Un abogado andaluz ha sido una figura clave en varios negocios en España del controvertido magnate venezolano Alejandro Betancourt, el nuevo zar petrolero de Donald Trump, al que la Fiscalía española investiga por blanqueo y un fraude multimillonario.

El abogado en cuestión se llama José Antonio Jordano, administrador de varias sociedades vinculadas a Betancourt y a su primo y socio Pedro Trebbau, otro de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista) al que Anticorrupción atribuye también ese presunto fraude.

A Jordano, que está conectado con el PP por vía familiar, se le podría definir como el hombre en la sombra de Betancourt en España. Él lo niega. “Lo conozco desde hace años, he colaborado con él echándole una mano en las inversiones y operaciones que tenía aquí en España” y “sigo teniendo relación personal, pero a nivel profesional no tengo ya las sociedades que llevaba antes para él”, afirma al teléfono.

“Le tengo mucho cariño a él y a su familia, pero no tengo una relación de tú a tú”, dice Jordano, que asegura que nunca ha militado en el PP y que llegó a afiliarse “hace años” a Ciudadanos. “No sé qué conexión o relación puede haber entre la política y el desempeño privado que yo hago como abogado con clientes desde hace diez años”.

Este cordobés de 46 años (como Betancourt) fue director Legal de Auro, la empresa de VTC (vehículos sin conductor) de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. El oligarca venezolano (que ya no es accionista, según Jordano) invirtió en ella alrededor de 2017, tras hacerse de oro con multimillonarias adjudicaciones bajo sospecha en la etapa de Hugo Chávez.

Jordano también es secretario no consejero en Playtomic, start up para reservar pistas de pádel fundada por Betancourt y su amigo y socio en España Félix Ruiz, creador de Auro y de la extinta red social Tuenti. El nombre de Jordano figuraba en un reportaje de El Confidencial sobre “los verdaderos ganadores de las 'guerras del taxi”“ publicado en 2018.

Y fue uno de los primeros administradores (hasta abril de ese año) de la luxemburguesa Ming International, dueña del 84,54% de Saldum Ventures SL, matriz de la inversión más conocida de Betancourt en España, la marca ilicitana de gafas de sol Hawkers, que el venezolano preside y controla y en la que entró junto a Félix Ruiz y el cofundador de Tuenti, Hugo Arévalo, en 2016.

En mayo de ese año, Jordano fue nombrado director de la dueña del 100% de Ming International, Gainsboro Developments SA. También luxemburguesa, según sus últimas cuentas disponibles, que no ha presentado hasta este año, a cierre de 2023 tenía un 29,3% de Auro, el 23,8% de otra start up en la que invirtieron Betancourt y Ruiz, la plataforma de empleo Jobandtalent, o el 47,6% de Rosa de los Vientos Luxury Cars, que Jordano liquidó en enero (era su administrador único) y de la que fue socio único José Antonio Parrondo, expresidente de Auro y polémico exjefe del taxi que saltó al negocio de las VTC y acumula múltiples demandas y una detención policial en los últimos años.

En Luxemburgo, Jordano fue nombrado en mayo de 2016 administrador de Umber Overseas Investment, dueña de un 5% de Jobandtalent hasta que vendió su paquete en 2020. Varios medios la vincularon en su día a Betancourt. El cordobés niega que el oligarca estuviera tras esa firma luxemburguesa, liquidada en 2024 por orden judicial tras incumplir “gravemente” sus obligaciones, como presentar cuentas (nunca lo hizo), según documentación oficial en el Gran Ducado.

Jordano figuró como único accionista de Umber Overseas hasta 2017. Le sustituyeron dos opacas entidades panameñas, New Magic Group Inc y Beefield International Foundation, constituida en 2014 por una sociedad de Islas Vírgenes (Zumaque LTD). Según contó en 2019 Infolibre, la primera de esas entidades panameñas fue el vehículo utilizado en 2017 para inyectar dinero a Auro por Trebbau.

El primo de Betancourt, al que la Fiscalía también reclama en esa causa de supuesto blanqueo y fraude fiscal, era socio del nuevo virrey petrolero de Trump en la empresa que copó esas adjudicaciones milmillonarias del chavismo, Derwick Associates. Jordano sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, detrás del Museo del Prado y cerca del parque de El Retiro. En teoría es una inmobiliaria, pero actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

“En diez años que llevo trabajando con él y con Pedro, a mí nunca jamás me han llamado de Hacienda, ni de la Seguridad Social, ni de Fiscalía, ni de la Polícia”, dice Jordano.

Nexo con el PP

La vinculación de este abogado con personas de la órbita del PP alcanza varias empresas que administra junto a su cuñado, Jaime Pérez Zulueta, director general de Arquitectura del Gobierno de Murcia de septiembre de 2019 a septiembre de 2023.

Entre ellas, Boom Armmo Technologies SL, que constituyeron en Marbella el 26 de marzo. Su nombre remite al fabricante español de drones Armmo, con sede en la misma calle. Según Jordano, la montaron para una inversión que no se ha materializado al no haber acuerdo con el fundador de Armmo, el malagueño Jaime Abrisqueta. Esta empresa acaba de anunciar más de 20 millones de inversión en una fábrica en Zafra (Badajoz) que visitó en agosto el consejero de Economía extremeño.

El cuñado de Jordano comparte negocios con el marbellí Félix Ruiz, su socio hace años en franquicias de las tabernas Volapié. En febrero de 2019, poco antes de que se convirtiera en alto cargo del Gobierno del popular Fernando López Miras, Infolibre reveló que Pérez Zulueta, de profesión arquitecto, era socio minoritario de Auro. Su declaración de bienes tras el cese no está disponible en la web de Transparencia del Gobierno de Murcia. Su Consejería de Presidencia no ha atendido a este medio.

José Antonio Jordano está muy vinculado al PP por vía familiar. Su padre era el abogado especialista en derecho de la Empresa Diego Jordano, fallecido en 2023, presidente del PP de Córdoba (1986-1993), secretario general del PP andaluz (1990-1993) o diputado en el Congreso cuatro legislaturas (1986-2000). Su hermano Diego trabaja en el Gabinete del alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido. Hasta este año era coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el primer edil cordobés. También consejero de la funeraria municipal, figura en la web del PP cordobés como miembro del consejo asesor de su comité ejecutivo provincial.

En Andalucía, José Antonio Jordano ha sido consejero y es secretario de Utamed, primera universidad privada online de la región, fundada por el fallecido consejero de Educación Javier Imbroda (de Ciudadanos), y que posteriormente fichó al exlíder de ese partido, Albert Rivera, para dar clases de liderazgo.

Sin relación con Betancourt o Félix Ruiz, y definida en 2023 por el PSOE andaluz como “el algarrobico del sistema universitario”, los informes en contra que acumulaba no impidieron el visto bueno del gobierno de Juanma Moreno. El presidente de Utamed es otro habitual del ecosistema andaluz de start ups, el malagueño Francisco Ávila, fundador de MEDAC, red de academias de FP que compró el fondo de inversión KKR.

elDiario.es contactó con el fondo con sede en Panamá que canaliza varias inversiones en España de Betancourt y los fundadores de Tuenti, O´Hara, sin obtener respuesta.

Opaco contrato

Con pasaporte venezolano e italiano, el nuevo “virrey” del petróleo venezolano ha sido clave para lo que Trump llama el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”. El opaco contrato entrega a NABEP, empresa de Barbados controlada por Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. El Pentágono recibe un 35% de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de coste.

El acuerdo ha provocado enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas por la elección de un empresario con causas activas en España y Suiza y por cómo se hizo multimillonario antes de cumplir los 30.

Entre 2009 y 2011, Derwick Associates se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A Betancourt se le acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrución, que está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo, Betancourt tenía prohibido abandonar Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras intentaba evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Chelsea (Londres) y en la zona rural de Oxfordshire. 

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que formuló un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, definido como figura clave en las operaciones de Derwick, y que asesoró al pederasta Jeffrey Epstein para inversiones petroleras en Venezuela.

Cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco, D'Agostino invirtió en un banco africano (BDK) junto a, entre otros, Betancourt, Alberto Cortina (ACS) y su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, a su vez vinculado a la petrolera IPISA, también relacionada con Betancourt. IPISA logró asociarse con una filial de PDVSA. La pilotaba un abogado muy cercano al PP, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, condenado en el caso Gürtel.

D'Agostino se dedica últimamente a promover corridas de toros en Mallorca. La tauromaquia también conecta este mapa de relaciones. En 2025 Félix Ruiz compró la plaza de toros de Puerto Banús (Málaga). La operación la asesoró Jordano, quien se ha alternado con su hermano en la gestión de Cosso Espacio Cultural SL, proyecto de restauración en la plaza de toros de Córdoba, de la que fue presidente once años su padre, gran aficionado al toreo. Diego Jordano lo promocionaba en 2012, poco después llegar el PP a la alcaldía.

En su finca toledana El Alamín, que cuenta con un castillo y 1.400 hectáreas, y subastada en su día por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans, Betancourt tiene una plaza de toros privada. La madre del oligarca y su hermanastra mantuvieron sendos noviazgos con el fallecido torero Palomo Linares y uno de sus hijos, Miguel.

Timoteo Zambrano (Caracas, 1955) opera en los pliegues de una política que muchos consideran extinta: la del pacto discreto y el pragmatismo de largo aliento. Formado en las filas de Acción Democrática (AD) y exvicepresidente de la Internacional Socialista, su trayectoria es un mapa de mudanzas estratégicas que va desde la secretaría general de AD y la militancia en Un Nuevo Tiempo hasta la fundación de su propio partido, Cambiemos. Sus sellos más recientes fueron la arquitectura de la Alianza Democrática y de la llamada “mesa democrática” —instancia de negociación paralela a la oposición tradicional, que los sectores radicales denominan con desprecio “la mesita”—, que gestionó la liberación de presos políticos y mantuvo abiertos canales directos con el chavismo, una suerte de contrapeso silencioso al papel de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser elegido senador. Tres años después tomó asiento en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA —la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición— y se convirtió en uno de los portavoces más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera gran alianza unitaria del antichavismo. Ambas experiencias naufragaron: la Mesa no logró descomprimir un país que había hecho del conflicto político su clima permanente, y la Coordinadora se desmoronó en 2004 tras la derrota opositora en el referéndum revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Al año siguiente rompió con AD y se incorporó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales, donde recaló buena parte de la militancia de la AD de los noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, fue también uno de los fundadores y portavoces de la MUD, el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

La muerte de Chávez, el agravamiento de la crisis económica y la victoria opositora en las parlamentarias de 2015 abrieron una nueva fase de tensiones internas. Los partidos de la MUD, ya mayoría en la Asamblea Nacional, endurecieron el tono y desplegaron una estrategia de salida por todas las vías disponibles: la presión constitucional, los llamados a la intervención extranjera y la arquitectura del régimen de sanciones internacionales que terminaría por contraer el PIB venezolano en cerca de un 75%. El chavismo respondió en 2017 con un Tribunal Supremo que anuló las atribuciones del Parlamento, lo que desencadenó meses de protestas y represión y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente solo del chavismo. Un año después, la MUD denunció fraude en las presidenciales que otorgaron la reelección a Maduro, y el bloque terminó por disolverse en 2018.

Zambrano se opuso a aquella escalada. Defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable y pagó el precio: su relación con el resto de la oposición se fracturó a fondo, y sus posiciones públicas se convirtieron, desde entonces, en materia de controversia casi permanente.

Sus raíces como negociador tras los bastidores son profundas. Un alto funcionario del chavismo, que habló bajo condición de anonimato, lo describió a elDiario.es como “una persona cabal y contemporizadora, moldeada desde joven por el expresidente Carlos Andrés Pérez para la diplomacia informal: aquellas misiones que no podían atenderse desde la cancillería oficial, sino mediante el trabajo silencioso en el continente, el Caribe y los foros de la Internacional Socialista”.

Su figura, sin embargo, despierta ambivalencia. Toda la opinión pública sabe que es amigo del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Ríos, de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, reconoce su habilidad para construir acuerdos, pero advierte que esa misma destreza tiene un doble filo: “Es bueno fabricando acuerdos, pero también desacuerdos”. Iris de Franca, dirigente del Movimiento de Mujeres Políticas de Venezuela y exmilitante del partido de Zambrano, va más lejos: señala que Zambrano arrastra un estilo patriarcal y cerrado que choca con las exigencias de renovación, y que le faltan habilidades comunicacionales para el momento que vive el país. Con todo, reconoce que su propio crecimiento político estuvo vinculado al respaldo de Zambrano, quien solía fortalecer y acompañar las trayectorias de sus cuadros más cercanos. “Mantengo un profundo respeto por su figura”, admite. Quienes lo han tratado en la arena política coinciden en que es una persona terca, y que esa tozudez impide en ocasiones avanzar en acuerdos con otros dirigentes.

En lo personal, carga con el estigma de una denuncia de maltrato por parte de una de sus exesposas, un conflicto que los más cercanos reducen a una disputa patrimonial. En lo político, rechaza la cultura del espejismo: sostiene que el cambio no puede ser un atajo para evadir la crisis, sino una construcción cotidiana, y que la democracia solo es viable si las luchas antagónicas dejan de ser existenciales para volverse funcionales.

Su nombramiento como embajador en España no ha estado exento de polémica. Chuo Torrealba, activista social y periodista que lo conoce desde hace más de dos décadas, advierte que la designación entraña “una situación peligrosa”: el gobierno provisional proyecta una imagen de apertura a costo cero mientras ubica a figuras opositoras en cargos cuya función es, precisamente, representarlo. “Para ellos es ganar-ganar”, resume. Aun así, descarta que la distancia física vaya a mermar la capacidad de Zambrano para gestionar casos de presos políticos, dado que sus contactos —incluidos vínculos con sectores del Partido Demócrata estadounidense— trascienden la presencia en Caracas.

Las críticas más duras, no obstante, llegaron el 2 de mayo desde Miami. Juan Pablo Guanipa, íntimo aliado de María Corina Machado y expreso político, elevó el tono contra Enrique Ochoa Antich y el propio Zambrano en un encuentro con la diáspora venezolana recogido por VPItv. Los acusó de “medrar alrededor del poder para obtener prebendas” mientras se presentan como opositores. Cuestionó sus designaciones como embajadores en Alemania y España, y aseguró que el régimen busca “dar la impresión de que ha cambiado” al incorporar a figuras que, según él, solo amplían una fachada. “Son peores, porque son solapados. Y yo no quiero nombrar a nadie porque no me gusta entrar en esas cosas: Ochoa Antich, Timoteo Zambrano. Son dos sinvergüenzas”, sentenció.

De Franca, en cambio, lee el nombramiento en clave de oportunidad histórica. Sostiene que Venezuela requiere de una política exterior capaz de reconectar con el mundo, y que la experiencia de Zambrano como operador internacional es lo que el contexto actual demanda: “Una oportunidad clave que no se había materializado en las últimas décadas”. Entre quienes lo conocen, prevalece la certeza de que Zambrano seguirá siendo lo que siempre ha sido: un hombre de acuerdos, con todo lo que eso implica de virtud y de riesgo.

El 3 de enero de 2026 marca un antes y un después en Venezuela. La intervención militar de Estados Unidos, la captura del presidente Nicolás Maduro y las amenazas lanzadas por Donald Trump contra Caracas marcarán las dinámicas internas venezolanas en los próximos meses y años. 

Si bien el país se encuentra ante un nuevo paradigma, no se ha producido un cambio de régimen. Maduro ya no está, pero el chavismo continúa en el poder y mantiene, al menos por ahora, el control de los principales resortes del Estado y de las Fuerzas Armadas. En este contexto, además de la figura de Delcy Rodríguez –que ahora ocupa el cargo de presidenta encargada– destaca la de Vladimir Padrino López. 

Ministro de Defensa, jefe de la cúpula militar y con una confianza por parte de la élite venezolana que se remonta a los albores del primer gobierno de Hugo Chávez, Padrino juega un papel central como puente entre los “años dorados” del chavismo y la incertidumbre de la actual administración.

La relación con Hugo Chávez

Su relación con Hugo Chávez viene de bastante antes del primer gobierno chavista. Ambos se conocieron en los cuarteles y compartieron algunas tendencias bolivarianistas –en el sentido de aceptación de las tesis de Simón Bolívar–. Su cercanía política e ideológica se tradujo en confianza operativa desde el mismo levantamiento del 4 de febrero de 1992.

Padrino, entonces comandante del Batallón Bolívar de Caracas, debía esperar en la retaguardia la orden para rematar el asalto contra Miraflores con tanques, pero el fracaso de la intentona llevó a Chávez a prisión, si bien Padrino pudo sobrevivir a las represalias por aquel levantamiento.

El momento decisivo de su trayectoria llegó en el golpe del año 2002. Mientras Chávez era derrocado por 48 horas y retenido en La Orchila, Padrino dirigió el Batallón Bolívar desde el Fuerte Tiuna y rechazó la intentona. Su negativa a sublevarse fue clave para el retorno del presidente venezolano a Miraflores.

Dos semanas después, el mandatario reconoció esa fidelidad con una condecoración y un ascenso que consolidó a Padrino como uno de los hombres de confianza del proyecto chavista.

En julio de 2012, pocos meses antes de la muerte de Chávez, fue nombrado segundo comandante del Ejército y jefe del Estado Mayor. Desde allí asumió una función simbólica y política: garantizar la continuidad de un chavismo sin Chávez. Tras la muerte del dirigente, Padrino y otros altos mandos sostuvieron la irrigación ideológica que el gobierno había llevado a cabo entre los distintos estamentos de las Fuerzas Armadas.

El ascenso de Padrino con Maduro

Con Nicolás Maduro en el poder, el papel de Padrino no solo se mantuvo, sino que se expandió. En octubre de 2014 fue nombrado ministro de Defensa y, posteriormente, asumió responsabilidades que excedían el ámbito castrense.

Maduro le colocó al frente de la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, así como de áreas estratégicas vinculadas a los alimentos, los medicamentos, la industria y la producción, subordinando buena parte del gabinete al propio Padrino. De este modo, obtuvo una voz privilegiada en la 'mesa chica' del presidente ahora detenido en Estados Unidos.

Este rol ampliado le convirtió en el principal dique frente a los intentos de fractura militar impulsados por la oposición. Ante la autoproclamación de Juan Guaidó y la oferta de una ley de amnistía, Padrino compareció junto a la cúpula militar para rechazar cualquier quiebre institucional y ratificar su reconocimiento exclusivo a Maduro. Además, denunció un golpe auspiciado por Estados Unidos y llamó a defender la Constitución bolivariana.

En 2015, tras la derrota electoral del chavismo en la Asamblea Nacional, fue él quien reconoció públicamente el triunfo opositor, un gesto que le valió un enfrentamiento con Diosdado Cabello.

Vladimir Padrino López ha ocupado durante años un lugar singular en la arquitectura simbólica del poder: por encima de Nicolás Maduro reconocía a Hugo Chávez como comandante supremo, reservándose un tercer plano que contrasta con su influencia real. Hombre de bajo perfil, pero protagonista en la sombra, se mantiene como el eje militar sobre el que descansa la continuidad del chavismo.

Así pues, su relevancia actual para el chavismo tras el ataque de Estados Unidos se concentra en un objetivo clave: contener y combatir las posibles pulsiones internas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en un contexto en el que las fricciones en el estamento castrense pueden intensificarse como consecuencia de la incertidumbre que rodea a Venezuela. Su papel, por tanto, será preservar la cohesión en el Ejército y evitar fisuras que puedan ser percibidas como una señal de debilidad del régimen chavista.

Esto resulta especialmente relevante, porque mucho antes del 3 de enero ya se había deslizado la existencia de movimientos sísmicos en las FANB que podrían facilitar un golpe de Estado contra la institucionalidad chavista. No obstante, tal insurgencia ha parecido ser débil, al menos por ahora. Y buena parte de esta dinámica se la reconocen en el seno de Miraflores al accionar de Padrino en tanto “pegamento ideológico” a la interna del poder militar. 

Asimismo, pese a ejercer como ministro de Defensa y jefe de la cúpula militar, Vladimir Padrino también goza de una gran influencia en las dinámicas políticas de Venezuela y será un actor fundamental a la hora de determinar los próximos pasos de Caracas tanto en el plano interno como en su relación con Estados Unidos. 

Aunque en los albores de la intervención estadounidense denunció que la operación militar formaba parte de una estrategia de “amenazas imperiales” orientada a “forzar un cambio de régimen”, todo apunta que el actual gobierno de Delcy Rodríguez tratará de tender puentes con la potencia norteamericana para evitar nuevos ataques. En estos cálculos, Padrino tendrá voz y voto. 

* Eduardo García es miembro de Descifrando la Guerra

Nervis Villalobos, antiguo viceministro de Energía Eléctrica en el Gobierno de Hugo Chávez, ha declarado este lunes en la Audiencia Nacional que uno de los miembros destacados de la brigada política, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano, le entregó “fichas policiales” de miembros de Podemos a finales de 2015 o principios de 2016, han informado fuentes jurídicas.

Villalobos ha declarado como testigo en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del Partido Popular. Villalobos ha reconocido el interés que la Policía en aquella época mantenía por el partido político, con representación parlamentaria y sin que hubiera una causa judicial contra la formación o sus miembros.

Bonifacio Díaz Sevillano fue juzgado y absuelto en el caso del pendrive de los Pujol —por el que el Tribunal Supremo sí ha condenado a su jefe, Eugenio Pino– y se sentará en el banquillo de los acusados por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, otra de las operaciones de la denominada brigada política del Gobierno del PP. Díaz Sevillano, ya jubilado, declaró como testigo en la causa por las maniobras contra Podemos.

Las “fichas policiales” a las que se ha referido este lunes Villalobos aparecieron en el registro que se practicó en su domicilio en España dentro del caso que investiga el blanqueo de capitales procedente de PDVSA, la petrolera estatal venezolana y en la que está investigado Villalobos. El ex cargo de Chávez no ha podido recordar hoy a qué miembros de Podemos correspondían esas “fichas policiales”.

Villalobos también ha prestado declaración como testigo en la causa que investiga a una presunta mafia policial que intentó extorsionar a varios jerarcas venezolanos a cambio de garantizar su seguridad en España, no ser extraditados a Venezuela o Estados Unidos y desbloquear las cuentas bancarias que la justicia les tenía intervenidas.

En esa causa, que se investiga en un juzgado de Madrid, ya declaró lo que ha ratificado hoy en la Audiencia Nacional, que el propio Bonifacio Díaz Sevillano y un abogado y lobbista llamado Martín Rodil –presunto miembro de la citada mafia– le empezaron a preguntar por Podemos en Estados Unidos, antes de que Villalobos se trasladara a vivir a España, entre octubre y noviembre de 2015.

La guerra sucia contra Podemos arrancó desde casi el momento de la irrupción del partido en la política española, pero se intensificó con dosieres y publicaciones en medios afines al PP cuando se acercó la posibilidad de alcanzar un acuerdo de Gobierno del PSOE, tras las elecciones de diciembre de 2015. Ya en España siguieron las presiones de la Policía española para obtener información de Podemos, con él y con terceras personas, según ha dicho conocer Villalobos este lunes ante el juez Santiago Pedraz.

Este lunes también ha declarado Javier Ochoa Alvarado, quien ocupó el mismo cargo que Villalobos en otro periodo. Alvarado Ochoa –como se llamaba antes de obtener la nacionalidad española– fue nombrado viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en 2010 y al año siguiente pasó a estar al frente de Bariven, una de las filiales de PDVSA (Petróleos de Venezuela). Está procesado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por un presunto soborno de la empresa asturiana Duro Felguera para construir una central termoeléctrica en Venezuela. Como a Nervis Villalobos, otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 3, lo investiga por el desfalco de la propia PDVSA y el blanqueo de capitales procedente del desfalco de la petrolera estatal venezolana. 

Alvarado Ochoa es denunciante de la mafia de extorsión que se investiga en un juzgado de Madrid, el denominado caso Caranjuez. En el marco de esa causa adelantó lo que hoy ha ratificado en la Audiencia Nacional, que él entregó el “punto de cuenta” –una suerte de orden de pago– de 7,1 millones de euros a la Fundación CEPS, por la que pasaron los fundadores de Podemos, seis años antes de que se creara la formación política.

Alvarado Ochoa ha reconocido que ese “punto de cuenta” era una fotocopia. Fuentes del caso sospechan que se trata de la misma que otros miembros de la brigada política llevaron a Nueva York para que también ex viceministro Rafael Isea confirmara su autenticidad –“con mandato de Rajoy”– o la que entregó el ex general Hugo 'El Pollo' Carvajal al juez Manuel García Castellón y en la que el magistrado se apoyó para investigar en secreto durante meses a Podemos.

Javier Alvarado Ochoa ha reconocido haber mantenido dos reuniones con el artífice de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, en aquel momento director adjunto operativo de la Policía e imputado en la citada causa de la Audiencia Nacional. En aquellas reuniones, Alvarado Ochoa fue a entregar documentación de PDVSA y la Policía le insistió en lo que pudiera obtener de Podemos. Las reuniones tuvieron lugar en el primer semestre de 2016, el periodo más intenso de las maniobras policiales contra Podemos.

El abogado de los informes secretos contra Podemos

A esas reuniones asistieron, ha dicho, el que era jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán y el propio Bonifacio Díaz Sevillano –ambos aún no imputados en esta causa–, según ha dicho Alvarado Ochoa. Él estuvo acompañado del abogado José Aliste, quien ha declarado también hoy como testigo.

El verdadero papel de Aliste fue desvelado el pasado febrero por elDiario.es. Aliste es un letrado con antecedentes por estafa que redactó siete informes sobre Podemos que aún se encuentran en bases de datos de inteligencia policial. Este lunes Aliste se ha quejado de la publicación por elDiario.es de esos documentos y ha dicho que “no iban contra Podemos” porque el partido entonces no existía. Los informes llevan por título “Podemos” o “We Can” y están fechados cuando el partido ya tenía una amplia representación parlamentaria.

Aliste ha defendido que todo su trabajo fue en representación legal de Alvarado Ochoa y al “secreto profesional” se ha acogido para no desarrollar sus respuestas. Aliste llegó a viajar a Estados Unidos para reclutar a confidentes venezolanos contra Podemos, según publicó elDiario.es.

Marianela Balbi (Bolívar, 1963) es una periodista venezolana que ha vivido de cerca todo el proceso de deriva del chavismo. Nominada a los Premios Gabriel García Márquez por un trabajo coral sobre quiénes son los propietarios de los medios de su país y cómo se han ido identificando con el poder, también es la directora de la Ipys Venezuela, una ONG que trabaja por la libertad de prensa. Está en España esta semana para participar en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin) que se celebra en la Casa América de Madrid hasta el sábado.

¿Qué supone ser periodista en Venezuela hoy?

Las elecciones del 28 de julio son un antes y un después. Ya veníamos con una imposición de modelo de censura que el chavismo denomina “hegemonía comunicacional”, un modelo muy bien diseñado durante 25 años. Pero después de las elecciones se ha recrudecido para impedir la cobertura de las protestas. Ha habido 13 periodistas detenidos, que es una cifra récord porque en los peores momentos hemos llegado a tener tres.

¿Se ha detenido a periodistas por publicar información?

De los 13 detenidos, ocho lo fueron por su trabajo, por estar cubriendo las protestas después de las elecciones, y se les han abierto procesos relacionados con el delito de asociación para delinquir, lo que lleva asociado penas de 13 hasta 20 años de prisión sin garantías procesales. Hay tres detenciones de periodistas que están más vinculadas a su trabajo político, no periodístico.

La otra situación es la política que se está practicando de anulación de pasaportes, que ha afectado al derecho a la identidad y a moverse libremente. Ahora mismo da temor entrar o salir de Venezuela. Hay mucha represión, y lo peor es que hay mucho miedo. Los medios están muy cooptados por el poder, hay listas de periodistas vetados, temas de los que no se puede hablar...

¿Como cuáles?

Cualquier analista político va a una estación de radio y le dicen bueno, el contenido lo tiene que revisar la Junta, y si no, no sale. Por ejemplo, en la campaña electoral a los candidatos a la oposición se les entrevistó en dos canales de televisión, en ninguna televisión pública y hubo casos de despidos y cierres por ir a cubrir un evento de campaña de los opositores. Han estado minando la libertad de informar y los periodistas tuvieron que resguardarse.

¿Cómo se han protegido de ese escenario de hostigamiento que describe y que cuantifica el último informe de Ipys?

Hemos tenido que crear con inteligencia artificial “periodistas” para dar las noticias y que nadie pudiera ser represaliado. Son dos figuras no reales y se informaba de ello a los lectores. Lo que sí era real es el contenido. Fíjate que esto ha salido por una alianza de 14 medios nacionales y no hemos querido decir qué medios son por si hay la tentación de que nos digan que estamos cartelizados o asociándonos para delinquir.

Además, muchos periodistas no están firmando los trabajos. En lugar de su nombre aparece la palabra “redacción”. También tienen que trabajar de forma colaborativa para poder difundir entre todos la información, porque para acceder a los portales de internet se han impuesto restricciones.

¿Cuáles?

Para entrar en las webs hay que tener una conexión VPN (una red privada de pago no accesible para cualquiera). Si no tienes acceso, no puedes leer nada extraoficial y eso se ha hecho con la complicidad de las empresas de telecomunicación privada, que han recibido una orden y la acatan, sin proceso judicial por medio. Los medios online están bloqueados. Hay una toma demasiado totalitaria, desde todos los ámbitos: internet, órdenes de censura... Va confluyendo a un enorme miedo y un gran silencio.

Usted fue nominada por un trabajo periodístico de cómo el entramado empresarial de medios venezolanos se iba desmantelando y el poder se los iba acercando. En 2003 había 90 periódicos en Venezuela y hoy quedan 20. ¿Qué ha pasado?

El punto de inflexión fue 2013, porque el Estado controló toda la entrada de insumos, como papel, tinta o planchas. Lo concentró en la Corporación Maneiro, una estructura pública que distribuía de manera condicionada esos materiales. Si tú sacas un titular que no me gusta, no te doy papel prensa. Muchos medios regionales cerraron. Además, hubo una caída de la inversión publicitaria por la crisis económica, pero también por la persecución a algunos anunciantes si se anunciaban en según qué sitios. Tú vas hoy a un kiosco en Venezuela y no encuentras prácticamente medios locales.

En este contexto han surgido numerosas iniciativas de periodismo en Internet, ¿cómo es hoy esa nueva estructura?

Los nativos digitales vienen del año 2014, fue el boom –coincidiendo con los cierres de papel–. Llegaron desde la prensa convencional muchos periodistas censurados. Las iniciativas online han surgido apoyadas por la cooperación internacional y el gran desafío es cómo sostenerse hoy en Venezuela con la crisis económica y sin un mercado amplio de anunciantes. Es un modelo que no está claro, pese a que son los que hacen un periodismo independiente de verdad. Los periodistas sí dieron el paso, pero los empresarios tradicionales, no. Vendieron, cerraron, esperan a que las cosas cambien... Sin ánimo de juzgar, pero creo que han tenido una actitud temerosa y tímida frente a este conflicto informativo.

¿Se podría publicar hoy en Venezuela una entrevista a Edmundo González o informar de ilegitimidad de las elecciones que ha destacado, por ejemplo, el centro Carter?

La prensa se limita a la información muy institucional, muy oficial. Ha habido por ejemplo importantes cambios en el mundo militar, y no salió casi nada publicado. La única periodista que habla de eso está fuera de Venezuela y lo publica en medios de otros países, como Argentina.

La comunidad venezolana es ya la cuarta en España, tras multiplicarse las llegadas en la última década. ¿Están saliendo también periodistas?

Según nuestros últimos cálculos hay 300 fuera de Venezuela, y es una cifra que creo que se queda corta. Sí que sabemos, por una encuesta en profundidad que hicimos, que el 60% de los que salen no trabajan de periodistas, porque tienen que vivir en el exilio, lo que supone precariedad administrativa con visados, económica... Se está generando un círculo preocupante. Por eso muchos no se van o no se quieren ir.

¿Cómo ve el futuro para los periodistas allí?

Estamos insistiendo en la investigación local, más que en investigaciones que vayan a tumbar gobiernos. Asuntos que importan en tu localidad, como por qué no funciona el sistema de agua, por ejemplo. Les estamos ayudando con formación, método, calidad y rigurosidad. Hay una necesidad de seguir haciendo periodismo, como sea, empezando por lo periférico, de abajo hacia arriba. Venezuela todavía tiene pulso periodístico.

Nicolás Maduro ha sido proclamado vencedor. Así lo ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, que ha otorgado un 51,2% al presidente de Venezuela, frente a un 44,2% de la principal candidatura de la oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, y María Corina Machado, que hablan de “fraude” y “saqueo masivo”. España no ha reconocido todavía el resultado y reclama la publicación de las actas.

Pasada la medianoche del domingo de Venezuela, seis horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una breve conferencia en la que compartió los resultados oficiales de los comicios presidenciales. Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que la demora en la entrega de resultados se debió a una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos”. Amoroso añadió que habían solicitado al fiscal general de la república que se inicie una investigación “sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y funcionarios electorales”. 

“Habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín, que marca una tendencia contundente e irreversible”, añadió Amoroso. Según este boletín, Nicolás Maduro estaría en un primer lugar, con 5.150.092 votos (un 51,20%) y Edmundo González, en el segundo, con 4.445.978 votos, con un 44,02%.

Los datos que emitió el CNE contrastan con las proyecciones de algunas encuestas publicadas en las últimas semanas, que situaban a Edmundo González, representante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con ventaja. 

Maduro, en su primera intervención tras la publicación de los resultados por parte del CNE, ha pedido “respeto a la voluntad popular”.

“Ya puedo decir que soy presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo”, ha proclamado Maduro: “Este triunfo, es tu triunfo, comandante Hugo Chávez, este pueblo jamás te ha fallado. ¡Chávez vive, y la Patria sigue! No pudieron con las agresiones, amenazas y no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela: el fascismo en Venezuela no pasará ni hoy, ni nunca”.

El presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, aseguró que “en las próximas horas” el CNE publicará en su página web el detalle de los resultados, mesa por mesa, y entregará a los 38 partidos políticos que compitieron un informe digital sobre el desenlace de la contienda. 

A partir del 10 de enero, fecha en la que comienza el nuevo mandato, el presidente afrontará un tercer sexenio al frente del país, gobernado por el chavismo desde hace 25 años.

“Saqueo masivo”

María Corina Machado, líder de la oposición y quien no pudo ser candidata por haber sido inhabilitada, dijo una hora después de la declaración del CNE: “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe. Esto no es un fraude más, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular”.

Aseguró que la oposición cuenta con “más del 40% de las actas y toda la información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos”. 

Machado reiteró una petición que hizo a lo largo del domingo: que los testigos no se vayan de los centros de votación y que la ciudadanía los acuerde. “En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Hasta el final es hasta el final”, concluyó.

Machado ha recibido el apoyo del ultra argentino Javier Milei.

A lo largo de la jornada, la PUD denunció que en algunos centros se impidió a los testigos ingresar, si bien aclararon que se trataba de incidencias que constituían un porcentaje menor. Sin embargo, con el paso de las horas, la coalición alertó, sin muchos detalles, sobre un “patrón” para impedir que sus testigos electorales presenciasen el escrutinio de los votos, que debe ser público, de acuerdo a la Ley.

Boric: “Difícil de creer”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió este lunes que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que dan la victoria a Nicolás Maduro “son difíciles de creer” y que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. 

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, indicó el mandatario progresista en su cuenta de X.

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela denunció este domingo una “operación de intervención” contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de nueve países latinoamericanos, además de lo que denomina “políticos sicarios de ultraderecha” de la región. 

“Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de Gobiernos y poderes extranjeros”, según un comunicado, que señala a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. 

Asimismo, el Ejecutivo venezolano acusó de formar parte de esta operación a los exgobernantes Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Mauricio Macri, de Argentina; y Óscar Arias, de Costa Rica, así como a los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, a quienes llamó “políticos sicarios de ultraderecha especializados en desestabilizar Gobiernos en América Latina”. 

Según la Administración de Nicolás Maduro, “pretenden desvirtuar lo que se ha expresado” este domingo “en paz y con espíritu cívico” en el país caribeño, cuando millones de venezolanos salieron a votar por uno de los diez candidatos a la Presidencia, entre ellos el actual jefe de Estado, quien busca una segunda reelección. 

“Esta miserable y desesperada operación está destinada al fracaso, porque Venezuela es un país libre y soberano y jamás aceptará imposiciones ni chantajes, y menos de instancias extranjeras sin moral y legalidad para agredir nuestros derechos y a nuestro pueblo”, agregó Caracas. 

Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú emitieron este domingo un comunicado conjunto en el que expresaban su preocupación y anunciaban que harán un seguimiento cercano de los acontecimientos electorales en Venezuela.

“Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas”, señala el texto: “Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.

Rafael Ramírez es un hombre de peso en el chavismo venezolano. Ministro de Petróleo de 2002 al 2014, presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de una década, canciller en 2014 y embajador ante la ONU por Nicolás Maduro hasta el 2017, ha sido una de las persona de máxima confianza del expresidente Hugo Chávez. Ramírez renunció al poder en el momento en que el Tribunal Supremo de Justicia decidió entregarle las atribuciones de la Asamblea Nacional al presidente en 2017, lo que desencadenó una serie de protestas violentas que fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad del Estado. Ramírez dice que dejó el poder para exiliarse en Roma, donde vive en condición de refugiado político, después de cuestionar la respuesta del Gobierno.

El expresidente de Pdvsa, que enfrenta una denuncia por malversación de fondos y manipulación de licitaciones para contratos petroleros en Venezuela, decide hablar por primera vez desde de que la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvo a su hermano. “El gobierno es represivo y usa la justicia como instrumento de persecución”, dice Ramírez y pide a la comunidad internacional que levante la voz para exigirle a Maduro que respete los derechos humanos. Una semana después de la licencia que Estados Unidos le otorgó a Chevron para volver a operar en Venezuela, el ministro de Petróleo de Chávez dice estar convencido de que el acuerdo no mejorará la situación económica. “En los países petroleros, siempre se ha usado el petróleo para obtener apoyo político”.

Estados Unidos habilitó a Chevron a volver a trabajar con Pdvsa. ¿Puede esta decisión mejorar la economía venezolana?

No va a incidir en nada. No creo que vaya a mejorar la situación de Venezuela, porque los términos de esta licencia son contrarios a la Ley Orgánica Hidrocarburos. Primero, porque establece que Chevron operará en Venezuela por su cuenta, desconociendo la figura de las empresas mixtas, que es la única figura que establece la ley en nuestra Constitución para permitir la participación de los privados. El petróleo está reservado al Estado venezolano. En consecuencia, solo pueden participar los privados si están en empresas mixtas con Pdvsa. Lo segundo es que la licencia le prohíbe de manera expresa a Chevron a pagar impuestos y regalías al gobierno de Venezuela. Eso es muy grave porque, siendo el Estado venezolano propietario del petróleo, cada barril que se saca del país tiene que pagar una regalía, es la tasa que corresponde al dueño del petróleo. El último elemento es que Chevron está autorizado a comercializar el petróleo solo con Estados Unidos. Eso va en contra lo que dice la Ley Comercialización, que establece que el petróleo es monopolio del Estado venezolano y lo podemos vender a donde sea.

Si no beneficia a Venezuela, ¿por qué Maduro permitió ese acuerdo?

Porque Maduro está desesperado por obtener legitimidad, por conseguir apoyo político. No es primera vez que pasa en el país. En 1920, el dictador Juan Vicente Gómez, después de recibir el apoyo militar de los americanos, les entregó todo el petróleo. En los países petroleros, siempre se ha usado el petróleo para obtener apoyo político. Eso es lo que está queriendo hacer Maduro.

Este acuerdo llega después de la reapertura del diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición. ¿Piensa que el gobierno de Venezuela consigue hablar con Estados Unidos mediante la oposición?

El lobby de Chevron ha permeado tanto en sectores del Gobierno como en la oposición. Con la mesa de México, lo que se instaló ha sido una mesa de co-gobierno. No es que estos sectores de la oposición, que han aceptado el diálogo, estén llegando a acuerdos. Hay que entender que en Venezuela el petróleo es todo. El 90% de los ingresos del país son ingresos petroleros, tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y si Venezuela no las aprovecha para su propio desarrollo, lo aprovecharán las transnacionales, que es lo que está haciendo ahora Chevron.

¿Este acercamiento de Venezuela con Estados Unidos puede darle aire a Maduro?

Yo no veo que haya un acercamiento con los Estados Unidos. Lo que noto es una decisión del gobierno de Estados Unidos a favor de Chevron. Estas no son relaciones políticas.

Pero antes de la licencia emitida por el Tesoro, Estados Unidos no reconocía a Maduro...

No lo reconoce ahora tampoco. Lo que hace es habilitar a sus empresas a que hagan dinero. Existe una gran cantidad de tenedores de bonos norteamericanos, que están haciendo lobby en Washington, que lo que buscan es cobrar esos bonos. Venezuela no es prioridad para Estados Unidos.

Usted cuestiona la reapertura del diálogo en México. Si no es el diálogo el camino para avanzar en la recuperación democrática, ¿cuál es?

Yo estuve en el Consejo de Seguridad durante dos años. En los conflictos más cruentos siempre he estado de acuerdo con el diálogo político. Pero el diálogo político no puede ser un cheque en blanco al poderoso. Tienes que poner condiciones para el diálogo. En esa mesa están los representantes de las élites políticas pero ahí no hay pueblo. Debería haber trabajadores, un representante de la Iglesia, defensores de los derechos humanos. Es un diálogo nacional, no un diálogo entre élites, porque de esa manera es un diálogo secreto. En México se podrán poner de acuerdo entre las élites, pero eso no va a resolver los problemas del país.

Usted ha estado al frente de Pdvsa durante 10 años. ¿De qué manera explica que la producción de petróleo en Venezuela hoy no supere los 700.000 barriles diarios cuando en 1998 producían más de 3,5 millones?

Yo fui diez años presidente de Pdvsa. En enero del 2003 producíamos solo 25.000 barriles. Imagínate, un desastre. Nosotros levantamos la producción, estabilizamos la industria petrolera durante 12 años. Siempre con una producción de tres millones diarios, que es lo que estaba en el marco de nuestra nuestra cuota de la OPEP. Lo que pasó a partir del 2014 es que Maduro intervino Pdvsa para hacerse con los fondos que había en la empresa para propósitos distintos a la producción de petróleo. Una empresa que manejaba anualmente 40.000 millones de dólares de presupuesto es un gran negocio para el Estado. En 2013 entregamos al Estado 120.000 millones de dólares. Eso es lo que sostenía el país. Esta gente entró, tomó control de la vicepresidencia de Finanzas de la empresa, con un señor llamado Erick Malpica, que es sobrino de Maduro y usaron los fondos de la empresa para otras cosas. Lo he denunciado y por eso me han perseguido.

Imaginemos que en las próximas elecciones gana la oposición. ¿Qué puede llegar a encontrar en Pdvsa?

Encontrarán una empresa desmantelada, de la que se han ido 30.000 de nuestros mejores muchachos, una empresa que ha sido vendida en pedazos a los privados. Lo primero que habría que hacer es establecer todo el marco legal de nuestra industria petrolera. Hay una cantidad de contratos que se han dado que son ilegales. Todo eso hay que eliminarlo y hacer nuevos marcos legales con los privados. Lo segundo es recuperar nuestros mejores trabajadores y el conocimiento petrolero que está en el país o que está afuera, hacerle un llamado a que se incorporen. Y lo tercero es hacer una estrategia para recuperar la producción en las mejores áreas, en las que generan más productividad.

¿Y en el manejo de las cuentas?

Durante toda mi gestión siempre emitimos los estados financieros auditados. Así que si tú quieres revisar qué pasó en la industria durante los diez años que estuve al frente, lo puedes ver. Pero Maduro, inmediatamente tomó el control de la empresa no emitió ningún otro estado financieros auditado. Entonces habrá que auditar nuevamente todo, con el objetivo de saber qué pasó.

El gobierno de Venezuela lo acusa de haberse quedado con 4.850 millones de dólares de Pdvsa. ¿Cuál es su respuesta?

En Venezuela ha habido 'lawfare' [persecución judicial], han utilizado a la justicia para la persecución política como han hecho con Cristina [Fernández de Kirchner], con Rafael Correa, con Lula. Esta gente quería sacarme de la conciencia del pueblo, quería hacerme daño y de lo único que se les ocurrió acusarme es de corrupción. Pero ellos no han demostrado nada, no tienen ni una prueba de lo que denuncian. Yo estoy exiliado en Italia, donde tengo estatus de refugiado político.

¿Han investigado a sus familiares?

Sí, también persiguen a mi esposa. El pasado 13 de septiembre, la Dirección de Contrainteligencia Militar se llevó preso a mi hermano Fidel Ramírez, un médico que lo único que hizo ha sido ayudar al presidente Chávez en el diagnóstico del cáncer. El gobierno es represivo y usa la justicia como instrumento de persecución.

Usted menciona el 'lawfare', una expresión que en América Latina usan los sectores de izquierda. ¿Dónde queda ubicada Venezuela?

El gobierno de Nicolás Maduro no es un gobierno de izquierda, ni un gobierno chavista. Maduro no tiene nada que ver ni con Chávez ni con la Revolución Bolivariana. Maduro se convirtió en un dictador, que ha acabado con todas las conquistas sociales que alcanzamos en el período con Chávez. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha registrado en más de 460 entrevistas la violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. No se puede apoyar a un gobierno con esas características.

¿Qué papel ocupa el fiscal general Tarek William Saab?

El fiscal general está señalado en todos sus informes como corresponsable y cómplice en los crímenes de lesa humanidad.

La justicia de Venezuela hizo un pedido extradición en su contra. Italia lo rechazó. ¿Puede cambiar su situación?

Estoy seguro en Italia. Lo único que hemos detectado es que aquí el gobierno de Maduro ha enviado grupos de captura. Aquí tengo seguimientos por los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Pero bueno, estamos tomando todas las previsiones para cuidarnos.

¿Usted fue despedido por Maduro en 2017?

No, yo no fui despedido. Yo renuncié en diciembre del 2017 a mi puesto como embajador ante las Naciones Unidas, porque no estuve de acuerdo con la terrible represión con la que el gobierno respondió a las manifestaciones en las calles del país. Ese mismo año, murieron más de 130 muchachos. Diga lo que se diga, que eran manifestantes violentos, el Estado que tiene el monopolio del uso de la fuerza, tiene a las Fuerzas Armadas, no puede matar a 130 personas en la calle. Eso nunca había pasado en el país y por supuesto nunca hubiese pasado con Chávez. Entonces, sabiendo que me iba a venir toda la persecución encima, decidí renunciar y no volver a mi país.

¿Qué cree que debería pasar en Venezuela?

Nicolás Maduro, sin duda, tiene que salir del gobierno. Un gobierno que ha sido el peor de nuestra historia. Se han desmoronado todas las conquistas sociales del país, no solo las de Chávez, sino las anteriores. Venezuela siempre ha sido un país democrático y avanzado socialmente.

“Salir”, ¿de qué manera?

Salir por la Constitución. Nosotros queremos que se cumpla la Constitución: las elecciones, el referéndum revocatorio. La Constitución que promovió el presidente Chávez tiene los mecanismos para que los pueblos puedan quitarse de encima al gobierno. Pero la presión internacional tiene que crecer, para que Maduro permita las elecciones libres, para que deje la persecución política. No puede haber elecciones solo con la gente que quieran Maduro o Diosdado [Cabello]. Después el pueblo venezolano se encargará de defender esos resultados en la calle.

¿El chavismo que usted describe dependía de una sola persona como Hugo Chávez?

Lamentablemente, sí. Dadas las características de nuestro movimiento político, dependía de Chávez. Definitivamente dependía de Chávez, porque el movimiento bolivariano no era un movimiento que tenía una definición ideológica fuerte, sino que se fue construyendo con él. Y claro, dependía de un equipo cercano a Chávez.

¿Por qué cree que Maduro no quiere dejar el poder? ¿Tiene miedo a lo que pueda llegar a pasar después?

Ellos saben que han cometido tantos crímenes que tendrán que rendir cuenta ante la justicia. Me imagino que ellos quieren lograr una transición como la de Chile, donde se respete su seguridad y su integridad. Pero lo veo muy difícil. Ellos van a tener que irse a otro país, a Cuba o Corea del Norte. No sé. Pero han hecho mucho daño. Es muy triste ver cómo esta gente ha convertido un sueño hermoso, como el chavismo, en una pesadilla.

¿Y qué responsabilidad tienen ustedes, como un sector diferente dentro del chavismo, en no haber podido evitar esta situación?

No se pudo. Traté de hacerlo. Fui al congreso del partido en 2014 para decir que estamos ante una situación compleja, que había que tomar un conjunto de medidas, pero no había discusión. Después de mi intervención en este Congreso, fui destituido de Pdvsa y enviado a Cancillería. Fui sacado del país. Todo el que intentaba llevar una discusión, lo iban metiendo preso. No hubo manera. No pudimos reaccionar a que se estaba generando un grupo que asaltó el poder muy rápido.

Alcalde de Chacao (Venezuela) con menos de 30 años, condenado por participar en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, amnistiado, vuelto a condenar por instigar las protestas de 2014 contra Nicolás Maduro que se saldaron con decenas de muertos -él ha negado su implicación-, encarcelado, excarcelado y hoy exiliado, Leopoldo López sigue siendo uno de los más beligerantes opositores a lo que él llama la “dictadura” y “autocracia” de su país. Este martes, en un encuentro en el Ateneo de Madrid para debatir sobre ‘Desinformación y la amenaza a la democracia“, el político, que ahora trata de tejer una red internacional de apoyo a figuras perseguidas, ha incluido a Venezuela en una lista de países diseminadores de desinformación, en la que participan también Rusia, China o Irán.

El debate, moderado por el presidente del Ateneo, Luis Arroyo, reunía a López con dos visitantes vinculados a la delegación europea de la fundación del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. De un lado, Chris Simon, presentado como especialista en desinformación. Del otro, Sahra-Josephine Hjorth, fundadora de una plataforma digital de formación y una de las participantes este año en el “programa de liderazgo” de la fundación en el viejo continente. Allí debatieron sobre el fenómeno de las noticias falsas o fake news y su explosión con motivo de la revolución digital, sin llegar a conclusiones definitivas.

“Hará falta algún tipo de regulación”, opinó Simon sobre la gestión de los contenidos en las grandes redes sociales, con el caso de Facebook de fondo, que podría ser una autorregulación o una intervención de tipo legislativo, quizás transnacional. Es preciso también, según apuntó Hjorth, una educación de los jóvenes en “ética digital”, que limite el matonismo y otros comportamientos abusivos en redes sociales. No hay soluciones evidentes, previno, poniendo como ejemplo la ausencia de la extrema derecha de los medios informativos tradicionales en Suecia, que no ha evitado su auge electoral.

López recordó que los regímenes políticos represivos lograron digerir el primer surgir de las redes sociales como medios de información alternativa y disponen hoy de herramientas para ahogar los discursos críticos, como ejércitos de colaboradores a sueldo. También señaló que en Venezuela hay portales de noticias a los que para acceder es necesario emplear programas que sorteen el bloqueo impuesto por el gobierno, de forma similar, aunque por motivos más perversos, se entiende, a las dificultades para acceder a los medios oficiales rusos desde la Unión Europea en los últimos meses. 

Ejemplo de la internacional de trolls, de La Habana a Teherán, son, en su opinión, las “claras” injerencias rusas en el debate público de Cataluña al hilo del referéndum de independencia de 2017, o de la consulta sobre la salida del Reino Unido de la UE el año previo. Fuera de las democracias, esos problemas son los mismos, pero con mayor intensidad, defendió. Preguntado por cómo tolerar la presión en las redes, defendió que hay que tratar de “ser sincero con uno mismo” y no dejar que los ataques destruyan la autoestima y retraigan a los opositores de participar en los foros públicos. Llamó también la atención sobre el número de presos políticos en el mundo, “una pandemia”, a su entender, que se da en numerosos países. Aquí amplió la lista: Hong Kong, Zimbabue, Turquía y Arabia Saudí también adolecen de graves problemas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha ironizado este viernes sobre la propuesta del Gobierno de crear una empresa pública de energía con el objetivo de controlar el mercado eléctrico. En un tuit publicado esta mañana, acompañado de una fotografía con la portada del diario El Mundo con el titular “Ribera plantea nacionalizar la hidroeléctrica al estilo Podemos”, Casado ha escrito: “Exprópiese”.

El dirigente popular ha recurrido a esa palabra en referencia al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien usó esa expresión en 2010 para sacar de una céntrica plaza de Caracas a tradicionales comercios de joyería, en un vídeo que se popularizó posteriormente.

Casado ha asociado así la idea planteada este jueves por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Energética, Teresa Ribera, y confirmada hoy por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de crear una compañía pública para gestionar las centrales eléctricas una vez que se vayan venciendo las actuales concesiones. El líder de la oposición ha coincidido con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, quien ha dicho esta mañana que una idea “populista” propia de países como “Venezuela”.

No obstante, y pese a que desde la privatización de Endesa la presencia del Estado en el sector energético desapareció en España, numerosos países como Estados Unidos, Francia, Italia o Austria cuentan con compañías energéticas con participación pública en mayor o menor grado.

En la generación de electricidad, los inversores privados son minoría a escala global. Aunque concentran tres cuartas partes de las inversiones en energías limpias, su cuota se ha reducido en los últimos años, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Mientras, las empresas con participación pública “contabilizaban en torno al 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y cerca del 52% de la potencia prevista o en construcción” a escala mundial, según un documento de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicado en abril de 2018. Dicho de otra forma, solo un 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción está en manos completamente privadas.

Este estudio subrayaba el “importante” papel de los operadores públicos en el sector eléctrico en el mundo, “incluyendo a varios países de la OCDE” como Canadá, Noruega, Francia o Israel, y recordaba que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública, en un listado que incluye empresas energéticas de países como China o Venezuela, México y Rusia, pero también de Canadá (Hydro-Quebec, 100% propiedad de ese Estado), Estados Unidos (Tennessee Valley Authority o TVA, un gigante que opera en los estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Misisipi, Carolina del Norte y Tennessee), Suecia (Vattenfall), Francia (EDF y Engie), Brasil (Electrobras), Japón (Tepco, que tuvo que ser rescatada por el Estado nipón tras el desastre nuclear de Fukushima) e Italia (Enel).

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que desde la Junta “no podemos más que respetar todas las sentencias”, en relación a las sentencias contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el 'caso ERE', conocidas este martes. “Siempre tenemos que respetar la sentencia judicial”, aseveró.

De todos modos, al igual que ha hecho con anterioridad Emiliano García-Page, ha querid puntualizar que lo que se ha juzgado “no ha sido enriquecimiento personal o del partido”. “Para nosotros es muy triste ver como este tipo de situaciones finalmente duran tantos años y hacen tanto daño y provocan tanto descrédito en las instituciones”, aseguró. Pero, recalcó “no se han llevado ni un duro para ellos ni tampoco para el partido”.

En estos mismos términos se expresó esta semana Emiliano García-Page, que quiso mostrar su “total y absoluta confianza” en los expresidentes andaluces, un día antes de conocerse la sentencia. Page recalcó que la confianza era “independiente” del resultado de la sentencia, y aseguró que “sé que no se han llevado un duro en su vida, y lo están pasando mal ellos y toda su familia”.

Por su parte, el PP ha preguntado este miércoles al presidente de la Junta de Comunidades si sigue “teniendo confianza” en ambos dirigentes. La diputada del PP por el Congreso por Albacete, Carmen Navarro, ha criticado así que la Junta “asuma” el argumentario del partido para “blanquear” el caso. Navarro ha asegurado igualmente que se “compraron” votos a través de la red y ha pedido en que García-Page debe dar “explicaciones” al respecto.

“¿Sigue teniendo confianza en estos dos dirigentes tras conocer la condena?”, se ha preguntado, a la vez que añadía que“no se puede separar la Junta de Andalucía del PSOE y a eso están jugando los dirigentes socialistas”.

La policía política que presuntamente actuó por “mandato” del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió al exministro chavista con el que se reunieron en Nueva York que les ayudara a impedir a que Podemos llegara al poder. “Si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos”, afirma el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago en unos audios publicado este jueves por Moncloa.com y El Confidencial.

Fuentes Gago se encontró el 12 de abril de 2016 en Nueva York con Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, para negociar el intercambio de información que implicara a Podemos con Venezuela. En concreto, el inspector, que viajó junto al entonces jefe de la Brigada Anticorrupción de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Manuel García Catalán, y la jefa de grupo de la misma Brigada, Silvia O. M., buscaba que Isea avalara la autenticidad de un documento sobre un supuesto pago de 7,1 millones de euros, en 2008, del Gobierno de Venezuela a la Fundación CEPS, ligada a los inicios del partido de Pablo Iglesias.

La intención de la brigada era que el caso quedara judicializado para que no se pudiera frenar. “Venga el Gobierno que venga, eso es una cuestión que lo vamos a hacer con un juez. Venga el Gobierno que venga, en España da igual. ¿Me entiende lo que quiero decir? España es un Estado de Derecho todavía, aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, se lo van a tener que comer”, relata Fuentes Gago en uno de los audios del encuentro. A cambio, la policía española ofrecía al venezolano protección para las personas que Isea indicara.

Fuentes Gago señala, además, que, en caso necesario, para la investigación recurrirán a la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA), al FBI o a los rusos. “Que también ellos nos deben alguna”, afirma. “Es que lo bueno que tiene España es que es un país que está a caballo entre los dos mundos”, subraya el inspector.

El inspector José Ángel Fuentes Gago pasó de “chico de los recados” del PP a participar en las operaciones de investigación a la oposición bajo las órdenes del  entonces director adjunto de la Policía, Eugenio Pino. Hace dos semanas, el inspector fue imputado por el espionaje a Bárcenas, en el marco del caso Villarejo. Ahora, su nombre vuelve a resonar al publicarse la grabación de la reunión que mantuvo con el exministro venezolano en la que Fuentes Gago también implicó en la trama a Fernández Díaz y Rajoy.

La grabación en la que un destacado miembro de la brigada política explica a un confidente que tiene una recompensa para él aprobada por el mismo presidente del Gobierno supone un hito en las revelaciones acerca de las maniobras policiales contra la oposición entre los años 2012 y 2016, la primera legislatura de Mariano Rajoy. Según una grabación que desvela hoy moncloa.com, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago ofreció en junio de 2016 a un exministro de Hugo Chávez residencia, identidades nuevas y protección para su entorno porque tenía el “mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Los informes apócrifos contra políticos independentistas catalanes o contra Podemos señalaban hasta el momento a los responsables del Ministerio: al director general de la Policía, Ignacio Cosidó; al secretario de Estado, Francisco Martínez; y al ministro Fernández Díaz; ya fuera por acción o por omisión. Cosidó era el máximo responsable del Cuerpo mientras todo eso ocurría; la relación de Martínez con los mandos implicados era directa y personal, según atestigua el sumario del Pequeño Nicolás; y Fernández Díaz tenía como policía de referencia al jefe de la brigada política, Eugenio Pino, y había ensalzado públicamente la figura del comisario José Manuel Villarejo. Pero la duda de la implicación de Moncloa seguía en el aire.

Fernández Díaz pertenecía al círculo de ministros amigos personales de Rajoy. Las andanzas de Villarejo y otros desmanes de su Policía le mantenían enfrentado a Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta y mano derecha del presidente. El comisario Villarejo estaba enfrentado al CNI, al que se le empezaba a agotar la paciencia con el comisario hoy encarcelado y en aquel momento, el servicio secreto dependía de Sáenz de Santamaría.

En el audio referido, Fuentes Gago asegura que ha hablado del ofrecimiento a Rafael Isea, el exministro venezolano de Industria, y que Fernández Díaz ha informado al presidente del Gobierno español en persona. De ambos parte la autorización para la oferta que le hace a cambio de que afirme oficialmente que Venezuela financió a Podemos. Isea aceptó. En un informe firmado por los acompañantes de Fuentes Gago en ese viaje: el jefe interino de la UDEF José Manuel García Catalán y una jefa de grupo de nombre Sonia, según publicó eldiario.es. En un informe firmado por ambos, y que publicó Abc, Isea dice que Hugo Chávez firmó, “sin ningún tipo de duda”, un pago de 7 millones de dólares para la Fundación Ceps, a la que estuvieron vinculados varios fundadores de Podemos.

Ese informe, sin embargo, no aparece en causa judicial alguna. Las maniobras policiales se estaban realizando en el marco de un proceso extrajudicial, de forma prospectiva y con el fin de debilitar a una formación política a dos meses de las elecciones de junio. Y todo con el consentimiento del presidente del Gobierno y candidato el PP, Mariano Rajoy, según el inspector jefe Fuentes Gago.

En aquellos días, la actividad de la policía política con los venezolanos era frenética. Mientras los desplazados a Nueva York conseguían el testimonio de Isea, cinco altos funcionarios del Gobierno de Chávez, huidos a Estados Unidos, viajaban a Madrid para ofrecer nuevos testimonios con los que atacar a Podemos. Unos testimonios que finalmente fueron descartados por su debilidad. Un sexto venezolano, Rafael Arias, está vinculado a la falsa información que publicó Okdiario sobre una cuenta de Iglesias en un banco caribeño. La fiabilidad de la oferta que realizó Fuentes Gago a Isea se constata con que Arias obtuvo la residencia en España por colaborar con Interior, según él mismo ha reconocido en un juzgado.

El policía que habla no aparece en el informe sobre la confesión de Isea porque es miembro de la primera línea de la brigada política de la Policía. Según aparece en las grabaciones realizadas en el despacho del ministro, Fuentes Gago es el muñidor de la entrevista entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso en la que ministro y exjefe de la Oficina Antifrau constatan la existencia de la Operación Catalunya. Mano derecha de Eugenio Pino, Fuentes Gago también está vinculado a la información falsa sobre la cuenta de Xavier Trias, según reconoció en el Congreso de los Diputados. Está imputado además en la Audiencia Nacional por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados.

En el marco de esa investigación está imputado el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, hasta ahora la pieza más elevada con una acusación formal en los juzgados. En su declaración como imputado por la Operación Kitchen, Pino evitó señalar más arriba, pero los investigadores sospechan que detrás de todo el operativo policial estaban Cosidó, Martínez y Fernández Díaz, por ahora aforados ante el Supremo e inimputables en la Audiencia Nacional. El nombre de Rajoy aparece por primera vez en el audio publicado este miércoles.

Nuevas informaciones señalan al expresidente, Mariano Rajoy, y a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como las personas que ordenaron de forma directa el espionaje a Podemos, según se recoge en los audios publicados este miércoles por Moncloa.com y El Confidencial.

La brigada política de Interior se volcó para recoger testimonios contra Podemos de disidentes del chavismo y en el marco de esas maniobras contó con la colaboración de Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Hugo Chávez. Isea se citó con tres agentes de la Policía Nacional en Nueva York para avalar la autenticidad de un documento sobre un supuesto pago en 2008 de 7,1 millones de euros de Venezuela a la Fundación CEPS, vinculada a los inicios de Podemos.

El encuentro, el 12 de abril de 2016, se llevó a cabo por orden del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del propio presidente, Mariano Rajoy, según se desprende del audio que captura los primeros 63 minutos de esa reunión. En la grabación el inspector José Ángel Fuentes Gago, entonces agregado en la Embajada en los Países Bajos, aseguraba que tenía un “mandato” del presidente y del ministro del Interior para llevar a cabo esa operación. El intercambio incluía la oferta de protección de Isea y su familia a cambio de información sobre operaciones económicas entre Venezuela y el partido de Pablo Iglesias.

“Yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente [del Gobierno] español. Yo solo tengo un mandato aquí, o sea, acompañar a estas personas y decirle a usted que me diga los nombres de las personas que quiere que documentemos en España y que le demos una nueva identidad o una nueva vida, la que tienen ustedes y les protejamos. Eso es mi compromiso. Yo vengo aquí con ese mandato. Usted me lo dice y lo hacemos”, se oye en el audio. De acuerdo con lo publicado por Moncloa.com, estas grabaciones se llevaron a cabo por la propia Policía y las conversaciones se llevaron a cabo en el consulado en España de la ciudad estadounidense.

Además de José Ángel Fuentes Gago, también viajaron a Nueva York para reunirse con Isea el entonces jefe de la Brigada Anticorrupción de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Manuel García Catalán, y la jefa de grupo de la misma Brigada, Silvia O. M.. Rafael Isea, por su parte, asistió al encuentro junto a su abogado, Martín Rodil.

“Lo que se está ventilando en estos momentos en Venezuela es el intento de liquidar una revolución social y democrática que resiste”. Con estas palabras, seguidas de un recordatorio de algunos de los golpes de Estado que ha sufrido el continente latinoamericano, inició su intervención, el pasado 14 de febrero en Algezares, Antonio Urbina, exdiputado por Podemos a la Asamblea Regional y profesor titular de la UPCT, en una charla organizada por la Asamblea por la Dignidad de la Costera Sur y que fue presentada por Mariano Vera y Paca Labaña.  

Urbina, profundo conocedor de varios procesos político-sociales de Latinoamérica en los últimos años, hizo un repaso por la Historia reciente de Venezuela, recordando el descubrimiento del petróleo en 1914 al que, políticamente, siguieron dictaduras y golpes de Estado. El gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez no logró transformar las estructuras socioeconómicas del país, que vio cómo su principal recurso, el petróleo, pasó a ser controlado por las empresas petroleras norteamericanas.

En la década de los 80 del pasado siglo se registró una fuerte caída de los precios del petróleo, y se puso en marcha por Carlos Andrés Pérez un severo Plan de Ajuste estructural. Fue una dura época para la población venezolana, con enormes desigualdades sociales, altas tasas de analfabetismo de la población y de delincuencia común y una fuerte dependencia sanitaria y alimentaria de las subvenciones del petróleo.

La inestable situación social y económica condujo en 1989 al primer 'Caracazo', con la población de los cerros tomando el centro de Caracas y con saqueos de supermercados y toma de empresas. La actuación conjunta de la Guardia Nacional y de la Policía metropolitana produjo de 1.500 a 2.000 víctimas mortales. Hoy se han descubierto fosas comunes, atribuibles al Partido de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez.

Rebelión militar y protagonismo creciente de Hugo Chávez

Carlos Andrés Pérez fue destituido en 1993, tras una rebelión militar e intentona golpista protagonizada por Hugo Chávez en 1992, quien ante la televisión se responsabilizó directamente de dicha intentona y reconoció su fracaso. Su leve condena judicial fue simultánea a una creciente organización de las gentes de los barrios pobres.

Hugo Chávez recuperó su libertad en 1994 y concurrió a las elecciones de 1998 como cabeza de una candidatura, Polo Patriótico (que englobó a otros partidos de izquierda), y se alzó con el 56% de los sufragios, lo que le permitió hacer avances en su programa electoral e impulsar una Asamblea Constituyente. La implantación de la Quinta República, apoyada por el 70% de los sufragios, y la nueva Constitución permiten el ciclo de reformas económicas que llevan, entre otras, a la Ley de Tierras de 2001. Hubo fuertes avances en la Educación y la Sanidad Públicas y se registra un notable proceso de organización social, con la incorporación al censo de personas no registradas, en su mayor parte gente invisible de los ‘cerros’.

Injerencia de EEUU y gobierno de Pedro Carmona

La revolución democrática en marcha no fue ajena a EEUU, que se decide a controlar la situación en abril de 2002. Precedidas por un boicot empresarial y paros patronales, las manifestaciones populares de protesta se saldan con al menos 10.000 muertos, por la dura acción represiva de la Policía metropolitana de Caracas dirigida por el alcalde de la ciudad. Pedro Carmona se autoproclama presidente de Venezuela y EEUU saluda la 'vuelta a la democracia'. El grupo Prisa apoyó la maniobra y un sector del Ejército secuestró a Hugo Chávez. En las horas siguientes al golpe de Estado tuvieron especial protagonismo las redes alternativas de comunicación, entre ellas la radio de los jesuitas, por lo que el golpe de Estado fracasó.

Se produjo un nuevo 'Caracazo': la gente bajó de nuevo de los cerros para pedir la liberación de Chávez, que fue liberado el 14 de abril.

Se profundiza la Revolución Bolivariana

A partir de 2002, Venezuela experimenta profundos cambios sociopolíticos y se ponen en marcha las 'misiones bolivarianas', estructuras políticas subvencionadas destinadas a preservar los logros revolucionarios. En 2005 se declara libre de analfabetismo al país. Pero las debilidades estructurales se mantienen. Junto a una la secular dependencia del petróleo, se detecta una preocupante improvisación y falta de energía y una embrionaria corrupción.

Por ello, en 2004, la oposición intenta un nuevo golpe: se pidió un revocatorio, que logró recabar 2,5 millones de firmas, con intentos de falsificación, pese a lo cual fueron reconocidas por Hugo Chávez. Convocado el plebiscito, Chávez consiguió 5,8 millones de votos favorables, lo que consolidó la Revolución Bolivariana.

El presidente creó el Partido Socialista Unificado de Venezuela, al que no se sumó el Partido Comunista. Y, pese a la propaganda constante de la prensa occidental respecto del carácter dictatorial del régimen, lo cierto es que siguieron funcionando los demás partidos políticos y no se procedió al cierre de ningún medio de comunicación. 

La República Bolivariana era ajena incluso al control del poder judicial, dato contrastado por el hecho de que, en 2007, más de 2.000 golpistas de 2002 quedaron en libertad.

Los sucesivos procesos electorales llevan a holgadas mayorías para Chávez: en 2013 obtuvo 8,2 millones de votos (la oposición, Henrique Capriles, 6,9); en abril de ese mismo año, 7,5 millones… Este notable apoyo popular demuestra que el régimen chavista, al contrario de lo que se propala alegremente, no es una dictadura.

La Revolución Bolivariana se mantiene con Maduro, con dificultades

Fallecido Hugo Chávez, un total de 6,2 millones de venezolanas y venezolanos dieron su apoyo a Nicolás Maduro en las elecciones de 2016. Pero a partir de 2015 venía detectándose un deterioro de la situación en el país. La bajada de los precios del crudo coincidió con el inicio de un fuerte proceso inflacionario.

Tras diez años de revolución, se mantienen la secular dependencia del petróleo, el boicot empresarial y a la producción petrolífera, y las huelgas patronales, en general. El país no ha logrado superar la dependencia de EEUU, principal país importador del crudo venezolano, y está notando la falta de refinerías propias (el petróleo se está refinando incluso en la lejana Suiza). Al boicot empresarial interno se suma el comercial de EEUU. Ante esta situación, los aliados externos de Venezuela, Turquía y Rusia, prefieren no arriesgarse con apoyos explícitos.

El panorama actual

Como es sabido, asistimos en estos momentos a un nuevo intento de golpe de Estado. La gravedad de la situación, preocupante sin duda, queda mitigada por el hecho de que, por el momento, el Ejército no se ha dividido. Pero, en previsión de una eventual intervención militar por parte de EEUU, la Revolución Bolivariana dispondría también para su defensa de posibles milicias armadas. EEUU, en tal caso, no contaría con demasiados apoyos externos: Bolsonaro, que anunció la instalación de una base militar yanqui en la Amazonía, no pondría su Ejército a disposición del norteamericano. La única opción para EEUU es la vía colombiana, dificultada por el hecho de que el gobierno de ese país aún ha de hacer frente a la guerrilla del ELN.

Antonio Urbina concluyó su intervención adelantando que, de haber un conflicto armado, quizá eso cambiaría la postura actual de la 'comunidad internacional'. Por lo pronto, los únicos países que han expresado sus deseos de caminar por la senda de la mediación son, recordemos, México y Uruguay.

Nicolás Maduro y Juan Guaidó pelean por la legitimidad presidencial en Venezuela.  El autoproclamado Guaidó, que cada vez cuenta con más apoyos en la comunidad internacional y latinoamericana, mantiene el control de la Asamblea Nacional, perdida por el chavismo en las elecciones de finales de 2015. Frente a él, Nicolás Maduro mantiene el control efectivo de los resortes de poder del Estado (Ejército, administración o la policía) y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La crisis política en Venezuela crece sobre una crisis económica y social que arranca antes, con el aumento de la criminalidad, el desabastecimiento de productos básicos o la hiperinflación. Explicamos en diez gráficos cómo ha cambiado la situación económica en Venezuela para entender cómo hemos llegado hasta aquí.

1) Cinco años de recesión se llevan la mitad del PIB

Venezuela vive un desastre económico desde hace años. La economía venezolana registró una caída del 15% de su PIB en 2018, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de datos del Banco Central de Venezuela. Una situación que se ha venido repitiendo en un país que lleva cinco años en recesión.

Desde la llegada de Maduro como presidente en 2013, Venezuela acumula una caída del 45% del PIB del país. Una tendencia que contrasta con los periodos presidenciales de Chávez: entre 1999 y 2013, la economía venezolana creció un 57%.

¿Pero cuánto supone esta caída del 45% de la riqueza del país en comparación con otras recesiones recientes? La contracción de la economía griega tras la crisis financiera de 2008 se llevó el 26% de su PIB, en España, la caída acumulada fue de un 9%.

Muy pocos países han visto contraerse la Economía más o en niveles similares a Venezuela en los últimos cuarenta años. Por ejemplo, Arabia Saudí durante los crisis de los precios del petróleo en los ochenta, Ucrania tras la caída de la Unión Soviética, Sierra Leona durante la guerra civil o Libia en su conflicto interno, que llegó a tener una caída del 75% del PIB.

2) Una economía dependiente del petróleo

Venezuela alberga la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo, según los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Ni siquiera los países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí, Irán o Kuwait cuentan con más provisiones de oro negro. 

El Gobierno de Chávez se valió de esas reservas para catapultar la economía del país durante su mandato, gracias a la subida del precio de los carburantes durante la primera década del siglo XXI. Precisamente, los ingresos de las rentas petroleras sirvieron al chavismo para financiar numerosos programas sociales para mejorar la situación de las capas más vulnerables de la población.

En un país en el que más del 75% de las exportaciones provienen del petróleo, según los datos de comercio de la ONU armonizados por la Universidad de Harvard, la caída drástica de los precios a partir de 2014 han creado un agujero en los ingresos de dólares del país y del Gobierno de Venezuela.

Cuando tu economía depende de los ingresos por la venta de petróleo, también depende de los países a los que se lo vendes. Estados Unidos es el principal comprador de los hidrocarburos venezolanos, con un 47% de las importaciones. Una cifra que enmarca la importancia de las sanciones de Estados Unidos a PVDSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal país de destino de las exportaciones de petróleo, países como India y China han multiplicado sus compras de hidrocarbunos al país latinoamericano en los últimos años.

3) Hiperinflación y desabastecimiento

Todos los detonantes anteriores afectan al mayor problema al que se enfrentan los venezolanos en su día a día: la hiperinflación. Los últimos datos del FMI para 2018 estimaron un aumento del nivel de precios de un 13.000%, un dato histórico para la economía venezolana que nunca se dio durante la etapa de Chávez.

¿Qué consecuencias tiene? Que en Venezuela existe una moneda totalmente devaluada, el bolívar, y unos niveles de precios que no permiten a los venezolanos adquirir productos de primera necesidad. 

4) Se multiplica la pobreza y la comida escasea

La hiperinflación y el desabastecimiento han llevado a gran parte de la población venezolana a una situación de pobreza. En el país, los niveles de pobreza se miden a través del método de línea de pobreza, que calcula la proporción de hogares que ingresan menos que la canasta básica de alimentos, y el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que clasifica como pobres a aquellos hogares con niños que no asisten a la escuela, que están en situación de hacinamiento o que carecen de servicios básicos.

El primer indicador, que muestra la capacidad de las familias para sufragar la cesta básica, se ha disparado del 29% en 2013 al 87% en 2017, según los datos del INE de Venezuela y el ENCOVI. El segundo indicador, que mide la pobreza crónica, solo ha subido del 20% al 33% durante el mismo periodo. ¿Qué significa esto? Que lo que más ha aumentado es la pobreza coyuntural por la situación hiperinflacionaria.

Una situación que también está relacionada con el cambio de la cesta de la compra de los venezolanos. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada a partir de 2014 por varias universidades por la falta de información pública del Gobierno, revelan cómo los hogares cada vez consumen menos carne y pollo y los han sustituido por el consumo de productos más barato como la yuca o los frijoles.

5) Casi dos millones de venezolanos se marchan del país

La crisis económica, el desabastecimiento de productos básicos (o la hiperinflación que hace casi imposible adquirirlos) o la inestabilidad política en Venezuela han coincidido con el aumento de la inmigración venezolana. En la entrevista exclusiva realizada por Salvados a Nicolás Maduro, el presidente venezolano aseguró al periodista Jordi Évole que “mucha gente se ha ido engañada”. Un informe elaborado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge que cerca de dos millones de personas han emigrado de Venezuela en los últimos años (2016, 2017 y 2018) hacia los principales países receptores de este flujo migratorio. Fueron Colombia, Perú y Ecuador los países vecinos que mayor número de nuevos migrantes venezolanos recibieron esos años con respecto a 2015.

Por su parte, España fue el segundo país no latinoamericano o centroamericano receptor de inmigración venezolana en el último año. Desde que en 2013 estallara la crisis de Venezuela el número de llegadas procedente de este país se ha multiplicado por siete: en 2013 no llegaba a las 6.400 personas; en 2016 creció hasta las 28.000, y en 2017 se disparó hasta superar las 47.500 personas, según el informe de la OIM.

¿Cuál es el perfil de los ciudadanos que han emigrado de Venezuela? La Encuesta sobre las Condiciones de Vida en Venezuela 2017 (ENCOVI) recoge el porcentaje de población migrante venezolana en relación con su estrato social. Según esta encuesta, en torno a la mitad de los hogares que cuenta con población migrante pertenece a los sectores de población más acomodados. Asimismo, la encuesta refleja que la mayor parte de la emigración venezolana procede de las grandes ciudades (el 60%), mientras que solo una pequeña parte lo hace de pequeñas ciudades y caseríos (21%).

No es lo mismo el flujo migratorio que las peticiones de asilo. Si atendemos a estas últimas, “los venezolanos llevan tres años siendo la primera nacionalidad en número de solicitudes de asilo”, asegura María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró en 2018 más de 234.000 peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos en todo el mundo.

Este dato supone un incremento del 5.800% con respecto a la cifra de hace solo cuatro años, cuando en 2014 los solicitantes de asilo venezolanos eran menos de 4.000. A nivel europeo, “España es el país donde se registra el mayor número de solicitudes de asilo de personas de Venezuela, cerca del 90% del total de la Unión Europea”, explica Vega.

La crisis de Catalunya, la exhumación de Franco, la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias o la de este último con Venezuela o en clave local la lucha de poderes entre el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig (PSPV) y la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís) copan las diferentes escenas políticas en una nueva edición de la Exposición del Ninot que ha abierto este viernes sus puertas en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe.

La polémica por el desalojo de los restos del dictador del Valle de los Caídos ha llevado los artistas de Artes Plásticas Riberart a convertir a Franco en un activista antidesahucios con el puño en alto en una escena para la comisión fallera de la calle Bilbao-Maximiliano Thous,

El caso de los másteres destapado por eldiario.es también ha sido objeto de la sátira por parte del artista Sergio Musoles. En su escena para la falla de Pintor Salvador Abril-Peris y Valero-Doctor Sumsi se puede apreciar a un vendedor, quizás Pablo Casado, de la cadena 'Master King' vendiendo títulos rápidos.

Las relaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez también han copado varias escenas, unas veces con el presidente del Gobierno usando al líder de Podemos como su muñeco, y otras, al contrario, sacan a Sánchez como marioneta de Iglesias. Es el caso de la escena del artista Vicente Herrando para la falla Islas Canarias-Trafalgar.

La crisis en Catalunya no han escapado a las críticas con varias escenas. En una de ellas aparece Quim Torra como emperador egipcio con la vara de Carles Puigdemont mientras Gabriel Rufián le abanica, en una escena elaborada por Taller Algarra para la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea.

Las simpatías de Pablo Iglesias con Venezuela tampoco han pasado desapercibidas. En una de las escenas aparecen Iglesias y Chávez como bufones acompañados del perro del dirigente de Podemos, Monedero. La figura está llena de alusiones a la crisis del partido Morado y a la del país sudamericano y ha sido obra de Arturo Vallés para la falla Obispo Amigó-Cuenca.

La exposición estará abierta de 10.00 a 20.00 horas de lunes a jueves y de 10.00 a 21.00 horas de viernes a domingo hasta el 14 de marzo en el caso de los ninots infantiles y hasta el 15 de marzo en el de los mayores. Las entradas oscilan entre los 1,5 y los 5 euros. Las comisiones falleras tienen acceso gratuito.

La situación de Nicolás Maduro se ha vuelto aún más insostenible. Su presidencia colapsa víctima de su incapacidad para hacer evolucionar un régimen chavista que no era posible sin Hugo Chávez. Si sobrevive a esta crisis lo hará en condiciones de tanta debilidad que, o bien sus propios aliados forzarán un relevo, o la oposición volverá a tratar de derribarlo sabedora de que sus apoyos crecen a cada intento. No se puede gobernar contra la mitad del país. No es sostenible, ni democrática, ni logísticamente. Que Maduro haya tenido que gobernar contra un acoso tan antidemocrático como furioso no le legitima para mantenerse en el poder, aunque sí le da potentes argumentos para defender su candidatura en unas elecciones democráticas.

Lo único que mantiene unida a la oposición venezolana reside en el anhelo de echar a Maduro y, en no pocas ocasiones, ni siquiera eso ha bastado. Por eso, la única democracia que les vale es la suya propia: aquella que expulse a a Maduro y al chavismo del poder. Su capacidad para ofrecer una alternancia con garantías resulta más que dudosa. Tampoco parecen dispuestos a asumir que no se puede gobernar contra la otra mitad del país. Los excesos chavistas no les legitiman para asaltar el poder, aunque sí les concede argumentos para promover sus candidaturas en unas elecciones democráticas.

Si en la política española importase de verdad Venezuela, por empatía, por historia y por interés estratégico, habríamos reconocido la complejidad de la situación y estaríamos trabajando activamente para mediar en una construcción de una solución, que solo puede armarse sobre unas elecciones libres y reconocidas como legítimas por ambas partes, gane quien gane.

Si además, en la política española, pesase como debería el interés de un país como éste, tan lleno de patriotas y banderas en los balcones, se habría hecho lo imposible por negociar una posición y una estrategia común para no quedarnos, otra vez, fuera de juego en un momento cuando se deciden los futuros equilibrios de poder e influencias en una zona del mundo vital para los intereses españoles.

Pero no importa Venezuela, ni siquiera los intereses del país propio; solo el daño que pueda hacerse con ella a un gobierno que, de momento, no ha sabido resistir la presión y armar un discurso de mediación internacional y defensa del interés nacional. El presidente Sánchez ha comparecido, tarde y mal, para decirnos que la oposición se equivoca al criticarle porque ya esta haciendo lo que la oposición dice que hay que hacer. Se equivoca. El papel de España y la UE no puede ser tomar partido, mucho menos lanzar ultimatos a un Estado amigo y soberano desde una supuesta superioridad moral o democrática europea; aún menos intentar disfrazar de defensa de la democracia actitudes que nos devuelven un desagradable sabor colonial. Es un país amigo y aliado que afronta una situación dramática, con riesgo evidente de una confrontación civil, nuestra responsabilidad y nuestro interés pasa por ayudar a evitarla y a encontrar una salida, no por decidir quién gana.

La lideresa indígena guatemalteca Lolita Chávez Ixcaquic ha sido galardonada con el Premio Ignacio Ellacuría 2017 por ser un “referente de esperanza y lucha pacífica” por su denuncia de la “expoliación y de los modelos de explotación insostenible” de los recursos. Así lo ha recalcado el lehendari iñigo Urkullu, quien ha presidido la entrega de este premio a Lolita Chávez, cuya labor en defensa del pueblo K'iche le ha obligado a huir de Guatemala ante el riesgo que corría su vida y a establecerse en Euskadi. En la comunidad autónoma está acogida al Programa de Protección Temporal de Defensores de Derechos Humanos puesto en marcha por el Gobierno vasco.

Urkullu ha puesto en valor su defensa del “territorio frente a la explotación y a los modelos de explotación insostenible”, así como su lucha por los derechos de las mujeres en su país.

Por su parte, Chávez ha denunciado la “destrucción masiva de vidas humanas y diversas especies” en Guatemala y ha acusado “a las empresas trasnacionales, en su mayoría europeas”, de violar los derechos de su pueblo y de “expoliar” sus tierras con el argumento del “falso desarrollo”.

“Hemos decidido defender a la madre tierra con la cabeza levantada”, ha subrayado y acto seguido ha exigido “justicia y liberación para los presos políticos” en Guatemala.

Con el reconocimiento de Lolita Chávez Ixcaquic el jurado ha destacado la labor de esta activista y su trabajo al frente del Consejo de Pueblos K'iche por la Defensa de la Vida, la Madre Naturaleza, la Tierra y el Territorio (CPK), organización que agrupa a 87 comunidades, le ha enfrentado con el Gobierno de Guatemala y ha puesto en riesgo su propia vida.

La segunda semana de diciembre acudió a Estrasburgo como finalista del Premio Sájarov, que el Parlamento Europeo entrega cada año a quien se haya significado en la defensa de los derechos humanos. El galardón fue a parar a manos de la oposición venezolana.

En un contexto en el que las protestas contra el gobierno han sido dominadas y el presidente Nicolás Maduro ha consolidado su poder a través de dudosas maniobras electorales y de la represión de las libertades, algunos líderes de la oposición y expertos internacionales plantean la posibilidad de un golpe de Estado como la única forma realista de lograr un cambio de régimen.

El opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, ha hecho un llamamiento a los militares para que “rompan su silencio”, indicando que “la inmensa mayoría de los oficiales está en contra del caos que se ha apoderado de Venezuela”.

En un análisis publicado por el Washington Post, el profesor de Derecho Ozan Varol ha indicado que “el Ejército venezolano es el dique que protege al régimen de Maduro y frena el movimiento democrático. El río de la democracia solo podrá seguir su cauce si el Ejército da el paso”.

Sin embargo, muchos analistas políticos señalan que es poco probable que se produzca un golpe de Estado, ya que la relación entre el Gobierno de Maduro y el Ejército es beneficiosa para ambas partes. El país atraviesa la peor crisis económica de su historia moderna. Los sondeos evidencian que una gran mayoría de venezolanos no quiere que Maduro permanezca en el poder y cree que las Fuerzas Armadas han contribuido a que Maduro se consolide a cambio de una lista cada vez más larga de beneficios económicos.

Una unión cívico-militar

Ricardo Sucre, experto militar y exoficial de la Marina, indica que desde que Hugo Chávez impulsó la revolución socialista en el país en 1999, el Gobierno ha auspiciado una unión “cívico-militar” en la que los soldados y los oficiales participan en todos los aspectos del desarrollo nacional.

Chávez, que había sido oficial de paracaidistas del Ejército, siguió implicado en cuestiones militares durante los 14 años que fue presidente, opinando sobre temas tan diferentes como ascensos o el color de los uniformes.

Maduro, exconductor de autobuses y líder sindical, no tenía vínculos con las Fuerzas Armadas, pero la alianza cívico militar se ha reforzado desde que asumiera el poder tras la muerte de Chávez por cáncer en 2013.

Por un lado, el partido socialista giraba en torno a la figura de Chávez. Rafael Uzcategui, que dirige el grupo de derechos humanos Provea, con sede en Caracas, señala que bajo Maduro, el partido ha carecido de estructura y liderazgo y las Fuerzas Armadas han llenado el vacío de poder.

Phil Gunson, que trabaja en Caracas para el think tank International Crisis Group explica que en un contexto de disturbios cada vez más intensos, Maduro confía en que las Fuerzas Armadas lo protejan y terminen con las protestas callejeras.

Una relación de simbiosis

Sin embargo, Gunson puntualiza que “los militares también necesitan a Maduro porque no quieren gobernar. No quieren que un general uniformado lidere el país porque les da mala imagen y parece de otra época. Así que Maduro les parece una buena opción. Les facilita la vida. Si eres general y cumples con lo que se te pide, puedes ganar mucho dinero”.

En estos momentos la mitad del Gabinete de Maduro está formado por militares en activo o retirados. También ocupan otros puestos clave en la Administración. Se encargan de todo, desde la adquisición de armas hasta la producción de acero y la distribución de alimentos. Las Fuerzas Armadas incluso tienen una planta que produce agua embotellada.

El hecho de que los militares hayan ido ganando peso en el Gobierno de Maduro quedó patente a finales del año pasado, tras la reorganización de la compañía petrolera estatal, conocida como PDVSA y de vital importancia para el país. El petróleo representa cerca del 95% de los ingresos de exportación de Venezuela.

Maduro no eligió a un veterano del sector para dirigir la compañía y optó por confiar el cargo a Manuel Quevedo, un general de la Guardia Nacional en activo. Quevedo no tiene experiencia en el sector pero se ganó la confianza de Maduro cuando en 2014 le ayudó a sofocar las protestas contra el gobierno.

Para Maduro, la “lealtad política es mucho más importante que los conocimientos técnicos”, indica Uzcategui: “La competencia queda en un segundo lugar y este es uno de los motivos por los que estamos inmersos en una crisis económica”.

María Corina Machado, líder del partido de derechas en la oposición Vente Venezuela, insiste en el hecho de que a los funcionarios de rango medio y a los soldados rasos también les afecta una crisis que ha provocado hiperinflación, el colapso de la moneda y la escasez crónica de alimentos y medicamentos. Indica que los funcionarios a menudo acuden a ella y le dicen que no apoyan lo que está pasando y que “se debe poner fin a este desastre”.

Según Sucre, las Fuerzas Armadas no confían ni respetan a la oposición política, donde no hay unanimidad en torno a cuestiones vinculadas con el líder que deberían tener y la estrategia a seguir. Y es por este motivo, afirma, “un golpe de Estado está prácticamente descartado”.

Traducido por Emma Reverter

En 2006 viajé a Caracas para participar en un seminario académico que se desarrolló en la Universidad Andrés Bello en torno al sistema de protección de derechos humanos en Europa y América. Como advierten quienes se dedican a la materia, el sistema de protección internacional de derechos humanos creado en el marco del Consejo de Europa ha inspirado al modelo de protección establecido al efecto en la Organización de Estados Americanos. De tal forma que, más allá de algunas diferencias no significativas, los textos que contemplan los derechos a proteger de las personas que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados parte (Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 1950 y Convención Interamericana de Derechos Humanos, 1969), así como la jurisprudencia de los órganos con competencia en la materia (Corte Internacional de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos) despiertan el interés científico y su estudio comparado ofrece, sin duda, conclusiones bien interesantes.

Ya entonces se podía advertir, sin mucho esfuerzo, el progresivo deterioro sobre el sistema de libertades que impulsaba el Presidente Chávez gobernando con firmeza un país en el que la oposición carecía de capacidad para alinear esfuerzos en torno a un objetivo común. Bastaba con analizar, en este sentido, los duros pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus condenas a Venezuela por el cierre de Radio Caracas Televisión para advertir que la democracia que ya entonces tomaba cuerpo en Venezuela era tal en un sentido puramente «formal». Sin embargo, las conversaciones con sectores desfavorecidos de la sociedad caraqueña permitían incorporar una variable interesante para conformarse juicio ponderado sobre la situación del país. Así, aquellos que justificaban cualquier exceso de Chávez insistían en lo que previamente habían cometido quienes habían gobernado el país de espaldas a una parte significativa de la sociedad. Subrayaban que sólo Hugo Chávez visibilizó y atendió sus necesidades a través de una serie de programas en el ámbito social y de la salud financiados gracias los beneficios que reportaba el buen precio del petróleo en los mercados internacionales.

No discuto que las dos miradas que he tratado de sintetizar en estas líneas respondieran, en su momento, a la realidad que vivían los venezolanos. De hecho, la confianza que la ciudadanía le expresó a Hugo Chávez le permitió ganar las elecciones de aquel mes de diciembre y también las que tuvieron lugar en 2012. Fue el cáncer el que finalmente apartó a Chávez de la presidencia en 2013 y le otorgó el gobierno a Nicolás Maduro.

Desde entonces, entiendo que la situación de Venezuela admite bastantes menos matices de los que algunos estarían dispuestos a aceptar para el «período chavista». De hecho, no me parece exagerado afirmar que el gobierno de Maduro tiene en la actualidad al Estado venezolano y a su sociedad al borde del colapso. Nos referimos, por supuesto, a la depauperada situación económica del país, a la degradación de unos pretendidos servicios públicos insostenibles por la caída del precio del petróleo o a los niveles de violencia que hacen de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo. Pero, además, nos parece imprescindible no dejar pasar por alto aquellas decisiones adoptadas por el gobierno de Maduro conducentes a desmantelar los últimos vestigios democráticos que todavía podrían permanecer en pie en Venezuela. En este sentido, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para sustituir los poderes de un parlamento mayoritariamente controlado por la oposición resulta una medida inaceptable que hay que denunciar en los términos que lo han hecho distintos organismos internacionales, así como una pluralidad de Estados, entre ellos, España por constituir, sencillamente, una subversión del orden constitucionalmente establecido.

Los lazos que unen a nuestra país con Venezuela, así como los miles de venezolanos que residen en nuestro países merecen de España una negativa contundente a aceptar una nueva realidad parlamentaria que Maduro ha ideado a través de una consulta ilegal en su convocatoria y con claros indicios de fraude en su desarrollo. Además, España debe liderar en el marco de la Unión Europea la adopción de aquellas medidas que, sin causar daño a la sociedad, puedan orientarse directamente contra quienes son responsables de la actual situación, invitándoles de esta manera a renunciar a una situación que conducirá a una Venezuela no democrática al aislamiento internacional.

Los próximos días son determinantes para configurar una estrategia que facilite a las partes una solución para Venezuela dentro de los parámetros democráticos más elementales. Si dicha estrategia fracasara, la Venezuela de Nicolás Maduro habrá renunciado a cualquier atisbo de formalidad democrática para su país instalando a su gobierno en la más pura lógica autoritaria. La Comunidad Internacional lo lamentará, pero serán los venezolanos los que sufrirán las consecuencias en primera persona. No parece razonable dejarles solos.