La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y comunidades de regantes han firmado este jueves los convenios para realizar las 11 obras beneficiarias del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (RegadíA), una actuación destinada a mejorar la eficiencia hídrica, fomentar la innovación tecnológica e impulsar la transición energética y la adaptación al clima frente a los periodos de escasez de agua.

Durante el acto, en el que ha participado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez, y los representantes de las comunidades de regantes beneficiarias, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado que este programa moviliza una inversión de 138,3 millones de euros, según han subrayado la Junta y el ministerio en sendas notas de prensa.

Así, el consejero ha subrayado que este plan supone “una de las mayores apuestas por el regadío en Andalucía en los últimos años que, a través de un modelo de colaboración ejemplar entre el Estado, la Junta y los regantes podremos multiplicar el impacto de cada euro invertido”.

Más de 14.000 regantes beneficiados

De esta manera, se van a beneficiar de este programa 14.490 regantes y 102.495 hectáreas. Con relación a la financiación, la Junta de Andalucía aporta 52,5 millones de euros, el 50% del coste de las obras, mientras que Seiasa destina el 20% y las comunidades de regantes, el 30% restante.

Por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, que ha asistido al acto de las firmas, ha señalado que “detrás de cada hectárea que modernizamos hay una familia que va a regar mejor, va a gastar menos agua y menos energía, y va a ganar más margen”. “Eso es lo que estamos firmando hoy en Sevilla. Cuando el ministerio, la administración regional y Seiasa trabajan juntos, las inversiones llegan antes al territorio y a quienes las necesitan”, ha aseverado.

Las actuaciones incluyen nuevas infraestructuras de regulación y almacenamiento de agua, plantas solares fotovoltaicas, la modernización de redes de distribución, sistemas de telecontrol y automatización del riego y la ampliación de infraestructuras de tratamiento de aguas.

Seis provincias

Este plan se traduce en actuaciones concretas en seis provincias a través de once grandes proyectos de modernización, de los cuales cuatro están en la provincia de Córdoba (uno compartido con la provincia de Sevilla), dos en Almería, dos en Jaén, uno en Cádiz, uno en Granada y otro en Sevilla.

Entre los proyectos beneficiarios se encuentran la ampliación de planta de tratamiento de aguas de riego de la Balsa del Sapo, en Almería; el proyecto de plantas solares fotovoltaicas para bombeo de aguas regeneradas y centro de control en la comunidad de regantes de la zona norte de Huércal-Overa, en Almería; o la mejora de la eficiencia hídrica-energética de las instalaciones de la zona regable del Guadalcacín, en Cádiz.

En Córdoba, se unen la instalación de planta solar fotovoltaica sobre suelo en la comunidad de regantes Canal margen izquierda río Bembézar; la balsa de almacenamiento de la comunidad de regantes de Fuente Palmera en los términos municipales de Hornachuelos y Fuente Palmera; la balsa de almacenamiento de Zamacón para la modernización y consolidación de la zona regable Genil-Cabra (córdoba) y la modernización y mejora de la red de riego de la comunidad de regantes Margen izquierda del Genil, una actuación que comprende las provincias de Córdoba y Sevilla.

Se añaden también a la obra de la colectividad Cuevas del Campo fase III de la comunidad de regantes Pozo Alcón, Hinojares y Cuvas del Campo, en Granada; la modernización de las infraestructuras de riego de la comunidad de regantes Sector V subsector I de Vegas Medias Guadalquivir, en Jaén; la modernización de los regadíos de las Vegas del Guadalquivir, Vegas Altas sector VIII, también en Jaén; y la modernización y mejora del sistema de riego de la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir, fase I, en Sevilla.

Estos proyectos permitirán incorporar nuevas tecnologías para optimizar cada gota de agua. Se incluyen actuaciones de eficiencia hídrica y energética, instalaciones fotovoltaicas para reducir los costes energéticos de las explotaciones, infraestructuras de almacenamiento que aumentan la capacidad de regulación y ofrecen mayor seguridad a los regantes, y también sistemas inteligentes de control y digitalización que permitirán conocer en tiempo real los consumos y mejorar la gestión del recurso.

De esta manera, la modernización de regadíos constituye una de las principales líneas de actuación del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reforzar la competitividad del sector agrario, mejorar la eficiencia en el uso del agua y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.

Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa, ha invertido en Andalucía 552,19 millones de euros, con 47 actuaciones de modernización finalizadas para 26 comunidades de regantes, que han permitido modernizar 196.572 hectáreas y beneficiar a 45.590 regantes en todo el territorio andaluz. Con los proyectos firmados, la inversión actualmente programada por el ministerio en Andalucía asciende a 522 millones de euros, distribuidos en 40 actuaciones.

De ellas, 22 proyectos, con una inversión de 322,45 millones de euros, se ejecutan con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que las 18 actuaciones restantes, dotadas con 199,60 millones de euros, se desarrollan mediante el convenio tradicional entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Seiasa.

Apuesta por el regadío

Por otro lado, Fernández-Pacheco ha afirmado que “hablamos, en definitiva, de modernizar el regadío para hacerlo más competitivo, más rentable y también más respetuoso con el medio ambiente”, para quien el Plan RegadíA “no es una actuación aislada”.

Según ha explicado, forma parte de “una estrategia mucho más amplia” para seguir fortaleciendo el regadío andaluz. De hecho, el Gobierno andaluz va a impulsar la Ley del Regadío Sostenible de Andalucía y va a destinar 165 millones al Plan Parra, que construirá terciarios y conducciones para llevar el agua regenerada desde las depuradoras hasta las comunidades de regantes.

También ha aprobado ayudas de 12 millones de euros para la construcción de balsas. Una estrategia que va a movilizar más de 300 millones de euros y que supone “una apuesta inequívoca por el regadío”.

Junto a ello, el consejero ha agradecido el compromiso de las comunidades de regantes, asegurando que son “un ejemplo de responsabilidad”. “Habéis demostrado que la gestión colectiva del agua funciona; habéis sabido adaptaros a circunstancias muy difíciles y seguir produciendo alimentos de calidad incluso en los momentos más complicados. Y ese esfuerzo merece el respaldo de las administraciones”, ha subrayado.

Los representantes de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT) están llevando a cabo una serie de reuniones con entidades agrarias y sociales para consolidar la creación de un frente común en defensa de los usuarios de las aguas subterráneas de esta zona ante el próximo ciclo de planificación.

Así lo ha confirmado el presidente de Fergualt, Ángel Bellón, a través de un comunicado de prensa en el que ha explicado que han mantenido un encuentro en Tomelloso (Ciudad Real) con las organizaciones representativas AMFAR; Sepriman; Unión de Uniones de Castilla-La Mancha; COAG; Centro Independiente de Agricultores y Ganaderos de La Solana y la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla la Mancha, que se suma al que ya habían mantenido recientemente con representantes de Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha.

Bellón ha argumentado que “el agua ha sido motor de la economía en el Alto Guadiana desde los años setenta del pasado siglo, consolidando el tejido socioeconómico de las poblaciones, por lo que una merma en el recurso, unida a una extinción de los derechos de riego, provocaría serios problemas socioeconómicos y de fijación de población”.

En esa línea, ante la constatación de que las medidas y actuaciones mantenidas en los tres ciclos de planificación transcurridos no han logrado objetivo alguno, han iniciado las acciones para conformar esta unión como la divulgación de sus objetivos y problemáticas; una recogida de firmas que avalen un manifiesto y el planteamiento de iniciativas legislativas.

El presidente de Fergualt ha destacado que “la unidad de todos los usuarios y usuarias del agua en el Alto Guadiana, particularmente de los regantes, es la mayor fuerza que se puede esgrimir tanto ante la sociedad en general, como ante las diferentes administraciones en aras a conseguir soluciones que permitan mantener el sector; fijar población y el acceso de los jóvenes a la agricultura”.

Para ello, demanda medidas como el aporte externo de recursos y la reutilización o la recarga, sin olvidar medidas de ahorro, control de extracciones y concienciación de que el agua es un recurso finito.

Por último, durante la reunión mantenida el martes han puesto de manifiesto su inquietud ante el planteamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la última fase de la revisión del cuarto ciclo del Plan Hidrológico, que fijará las bases sobre las que se desarrollará la gestión hidráulica en los próximos seis años y que podrá suponer, si no son estimadas las alegaciones y sugerencias presentadas por las diferentes entidades, “un paso atrás en el Alto Guadiana”, ha señalado.

Esta Federación aglutina a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas de Campo de Montiel; Campo de Calatrava; Consuegra-Villacañas; Mancha Occidental I; Mancha Occidental II, Sierra de Altomira y Lillo-Quintanar.

Cuenta con más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario y una superficie de regadío de unas 300.000 hectáreas en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.

Una subvención directa de más de 456.000 euros del Gobierno de Castilla-La Mancha va a permitir la modernización de los regadíos del Rincón del Moro en la provincia de Albacete. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, quien ha detallado que fue el pasado 23 de junio cuando el Consejo de Gobierno tomó esta decisión, con la que apoya la actuación de la Comunidad de Regantes, que supondrá una inversión de más de 2,8 millones de euros.

Esta comunidad cuenta con más de 70 socios y una superficie regable de 1.324 hectáreas en los términos municipales de Hellín y Liétor. Ahora, con esta actuación, estos regadíos van a avanzar “hacia un modelo más eficiente, sostenible y competitivo, que permita reducir los costes energéticos y mejorar la rentabilidad de las explotaciones”, ha dicho el consejero.

Con esta financiación, se acometerán unas obras de modernización que consistirán en la instalación de energía fotovoltaica para autoconsumo, la sustitución de equipos electromecánicos y la mejora de la eficiencia de los bombeos para aprovechar la energía solar, reducir el consumo procedente de la red eléctrica y disminuir los costes energéticos de la comunidad de regantes.

La modernización del Rincón del Moro está financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través de SEIASA, y del Gobierno de Castilla-La Mancha. A esto hay que sumar las aportaciones de los regantes, a los que ha agradecido el “compromiso con la responsabilidad agrícola pero también con un futuro que sea más sostenible y viable económicamente para sus explotaciones”.

Además, el consejero ha destacado que esta Comunidad de Regantes viene trabajando en materia de eficiencia energética desde hace tiempo, de hecho, ya ejecutó un proyecto de renovación y mejora de sus equipos de bombeo, “lo que demuestra su compromiso con unos regadíos sostenibles y con la disminución de costes para los comuneros”.

Con esta nueva ayuda a la Comunidad de Regantes Rincón del Moro, ya son siete los regadíos modernizados en la región gracias a los fondos MRR, a través de la SEIASA y el MAPA con una inversión total de 45,5 millones de euros.

Ampliación plazo de reestructuración

Por otro lado, Julián Martínez Lizán ha anunciado que los viticultores de Castilla-La Mancha tendrán hasta el próximo 31 de julio para solicitar la certificación de pago de sus proyectos de reestructuración y reconversión de viñedo de las convocatorias de 2024 y 2025. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha ampliado este plazo para dar respuesta a las necesidades del sector y facilitar que los viticultores puedan completar correctamente sus proyectos.

“Lo hacemos porque este año, al inicio de la campaña, cuando se realizaban todas las labores de restructuración, hubo dificultades climatológicas con las lluvias y teníamos ciertos riesgos de que algunas acciones no se pudieran implementar en la fecha que estaba conformada, el 15 de julio. Con esto queremos salvaguardar que todos nuestros agricultores vayan a poder cobrar sin ningún problema en la certificación correspondiente a tal efecto”, ha explicado el consejero, que por último ha detallado que esta ampliación beneficiará a más de 1.400 viticultores y a una superficie de casi 4.900 hectáreas de viñedo.

El Gobierno regional ha planteado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la reconversión en regadío de hasta 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, desde Pozo de la Serna, y ha remarcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha “lo ha hecho” y ha presentado 200 alegaciones a todas las demarcaciones hidrológicas que tienen impacto en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Caballero ha señalado que “de manera particular, ha planteado alegaciones al Guadiana, que es una demarcación hidrológica muy importante para la provincia de Ciudad Real, y también al Guadalquivir, ya que esta afecta a una parte de la provincia del Campo de Montiel y de municipios de la comarca de Puertollano, así como a localidades del suroeste de la provincia de Albacete”.

Por este motivo, desde Campo de Montiel, Caballero ha detallado algunas de las alegaciones que se han presentado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que afectan a esta comarca.

Caballero ha puesto el acento en la petición hecha por el Gobierno de Castilla-La Mancha para impulsar la transformación en regadío de entre 6.000 y 9.000 hectáreas de olivar en el Campo de Montiel, “una actuación que cuenta con una dotación de 15 millones de euros en los presupuestos”.

En este sentido, el vicepresidente segundo del Gobierno regional ha reclamado que el proceso se active cuanto antes para que lo más pronto posible puedan ponerse en regadío las primeras 1.000 hectáreas hacia este objetivo.

Aguas residuales

Por otro lado, José Manuel Caballero ha reclamado también, entre otros asuntos, que la futura directiva europea sobre el tratamiento de aguas residuales tenga en cuenta la realidad de los pequeños municipios y vaya acompañada de financiación estatal o europea.

“El objetivo es que permita a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes afrontar las nuevas exigencias en materia de depuración y aguas residuales”, ha explicado.

Así, ha señalado que las alegaciones se basan también en ayudar a las obligaciones que tienen los ayuntamientos en cuanto al abastecimiento y a abordar las dificultades cuando se trata de obras que son muy costosas.

Finalmente, José Manuel Caballero ha confiado en que se puedan conocer saber también las alegaciones que han presentado otras administraciones, saber si la Diputación ha presentado alguna alegación o si los partidos políticos de la oposición han presentado alguna alegación.

Está bien que todos hablemos, pero lo importante también es que todos nos retratemos, que todos tengamos la posibilidad de decir por escrito cuál es nuestra posición en materia de agua y en qué medida defendemos por escrito lo que luego decimos a los medios de comunicación“.

Por eso, les ha instado a “compartir este trabajo desde la transparencia para exponer cuáles han sido sus propuestas, si es que las han hecho”.

Jaime Martínez Valderrama (Madrid, 1973) lleva más de veinte años estudiando la desertificación. Es científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), ingeniero agrónomo y coautor, junto a otros diecinueve científicos, del artículo publicado en Nature que pide “doblegar la curva” de la degradación de la tierra a escala global. Vive en Almería desde 2008 y ha participado esta semana en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio mediterráneo', organizado por la Universidad de Murcia (UMU) y celebrado en Mazarrón.

En esta entrevista repasa qué es realmente la desertificación, por qué España —y muy especialmente la Región de Murcia— es uno de los territorios más afectados de Europa, y por qué considera que este problema ambiental se ha convertido también en una cuestión geopolítica de primer orden.

Lleva más de 20 años estudiando la desertificación. ¿Qué significa realmente que un territorio se desertifique? ¿Tiene marcha atrás?

Desertificarse es que un territorio empieza a adquirir características parecidas a las del desierto: la fertilidad natural que tiene —por el suelo, el agua, la biodiversidad— se va perdiendo por variaciones climáticas, como las sequías, pero sobre todo por una actividad humana inadecuada.

Revertirlo es muy complicado, porque en los territorios áridos la naturaleza trabaja muy despacio. Recuperar un centímetro de suelo fértil perdido puede llevar entre 800 y 900 años. Un acuífero que se vacía puede tardar 100 años en recuperarse. Y en zonas costeras, si se bombea demasiada agua, entra agua del mar y los acuíferos se salinizan: eso, a escala humana, es irreversible.

En agosto publicó en Nature, junto a otros 19 científicos, un artículo que defiende que hay que “doblegar la curva” de la degradación de la tierra. ¿Por qué?

Se hizo con motivo de la última COP, cuando coincidieron casi en el mismo periodo las tres convenciones —biodiversidad, cambio climático y desertificación—. Defendemos que hay que ponerlas en consonancia: si disminuyes la degradación de la tierra, disminuyes también las emisiones de CO₂, porque más de la mitad del carbono que circula en la atmósfera viene de malas prácticas agrarias, de liberar el carbono que estaba almacenado en el suelo.

¿Tiene sentido tratar la desertificación como un tema aislado?

No. Hay que afrontarlo todo de manera conjunta, sin trabajar en silos —el agua, por un lado, la tierra por otro, la biodiversidad por otro—. Cuando se actúa de forma aislada, sueles arreglar una cosa y estropear otra, como pasa en medicina: tratas un dolor de cabeza y afectas al estómago del paciente.

Se ha hablado de que el 75% de España es potencialmente desertificable y que el 20% ya tiene problemas avanzados. ¿Cómo se calculan esas cifras?

Esas cifras están desactualizadas. Hemos creado un Atlas de desertificación de España usando la estimación de zonas áridas del CSIC-IPE, según la cual las zonas áridas ocupan el 69% del territorio español. De esas zonas, el 61% —el 41% de todo el territorio español— está ya desertificado. No es que tenga riesgo: ya lo está.

Hasta ahora no existían mapas de desertificación fiables en el mundo, porque este proceso combina erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida económica y degradación hídrica, y sumarlo todo de forma coherente es muy complicado. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento alternativo, y con él hemos elaborado un mapa que es una novedad a nivel mundial.

Dice que el regadío puede ser parte del problema, ¿a qué se refiere?

Sostengo que no es una defensa. El error viene de asumir que la desertificación es 'el avance del desierto', algo muy extendido pero muy grosero. Si piensas así, la solución parece obvia: pones un regadío, y de repente tienes una mancha verde en un paisaje ocre. Parece que ganas la batalla. Pero para crear esa mancha verde has bombeado agua del subsuelo sin plantearte de dónde la vas a sacar a largo plazo, y eso te funciona 30 o 40 años —son los 'milagros económicos' del sureste, también en Murcia—, hasta que el acuífero se agota. Lo hemos visto en sitios más extremos, como el desierto arábigo, donde se cultivó alfalfa para vacas frisonas hasta que se agotaron los pozos y se acabó todo.

Se habla mucho del cambio climático como culpable, pero usted insiste en cómo se gestiona el territorio. ¿Qué pesa más?

Es la propia definición de Naciones Unidas: la desertificación es la degradación de zonas áridas por variaciones climáticas y actividades humanas. Sin actividad humana, no es desertificación, es otro problema. Doñana se seca y decimos 'qué sequía'', pero es que llevan veinte años cultivando fresas y agotando el acuífero que permitía su recuperación. Las calimas de África que nos ensucian el coche tampoco son desertificación: son un problema respiratorio.

Uno de los aspectos que mencionan en el artículo de Nature es que la clave estaría en cambiar el sistema alimentario global. ¿En qué sentido?

Cuatro de los cinco grandes paisajes de desertificación de España tienen que ver con la agricultura. Una de las medidas que planteamos es reducir el desperdicio alimentario: un tercio de lo que producimos no se consume. Publicamos un artículo sobre esto que tuvo una repercusión inesperada, poniendo números a cuántas frutas y hortalizas se tiran en España oficialmente. Un año se habló de 400.000 toneladas de limones tirados en Alicante, y en el registro oficial solo constaban 120.000.

También defendemos controlar el consumo de carne intensiva y fomentar la ganadería extensiva de calidad, porque favorece la economía de las zonas de interior y es buena para el medio ambiente. Apostamos por una dieta mediterránea equilibrada, con más vegetales, sin excluir la carne de calidad frente a las macrogranjas. El profesor Carlos Duarte propone además incorporar mucha más proteína marina a la dieta global.

En el curso de Mazarrón se habla de la desertificación junto a migraciones y conflictos, como un tema de seguridad. ¿Por qué cree que ha dejado de verse solo como un problema ambiental?

Porque la globalización genera dependencias excesivas, y con las últimas crisis lo estamos viendo: la guerra de Ucrania, la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Cuando una agricultura depende tanto de insumos externos, luchar contra la desertificación es luchar contra la inseguridad alimentaria. Si gestionas mejor el suelo, necesitas traer menos urea de Dubai, menos fosfatos de Marruecos. Y cuando sube el precio de la energía —de la que depende buena parte de la agricultura, para bombear agua, fabricar fertilizantes, mover tractores— los costes se disparan: con la guerra de Ucrania, a Fertiberia dejó de salirle rentable producir nitrógeno. Si tienes el suelo en buenas condiciones, esa dependencia pesa mucho menos. Por eso creo que esta cuestión encaja con la geopolítica.

Centrándonos en la Región de Murcia: según el Atlas de la Desertificación, ¿cómo está la comunidad ahora mismo?

Si España está desertificada en el 91% de sus zonas áridas, en Murcia esa cifra sube al 95%, básicamente por las aguas subterráneas: prácticamente todos los acuíferos de la Región están deteriorados, como en Almería. Puedes mirar un paisaje con un bosque y pensar que no está tan mal, pero el acuífero de debajo puede estar contaminado o vacío. Como casi todo el territorio murciano es zona árida, está prácticamente todo desertificado en mayor o menor medida, algo que ocurre también en Albacete, Alicante y Almería, por la actividad agraria intensiva de los últimos cuarenta años. En Almería el problema se ha ido paliando con desaladoras, pero eso tiene costes impresionantes, y esa factura no la percibe tanto el productor, porque si tuviera que pagarla, no podría cultivar.

Esta semana ha estado en la Región la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay una disputa sobre el origen de la contaminación del Mar Menor: el Gobierno regional apunta al acuífero, y la comisionada, a las escorrentías agrícolas. ¿Qué opina?

Hay un informe muy bueno de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora, Julia Martínez, colabora también en el Atlas de la Desertificación. Es, en el fondo, un problema del Campo de Cartagena: el uso masivo de fertilizante químico en un regadío superintensivo. Esa escorrentía eutrofiza el Mar Menor, hace proliferar algas y perjudica la vida bajo el agua. El problema ha sido la agricultura intensiva, que además se entiende: los problemas de desertificación se desencadenan casi siempre por buenas intenciones, la gente quiere prosperar. Pero eso exige al sistema más de lo que soporta, y acaba encareciendo la producción: si pierdes suelo, compras fertilizantes; si agotas el agua, tienes que invertir más. ¿Quién puede poner ese dinero? Cada vez más, los grandes fondos de inversión. En Almería, montar un invernadero cuesta unos 600.000 euros por hectárea, así que el pequeño agricultor queda excluido. Y si miras la renta per cápita de los municipios de España, varios de los más pobres tienen agricultura intensiva: Níjar en Almería, o Mazarrón y Águilas en Murcia. Es un negocio que no reparte bien el dinero, y el peaje de degradar un territorio suele pagarlo la parte menos favorecida.

Hay mucho debate también sobre si el agua desalada es buena para la agricultura.

Es agua prácticamente destilada, hay que tratarla, y eso encarece la producción. Por eso el agua desalada es muy cara: en Murcia está subvencionada, pero en Andalucía no. Porque si le retiras al regadío intensivo las ayudas encubiertas que tiene —diésel, electricidad y agua más baratos que los de un usuario normal— sería demasiado caro producir.

El debate del trasvase Tajo-Segura, la presión del regadío sobre el Mar Menor y los acuíferos se plantea siempre como que no hay suficiente agua. ¿Es un problema de cantidad o de cómo usamos el territorio?

Estamos en un modelo basado en la oferta hídrica, cuando la Directiva Marco del Agua europea obliga a gestionar desde la demanda. Somos sociedades adictas al agua. Existe la paradoja de Jevons: cuanto más eficiente eres usando un recurso, más acabas gastando de él. Si haces más eficiente el riego de una parcela, el agua que ahorras no se queda en el acuífero, se pone a regar otra parcela más. Cuando se anunció el trasvase Tajo-Segura, mi padre me contaba que inmediatamente se transformaron muchas hectáreas de secano en regadío: el propio anuncio generó una nueva demanda. Estoy en un proyecto de la Fundación BBVA elaborando un mapa de los conflictos hídricos en España, y todo el mundo quiere agua para todo —ahora se suman incluso los centros de datos—.

A partir de 2027, la reforma de los caudales ecológicos reducirá en torno a un 40% el agua que llega por el trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo va a afectar esto a la Región?

Se va a complicar, sí, pero nunca ha habido tanta agua como se prometió al principio del trasvase, y cada vez hay menos. En muchas regiones, incluida Murcia, hay más derechos de agua concedidos a los regantes que agua realmente disponible: está todo sobredimensionado. Y al final, todas esas malas prácticas las acabamos pagando entre todos: si se agotan los acuíferos, son nuestros impuestos los que financian desaladoras, trasvases y nuevos embalses.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

Se llama regadíos históricos a los sistemas agrícolas tradicionales que utilizan infraestructuras como acequias, azudes y albercas para distribuir el agua por gravedad. Son estructuras con cientos de años de antigüedad, que normalmente riegan pequeñas huertas y están asociados a un patrimonio cultural, ambiental y socioeconómico.

Esto es, ni más ni menos, la definición de los regadíos tradicionales de Villatoya, en la Manchuela albaceteña, al pie del río Cabriel. Es precisamente Villatoya el primer pueblo albacetense que colinda con este río y que dota a esta población y a la pedanía de Cilanco de fuentes y manantiales y de un rico patrimonio natural.

Este regadío de Villatoya y el entramado de fuentes de la zona es el tema de la conferencia que Isabel Pardo, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y vicepresidenta de la Comunidad de Regantes de Villatoya va a ofrecer en el curso de verano de la Universidad regional sobre la  ‘Gestión del territorio, patrimonio y desarrollo rural: retos y oportunidades en el valle del Cabriel’.

“El regadío histórico tiene que ver con su historia. Lo que haces no es extraer el agua de un pozo, lo que tenemos son manantiales naturales, a partir de esos manantiales y esas balsas que de manera natural surgen, hay una conducción de acequias que transitan por las huertas”, ha contado en una entrevista concedida a Agroalimentaria.

En realidad es un entramado que parte de “lo que se denominan las acequias madres que dirigen el agua por las distintas zonas, y a partir de ahí lo que hay son canales que llevan el agua cada una de las parcelas que forma parte”.

“En Villatoya hay una pequeña balsita que se llama ‘el partidor’, desde donde se deja caer el agua y se deriva a las acequias madre de arriba y de abajo y cada una riega una zona distinta de parcelas”, cuenta.

La Comunidad de Regantes, cuando se crea en el siglo pasado, “desarrolló un sistema en el que cada huerta tenía establecido el horario en el que podía regar a través de unas tablillas, el agua iba por la acequia de arriba y luego por la de abajo, y se iba rotando. Hay regantes que aún conserva esa hojita, esa tablilla, donde dice, según tu parcela, si te corresponde el agua en un momento y otro”.

En total son 11 kilómetros de acequia con vestigios que se remontan a la época musulmana pero que están documentados ya a finales del XIX principios del XX.

Lo que riegan son pequeñas parcelas, minifundios, en total 157 regantes para 112 hectáreas principalmente de huertas, donde se cultivan hortalizas, tomates, pimientos, pepinos, sandías, frutales y también algo de cereal, que lo ha habido siempre. En la zona hay también algunos leñosos como viñedo y almendro pero en régimen de secano.

Modernización de los regadíos tradicionales

Estos regadíos, aunque siguen manteniendo esa disposición tradicional, se han sometido también a un proceso para su modernización acogiéndose a una subvención de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que ha permitido sufragar el 90 por ciento de la inversión para mejorar sus sistemas de riego.

El consejero de Agricultura Julián Martínez Lizán, que en 2025 inaugurado las obras de mejora de los regadíos históricos de Villatoya, destacaba que esta actuación  preservaba “un legado histórico, tradicional y etnográfico, que son la esencia de cómo se ha cultivado históricamente, con un regadío mínimo en superficie, pero fundamental para seguir generando y creando riqueza, manteniendo la población y, por lo tanto, seguir manteniendo vivos los pueblos en los que se desarrollan”.

Según Isabel Pardo, esta modernización permitió cambiar las acequias que eran de tierra y que pon tanto tenían filtraciones con la pérdida de agua que ello conlleva, por infraestructuras, conducciones de agua que permitían una mejor circulación y menos filtraciones. 

También, según Pardo, la ayuda permitió mejorar la conducción del agua en el caso de Villatoya donde se tuvo que hacer una infraestructura, una tubería, para llevar el agua a las parcelas porque el nacimiento donde brota el agua, a 26 litros por segundo, está en el balneario y había que salvar esa zona.

No es el caso de Cilanco, donde el desnivel desde el nacimiento provoca que se pueda conducir hacia las huertas.

Fuentes y balnearios

Villatoya, cuyo topónimo, según dice su Ayuntamiento significa “un lugar donde hay tollos (charcos de agua), es como su nombre indica una tierra de agua. Lo que tenemos son fuentes que manan, una parte de aguas subterráneas y unos lugares en que emergen”, aparte de los manantiales que nutren los regadíos, señala Pardo, lo que da lugar también a unos balnearios gracias unas aguas declaradas de Utilidad Pública en 1845.

Las fuentes “surgen de manera natural”, dos de ellas están en la carretera desde Alborea a Villatoya, la del Viso, y más abajo la del Buitre y otra más allá la de las Lombrices que “tiene propiedades vermífugas (para expulsar o destruir parásitos intestinales)” y, en otra zona, la fuente de las Balsillas. “Estas fuentes siguen brotando y quizá el caudal puede haber tenido alteraciones pero no se nota a simple vista”, asegura.

“De momento no notamos el cambio climático, la cantidad de agua que vemos que circula sigue siendo considerable”, aunque asegura que sí han notado otros efectos como el pedrisco “que nos destruyó infraestructuras”, pero la cantidad de agua de momento  “en las fuentes algo sí, pero en los manantiales no se ha notado”.

Todo esto ha dado lugar también a dos balnearios, al otro lado del Cabriel, el de ‘Fuentepodrida’, que “estuvo todo el siglo XX funcionando, cerró en los años 90 y se volvió a abrir”, aunque la mayoría del turismo que acudía pertenecía la comunidad valenciana.

Y el balneario de la Concepción, este en Villatoya, que estuvo a principios de siglo XX funcionando pero luego cerró y se volvió a abrir en el año 87 del siglo pasado, y “a partir de ahí tenemos mucho turismo vinculado al balneario y también se empezaron a explotar las cabañas del valle del Cabriel y fue un acicate para el turismo”.

Isabel Pardo señala que el reclamo turístico en la Manchuela se ha centrado más en la zona de Alcala del Júcar puesto que tiene un rico patrimonio cultural, pero la zona de Villatoya “es más desconocida porque no tenemos algo de patrimonio o una estructura urbana que atraiga a este turismo, lo nuestro es mas de naturaleza”.

Por ello, piensa que “estaría bonito poner en valor toda esa parte del riego tradicional, que pudiéramos documentarlo, y vincularlo a ese descubrimiento de una red de canales que permite distribuir el agua para que haya riego. Sería una asignatura pendiente”.

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha exigido que el Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), planifique e invierta para poner a disposición del sureste de Albacete al menos 60 hectómetros cúbicos al año de recursos propios de la cuenca (superficiales y subterráneos en buen estado).

Así lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asistido a la asamblea constituyente de la Plataforma de Regantes del Alto Segura en la que ha resultado elegido presidente Miguel Martínez Tébar, como vicepresidente José Carlos Díaz Rodríguez, en calidad de secretario ha sido escogido Ignacio Valcárcel Alcázar y asume las veces de tesorero Francisco Mansilla Pérez. También ha estado presente el delegado de Agricultura, Ramón Sáez.

El Gobierno regional ha felicitado y mostrado todo su apoyo a la nueva Plataforma de Regantes del Alto Segura, impulsada por municipios, comunidades de regantes, SAT y organizaciones agrarias de la provincia de Albacete, con quienes comparte “la preocupación de las consecuencias que puede tener la futura planificación hidrológica 2028-2033 para esta provincia y en particular para el sureste”.

También ha demandado un reconocimiento normativo del regadío de apoyo a cultivos leñosos, predominantes en Albacete, y la financiación urgente de estudios hidrogeológicos detallados y campañas piezométricas para conocer el estado real de las masas de Corral Rubio, Tobarra-Tedera-Pinilla, Sinclinal de la Higuera, Conejeros-Albatana, Ontur y El Molar.

A ello ha sumado el mantenimiento y refuerzo de la reserva para regadíos sociales, porque tienen una función social acreditada y son el principal instrumento anti despoblación del territorio.

El consejero ha planteado exigir que el nuevo Plan de Medidas “corrija la manifiesta desproporción según la cual Albacete genera el 75% de los recursos y recibe el 5% del presupuesto, dado que las inversiones en infraestructuras se deben diseñar con criterios que beneficien homogéneamente al conjunto de la Demarcación, no solo a las zonas costeras y del Acueducto Tajo-Segura”.

Radiografía de la situación en Albacete

El consejero ha hecho una radiografía de la situación en la provincia de Albacete, “que no puede seguir soportando el actual desequilibrio hídrico”. Y es que, tal como ha explicado, mientras que el 75% de los recursos hídricos de la cuenca del Segura se generan en la provincia de Albacete, apenas cuenta con el 7,7% del agua disponible y recibe únicamente el 5% de las inversiones previstas, ha informado la Junta en nota de prensa.

En Castilla-La Mancha, en los últimos diez años, se ha incrementado el regadío, “pero lo hemos hecho eficientemente”, ha señalado Martínez Lizán. En estos momentos, aun estando cinco puntos por debajo de la media de superficie de regadío, se hace con un 10% por encima de la media en eficiencia hidráulica y energética.

“Pero es que, además, esto lo hacemos con dotaciones que en muchos casos son ridículas. En Montealegre hay algo más de 800 metros cúbicos por hectárea y en Ontur 790, lo que indica el grave desequilibrio que suponen las concesiones que tenemos dependientes de la cuenca del Segura. Ocurre lo mismo en la del Júcar. En Castilla-La Mancha, las dotaciones medias que tenemos están a un 50% de la media que hay en otras comunidades”, según el consejero,

Así, ha indicado que “el papel fundamental de esta plataforma tiene que ir dirigido a intentar arreglar todo este desaguisado, todas estas injusticias que se han venido produciendo históricamente”.

Directiva Marco

El consejero ha continuado recordando que en este momento se enfrenta el cuarto proceso de planificación hidrológica en el que juega un papel fundamental la Directiva Marco del Agua, “una directiva que viene de hace 25 años, que se enmarca en un contexto europeo en el que nada tiene que ver lo que ocurre en una provincia del norte de Europa con lo que ocurre en una del sur o lo que ocurre en un país con lo que ocurre en otro de los 29 países de la Unión Europea”.

“En este sentido, vienen perfectamente definidos los argumentos dentro de esa directiva para que, por cuestiones socioeconómicas, no entre en vigor con la rotundidad que lo han puesto en el Esquema de Temas Importantes las propias confederaciones. Por esta razón, vamos a apostar por reivindicar la no aplicación y pedir esa moratoria que ya ha hecho nuestro presidente en el Comité de las Regiones para que no se aplique de forma inmediata, ya que sería un agravio tremendo retornar al secano, porque no solo moriría el agricultor que no tuviera la concesión, moriría toda la localidad”.

En referencia a la sentencia del trasvase, Martínez Lizán ha indicado que “pone de manifiesto que una sentencia tras otra se viene dando la razón a los postulados de Castilla-La Mancha. Esto no es defender las cuestiones vinculadas a la región perjudicando a otros territorios, esto es poner en valor las necesidades que Castilla-La Mancha tiene para seguir creciendo y desarrollándose. En muchos casos, entendiendo que con dotaciones de 700 metros cúbicos por hectárea es simplemente para subsistir”, ha señalado Martínez Lizán.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

La Casa de Alba ya tiene la autorización definitiva para regularizar sus pozos ilegales en su finca de Aljóbar en Aznalcázar (Sevilla), justo a las puertas de Doñana. Tras casi tres años de tramitación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado el último paso para cerrar este procedimiento administrativo, una opción a la que puede acogerse la propiedad pero que sólo dio el paso cuando fue descubierta por primera vez –luego hubo una segunda– usando esas captaciones sin licencia. Esto no implica ni la paralización de los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG ni de la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental, aunque en este último caso refuerza la defensa de Eurotécnica Agraria, la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona estas tierras.

La resolución definitiva (a la que ha tenido acceso este periódico) está firmada por la presidenta de la CHG, Gloria Martín, y por el comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez, y supone el final esperado a un trámite que previamente ya había recibido el visto bueno de la Oficina de Planificación Hidrológica y de la propia Comisaría de Aguas. El documento impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad, para lo que técnicamente se conoce como transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. Ni la Confederación del Guadalquivir ni el Ministerio para la Transición Ecológica –al que pertenece este organismo estatal encargado de dar los derechos de agua– han querido hacer valoraciones sobre esta resolución, que por su parte considera “un escándalo que nadie entiende” Ecologistas en Acción, al que no ha llegado de manera oficial comunicación alguna pese a estar personado en el expediente administrativo.

Aljóbar tiene licencia para una balsa de almacenamiento de agua y para dos puntos de captación (uno de uso doméstico y otro para riego), aunque la Guardia Civil descubrió otros nueve sin licencia tras una denuncia de antiguos trabajadores de la finca. La CHG da ahora permiso para legalizar ocho de estas extracciones después de que durante la tramitación del expediente no pusieran reparos dos consejerías de la Junta de Andalucía, la de Agricultura y la de Medio Ambiente, que sólo apuntaron que uno de los pozos se asienta en una Zona de Especial Conservación (ZEC), concretamente un enclave de la Red Natura 2000, pero con la conclusión de que no tiene una especial afección.

Las claves para dar luz verde

La menor de las captaciones autorizada tiene una profundidad de 27 metros y un diámetro de metro y medio, aunque la mayoría ahondan hasta los 32 metros y la circunferencia de la más grande es de 4,5 metros. En todos los casos, la potencia máxima de las bombas no puede exceder de los 17 caballos de vapor (CV). El objetivo es regar 161,41 hectáreas en total, 94,11 de naranjos y 67,30 de olivar.

Esta reordenación del régimen de regadío es una opción que recoge la Ley de Aguas y a la que todo propietario tiene derecho. Junto a ello, la Confederación ha dado su visto bueno en base a los argumentos que ya esgrimió en su primer informe en 2023: por un lado, no se va a consumir más agua de la que tiene autorizada ahora la propiedad, y por otro repartir los puntos de extracción entre diez pozos mejorará la hidrodinámica del acuífero. Esto es así porque evitar la formación de un cono de depresión si se horada a más profundidad para extraer desde un único punto.

Aljóbar tiene licencia para extraer 605.150 metros cúbicos anuales, un volumen que se queda igual pese al incremento de unas captaciones que se hacen del acuífero Aljarafe Sur, que pese a su cercanía no es el principal que alimenta a Doñana. No obstante, en su investigación la Guardia Civil considera que estas masas de agua están interconectadas y que el exceso de bombeo que se habría producido habría dañado al parque nacional.

“Una noticia que no sorprende”

Con todos estos factores de por medio, Ecologistas en Acción, que está personada tanto en este expediente administrativo como en la causa penal, ha lamentado la resolución que regulariza los pozos. “Si bien es una noticia que no sorprende”, ya que los informes hasta ahora habían sido favorables, “no deja de ser llamativo que la Administración que debe velar por el interés general en la gestión del agua en la demarcación del Guadalquivir sea la que más ha contribuido a que los supuestos delitos queden en nada”, denuncia Antonio Amarillo, coordinador del Área de Agua de la organización.

Amarillo critica también que a la CHG “tampoco le ha importado que no hayan acabado las diligencias de investigación que se están llevando a cabo en el juzgado de Sanlúcar la Mayor” por un delito contra el medio ambiente. “Es un escándalo que nadie entiende”, lamenta, y es que a su juicio el que sea “algo lógico” lo que pide Eurotécnica (repartir las extracciones de más puntos dentro de la finca para no crear un cono de depresión, no usar más agua de la concedida y ajustar los cultivos al agua disponible), “no le exime de los hechos que denuncia y atestigua el Seprona”, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes del Seprona que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.

Durante esta fase de instrucción, por cierto, no han sido llamados a declarar ante el juez ni los antiguos trabajadores que denunciaron los pozos ilegales ni los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que integran el consejo de administración de Eurotécnica Agraria, pese a que la Fiscalía pidió su imputación. El único investigado hasta la fecha es un sobrino, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba, al que la defensa presenta como el máximo responsable de Aljóbar.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido el mantenimiento de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana y las 4.500 concesiones vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) más allá de 2027, teniendo en cuenta que todavía no se han alcanzado plenamente los objetivos ambientales y socioeconómicos de este plan impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que hoy ha mantenido con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), Ángel Bellón, y con una representación de las comunidades de usuarios del agua que la integran; ha recordado que el modelo de gestión del agua en el Alto Guadiana está actualmente muy condicionado por un marco normativo especialmente restrictivo, ha señalado la Junta en nota de prensa.

“Se trata de una zona con una singularidad evidente respecto a otras cuencas hidrográficas, ya que dispone de importantes masas de agua subterránea que han sido clave para el desarrollo socioeconómico del territorio y, en particular, para la agricultura de regadío”, ha manifestado Gómez, a lo que ha añadido que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reivindicar con firmeza el derecho de la región “a poder utilizar el agua que genera su propio territorio, especialmente en sectores tan determinantes como el agroalimentario”.

En el caso concreto del Guadiana, se trata de una de las cuencas españolas con mayor dependencia del regadío y de mayor importancia para el conjunto de la región, ya que supone, según ha explicado la consejera, el 14% del empleo agrario de la zona y el 64% de toda la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, por lo que “no se pueden obviar los recursos hídricos que se necesitan, independientemente de la adaptación al cambio climático y la disponibilidad del recurso”, ha manifestado Mercedes Gómez.

“El Alto Guadiana no es solo agua, son personas, es empleo, es un modelo rural que funciona, que ha logrado mantener la población y la actividad económica, en parte gracias al regadío y a un tejido agroalimentario sólido”, ha apuntado la consejera.

“La extinción de las concesiones otorgadas en base a los instrumentos normativos y administrativos derivados del PEAG, especialmente para cultivos de leñoso, así como no remover los obstáculos necesarios para su renovación, es una medida claramente desequilibrada”, ha afirmado Gómez, al tiempo de reiterar la necesidad de mantener esos 700 m3 por hectárea que es una dotación mínima y que se traducen, ha dicho, “en 14,5 hectómetros cúbicos cuando se está derivando por el Acueducto Tajo-Segura un volumen anual que este año va a superar casi los 600 hectómetros cúbicos, por lo que no es nada y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de demostrar que su impacto socioeconómico en la región es fundamental”.

Al respecto, ha asegurado que desde Castilla-La Mancha “nos proponemos que los nuevos planes hidrológicos integren de forma realista las medidas a adoptar, incorporando la evaluación de los costes socioeconómicos asociados, así como la necesidad de adaptar el marco normativo vigente”.

Defensa de la prórroga de la Directiva Marco del Agua

En esta línea, Mercedes Gómez ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico para solicitar la prórroga de la actual Directiva Marco del Agua en aquellos aspectos que afectan a la gestión equilibrada del recurso y, prueba de ello, es que el Gobierno regional ha llevado esta posición a Europa, la ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones y está participando en la revisión de la normativa donde se decide. “Defendemos la ampliación del horizonte no para no hacer nada, sino para hacer bien las cosas, para permitir una transición real, modernización del regadío, eficiencia, control de extracciones, recuperación progresiva del acuífero, mejorar el estado de las masas de agua y garantizar el futuro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el propio presidente Emiliano García-Page “siguen con especial preocupación la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura”, considerando que el actual modelo de gestión “resulta insostenible”, por lo que es necesario “un nuevo modelo hídrico más equilibrado y sostenible, garantizando, además, una reserva hídrica estratégica para asegurar el abastecimiento y el regadío de nuestra tierra”.

En este marco, ha indicado la consejera, se está trabajando de forma rigurosa en las cuestiones relacionadas con el proceso de planificación del cuarto ciclo 2028-2033, garantizando que todas las alegaciones y preocupaciones de los sectores vinculados al agua se integren en una propuesta conjunta. Por ello, después de la celebración de las mesas de trabajo en las cinco provincias, se va a convocar el Consejo Regional del Agua para estudiar dicha propuesta de alegaciones.

Mercedes Gómez ha manifestado también que el Gobierno regional continuará trabajando de forma coordinada con todos los sectores implicados “para asegurar un futuro sostenible para el Alto Guadiana, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección de un recurso estratégico como es el agua”.

Los regantes piden un frente común

Por su lado, Bellón, que representa a ocho comunidades de regantes del Alto Guadiana, ha puesto encima de la mesa que en este cuarto ciclo de planificación conlleva “una reducción de dotaciones, una extinción de derechos”, en el periodo 2028-2033 y eso se traduce “en una miseria y pobreza para todo el Alto Guadiana”.

Ha apelado a encontrar “todos los apoyos posibles” para presentar un documento final de alegaciones, y ha pedido con “mucha neutralidad”, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a PP, PSOE y Vox que tienen que formar un frente común al respecto, con una comisión para establecer una posición de acuerdo.

Asimimiso, Bellón ha señalado que “son miles y miles de familias que viven de la agricultura, ganadería, de las industria”, y que “por falta de dotación de agua se tienen que ir a otras provincias o se tienen que ir a otras comunidades autónomas”.

La Federación de Regantes del Alto Guadiana está integrada por ocho Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, todas ellas declaradas en riesgo: Campo de Calatrava, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas, Rus-Valdelobos, Sierra de Altomira, Campo de Montiel, Masa Mancha Occidental I y Masa Mancha Occidental II. En total, aglutinan más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario, con una superficie de regadío de 300.000 hectáreas y en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche comprometiéndose a financiar el 70% del coste de la redacción del proyecto para continuar avanzando en uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de Talavera de la Reina y su comarca que es la modernización de sus regadíos.

Una reunión que ha contado con la presencia del director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Elena Martín, y el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal Bajo del Alberche, José Manuel Villegas, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

Durante el encuentro, el Ejecutivo autonómico ha reiterado su apuesta firme por el regadío y por el desarrollo económico y agrícola de esta zona, recordando además que la Junta de Comunidades ya financió el 100% del anteproyecto de modernización que entregó a la Comunidad de Regantes en 2024, “un paso decisivo para seguir avanzando en esta actuación”, según el director general de Desarrollo Rural.

El proyecto de modernización de los regadíos del Canal Bajo del río a su paso por Talavera de la Reina es una iniciativa estratégica para Talavera y toda la comarca, no solo desde el punto de vista agrícola e hídrico, sino también económico y social, ya que la modernización del regadío podría generar en torno a 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos, contribuyendo a fijar población, impulsar la actividad económica y garantizar oportunidades de futuro.

“La modernización de regadíos es una prioridad estratégica para garantizar un uso más eficiente del agua, mejorar la competitividad de las explotaciones agrarias y asegurar el futuro del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha”, ha declarado José Juan Fernández.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

La organización agraria UAGA-COAG ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón en Aragón “que abandone la propaganda y recupere una política real de apoyo a la creación de regadíos, porque defender el regadío es defender el futuro del campo aragonés y la supervivencia de las explotaciones familiares”. El sindicato ha recalcado que ha sido históricamente un firme defensor de la creación de regadíos como herramienta estructural de apoyo a las explotaciones familiares agrarias.

UAGA-COAG ha destacado también que proyectos como los Pebea, Monegros II o los distintos Riegos Sociales han necesitado durante décadas de un fuerte respaldo sindical frente a la incomprensión de administración —que en muchos casos no los considera necesarios— y, a veces incluso, de una parte de la sociedad y del propio sector, que los paraliza por distintos motivos.

Asimismo, ha recordado que siempre han defendido que los regadíos “no deben responder a modelos faraónicos pensados únicamente para sumar hectáreas”, sino que lo que hay que regar son las explotaciones familiares, garantizar la viabilidad de los cultivos, fijar población en el territorio y asegurar el suministro de agua a pueblos y explotaciones ganaderas: “Está demostrado que donde hay regadío —'manchas verdes'— hay desarrollo económico”.

UAGA se ha dirigido también a quienes “se presentan como grandes defensores del regadío” que utilizar políticamente estas infraestructuras o jugar con las expectativas de los territorios solo es posible “desde el desconocimiento de la complejidad financiera, ambiental y social que supone una nueva puesta en riego”.

Una fase “preocupante”

Tras una etapa positiva en el impulso de proyectos de nuevos regadíos durante los últimos diez años, Aragón ha entrado en una fase preocupante marcada por la falta de financiación y la ausencia de una orientación política clara, han asegurado en la organización agraria. A ello han sumado que, aunque el acuerdo de investidura entre PP y Vox hace referencia a 20.000 nuevas hectáreas de regadío, la realidad presupuestaria apenas contempla 5 millones de euros para 2026, cuando el coste medio de creación supera los 15.000 euros por hectárea.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón está “muy lejos” de los 90 millones de euros anuales que ha anunciado la Generalitat de Catalunya para las políticas de regadío, así que UAGA-COAG ha indicado que sería “deseable”, al menos, recuperar un modelo de financiación propio como el que regulaba la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar, que ofreció buenos resultados.

En ese sentido, la organización agraria ha señalado que, al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo autonómico ese apartado de la Ley sin haber diseñado antes otro modelo de financiación, dejando abandonados a profesionales del campo que esperan convertir sus parcelas de secano en tierra de regadío para tener mejores expectativas de cosecha ante el cambio climático y los periodos de sequía que, cada vez, serán más recurrentes.

Por esta razón, UAGA-COAG ha alertado de que territorios como la margen derecha del Ebro, Litera alta o el Sector 7 de Monegros no podrán avanzar mientras no se restablezca una política “seria, estable y comprometida con el regadío”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que los planes hidrológicos traten con igualdad a todos los territorios y ha rechazado que el Esquema Provisional de Temas Importantes plantee que la región pierda dotaciones de agua para garantizar el riego en otras regiones. Por este motivo, el Ejecutivo regional está trabajando ya en la presentación de alegaciones y así lo ha manifestado en la clausura del XVI Congreso Nacional de Regantes que se ha celebrado en Ciudad Real.

En este escenario, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ante la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha demandado que los procesos de planificación recojan las necesidades reales de Castilla-La Mancha, algo que no está pasando “sino que nos están orientando en algunos casos a volver al secano, por lo tanto, a la muerte obligatoria de nuestros municipios en aquellos sitios donde se produzcan. Algo que no vamos a consentir y vamos a plantear alegaciones a las diferentes Confederaciones ahí donde creemos que esté perjudican nuestros intereses”.

“Castilla-La Mancha viene demostrando históricamente su solidaridad con otras zonas del país, pero no es aceptable que siempre se pida este compromiso a nuestra región porque el desarrollo de unos territorios no puede producirse a costa del estancamiento de otros. Por eso, reivindicamos el derecho de Castilla-La Mancha a desarrollarse, a usar el agua que nace en su territorio y a garantizar el agua para sus regantes”, ha señalado.

En este contexto, el consejero ha reivindicado la constancia del Gobierno regional “en la defensa de los derechos que nos asisten para poder utilizar el agua donde se genera, que es en nuestro territorio” en el que el sector agroalimentario aporta el 17 por ciento de su PIB. A lo que ha sumado “la posibilidad clara y objetiva de poder seguir creciendo, algo que solo es posible si se dispone de agua y se afianzan los derechos que tenemos hasta este momento”.

Asimismo, ha reclamado a los Organismos de Cuenca con competencias en la gestión del agua que contribuyan “a un uso eficiente y responsable del recurso, especialmente en el regadío”, y ha pedido que no se dificulte la actividad de los agricultores “mediante restricciones injustificadas o la aplicación de criterios desiguales entre territorios”.

Martínez Lizán ha insistido en la necesidad de mantener las concesiones del Plan Especial del Alto Guadiana más allá de 2027, una cuestión que afecta a miles de explotaciones agrícolas de la región. En ese sentido, ha abogado por “garantizar y afianzar la continuidad de todo lo que es la zona de regadío y los compromisos que se habían adquirido también por parte de otras Administraciones” para dar solución a los problemas del Alto Guadiana, especialmente a los 4.400 pozos que existen, algo que “no es un capricho sino una necesidad imperiosa para garantizar la vida de las personas que viven en todos esos pueblos”.

El Ministerio culminará todas las obras del plan de regadíos

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reivindicado su inversión en modernización de regadíos en Castilla-La Mancha, donde mantiene actuaciones por más de 80 millones de euros y ha asegurado que culminarán antes de julio de este año.

Así lo ha señalado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, durante la clausura, que ha especificado que de los 80 millones, 47 millones corresponden a siete actuaciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha precisado, tres de esas actuaciones ya han finalizado y se han entregado a las comunidades de regantes, otras dos están terminadas a falta de su recepción formal y las dos restantes continúan en ejecución.

La secretaria de Estado ha asegurado que todas esas actuaciones estarán finalizadas antes del 30 de julio de 2026, fijando así un horizonte concreto para la culminación de unos trabajos con los que el Gobierno ha querido reforzar la eficiencia hídrica y la competitividad del sector agrario.

Junto a esas inversiones, ha mencionado también el proyecto de Illana-Leganiel, donde el Ministerio está invirtiendo más de 24 millones de euros.

En este caso, ha indicado que la parte que corresponde al departamento ya ha finalizado y que la entrega a la comunidad de regantes queda pendiente de que Unión Fenosa complete su parte de la actuación. Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central está destinando más de 12 millones de euros a los regadíos de Mora.

En su intervención, García ha querido remarcar que la modernización del regadío debe alcanzar a todo tipo de explotaciones y comunidades. “Todos nuestros regantes, grandes, pequeños o medianos tienen el derecho a tener su modernización hecha precisamente para esa mejora utilización del agua”, ha afirmado.

La responsable ministerial ha sostenido además que el Ministerio está cumpliendo “íntegramente todos sus compromisos con Castilla-La Mancha”, y ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas en Letur y Mira tras los daños provocados por la dana. En ese punto, ha detallado que ya se ha ejecutado el 98% de los caminos rurales comprometidos en Letur y Mira, mientras que en el caso de las comunidades de regantes el grado de ejecución alcanza el 79%, a falta de resolver una cuestión relacionada con un paso en una captación de agua.

En el tramo final de su discurso, la secretaria de Estado ha destacado el papel de Fenacore como estructura de interlocución del regadío en España, recordando su presencia tanto en la Mesa Nacional del Regadío como en el Observatorio del Regadío.

También, el consejero Martínez Lizán ha trasladado un reconocimiento expreso a quienes han hecho posible este encuentro, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II, que, durante toda esta semana ha convertido a Ciudad Real y al conjunto de la Mancha Occidental en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro del regadío en España, reuniendo a regantes, expertos, investigadores, empresas y responsables públicos.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido este martes en Ciudad Real la necesidad de seguir ampliando las zonas de regadío en la región con criterios de sostenibilidad, al tiempo que ha reclamado la prórroga de la Directiva Marco del Agua para evitar efectos socioeconómicos negativos.

Caballero ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde ha subrayado la importancia estratégica de este sector para la economía regional y nacional y ha recordado que España es uno de los principales productores agroalimentarios de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito, con un peso significativo del regadío.

En declaraciones a los medios, ha señalado que el Ejecutivo regional mantiene una “defensa clara” del regadío, apostando por su crecimiento pese a las limitaciones del recurso hídrico y al contexto de cambio climático.

Según ha explicado, los avances tecnológicos permiten actualmente “producir más con menos agua”, gracias a la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética.

En este contexto, ha asegurado que el Gobierno regional continuará apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes y ha señalado que “Castilla-La Mancha, ha indicado, se sitúa aún un 5 % por debajo de la media nacional en superficie regada, por lo que ha considerado necesario avanzar para igualar esos niveles”.

Caballero ha destacado, además, que el 70 % de los regadíos de la región ya son eficientes, un dato que, a su juicio, demuestra el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua, y ha defendido que el desarrollo del regadío es compatible con la protección del medio ambiente y resulta clave para garantizar la viabilidad económica y social de las zonas rurales.

El vicepresidente segundo ha insistido en que el sector agroalimentario representa en torno al 17 % del PIB regional, por lo que ha advertido de que “no se puede prescindir del regadío si se quiere mantener el desarrollo económico y la población en el territorio”.

Directiva Marco del Agua

En relación con la política hidráulica, Caballero ha señalado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en la presentación de alegaciones a los actuales planteamientos en materia de planificación del agua y mantiene una presencia activa en organismos europeos como el Comité de las Regiones con el objetivo de lograr una prórroga en la aplicación de la Directiva Marco del Agua cuando su cumplimiento pueda generar efectos socioeconómicos adversos.

Ha rechazado la posibilidad de que se extingan concesiones de agua, como las vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana, y ha defendido la necesidad de regular situaciones pendientes en determinadas explotaciones.

Caballero también ha reiterado, como ya señaló el presidente de la región Emiliano García-Page durante el Día Mundial del Agua, que el Gobierno regional estudia plantear al Ministerio para la Transición Ecológica una encomienda de gestión que permita a la comunidad autónoma asumir parte de los trámites administrativos relacionados con el agua, con el fin de reducir la burocracia y agilizar los procedimientos.

Y ha subrayado que, pese a las dificultades existentes, el sector cuenta con “motivos para la esperanza”, gracias al desarrollo tecnológico y al papel de las comunidades de regantes, a las que ha definido como organizaciones “responsables y comprometidas”.

Ha afirmado que Castilla-La Mancha defenderá sus intereses en materia hídrica sin buscar el enfrentamiento con otras administraciones, pero sin renunciar al debate cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar un uso sostenible y equilibrado del agua.

Valencia pide no “regatear” agua al Levante

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina Ros, que también ha asistido a la primera jornada de este congreso en Ciudad Real, ha reclamado no “regatear” agua al Levante y ha defendido que no se recorten las “aportaciones históricas” del trasvase Tajo-Segura.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios, asegurando que España “no tiene un problema de agua, sino de gestión y solidaridad”, y ha defendido el derecho de todas las regiones a acceder a los recursos hídricos disponibles en el conjunto del país.

En este sentido, ha pedido “no pelearnos por vasos de agua cuando dejamos perder ríos enteros”, apostando por una mayor planificación y aprovechamiento de los recursos disponibles.

En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha insistido en que territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia “también tienen derecho al agua de los españoles”, rechazando cualquier reducción de los caudales.

“No vayamos hacia atrás, vayamos hacia adelante”, ha señalado, al tiempo que ha defendido mantener las aportaciones históricas que reciben los regantes del sureste.

El conseller ha defendido la necesidad de mejorar la capacidad de almacenamiento y distribución mediante inversiones en infraestructuras hidráulicas, como embalses y sistemas de trasvase, y ha advertido de que en España “se deja perder una gran cantidad de agua” por falta de estas actuaciones.

En este contexto, ha hecho referencia a los compromisos internacionales en materia hídrica, como el tratado de Albufeira con Portugal, señalando que España ya ha superado las cantidades acordadas de suministro, y ha pedido que se mantenga el mismo criterio de “equilibrio y respeto” en el reparto interno.

Barrachina también ha insistido en que, ante el escenario de cambio climático, es necesario reforzar las inversiones en infraestructuras hidráulicas en lugar de reducirlas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua en el futuro.

Respecto al recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha ante el Tribunal Supremo por el incumplimiento de las sentencias sobre el trasvase Tajo-Segura, el consejero valenciano ha reiterado su “respeto absoluto” y ha evitado entrar en la confrontación política, centrando el debate en la gestión global del agua y en la necesidad de incrementar las infraestructuras hidráulicas.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) ha pedido ampliar las medidas para mitigar los efectos de la crisis energética, advirtiendo de que, si no se refuerzan, podrían provocar una reducción de la actividad agraria y afectar al abastecimiento y al precio de los alimentos.

Así lo han puesto de manifiesto durante el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que arranca este martes en Ciudad Real con más de 800 asistentes, donde han dicho que los agricultores afrontan un contexto adverso marcado por el aumento de los costes energéticos y de fertilizantes, lo que compromete su viabilidad económica.

Fenacore solicita ayudas directas, créditos blandos y mayor flexibilidad en los plazos de amortización y aunque valora positivamente la medida de la doble potencia eléctrica —que podría reducir más del 20% del coste energético y ahorrar unos 40.000 euros anuales por explotación— considera que la crisis es estructural y requiere soluciones a largo plazo.

Además, apuesta por modernizar el regadío, mejorar infraestructuras hidráulicas e impulsar energías renovables para autoconsumo, con el fin de reducir la dependencia energética.

En materia hídrica, reclama reforzar la capacidad de embalse y una gestión del agua basada en criterios técnicos, adaptada al cambio climático. También solicita una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y mejoras en canales de riego.

Fenacore ha asegurado que el regadío es clave para la seguridad alimentaria y pide una política de Estado que garantice la sostenibilidad del sector agrario.

El presidente de la Comunidad de Usuarios de Mancha Occidental II y del congreso, José Joaquín Gómez, ha explicado a los periodistas al inicio de la jornada que el congreso es una oportunidad para “tomar conciencia sobre un recurso tan sensible como el agua” y ha defendido la necesidad de abordarlo como “un problema de Estado” que requiere soluciones globales y consensuadas.

Gómez ha puesto en valor la participación de administraciones, empresas tecnológicas y comunidades de regantes, destacando la capacidad del sector para avanzar en modernización y alcanzar acuerdos que permitan garantizar su futuro.

En este sentido, ha resaltado el papel de las empresas presentes en el congreso, que muestran el potencial innovador del regadío español.

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido el papel del regadío como elemento clave para el desarrollo agroalimentario y ha recordado que España es uno de los principales productores de la Unión Europea y que Castilla-La Mancha ocupa una posición destacada en este ámbito.

Por su parte, la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual, ha señalado que este tipo de encuentros permiten reflexionar sobre el carácter estratégico del regadío, tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en zonas rurales.

Pascual ha insistido en que la sostenibilidad debe ser el eje central del sector, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y tecnológico, y ha destacado los esfuerzos en modernización y digitalización, al tiempo que ha avanzado que el Ministerio estará atento a las conclusiones del congreso para incorporarlas a los procesos de planificación hidrológica en marcha.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha planteado la necesidad de adaptar la aplicación de la Directiva Marco del Agua a las particularidades de cada territorio y ha defendido el impulso de infraestructuras hidráulicas y medidas de reutilización que permitan garantizar el abastecimiento y el desarrollo agrícola.

El PP reclama un plan de regadíos

En la inauguración del Congreso ha estado presente el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Pacto Nacional por el Agua que permita dejar atrás la “confrontación política” y convertir este recurso en un elemento de generación de riqueza y oportunidades.

Núñez ha subrayado que “sin agua no hay agricultura ni hay ganadería”, y ha insistido en que el debate hídrico debe abordarse desde el consenso, evitando su utilización como herramienta de enfrentamiento.

En este sentido, ha recordado la existencia del Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años en Castilla-La Mancha, del que ha asegurado que “no se ha cumplido ni una sola línea”.

El líder 'popular' ha reclamado la puesta en marcha de una auditoría hídrica para conocer la disponibilidad real de recursos en la región, así como la elaboración de un mapa de necesidades que permita planificar el uso del agua en agricultura, industria y consumo urbano.

Además, ha urgido a activar un plan de regadíos, denunciando que el 64% del presupuesto destinado a este fin en los últimos ocho años no se ha ejecutado.

Finalmente, Núñez ha advertido de la incertidumbre existente en torno a la situación de los pozos y ha defendido priorizar las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha antes de cualquier cesión, apostando por una política que sitúe el agua en el centro de la agenda desde una perspectiva económica y estratégica.

Vox defiende un plan nacional del agua

El Congreso también ha contado con la presencia del presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha reivindicado la necesidad de un plan nacional del agua, una propuesta que, según ha defendido, permitiría ordenar las inversiones en infraestructuras hidráulicas, modernizar los regadíos y ampliar la superficie de cultivo.

Asimismo, ha criticado las políticas hídricas impulsadas tanto por el PSOE como por el PP, señalando que, a su juicio, están condicionadas por decisiones adoptadas en el ámbito europeo. En este contexto, ha cuestionado la financiación de proyectos hidráulicos en terceros países, como Marruecos, al considerar que generan una competencia desleal para los agricultores y ganaderos españoles.

En su intervención, también ha reclamado priorizar las inversiones en infraestructuras dentro del territorio nacional y ha advertido de que no es coherente, en su opinión, limitar el uso del agua para regadío en España mientras se destinan recursos a actuaciones fuera del país.

Una de las líneas de defensa de la Casa de Alba en relación con los nueve pozos ilegales en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, es reconocer que sí, que esas instalaciones estaban ahí, pero que nunca se extrajo más agua de la que tienen autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal encargado de conceder estos derechos. Así lo volvía a defender en el último recurso de reforma que presentaba ante el juez del caso, en el que llegaba a denunciar que se encontraba en una situación de “indefensión”. Pero la Guardia Civil descarta esta posibilidad de plano, ya que no le salen las cuentas: “Con el agua que tienen autorizada no riegan esas hectáreas con naranjos”.

Así lo ratificó en su testimonio ante el magistrado que instruye la causa por un presunto delito contra el medio ambiente una de las agentes del Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza) que, como perito, ha realizado el informe del instituto armado que cifra en cinco millones de euros el “beneficio ilegal” obtenido con los cultivos que se regaron con agua extraída sin licencia. “Estamos diciendo que hay una extracción ilegal de agua a mayores”, apostilló, en una declaración a la que ha tenido acceso este periódico.

Aljóbar, que gestiona Eurotécnica Agraria (empresa familiar de la Casa de Alba), tiene desde 1988 permiso para extraer del acuífero 605.000 metros cúbicos anuales, que utiliza para una extensión que inicialmente era de 200 hectáreas de cítricos a razón de 3.000 metros cúbicos por hectárea. “Yo a día de hoy, si usted me dice que tiene 200 hectáreas, desde luego que a 3.000 metros cúbicos por hectárea y año no cumple con las necesidades hídricas que necesita el naranjo”, reiteró la perito.

“Se está sacando más agua”

Dicho de otra manera, y en sus propias palabras, “se está sacando más agua de la que realmente la Confederación, que es el organismo competente, ha estudiado para esa finca”. “Por lo tanto, nosotros creemos que esa diferencia de volumen extraído de más provoca un daño en el medio ambiente”. Por eso, a la pregunta directa de uno de los abogados de la defensa sobre si se ratifican en que la explotación “supera los requerimientos hídricos mínimos”, la respuesta es tajante: “Sí, efectivamente”.

Durante la declaración, uno de los elementos clave fue qué necesidad de agua tiene una hectárea de naranjos. Las peritos señalan que la propia Confederación del Guadalquivir apunta a que se requieren 6.352 metros cúbicos brutos por hectárea y año para que llegue lo que considera un mínimo de viabilidad que cifra en uno 5.400 metros cúbicos netos.

La defensa, por su parte, recuerda que la finca tiene una concesión de 605.000 metros cúbicos para explotar 205 hectáreas de cítricos, “eso da una dotación por hectárea de 3.000 metros cúbicos”. Y abunda en que “desde que están sellados los pozos que no estaban autorizados se está cultivando con la dotación que teníamos autorizada”, a lo que las guardias civiles responden que con esos 3.000 metros cúbicos no les llega para tantas hectáreas de cítricos.

Durante la declaración, las peritos señalan que han tenido en cuenta los informes de la Confederación del Guadalquivir sobre la eficiencia de riego en Aljóbar, que se calcula en un 0,85%, así como “las necesidades hídricas que necesita un cultivo para que tenga un rendimiento óptimo”. En este sentido, introducen otro dato importante, y es que la superficie que han tenido en cuenta es la que ofrece el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), en el que los agricultores registran sus parcelas y lo que cultivan en ellas.

Discrepancia con las hectáreas y los cultivos

A partir de ahí, el cruce de preguntas y respuestas se centra en otra cuestión fundamental, la superficie que se riega, ya que Eurotécnica Agraria se escuda en que ha ido menguando con los años. Cuando se destapó el caso, hace dos años y medio, la empresa esgrimió que en realidad regaban 122 hectáreas de naranjos, “una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”. Ahora alega que desde 2021 se fue sustituyendo superficie de cítricos por un olivar que “tiene unos requerimientos hídricos mucho menores”.

“Eso no lo sé”, señala al respecto una de las agentes, que sí admite que efectivamente eso es lo que se recoge en el “informe favorable de la Confederación para que le autorice sacar agua de los ocho pozos”, un proceso de legalización que sigue en marcha y que ha recibido el visto bueno de la Comisaría de Aguas del organismo estatal. Y en este sentido, las peritos señalan que, si es así, en el Sigpac figuraba hasta 2024 (cuando hicieron su investigación) que sólo se cultivaban naranjos.

Ante la insistencia de la defensa en que no han tenido en cuenta la circunstancia del cambio parcial de cultivo, las guardias civiles se reiteran en que “la fuente oficial que nos aporta estos datos es Sigpac y dice que todos las parcelas son cultivadas con naranjos”. Y a ello añaden que en el propio informe pericial de la defensa, los cálculos se hacen sobre naranjos y encima la cifra que arroja de necesidades hídricas es incluso superior a la que llegan las agentes.

De naranjos a olivar superintensivo

“Sigpac no tiene notificación de esos cambios de cultivo”, reiteran, un trámite que en teoría tiene que hacer el propietario. Eso no quita para que reconozcan que a través de las imágenes de satélite “se ve perfectamente” que se han quitado hectáreas de naranjos (calculan que unas 58) y que eso lo han descontado de la valoración que han hecho del daño ambiental y del “beneficio ilegal” obtenido, que cifran en cinco millones de euros.

Eso sí, la agente desliza en este sentido que “también es interesante saber” si el olivar que se está plantando en vez de los naranjos es intensivo o de secano, “porque no tiene nada que ver” en cuanto a sus necesidades de agua. En este sentido, la propuesta que Eurotécnica Agraria presentó en la Confederación para legalizar las extracciones irregulares determina que la superficie de cultivo pasará de 200 a 161,6 hectáreas de riego por goteo, 67,5 de olivar superintensivo y 94,1 de naranjos.

En cuanto a la instrucción del caso, el juez considera que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”, por lo que sólo permite a la defensa que testifique uno de sus peritos (declarará este mismo mes de abril) para ratificar el contrainforme con el que se intenta desmontar el que hizo la Guardia Civil. En este documento, se llega a apuntar que los pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero del que expolian agua. Este testimonio sería el único pendiente, lo que a su vez implica que por ahora se libran de comparecer ante el juez los Martínez de Irujo, hermanos del actual duque de Alba y únicos consejeros de la empresa que gestiona Aljóbar.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugurará el próximo martes, 14 de abril, el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) celebrará en Ciudad Real entre el 13 y el 17 de abril. Lo hará en un contexto en el que la actividad agraria se está encareciendo por la subida de los costes de producción, especialmente la energía y los fertilizantes, debido a la guerra en Irán.

El Gobierno ya ha aprobado un plan de ayudas directas para el sector. Aún así, Fenacore ha recalcado que comparte la postura del resto del sector agrario al advertir que será necesario “ampliarlo y fortalecerlo” si el conflicto se prolonga. “Estas ayudas deben intensificarse para aliviar los costes, blindando la competitividad del campo y evitando que esta situación repercuta en el bolsillo de los consumidores”, ha indicado.

Este es el último tema que ha irrumpido en la organización del Congreso, que Fenacore organiza con la colaboración de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II. Al margen de ello, el encuentro reunirá a representantes de comunidades de regantes, investigadores, técnicos, empresarios del sector agrícola y políticos para tratar sobre el futuro del regadío español, con la IA y las aguas subterráneas como elementos clave.

Entre otras cosas, la organización de regantes ha avanzado que el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, presidirá la mesa de las comunidades autónomas en la que participarán varios consejeros autonómicos. En ella se abordarán los principales retos en materia de gestión del agua que afectan a las autonomías, como la disponibilidad de recursos y la coordinación entre administraciones para afrontar un escenario marcado por el cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos.

Además, el secretario general de Irrigants d'Europe, Adriano Battilani, analizará el principio Water Efficiency First (WEFF), que forma parte de la nueva Estrategia Europea de Resiliencia del Agua y que “prioriza medidas de ahorro antes de recurrir a nuevas fuentes o infraestructuras, algo en lo que España ya lleva trabajando muchos años”. Esta asociación agrupa a los regantes de España, Italia, Francia y Portugal y Fenacore, que fue fundadora, ostenta en la actualidad la vicepresidencia.

A su vez, el evento tratará otros aspectos como la Ley de Evaluación Ambiental, la planificación hidrológica del 4º ciclo (2028-2033), la modernización de los regadíos, los proyectos de PERTE en las comunidades de regantes y otros planes europeos como CO2Framed y Life Triplet, en el que participan Fenacore y CUAS Mancha Occidental II.