La Policía Nacional ha desarticulado en Caspe una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La operación se ha saldado con cuatro detenidos y la liberación de siete trabajadores rumanos que, según la investigación, fueron captados en su país mediante ofertas de empleo cuyas condiciones no se correspondían con la realidad.

La investigación se inició tras una petición de colaboración de la Policía de Rumanía, después de que dos ciudadanos de ese país, empleados en una explotación agrícola de Caspe, comunicaran a través de sus familiares que se encontraban retenidos contra su voluntad. Tras recibir la información, los agentes pusieron en marcha un operativo que permitió localizar y liberar a ambos trabajadores.

Las pesquisas posteriores revelaron la existencia de un grupo criminal presuntamente dedicado a la explotación laboral de ciudadanos rumanos. Días después, la Policía desplegó un amplio dispositivo en la finca agrícola donde habían sido encontradas las primeras víctimas ante la sospecha de que pudiera haber más afectados.

Durante la intervención fueron detenidos cuatro miembros de la organización y se identificó a 91 trabajadores rumanos que vivían en contenedores prefabricados en condiciones precarias. Según la investigación, los empleados eran alojados en casetas con capacidad para diez personas y debían pagar dos euros diarios por servicios básicos como cocina, agua potable y agua caliente, pese a que inicialmente se les había prometido alojamiento gratuito.

La mayoría de los trabajadores había sido captada a través de anuncios publicados en internet. Tras mostrar interés por la oferta, firmaban un precontrato del que únicamente podían ver la primera página, mientras que el resto de condiciones les eran comunicadas verbalmente. Una vez aceptaban el empleo, eran trasladados desde distintos puntos de Rumanía hasta España en viajes en autobús de tres días de duración. Aunque se les aseguraba que el desplazamiento sería gratuito, al llegar a Caspe se les obligaba a trabajar durante dos jornadas sin cobrar para sufragar el coste del viaje.

Además, varios trabajadores manifestaron que la organización les había prometido un salario de 9,50 euros por hora. Sin embargo, las condiciones laborales resultaron ser distintas a las pactadas. Las jornadas alcanzaban las diez horas diarias de lunes a sábado.

A los cuatro arrestados se les imputa un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La investigación continúa abierta.

La Guardia Civil de Fraga ha procedido, en el marco de la Operación Ager, a investigar a dos personas como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, a una de ellas se le atribuyó un delito de coacciones, hechos ocurridos en la comarca altoaragonesa del Bajo Cinca. Se trata del gerente de una empresa frutícola y el encargado de la explotación agraria.

Estas actuaciones tienen lugar por la intensificación de servicios relacionados con la campaña de recogida de fruta en la comarca bajocinqueña, que se desarrollan en el marco del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de mejorar la protección de los trabajadores y reforzar la detección de posibles situaciones de explotación laboral.

El pasado día 20 de mayo, en el puesto de la Guardia Civil de Fraga, tres trabajadores de una empresa frutícola denunciaron la vulneración de sus derechos laborales. Así, informaron de que estaban siendo sometidos de manera continuada a condiciones de trabajo abusivas, con jornadas que no respetaban los descansos fijados y un trato degradante por parte del encargado directo de los campos de cultivo. Además, denunciaron que estaban siendo alojados en una vivienda facilitada por la empresa que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene En fecha posteriores, se sumó una cuarta denuncia.

Ante tales hechos denunciados, los agentes articularon un dispositivo de actuación en coordinación directa con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, por lo que se planificó y ejecutó una inspección laboral presencial y de urgencia en los terrenos de la explotación frutícola objeto de investigación. Los inspectores estuvieron recabando indicios que corroboraron las denuncias de las víctimas y verificaron la existencia de infracciones en el orden laboral.

Paralelamente se organizó una inspección en colaboración con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca. Un técnico especialista en Urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y efectivos de la Policía Local de Fraga procediendo a la inspección formal del inmueble asignado como alojamiento de las víctimas denunciantes. Allí comprobaron las condiciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad que incumplen la normativa vigente y el derecho a la privacidad de los moradores.

Finalmente, el pasado 30 de mayo, agentes del puesto de Fraga de la Guardia Civil procedieron a la investigación del gerente de la empresa frutícola contratante como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca. Y tres días después se procedió a la investigación del encargado de la explotación agrícola como supuesto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores, en calidad de cooperador necesario. En este caso, es un varón de 56 años y vecino de la provincia de Lérida.

A través de una ONG se facilitó asistencia integral y realojamiento de las víctimas, así como, los servicios sociales comarcales colaboraron en todas las asistenciales y verificación de la situación de los trabajadores en el ámbito social.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga. Los investigados quedaron con la obligación de presentarse cuando la Autoridad Judicial cuando estime conveniente.

Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, al marroquí Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo. 

“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.

Como ya tenía todos los papeles preparados, pues tenía cita con su abogado cuando el coche en el que viajaba fue parado en un control policial de camino al despacho, su letrado, Álvaro Vico, pudo registrar con facilidad la documentación de Mounir pese a haber sido internado en el CIE. La semana pasada, cuatro días después de la liberación del marroquí después de que su caso fuese denunciado por la Plataforma CIEs No Valencia y difundido en medios de comunicación, su solicitud fue admitida a trámite, lo que conlleva la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, según el documento oficial al que ha accedido este medio.

“Hace una semana y algo estaba preparando mi ropa para irme y ahora tengo papeles”, resume Mounir aún con cierta sorpresa.

En busca de trabajo en el campo almeriense

El marroquí no daba crédito cuando recibió la llamada del familiar que se lo comunicó. El teléfono sonó cuando acababa de subir en un autobús con destino Almería. Habían pasado solo cuatro días de su salida del CIE y Mounir ya se dirigía a la provincia andaluza para buscar trabajo, aprovechando el aumento de demanda de mano de obra por la campaña del melón y la sandía: “No pensaba que me iban a responder tan rápido. Llevaba semanas sin trabajar y necesitaba dinero. Un amigo vive en Almería y me dijo que allí, con la temporada, se podía conseguir trabajar días sueltos”.

Cuando subió a ese autobús, Mounir no tenía papeles. Cuando llegó a su destino, ya los tenía. “Me llamó mi familiar y me dijo que tenía papeles. No sabía qué hacer. Le dije: ¿Qué hago? ¿Me bajo y vuelvo a casa?”, describe Mounir con cierto tono de burla sobre su bloqueo inicial. “Estuve a punto de volver, pero ahora en Altea es más complicado encontrar trabajo y al tener ya pagado el billete, decidí mantener el plan de ir a Almería. Ahora hay más trabajo y necesito el dinero”. 

Mounir responde a las preguntas de elDiario.es desde la habitación que comparte con el amigo que le acoge en Almería. Ha pasado solo unos días de recibir el permiso y aún no ha encontrado un empleo en el que volver a cotizar, pero cuenta que ya ha empezado a buscar. “Lo que me importa ahora es conseguir algo con contrato, porque así será más fácil luego renovar los papeles y más posibilidades tendré de quedarme”, explica el joven. Mientras no lo logra, necesita seguir pagando sus gastos, por lo que acepta los jornales que le ofrecen por empleos puntuales pagados “en b” en el campo almeriense o en almacenes de la zona. “Si me llaman para descargar un camión o hacer algo puntual, lo hago. Pero lo principal para mí es volver a cotizar”. 

El día de la liberación: “Casi abrazo al policía”

El pasado 18 de mayo aún temía la posibilidad de ser deportado tres días después. Según le habían comunicado a su abogado, esa era la nueva fecha prevista para su salida. Pero esa tarde un agente se acercó a él: “Vas a salir hoy”, recuerda que le dijo. “Me puse tan contento que salté hacia él de la alegría y hasta quería darle un abrazo”, añade entre risas. Rondaban las 18:40 cuando salió del centro. 

Cree que su salida se debe a la unión de distintas personas que decidieron denunciar su caso y pedir su liberación. “Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado. No esperaba tanto apoyo”, indica el marroquí, que a su vez recuerda a otros compañeros que se quedaron en el CIE, pese a tener una “situación parecida” a la suya (arraigo y falta de antecedentes). “Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

“Cuando me cogió la Policía y me llevó al CIE se sentía solo. Pero gracias toda la gente que me apoyó sé que, aparte de mi familia, no estoy solo, porque mucha gente buena me ha ayudado”, reflexiona.

“Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

Sus palabras evidencian un panorama que coincide con otros casos publicados por elDiario.es de migrantes encerrados en el CIE, en cuyo internamiento no se tuvo en cuenta ni el arraigo ni el hecho de que podían optar al proceso de regularización extraordinaria. Ya son tres los casos difundidos en medios con el tiempo suficiente para evitar el retorno (Mounir, Omar y Oussama) acabasen en su liberación, lo que en la práctica supone un reconocimiento oficial de que no deberían haber sido encerrados.

Criterio clave: el arraigo

En 2014, la Dirección General de la Policía, mediante una circular, estableció unos criterios a tener en cuenta para solicitar el internamiento de personas extranjeras en los CIE, entre las que se contemplan una serie de circunstancias personales genéricas a considerar, entre las que se incluye el arraigo en España, la existencia de domicilio conocido, hijos a cargo o consecuencias de la expulsión para la persona o sus familiares. Mounir estaba empadronado en Altea desde hacía más de un año, había estado dado de alta en un empleo y llevaba en su móvil toda la documentación que iba a presentar a la abogada para solicitar la regularización. No podía ir más preparado para demostrar su arraigo. Pero ni la Policía ni el juzgado de Benidorm que acabó aprobando el internamiento propuesto por los agentes lo tuvieron en cuenta. 

 “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan. Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”

Cuando se le pregunta qué supone para él tener papeles otra vez, Mounir habla de la tranquilidad de vivir sin miedo. “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan”, responde desde Almería. “Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”. 

Pero ese temor diario fue tan intenso que a veces el cuerpo tarda en asimilar lo que la mente confirma al obtener un permiso de residencia. El pasado domingo vio a unos agentes pasar a su lado y fue consciente del cambio. Aunque no se asustó, sí fue consciente de su presencia y se recordó que ya no tenía que esconderse por el mero hecho de existir: “Pasaron a mi lado y yo me quedé tranquilo”. 

Las dos semanas de detención estuvieron marcadas por la ansiedad de la deportación. “Estaba asustado, porque sabes que en cualquier momento te pueden llevar y se pasa mal. Aunque allí no me pasó nada malo, no tuve problemas con nadie, estar atrapado cuando quieres trabajar es muy agobiante”, explica. “Da miedo porque te sientes impotente. Yo hasta soñaba que estaba en Marruecos. No sabía qué hacer”, explica el jornalero.

Si hubiese sido expulsado, dice, habría vuelto a intentar venir a España. “Iba a volver a intentarlo aunque me costase la vida. Desde pequeño soñaba con venir, miraba el mar y pensaba en atravesarlo para vivir aquí”.

En los días en que tenía su regreso a Marruecos también pensaba en todo lo que le costó salir de allí. Antes de lograrlo, había pedido un préstamo de cerca de 5.000 euros para costear el viaje en una patera desde El Aaiun (Sáhara Occidental) a Canarias. “Me estafaron. Se fueron con mi dinero. Al principio no quería volver a casa, reconocer a mi familia lo que había pasado, pero me acabaron apoyando”.

Un año después, volvió a intentarlo por la frontera de Ceuta: “Nadé con otro amigo durante todo el día. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 de la noche”.

Mounir insiste en que quiere “volver” a cotizar. Dice “volver” porque ya estuvo dado de alta en la Seguridad Social. El marroquí había solicitado asilo tras su llegada a España en 2024. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento. Con esa autorización, trabajó y cotizó durante cerca de cuatro meses como limpiador y ayudante de cocina en un restaurante en Altea. La respuesta negativa a su petición de protección internacional acarreó la pérdida de sus papeles y, por esa razón, la empresa tuvo que despedirle, como prueba la documentación a la que ha accedido este medio. 

“Trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajo y los jefes estaban encantados de con él”, dice Ahmed (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) que apoya a Mounir en España. Mientras trabaja en Almería, Ahmed le ayuda a buscar una una oportunidad laboral. Como había estado dado de alta anteriormente, él ya tenía número de la Seguridad Social, por lo que ya está preparado para reactivar su vida laboral en España.

El plan de Mounir pasa por quedarse una temporada en Almería y, si no consigue nada estable y con contrato, volver a Altea donde le encantaría volver a trabajar en la hostelería. “Me gustaba mucho vivir allí y trabajar en la cocina. Voy a ahorrar algo de dinero para después volver, mantenerme por mí mismo y buscar un empleo en el sector”, proyecta el marroquí, unas semanas después de haber dado por hecha su expulsión a las puertas de una regularización que, con muchas trabas, ha acabado logrando de forma provisional.

La media anual de afiliación extranjera representa el 40,5 % del total de trabajadores del sector agrario, lo que refleja la importancia de la mano de obra migrante para el mantenimiento de las campañas agrícolas en la provincia de Ciudad Real.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, un órgano de coordinación interinstitucional clave para la planificación de la contratación en origen y la organización de las campañas agrícolas en la provincia, que ha presidido el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño.

 En el transcurso de la reunión se han analizado los principales datos del mercado laboral en la provincia. Actualmente, Ciudad Real cuenta con 180.883 personas afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales 8.519 pertenecen al sector agrario. Asimismo, de las 20.105 empresas registradas en la provincia, 2.965 desarrollan su actividad en el ámbito agrario

Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, durante la reunión se ha puesto en valor el modelo de migración regular, ordenada y segura que impulsa el Gobierno de España, orientado a garantizar tanto las necesidades de mano de obra del sector agrario como los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo.

Asimismo, se ha destacado la importancia de la regularización extraordinaria como herramienta para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas migrantes en situación irregular, facilitando su integración y contribuyendo a combatir la economía sumergida.

En este sentido, también se ha subrayado la posibilidad de contratación desde la admisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del expediente, lo que aporta mayor agilidad y seguridad jurídica a las empresas del sector.

El subdelegado del Gobierno ha señalado que “la contratación legal y ordenada es fundamental para garantizar campañas agrícolas eficaces, proteger los derechos de los trabajadores y ofrecer estabilidad a las explotaciones agrarias”.

Compromiso del sector y lucha contra las irregularidades

Durante la Comisión se ha reconocido igualmente el compromiso mayoritario del empresariado agrario de la provincia con el cumplimiento de la normativa laboral y de contratación.

No obstante, se ha alertado sobre algunas problemáticas detectadas, especialmente relacionadas con la suplantación de identidad y la cesión ilegal de trabajadores.

En este contexto, se ha recordado que las sanciones por emplear a trabajadores inmigrantes en situación irregular y sin contrato pueden alcanzar los 10.001 euros por trabajador, reforzando así el mensaje de tolerancia cero frente a las prácticas ilegales.

Garantizar condiciones laborales dignas

Finalmente, se ha incidido en la necesidad de continuar avanzando hacia un modelo de contratación legal y segura que permita dar respuesta a las necesidades del sector agrario, garantizando al mismo tiempo condiciones laborales adecuadas en materia salarial, alojamiento y habitabilidad.

En la reunión han participado representantes de la Administración General del Estado —Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, SEPE y unidades de Trabajo, Inmigración y Extranjería—, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones agrarias, sindicatos y representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de coacciones, ocurridos en la comarca del Bajo Cinca. A principios del mes de mayo, el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, tuvo conocimiento mediante denuncia que, el pasado mes de abril, un ciudadano extranjero vino a la comarca del Bajo Cinca atraído por una oferta de trabajo gancho de una empresa de la zona como temporero para la campaña frutícola, a través de redes sociales, habiéndose puesto en contacto él, un tercero que trabajaba en dicha empresa.

A su llegada, este retira a la víctima su documentación personal para evitar su marcha, imponiéndole duras condiciones laborales que nada tenían que ver con la actividad recogida en la oferta de trabajo, llegando a realizar largas jornadas de trabajo de obra y sin medios de protección y seguridad, careciendo de contrato de trabajo y con un salario de unos 25 euros semanales.

Tras el conocimiento de los hechos denunciados, los agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación, corroborando los mismos. Así que, tras realizar las pertinentes gestiones para su esclarecimiento, pudieron localizar el lugar de trabajo de la víctima e identificación del posible autor, así como recuperar la documentación personal de la víctima.

Por todo ello, el pasado 14 de mayo, agentes del Puesto de Fraga procedieron a la investigación de una persona como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de coacciones, siendo un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca.

El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando sea requerido para ello.

La Guardia Civil pone a disposición su teléfono de atención al ciudadano 062 para perseguir cualquier tipo de delito vinculado a la explotación laboral.

El Gobierno ha cancelado la expulsión de Mounir Meziat, un joven marroquí que había sido detenido en Altea por no tener papeles, cuando se dirigía a una cita con su abogada para formalizar su petición de regularización extraordinaria. El marroquí, quien trabaja habitualmente como temporero en Alicante, fue encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia, desde donde la semana pasada iba a ser devuelto a su país pese a haber registrado su petición de regularización a través de su abogado. Después de la intervención del Defensor del Pueblo y la presión mediática, el Ejecutivo ha suspendido su orden de retorno. Este lunes, Mounir ha salido en libertad, según ha confirmado su defensa y el Ministerio del Interior a elDiario.es.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska confirma la liberación del ciudadano marroquí pero no detallan las razones que han empujado finalmente a la decisión. La semana pasada, tras la publicación del caso y las denuncias difundidas por la plataforma CIEs No Valencia, el Ministerio de Interior realizó consultas interministeriales a la Secretaría de Estado de Migraciones para conocer si Mounir Meziat había realizado “gestiones” en relación al procedimiento de regularización.

Su abogado, Álvaro Vico, también había registrado una queja al Defensor del Pueblo, quien actuó y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Aunque su defensa había registrado un recurso de reforma en contra del internamiento y expulsión del marroquí, la liberación no se ha producido por orden juidicial. “Ha sido una decisión de la autoridad gubernativa”, sostiene el letrado, quien se ha encargado del caso a partir de la orden de internamiento.

El chico marroquí, quien trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumplía con las condiciones de la regularización antes de su internamiento. toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que ha accedido elDiario.es, confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y su residencia continuada en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico registró un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm contra el internamiento cautelar del joven, que aún no ha sido resuelto. El abogado alertaba de que la decisión de su encierro en el CIE para proceder a su expulsión se basaba en “una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El escrito recordaba que, mientras que la magistrada defendía que “no le consta trabajo ni domicilio conocido”, dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento en Altea, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explicó el letrado.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación

Cuando un control policial paró el coche en el que viajaba, Mounir Meziat estaba a punto de pedir formalmente la regularización. El joven marroquí salió desde Altea (Alicante) para recoger a su primo y, juntos, ir al despacho de su abogada para registrar su solicitud. Tenía una cita confirmada y todos los documentos guardados en una carpeta, pero acabó encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia por orden del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, que aprobó su internamiento sin comprobar su arraigo en el país, una mala práctica recurrente denunciada por los expertos en inmigración. Allí espera su expulsión, prevista inicialmente para este jueves pero aplazada in extremis para el 21 de mayo, pese a que su defensa ya ha presentado en estos días su solicitud de regularización.

“No es justo. Estoy muy nervioso. Estaba a casi a cinco minutos de presentar mis papeles y me encierran para expulsarme”, explica Mounir por teléfono desde el centro de internamiento, donde son encerrados migrantes sin papeles para proceder a su expulsión. Desde el exterior, Yassim, su primo, dice seguir impactado por lo sucedido: “¿Cómo pueden llevárselo a él en ese momento? Tiene el expediente limpio, no tiene antecedentes, solo trabaja y estábamos a punto de llegar al despacho de mi abogada, donde teníamos la cita”, afirma el familiar.

El chico marroquí, quien ahora trabajaba como jornalero en el campo alicantino, fue enviado al CIE por orden judicial ante su supuesta falta de arraigo en el país, pese a llevar más de dos años en el país, estar empadronado en Altea y haber trabajado con contrato durante meses en un restaurante del pueblo alicantino mientras tenía papeles durante la tramitación de una petición de asilo. Tras perder su permiso de residencia, empezó a trabajar en el campo, por lo que se desplazaba por temporadas a la comarca de la Vega Baja del Segura, donde solía encontrar fincas donde necesitaban su mano de obra, especialmente en la campaña de la naranja.

El joven cumple con las condiciones de la regularización. Este medio ha revisado toda la documentación presentada por su abogado en la Oficina de Extranjería de Alicante, que confirma la carencia de antecedentes penales en su país, su vinculación laboral pasada y distintas pruebas que acreditan haber residido en España durante el tiempo exigido. “Tenía toda la documentación preparada e iba a entregarla para registrarla. Hasta el pago de la tasa”, dice Álvaro Vico, el abogado que trata de sacarle del CIE, quien finalmente se encargó de registrar su petición de regularización dos días después del internamiento de su cliente, que ha presentado un recurso al jugado que autorizó su encierro apelando al arraigo de su cliente. La Plataforma CIEs No Valencia ha pedido también la liberación del joven. “Otro joven que cumple los requisitos para regularizarse ha sido internado en el CIE de Zapadores y se le ha notificado que mañana será deportado a Marruecos”, denunció el colectivo.

El marroquí fue detenido el pasado 7 de mayo a las 12:45 por la Policía Nacional, según consta en el auto de internamiento al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada del juzgado de instancia número 4 de Benidorm, Ana Isabel García-Galbis, autorizó su encierro argumentando la “falta de domicilio conocido”. De la “declaración obrante en autos”, sostiene la jueza, “no se desprende la existencia de elementos que haga pensar que no vaya a evadir la acción de la autoridad gubernamentativa frustrando el expediente de expulsión, porque no le consta trabajo ni domicilio conocido”.

Mounir Meziat está empadronado en Altea (Alicante) desde mayo de 2025, según consta en la documentación a la que ha accedido este medio. Hace solo dos semanas, cuenta su abogado, el joven estaba en Almoradí, el pueblo al que se mudaba temporalmente para buscar empleo en el campo. “Creemos que, cuando la jueza le preguntó por su domicilio, como acababa de volver, no supo decirlo o le daba miedo al estar trabajando allí de manera irregular”, explica el letrado, quien empezó a defender su caso después de la orden de internamiento.

Esta semana, Meziat recibió la notificación oficial de su expulsión prevista inicialmente para este jueves. Para ganar más tiempo y defender su arraigo en el país, el marroquí pidió asilo en el CIE como estrategia jurídica, dado que su solicitud será previsiblemente rechazada, ya que cuenta con un proceso anterior que resultó denegado. Tras recibir una queja por parte de Vico, el Defensor del Pueblo ha pedido información sobre el caso a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, por lo que esta gestión también ha podido influir en el aplazamiento del retorno para la semana que viene, según el letrado.

Según el Ministerio del Interior, tras haber recibido el aviso por parte del Defensor del Pueblo, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha solicitado información al Ministerio de Migraciones sobre la situación administrativa de Mounir Meziat y, por el momento, espera una respuesta.

El marroquí llegó a Ceuta a nado en agosto de 2024, donde solicitó asilo. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento, explica el hombre. Con ese permiso, encontró un trabajo como ayudante de cocina en un restaurante de Altea, donde vivía con su primo, en marzo de 2025. “Allí trabajamos los dos, hasta que su documentación iba a caducar y le tuvieron que despedir”, explica su primo Yassim, preocupado por su familiar. Entre los papeles presentados para acogerse a la regularización extraordinaria, también está la carta de despido emitida por su antigua compañía, documento que confirma que el joven perdió su trabajo un día antes de la vigencia de su permiso provisional como solicitante de protección internacional, que no pudo renovar. En el escrito, los responsables explican su obligación “sobrevenida” de interrumpir su contrato por “la imposibilidad legal” de que Mounir continuase en su puesto debido a que iba a carecer “de autorización legal” y no había presentado hasta entonces un documento que acreditase su renovación.

El 17 de junio fue el último día que acudió al restaurante alemán en el que, durante cuatro meses, ayudó a cocinar las pizzas que pedían algunos de los miles de turistas que cada año recibe el pueblo alicantino. El día siguiente, su permiso de residencia caducó y Mounir se quedó en situación irregular. Desde entonces ha trabajado en empleos puntuales, especialmente en el campo. En las temporadas de mayor demanda de mano de obra agrícola, el joven suele mudarse temporalmente a la zona agrícola de Almoradí, en la provincia de Alicante, donde ha trabajado en las campañas de la naranja. En esos días, se junta con otros compañeros temporeros y pernocta en la zona, algo común en el personal agrícola temporal, especialmente en situación irregular. “Dos días antes de su detención, terminó su trabajo en Almoradí, para renatar los trámites para la regularización en Altea y presentarla”, dice su primo.

“Él vive en Altea, pero sabes que si estás irregular, tienes que comer. Él iba a Almoradí o a otras zonas para intentar trabajar, se apañaba con sus amigos para dormir, para trabajar y sobrevivir. Y si no consigue trabajo, volvía a Altea”, detalla su primo. El día de la detención, un amigo le estaba llevando en coche a Benidorm, donde se encontraba su primo, para recogerle y, juntos, ir a la cita con la abogada, ya que le estaba ayudando en el proceso de regularización. “Cuando salía de Altea, me llamó, diciendo que le iban a detener”, explica Yassim.

Con la intención de revocar la orden de internamiento, el letrado Álvaro Vico ha registrado un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm el internamiento cautelar de Mounir “sobre la base de una supuesta situación de riesgo de incomparecencia y frustración de la expulsión”. El abogado recuerda que, mientras que la magistrada indica que “no le consta trabajo ni domicilio conocido” dicha afirmación “resulta manifiestamente incompleta y contradicha por la documentación obrante”. Para acreditar su afirmación, Vico ha adjuntado los documentos de empadronamiento, la asignación del número de la Seguridad Social, su contrato de trabajo extinto, copia de la tarjeta sanitaria y el certificado que demuestra la inexistencia de antecedentes penales en su país.

“Debe recordarse que esta parte ha aportado abundante documentación acreditativa de arraigo social, laboral, sanitario y administrativo en España, así como acreditación de la reciente formalización de solicitud de regularización extraordinaria, concurriendo circunstancias plenamente incompatibles con una ejecución automática e inmediata de la expulsión”, indica un escrito enviado por el abogado al juzgado este mismo miércoles, tras el susto de la notificación de retorno que finalmente fue pospuesta.

El caso de Mounir Meziat, como tantos otros, refleja una sucesión de varios abusos y errores del sistema en cadena, desde la dificultad para realizar ciertos trámites, como su detención policial, una asistencia jurídica deficitaria y el “automatismo” de muchos jueces de instrucción a la hora de decretar los internamientos en los CIE, según analiza Jesús Mancilla, abogado de Algeciras Acoge, en declaraciones recientes a elDiario.es. Este medio ha publicado los casos de Omar y Oussmane, dos jóvenes marroquíes con arraigo que fueron ingresados en un CIE a las puertas del proceso de regularización, cuando cumplían con los requisitos. Tras su publicación, ambos fueron finalmente liberados, pero los expertos se preguntan qué pasará con todos aquellos que no hayan tenido acceso a la prensa o a una ONG que denuncie su caso.

En 2024, un informe de Amnistía Internacional cuestionó el “automatismo por parte de los jueces” al decretar el internamiento en un CIE. Según concluyó la ONG, “el juez o jueza de instrucción, así como la fiscalía, tienden a seguir casi en exclusiva el criterio policial en vez de realizar una valoración propia a la luz de todas las circunstancias”. En la mayoría de los juzgados “se tira de modelo de auto de internamiento, sin analizar más allá los requisitos legales, el caso por caso”, concluyó la investigación. La organización también denunció “la falta de representación letrada adecuada y de calidad que permita a las personas privadas libertad una tutela judicial efectiva que visibilice aquellas circunstancias o situaciones de vulnerabilidad que pueden ser clave para oponerse a una medida de internamiento”.

Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

Las organizaciones sindicales UGT FICA y CCOO Industria y la patronal Asaja han alcanzado este miércoles un preacuerdo para la firma del convenio colectivo del campo de la provincia de Ciudad Real, que incluye una subida salarial del 7,5 % para los años 2025 y 2026 y la reducción de la jornada laboral hasta las 1.784 horas anuales.

De esta forma se pone fin a más de un año de “difíciles negociaciones”, han señalado ambos sindicatos en un comunicado, en el que han precisado que la firma definitiva del convenio colectivo del campo de Ciudad Real -que afecta a alrededor de 15.000 trabajadores- tendrá lugar el próximo 21 de abril.

UGT FICA y CCOO Industria han valorado el avance que representa el preacuerdo, sobre todo en lo que supone para la mejora de los salarios, ya que en muchos casos las retribuciones estaban por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y, de esta manera, ninguna categoría cobrará menos del SMI.

Asimismo, han indicado que, si bien se trata de un convenio en el que siguen teniendo cabida muchas demandas y reivindicaciones, “lo firmado es un paso más en la dignificación de las condiciones laborales”.

Ambos sindicatos han confiado en que, “después meses de bloqueo por parte de la patronal”, el acuerdo de hoy inaugure una nueva etapa en las relaciones laborales en el sector y en el reconocimiento de la labor que desarrollan los trabajadores del campo de Ciudad Real. EFE

ASAJA alerta de la falta de mano de obra

Por su parte, ASAJA de Ciudad Real han señalado que “este ajuste, en la práctica, no supondrá un impacto ni para empleadores ni para trabajadores, ya que en el sector agrario se está pagando por encima del Salario Mínimo Profesional”. En este sentido, han subrayado que “lo que se ha hecho es trasladar a las tablas salariales una parte del complemento de convenio que ya percibían los trabajadores”.

La organización ha advertido de que el sector atraviesa un momento complicado debido al “incremento imparable de los costes de producción, entre ellos los laborales, que están poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias”.

Sobre la reducción de la jornada laboral, han explicado que “la actividad agraria presenta una marcada estacionalidad y una distribución irregular de las cargas de trabajo, con periodos de elevada intensidad, como las campañas de recolección o las parideras en el ámbito ganadero, y otros momentos del año en los que las necesidades laborales son significativamente menores”.

En este contexto, ASAJA Ciudad Real ha señalado que el principal problema al que se enfrenta actualmente el campo es la falta de mano de obra. “Nos encontramos ante una situación de enorme calado: la creciente dificultad para encontrar personas dispuestas a incorporarse al trabajo agrario”. Igualmente, han lamentado que esta problemática “lejos de corregirse, se está intensificando como consecuencia de la ausencia de medidas eficaces y de la consolidación de un enfoque económico en el que prevalece el peso de las prestaciones y subsidios, en detrimento de la necesaria revalorización del trabajo y de todo lo que implica el acceso y desempeño de un empleo”.

Desde ASAJA Ciudad Real insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan garantizar la disponibilidad de mano de obra en el campo y asegurar así la continuidad de la actividad agraria, fundamental para la economía y el desarrollo del medio rural.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma, Román García, han participado este viernes en un evento con agricultores, empresas del sector y de trabajo temporal para informar sobre las condiciones de contratación de los temporeros y así “dar garantía y seguridad jurídica” tanto a trabajadores, la mayoría migrantes, como a los agricultores que les dan empleo durante la campaña agrícola, que comienza ahora y se prolongará hasta el mes de octubre.

En un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, que ha clausurado la subdelegada, Noelia Herrero, Beltrán ha indicado a los medios de comunicación que Aragón es “una de las regiones productoras más importantes de Europa, por ejemplo en fruta de hueso” y que el sector agroalimentario representa el 10% de la economía de la Comunidad Autónoma.

Durante la próxima campaña agrícola trabajarán entre 20.000 y 25.000 personas, “de manera que es un movimiento económico importantísimo, con un fortísimo impacto en el territorio, sobre todo en las áreas despobladas”.

Uno de los aspectos a abordar es “la prevención de la trata, que en algunos casos existe”, ha continuado Beltrán, recordando que “en Aragón se han hecho intervenciones policiales al respecto” para erradicar “condiciones laborales cercanas a la esclavitud” y que constituyen casos de explotación laboral. Ha explicado que la Ley de Extranjería y el reglamento que la desarrolla van experimentando mejoras “paulatinamente” para “facilitar la integración de las personas migrantes en el mundo laboral”.

“Esta integración en el mundo laboral es una demanda que venimos escuchando del mundo empresarial y sindical, con lo cual ese reglamento de extranjería trata de acortar los plazos” mediante la simplificación administrativa, trabajando de la mano la Unidad de Extranjería que depende de la Delegación del Gobierno, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y la Guardia Civil: “Tenemos a todas las Administraciones implicadas, también a la Inspección de Trabajo, que se ocupa 'in situ' de velar porque esas condiciones se desarrollen con normalidad”.

Los migrantes representan, aproximadamente, el 15% de los trabajadores activos en Aragón, ha indicado el delegado del Gobierno, recordando que pronto se iniciará un proceso de regularización masiva, que se ha explicado en el evento: “Va a suponer un beneficio económico y social para nuestro territorio”.

En otro orden de cosas, Beltrán ha recordado que la prevención de riesgos laborales “es una obligación” y tiene que estar presente “en todas las empresas”.

Fernando Beltrán ha negado que la regularización de migrantes guarde relación con el terrorismo islámico: “Nada más lejos de la realidad”. Ha rechazado estos “bulos”.

El Gobierno de España “sigue trabajando por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por el mundo rural, por mejorar las condiciones de los empresarios” mientras “el Gobierno de Aragón no comparece, no sabemos absolutamente nada de su posicionamiento ni de los tipos de problemática que quiere resolver” y vive en “la parálisis”, ha lamentado Beltrán, recordando que la campaña agrícola atañe a todas las Administraciones públicas

Sobre la regularización masiva, el delegado ha indicado que, a falta del informe del Consejo de Estado, “se va a tener en cuenta a aquellas personas que ya están viviendo y trabajando con nosotros en el territorio español”, en alusión a “todos aquellos que puedan demostrar que han estado cinco meses antes del final del año pasado y todos los que solicitaron protección internacional antes del 31 de diciembre”.

“Las personas que sacan de paseo a nuestras personas mayores o que trabajan en residencias de ancianos, las personas que nos reparten la paquetería, que recogen la fruta, que están en los mataderos, son personas llamadas a ser regularizadas, ese es el perfil que se está buscando, porque ya están entre nosotros, ya viven con nosotros, ya están buscándose la vida y la demanda empresarial y sindical los requiere; ya que los tenemos aquí, ya que tienen ganas de trabajar, ya que conocen los sectores, vamos a por ellos”.

Responsabilidades laborales

Román García ha explicado a empresarios y sindicatos “las obligaciones fundamentales” en materia de extranjería “y sobre todo las responsabilidades”, comentando que “no hay ninguna novedad” al respecto.

García ha asegurado que el proceso de regularización que ahora comienza “es una oportunidad, no un problema” y puede beneficiar a los empresarios, que pueden recurrir a a las personas que ya están documentadas o que están “en proceso” de llevarlo a cabo.

En cuanto a la inspecciones de trabajo, ha explicado el director territorial, el 90% de los supuestos de incumplimiento que encuentran los inspectores de trabajo afectan a personas que “están sin autorización de ningún tipo para trabajar”. En el último año se ha detectado en el conjunto de sectores a 900 personas sin autorización para trabajar, sumando más de 9 millones de euros en sanciones administrativas. En el caso concreto de la agricultura y las campañas agrícolas son 101 sanciones que han supuesto más de un millón de euros.

“No sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular porque las consecuencias son muy importantes” respecto a las sanciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social y por los accidentes, recalcando que “cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España”.

Las sanciones de la Inspección de Trabajo van desde los 10.000 a los 225.000 euros “por cada uno de ellos” y si se ocupa un número determinado de trabajadores en situación irregular puede constituir delito. La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social trabaja en este ámbito junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para “detectar estas acciones y atajarlas”, ha concluido Román García.

Más de 14.000 mujeres, principalmente magrebíes –aunque también subsaharianas, rumanas, búlgaras o latinoamericanas–, se trasladan cada año a Huelva, donde se cultivan más del 80% de las fresas españolas, para trabajar en la campaña anual de recogida. Este macronegocio generó 657 millones de euros solo en el primer semestre de 2025.

El sector se sostiene mayoritariamente por estas mujeres, quienes hoy en día son en su mayoría extranjeras. Hasta hace pocos años, este trabajo era realizado principalmente por jornaleros y jornaleras españoles, pero la precarización del sector ha llevado a que muchos trabajadores locales opten por otros empleos y a que los empresarios dependan cada vez más de la mano de obra migrada.

A través del ensayo visual y documental, el reciente filme Strawberry Fields, dirigido por Julia Montilla, explora la situación de las mujeres temporeras y reflexiona sobre los problemas derivados de la agricultura intensiva, como la explotación de los trabajadores o los daños medioambientales.

El documental, que se ha presentado este viernes en Barcelona, ha ganado la 11a edición del Premio de Videocreación de la Generalitat de Catalunya y el Festival Loop. La producción corre a cargo de los ocho Centros Territoriales de Artes Visuales de Catalunya, Santa Mònica, el Departamento de Cultura de la Generalitat y Loop Barcelona.

La obra también plantea una crítica al urbanocentrismo y a las desigualdades existentes entre el mundo urbano y el rural, partiendo de la idea que la historia actual “la suelen escribir las personas que viven en las grandes ciudades”, subraya la directora. El título, que remite a la canción de los Beatles, alude a la percepción distorsionada de la realidad, planteando que “la vida es más sencilla si cerramos los ojos”, tal como cantaba Lennon. No obstante, la película sugiere que la mirada “es un acto político”, cuestionando la “invisibilidad de las jornaleras”.

A lo largo de los años, varias organizaciones han reportado numerosas situaciones de abuso, precariedad e incluso acoso sexual hacia estas trabajadoras temporales del sector de la fresa. La mayoría de las jornaleras son mujeres con hijos, ya que, según Montilla, “así se aseguran de que volverán a su país cuando acabe la temporada de recolección”. El hecho de que la inmensa mayoría de ellas sean mujeres, también recae en “la idea patriarcal de que son más delicadas y cuidadosas, algo relevante para la recolección de frutas como las fresas”.

El documental se centra, principalmente, en explicar la situación actual de las jornaleras extranjeras, aunque también incluye imágenes de archivo sobre temporeras españolas durante la revolución social, el franquismo y la Transición en municipios de Andalucía occidental. De hecho, Montilla destaca que los nuevos migrantes magrebíes, que empezaron a llegar a principios del siglo XXI, “aceptaron condiciones de trabajo que los españoles ya no querían tolerar y esto, en ocasiones, llegó a generar malestar y antipatías con ellos, en vez de con los propietarios, que eran quienes ofrecían este tipo de condiciones”.

Es cierto que el Ministerio de Trabajo cuenta, desde 2002, con el programa GECCO acordado con Marruecos. Este programa no establece un tipo de contrato propio, sino que fija un conjunto de requisitos y garantías para la contratación de temporeras. Por lo tanto, estas trabajadoras firman el contrato agrario general contemplado en la normativa española, y es sobre este contrato donde deberían aplicarse las garantías marcadas por la orden GECCO.

Entre ellas, por ejemplo, se encuentran ofrecer un alojamiento adecuado, organizar los desplazamientos hasta los invernaderos o asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales pactadas. A las jornaleras también se les exigen obligaciones como regresar a su país al finalizar la campaña o no desempeñar otras actividades laborales mientras dure su contratación.

Además, el Ministerio de Igualdad cuenta con una guía específica para la atención y asesoramiento de las trabajadoras migrantes en el contexto de la fresa y los frutos rojos. Allí se concretan los derechos de estas mujeres como trabajadoras y se explica qué deben hacer en caso de vulneraciones.

Sin embargo, Montilla destaca que varios testimonios que entrevistó para el documental aseveran que muchos de estos contratos no están bajo la normativa que establece la orden GECCO y que, por lo tanto, no siempre se garantizan los derechos de estas trabajadoras. El filme documenta casos de mujeres que, aunque tienen derecho a la seguridad social, no van al médico por la falta de medios de transporte, ya que viven en zonas aisladas del campo.

Incluso algunas temen no cobrar por la jornada si se ausentan. De hecho, una testimonio del reportaje explica que enfermó y no recibió la baja correspondiente. Por otro lado, muchos trabajadores viven en chabolas en condiciones insalubres y carecen de transporte adecuado para llegar a los invernaderos.

El documental cuenta todas estas historias a partir de voces de mujeres jornaleras y activistas del campo como Lucía Mbomio, Chadia Arab, Ana Pinto, Najat Bassit o Ana Cabana Iglesia. A través de metáforas visuales y fuentes documentales, Montilla invita a cuestionar un modelo agrícola que, en su opinión “niega derechos a quienes nos proporcionan productos básicos para nuestra alimentación”.

El pasado noviembre, la Inspección de Trabajo se presentó en una explotación agraria en Murcia donde había 15 temporeros trabajando. De repente, “once desaparecieron”, afirman fuentes conocedoras de las pesquisas. Los trabajadores abandonaron el lugar para no ser identificados y la empresa tampoco lo hizo a posteriori ante la autoridad laboral, una práctica que se considera una infracción muy grave por obstrucción a la labor de la Inspección, que ha sancionado a la compañía con una multa en su grado máximo de 140.000 euros.

La multa, que ha pasado este martes por el Consejo de Ministros, es la segunda en cuestión de meses del mismo tipo en los campos de Murcia, donde abundan los trabajadores migrantes, en muchas ocasiones en contextos de explotación y mucha precariedad. El modus operandi es el siguiente: la Inspección visita una explotación agraria, los trabajadores huyen para evitar su identificación y las empresas responsables después tampoco aclaran quiénes eran, ni presentan ninguna documentación de los temporeros.

En esta actuación de noviembre, de los 15 temporeros que había trabajando, once abandonaron a toda prisa el puesto de trabajo, cuatro permanecieron en el lugar y tan solo uno de ellos se identificó con la documentación correspondiente, según ha podido saber elDiario.es. El trabajador que aseguró ser el encargado de la cuadrilla dijo que no podía identificar a los trabajadores, ni disponía de su documentación. 

Solo unos meses antes, en marzo, los inspectores de trabajo se toparon con una secuencia casi calcada, también en Murcia, según fuentes conocedoras de ambos casos. En esta ocasión, la Inspección detectó a 14 temporeros trabajando en una finca agrícola. De ellos, diez abandonan la explotación sin facilitar ningún dato que permitiera comprobar su identidad y otros cuatro dieron sus nombres, pero sin mostrar ninguna documentación identificativa.

En esta finca, la encargada de la cuadrilla manifestó que era el primer día de todos los trabajadores, que “todos ellos estaban a prueba” y que no sabía el nombre de ninguno de ellos. Más adelante, la empresa no atendió el requerimiento de facilitar la información pertinente. La Inspección de Trabajo impuso también en esta caso una sanción de 140.000 euros por obstrucción a su labor, indican las mismas fuentes a elDiario.es.

La obstrucción inspectora es una infracción muy grave

El hecho de que una empresa se niegue a identificar a sus trabajadores constituye “una obstrucción a la labor inspectora”, una infracción laboral considerada “muy grave”, según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

En concreto, el artículo 50 de la norma contempla en su apartado cuatro que se consideran una infracción muy grave “las acciones u omisiones del empresario, sus representantes o personas de su ámbito organizativo, que tengan por objeto impedir la entrada o permanencia en el centro de trabajo de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como la negativa a identificarse o a identificar o dar razón de su presencia sobre las personas que se encuentren en dicho centro realizando cualquier actividad”.

Cuando la obstrucción de las empresas impida que los inspectores comprueben la situación de alta de los trabajadores y el incumplimiento de varias obligaciones laborales de los empresarios, la ley prevé sanciones entre los 12.000 euros, en su grado mínimo, y los 225.018 euros, en su grado máximo.

En este último caso detectado en el campo murciano que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros, la sanción se ha impuesto en su grado máximo al apreciarse como criterios agravantes de la infracción tanto el número de trabajadores afectados (14), como por el perjuicio causado a las personas trabajadoras y en materia de recaudación a las arcas públicas.

Máximo de 27 millones en multas en 2024

En 2024, la Inspección de Trabajo detectó 5.058 infracciones por obstrucción a su labor, que sancionó con multas por un total de 27 millones de euros, un máximo de la serie histórica, según los datos desde 2001 de las memorias anuales difundidas por el organismo público consultadas por elDiario.es.

En concreto, en los últimos años se ha producido el mayor incremento en las sanciones a empresas por obstrucción, con multas de 14,5 millones en el año 2021, de 21,7 millones en 2022, de 24,4 millones en 2023 y 27,3 millones el año pasado.

La Diputación de Cáceres trabaja en el diseño de un proyecto piloto para habilitar viviendas destinadas a los temporeros que cada año se desplazan al Valle del Jerte durante la campaña de recogida de la cereza, con el objetivo de mejorar sus condiciones de habitabilidad y dar respuesta a una problemática que se repite cada año.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la institución provincial, Isabel Ruiz, tras mantener una reunión en Valdastillas con el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, José Antonio Tierno.

Ruiz ha explicado que la preocupación de la Diputación es “dar las mejores condiciones de habitabilidad a todas las personas que cada año se trasladan a esta zona para recolectar la cereza, tan conocida en todo el mundo”.

El proyecto se encuentra en una fase inicial, con los primeros contactos y sondeos para identificar las necesidades más urgentes en los distintos municipios de la comarca. “Queremos poner en marcha un proyecto piloto que pueda estar operativo para la próxima campaña y que sirva de modelo para abordar esta problemática que cada año se repite en el Valle del Jerte”, ha señalado.

La vicepresidenta ha avanzado que la Diputación contactará con los ayuntamientos de la zona “para disponer de terrenos o espacios municipales donde crear zonas habitacionales que cubran las necesidades de alojamiento de los trabajadores temporeros”.

Respecto a la financiación, Isabel Ruiz ha indicado que todavía no se ha concretado una partida presupuestaria, “ya que se está valorando la dimensión del proyecto”. “Estamos analizando las necesidades en toda la zona para poder dotarlo económicamente en los presupuestos de 2026”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cooperativas, José Antonio Tierno, ha destacado la importancia de contar con viviendas adecuadas para garantizar la disponibilidad de mano de obra durante la campaña. “Si no hay vivienda, no hay mano de obra, y necesitamos a esos trabajadores para mantener la producción”, ha defendido.

Tierno ha explicado que la campaña de la cereza es “muy corta e intensa”, y que este año la central cooperativa ha llegado a contar con más de un millar de personas dadas de alta, además de varios centenares de trabajadores procedentes de localidades cercanas y otras zonas de la provincia.

“Actualmente dependemos del alquiler de alojamientos particulares, y esa es nuestra principal limitación. Si tuviéramos más viviendas, vendría más gente a trabajar”, ha asegurado.

También ha subrayado que disponer de una red de viviendas “dignas y legales no solo es necesario para la cereza, sino que podría aprovecharse para otras campañas agrícolas y contribuir a frenar el despoblamiento rural”.

La Diputación prevé mantener en las próximas semanas reuniones con alcaldes y mancomunidades del norte de la provincia para definir el alcance del proyecto y coordinar su desarrollo.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas –seis hombres y una mujer-, de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos 45 personas que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinados en habitaciones sin ventilación e incluso encerrados con candados en ellas.

A las personas detenidas se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.

Una vez en La Rioja, los trabajadores eran alojados en condiciones insalubres, hacinados en espacios reducidos sin higiene y apenas ventilación. Durante el registro en una de las viviendas, los guardias civiles localizaron en su interior a 15 personas, algunas de ellas en situación irregular en España. En una de las estancias, cerrada con un candado desde el exterior, hallaron a un matrimonio en una habitación con solo un colchón y una manta en el suelo con un único punto de ventilación, una ventana de 30 a 40 centímetros.

A principios del mes de julio los guardias civiles de Policía Judicial en La Rioja tuvieron conocimiento a través de una denuncia de la posible existencia de esta organización criminal asentada en la Rioja Baja, dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular mediante un entramado de empresas, inmuebles y fincas agrícolas. Los datos recabados permitieron identificar a tres hombres que habían constituido una red que operaba en La Rioja y extendía sus ramificaciones hasta otras zonas en el sur de España donde captaban mano de obra en situación irregular.

Una vez en la región, eran alojados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad y trasladados a fincas agrícolas para ser explotados, siempre bajo la vigilancia de personas de confianza del entramado criminal. Realizaban tareas agrícolas como desbroces, poda o recogida de fruta y verdura. Carecían de contrato laboral y recibían su remuneración en efectivo. En muchos casos no llegaban a cobrar por su trabajo u obtenían pagos simbólicos, como un euro por kilo de piparra recolectado. Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama. Esta situación generaba una relación de dependencia total al ofrecerles falsas promesas de tramitar su residencia legal y regularizar su situación en nuestro país.

En la explotación de la operación, de nombre “Landwrt”, se desplegaron tres equipos de inspección de fincas, inmuebles y explotaciones vinculadas a los investigados. Durante estas actuaciones se detectó la presencia de al menos 45 trabajadores en situación irregular explotados por la red, muchos de los cuales huyeron campo a través al percatarse de la llegada de los guardias civiles. Además, se comprobó la explotación de tres menores de edad -de 12, 15 y 17 años- que trabajaban en las mismas condiciones que los adultos.

Los agentes han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros efectivo, 2.500 euros en joyas, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además, se han bloqueado seis cuentas bancarias y suspendida temporalmente la actividad de la empresa. La investigación ha sido desarrollada por guardias civiles de Policía Judicial de Calahorra, con la colaboración de efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo cinológico especializado con perros adiestrados en la detección de dinero. Los registros sorpresivos en los inmuebles fueron ejecutados por las USECIC de La Rioja y Navarra.

Efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga han detenido, en el marco de la Operación Congestio, a ocho personas e investigado al empleador de una empresa frutícola y a una empresa de trabajo temporal (ETT) como supuestos autores de cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores, cuatro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cinco por usurpación de estado civil y otro de coacciones y amenazas, hechos todos ellos ocurridos en la comarca altoaragonesa del Bajo Cinca.

A mediados del pasado mes de mayo, con motivo de la campaña de recogida de fruta de hueso en diversas localidades de la comarca, la Guardia Civil de Fraga ha venido estableciendo un dispositivo continuado, encaminado a la vigilancia y control de todas las labores agrarias anejas a dicha actividad.

En julio, y tras investigaciones llevadas por los agentes, pudieron averiguar que una empresa frutícola del Bajo Cinca, al precisar de abundante mano de obra para su temporada de recolecta, había acudido a los servicios de una ETT para la búsqueda de personal dispuesto a realizar dichas tareas de campo. Existía un número señalado de trabajadores que estaban en situación irregular, que recibían instrucciones para ocultarse o huir de su puesto de trabajo en el caso de recibir una inspección por parte de la autoridad laboral.

Así mismo, se pudo averiguar que esta empresa, a través de una persona que aportaba empleados a la misma y a su vez a la ETT, estaba proporcionando mano de obra en situación de necesidad y sin documentación para poder trabajar mediante suplantación de identidad de otras personas. Todas las partes implicadas tenían conocimiento de ello. Dicha persona gestionaba a las víctimas todos los trámites con la ETT, lo que le convertía en su nexo de unión, al tiempo que estaba deduciendo del sueldo un importe a cada uno de los trabajadores prevaliéndose de su situación precaria.

Explotación laboral

Los trabajadores eran captados con la promesa de conseguirles documentación legal en España y se les retenía su documentación personal para dificultar su libre movimiento. Así mismo, eran explotados laboralmente: carecían de contrato y contraprestaciones económicas por su trabajo, y excedían los límites legales en sus jornadas laborables, sin ningún tipo de descanso.

Además, las víctimas eran alojadas en viviendas carentes de mínimas condiciones higiénicas, sanitarias y de habitabilidad. Los agentes, junto con los Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca, comprobaron las pésimas condiciones bajo las que vivían.

Finalmente, efectivos de la compañía de Fraga procedieron a la detención de ocho personas e investigación del empleador de una empresa frutícola y a una ETT, como supuestos autores de los delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y coacciones y amenazas. Sus edades están comprendidas entre los 25 y 50 años y son vecinos de la comarca altoaragonesa y de Lérida.

La Guardia Civil de Fraga instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas junto con los detenidos en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Fraga. Los detenidos quedaron en libertad con cargos y los investigados tienen la obligación de presentarse a la autoridad judicial cuando estime conveniente.

Balance

Durante el balance de la campaña frutícola 2025 en la Comarca del Bajo Cinca, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha venido contando con diferentes unidades de la Compañía de Fraga, UOPJ, SEPRONA, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Unidad Aérea de la Zona de Aragón, Grupo de Caballería y Grupo de Reserva y Seguridad (ARS), se han llevado a cabo una treintena de inspecciones en colaboración con personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, así como tres operaciones policiales judicializadas, con un total de 5 personas detenidas y 3 investigadas por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Así mismo se han detenido a 14 personas por delitos de usurpación de estado civil y 4 por delitos contra la libertad y detención de 22 personas por requisitorias de diversos órganos judiciales del territorio español.

En el apartado de infracciones administrativas, se han levantado 24 actas por infracción a la Ley de Extranjería y 98 a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por registros u omisión de comunicaciones previstos para las actividades con transcendencia para la seguridad ciudadana.

La concejal de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha presidido hoy la reunión de la Mesa contra la Pobreza del Ayuntamiento de Logroño, encuentro en el que se ha abordado el dispositivo de acogida de temporeros para la campaña de la vendimia, que entrará en vigor a lo largo de los próximos días, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a estas personas.

Como es habitual cada año en La Rioja, los meses de septiembre y octubre generan una actividad excepcional relacionada con la recogida de la uva y el desarrollo de la vendimia, lo que implica la afluencia de mano de obra en busca de trabajo en un corto espacio de tiempo. En la reunión de la Mesa contra la Pobreza han participado también los representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica, Banco de Alimentos y Universidad de La Rioja, así como los portavoces de los distintos grupos municipales del Consistorio.

En dicho encuentro, se ha realizado un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la ciudad y las propuestas de actuación de cara al dispositivo de acogida de temporeros para la campaña de la vendimia que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos días. El Ayuntamiento trabaja para atender a esas personas en todas sus necesidades de la forma más óptima posible.

El objetivo es prestar los mejores servicios de acogida, de alojamiento, manutención y atención social a las personas temporeras sin recursos que acudan a Logroño en busca de empleo para la recogida de la uva, con la supervisión y control de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

El dispositivo habilitado ofrece servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención (desayuno, cena y almuerzo), recarga de móvil y se dará también servicio de acogida todos los días desde las 18,30 a las 7,00 horas.

“Este año vamos a procurarles además mayor intimidad y seguridad, de forma que la zona de taquillas para guardar sus enseres personales se va a ubicar en el recinto interior y también se va a mejorar la localización de la zona habilitada para tender la ropa”, ha apuntado Sainz.

El dispositivo se iniciará, aproximadamente, a mediados de septiembre y tendrá una duración estimada de un mes. Se trata de un servicio de carácter subsidiario para atender las necesidades básicas de todas las personas que acuden a trabajar a la vendimia y que requieren estos servicios.

Durante los últimos años, el dispositivo se ha ubicado en el Polideportivo Titín III de Logroño Deporte, que se habilita para que puedan pernoctar allí, con una previsión de 150 plazas. Este dispositivo es posible gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño que establece que la titularidad del programa corresponde al Consistorio.

Los servicios del Ayuntamiento son los que dirigen el dispositivo y coordinan al resto de unidades implicadas y la labor que desarrollan los voluntarios de Cruz Roja que se encargan de los desplazamientos de los temporeros y de la atención afectiva.

La Comisión de Flujos Migratorios ha informado esta mañana que, por primera vez, desde hace aproximadamente dos décadas en el sector agrícola, se ha tramitado un expediente de contratación en origen. En concreto, en una empresa ubicada en Alfaro para la campaña de fruta.

Tras incluir la empresa una oferta de trabajo para 50 personas en la Oficina de Empleo y diez personas aceptar el mismo, procedió a los trámites necesarios para la contratación en origen en Senegal de los 40 restantes. La incorporación se produjo a mediados de junio y estarán trabajando hasta el 30 septiembre.

Se trata de un contingente estable y no circular, es decir, solo tienen permitido trabajar en esta empresa, quien se encarga de asumir los gastos de viaje y el alojamiento. De esta forma, tras llevarse a cabo los trámites necesarios para hacer posible este primer procedimiento inicial para realizar el llamamiento de estas personas para su contratación en origen, en próximas campañas se facilita que estos mismos trabajadores puedan retornar a trabajar con la misma empresa, que ha manifestado su interés de que puedan ser contratados durante cuatro campañas.

Los miembros de la Comisión han agradecido la información recibida sobre la contratación de contingentes porque la contratación de mano de obra en campañas agrícolas, según han referido, es “cada vez más complicada”.

Durante la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios, se ha manifestado que se continuará con la experiencia piloto que se implantó en la anterior campaña para controlar las suplantaciones de identidad. En 2024, por primera vez acudieron en un mismo operativo Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, Policía Nacional y Guardia Civil con sistemas informáticos que permitieron comprobar in situ tanto las identidades como las altas en Seguridad Social, facilitando que se procediera de inmediato a actuar en los casos detectados como no regulares.

Miembros asistentes de la Comisión

La Comisión de Flujos Migratorios celebrada esta mañana ha estado presidida por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda. A la misma han asistido, por parte del Ejecutivo central, representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), SEPE, Trabajo e Inmigración, Seguridad Social y Agricultura. También ha participado el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, sindicatos agrarios, FER, Asociación de Bodegas Familiares, Federación Riojana de Municipios y entidades sociales.

Un equipo de investigadores de la Universitat de Lleida está monitorizando temporeros de la campaña de la fruta para estudiar cómo mejorar su hidratación y, por tanto, evitar algunos de los efectos de trabajar bajo altas temperaturas.

La investigación, que forma parte del proyecto Hidroponent, empezó ya la temporada pasada. En esa primera fase, se ha descubierto que la mitad de los temporeros trabajan en estado de deshidratación y que el 75% de ellos ha perdido sodio debido a una falta de agua prolongada. Esto, según los autores del estudio, podría derivar en problemas de salud crónicos como insuficiencia renal o problemas cardiovasculares.

En la segunda fase, que se ha desarrollado desde la segunda quincena de julio hasta la primera de agosto en los campos del municipio de Térmens, ha introducido una pauta de hidratación para reducir al máximo los efectos de las altas temperaturas en estos trabajadores.

Concretamente, están estudiando si proporcionar cada hora agua mezclada con electrolitos -es decir, sodio y potasio- es suficiente para mejorar el estado de deshidratación de los temporeros. Los investigadores explican que los resultados todavía no son definitivos, pero que estudios preliminares apuntarían a que estas pautas podrían dar resultado.

Los resultados del estudio servirán para elaborar recomendaciones a empresas y administraciones que ayuden a garantizar unas condiciones de trabajo más seguras y saludables en el campo, especialmente en episodios de calor extrema como los vividos este verano. De hecho, a principios de agosto un temporero de Lleida perdió la vida debido a un golpe de calor.

Un centenar de personas se ha concentrado este jueves por la tarde en Lleida para denunciar la muerte de Gheorghe Vranciu, el temporero de 61 años que murió el lunes en plena ola de calor mientras cogía fruta en Torres de Segre (Lleida).

La protesta ha sido convocada por una quincena de entidades sociales, encabezadas por Fruita amb Justícia Social, bajo el lema 'Basta de abusos en el campo'. Los convocantes han insistido en calificar el caso de “asesinato” y han denunciado que la muerte de Vranciu es consecuencia de un “modelo que antepone los beneficios a la vida de las personas”.

Por su parte, los familiares de la víctima han exigido que se haga justicia y que los responsables “lo paguen”. “No puede dejar morir a un hombre solo bajo un árbol”, han añadido.

El hijo del fallecido, Ovidiu, denunció en conversación con elDiario.es que la muerte de su padre fue así. “Le dejaron tirado en el suelo”, aseguró. Según explica, su padre “avisó de que se encontraba mal” alrededor de las dos de la tarde a su encargada, pero “no llamó a la ambulancia”.

Asegura que nadie de la empresa lo hizo hasta que los compañeros alertaron de nuevo del mal estado de Vranciu, más de una hora y media después.

No fue hasta alrededor de hora y media después del aviso de Gheorghe Vranciu, “sobre las 15.30h”, cuando los compañeros detectaron el mal estado de su padre y volvieron a dar la voz de alarma, cuenta Ovidiu Vranciu. “La encargada dijo al chófer que se llevara a mi padre a su casa, que se encontraba mal. Cuando llegó el chófer, en diez minutos, estaba convulsionando y echando espuma por la boca”, sostiene.

Falleció pasadas las 16 horas, según el informe preliminar de la causa de la muerte, al que ha accedido elDiario.es.

Vranciu, de origen rumano, trabajaba en la explotación agrícola en la que falleció a través de una ETT. En concreto, en la ETT Empleo Express para la empresa Agroalimentaria El Pla SL.

La Denominación de Origen Rioja comenzará en breve (el año pasado empezó el 21 de agosto) la vendimia afrontando un problema de falta de temporeros para realizar las labores en el campo, tal y como ha asegurado este martes el presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), Alfredo Sánchez.

De hecho, a finales de julio Randstad activó una campaña de contratación para cubrir más de 2.000 vacantes en el sector vitivinícola en toda España con motivo de la vendimia de 2025, según ha informado este jueves. La mayoría de los puestos se concentran en Galicia (más de 1.600 vacantes), aunque también se requiere personal en Castilla y León (más de 400), Aragón (más de 50) y La Rioja (más de 100).

Un problema que se lleva arrastrando hace años

El responsable de las cooperativas ha relatado cómo el sector lleva “años arrastrando este problema” y ha asegurado que “cada vez es mayor”. “Ahora mismo”, ha contado, “mucha gente nos tenemos que juntar para poder acceder a cuadrillas mayores”. Ha señalado cómo “la gente que siempre venía cada vez viene menos” y es algo a lo que se tiene que hacer frente con trabajos “que tienen que ser en diez o quince 15 días” y, por tanto, “apremian”.

Estamos en el momento en el que ya se están “planteando el inicio de vendimias” y, aunque en su caso particular ya tiene gente para los trabajos “hay gente quien está teniendo problemas·. Con respecto a cuándo empezará la vendimia, ha señalado que los datos que se manejan dentro del Consejo Regulador apuntan a un retraso, con respecto al año pasado, de unos siete u ocho días. ”Pero también hay que tener en cuenta que es una cosecha muy corta, por lo que la maduración entendemos que va a ser más rápida, así que yo diría que va a ser como el año pasado“, ha matizado.

Sánchez ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos. Encuentro en el que la titular de Agricultura ha reafirmado la colaboración del Gobierno de La Rioja con la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) para acometer un diagnóstico de la situación actual de las cooperativas agroalimentarias riojanas y una propuesta de adaptación y mejora de su modelo de negocio.

En el encuentro, la consejera ha ofrecido a FECOAR “coordinación, complicidad y trato directo” para afrontar juntos los retos del sector, porque “yendo de la mano tenemos más posibilidades de garantizar un futuro próspero”. La consejera ha señalado entre los principales retos “el relevo generacional, la disminución de la rentabilidad y las condiciones climatológicas adversas”, y ha añadido que el plan estratégico dirigido a las cooperativas, y que cuenta con el apoyo económico del Gobierno (75.000 euros), ejercerá de “hoja de ruta” para identificar todas las posibilidades del sector.