Del impacto para Repsol al papel de un oscuro magnate: la derivada española del acuerdo de Trump en Venezuela

El opaco acuerdo anunciado el pasado fin de semana por Donald Trump para dar acceso privilegiado a Estados Unidos al petróleo de Venezuela tiene derivadas españolas. Una es el impacto que puede tener para Repsol el nuevo panorama energético que se abre en ese país; otra, el relevante papel que se atribuye en la operación al controvertido magnate local Alejandro Betancourt, investigado por un presunto desfalco multimillonario en la petrolera estatal PDVSA y con importantes intereses económicos en España.

No está claro si Repsol formará parte de lo que Trump define como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, sin “coste alguno para el contribuyente estadounidense”, según el actual inquilino de la Casa Blanca. Del pacto, muy criticado por la oposición venezolana, se conocen solo algunas grandes cifras: EEUU tendrá el control mayoritario de 17 yacimientos no identificados que representan más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados en el país, que tiene las mayores reservas de crudo del planeta.

Se desconoce qué empresas participarán, cuáles serán exactamente los campos incluidos ni de qué forma EEUU ejercerá ese “control mayoritario”. Tampoco se sabe quién o quienes asumirán las inversiones necesarias y cómo se desglosará la participación de Estados Unidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que el acuerdo supondrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión para poner al día la maltrecha infraestructura petrolera del país, que mantendrá la “soberanía sobre sus recursos”.

El pasado sábado, la sustituta de Nicolás Maduro, encarcelado desde enero por EEUU, aseguró que tendrá una vigencia de 25 años y permitirá elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios, frente a los 1,2 millones actuales. “Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell o BP, entre otras. Queremos ser una potencia energética”, aseguró Rodríguez.

La española, que no comenta el posible impacto del acuerdo anunciado por Trump, llegó a revalorizarse este lunes más de un 3% y lideró las subidas en el Ibex con un alza del 2,6%, impulsada por la cotización del Brent. El petróleo de referencia para Europa llegó a superar los 90 dólares durante la sesión tras reanudarse los ataques entre EEUU e Irán por primera vez desde julio, en una tendencia que, unida al encarecimiento del gas o el euríbor, ha propiciado la cuesta de septiembre más dura en años en España.

Repsol, que es la compañía más alcista del Ibex este 2026 (sus acciones han repuntado más de un 80%), catapultada por la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, recuperó en abril el control de sus operaciones petroleras en Venezuela. En junio firmó un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal PDVSA para analizar la posibilidad de explorar y desarrollar Horcón, una nueva zona petrolífera situada al sureste del lago de Maracaibo con “grandes expectativas”, según dijo en julio a los analistas el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

En enero, días después del secuestro del anterior presidente venezolano, Imaz trasladó a Trump en un encuentro en la Casa Blanca que la compañía estaba preparada para invertir de manera significativa en Venezuela. Repsol asegura que puede triplicar su producción de hidrocarburos en el país caribeño en tres años, hasta los 135.000 barriles diarios, con un incremento de la producción bruta de petróleo en un año y un aumento del 10% en la producción de gas, si se dan las condiciones adecuadas, y utilizando los ingresos que se obtengan en el país (el pago en especie con cargamentos por la producción).

En mayo Repsol recibió el primer cargamento de gas procedente de Venezuela al amparo de las nuevas licencias de exportación de EEUU y del marco acordado con el gobierno venezolano, vinculado a la producción de gas del yacimiento Cardón, y prevé cuatro cargamentos adicionales para 2026: uno destinado a financiar la inversión necesaria para aumentar la producción de gas [clave para la generación eléctrica en el país] en aproximadamente un 10%, y otros tres para monetizar la producción actual.

La multinacional española opera en Venezuela desde 1993. Produce gas en el activo Cardón IV, operado al 50% con la italiana Eni, que se destina exclusivamente para uso interno en el país: proporciona más del 30% del suministro de gas de Venezuela, y sirve para abastecer las plantas de generación de energía eléctrica del país. También produce petróleo, con una producción bruta aproximada de 45.000 barriles diarios, principalmente en el activo Petroquiriquire, cuya propiedad es 60% PDVSA y 40% Repsol.

La petrolera española lleva años intentando cobrar una millonaria deuda en Venezuela. A junio, las cuentas comerciales pendientes de PDVSA con Repsol alcanzaban 4.080 millones, de los que 3.295 millones permanecen provisionados, mientras que la financiación concedida asciende a otros 1.036 millones, con provisiones de 622 millones.

El polémico 'bolichico'

En el acuerdo entre Caracas y Washington sí se da por descontada la participación de Alejandro Betancourt, uno de los principales exponentes de los denominados 'bolichicos', la generación de empresarios venezolanos con conexiones políticas que se hicieron multimillonarios con Hugo Chávez, y que en España tiene una investigación abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo.

Conocido por ser el principal accionista de Hawkers, multinacional de gafas de sol fundada en Alicante y presente en una veintena de países, a Betancourt, de 46 años, se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España.

Entre 2009 y 2011, en época de Chávez, y a través de una empresa sin experiencia previa, Derwick Associates, Betancourt se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en plena emergencia energética en el país. El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares. Varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive todavía hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

Hace unos meses, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra Betancourt que el magistrado había archivado en marzo al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. Esa causa deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo de este año, Betancourt tenía prohibido abandonar el Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras peleaba para evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló el pasado jueves que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Reino Unido.

Diversos medios han señalado a Betancourt como pieza clave entre las negociaciones entre EEUU y Venezuela para lo que Financial Times definía este lunes como un “inusual” acuerdo que puede convertir a este empresario en el “virrey” petrolero de Trump en el país caribeño a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), de la que el gobierno estadounidense va a tomar un 35% del capital, según The Wall Street Journal.

Esta compañía, con sede en Barbados, fue cofundada en 2024 por Betancourt y Harry Sargeant III, un magnate energético de Florida y donante republicano. NABEP es uno de los principales operadores privado del sector petrolero en Venezuela. Hace unos días, anunció el fichaje como nueva responsable legal de Sara Chouraqui, ex jefa de la división de fraude y corrupción de la Serious Fraud Office británica.

Además de por su paquete en Hawkers, en España Betancourt es conocido por haber estado vinculado a Auro New Transport, una de las principales compañías propietarias de licencias VTC, de la que fue fundador y Uber compró el 30% en 2025 en una operación que se ha cifrado en más de 200 millones de euros. El denominado virrey petrolero de Trump en Venezuela también fue uno de los socios fundadores del Banco de Dakar, impulsado por Alberto Cortina y otros multimillonarios españoles hace más de una década. Betancourt invirtió asimismo en Playtomic, una plataforma digital para organizar partidos de pádel; en la empresa de pagos digitales Easy Payment Gateway o en la web de búsqueda de empleo Jobandtalent.

Entre sus propiedades inmobiliarias más conocidas en España figura la finca de El Alamín, en Toledo, que cuenta con un castillo y una superficie de 1.400 hectáreas, y que en su día fue subastada por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans.

En 2014 Betancourt un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco. Últimamente D'Agostino se dedica a promover corridas de toros en Mallorca.