Marc Candela, portavoz del sindicato STEPV: “O Educación reacciona, o el profesorado volverá a las calles”

El arranque del curso escolar en la Comunitat Valenciana se presenta bajo la amenaza de un nuevo ciclo de conflictividad laboral. Este martes vuelven a los centros educativos maestros y profesores para preparar el curso, que comienza el próximo 9 de septiembre. La reincorporación se produce con la incertidumbre sobre el futuro de las reivindicaciones del colectivo docente —salarios, infraestructuras, plantillas, valenciano, inclusión, formación profesional, ratios y burocracia—, que apenas han obtenido respuesta por parte de la Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí.

Tras la histórica huelga vivida al cierre del pasado final de curso, con cinco semanas seguidas de paros, protestas, movilizaciones, concentraciones y manifestaciones masivas, las conversaciones entre la administración autonómica y la representación del profesorado se encuentran estancadas. El proceso permanece en el mismo punto en el que estaba cuando los tres sindicatos principales —STEPV, CCOO y UGT— decidieron suspender (que no desconvocar) la huelga indefinida.

El responsable de acción sindical y portavoz del sindicato mayoritario STEPV-Intersindical Valenciana, Marc Candela, ha calificado de “decepcionante” el balance de las mesas de negociación desarrolladas durante el mes de julio. Según el dirigente sindical, la Conselleria de Educación no ha presentado propuestas que aborden el problema de fondo en el sistema público, sino que se ha limitado a un “cambio de cromos” entre las plantillas sin incrementar los recursos reales ni mejorar sustancialmente las ratios.

Candela alerta de la descoordinación interna entre departamentos, “con direcciones generales que llegaban a proponer medidas que se contradecían con las que presentaba otra dirección general”, y pone como ejemplo a la Dirección General de Inclusión y a la Dirección General de Personal, que les trasladaron borradores de acuerdos sobre plantillas “que no tenían nada que ver entre sí”, lo que evidencia la falta de sintonía en el equipo autonómico. En su opinión, los ligeros avances conseguidos en los textos actuales constituyen el “mínimo razonable para empezar a negociar” que la administración debió plantear como propuesta inicial allá por el mes de mayo, antes del inicio de las movilizaciones. Ante este escenario de parálisis, el sindicato ha supeditado el clima de paz social en las aulas a la reapertura inmediata de las conversaciones y a un cambio drástico de actitud por parte de los responsables del Consell: “O la Conselleria de Educación reacciona, o el profesorado y el conflicto volverán a las calles”.

La tensión entre las partes se ha incrementado tras la aprobación de medidas de control pedagógico, bautizadas por el colectivo docente como “policía educativa”: se trata de la resolución incluida por PP y Vox en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat que dota a la inspección educativa de la potestad de velar por la “neutralidad ideológica” en las aulas. Desde Intersindical consideran este paso como un nuevo intento de “criminalizar al profesorado e insinuar, de manera falsa, que el colectivo pretende adoctrinar al alumnado; cosa que sí sucede con la asignatura de religión”. Candela ha alertado sobre el peligro de que esta fiscalización genere dinámicas de “autocensura” entre las plantillas a la hora de abordar contenidos curriculares como la diversidad sexual, la igualdad entre mujeres y hombres o la memoria democrática. Al tratarse de una norma autonómica “aprobada sin ningún tipo de negociación previa”, la organización sindical ya trabaja para incorporar la derogación de esta medida a la plataforma de reivindicaciones del profesorado: “Solo podrían recurrirla por vía judicial los diputados o el Síndic de Greuges”.

Paralelamente, el sindicato gestiona la alegación de once de las catorce sanciones administrativas impuestas por la policía nacional a docentes tras las protestas de primavera. Candela defiende el carácter “ejemplar, pacífico y festivo” de las movilizaciones masivas que contaron con un amplio respaldo social, por lo que califica las sanciones de “desproporcionadas”. El sindicato pretende reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para trasladarle el detalle de esta situación.

Septiembre “caliente”

Como antesala de lo que sucederá durante las próximas semanas, los docentes visibilizaron el pasado fin de semana sus protestas en coincidencia con el paso de La Vuelta por el territorio valenciano. Estas acciones darán paso a la incorporación del nuevo profesorado a las asambleas de centro, la apelación al apoyo de las familias y la celebración de manifestaciones el próximo 12 de septiembre en las tres capitales de provincia, sin descartar la reanudación de la huelga si la Conselleria no reacciona a tiempo.

Tal y como explica Candela, la hoja de ruta de acciones y movilizaciones aprobada para el primer trimestre del curso 2026-2027 combina la presión institucional con la dinamización directa en los centros educativos a través de la celebración de asambleas informativas durante las primeras semanas de septiembre. Entre las medidas contempladas destaca la recogida masiva de firmas en apoyo a la plataforma de reivindicaciones, así como la convocatoria de concentraciones periódicas ante la sede central de la Conselleria de Educación y las direcciones territoriales de València, Alacant y Castelló.

Asimismo, la propuesta organizativa incide en la necesidad de articular una respuesta gradual y coordinada con el resto de la comunidad educativa. La estrategia sindical deja la puerta abierta al escalonamiento de las medidas de fuerza según la respuesta que traslade el Consell a las mesas de negociación. Este plan de acción incluye la posibilidad de activar paros parciales en el horario lectivo o jornadas de huelga comarcales si el Ejecutivo autonómico insiste en mantener el recorte de plantillas, las ratios elevadas o la falta de presupuesto para la atención a la diversidad en las aulas, entre otras cuestiones.