El truco de la Casa de Alba: si sus pozos ilegales no tienen contador, no se puede probar que sacó más agua de la cuenta

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.