Pozos sin contador, informes estatales ambiguos y 'no' a la Guardia Civil: así ha regateado el banquillo la Casa de Alba
Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.
El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.
Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.
“No puede concluirse” un delito
El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.
¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.
La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.
“No parece” que hayan causado daño
Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.
Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.
La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros.
Sorprendidos dos veces funcionando
Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.
El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.
En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.
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