico y al contexto de cambio climático.

Según ha explicado, los avances tecnológicos permiten actualmente “producir más con menos agua”, gracias a la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno regional continuará apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes y ha señalado que “Castilla-La Mancha, ha indicado, se sitúa aún un 5 % por debajo de la media nacional en superficie regada, por lo que ha considerado necesario avanzar para igualar esos niveles”.

Caballero ha destacado, además, que el 70 % de los regadíos de la región ya son eficientes, un dato que, a su juicio, demuestra el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua, y ha defendido que el desarrollo del regadío es compatible con la protección del medio ambiente y resulta clave para garantizar la viabilidad económica y social de las zonas rurales.

El vicepresidente segundo ha insistido en que el sector agroalimentario representa en torno al 17 % del PIB regional, por lo que ha advertido de que “no se puede prescindir del regadío si se quiere mantener el desarrollo económico y la población en el territorio”.

Directiva Marco del Agua

En relación con la política hidráulica, Caballero ha señalado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la presentación de alegaciones a los actuales planteamientos en materia de planificación del agua y mantiene una presencia activa en organismos europeos como el Comité de las Regiones con el objetivo de lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua cuando su cumplimiento pueda generar efectos socioeconómicos adversos.

Ha rechazado la posibilidad de que se extingan concesiones de agua, como las vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana, y ha defendido la necesidad de regular situaciones pendientes en determinadas explotaciones.

Caballero también ha reiterado, como ya señaló el presidente de la región Emiliano García-Page durante el Día Mundial del Agua, que el Gobierno regional estudia plantear al Ministerio para la Transición Ecológica una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma asumir parte de los trámites administrativos relacionados con el agua, con el fin de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.

Y ha subrayado que, pese a las dificultades existentes, el sector cuenta con “motivos para la esperanza”, gracias al desarrollo tecnológico y al papel de las comunidades de regantes, a las que ha definido como organizaciones “responsables y comprometidas”.

Ha afirmado que Castilla-La Mancha defenderá sus intereses en materia hídrica sin buscar el enfrentamiento con otras administraciones, pero sin renunciar al debate cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar un uso sostenible y equilibrado del agua.

Valencia pide no “regatear” agua al Levante

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina Ros, que también ha asistido a la primera jornada de este congreso en Ciudad Real, ha reclamado no “regatear” agua al Levante y ha defendido que no se recorten las “aportaciones históricas” del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, asegurando que España “no tiene un problema de agua, sino de gestión y solidaridad”, y ha defendido el derecho de todas las regiones a acceder a los recursos hídricos disponibles en el conjunto del país.

En este sentido, ha pedido “no pelearnos por vasos de agua cuando dejamos perder ríos enteros”, apostando por una mayor planificación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha insistido en que territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia “también tienen derecho al agua de los españoles”, rechazando cualquier reducción de los caudales.

“No vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante”, ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener las aportaciones históricas que reciben los regantes del sureste.

El conseller ha defendido la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución mediante inversiones en infraestructuras hidráulicas, como embalses y sistemas de trasvase, y ha advertido de que en España “se deja perder una gran cantidad de agua” por falta de estas actuaciones.

En este contexto, ha hecho referencia a los compromisos internacionales en materia hídrica, como el tratado de Albufeira con Portugal, señalando que España ya ha superado las cantidades acordadas de suministro, y ha pedido que se mantenga el mismo criterio de “equilibrio y respeto” en el reparto interno.

Barrachina también ha insistido en que, ante el escenario de cambio climático, es necesario reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas en lugar de reducirlas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, el consejero valenciano ha reiterado su “respeto absoluto” y ha evitado entrar en la confrontación política, centrando el debate en la gestión global del agua y en la necesidad de incrementar las infraestructuras hidráulicas.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido ampliar las medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, advirtiendo de que, si no se refuerzan, podrían provocar una reducción de la actividad agraria y afectar al abastecimiento y al precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que arranca este martes en Ciudad Real con más de 800 asistentes, donde han dicho que los agricultores afrontan un contexto adverso marcado por el aumento de los costes energéticos y de fertilizantes, lo que compromete su viabilidad económica.

Fenacore solicita ayudas directas, créditos blandos y mayor flexibilidad en los plazos de amortización y aunque valora positivamente la medida de la doble potencia eléctrica —que podría reducir más del 20% del coste energético y ahorrar unos 40.000 euros anuales por explotación— considera que la crisis es estructural y requiere soluciones a largo plazo.

Además, apuesta por modernizar el regadío, mejorar infraestructuras hidráulicas e impulsar energías renovables para autoconsumo, con el fin de reducir la dependencia energética.

En materia hídrica, reclama reforzar la capacidad de embalse y una gestión del agua basada en criterios técnicos, adaptada al cambio climático. También solicita una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y mejoras en canales de riego.

Fenacore ha asegurado que el regadío es clave para la seguridad alimentaria y pide una política de Estado que garantice la sostenibilidad del sector agrario.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Mancha Occidental II y del congreso, José Joaquín Gómez, ha explicado a los periodistas al inicio de la jornada que el congreso es una oportunidad para “tomar conciencia sobre un recurso tan sensible como el agua” y ha defendido la necesidad de abordarlo como “un problema de Estado” que requiere soluciones globales y consensuadas.

Gómez ha puesto en valor la participación de administraciones, empresas tecnológicas y comunidades de regantes, destacando la capacidad del sector para avanzar en modernización y alcanzar acuerdos que permitan garantizar su futuro.

En este sentido, ha resaltado el papel de las empresas presentes en el congreso, que muestran el potencial innovador del regadío español.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el papel del regadío como elemento clave para el desarrollo agroalimentario y ha recordado que España es uno de los principales productores de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito.

Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha señalado que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el carácter estratégico del regadío, tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en zonas rurales.

Pascual ha insistido en que la sostenibilidad debe ser el eje central del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y tecnológico, y ha destacado los esfuerzos en modernización y digitalización, al tiempo que ha avanzado que el Ministerio estará atento a las conclusiones del congreso para incorporarlas a los procesos de planificación hidrológica en marcha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las particularidades de cada territorio y ha defendido el impulso de infraestructuras hidráulicas y medidas de reutilización que permitan garantizar el abastecimiento y el desarrollo agrícola.

El PP reclama un plan de regadíos

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la “confrontación política” y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que “sin agua no hay agricultura ni hay ganadería”, y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no se ha cumplido ni una sola línea”.

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

Vox defiende un plan nacional del agua

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugurará el próximo martes, 14 de abril, el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) celebrará en Ciudad Real entre el 13 y el 17 de abril. Lo hará en un contexto en el que la actividad agraria se está encareciendo por la subida de los costes de producción, especialmente la energía y los fertilizantes, debido a la guerra en Irán.

El Gobierno ya ha aprobado un plan de ayudas directas para el sector. Aún así, Fenacore ha recalcado que comparte la postura del resto del sector agrario al advertir que será necesario “ampliarlo y fortalecerlo” si el conflicto se prolonga. “Estas ayudas deben intensificarse para aliviar los costes, blindando la competitividad del campo y evitando que esta situación repercuta en el bolsillo de los consumidores”, ha indicado.

Este es el último tema que ha irrumpido en la organización del Congreso, que Fenacore organiza con la colaboración de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II. Al margen de ello, el encuentro reunirá a representantes de comunidades de regantes, investigadores, técnicos, empresarios del sector agrícola y políticos para tratar sobre el futuro del regadío español, con la IA y las aguas subterráneas como elementos clave.

Entre otras cosas, la organización de regantes ha avanzado que el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, presidirá la mesa de las comunidades autónomas en la que participarán varios consejeros autonómicos. En ella se abordarán los principales retos en materia de gestión del agua que afectan a las autonomías, como la disponibilidad de recursos y la coordinación entre administraciones para afrontar un escenario marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

Además, el secretario general de Irrigants d'Europe, Adriano Battilani, analizará el principio Water Efficiency First (WEFF), que forma parte de la nueva Estrategia Europea de Resiliencia del Agua y que “prioriza medidas de ahorro antes de recurrir a nuevas fuentes o infraestructuras, algo en lo que España ya lleva trabajando muchos años”. Esta asociación agrupa a los regantes de España, Italia, Francia y Portugal y Fenacore, que fue fundadora, ostenta en la actualidad la vicepresidencia.

A su vez, el evento tratará otros aspectos como la Ley de Evaluación Ambiental, la planificación hidrológica del 4º ciclo (2028-2033), la modernización de los regadíos, los proyectos de PERTE en las comunidades de regantes y otros planes europeos como CO2Framed y Life Triplet, en el que participan Fenacore y CUAS Mancha Occidental II.

Los regantes del Alto Guadiana han advertido de un escenario “crítico” e “insostenible” ante los cambios previstos en la gestión hídrica que planea el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y han reclamado, como respuesta inmediata, la convocatoria urgente de una Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana que permita abordar la situación con diálogo y capacidad real de decisión.

Así lo ha trasladado, en rueda de prensa, el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (Fergualt), Ángel Bellón, quien ha alertado de que el nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 abre la puerta a una reducción de dotaciones y a la revisión, e incluso extinción, de derechos de uso de agua. Un planteamiento que, según ha señalado, pone en riesgo la viabilidad económica y social del territorio.

Por ello, el sector ha situado como principal prioridad la creación de un órgano específico de regadío en el Alto Guadiana, en el que estén representadas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y Agricultura, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, comunidades de usuarios, organizaciones agrarias, cooperativas y ayuntamientos afectados.

“Somos miles de familias que vivimos del agua y necesitamos respuestas inmediatas”, ha defendido Bellón.

El presidente de Fergualt ha advertido de que las medidas que se plantean suponen una disminución progresiva de derechos y dotaciones que podría derivar en una “ruina” para entre el 70% y el 80% de la población vinculada al campo, afectando ya no solo a usos agrarios, sino también industriales y de abastecimiento.

En este sentido, ha insistido en que la sostenibilidad debe compatibilizarse con la continuidad de la actividad agraria y el empleo en el medio rural.

La federación considera que la convocatoria de esta Mesa Regional del Regadío en el Alto Guadiana es esencial para evitar decisiones unilaterales y construir un modelo de gestión consensuado.

El objetivo es que este espacio tenga capacidad real de decisión y sirva para definir las medidas del próximo ciclo hidrológico con la participación directa de los afectados.

Entre las propuestas que quieren abordar en ese foro figuran la recarga gestionada de acuíferos, el uso de aguas regeneradas, la recuperación de bancos de agua o la ejecución de infraestructuras que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles.

Bellón también ha planteado la necesidad de estudiar aportes externos al Alto Guadiana mediante conexiones de bajo coste dentro de la propia cuenca o con cuencas colindantes, tras denunciar que en episodios recientes se han perdido importantes volúmenes de agua de embalses de la zona sin ser aprovechados.

Miles de expedientes pendientes

Otro de los motivos que, según Fergualt, refuerza la urgencia de convocar esta mesa es la situación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bellón ha denunciado un colapso administrativo con alrededor de 4.800 expedientes sin resolver, lo que genera inseguridad jurídica entre los regantes.

La organización ha reclamado una actuación inmediata para desbloquear estos procedimientos y ha insistido en la necesidad de reforzar el control sobre las extracciones ilegales, evitando que quienes cumplen la normativa se vean perjudicados.

Los regantes del Henares, el ingeniero agrónomo José María Tarjuelo, Ruidera Activa y el CEIP Mayor Zaragoza han sido las personas y colectivos reconocidos en Castilla-La Mancha con motivo del Día del Agua. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha resaltado, durante el acto institucional celebrado en Almansa (Albacete) la contribución de los galardonados “que inspiran, que abren camino y que demuestran que la sostenibilidad y la responsabilidad con el agua son tareas compartidas dentro de la circularidad del agua”.

Mercedes Gómez ha hecho hincapié en los cien años de experiencia acumulada por la Comunidad de Regantes del Canal del Henares desde su creación el 28 de septiembre de 1926, una “entidad de riego tradicional histórica” que agrupa a 1.569 comuneros y comprende una zona regable de 6.500 ha, distribuidas en los términos municipales de la provincia de Guadalajara fundamentalmente.

También ha argumentado sobre la importante labor investigadora de José María Tarjuelo para Castilla-La Mancha durante años. “Tarjuelo es uno de los referentes científicos españoles en ingeniería del riego, eficiencia hídrica y gestión energética en agricultura”, ha constatado después de hablar de sus más de 30 años dedicado a la docencia e investigación, centrada principalmente en la correcta gestión y uso del agua y la energía en el regadío; y como fundador en el año 2001 del Centro regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Biodiversidad y educación

Asimismo, ha recalcado ejemplos como el entorno de las Lagunas de Ruidera y la empresa Ruideractiva “que nos recuerdan que el agua es patrimonio natural, biodiversidad y riqueza ambiental que debemos preservar”.

La consejera ha concluido con quienes representan el futuro, los alumnos del CEIP ‘Federico Mayor Zaragoza’ de Albacete, como ejemplo igualmente de lo que se trabaja en los centros educativos de nuestra región en este Día Mundial del Agua. “Educar en el respeto al agua, en su valor y en su cuidado es fundamental para construir una sociedad más consciente y responsable·, ha manifestado.

El presidente Emiliano García-Page y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, también han estado acompañados en el acto institucional por la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro; el director-gerente de Infraestructuras del Agua de la región, Rubén Sobrino; la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero; y por el equipo de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La Casa de Alba considera que una de las últimas decisiones del juez en el caso de los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, le genera “una indefensión que debe ser reparada”. El instructor, que investiga un posible delito contra el medio ambiente, ha desechado citar a declarar a uno de los dos peritos propuestos por la defensa, que entiende como vital ya que considera que su testimonio “podría conducir a un sobreseimiento temprano” de la causa, evitando así la continuación de un procedimiento penal “con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Así se recoge en un recurso de reforma presentado en respuesta al último auto del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en el que denegó la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso y sólo aceptó que testifique uno de los dos peritos propuestos por la defensa. En concreto, ha citado para el 21 de abril al experto que hizo el informe ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil –que además cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” por el pirateo de agua–, pero ha desestimado tomar declaración al técnico que hizo un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas.

El magistrado no lo considera necesario “dado que la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, lo que para la defensa –y dicho “con el debido respeto”– es una “fundamentación insuficiente”, además de que “no tiene sentido” que se admita la ratificación pericial de unos informes pero no de otros. Asimismo, garantiza que esto no supondrá ningún retraso para la instrucción, ya que ofrece que el testimonio de los dos peritos se oiga el mismo día.

“No se ha cometido infracción alguna”

La Casa de Alba insiste en que, aunque tuviera pozos sin licencia, nunca ha sacado más agua de los 605.000 hectómetros cúbicos anuales que tiene concedidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para regar, en contra de lo que sostiene la Guardia Civil en su demoledor informe. La defensa, en cambio, postula que no se ha superado lo permitido y que, en consecuencia, “no se ha cometido infracción alguna y mucho menos daño alguno al dominio público hidráulico” por parte de su cliente, la empresa Eurotécnica Agraria, que en estos momentos preside Cayetano Martínez de Irujo pero que en el momento de los hechos comandaba su hermana Eugenia.

Según esta línea argumental, el recurso plantea que lo que procedería es “el archivo y sobreseimiento de las presentes diligencias”. Pero para ello es clave que se tenga en cuenta al perito al que no se ha citado, que iba a trasladar al juez información sobre la instalación de riego existente en la finca, sistemas de control de extracción de agua y modelo de cultivo. “La ratificación de su informe es indudablemente necesaria”, en resumen, para conocer cómo se ha regado en Aljóbar estos años y qué cosechas se han obtenido.

“Un perjuicio irreparable”

La ausencia de este experto contratado por la Casa de Alba “impide a esta defensa introducir en la causa elementos de descargo que considera cruciales, generando una indefensión que debe ser reparada”. Y aunque admite que sus argumentos se podrían escuchar en un hipotético juicio, considera que es “esencial” la práctica de esta diligencia en la actual fase de instrucción.

Posponer este testimonio “podría causar un perjuicio irreparable”, ya que esgrime que “su resultado podría conducir a un sobreseimiento temprano”. Esto, se subraya, evitaría “la continuación de un procedimiento penal con las consiguientes molestias y perjuicios para mi representado, la conocida como pena de banquillo”.

Los hermanos del duque de Alba esquivan el juzgado

La investigación se ha enfocado en Eurotécnica Agraria y su responsable, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como imputado desviando así el foco del consejo de administración de la compañía. En éste, según el informe de la Guardia Civil, se sientan sus tíos Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba.

El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según la investigación del instituto armado es administrador y miembro de este consejo en representación de su progenitor. Éste se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

La defensa sostiene que el máximo responsable es este sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba, cuya imputación ha llegado a solicitar la Fiscalía. No obstante, y tras un cuestionamiento del juez al respecto, el Ministerio Público ha centrado su atención en el administrador de la empresa porque sería la única vía para reclamar responsabilidad penal, lo que ha permitido que los Martínez de Irujo se libren por ahora de comparecer ante el juez.

La instrucción de la causa por los nueve pozos ilegales de la Casa de Alba en una de sus fincas –Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar– está a punto de cerrarse. Así lo ha manifestado el propio magistrado en un auto en el que deniega una nueva prórroga de seis meses (como pedía la Fiscalía) y en el que manifiesta que sólo queda por testificar un perito de la defensa. Esto, asimismo, implica que los hermanos Martínez de Irujo cuya imputación ha solicitado la fiscal se libran –al menos en esta fase– de tener que comparecer en el juzgado, aunque habrá que esperar al cierre de la instrucción y al escrito de acusación del Ministerio Público para saber si salen de la causa.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha ido concediendo prórrogas de seis meses en un caso que estalló en 2023, cuando la Guardia Civil precintó estos puntos de extracción después de que inicialmente les cerrasen las puertas de la hacienda. El plazo de la última expiró este domingo, 8 de marzo, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente solicitó que se volviera a conceder por la “especial complejidad” del caso, algo que el magistrado ha denegado pese a que la defensa no se oponía.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor argumenta que considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, y avanza que lo único que queda es la “ratificación pericial” que solicita la defensa, con la comparecencia como testigo del autor del contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. El instituto armado cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido con estas extracciones sin licencia, a lo que habría que sumar alrededor de otro millón en concepto de daño ambiental.

Imputado hasta la fecha un sobrino

El testimonio de este perito, fijado para el 21 de abril, sería el único pendiente antes de cerrar la instrucción. De esta manera, se descarta que los Martínez de Irujo tengan que comparecer como imputados, tal y como solicitó inicialmente la Fiscalía. El ministerio público pidió hace meses que se tomase declaración como investigados a la persona jurídica Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Alba que gestiona esta hacienda a tiro de piedra de Doñana) y a los miembros del consejo de administración de esta sociedad mercantil.

Estos, según el informe que la Guardia Civil remitió al juzgado, son Eugenia, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que figuran como consejeros junto a su sobrino Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, que hasta la fecha es el único que ha tenido que declarar como investigado. El también duque de Aliaga es hijo de Alfonso Martínez de Irujo, y según un informe de la Guardia Civil es administrador y también miembro de este consejo en representación de su progenitor, que se quedó con Aljóbar tras un acuerdo en 2016 (refrendado en 2022) por el que los hijos de Cayetana de Alba se repartieron varias fincas bajo el paraguas de Eurotécnica Agraria.

Precisamente, al figurar como presidenta de esta compañía al descubrirse los hechos, la primera imputada en la causa fue Eugenia Martínez de Irujo, aunque el magistrado la excluyó posteriormente al atender el argumento de la defensa de que la administración de la finca la lleva su sobrino, Luis Martínez de Irujo, que no obstante cuando declaró se escudó en que no estaba al tanto de la gestión del día a día. En la actualidad figura como secretario del consejo desde diciembre de 2023, pocos meses después de la denuncia de la Fiscalía, tras una reunión del consejo de administración en la que asumió la presidencia Cayetano Martínez de Irujo.

Se acogió a su derecho a no declarar

Fue el propio juez el que le hizo saber a la fiscal que, en función de lo que se imputase a Eurotécnica Agraria (responsabilidad penal o civil subsidiaria), citaría o no como investigados a los hermanos del duque de Alba. En este sentido, recordó que, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se apuntaba a que la compañía es responsable penal la diligencia se practicaría con el representante legal de la compañía, en este caso Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg. “No resultando necesarias las declaraciones de sus consejeros delegados” si se optaba por esta vía, aclaró.

Finalmente, la Fiscalía tomó el camino de la responsabilidad penal y que se investigase así a la persona jurídica tras el CIF de la empresa, lo que llevó en septiembre de 2025 a una segunda declaración como imputado del duque de Aliaga en base a este artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El acto duró unos minutos, en los que se le informó de que se investiga “una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente con el posible perjuicio al medio ambiente”, acogiéndose a su derecho a no declarar y remitiéndose a lo que declaró en febrero de 2025, cuando fue citado en su calidad de persona física investigada.

La defensa ha apuntado en todo momento a la responsabilidad del sobrino, en un intento de descargar de responsabilidad a los hermanos del duque de Alba. En un oficio remitido en su día al juzgado, se subrayaba que “desde el año 2016 la gestión y explotación de la finca se realiza de manera independiente” por el duque de Aliaga. Una tarea que, insistía, se ha desarrollado “sin que los restantes miembros del consejo de administración tuvieran ni conocimiento ni responsabilidad alguna respecto a la finca Aljóbar, ni mucho menos respecto de los hechos que motivan la presente instrucción”.

Deniega que testifiquen los denunciantes

De esta manera, los hermanos del duque de Alba eluden tener que pasar por el juzgado, al que ya sólo acudirá como testigo (o lo hará de manera telemática) el perito que hizo el informe técnico para rebatir el de la Guardia Civil, en el que llegaba a alegar que estos pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. De hecho, la defensa acusa al instituto armado de “tergiversar datos” para imputarle daños a su juicio inexistentes, ya que defiende que nunca ha sacado más agua de la que tiene autorizada.

Eso sí, el magistrado ha denegado el resto de peticiones de la Casa de Alba, que solicitaba que declarase otro de sus peritos, el que hizo un análisis sobre las dotaciones de riego reales, producciones obtenidas y rentabilidad económica de los cultivos de cítricos. Asimismo, el instructor tampoco permite la declaración de los tres extrabajadores cuya denuncia dio origen a la investigación, “dado que nada relevante, ni para la acusación ni para la defensa”, va a deparar su testimonio en este momento procesal.

Gloria María Martín Valcárcel (Madrid, 1979) tomó posesión como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en julio del año pasado, pero ya conocía de sobra el paño: entró en 2006 en el organismo (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que en 2027 cumplirá un siglo) y ocupó varios cargos, incluido el de secretaria general desde 2019.

Destaca que tras tanta borrasca las reservas viven su mejor momento desde 2014, reitera que no se van a dar más permisos de riego y reconoce que al Guadalquivir ya no le cabe ningún nuevo embalse más allá de los dos pendientes. Y sobre los pozos sin licencia de la Casa de Alba, lanza un mensaje: “En este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro”.

¿Cuánta agua ha dejado en la cuenca la sucesión de temporales que hemos tenido?

Después de este enjambre de borrascas hemos aumentado unos 2.700 hectómetros cúbicos de reservas y tenemos en total 8.000, lo que supone que estamos al 80% aproximadamente de capacidad. Veníamos de una situación en la que estábamos al 40% y hemos subido al 80% en mes y medio.

¿Para cuánto tiempo hay agua garantizada entonces?

Para abastecimiento tenemos tres años seguro. El regadío, que es el 86% de la demanda del Guadalquivir, tiene dos años prácticamente garantizados en su totalidad, el tercero ya dependerá mucho de cómo se produzcan las precipitaciones en estos dos o tres años. Pero un par de años sí que podemos decir que van a ser campañas bastante potentes.

A su predecesor le tocó gestionar la miseria de la sequía y a usted afrontar la abundancia...

Bueno, con la sequía era secretaria general de la Confederación, así que también la sufrí, porque además estuvimos trabajando en los decretos en los que se establecían ayudas a los usuarios. Hace un par de años hubo restricciones del 80 y el 90% en el regadío, prácticamente se daba agua sólo para salvar la arboleda y poco más. Pero sí, la situación ha dado un giro radical, hemos pasado de riegos de emergencia para intentar salvar la arboleda a tener zonas en las que el agua llegó hasta las copas de los árboles.

¿Hubo algún momento especialmente delicado en estos días de borrascas, de asustarse de verdad?

Ha sido un mes muy complicado y el problema fue que ocurrió en toda la cuenca, no hubo un único sitio que hubiese que vigilar especialmente, y sí que hubo situaciones concretas preocupantes. Pero estuvimos alerta, el daño habría sido mucho mayor si no hubiéramos actuado de forma preventiva y anticipada y en coordinación con el resto de administraciones. Pero sí, hubo unos cuantos sitios en toda la cuenca con bastante incidencia y con desalojos: Los Puentes en Jaén, en Huétor Tájar en Granada, en Córdoba, en Sevilla... 

Aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables. Este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional

¿Los problemas principales se han vuelto a producir en zonas que son inundables pero en las que se sigue construyendo?

No es cuestión de que se siga construyendo o no, es que son zonas inundables y sabíamos que los daños se iban a producir ahí, tienen problemas recurrentemente. Aun así, en algunas zonas se ha conseguido mitigar, como en Villanueva de la Reina en Jaén, donde los daños han sido mucho menores porque el Ayuntamiento ha hecho actuaciones.

¿Pero sigue habiendo mucho construido en zonas inundables?

Son zonas concretas que están en el plan de gestión de riesgo de inundación, pero eso lleva su tramitación, su periodo de información pública y hablamos de zonas inundables con un periodo de retorno de 500 años. Eso quiere decir que es inundable aquello que se pueda inundar con un evento que pueda pasar una vez cada 500 años. El evento que ha pasado ahora ha sido aproximadamente en toda la cuenca de un T10, de diez años: aunque haya zonas que ahora no se han inundado, siguen siendo inundables, si no se han inundado ahora no significa que no sean inundables. Porque este episodio de borrascas, aunque ha sido muy extenso y muy persistente, no ha sido especialmente excepcional. El periodo de retorno de diez años no es el de 500 todavía, ni mucho menos.

En este sentido, ¿qué posición tiene la Confederación en relación con Tablada en Sevilla, es una zona inundable? Porque ahora no se ha inundado y ya se ha vuelto a reabrir el debate sobre su posible urbanización.

Sí, porque está dentro de los mapas de áreas con riesgo significativo e inundables, su carácter sólo podría cambiar si se revisan esos mapas, no cuando ocurra un episodio excepcional y se inunden o no. Lo que queda claro es que los episodios excepcionales no marcan las zonas inundables. Ahora tenemos imágenes por satélite de gran parte de la cuenca, precisamente estamos cotejando nuestros mapas con esas zonas inundadas. Estos episodios lo que sí nos valen mucho es para mejorar el conocimiento y comprobar y calibrar nuestros modelos.

Entonces, ¿la Confederación considera que Tablada se tiene que quedar como está?

Todas las zonas inundables deben respetar los usos permitidos en las zonas inundables. Creo que ya lo hemos dicho muy claro.

Tras el tren de borrascas han vuelto a surgir de nuevo voces diciendo que se desperdicia todo el agua que no se embalsa, ¿qué opinión le merece?

Bueno, es que no podemos poner el doble de embalses en la cuenca. Ahí todavía quedan dos proyectos que están en el Plan Hidrológico y que se está avanzando, que son las presas de San Calixto (entre Puente Genil y Écija) y de Cerrada de la Puerta (en Jaén, cerca de la provincia de Granada). En San Calixto hay un proyecto que se está actualizando y se va a adjudicar en las próximas semanas, con Cerrada de la Puerta también se está trabajando para licitar la redacción del proyecto. Estas son las dos grandes presas que quedan y que permitirán afianzar la garantía de la cuenca y también laminar las avenidas, como ha ocurrido con los 49 embalses principales que tenemos y que han conseguido laminar todo lo que ha llovido. Pero agua por los ríos tiene que correr, porque se tienen que mantener los ecosistemas y el estuario, que eso también es importante. No es agua que se pierde, por supuesto. Y hemos almacenado 2.700 hectómetros, desde 2014 no teníamos las reservas como ahora.

Al margen de estas dos, ¿al Guadalquivir ya no le caben más presas?

Es que esto no es una cuestión de si queremos una presa o no, sino que para construir un embalse hace falta un sitio acorde y una tramitación ambiental, no es tan fácil. Es difícil ya encontrar un proyecto viable para una gran presa en la cuenca del Guadalquivir. 

En la cuenca del Guadalquivir hay 900.000 hectáreas de regadío, el 25% de toda la zona regable de España, y no se dan nuevos permisos desde 2005. ¿Está previsto replantearse esa política?

¿Por un episodio de lluvias de un mes? No se van a dar porque no puede ser de otra manera, la cuenca se encuentra en una situación ya muy tensionada, con un déficit estructural de unos 200 hectómetros cúbicos. No es posible dar nuevas autorizaciones y nuevas superficies de riego salvo lo que ya está planificado, y creo que los usuarios en general lo saben y lo defienden en muchos casos: lo que hay que hacer es mantener lo que hay en la cuenca. En un contexto de incertidumbre, de cambio climático, creemos que ahora el problema es la garantía, hay un déficit que ya hemos sobrepasado.

¿Y no hay posibilidad de crecer con aguas regeneradas?

En el Guadalquivir no es fácil, eso tiene más sentido en la costa. Aquí realmente, si el agua de la depuradora llega a un cauce, se utiliza aguas abajo, no es un recurso nuevo que saquemos. En el Plan Hidrológico actual se dieron 20 hectómetros, pero para el siguiente (2028/2033) ya no está previsto ningún volumen adicional de agua regenerada porque no tiene más sentido seguir aumentando.

¿El nuevo Plan Hidrológico incorpora algún elemento relevante?

Estamos en la fase del esquema provisional de temas importantes, pero hay cuestiones que evidentemente son recurrentes porque siempre hay que tratarlas, como las zonas protegidas y las aguas subterráneas. Yo creo que lo más novedoso entre comillas son la garantía y el cambio climático, que es una cuestión transversal en todos los temas. El cambio climático ya se tenía en cuenta en el plan vigente, pero ahora está imbricado en todos los temas porque vemos que influye en todo. Y después el sostenimiento de la garantía, que cada vez es más complicada en este contexto de incertidumbre.

Lo que sí que tanta agua habrá venido bien para la salud del río y su estuario, ¿no?

Sí, claro, si el volumen aumenta, la dilución aumenta y todo mejora. Estas crecidas son imprescindibles para que el río funcione bien, y desde 2010 no teníamos nada parecido.

Y a propósito del río y su estuario, ¿cómo valora los nuevos vertidos autorizados para las minas de Aznalcóllar y Las Cruces en Sevilla?

Bueno, esto debe hacerse con todas las garantías. La cuestión es que en minería al final el órgano sustantivo es la Junta de Andalucía, nosotros ahí intervenimos como un órgano sectorial en lo que compete al agua. Además, los vertidos son al Guadalquivir pero en zona de dominio público marítimo-terrestre y nosotros no tramitamos esas autorizaciones, es también la propia Junta de Andalucía. Por tanto, son ellos los que tienen que autorizar esos vertidos y hacer el control. No digo que no me preocupe, pero es la Junta la que tiene que hacer ese seguimiento.

Ya hemos cerrado 800 pozos ilegales en unos cinco años y tenemos 175 en trámite. No me atrevo a decir una fecha cierta, pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado

Hablando de preocupación, otro punto es Doñana, ¿cómo va el cierre de pozos ilegales?

Pues en cinco años hemos cerrado ya 816 y tenemos en trámite 176. Hay que matizar que el cierre de pozos no es algo inmediato porque es un proceso lógicamente muy garantista, se trata de cerrar explotaciones de usuarios que están regando y que tienen un perjuicio económico. Tienen que alegar y defenderse, y eso dilata en el tiempo el proceso. Por otra parte, lo que sí que podemos es adoptar medidas cautelares de cierre de pozos mientras se tramita todo el proceso. También lleva su tiempo, porque hay que pedir autorización al juzgado para entrar en la finca, pero cerramos más rápido. 

Pero da la impresión de que nunca se termina.

Es que los pozos también van cambiando. No partimos de un número concreto, sino que a veces se van identificando nuevas captaciones y eso hace que se abran nuevos procedimientos. Ya hemos cerrado 800 en unos cinco años y tenemos 175 en trámite, no me atrevo a decir una fecha cierta pero tardaremos mucho menos de cinco años en terminar esto porque el grueso ya está cerrado. Pozos nuevos sí que se siguen localizando, pero ya hacemos una teledetección (que es accesible hasta para el público) de la superficie de los invernaderos que están instalados y se ve cuáles son las zonas que no tienen derecho de riego. Eso también tiene un efecto disuasorio, hemos visto que la superficie que no cuenta con derechos no sigue aumentando, así que creo que vamos por el buen camino.

Para la Confederación, ¿la marisma de Doñana es de agua dulce, como se ha dicho históricamente, o salada, como defiende el Ministerio para la Transición Ecológica para justificar el deslinde que se ha aprobado?

Es una cuestión complicada y que ahora mismo está en estudio. Tenemos que esperar al resultado de todos los recursos e iremos viendo la consecuencia que tiene ese deslinde, tanto en el Plan Hidrológico como en las actuaciones que tenemos en marcha. Ahora mismo hay un procedimiento administrativo y una serie de recursos, pero no sé si se llegará a contentar a todo el mundo. Un deslinde es un procedimiento complicado que siempre cuenta con bastante oposición por parte tanto de los usuarios del territorio como por el resto de actores. 

La lluvia le habrá venido muy bien al acuífero de Doñana, pero esto no se recupera de un día para otro…

No, no. Los primeros estudios que hemos hecho dicen que la superficie de la marisma se ha inundado prácticamente el doble respecto al año pasado y los piezómetros del acuífero han mejorado algo, pero en las zonas de mayor explotación no tanto. Por tanto, esto viene muy bien, pero no resuelve un problema estructural. Un mes de lluvias no recupera el acuífero de Doñana, necesitaría varios años así y trabajar más en todas las vías que ya tenemos abiertas para que realmente se vea una mejora notable.

A propósito de acuíferos, ¿confía en que la actuación judicial por los pozos sin licencia en Aljóbar, la finca de la Casa de Alba en Aznalcázar, siente un precedente importante y tenga un efecto disuasorio?

Yo no creo que sea un precedente porque no es la primera vez que aplicamos un procedimiento sancionador en una explotación de más o menos entidad o más mediática. Hay que actuar en todos los casos, y si esto hace que la sociedad sea más consciente de que esto no va de superficies ni de determinadas personas, sino que si hay una infracción se actúa, pues perfecto. Pero no es una situación desde luego novedosa, ni que hayamos cambiado nuestra manera de proceder.

¿Pero es consciente de la repercusión del caso y la sensación que pueda tener alguien de que pueda haber un trato distinto?

No controlamos las sensaciones, pero si la infracción está y el sancionador llega a la resolución que sea, será independiente de quién sea el infractor. Que luego se piense desde fuera que se ha actuado mejor o peor que en otros casos, eso nosotros no lo podemos controlar. Pero que en este caso se va a cumplir el proceso sancionador como con cualquier otro, eso es así.

¿Y no es contradictorio que, en paralelo a la causa judicial, haya un proceso administrativo para regularizar esos mismos pozos que se investigan por un posible delito ambiental?

Esa concesión se está tramitando y con una serie de condiciones. En muchos otros casos, cuando se aplica un procedimiento sancionador existe la posibilidad de legalización de lo que ha ocurrido. En este caso, la concesión se está tramitando. Veremos qué dicen todos los informes, pero tiene que llevar una serie de condicionados y tiene que tener un control de los volúmenes de agua. En el caso de que se resuelva así, no tiene por qué ser contradictorio con una infracción que se ha cometido, que tendrá una sanción y unas consecuencias.

La Comisaría de Aguas de la Confederación ya ha dado su visto bueno, por lo que considera que estos pozos son regularizables…

Pero es que el hecho de que tenga un proceso sancionador en marcha no significa que esa petición no pueda ser viable. Ellos contaban con un derecho previo, pero se abre un proceso sancionador porque no se estaba actuando acorde a la autorización que tenían. Si la autorización que se solicita es compatible con la planificación hidrológica, se puede tramitar independientemente de que entre medias haya habido alguna infracción o alguna sanción por parte del usuario.

¿Le frustraría que ocurra lo mismo que con la finca Hato Blanco Viejo, que por primera vez un juez condenó a cárcel a una familia de terratenientes por pozos ilegales y al final se libraron de la prisión al rebajarse la pena?

En un proceso judicial nosotros no tenemos toda la información concreta, le perdemos un poco la pista, y hasta que no se finaliza… Pero bueno, no frustra, porque nosotros hacemos nuestro trabajo y sabemos que luego pasa a la vía judicial, ahí realmente nosotros ya no controlamos qué es lo que se va a resolver. Lo que tenemos que hacer es nuestro procedimiento administrativo y llevarlo a cabo con todas las garantías.

¿Y hay muchos procesos abiertos en la cuenca por extracción ilegal de agua?

Hay muchos, todos los meses se tramitan cientos. Pero no todo son grandes explotaciones ilegales, hay muchas infracciones menores por no tener por ejemplo el contador bien instalado. 

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que estos días planteará formalmente en el seno del Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua.

“No se dan las condiciones como para que entre de sopetón en marcha esta nueva estrategia Marco del Agua en Europa porque significaría no acompasarla a las necesidades de sostenibilidad y de transición que requiere también nuestro campo”, ha apostillado.

Desde Palazuelos (Guadalajara), donde ha asistido a la reunión del Consejo Rector de la candidatura a Patrimonio Mundial del 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza y Atienza', García-Page ha afirmado que Castilla-La Mancha no es la única que va a solicitar esta moratoria.

Ha apuntado que “la resiliencia hídrica es uno de los grandes asuntos que están cogiendo forma en Europa”, recordando que “una parte importante de Europa no tiene para nada problemas de agua”, por consiguiente “estamos intentando conseguir consensos para con las regiones y los países que sí tenemos problemas con el agua”.

Coincide con el presidente murciano aunque “sorprenda”

En esta propuesta de moratoria, García-Page --asegura-- coincide con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aunque a algunos “les podrá sorprender”. “Estamos de acuerdo en que si queremos fraguar un consenso en torno al agua en España tiene que ser sobre la base de que estemos también de acuerdo, y en eso lo estamos en la moratoria sobre la estrategia marco del agua”.

García-Page ha admitido que dicha estrategia, hasta ahora, “ha sido muy positiva” y hay aspectos de la nueva que “también pueden ser muy positivos para el conjunto de los países y las regiones que tenemos problemas con el agua”, pero “si no se consigue esa moratoria, se van a precipitar acontecimientos que no están ni con mucho maduros ni son del consenso general hoy mismo en Europa”.

De manera que --ha señalado-- la aplicación de esta moratoria tiene que ir de la mano del nuevo marco financiero de la Unión Europea y con de la nueva definición de la política agraria comunitaria. “Lo contrario sería poner el carro antes que los bueyes. Lo vemos así de claro y en eso coincidimos --espero que todas las comunidades autónomas españolas-- pero también con el grueso de las comunidades o regiones que estamos en el Comité de las Regiones”.

Un órgano que, según ha incidido García-Page, está cogiendo peso específico dentro de la Comisión Europea. “Hay una necesidad de que no sólo los grandes partidos políticos sino la representación local y territorial entre, sea porosa e influya en el conjunto de la marcha de la Comisión Europea”.

“Ese prisma de no tomar decisiones en Bruselas en frío desde los despachos sino acometerlas considerando y siendo sensibles con su implicación y con su extrapolación a los territorios es clave para el Comité de las Regiones”, ha finalizado el presidente regional.

Vino y jóvenes agricultores, también en su agenda en Bruselas

Además de agua, el presidente castellanomanchego aprovechará estos días en Bruselas para intervenir en distintos foros, una “apretada agenda” que le llevará a hacer una defensa del vino frente a las “amenazas” que periódicamente se van planteando “siempre en el seno de la Unión Europea intentando su restricción o su estigmatización”.

También ha recordado que va a encabezar y pilotar en el Comité de las Regiones la ponencia sobre la incorporación de jóvenes a la agricultura, que considera que es “clave”.

Igualmente, ha defendido que los agricultores y los ganaderos, “lejos de ser quienes pueden complicarle la vida al medio ambiente”, son “los que mejor pueden entender el medio ambiente que nos rodea, su sostenibilidad no sólo paisajística o ecológica sino también patrimonial y económica”.

El PP cree que lo que plantea no tiene “efectos jurídicos ni ejecutivos”

El vicesecretario institucional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha asegurado este lunes que el anuncio de Emiliano García-Page de acudir al Comité Europeo de las Regiones para plantear una moratoria en la aplicación de la nueva Directiva Marco del Agua “es una declaración sin efectos jurídicos ni ejecutivos”.

Lucas-Torres ha recordado que el Comité Europeo de las Regiones es un órgano consultivo, sin capacidad normativa ni ejecutiva para modificar directivas europeas. “Si Page quiere cambiar la Directiva Marco del Agua, el lugar es el Consejo de la UE, donde está sentado el Gobierno de Sánchez, y el Parlamento Europeo, mediante una enmienda legislativa formal. Todo lo demás son palabras”, ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ya ha trabajado esta cuestión con el Partido Popular Europeo (PPE), donde existe el compromiso de promover una modificación de la Directiva Marco del Agua para acompasar la transición ecológica a la realidad productiva del campo.

Además, ha señalado que la eurodiputada y responsable nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha trasladado personalmente a Núñez su compromiso de impulsar una modificación legislativa en el Parlamento Europeo en ese sentido.

“Lo que plantea Paco Núñez es cambiar la norma. Modificar la Directiva Marco del Agua. No hacer una declaración política en un órgano sin competencias”, ha remarcado.

Los nueve pozos ilegales descubiertos a la Casa de Alba en Aljóbar, finca de su propiedad en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), han afectado al acuífero del que se alimenta el Parque Nacional de Doñana. Así lo reitera el último informe pericial de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” obtenido y abunda en que estas extracciones no autorizadas tienen “un carácter muy relevante” porque el acuífero del que se han pirateado los recursos, el Aljarafe Sur, está “hidráulicamente conectado” con la masa subterránea Almonte-Marismas y con el aluvial del río Guadiamar, dos puntos clave porque van “nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

La conclusión se recoge en este documento, y así fue reiteradamente defendida por las dos peritos del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado) en la declaración como testigos ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), que investiga un posible delito contra el medio ambiente. De hecho, en su momento el magistrado, tras el primer informe pericial que recibió en 2024, ya apuntó en un auto que los pozos podían tener un “impacto colateral en Doñana”, lo que no beneficia precisamente a la defensa de la Casa de Alba.

El caso que analiza el juez tuvo su origen en una denuncia de extrabajadores de la finca, lo que llevó a descubrir hasta nueve pozos sin licencia que habrían estado funcionando 11 años cuando la empresa que gestiona la finca (Eurotécnica Agraria) sólo tenía permiso para dos, uno de ellos para uso doméstico y no agrícola. Estas extracciones han sido ya precintadas dos veces, en un proceso en el que la Fiscalía ha pedido imputar a varios hermanos del actual duque de Alba, mientras la defensa sitúa en primera línea a un sobrino de éstos ( Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga) y la empresa culmina la regularización administrativa de las instalaciones sin licencia.

En su declaración ante el juez del pasado 20 de febrero, las agentes insisten en varias ocasiones en la conexión directa entre ambas masas de agua, un hecho que a su juicio “está descrito muy bien en un montón de estudios científicos y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) también así lo determina”. “Está totalmente conectado con el acuífero Almonte-Marismas”, lo que se traduce en que “se produce una descarga natural desde Aljarafe Sur hasta el siguiente que hay, que es Almonte-Marismas”, que el propio informe recuerda que desde 2019 está declarado en mal estado.

“Riesgo de sobreexplotación”

En su testimonio, repiten que “el acuífero Almonte-Marismas tiene una recarga natural por parte de Aljarafe Sur”, que a su vez está empeorando su situación a pasos agigantados por el exceso de bombeos que sufre no sólo desde Aljóbar, sino también desde otras fincas colindantes. Ante las preguntas de la defensa encaminadas a diferenciar ambas masas de agua, las guardias civiles son tajantes: “No hay barreras, esa agua fluye de manera natural desde Aljarafe Sur hacia Marismas, tiene una descarga natural”.

A efectos administrativos y de gestión, el acuífero Almonte-Marismas está dividido en cinco masas de agua: La Rocina, Almonte, Marismas, Marismas de Doñana y Manto Eólico Litoral de Doñana. Tres de ellas se encuentran oficialmente declaradas en mal estado, concretamente los de Almonte, La Rocina y Marismas, que es la más cercana a Aljarafe Sur.

Durante la comparecencia, que se realizó por videoconferencia, la defensa puso el foco en que Aljarafe Sur, que es de donde extraen los pozos de Aljóbar, está oficialmente declarado en buen estado por la propia CHG. Así lo admiten también tanto el informe como las peritos del Seprona, aunque con el matiz de que este acuífero se está deteriorando rápidamente y ya está en “riesgo de sobreexplotación” porque supera la barrera del 80% entre los recursos que entran y los que se sacan. En concreto, en esta masa de agua se ha pasado de un índice de explotación del 78 al 91%.

Los informes de la CHG

Ante la insistencia de las agentes en que Aljarafe Sur está en riesgo de sobreexplotación y en la interconexión con Doñana, los abogados de la defensa les preguntan que cómo explican que Aljarafe Sur esté declarado en buen estado “y en cambio están diciendo que Almonte y Marismas están en riesgo”. “Eso se lo tendrá que preguntar usted a la Confederación, que es la que hace los estudios de los acuíferos”, fue la respuesta que obtuvieron.

Eso sí, añaden que se ratifican en el mal estado creciente de Aljarafe Sur. “La tendencia del nivel del descenso piezométrico está ahí, no nos la inventamos nosotras, y además a lo largo de diferentes planes hidrológicos el índice de explotación ha ido ascendiendo en número y además a mayores”. En este sentido, la CHG ha hecho ya dos informes a requerimiento del juzgado sobre la situación de Aljarafe Sur, con conclusiones similares: su estado es cada vez peor, de hecho está en los niveles más bajos desde que existen datos, y la batería de pozos ilegales de Aljóbar es “susceptible” de haber agravado las cosas, pero “no es posible concretar” que sea “el único causante” porque hay otras fincas vecinas con “intensas explotaciones”.

La defensa basa parte de su estrategia en que oficialmente no puede hablarse de que Aljarafe Sur esté sobreexplotado, que como mucho está en situación de riesgo, por lo que en consecuencia no puede hablarse de perjuicio para Doñana. “Sí que son daños derivados”, reiteran las agentes, “porque Doñana se está secando”, una situación a la que no ayuda que “el acuífero de las Marismas, que es el de Doñana, está conectado con el acuífero Aljarafe Sur” y debería pasarle más agua.

“El acuífero no se ha recuperado”

La defensa se centra también en que Aljarafe Sur no es un acuífero confinado, sino libre, lo que implica que no tiene materiales impermeables que dificulten su recarga con las lluvias, pero las peritos replican que eso no implica un efecto inmediato. Tiene opciones de recargarse de manera más rápida que un acuífero confinado, admiten, pero se pierde mucha agua por el camino antes de infiltrarse al subsuelo, “no cae un mililitro y le llega un mililitro al acuífero”, ejemplifican.

“Que nadie se engañe”, llegan a defender, si alguien espera que “los acuíferos van a llegar ahora a los niveles freáticos que tenían antes de toda la problemática que estamos teniendo”. Y así lo subrayan hasta en la última pregunta que les hace la defensa. “Con este carrusel de tormentas que ha habido de lluvia tan abundante, ¿puedo entender que el acuífero se ha recuperado”, les cuestiona el letrado, obteniendo una respuesta contundente: “No, no puede entender eso”.