El viernes pasado celebrábamos el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. En una época en la que la lucha obrera parece haber perdido relevancia y los sindicatos no viven su mejor momento, sigue siendo necesario reivindicar el trabajo y los derechos de los trabajadores, defender mejores salarios y el acceso a los servicios sociales y a la vivienda, novedad, ésta última, de las proclamas de este año.

La fecha del Primero de Mayo es muy simbólica. Sirve para recordar la lucha de un grupo de sindicalistas de Chicago que, allá por el año 1886, fueron ejecutados por organizar una huelga para reivindicar jornadas laborales de 8 horas en la pujante industria norteamericana de finales del siglo XIX. Paradójicamente, a estos hombres valientes se les consideró mártires del sindicalismo, y su lucha dio lugar a la fiesta más universal (y nada religiosa, una señal del progreso de nuestra sociedad).

Hoy, en 2026, su lucha y la de tantos hombres y mujeres en todo el mundo, que, desde entonces hasta hoy, dieron su vida -en algunos casos, también, literalmente- por mejorar los derechos de las personas trabajadoras, merece todo nuestro reconocimiento. Gracias a ellos, hoy nuestra sociedad es más justa.

Vivimos una época en la que existen peligrosas corrientes reaccionarias que cuestionan algunos derechos conquistados con mucho esfuerzo, o la regulación de los mercados y las empresas, o pretenden bajar, todavía más, los impuestos que éstas pagan.  

Es obligado reivindicar el valor del trabajo frente a las rentas, demandar mejores salarios y más derechos

En tiempos de inmensos beneficios de las grandes empresas -baste como ejemplo el incremento del 11% en el beneficio anual del BBVA anunciado este jueves pasado-, con las bolsas subiendo exponencialmente -y los millonarios del mundo engordando sus cuentas y aumentando de forma vergonzante la desigualdad-, es obligado reivindicar el valor del trabajo frente a las rentas, demandar mejores salarios y más derechos.

Desde una óptica de izquierdas hay que reivindicar, el 1 de mayo, y durante todo el año, el valor del trabajo y defender a los trabajadores.

El peso creciente de las grandes empresas, los sueldos astronómicos de los dirigentes o los beneficios insultantes de los dueños, que disfrutan con las subidas de la bolsa, nos deben poner en alerta. A estos no debemos defenderlos, se defienden solos. Lo que debemos hacer es regular -de verdad- los mercados, subir los impuestos que pagan -en muchos casos por debajo de los de los trabajadores- y defender a la clase trabajadora. 

Una sociedad que progresa y que aspira a la justicia social, es una sociedad que busca la igualdad, que no deja a nadie atrás y que siempre honra a los valientes que la precedieron, a los que más nos valdría, de alguna forma, seguir en el ejemplo. 

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que este no es un Día del Trabajo cualquiera porque además de reivindicar mejoras salariales y un avance en derechos, hay que decir “alto y claro” que el Gobierno extremeño de PP y Vox “no nos representa” porque ha firmado un acuerdo que “discrimina” a la clase trabajadora.

De Miguel ha hecho estas declaraciones en la manifestación convocada por CCOO y UGT en Mérida, en la que también han estado los diputados de la coalición Nerea Fernández, Alba Soto, Francisco Llera, Juan Schirinzi, David Araújo y José Antonio González.

De Miguel ha indicado que Unidas por Extremadura va a “pelear” desde las calles porque a las personas migrantes que vienen a construir un país mejor “no se les va a dejar tirados, no les vamos a discriminar”.

Además, según ha informado Unidas en una nota, ha subrayado que este Primero de Mayo es “un día para gritar que nativa o extranjera somos la misma clase trabajadora” y ha aseverado que no van a dar “ni un paso atrás en los derechos conseguidos para todos y todas”.

En su opinión, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha equivocado con la firma de un acuerdo de gobierno “infame” que “avergüenza a un pueblo como el extremeño, un pueblo digno que debajo del brazo tiene siempre historias de emigración”. “Hoy se ha demostrado que la gente honesta y trabajadora está en contra de un acuerdo que nos avergüenza a todos los extremeños y extremeñas”, ha añadido.

El secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, ha aseverado este viernes que su partido no permitirá que el nuevo Gobierno extremeño, fruto del pacto entre PP y Vox, “acabe con el diálogo social” porque ese es el “hito” más importante que tiene la clase trabajadora para fortalecer sus derechos.

“Nos van a tener enfrente, nos van a tener en las calles reivindicando los derechos de los hombres y las mujeres de esta tierra”, ha manifestado el líder de los socialistas momentos antes de participar en Mérida en la tradicional manifestación del Primero de Mayo convocada por CCOO y UGT.

En declaraciones a los medios, ha aseverado que hay que estar “firmes y contundentes” en contra de las políticas “que este gobierno empieza a instaurar y empieza a atisbar” que, a su juicio, son las de “la finalización del diálogo social”.

Sánchez Cotrina ha aclarado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que el Primero de Mayo “no es un día de celebración, sino de reivindicación”, pues afirmar lo primero “es no conocer la historia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”.

Ha subrayado que el PSOE será el “garante” de los derechos de la clase trabajadora, algo que reivindican no sólo en la calle, sino también en la Asamblea, donde “vamos a ser un dique de contención contra las políticas de la derecha y la ultraderecha, que han llegado con fuerza al Parlamento pero que no ha llegado con fuerza a las calles”. “En las calles lo que están respirando y lo que están reivindicando y lo que están gritando es derechos y más progresismo”, ha concluido. 

Mejores salarios, vivienda digna y democracia han sido las reivindicaciones que UGT y CCOO han enarbolado este Primero de Mayo en Mérida, pero también el reparto de la riqueza y unos servicios públicos de calidad que, han advertido, no se sostienen bajando impuestos.

La capital extremeña ha sido escenario, como es tradicional, de la marcha central del Día Internacional del Trabajo en Extremadura, con un recorrido que partido al mediodía de la avenida José Fernández López para concluir en la plaza de España.

En ella se han dado cita un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, unas tres mil según los convocantes, encabezadas por una pancarta principal con el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', sostenida entre otros por las secretarias regionales de UGT y CCOO, Patro Sánchez y María Berrocal, respectivamente.

Al ritmo de batucada, la manifestación ha estado teñida de rojo, tono identificativo de ambos sindicatos, pero también de morado, el color de la igualdad y la lucha feminista, en banderolas a las que también se han sumado otras del colectivo LGTBI, alguna de Palestina y también republicana.

'Defender las pensiones ¡es cosa de todos!', 'Atención a la dependencia digna y de calidad', 'La prevención salva vidas' y 'Con mayor orgullo, al trabajo sin armario' son algunos de los mensajes que se han podido leer en otras de las pancartas acompañadas por proclamas como 'Derechos conquistados, nunca más pisoteados' y 'Vivienda digna, salario real'.

En declaraciones a los medios, la líder de UGT ha destacado que este viernes miles y miles de trabajadores saldrán a la calle para defender la democracia, la libertad y la reducción de la jornada laboral.

También para pelear por una nueva ley de prevención de riesgos laborales “que tenga en cuenta la salud mental” y por el reparto de la riqueza, pues “ya está bien que los ricos se lleven todo”.

Una bajada de impuestos, que no se criminalice a los migrantes, que no se recorten los fondos destinados a la cooperación internacional y que se sigan impulsando políticas de la mujer han sido otras de las reivindicaciones de la dirigente sindical. Ha expresado además su agradecimiento a todas las personas que han secundado la manifestación porque “nos hacen mucha falta”.

También lo ha hecho la secretaria regional de CCOO, María Berrocal, “porque es más necesario que nunca salir a la calle” para exigir salarios justos, democracia, vivienda digna y cooperación internacional.

En esta fecha, ha añadido, se debe reivindicar además la memoria histórica, la migración y las políticas sociales para que “el estado del bienestar no se destruya con la bajada de impuestos”.

“Defenderemos la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas sociales y, en definitiva, las políticas públicas tan importantes para esta ciudadanía extremeña en los momentos que tenemos con el pacto PP-Vox”, ha agregado tras la toma de posesión este viernes del nuevo gobierno extremeño integrado por estos dos partidos.

A la convocatoria han asistido, entre otros, el líder del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González, y el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. 

Las manifestaciones celebradas en la dos grandes capitales Canarias con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, se han convertido en un grito contra la guerra y sus consecuencias humanitarias y también económicas. Todo en un contexto de precariedad laboral y salarial, de encarecimiento de la cesta de la compra y de emergencia habitacional

Miles de personas han reclamado en Santander este viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, “salario, techo y tiempo” en la tradicional manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT, que ha recorrido el centro de la ciudad bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

La marcha ha partido de la calle Jesús de Monasterio y ha recorrido el centro de Santander para concluir en los Jardines de Pereda. Los manifestantes han realizado el recorrido bajo grandes pancartas en las que se han podido leer consignas como el lema de la manifestación, 'El futuro de Cantabria necesita de la industria' o 'Más industria, más empleo, más derechos'.

En declaraciones a los medios de comunicación previas al inicio de la manifestación, los secretarios generales de CCOO y UGT, Rosa Mantecón y Mariano Carmona, respectivamente, han reiterado las principales reivindicaciones de la misma y han reclamado solidaridad internacional, al lanzar un mensaje “por la paz y el fin de todas las guerras”. También han apostado por “mejorar las condiciones de vida de la gente, subir los salarios, reducir la estacionalidad, mejorar los derechos y el acceso a una vivienda digna”.

Además, han criticado a la patronal, a la que han calificado de “roñosa” por “oponerse” a la subida de los salarios y a la reducción de la jornada laboral. Y han querido mostrar que “el sindicalismo está fuerte, que la clase trabajadora está organizada y que va a salir a la calle para pelear por sus derechos convenio a convenio”.

En referencia directa al lema elegido este año por los dos sindicatos, muy relacionado con la actual situación internacional, los dirigentes sindicales han hecho una apuesta por la paz y han rechazado “los discursos supremacistas que no tienen sentido en el siglo XXI en un mundo gobernado por políticos sin escrúpulos” y “que están generando inestabilidad porque el Derecho Internacional está siendo cuestionado por un tarado”.

“Ya no se habla de la Agenda 2030, ya no se habla de las alianzas internacionales para solucionar los problemas de la gente, solo se habla de discursos de la extrema derecha que lo rechazan todo y no aportan ninguna solución”, ha afirmado el secretario general de UGT.

“Quieren recuperar la vieja jerarquía que había en este país”, ha subrayado su homóloga de CCOO en alusión a una extrema derecha, a la que ha critado por rechazar una regularización de la inmigración que “va a mejorar la vida de medio millón de personas que ya viven y trabajan aquí”.

En clave laboral y social, los secretarios generales de UGT y de CCOO en Cantabria han defendido los avances del diálogo social, que se siga incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y han apostado por la pendiente reforma del despido y del trabajo a tiempo parcial.

“Hay que seguir luchando por subir los salarios, hay que seguir luchando para que siga subiendo el SMI para los trabajadores y trabajadoras donde la patronal no quiere oír hablar de negociación colectiva porque aquí lo que hay es un problema de que algunos no quieren repartir la riqueza”, ha asegurado Carmona, que ha recordado que “en el mismo entorno de las administraciones públicas hay salarios muy bajos”

“Mucho criticaba la patronal las reformas del diálogo social pero con ellas se ha incrementado el empleo como nunca y han subido los salarios como nunca”, ha precisado Rosa Mantecón, que ha advertido de que “aun así no es suficiente y hay que seguir por subir más salarios para repartir la riqueza porque no existe un problema de recursos, con los crecientes beneficios empresariales que hay”.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria han aludido también a otro de los temas principales de las reivindicaciones del Primero de Mayo de ambos sindicatos, la vivienda, de la que han dicho que “lo que está pasando con la vivienda con sus precios de compra y de alquiler es inasumible” y han criticado que “no se ha aprendido nada de lo que sucedió con la vivienda en la crisis de 2006 y los alquileres sociales”.

Carmona ha apostado “por poner a disposición del Estado, las comunidades autónomas y la gente las viviendas y no como sucedió en su momento cuando terminaron en propiedad de los bancos para ser vendidas a fondos de inversión”, tras destacar que “hay que dejarse la piel para que la vivienda sea digna y asequible”.

Mantecón ha reclamado “un giro de timón” en la política de vivienda y medidas urgentes para las zonas tensionadas porque “la vivienda se ha convertido en un bien de especulación y no lo podemos aceptar bajo ningún concepto”.

Los dos dirigentes sindicales han reprochado también a la patronal CEOE que “hable de un absentismo laboral que no lo es” porque “los trabajadores y trabajadoras pierden la salud y parte de su salario con las bajas porque el problema es que no se está aplicando de manera estricta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Concentración en Reinosa

Al igual que en Santander, UGT y CCOO no han faltado a su cita con la concentración del Primero de Mayo en Reinosa, este año en el parque de Cupido, donde ambos sindicatos han leído un manifiesto conjunto con sus principales reivindicaciones, a las que se han añadido las relativas a la comarca de Campoo.

En el manifiesto, los dos sindicatos han lamentado que “el centro de salud de Reinosa continúe cerrado y que la sanidad en la comarca de Campoo siga la tónica regional y esté cada vez más deteriorada”.

Así, se han referido al Hospital Tres Mares, donde se ha destruido empleo por el empeño de la gerencia compartida con Sierrallana de “mirar únicamente la cuenta de resultados para poder continuar con sus estrategia de desmantelar la sanidad pública y justificar, así, la necesidad de conciertos con la privada”.

También han tenido palabras para el sector sociosanitario porque “para que nos cuiden bien, hay que exigir a los empresarios del sector una mejora en las condiciones laborales y salariales de las personas cuidadoras”.

En cuanto a la industria, que supone un 32,49% del empleo total de Campoo, CCOO y UGT han subrayado que hay buenas noticias en los últimos meses, ya que “las cuatro empresas más grandes (Reinosa Forgings & Castings, Gamesa, Sidenor y Cuétara) han conseguido mantener el empleo y, en algunos casos, también han aumentado la plantilla”.

El manifiesto se ha cerrado con los grandes retos que tiene Campoo, como atraer empresas que permitan fijar población, que el tren de alta velocidad tenga parada en Reinosa o la necesidad de un plan turístico para la comarca.

“Campoo se merece vivir, exigimos que se revierta el abandono al que llevamos décadas sometidos”, y que la clase política “ponga ganas y empeño para que nuestra comarca vuelve a ser un motor para Cantabria, tal y como lo fue en el pasado”, concluía el comunicado sindical.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO, junto a movimientos sociales de la Región, han protagonizado este 1 de mayo dos manifestaciones bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia', arrancando a las once de la mañana en la plaza de la Fuensanta de Murcia y en la plaza de España de Cartagena. Por primera vez, las tres secretarias generales de los sindicatos mayoritarios son mujeres: Teresa Fuentes (CCOO), Paqui Sánchez (UGT) y Julia Martínez (USO). 

Al ritmo de los tambores del grupo de batucada Kultrum han comenzado a recorrer la Gran Vía miles de personas llevando banderolas, pancartas y globos de color rojo de las distintas organizaciones sindicales.

Más de una decena de niños montados en karts han abierto el desfile: 'Formada y explotada', 'La maestra luchando también está enseñando', rezaban algunos de los carteles que portaban en el vehículo. “Es una forma de señalar que ellos son el futuro. También representan una forma de moverse por los derechos laborales”, ha explicado Nuria Sánchez, de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

“¡Aquí está la clase trabajadora; esta es la Murcia que madruga!”, “¡Sabic no se cierra!”, “¡Soy de la privada y estoy precarizada!” y “¡No más muertes por ir a trabjar!” han sido algunas de las proclamas que se han escuchado durante el recorrido por la Gran Vía. El año pasado 37 personas fallecieron en accidentes de trabajo en la Región, 28 durante su jornada y 9 'in itinere'.

Pablo, de 29 años, afiliado de UGT y Ruge, se ha mostrado preocupado al comienzo de la manifestación. El joven está acabando el grado superior de Informática de Formación Profesional: “El tema de la IA está ralentizando mucho la contratación, me ha costado encontrar las prácticas curriculares. A ver qué me voy a encontrar ahora que termino”.

Según un reciente informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicado con motivo del Día Internacional del Trabajo, en 2024 un 42% de trabajadores de la Región percibieron ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, siendo las mujeres las más precarizadas. 

Al mismo tiempo, las rentas del 0,01% más rico han crecido un 2.917% desde 2003, cuadruplicando la media nacional. Gestha retrata así una comunidad partida en dos velocidades, donde la riqueza generada se concentra en muy pocas manos. 

Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO, ha venido manifestando una idea clara: “Frente a quienes quieren enfrentarnos y dividirnos, el movimiento sindical responde con más derechos, más escudo social y más democracia”. La dirigente ha señalado la contradicción central del mercado laboral murciano: los salarios suben apenas un 2,73%, muy por debajo del conjunto del Estado, mientras que los márgenes empresariales superan el 13% y la productividad no deja de crecer.

Paqui Sánchez, secretaria general de UGT, ha incidido en la misma idea desde otra perspectiva y ha subrayado la necesidad de reivindicar el papel constitucional de las organizaciones sindicales en un momento en que, a su juicio, se intenta erosionar su legitimidad.

“Ni puesto de trabajo ni vivienda”

La vivienda es el otro gran frente. Según los estudios elaborados por los propios sindicatos para la convocatoria, en la Región de Murcia el precio de la vivienda usada ha subido un 22% en la última década, la nueva un 50%, y el alquiler se ha encarecido un 8,7% solo en el último año, golpeando especialmente a los jóvenes. CCOO sostiene que ese encarecimiento actúa como una esponja que absorbe cualquier subida salarial conseguida en la negociación colectiva.

Julia Mirete, responsable del sector de Limpieza de UGT, participa en la compañía de teatro del sindicato y anoche representó '¡Esa será mi casa!' en el Centro Cultural de la pedanía murciana de Los Ramos con un “lleno completo”. “Hacemos una crítica social con lo que está ocurriendo. Somos una pareja del pueblo que no tenemos medios para acceder a una vivienda en la ciudad y vamos comprando la casa trozo a trozo”.

“Es imprescindible que tengamos los salarios equiparados al nivel de la vida. La juventud no tiene acceso ni a un puesto de trabajo ni a la vivienda”, ha añadido.

Los sindicatos también han alertado también sobre el peligro de un “retroceso democrático” que avanza en paralelo al ascenso de las ultraderechas. Este Primero de Mayo es, por tanto, para estas organizaciones algo más que una reivindicación laboral: también una defensa del sistema de derechos construido desde la Transición.

Las manifestaciones celebradas en Canarias con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, se han convertido en un grito contra la guerra y sus múltiples derivadas, humanitarias y también económicas.

Todo ello en un contexto de precariedad laboral y salarial, de encarecimiento de la cesta de la compra y de emergencia habitacional.

Hay que recordar que, según el último Sociobarómetro de Canarias publicado en noviembre de 2024, la vivienda es el cuarto problema que necesita una solución “más urgente” en las Islas.

Tres de cada diez residentes isleños se ven afectados por problemas de exclusión social relacionados con el acceso a un hogar, detalla el último informe de la Fundación FOESSA.

Los altos alquileres asfixian a los inquilinos, miles de personas no pueden comprar una casa y cada vez más jóvenes se ven obligados a vivir con sus padres.

Además de las reivindicaciones genéricas, las ha habido gremiales: pensionistas, trabajadores de Correos, de RTVC, de la hostelería, bomberos forestales...

La jornada ha transcurrido con normalidad en las dos grandes capitales canarias, donde miles de personas han recorrido las calles con banderas, algunas palestinas; pitos, batucadas y alguna bengala.

En las pancartas, se han podido leer mensajes como “Sus guerras no las pagamos”, “No es inflación, es saqueo de los monopolios”, “Española o extranjera, una misma clase obrera”, o “Al monopoly se juega en el tablero”, en alusión a la crisis habitacional.

El secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, ha indicado que este Primero de Mayo “no es una fiesta, como la mayoría cree”, sino un día para reclamar mejores salarios y “dignidad” en el trabajo y en el acceso a la vivienda, así como para lanzar “un mensaje rotundo de No a la guerra”.

Carlos Velázquez, secretario de organización de Intersindical Canaria en Tenerife, ha reivindicado el estatuto de neutralidad de Canarias ante al “círculo vicioso expansionista” de la OTAN, y también acción frente a los “precios escandalosos” del alquiler y de la compra de viviendas.

Asimismo, ha reclamado mejoras en las condiciones laborales, en tanto en cuanto “en esta tierra sigue habiendo trabajadores pobres”.

También en clave local, Navarro (UGT) ha señalado que además de generar más empleo, lo que cree “se está haciendo más o menos bien”, queda mucho trabajo por “dignificar el trabajo”, teniendo en cuenta que “seguimos teniendo los segundos peores salarios del país y unas condiciones de precariedad en cuanto a horarios, turnos y seguridad laboral”.

“Esa es una tarea fundamental para los próximos años”, ha remachado Navarro en la manifestación celebrada en Santa Cruz de Tenerife, donde la Federación Sindical Canaria (FSC) ha realizado una movilización al margen del resto de organizaciones sindicales por diferencias de “estrategia, posiciones, convenios y mejoras”.

En FSC aseguran que desde su nacimiento hace cuatro años han solicitado al resto de sindicatos su integración “en una manifestación unitaria”, pero tanto CCOO como UGT lo han rechazado.

El lema principal de su manifestación ha sido No a la guerra, dada la dependencia económica del turismo y la inestabilidad internacional derivada del conflicto bélico en Oriente Medio en cuanto a su afección en las reservas de queroseno, que se podría trasladar a la llegada de visitantes a las islas.

En Las Palmas de Gran Canaria, la secretaria general insular de CCOO, Esther Ortega, ha señalado que pese a que este año la convocatoria coincide con un festivo unido a un puente, lo que dificulta la participación, más de 15 organizaciones sindicales y sociales con “conciencia de clase” han decidido salir a reivindicar “una vida digna y por mejorar las condiciones laborales en Canarias”.

Ortega ha explicado que las reivindicaciones se articulan en torno al rechazo a la guerra y sus efectos económicos, como el encarecimiento del combustible y de la cesta de la compra, y la situación de la vivienda, que ha pasado de ser “un derecho de la clase trabajadora a ser una mercancía”, y del mercado laboral, marcado por la precariedad, los bajos salarios y la largas jornadas.

En la manifestación en la capital grancanaria ha participado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha subrayado que el PSOE de Canarias acompaña la movilización “para seguir avanzando en derechos” y hacerlo “con la democracia y la palabra como únicas armas”.

El también secretario general del PSOE Canarias ha advertido de la existencia de gobiernos “de otros colores políticos” que, a su juicio, mantienen posiciones contrarias a los derechos laborales, y ha puesto de ejemplo acuerdos como el alcanzado en Extremadura entre PP y Vox para retirar subvenciones a los sindicatos al revindicar el apoyo público a las organizaciones sindicales.

El ministro ha criticado el voto en contra del Partido Popular al Real Decreto-ley que prorrogaba los contratos de alquiler, al considerar que va “contra miles de familias” y contra el acceso a un derecho constitucional, y ha indicado que desde el PSOE están trasladando al Gobierno de Canarias medidas concretas para que el precio de la vivienda y del alquiler “puedan ser asequibles y accesibles” para los trabajadores y trabajadoras de las islas.

En redes sociales, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha escrito un mensaje en el que recalca que “hay logros conseguidos pero existen retos importantes” pendientes como “la estabilidad laboral y la distribución general de la riqueza de los sectores productivos”.

Y para ello, añade, “es clave seguir apostando por el diálogo y los acuerdos para que el trabajo permita vivir mejor”.

El vicepresidente canario y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha utilizado la misma vía de comunicación para proclamar que “nuestra tierra sigue avanzando y los últimos datos de empleo reflejan una evolución positiva, fruto del trabajo conjunto de empresas, autónomos, trabajadores e instituciones”.

“Y ese debe seguir siendo el centro de nuestras políticas: construir una Canarias con más oportunidades, más derechos y un futuro mejor para todos”.

Cientos de personas han salido a la calle en Lugo, en el acto central convocado por el sindicato CIG con motivo del Primero de Mayo, y han clamado contra el imperialismo, el aumento del militarismo y la “criminalización” de la clase trabajadora que cae enferma. El secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ha recordado que el lema de la movilización de este año es 'Contra el imperialismo, por la paz y por la soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos'. Así, ha recalcado que la guerra promovida por el “capitalismo neoliberal” pretende imponer la “hegemonía” de Estados Unidos, y agrava la “situación crítica” que padecen los trabajadores, también los gallegos.

La central sindical, primera de la comunidad por número de afiliados y de delegados sindicales, cambió a última hora la ubicación de su manifestción central, de Vigo a Lugo. Lo hizo tras el anuncio de moción de censura en Lugo, impulsada por el Partido Popular y una concejala tránsfuga exsocialista, contra el gobierno bipartito de PSOE y BNG. Carril lo recordó en declaraciones a los medios de comunicación: “Queremos denunciar la carrera de ”carrera de autoritarismo, de golpismo del PP y del gobierno gallego“.

A juicio del sindicalista, el partido gobernante en Galicia, el PP, está “más preocupado” por “compartir una agenda con Vox” que por la clase trabajadora, a la que “criminaliza” cuando cae enferma. Se refería a la campaña lanzada hace unas semanas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para limitar el derecho a abaja de los trabajadores. Rueda ha jugado a confundir las bajas médicas con el absentismo y, sin apoyarse en ningún dato, ha asegurado una y otra vez que las empresas gallegas tienen “un problema”. Lo que sí dicen los datos es que Galicia es la segunda comunidad donde los trabajadores cogen menos bajas pero está entre las que sufren más accidentes laborales. La atención primaria se encuentra al borde del colpaso -lo denuncian profesionales y usuarios; es la segunda, tras Madrid, con menos inversión- y las listas de espera de la sanidad son elevadas.

Centenares de personas han salido a las calles este viernes, Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, en varias ciudades de Castilla-La Mancha, convocadas por CCOO y UGT, para reivindicar “derechos, no trincheras”, plantar clara a quienes defienden los discursos de odio desde la ultraderecha, pedir un acceso digno a la vivienda, defender los derechos humanos y solicitar “mejores salarios y democracia”.

La de Toledo ha sido una de las movilizaciones más numerosas y también la que primero ha arrancado en toda Castilla-La Mancha. Alrededor de un millar de personas han recorrido el trayecto desde el Paseo de Recaredo hasta la Plaza de Zocodover, encabezadas por la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT, Isabel Carrascosa; y el dirigente provincial de CCOO, Federico Pérez.

Tradicionalmente, este recorrido se realizaba desde la Plaza de Toros, pero este año el itinerario se ha modificado debido a las obras en el Paseo de la Vega, colindante con la Puerta de Bisagra. Esto no ha impedido que la movilización toledana se haya convertido en un crisol de reivindicaciones.

Tras la cabecera sindical, se ha unido a la protesta una representación de las trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años de Castilla-La Mancha, quienes tienen previsto unirse a la huelga general y movilizaciones estatales el próximo 7 de mayo. El paro afectará al personal laboral de los centros del primer ciclo de educación infantil en toda España y está convocado por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) con el respaldo jurídico de la Confederación General Del Trabajo (CGT).

Exigen que se consolide una red pública, gratuita y unificada de escuelas infantiles “para universalizar la educación temprana, garantizando plazas accesibles y de calidad”. La plataforma pide integrar centros bajo un mismo marco, con gratuidad total o subvenciones altas por parte del estado, promoviendo la igualdad de oportunidades desde el nacimiento.

Tras este colectivo también se ha manifestado la Unión Popular de Estudiantes (UPE), uno de los bloques más numerosos de la protesta, que ha coreado lemas como: “Ni recortes, ni precariedad. El hijo del obrero, a la universidad”.

De igual forma, se han unido a la movilización de Toledo asociaciones por una vivienda digna, así como plataformas contra la guerra en Irán, contra el genocidio en Gaza (con numerosas banderas palestinas) y en defensa de los derechos humanos o contra el bloqueo de Estados Unidos en Cuba.

En la provincia de Ciudad Real, los sindicatos han decidido ceder el protagonismo a otras dos grandes ciudades, en vez realizar la protesta en la capital. Así, en Puertollano, localidad con una dilatada historia obrera, se ha celebrado la manifestación autonómica desde la glorieta Virgen de Gracia hasta la Concha de la Música.

En esta movilización han estado presentes la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, y el secretario regional de CCOO, Javier Ortega. También ha asistido la ministra de Vivienda y ex alcaldesa de esta localidad, Isabel Rodríguez.

Por su parte, en Alcázar de San Juan, la gente también ha tomado las calles desde la calle Cruz Verde hasta la histórica estación de ferrocarril de la ciudad.

La participación en Albacete también ha sido muy numerosa y se ha llevado a cabo desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez, con una amplia representación del colectivo feminista de la ciudad.

En Cuenca, la manifestación convocada por ambos sindicatos ha partido desde la estación de ferrocarril hasta la Plaza de España.

Finalmente, en Guadalajara, la manifestación ha transcurrido desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia. En este caso se han sumado colectivos LGTBOQ+ y por la defensa de los servicios públicos.

La minería vuelve a marcar el Primero de Mayo en el Principado de Asturias como tantos años lo ha hecho desde hace décadas. La polémica sobre las responsabilidades políticas por el accidente minero de Zarreu que costó cinco vidas, y que han dividido a partidos y sindicatos, han sobrevolado las reivindicaciones de esta jornada. Además cuatro mineros permanecen encerrados desde hace más de una semana en una mina del concejo de Ibias ante la crisis de la empresa e impago de salarios.

El caso de 'Las seis de la Suiza', las seis sindicalists condenadas por una acción sindical en Gijón e indultadas por el Gobierno, han sido el otro asunto de la jornada tras conocerse que el Tribunal Supremo ha admitido un recurso contencioso contra los indultos promovido por la familia asturiana dueña de la pastelería donde ocurrieron los hechos por los que fueron condenadas. Este caso conllevó una insólita unidad de acción sindical que denunció que las condenas suponían vulnerar el derecho de protesta laboral y abrían un escenario incierto.

Gijón ha sido el escenario de la manifestación principal convocada por UGT y CCOO, en la que se ha reivindicado “unidad, sindicalismo y democracia frente al odio, la precariedad y la desigualdad”. Los sindicatos han centrado sus reivindicaciones en la mejora de los salarios para hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, reclamando subidas acordes al coste de la vida y el refuerzo de la negociación colectiva.

Otra de las principales demandas expuestas ha sido el problema de acceso a la vivienda, señalando las dificultades crecientes, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras, y reclamando políticas públicas que limiten los precios y aumenten la oferta de vivienda asequible.

En materia laboral, han pedido medidas contra la precariedad, con especial atención a la temporalidad y a las condiciones de sectores más vulnerables, así como el refuerzo de los servicios públicos y del Estado del bienestar. También han insistido en la necesidad de reducir la jornada laboral sin merma salarial, defendiendo un reparto más equitativo del tiempo de trabajo y una mejora de la calidad de vida.

CCOO y UGT han insistito en vincular todas estas reivindicaciones a la defensa de los derechos sociales y democráticos, en un contexto de crecimiento de la ultraderecha en el que consideran necesario mantener la movilización para evitar retrocesos democráticos.

Mineros encerrados en Tormaleo

Cuatro mineros de la Mina Miura, ubicada en la localidad de Tormaleo, en la comarca suroccidental de Asturias, han celebrado hoy la fiesta del Primero de Mayo encerrados por noveno día consecutivo a 300 metros de profundidad para exigir el pago de las nóminas que les adeuda desde hace un año la empresa Carbones La Vega, propietaria de la explotación.

Después de que un quinto trabajador abandonase la protesta por las duras condiciones del encierro, sus cuatro compañeros -Héctor López Lago, Héctor Pérez Fernández, Santiago González Álvarez y José María Pérez Pereira- han asegurado encontrarse bien de ánimo tras recibir el respaldo de varios centenares de personas congregadas en la bocamina de la explotación convocados por el SOMA-FITAG-UGT.

“De ánimo estamos bien, aguantamos. La salud va pasando factura por el frío y la humedad pero hay que seguir. Estamos aquí con la intención de conseguir algo y no vamos a cejar, pero hay que seguir en la lucha”, ha afirmado Pérez Pereira, que ha agradecido el “espectacular” apoyo que están recibiendo tras salir unos minutos del pozo para reunirse con los concentrados y recibir su respaldo en forma de abrazos y ánimos.

El secretario general del sindicato minero de la UGT, José Luis Alperi, pese a percibirlos con ánimo para mantener la protesta, ha mostrado no obstante su preocupación por los cuatro trabajadores. “Son mineros, nadie les va a decir lo que hay en el sitio donde están encerrados: agua y frío”, ha subrayado tras advertir de que son perfectamente conscientes de las medidas de seguridad necesarias.

Se trata de un Primero de Mayo “diferente”, ha apuntado Alperi, cuyo sindicato optó por trasladar la conmemoración a este pequeño pueblo del concejo de Ibias en lugar de sumarse a la manifestación convocada por UGT y CCOO en Gijón, a la vez que ha defendido que se cumple así con el “espírítu” de esta celebración, “que es estar allí donde los trabajadores tienen problemas”.

El dirigente sindical ha considerado sorprendente que en pleno siglo XXI un grupo de trabajadores tengan que seguir movilizándose por algo “tan básico” como cobrar sus salarios en una fecha histórica para el movimiento obrero que reclamaba en sus inicios en el siglo XIX el logro de las ocho horas de jornada diarias.

El horizonte para el conflicto se sitúa ahora, según Alperi, en el juicio previsto para el próximo 5 de junio después de que la empresa solicitase el pasado 13 de abril el preconcurso de acreedores y mientras tanto sin haber avances sobre el cobro de los salarios pendientes en una explotación en la que se está dando la circunstancia, ha subrayado, de que hay “un empresario a la fuga y un director facultativo a la fuga”.

Después de que el Gobierno asturiano haya propuesto una sanción de 3.000 euros a la empresa y una suspensión de funciones a su director facultativo de seis meses, el dirigente sindical le ha exigido que “haga más” dado que trata una concesión adjudicada por la administración autonómica, que debería protegerla para garantizar la continuidad de la mina “en una zona donde es muy difícil encontrar otro trabajo”.

“Hay que traerlos de las orejas y preguntarles a las claras qué tienen previsto hacer con esta explotación”, ha subrayado el secretario general del SOMA-FITAG-UGT respecto a una empresa paralizada por el cambio de propietario de la explotación, que adquirió los derechos mineros el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar las nóminas adeudadas y retomar la actividad sin que haya cumplido su promresa.

Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco trabajadores en una explosión en marzo del pasado año, un suceso que aún está bajo investigación judicial.

La explotación minera de Tormaleo recibió de dos inspectores del Servicio de Minas que instaron a los trabajadores a abandonar de manera voluntaria el encierro al no estar garantizada su seguridad y les alertaron de los riesgos derivados de la falta de supervisión técnica al carecer de dirección facultativa.

Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado en este Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y han reivindicado unas condiciones laborales “dignas” para los trabajadores. La manifestación ha partido, a las 11.30 horas, desde la sede de ambos sindicatos, en la calle Tudela, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en el Bosquecillo, donde se han programado una jornada festiva, con música e hinchables.

La marcha, tras la pancarta con el lema 'Salarios, vivienda y democracia', ha sido encabezada por los dirigentes de UGT y CCOO en Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo, respectivamente. Entre los asistentes, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, o la portavoz parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu, entre otros, informa Europa Press-

Antes del comienzo, el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “no a la guerra y sí a la paz, no a la discriminación y sí a incrementar salarios, sí a mejorar el precio de la vivienda, sí a la salud laboral, sí a la democracia”. Según ha expuesto, “vivimos unos tiempos de incertidumbres, con guerras que lo que hacen es atacar a los más vulnerables, vulnerar derechos fundamentales”. “En esas guerras los que salen siempre pagando el pato son las trabajadoras y las personas vulnerables y por tanto tenemos un mensaje muy claro hacia la sociedad en general: no a la guerra y sí a la paz”, ha insistido.

Ríos ha señalado que “hemos vivido tiempos en los que hemos conseguido avances, mejorar la temporalidad, mejorar de forma importante el SMI, hemos conseguido sostener las pensiones, avances importantes..., pero queda mucho por lograr”. “Hoy los trabajadores no siempre pueden llegar a final de mes con sus salarios”, ha dicho, para subrayar que “no puede ser que los trabajadores gasten la mitad del salario o más en la vivienda, no puede ser que haya 14 personas que el año pasado perdieran la vida y no puede ser que tengamos por delante un cuestionamiento de la democracia, la ultraderecha es incompatible con los derechos de los trabajadores, solo busca recortar, discriminar...”. Frente a ello, ha dicho, “el mensaje del sindicalismo confederal es más democracia, más cohesión social, no a la guerra y sí al futuro”.

Por su parte, Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra, ha defendido que “hoy es un día de reivindicación, un día importante para la clase trabajadora, en el que tenemos que reivindicar un trabajo digno, unas condiciones dignas y una vivienda digna”. “Estamos trabajando desde el sindicalismo confederal para la regularización extraordinaria de los migrantes, ya vale de trabajar sin derechos, ya vale aprovecharse del más débil”, ha afirmado, para indicar que esta petición es “un enfrentamiento claro contra la ultraderecha mundial, europea y española”.

Romeo ha comentado que “tenemos que reivindicar los accidentes laborales y darle una vuelta de tuerca para que no pase esto; reivindicar los coeficientes reductores tanto en el transporte para que no haya más muertes en la carretera, como en la construcción”.

ELA y LAB por el SMI propio

Por su parte el sindicato ELA se ha manifestado en Pamplona bajo el lema 'LGS 1.500. Jo ta ke hemen erabaki arte' ('SMI 1.500. No pararemos hasta conseguirlo'), en una jornada en la que, como el año pasado, ha vuelto a reivindicar el derribo del Monumento a los Caídos antes de comenzar la manifestación. La marcha ha partido pasadas las 11.30 horas desde la Plaza de la Libertad, junto al Monumento a los Caídos, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en la Plaza del Ayuntamiento. Antes del inicio de la manifestación, el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, ha señalado que la reivindicación principal del sindicato este viernes es “conseguir un salario mínimo propio de 1.500 euros y así le estamos dando continuidad a la reivindicación de la huelga general del 17 de marzo”. Según ha indicado, “desgraciadamente en el Parlamento de Navarra PSN y Contigo-Zurekin decidieron sumar sus votos al PP y Vox en contra de esta reivindicación”. Por ello, ha pedido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que “marque distancia respecto a la posición centralista de UGT y CCOO y que reivindique que Navarra sume una competencia con la que, en caso de conseguirla, estaríamos mejorando las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables como pueden ser las personas migradas y las mujeres”.

El sindicato LAB ha reivindicado una “vida digna” para todos así como un salario mínimo de 1.500 euros para Navarra. La marcha ha comenzado a las 12 horas desde la Plaza del Castillo, con el lema 'Bizitza duina denontzat' ('Una vida digna para todas y todos'). En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha señalado que “este Primero de Mayo es un día aquí y en el mundo entero de movilización y lucha en favor de los derechos y de las reivindicaciones de la clase trabajadora”. “Así queremos felicitar a las trabajadoras del sector de residencias que han conseguido el primer convenio navarro de residencias, que mejora sus condiciones de vida, de trabajo y sobre que es un ejemplo para la clase trabajadora navarra para entender que, si peleamos, vamos a adquirir grandes logros”, ha dicho, para afirmar que “si en Navarra negociamos, las condiciones son mejores respecto al Estado”.

La manifestación del 1 de mayo se ha celebrado en Málaga con la concurrencia de ministras de los dos partidos del Gobierno de coalición, los líderes estatales de los dos grandes sindicatos y candidatos de la izquierda en los próximos comicios andaluces, que han compartido dos ejes claros: de un lado, la necesidad de políticas que frenen el deterioro material de las condiciones de vida, con el foco puesto en el acceso a la vivienda y la precariedad de los servicios públicos básicos (sanidad, educación, dependencia), ejemplificados en Málaga; y la alerta ante el ascenso de la ultraderecha, encarnada por Vox, que el próximo 17 de mayo aspira a importar a Andalucía su concepto de “prioridad nacional”, condicionando la formación de gobierno. De ahí, que el lema de la manifestación fuera “Derechos y no trincheras: salarios, vivienda y democracia”, y una de las consignas más coreadas “Prioridad nacional: salarios y vivienda”.

Miles de personas han recorrido el Centro de Málaga, desde Muelle Heredia (donde su ubican las sedes de UGT y CCOO) hasta la Plaza de la Constitución, en un ambiente reivindicativo, pero también festivo, y sin incidentes. En la marcha, el ya clásico cartelón de Juan Manuel Moreno cegado con el parche pirata del euro, y consignas que subrayaban la ausencia de los líderes del PP.

Antes de la marcha, junto al colegio público García Lorca, han hablado los líderes de los sindicatos convocantes, y también la ministra de Trabajo, que no ha dejado de asistir a las manifestaciones del Primero de Mayo en todos estos años.

Díaz ha puesto el foco en la vivienda, prometiendo que relanzarán el Decreto antidesahucios, cuya prórroga decayó en el Congreso con los votos en contra de la derecha. “Salimos también para defender el Decreto que las derechas tiraron en el Congreso. Gracias a ese decreto se pudo renovar los contratos revalorizándolos al 5%. Tenemos Gobierno para decirle a la gente que vive de alquiler que lo vamos a volver a hacer”.

CCOO y UGT han convocado más de un centenar de manifestaciones para hoy 1 de Mayo, Día del Trabajador, con el fin de reivindicar en las calles la mejora en el acceso a la vivienda y de los salarios, así como para trasladar su 'No' a la guerra ante los afanes “imperialistas” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Foco en la vivienda y los salarios

El acto central de este 1 de mayo se ha celebrado en Málaga por primera vez, con la presencia de los secretarios generales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y la de Inclusion Social y Seguridad Social, Elma Saiz, además de María Jesús Montero, ahora candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y del candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Los líderes sindicales han prometido el apoyo de sus organizaciones a una eventual movilización por la vivienda. “Es una vergüenza que el Congreso impida que personas con un alquiler puedan seguir en sus viviendas. Con ese voto [en referencia al voto del PP, Vox y Junts contra la prórroga del Decreto antidesahucios] hay mucha gente que está siendo expulsada de sus casas”, ha lamentado Álvarez.

Sordo ha reclamado la construcción de dos millones de viviendas asequibles en la próxima década y medidas eficaces que impidan la especulación o el uso turístico de las casas, acusando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de aprobar medidas que priman el negocio por encima del derecho a un techo.

La otra reclamación está en los salarios y las condiciones laborales. Tanto Díaz como los líderes sindicales han llamado a la patronal a compartir con los trabajadores los beneficios que derivan del crecimiento económico del país, a través del cumplimiento del SMI y con la renegociación de los convenios colectivos.

“Las empresas están ganando dinero como hace tiempo que no se veía, un 13% más, y tenemos que conseguir que eso se traslade a los salarios”, ha reclamado Álvarez, Secretario General de UGT, mientras Sordo lamentaba que las alzas salariales de los últimos años tienen un efecto menor por la inflación y el crecimiento desmesurado de los precios de la vivienda.

El factor electoral

Díaz ha defendido la conveniencia de trasladar el acto a Málaga, “la capital del turismo,que conoce bien la explotación”, ha dicho. Antes, Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, había expuesto los datos de la precariedad de la provincia, donde hay 14.000 trabajadores que no llegan al SMI, cada vez más no encuentran casa y los despidos atoran los juzgados, con más de 26.000 personas esperando un juicio que se puede demorar ocho años. “Málaga crece dejando un daño irreparable a la clase trabajadora malagueña”.

La elección tiene un peso simbólico, pues Málaga condensa la crisis en el acceso a la vivienda que golpea a todo el país, pero también electoral, con los comicios andaluces a la vuelta de la esquina.

Por el acto de los sindicatos han pasado los candidatos María Jesús Montero (PSOE) y Antonio Maíllo (Por Andalucía). La candidata socialista ha llamado a los andaluces a elegir “qué modelo quieren”, mientras Maíllo ha criticado a Moreno por gobernar “para los suyos”, los “extractivistas”, dejando sin ejecutar 1.500 millones de euros para políticas activas de empleo. El candidato de la coalición ha prometido usarlos parareg los más vulnerables y limitar los precios de la vivienda declarando zonas tensionadas del alquiler lugares como Málaga.

La decisión de trasladar la gran manifestación del 1 de mayo desde Madrid ha escocido al PP, donde se ha interpretado como un reto de los sindicatos a las puertas de las elecciones del próximo 17 de mayo. Este viernes es, de hecho, el primer día oficial de campaña electoral, y está prevista la presencia de Pedro Sánchez con la candidata socialista María Jesús Montero en Cártama, a veinte minutos de la capital. Montero, como Díaz y Sáiz, estuvo en la manifestación.

Con todo, el origen del resquemor entre los populares obedece a un componente histórico, y no tanto demoscópico. Entre los fracasos que jalonaron hasta 2018 la historia electoral del PP en Andalucía está la amarga victoria de Javier Arenas en 2012. Pese a perder las elecciones por primera vez, los socialistas aguantaron el envite pactando con IU y conservaron el poder seis años más, mientras el PP se lamía las heridas. En la dirigencia de aquel viejo PP lo tuvieron claro: la movilización sindical había sido uno de los factores que desestabilizaron la contundencia de su victoria hasta hacerla pírrica e insuficiente. Aquel Primero de Mayo de 2012 estuvo precedido de una fenomenal movilización contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, impulsada, como hoy, por UGT y CCOO.

Sin embargo, la capacidad movilizadora de los sindicatos parece hoy lejana de la que exhibieron hace 14 años. En este tiempo en San Telmo, Moreno ha cultivado el trato con las dos grandes centrales sindicales, suscribiendo media decena de grandes acuerdos. Los líderes sindicales andaluces admiten que el trato con el líder de los populares hoy es mucho mejor del que pudieran tener con Arenas y el contexto social, a pesar de la emergencia habitacional y la amenaza latente de Vox, no remite al impacto brutal de la crisis económica de la primera mitad de la pasada década.

Vox y la vivienda en Andalucía

Con todo, los sindicatos subrayan esos dos factores, hoy especialmente acusados en Andalucía, como palanca de la movilización. De un lado, la crisis de la vivienda, la segunda gran preocupación de los andaluces (según el CENTRA, el CIS andaluz).

En Andalucía, muchas familias dedican en torno al 40% de sus ingresos a pagar un techo, porcentaje que ronda en muchos casos el 50% en ciudades como Málaga, donde los precios se han disparado en el último lustro: son un 70% más caros en alquiler y un 80% en compra, según Idealista. Una de cada cuatro familias tiene problemas de exclusión vinculados a la vivienda, según FOESSA.

UGT, CCOO y otras organizaciones han presentado hace diez días una Iniciativa Legislativa Popular en Andalucía que plantea el reconocimiento de la vivienda como un derecho subjetivo exigible y un servicio de interés general alejado de las dinámicas del mercado y la especulación, para “revertir así un modelo que ha convertido este derecho en un mecanismo de extracción de rentas”.

El otro factor es la posibilidad de que las políticas de Moreno se agudicen con la entrada de Vox, que acaricia la idea de extender a Andalucía las concesiones que ya ha logrado del PP en Extremadura, Aragón y, próximamente, en Castilla y León.

El Gobierno de Moreno ha sido “fiel a su ideología conservadora” y ha avanzado hacia la privatización de la sanidad pública, de la educación y las universidades, o de la dependencia, observa Oskar Martín, Secretario General de UGT-Andalucía, en un artículo publicado hoy en elDiario.es en Andalucía. Y a la puerta de San Telmo espera Vox con un paquete de medidas regresivas: “No olvidemos que fue nuestra comunidad, la primera, en la que la ultraderecha alcanzó un pacto parlamentario y dio estabilidad a un gobierno de derechas que aceptó aplicar medidas antifeministas, antisindicalistas y paralizó la memoria histórica”, recuerda el líder sindicalista en ese texto.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que este viernes, Día Internacional del Trabajo, “celebramos a quienes hacen avanzar Extremadura con su esfuerzo diario”. 

“A los que madrugan, a los que emprenden, a los que cuidan, a los que enseñan, a los que construyen futuro con sus manos y su talento”, ha escrito en su perfil en la red social X.

También ha tenido palabras de reconocimiento para “quienes no salen en los titulares, pero sostienen esta tierra cada día”. 

“Seguiremos a vuestro lado. Gracias por construir nuestro presente y nuestro futuro”, concluye su mensaje.

Este 1 de mayo volvemos a alzar la voz por quienes sostienen cada día este país con su trabajo. Para quienes hemos dedicado la vida a la defensa de los derechos laborales, esta fecha no es solo simbólica. Es memoria, es lucha y es, sobre todo, una llamada urgente a no conformarnos.

Podemos sentir orgullo por lo conseguido. La reducción de la temporalidad, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o algunos avances en conciliación no son regalos. Son el fruto de décadas de esfuerzo colectivo, de personas que no nos hemos resignado y que hemos luchado por una vida más digna. A ellas les debemos lo que hoy tenemos.

Pero no basta. No podemos mirar hacia otro lado mientras demasiadas personas siguen atrapadas en la precariedad, mientras los salarios no alcanzan para vivir con dignidad y acceder a una vivienda se convierte en un privilegio y no en un derecho. No podemos aceptar que el trabajo siga siendo, para muchos, sinónimo de incertidumbre, especialmente para jóvenes y mujeres.

La realidad exige decirlo con claridad. El mundo del trabajo ha cambiado y las organizaciones sindicales deben cambiar con él. Su papel sigue siendo imprescindible, pero necesitan recuperar cercanía, credibilidad y fuerza. No pueden permitirse aparecer alejadas de quienes representan. No pueden perder el pulso de la calle ni de los centros de trabajo.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social

El 1 de mayo no puede quedarse en una jornada de gestos o palabras previsibles. Debe ser un punto de inflexión. Un momento para exigir más y mejor, para defender una negociación colectiva valiente que no esquive los conflictos reales. Debemos reclamar transparencia y renovación en las organizaciones, porque el diálogo social solo tiene sentido si pone en el centro a la persona trabajadora.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social. Porque cuando los sindicatos se debilitan, los derechos retroceden. Y cuando el trabajo pierde dignidad, la democracia se resiente.

Este 1 de mayo no es una fecha más en el calendario. Es una advertencia y es un compromiso. Advertencia de que lo conquistado puede perderse si no se defiende cada día. Compromiso de no aceptar la precariedad como norma ni la desigualdad como destino.

No hay justicia social sin derechos laborales. No hay futuro digno sin trabajo digno.

Que este 1 de mayo se convierta en impulso, en exigencia y en acción. Porque los derechos no se heredan. Se conquistan y se defienden.

Mi infancia son recuerdos no de un patio de Sevilla, sino del patio de la UGT en Badajoz. Cuando me preguntan por mis orígenes, parafraseo siempre el verso de Machado en versión obrera. Tuve la fortuna de criarme en una familia de sindicalistas, a finales de los setenta y en los primeros ochenta. Al salir de clase pasaba las tardes en la sede local del sindicato socialista, jugando con los hijos de otros compañeros, ayudando a pintar pancartas para alguna movilización, y viendo a los muchos trabajadores que acudían allí para denunciar abusos, reunirse en asambleas, negociar convenios y preparar huelgas. El Primero de Mayo es parte de mi memoria sentimental, era siempre un día de fiesta, con música y comida compartida tras la manifestación, como hoy las cervezas con amigos al terminar, que siempre hemos querido el pan y las rosas. 

Este Primero de Mayo estaré en una de las muchas manifestaciones convocadas, como cada año. No faltaba ni cuando vivía en Madrid, donde algún genio puso la fiesta de la comunidad el 2 de mayo, cualquiera diría que para sabotear la manifestación de trabajadores en la capital con un largo puente. Este viernes iré con mis hijas, que llevan manifestándose conmigo desde que iban sentadas en el carrito, y que hace tiempo que vienen no porque yo las lleve, igual que no se pierden una huelga o manifestación de estudiantes.

Por supuesto, estoy afiliado a un sindicato de clase, y si tú no lo estás, ya estás tardando. Y no valen excusas: hay sindicatos para todos los gustos, de distintas tradiciones políticas (fascistas, no, por mucho que se disfracen de sindicato), los hay generales o sectoriales, estatales o vinculados un territorio, internacionalistas, independentistas, más negociadores o más combativos. No me creo que no haya un sindicato que te represente. Tampoco vale lo de “es que los sindicatos ya no tienen sentido”, “son de otro tiempo”, que es uno de los mantras del discurso antisindical. Te aseguro que sin organizaciones de trabajadores, viviríamos mucho peor.

Sí, soy un apologista del movimiento sindical, no me escondo. Y no es por nostalgia ni memoria sentimental, sino por necesidad. Suelo decir, en broma pero muy en serio, que si reuniésemos a un comité de sabios, formado por los mejores cerebros de nuestro tiempo, los encerrásemos durante un fin de semana en una habitación y no los dejásemos salir hasta que ideasen un instrumento para defender los derechos de los trabajadores en este siglo XXI, al terminar el plazo saldrían y anunciarían la invención… del sindicato.

En este Primero de Mayo sobran los motivos para salir a la calle, que son los mismos motivos que para afiliarte. La defensa de nuestros derechos, que no se defienden solos, y la mejora del poder adquisitivo, claro. Pero también la vivienda, cuya emergencia sufre sobre todo la clase trabajadora, y que, en el caso del alquiler, defenderíamos con más fuerza desde sindicatos (de inquilinos). Leo lemas y manifiestos de distintos sindicatos para este Primero de Mayo, y proponen que nos manifestemos por los derechos laborales, los salarios y la vivienda, pero también por la paz, contra la guerra y el rearme, por la democracia y contra el fascismo, en solidaridad con los trabajadores migrantes o en defensa de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Y para todo ello, la mejor respuesta es también la lucha sindical, como lo lleva siendo desde las primeras sociedades obreras de hace dos siglos.

Venga, nos vemos en las calles.

Este Primero de Mayo de 2026, en el que los sindicatos sacarán a las calles vascas miles de trabajadores reivindicando sus derechos, parece calcado al del año pasado, como si las reivindicaciones que centraron los lemas de 2025 hubieran quedado suspendidas. El año pasado las reclamaciones de los sindicatos vascos iban del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi al “no a guerra”. Y en esas mismas estamos un año después, con situaciones incluso peores en lo que se refiere a los conflictos bélicos, que están repercutiendo -al margen de en la pérdida de vidas humanas- en un progresivo deterioro de las condiciones económicas que influye directamente en la situación de los trabajadores. En cuanto al SMI vasco, sigue estancado, sin que la patronal vasca quiera sentarse a negociar.

Así las cosas, los salarios dignos y las consecuencias que tendrán las guerras abiertas -Ucrania, Gaza, Irán- sobre los trabajadores, con lo que eso supone en el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda o el incremento de la precariedad laboral, centrarán los lemas de los sindicatos que se manifestarán este viernes festivo por las capitales vascas, en su mayoría separados, como ya es habitual en el panorama sindical vasco.

Aunque son muchas las reivindicaciones que comparten, solo CCOO y UGT se manifestarán de forma conjunta entre los cuatro sindicatos más representativos. El primer sindicato vasco, ELA, y el segundo en representatividad, LAB, lo harán por separado, ratificando una vez más que la unidad de acción entre ambas centrales queda restringida a casos muy puntuales. Otras centrales como ESK compartirán convocatoria con Steilas, CGT y CNT. Aunque habrá manifestaciones de todas las centrales en las tres capitales, la mayoría ha elegido Bilbao para sus actos centrales. Este es el caso de ELA, CCOO y UGT, mientras que LAB tendrá la manifestación central,con sus principales líderes, en Donostia.

En el caso de ELA, el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza concentra sus esfuerzos en una única manifestación en la capital vizcaína -tendrá otra en Pamplona- bajo el lema ‘SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte’, un lema que ya es toda una declaración de intenciones: no cesará en su reivindicación de un salario propio de mínimo 1.500 euros hasta que se consiga, como ya advirtió con motivo de la huelga general por este motivo que capitaneó junto con LAB y otros sindicatos como Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT. El sindicato, que junto a otras centrales nacionalistas de varias comunidades autónomas ha puesto en marcha una campaña en el Congreso para conseguir modificar el Estatuto de los Trabajadores y que las comunidades puedan legislar sobre el SMI, insta al lehendakari a implicarse directamente en el proceso y reivindicar esta competencia a Madrid. ELA considera que “con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas”.

LAB realizará un total de 26 manifestaciones en las capitales vascas y navarra, en Baiona y Maule, se movilizará junto a la intersindical y en varias comarcas, aunque la movilización central tendrá lugar en Donostia. Ante la guerra y el encarecimiento de la vida, LAB reivindicará políticas a favor de los trabajadores bajo el lema 'Langileok eragin'. Denuncian desde este sindicato que la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora “pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales”. Ante ello, consideran que hay que expresar con firmeza un mensaje contra la guerra: “No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra”.

En este contexto incierto reclaman “políticas en favor de los trabajadores”, con salarios y pensiones con “ingresos mínimos dignos”. “Hay que reivindicar que se ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos”. “Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza”, señalan desde el sindicato.

UGT y CCOO se movilizarán juntos en Euskadi, siguiendo la estela de sus formaciones en todo el Estado. Realizarán movilizaciones en las tres capitales vascas, con acto central en Bilbao, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.  “Es decir, defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión”, señalan desde estos sindicatos. Ambas centrales quieren además quieren que sea un día para contraponer el diálogo social que defienden “herramienta eficaz y útil” ante el “ruido y la crispación” de sindicatos que defienden “el conflicto estéril y el grito”. Además, quieren que sea una oportunidad para reclamar la defensa de proteger la industria para garantizar salarios dignos y exigir a las Administraciones públicas que no destinen ni un euro de dinero público a las empresas que optan por la deslocalización ante la mínima dificultad.

Otros sindicatos como ESK, Steilas, CGT y CNT comparten convocatoria con manifestaciones en las tres capitales vascas en contra de la guerra y el imperialismo, aunque el acto central será en Vitoria: “No vamos a permitir que sigan empobreciéndonos para enriquecerse a nuestra costa y, menos aún, que lo hagan justificando, por acción o por omisión, guerras e injerencias imperialistas”, señalan.

Estas son las principales manifestaciones

ELA: El sindicato mayoritario concentra las movilizaciones en la CAV en Bilbao, a las 11.30 horas. Un acto central en la plaza del Sagrado Corazón con intervención de Mitxel Lakuntza dará paso después a la manifestación que acabará en la plaza Circular.

LAB: La movilización principal será en Donostia. Una manifestación arrancará a las 12 horas de la plaza Easo y termirá en la plaza de la Trinidad, con un acto de la coordinadora general Garbiñe Aranburu. Además, se manifestarán en Vitoria a las 12.30 desde la plaza de la Provincia, y en Bilbao a las 12 desde la plaza Zabalburu.

CCOO y UGT: El acto central de estos sindicatos tendrá lugar en Bilbao, con la presencia de Santi Martínez, secretario general de CCOO, y de Tximi López, responsable de la comisión gestora que dirige UGT. La manifestación arrancará a las 11.30 a la altura del número 77. En Vitoria arrancará a las 12 de la Virgen Blanca y en Donostia a la misma hora desde el Alderdi Eder

ESK, Steilas, CGT y CNT: Manifestaciones en las capitales, a las 11.30 desde la Gran Vía de Bilbao, a la altura del número 56; a las 12 en Donostia desde el Museo de San Telmo; y a las 12,30 desde el Palacio Europa de Vitoria.

¿Nos exigimos demasiado en el trabajo, nos exigen mucho o todo a la vez? ¿Qué hay del cuidado en el ámbito laboral y del autocuidado? ¿No hay un derecho que lo defienda? ¿Cómo puede organizarse y defenderse? ¿Y qué hay de los derechos de las personas, principalmente mujeres, que se dedican a los cuidados? ¿Ayuda el teletrabajo a la conciliación? ¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio? ¿Qué es el 'cuidatoriado'?

Son algunos de los interrogantes que siguen presentes en la sociedad contemporánea y a los que, con motivo del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, hemos querido buscar respuestas. Las hemos encontrado con motivo del seminario científico 'El derecho humano al cuidado y la reorganización jurídica del trabajo', organizado recientemente en la Facultad de Derecho de Albacete.

Esta iniciativa la ha dirigido María José Romero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), con más de 20 años de experiencia jurisdiccional como magistrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

La profesora también es patrona de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro fundadora de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha. En la actualidad es directora del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, desde donde impulsa numerosos proyectos de investigación, docencia de grado y posgrado y gran número de actividades de transferencia e intercambio de conocimiento.

Su trayectoria combina la práctica judicial, la gestión universitaria y la reflexión científica crítica sobre la reorganización jurídica del trabajo en el marco del Estado social y democrático de Derecho.

¿Cómo definiría el derecho humano al cuidado en el ámbito laboral?

El derecho humano al cuidado, en el trabajo, es el derecho de todas las personas a recibir y a prestar cuidados en condiciones dignas, sin discriminación y sin que ello suponga pérdida de derechos laborales ni de protección social. Lógicamente supone reconocer jurídicamente algo que la sociología feminista lleva décadas demostrando: que el cuidado es una necesidad humana universal y una forma de trabajo, remunerado o no, que sostiene la vida y la economía.

¿Cuál es su nivel de reconocimiento?

La Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como principal objetivo aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados en el sistema interamericano, ha dado un paso histórico al reconocer el cuidado como un derecho humano autónomo e interdependiente de otros derechos, entre ellos el derecho al trabajo, a la igualdad y a la salud.

Esto obliga a repensar el Derecho del Trabajo desde una perspectiva de género y de ciclo de vida: no solo proteger a la persona trabajadora asalariada estándar, sino también al ‘cuidatoriado’, un término acuñado por la investigadora María Ángeles Durán como nueva clase social emergente formada mayoritariamente por mujeres que asumen la carga de cuidados, muchas veces sin derechos y sin garantizar su dignidad.

¿Hablamos de salud laboral o es un concepto mucho más amplio?

Hablar del derecho humano al cuidado en el trabajo es ir bastante más allá de la salud laboral en sentido clásico. El cuidado configura un campo normativo más amplio porque articula dimensiones físicas, psíquicas, emocionales, relacionales y de organización social del tiempo, tal y como subraya la reciente construcción del derecho al cuidado como derecho autónomo. No se trata solo de evitar daños en el puesto de trabajo, sino de garantizar condiciones materiales y temporales que permitan cuidar y cuidarse a lo largo de todo el ciclo vital sin que ello suponga sacrificar la autonomía económica ni renunciar al propio proyecto profesional, algo que afecta especialmente a las mujeres.

¿Cómo se pueden enfocar los cuidados desde el Derecho del Trabajo?

Desde el ámbito del Derecho del Trabajo, el enfoque de los cuidados cuestiona la arquitectura misma del modelo laboral hegemónico: la centralidad de la jornada rígida, los tiempos de desplazamiento, la disponibilidad permanente exigida, los modos de ejercicio del poder empresarial y, sobre todo, la persistente distribución sexual del trabajo.

Por eso, en el ámbito académico hablamos de 'sociedades del cuidado' como horizonte de transformación: no basta con perfeccionar la prevención de riesgos laborales, es precisa una reordenación profunda de las instituciones -Estado, mercado, familias- para situar la sostenibilidad de la vida en el centro de la organización económica y jurídica. Solo así el cuidado dejará de ser un 'asunto privado' resuelto a costa del tiempo y la salud de las mujeres y pasará a ser un eje estructural del Estado social y democrático de Derecho.

Todavía estamos lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo

¿Existe hoy en empresas y administraciones una noción clara del cuidado en el trabajo? ¿La prevención de riesgos laborales lo cubre?

En el contexto español, mi impresión es que la mayoría de empresas y administraciones siguen operando con una cultura jurídica de la salud laboral muy condicionada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, centrada en evitar daños y cumplir estándares mínimos de seguridad y salud, pero todavía lejos de una noción densa de derecho al cuidado. La prevención de riesgos es un pilar irrenunciable, pero su lógica se orienta a la gestión del riesgo y no a la corresponsabilidad social en la organización del tiempo, la distribución de cargas de trabajo o la compatibilización real entre empleo y responsabilidades de cuidado, que siguen recayendo de forma desproporcionada en las mujeres.

¿Cuál es el reto entonces en este ámbito?

Desde una perspectiva de justicia social, el desafío es que el derecho al cuidado, tal y como lo formula la Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana como derecho autónomo -aunque no formalmente vinculante en nuestro ordenamiento-, impregne el Derecho del Trabajo español y complemente la arquitectura preventiva tradicional.

Eso exige ir más allá de la lógica reparadora del daño e incorporar, mediante ley y negociación colectiva, medidas estructurales: licencias parentales verdaderamente corresponsables, reducción de jornadas excesivas, límites efectivos a la disponibilidad permanente, servicios de cuidados accesibles vinculados a los centros de trabajo y sistemas integrales de cuidados que articulen empleo, Seguridad Social y servicios públicos.

Igual que en su día integramos la salud laboral o la igualdad de género en la normativa y en la negociación colectiva, ahora el cuidado debe convertirse en un eje ordenador del sistema laboral, no en un asunto “privado” que las personas -y en especial el 'cuidatoriado femenino- resuelven a costa de su propio proyecto vital.

¿Cuáles son las principales trabas para que exista tan poca 'protección' frente al derecho al cuidado?

Desde una mirada jurídica y feminista, lo tengo claro, las resistencias son estructurales. La primera es la persistencia de un orden patriarcal que sigue asignando los cuidados a las mujeres como obligación “natural”, privada y moralmente incondicionada, lo que dificulta reconocerlos como derecho justiciable y como responsabilidad social distribuida entre Estado, mercado y familia. La investigación empírica muestra que esta feminización de los cuidados, además, se agrava en el caso de mujeres migrantes y de clases populares, que concentran la sobrecarga y sufren un impacto directo en su salud, sus trayectorias laborales y su seguridad económica.

La segunda traba es el marcado sesgo androcéntrico del propio Derecho del Trabajo, históricamente construido en torno a la figura del trabajador varón, blanco, heterosexual, sin discapacidad, a tiempo completo y “libre” de responsabilidades de cuidado, es decir, el modelo clásico del breadwinner que la literatura feminista ha descrito reiteradamente.

Todo lo que se aparta de ese patrón -mujeres, personas con responsabilidades familiares, trabajadoras a tiempo parcial, cuidadoras remuneradas y no remuneradas, personas LGTBIQ+- se regula como anomalía, coste adicional o 'problema de conciliación', en lugar de tomarse como punto de partida para diseñar derechos. Este diseño institucional profundamente androcéntrico deja sistemáticamente fuera del foco a esa clase social compuesta mayoritariamente por mujeres que sostiene el bienestar colectivo y la reproducción social sin un correlato simétrico de derechos laborales, de Seguridad Social ni de poder de negociación en los espacios donde se decide la organización del trabajo.

En tercer lugar, persiste una profunda invisibilidad económica del cuidado: sigue tratándose como “no trabajo” o como gasto improductivo, a pesar de que las estimaciones disponibles muestran que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado podría equivaler en España a alrededor del 40% del PIB si se valorara a precios de mercado. Estudios de uso del tiempo revelan, además, que las mujeres dedican en promedio el doble de horas diarias que los hombres a tareas domésticas y de cuidado -en torno a cinco horas frente a dos-, lo que se traduce en millones de horas de trabajo no pagado que sostienen el funcionamiento de los mercados laborales y la viabilidad de los sistemas de protección social.

Ese volumen de trabajo ha sido invisibilizado, entonces.

La investigadora María Ángeles Durán ha mostrado en sus estudios que ese volumen de trabajo equivale a decenas de millones de empleos a tiempo completo y constituye una auténtica “riqueza invisible” que no se incorpora a las cuentas nacionales ni al debate fiscal, pese a su enorme impacto macroeconómico. Esta omisión contable tiene consecuencias políticas muy claras: permite descargar el coste del sostenimiento de la vida sobre los hogares y, dentro de ellos, sobre las mujeres, sin reconocimiento jurídico pleno, sin corresponsabilidad presupuestaria y sin un debate democrático sobre quién debe financiar ese trabajo indispensable.

Hay vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas

Por último, la fragmentación institucional actúa como un freno poderoso: las políticas de familia, dependencia, igualdad, empleo o servicios sociales se diseñan y ejecutan en compartimentos estancos, sin un verdadero enfoque de sistema de cuidados que dialogue con la regulación laboral. Desde mi punto de vista, ello genera vacíos de protección, solapamientos ineficientes y, sobre todo, una gran dificultad para convertir el derecho al cuidado en un eje vertebrador de las políticas públicas, en lugar de mantenerlo como un asunto residual confiado a la buena voluntad de las familias y, en particular, de las mujeres.

¿Qué papel pueden o deben cumplir las administraciones?

Las administraciones públicas no son meros actores de acompañamiento, sino los garantes jurídicos del derecho al cuidado. Es decir, el cuidado no puede quedar en la esfera de la 'buena voluntad' familiar, sino que debe convertirse en un eje de la acción de gobierno, al mismo nivel que la sanidad, la educación o las pensiones.

Su papel se despliega en, al menos, tres grandes frentes. En primer lugar, el diseño y la financiación de sistemas integrales de cuidados, con servicios públicos suficientes, accesibles y de calidad para infancia, personas con discapacidad y situaciones de dependencia, concebidos como pilar de la protección social y como palanca de igualdad de género.

En segundo lugar, la reforma del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social como se viene haciendo para reconocer jurídicamente los tiempos de cuidado, las familias monoparentales, garantizar licencias parentales corresponsables y proteger las carreras profesionales de quienes cuidan, evitando que el ejercicio de este derecho se traduzca en penalizaciones salariales o de protección social.

Y en tercer lugar, las administraciones deben utilizar todo el potencial transformador del empleo público y de la contratación pública, incorporando cláusulas de cuidados, de igualdad y de diligencia debida en derechos humanos que obliguen a las empresas proveedoras a no reproducir la precarización del trabajo de cuidados especialmente femenino y migrante, a lo largo de las cadenas de suministro. Esa combinación de regulación, inversión y ejemplaridad institucional es la que puede convertir el derecho al cuidado en un principio estructural del modelo socioeconómico, y no en un mero discurso retórico.

Me hablaba antes de las 'sociedades del cuidado' ¿Cómo pueden constituirse y defenderse?

Cuando hablamos de 'sociedades del cuidado' pensamos en un modelo en el que cuidar y ser cuidado se reconoce como necesidad social, como derecho y como trabajo con relevancia jurídica, también en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Supone organizar la economía y las relaciones laborales a partir de la sostenibilidad de la vida y no al revés: tiempos de trabajo compatibles con el cuidado, protección social para quienes cuidan y una redistribución real de responsabilidades entre instituciones, empresas y hogares.

¿Qué significan esas sociedades en el ámbito laboral?

Desde una perspectiva científica, construir sociedades del cuidado significa, en el plano laboral, avanzar hacia convenios y normas como las contenidas en nuestro vigente Estatuto de los Trabajadores que reconocen derechos efectivos de tiempo (reducciones y adaptaciones de jornada, excedencias, teletrabajo regulado) sin convertirlos en un peaje exclusivo de las mujeres, y que garanticen condiciones dignas para quienes trabajan profesionalmente en los cuidados, incluidas las empleadas de hogar y las cuidadoras a domicilio.

En el plano de la Seguridad Social, su defensa, implica que los periodos dedicados al cuidado -también los no profesionales- computen como tiempo de trabajo a efectos de pensiones y prestaciones, siguiendo la línea de los convenios especiales para personas cuidadoras de personas en situación de dependencia.

La conciliación juega aquí un papel fundamental. ¿Hemos avanzado respecto a otros países europeos?

En el plano normativo, España ha dado pasos importantes, sobre todo a raíz de la Directiva Europea que fija requisitos mínimos en permisos de paternidad, parentales y para cuidadores, así como en fórmulas de trabajo flexible para progenitores y personas cuidadoras. Su transposición a nuestro ordenamiento, fundamentalmente a través del Real Decreto‑Ley 5/2023, ha introducido nuevos permisos (como el de fuerza mayor por motivos familiares o el permiso parental) y ha reforzado el derecho a la adaptación de jornada, completando un proceso en el que ya se había producido la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas para cada progenitor desde 2021.

¿Cuál es el balance entonces, sobre todo desde el punto de vista feminista?

Desde una perspectiva feminista y comparada, sin embargo, el balance es ambivalente. En el lado positivo, España se sitúa en un grupo de países que han avanzado en permisos parentales igualitarios y en el reconocimiento formal del derecho a la conciliación, pero seguimos por detrás de los mejores estándares europeos en inversión en servicios públicos de cuidados, prestaciones universales por hijo a cargo y cultura empresarial corresponsable, ámbitos en los que los países nórdicos nos aventajan claramente.

Además, la experiencia demuestra que, si no se acompaña de servicios de cuidado suficientes y de cambios en la organización del trabajo, la conciliación sigue descansando sobre la 'doble jornada' de las mujeres: ellas son quienes más utilizan las reducciones y adaptaciones de jornada, asumiendo los costes en carrera profesional y pensiones, mientras el modelo masculino de disponibilidad casi ilimitada se mantiene prácticamente intacto.

¿En qué consiste esa reorganización jurídica del trabajo para conseguir el derecho al cuidado?

Cuando hablamos de reorganización jurídica del trabajo nos referimos a un cambio de paradigma: que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social deje de estar construido alrededor del empleo asalariado estándar, masculino y sin cargas de cuidado, y tome como referencia sociedades donde la interdependencia y los cuidados son la norma, no la excepción. Esto obliga a seguir reordenando categorías clásicas -tiempos de trabajo y descanso, salarios, responsabilidades empresariales, cotizaciones y prestaciones- a partir del reconocimiento del cuidado como derecho, como condición para la igualdad sustantiva y como trabajo socialmente necesario que no puede seguir siendo invisible ni gratuito.

¿Eso implicaría reformas de gran calado?

En términos más concretos, esa reorganización implica dos líneas de reforma, entre otras. En primer lugar, una protección social que reconozca jurídicamente los periodos de cuidado no remunerado -mediante convenios especiales, cotizaciones a cargo del Estado o asimilaciones a alta- y las trayectorias laborales intermitentes que estos generan, tradicionalmente feminizadas, como ya ensaya el convenio especial para personas cuidadoras no profesionales de la dependencia.

Y, en segundo lugar, integrar plenamente en la órbita del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a quienes cuidan en condiciones precarias o informalizadas: empleo de hogar, cuidados a domicilio, cadenas de subcontratación y prestación de servicios externalizados, cerrando la brecha entre trabajo formal e informal mediante inclusión en el Régimen General, mejora de derechos y equiparación progresiva de condiciones.

Reorganizar jurídicamente el trabajo desde los cuidados es, en suma, una agenda profundamente de reconocimiento de derechos: desplaza el centro de gravedad del sistema, desde la lógica de la disponibilidad ilimitada para el mercado hacia la garantía colectiva de tiempo, ingresos y derechos para sostener la vida.

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual, como un 'arréglate como puedas' frente a problemas que son estructurales

Se habla también mucho del “autocuidado”. ¿Cuáles serían las claves aquí?

El problema del discurso dominante sobre el autocuidado es que, si se despolitiza, termina funcionando como un mandato individual: “arréglate como puedas” frente a problemas que son estructurales, como la sobrecarga de trabajo, la precariedad o la violencia en los entornos laborales y de cuidados. El feminismo lleva tiempo recordando que “todo cuidado es político”: el autocuidado solo tiene sentido cuando se inscribe en redes comunitarias, organizaciones que limitan la explotación y políticas públicas que redistribuyen tiempos, recursos y responsabilidades.

Yo señalaría tres claves ligadas a mi rama científica. La primera es el derecho al tiempo: sin límites razonables de jornada, sin previsibilidad horaria y sin descansos efectivos, el autocuidado se convierte en un eslogan vacío. La segunda es el derecho a la salud mental, que exige reconocer los riesgos psicosociales derivados del estrés de cuidados y del trabajo emocional, especialmente en el caso de las trabajadoras de los cuidados, muchas de ellas mujeres migrantes, que según la evidencia disponible soportan cargas físicas y emocionales muy elevadas y una exposición mayor a violencia, acoso y fatiga crónica.

La tercera clave es el derecho a decir “no”: la posibilidad real de rechazar sobrecargas laborales o de cuidados sin miedo a perder el empleo, la protección social o el permiso de residencia forma parte del núcleo del derecho al cuidado digno y de cualquier política seria de prevención en salud mental. Para mí hablar de autocuidado, es por tanto hablar de derechos colectivos, de corresponsabilidad social en los cuidados y de reorganizar el trabajo para que cuidar y cuidarse no sea un privilegio, sino una condición básica de ciudadanía y de garantía del Estado Social y democrático de Derecho.

¿Qué papel cumple el teletrabajo en este ámbito?

Es una modalidad organizativa ambivalente: puede ser una herramienta para hacer efectivo el derecho al cuidado y la conciliación, pero también un vector de intensificación del trabajo, de ampliación de la jornada y de desplazamiento de costes empresariales al hogar si no se aplica adecuadamente. La normativa de trabajo a distancia insiste en su carácter voluntario, en la necesidad de acuerdo escrito, en la igualdad de derechos con el trabajo presencial y en la obligación de evitar la perpetuación de roles de género, previendo además que el teletrabajo se integre en los diagnósticos y planes de igualdad.

La doctrina iuslaboralista ha subrayado, sin embargo, que si el teletrabajo se usa como “solución de conciliación” dirigida de facto a las mujeres, corre el riesgo de reforzar la división sexual del trabajo y la llamada “doble presencia”: trabajar en remoto mientras se asumen simultáneamente tareas domésticas y de cuidado, con claros impactos en salud y carrera profesional. Diversos estudios sobre riesgos psicosociales muestran que esta doble presencia afecta especialmente a las trabajadoras, incrementando el estrés y las dificultades para desconectar, lo que exige integrar el teletrabajo en las evaluaciones de riesgos y en las políticas de prevención, con una mirada de género explícita.

¿Cómo evitar ese riesgo?

El papel del teletrabajo debería ser el de un instrumento al servicio de la corresponsabilidad y no un mecanismo encubierto de feminización de la conciliación. Esto implica que la negociación colectiva, los planes de igualdad y la legislación garanticen: tiempos protegidos y derecho efectivo a la desconexión, compensación de gastos, acceso igualitario a formación y promoción, y un uso no discriminatorio de esta modalidad por motivos de cuidado, de forma que trabajar a distancia no suponga lógicamente una penalización en términos de salario, estabilidad o carrera profesional. Solo así el teletrabajo podrá contribuir realmente al derecho al cuidado y no convertirse en una nueva capa de precariedad para las mujeres que cuidan.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 87.000 movimientos de largo recorrido por las carreteras extremeñas durante la Operación Especial de Tráfico '1º de Mayo', que arranca mañana a partir de las 15:00 horas hasta el domingo 3 de mayo, lo que supone un incremento del 4,01 % respecto a los datos registrados en 2025.

Por provincias, Badajoz concentrará el 60% del tráfico, es decir, aproximadamente 52.200 desplazamientos, mientras que Cáceres registrará el 40% restante, lo que supone alrededor de 34.800 viajes.

Tráfico recomienda especial precaución en la provincia de Cáceres, donde se identifican puntos de posibles retenciones en la A-5 (Navalmoral de la Mata), sentido Madrid, por el retorno, y en la N-110 (Cabezuela del Valle). En Badajoz no se han señalado puntos conflictivos específicos de circulación.

Asimismo, se recuerda a los conductores la existencia de obras activas que podrían afectar a la fluidez del tráfico: en la provincia de Badajoz hay trabajos en la N-432 (Montijo-Zafra), la N-5 (Talavera la Real-Badajoz), con desvíos en puentes, y estrechamientos en la N-435a (Almendral).

Por su parte, en la provincia de Cáceres hay afecciones en la EX-A1 (Malpartida de Plasencia), la A-66 (Cáceres capital), con circulación por calzada única de doble sentido, y en la N-110 (Cabezuela del Valle).

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en travesías y vías de alta intensidad como la A-5, A-66, N-430 y EX-A1. Se utilizarán todos los medios técnicos disponibles, incluidos radares, cámaras de control de cinturón y uso del móvil, así como medios aéreos.

Desde las Jefaturas Provinciales de Tráfico se insiste en la importancia de revisar el vehículo antes de partir, evitar conductas de riesgo y utilizar la baliza V16 en caso de incidente para alertar rápidamente al resto de usuarios. 

Comisiones Obreras y UGT han hecho este jueves un llamamiento a la ciudadanía para que salga masivamente a las calles de Mérida y asista a la manifestación convocada mañana, bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, Vivienda y Democracia”, ya que según han asegurado, “no es un Primero de Mayo más”

La manifestación, que partirá del Puente Lusitania de la capital extremeña a las 12 del mediodía, ha sido presentada por las secretarias generales de CCOO y UGT de Extremadura, María Berrocal y Patro Sánchez respectivamente, que han puesto de manifiesto lo importante del lema “puesto que pivotan sobre todos los derechos que ahora el gobierno de PP y Vox en Extremadura están intentando coartar”.

Por ello, inciden en la necesidad de salir a la calle “para defender unos salarios dignos, unos empleos dignos, una vivienda digna”, y luchar contra el deterioro del estado de bienestar, del deterioro de las políticas sociales y de la dependencia, ha dicho María Berrocal.

Además, ha advertido de que no se consentirá ataques a las políticas de cooperación, de igualdad, LGTBI o las que tienen que ver con las personas migrantes, ni renunciar al Pacto Verde o la Agenda 2030.

Para María Berrocal, los derechos no solo se conquistan, sino que se defienden “y esa defensa de los derechos es fundamental también verla en las calles mañana”.

Por su parte, Patro Sánchez ha destacado que el lema de este año “no es solamente una consigna, es una respuesta directa al momento que vivimos”, con un momento complicado y en una situación muy complicada, porque “están en juego las condiciones de vida de la clase trabajadora y la propia calidad democrática”.

En este sentido, ha dicho que “cuando se cuestionan derechos fundamentales, cuando se criminalizan colectivos y debilitan las instituciones, lo que está en juego es el modelo de convivencia que tenemos hasta ahora”

También se ha referido al problema de la vivienda, porque sin ella “no hay proyecto de vida y sin proyecto de vida no hay cohesión social, ni democracia”, por lo que ha reclamado un parque de vivienda pública suficiente y medidas eficaces que garanticen su acceso de una forma asequible y segura.

“Por todo esto, este Primero de Mayo llamamos a la movilización, no es uno más, llamamos a un Primero de Mayo de defensa, de resistencia y de movilización”, ha animado Patro Sánchez, ya que “no es una manifestación de los sindicatos, de comisiones UGT ni de UGT, tiene que ser una respuesta colectiva de toda la ciudadanía, de todas las organizaciones, las ONG y todos los partidos progresistas”.