El Gobierno de La Rioja, a través de un programa piloto impulsado desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y en el que también ha colaborado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, implantará el uso de cuatro exoesqueletos en el Servicio Riojano de Salud (dos), en el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) Santa Lucía, de Fuenmayor (uno), y en la Residencia Los Manitos, de Calahorra (uno). 

El modelo adquirido -Herowear Apex Suit 2- en el marco de esta iniciativa de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral es uno de los exoesqueletos lumbares pasivos más avanzados y validados científicamente, con especial relevancia para la prevención de trastornos musculoesqueléticos en entornos laborales. Su empleo reduce hasta en un 40 % la fatiga y la tensión muscular en la espalda. 

El Ejecutivo regional adquirió estos dispositivos para probar su eficacia práctica entre el personal de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que el 34,1 % de los accidentes de trabajo registrados en La Rioja entre 2021 y 2024 estuvieron ocasionados por sobreesfuerzos físicos y afectaron al sistema musculoesquelético. Además, el 88 % del total de los partes de enfermedad profesional cerrados en la Comunidad durante el periodo comprendido entre 2008 y 2024 correspondió a enfermedades causadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos. 

Una vez completados los tres primeros meses de prueba y con el proyecto -que finalizará a finales de este año- aún en curso, se iniciará la recopilación de datos para elaborar un análisis detallado que evalúe su posible implantación definitiva.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha opinado que “los sobresfuerzos físicos constituyen una de las principales causas de los accidentes de trabajo en nuestra Comunidad y la espalda se identifica como la región anatómica más frecuentemente lesionada, lo que evidencia una elevada exposición a cargas físicas asociadas a la manipulación manual, posturas forzadas y movimientos repetitivos del tronco”.

León ha puesto en valor el trabajo efectuado desde la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, y la colaboración con la Consejería de Salud, ya que “el uso de estos exoesqueletos resulta especialmente pertinente en aquellas actividades y ocupaciones donde persiste una elevada incidencia de sobresfuerzos y donde la eliminación del riesgo no es técnicamente viable, como ocurre en el sector sanitario y asistencial, siempre que su selección y uso se integren en un proceso planificado y evaluado conforme a los principios de la actividad preventiva”.

En el ámbito de las actividades sanitarias, entre 2008 y 2024, los accidentes por sobresfuerzos representaron el 9,1 % del total, siendo el 68,5 % de ellos sufridos por mujeres. En cuanto a la localización de las lesiones, el 29,5 % afectó a la espalda, incluida la columna y las vértebras dorso-lumbares; el 14,1 % a la pierna, incluida la rodilla; y el 11,4 % al hombro y a las articulaciones del húmero. Y en asistencia en establecimientos residenciales, en ese mismo periodo, los accidentes por sobresfuerzos supusieron el 55 % del total, correspondiendo el 82,8 % de estos a mujeres. En este caso, el 25,4 % de las lesiones afectó a la espalda, incluida la columna y las vértebras dorso-lumbares; el 14,2 % al hombro y a las articulaciones del húmero; y el 13,3 % a la muñeca.

Por su parte, la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha agradecido a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo que haya pensado en la salud y el bienestar de los profesionales sociosanitarios a la hora de poner en marcha esta experiencia. “Somos conscientes de que desarrollan labores que en muchos momentos conllevan una gran exigencia física y emocional, y que ésta puede derivar en lesiones o problemas de salud. Así que todas las medidas para mejorar este entorno laboral, especialmente soluciones tecnológicas e innovadoras como la que hoy presentamos, facilitan de manera decisiva la consecución de ese objetivo tan beneficioso para todos, que es cuidar a los que nos cuidan”.

 “Vamos a probar estos exoesqueletos en dos centros en los que residen personas con alto nivel de dependencia y, por lo tanto, que requieren de mucho apoyo asistencial por parte de los profesionales. Asimismo, en nuestros hospitales, a los que destinamos otros dos dispositivos, estamos seguros de que van a contribuir a controlar y aliviar algunas de las tareas físicas que de manera continua se desarrollan. Nuestro objetivo es claro: reducir riesgos, mejorar la calidad de vida laboral y que ello repercuta también en una mejor atención a nuestros residentes y pacientes”.   

Junto a las consejeras, han participado en el acto de presentación de los cuatro exoesqueletos la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja, Ana Zuazo, así como los directores del CAPDP de Fuenmayor y la Residencia Los Manitos de Calahorra, representantes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y responsables de Hostelería y Celaduría del SERIS.

Modelo de los exoesqueletos

El modelo Herowear Apex 2 Exosuit es uno de los exoesqueletos lumbares pasivos más avanzados y validados científicamente disponibles actualmente en el mercado, con especial relevancia para la prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME) en entornos laborales. Se trata de un exotraje lumbar pasivo -sin motores ni baterías, su peso ronda 1,4 kilogramos- desarrollado a partir de una investigación biomecánica iniciada en la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee) en 2015. Fue lanzado al mercado en 2023 como evolución del Apex 1 (2020), incorporando tres años de retroalimentación real de usuarios en sectores como logística, manufactura, construcción y agricultura. Está respaldado por docenas de estudios independientes con revisión científica.

Convocatoria del Programa Cheque de Seguridad

En la línea de eliminar o minimizar los riesgos ergonómicos en el trabajo, la convocatoria 2026 del Programa Cheque de Seguridad e Igualdad, de la ADER, publicada hoy mismo, contempla como nueva actuación la adquisición de dos tipos concretos de exoesqueletos para la mejora ergonómica en empresas riojanas: pasivos para asistencia lumbar y para asistencia encima de los hombros. 

El Juzgado de lo Social número 2 de Logroño ha emitido una sentencia favorable a uno de los trabajadores “damnificados” por las prácticas denunciadas por UGT en la empresa Euro Seating de Ezcaray como número tres de la candidatura sindical en las elecciones sindicales.

En este caso, la sentencia falla a favor del trabajador y le reconoce la contingencia sufrida como enfermedad derivada de su actividad profesional, contra los criterios defendidos tanto por la empresa como por la Mutua de Accidentes de Trabajo Asepeyo. Concretamente, la sentencia reconoce probada que tanto la rizartrosis como la tenosinovitis en la mano izquierda que el trabajador sufre están relacionados con los movimientos propios de sus labores como operario de tapizado, declarándola enfermedad profesional.

Para UGT, “la importancia de esta sentencia va más allá, ya que muestra algunas de las malas prácticas denunciadas por UGT FICA en la empresa y que vienen a reafirmar, si cabe, las denuncias públicas realizadas por el sindicato”.

Según detalla este sindicato, tras varios años con fuertes dolores en la mano izquierda sobrellevados a base de antiinflamatorios, el 13 de febrero de 2023 el trabajador sufrió “un fuerte dolor insoportable” cuando estaba “desarrollando su trabajo enfundando costados de sillones grandes”. Ante tal situación, el trabajador solicitó a su supervisor/encargado el parte obligatorio para acudir a la Mutua de modo que esta pudiera facilitarle asistencia médica, pero “éste se negó”, ha explicado UGT, ante lo que “el trabajador se vio obligado a acudir a su médico de Atención Primaria quien, tras ordenar las pruebas pertinentes y diagnosticar la enfermedad, procede a darle la baja por contingencia común”.

Tras una intervención quirúrgica en diciembre de 2023 y mediante informe médico que instaba a la adaptación de su trabajo por el evidente perjuicio que el trabajo tenía sobre su salud, el trabajador solicitó la reincorporación a su puesto; sin embargo, la empresa no atendió la solicitud médica de adaptación del puesto de trabajo y éste solicitó, de nuevo, la baja médica. Ahora la Justicia ha reconocido que “su enfermedad deriva de los movimientos realizados en su trabajo, pero aún hoy la empresa sigue sin adaptar su puesto, generando una situación de clara indefensión para este trabajador”.

UGT FICA La Rioja denuncia que “este es uno de los ejemplos probados de la forma de actuar de Euro Seating, negando la asistencia médica legalmente obligatoria a trabajadores y poniendo todos los impedimentos posibles para que no se pueda reincorporar con normalidad a su puesto de trabajo”.

La Federación recuerda que “esta es sólo la primera de las denuncias tramitadas y espera la salida a juicio de todas las demandas pendientes”. Una sentencia, contra la que cabe recurso,“ que permite visualizar claramente la situación de los trabajadores y trabajadoras”, según UGT. Por ello, llama a la intervención urgente de la Inspección de Trabajo en las cinco denuncias que aún continúa sin atender, pese a que los trabajadores afectados continúan en una situación de “indefensión continuada”, tal y como alerta el sindicato.

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales contabilizó el pasado año 2.860 enfermedades profesionales (EP), de las que 2.045 fueron enfermedades nuevas y 815 recaídas, lo que supone 15 partes más que en el año 2023 (+0,5%). El 66% de los nuevos procesos notificados correspondieron a trastornos musculoesqueléticos (TME) atribuibles a estresores biomecánicos del tipo movimientos repetitivos y posturas forzadas. El ruido en el ambiente de trabajo fue el agente responsable del 7% de los nuevos casos y las enfermedades por agentes biológicos supusieron otro 6%. Además, los trastornos de cuerdas vocales por esfuerzo sostenido de la voz supusieron otro 6% de las enfermedades profesionales, y las lesiones de piel por exposición por vía cutánea a sustancias sensibilizantes e irritantes supusieron un 4%.

La notificación de enfermedades profesionales nuevas por parte de personas trabajadoras cuya salud se ha visto mermada por los riesgos a los que se han visto sometidas en su quehacer profesional disminuyó en 2024 un 2,3% respecto al año anterior y la notificación de recaídas aumentó un 9,7%, según datos de Osalan recogidos por Europa Press.

El patrón de distribución de las Enfermedades Profesionales por grandes grupos de enfermedad permanece bastante estable a lo largo de los años. En torno al 80% de los casos son por enfermedades causadas por agentes físicos, y el porcentaje restante se reparte entre los demás grupos, con pequeñas variaciones interanuales.

En 2024 se declararon 34 enfermedades causadas por agentes cancerígenos. De estas, 27 tuvieron el amianto como agente causante, dos el polvo de madera, una fue causada por arsénico, una por cianuro, una por cadmio, una por cromo VI y una por níquel.

El patrón de enfermedades es diferente en hombres y mujeres, siendo las desproporciones más llamativas en las siguientes patologías: hipoacusias (144 en hombres frente a 5 en mujeres), esfuerzo sostenido de la voz (108 en mujeres frente a 9 en hombres), enfermedades por agentes biológicos (115 en mujeres frente a 26 en hombres) y cánceres (31 en hombres frente a 3 en mujeres).

Las mujeres tuvieron tasas de incidencia más elevadas que los hombres en enfermedades infecciosas, trastornos de vías respiratorias superiores (nódulos de cuerdas vocales) y neuropatías periféricas por presión (síndrome del túnel carpiano).

Por grupos de actividad económica, la Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo generó 10,7% de los nuevos casos de enfermedad declarados, seguida de la Asistencia en establecimientos residenciales (7,9%); Servicios a edificios y actividades de jardinería (7,8%); Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (6,8%); Educación (5,6%); Servicios de comidas y bebidas (5,4%); Actividades de construcción especializada (5,3%); Comercio al por menor (5,1%); Fabricación de maquinaria y equipo (4,1%); y Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (3,5%).

En mujeres, cerca del 40% de las EP nuevas se produjeron solamente en tres actividades, todas ellas del sector servicios: asistencia en establecimientos residenciales (15%); servicios a edificios y actividades de jardinería (13%), y educación (11%).

En los hombres, en cambio, hay un predominio claro de los sectores industrial y de la construcción, siendo las tres actividades con mayor número de casos: Fabricación de productos metálicos (16%); Metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (11%); y Construcción especializada (9%).

Tomando el índice de incidencia de EP como indicador, las actividades con más riesgo de enfermedad profesional no se corresponden totalmente con las que tuvieron más número de casos. Así, las cinco actividades productivas con más alta tasa de incidencia de nuevos casos de EP fueron, por este orden: Asistencia en establecimientos residenciales (8,24 por cada 1.000 personas trabajadoras); Metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (7,88 casos por 1.000); y Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques (5,82 casos por 1.000).

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, el socialista Mikel Torres, ha recordado este lunes a los empresarios que son los primeros responsables de tomar medidas contra la siniestralidad laboral. Por eso, les ha pedido de forma directa “más esfuerzos” para atajar los accidentes laborales porque los realizados hasta ahora no son suficientes. Además, ha recordado a los empresarios que, además de tener la obligación de cumplir la legislación de prevención vigente, los accidentes pueden tener una responsabilidad penal para el empresario. “Y eso hay que decírselo a los empresarios también. No debemos ver como algo normal que una persona salga de su casa para cumplir con su jornada laboral y no vuelva con su familia por haber perdido la vida en su puesto de trabajo. Creemos firmemente que todos los accidentes mortales son de una u otra forma evitables”, ha asegurado.

Torres también ha pedido implicación a los trabajadores para cumplir los métodos de prevención y para exigirlos cuando no los haya, durante una comparecencia en comisión en la que el vicelehendakari ha presentado el 'Informe de la Evaluación Intermedia de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026', así como del 'Informe de Siniestralidad de 2024'. El vicelehendakari ha estado acompañado por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, y por la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, que han sido las que han llevado el peso de las explicaciones a los grupos. Es la última sesión ordinaria del Parlamento, que se toma ya vacaciones hasta septiembre.

Según el balance del 'Informe de Siniestralidad de 2024' los accidentes laborales repuntaron el año pasado, ya que pasaron de 35.891 a 36.154 casos, es decir, 263 casos más (0,7%), de los que 187 casos, más de la mitad se produjeron 'in intinere'. Sí que descienden los accidentes mortales: 25, frente a los 30 del año pasado, pero sube, sin embargo, el número de accidentes graves, que pasan de 176 a 186. Los responsables del departamento, han recordado, no obstante, el incremento que se ha producido en la afiliación y, por lo tanto, en el número de trabajadores. En términos porcentuales, el incremento de la afiliación ha sido un 1,14%, por lo que han precisado que el repunte del número de accidentes es menor que el crecimiento del número de personas trabajadoras. Aunque han incidido en que el objetivo debe ser que no haya ningún accidente.

Durante la comisión se ha puesto en valor la labor de la Inspección de Trabajo. Elena Pérez ha detallado que en 2024 la Inspección realizó 10.864 actuaciones en esta materia, que dieron pie al levantamiento de 477 actas de infracción, por importe de 2.544.357 euros, y de 1.948 requerimientos por insuficiencias detectadas. Ante las críticas de los grupos por las pocas sanciones que se derivan de los accidentes laborales mortales -EH Bildu ha dicho que los cuatro últimos años ha habido 123 muertes y sólo se han sancionado 41- ha señalado que al margen de que sea un accidente laboral, por ocurrir en el centro de trabajo, hay que “demostrar” que el motivo de la muerte está relacionado con el trabajo, una tarea que según ha reconocido, “no siempre es fácil”. Ha recordado que se investigan todos los accidentes laborales muy graves y mortales, pero también los graves y leves que la propia Inspección considere que deban ser investigados.

En cuanto a la evaluación intermedia de la 'Estrategia 2021-2026', que analiza el grado de cumplimiento de los objetivos previstos y las mejoras necesarias, han señalado que el nivel de ejecución es del 84% de las acciones programadas en el bienio 2022-2023, aunque también identifica desafíos como la escasez de personal técnico especializado, sobre todo en el ámbito sanitario, la necesidad de mejorar la coordinación interdepartamental, y la urgencia de reforzar la incorporación de la perspectiva de género y la atención a colectivos vulnerables, así como buscar fórmulas para llegar mejor a las pymes y los autónomos.

Íscar ha explicado que la estrategia “debe entenderse como un sistema de mejora continua y adaptable”, y que esta evaluación intermedia “ha sido una oportunidad para reorientar algunas acciones y reforzar aquellas áreas en las que los avances han sido insuficientes”. La 'Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo' se articula en torno a tres ejes: fomentar una cultura preventiva en toda la sociedad vasca, consolidar una gestión preventiva sólida y de calidad en las empresas, y reforzar la gobernanza institucional.

Los grupos de la oposición, -PP y EH Bildu, Sumar no ha participado- han sido muy críticos a la hora de evaluar la estrategia y han lamentado que no se vea un “punto de inflexión” que permita presumir que se va a dar un cambio en la tendencia de aumento de los accidentes. Desde EH Bildu se ha pedido más labor sancionadora, y se ha recordado que el tema del tráfico, “no se ha conseguido reducir los accidente pidiendo a la gente que corra menos”.

En Daimiel, un pueblo de Ciudad Real, hay centenares de trabajadores que cada día acuden al tajo con miedo. Vestas, una multinacional de la energía eólica que produce palas para los aerogeneradores, da empleo en la localidad a un millar de personas. En los últimos años, hasta seis decenas de ellas han terminado con la incapacidad total o parcial debido a una enfermedad de origen laboral. Los productos tóxicos con los que trabajan hacen que los empleados desarrollen alergia a las resinas epoxi, lo que les granjea fuertes dermatitis y asfixia crónica. La compañía asegura que vela por la seguridad de la plantilla mientras los trabajadores no dejan de movilizarse para reclamar mayores y mejores medidas de seguridad en el entorno laboral.

El presidente del comité de empresa, José Miguel Martín, cifra en 800 los operarios de producción en la planta. A ellos se suman otros dos centenares de trabajadores dedicados a la parte de ingeniería, almacén y oficina. “En realidad da lo mismo. Aquí ha habido gente que ha enfermado y le han dado la incapacidad aunque no trabajara directamente con las sustancias tóxicas”, denuncia este sindicalista de CCOO.

Los datos que manejan desde el comité son, como mínimo, “llamativos”, tal y como los describen: aseguran que a partir de 2016 se han dado unos 60 casos de incapacidad total o parcial por enfermedad laboral, aunque otros tantos no estén documentados por tratarse de empleados procedentes de empresas de trabajo temporal. En lo que ha transcurrido de 2025, ya ha habido seis nuevos casos confirmados y ocho más están en estudio. Asimismo, a cinco antiguos trabajadores incapacitados, con el paso de los años, les han diagnosticado también sensibilidad química múltiple.

En general, estos trabajadores han desarrollado una fuerte alergia a las resinas epoxi, presentes en un alto nivel en el desarrollo de las palas eólicas. “La consecuencia es un asma y una dermatitis no habituales, sino muy incapacitantes”, añade Martín. Además, trabajan con productos reprotóxicos, y desde el comité sostienen que los casos de aborto entre la plantilla son más altos que la media de la población, lo que ha provocado problemas a algunos trabajadores para poder tener descendencia.

Medidas colectivas de seguridad

La situación es tan alarmante que un compañero que estaba destinado en el almacén de Vestas Daimiel falleció por neumoconiosis, una enfermedad pulmonar, tal y como aparece en el informe forense, donde se apunta que puede ser originada por el entorno laboral. “Hemos denunciado decenas de veces a la empresa ante Inspección de Trabajo. Solo este año llevamos diez requerimientos y tienen dos propuestas de sanción, porque la propia Inspección atestigua que la evaluación de riesgos laborales es confusa e incompleta al no identificar los productos de reacción de las resinas epoxi, y por eso enfermamos”, comenta el presidente del comité, quien agrega que la compañía “prefiere pagar las multas que aplicar las medidas colectivas de seguridad pertinentes”. Una de sus principales reivindicaciones es que los procesos operacionales se puedan aislar.

La empresa ha respondido a elDiario.es que la seguridad de sus trabajadores “es la máxima prioridad” para ellos “con un estricto cumplimiento de la regulación”. La compañía ha subrayado que desde mediados de 2024 se han invertido más de 700.000 euros en mejoras de seguridad colectivas. “Para los próximos meses se finalizarán mejoras adicionales por valor de casi un millón de euros, fruto del consenso con los empleados”, han añadido. Vestas ha declinado responder sobre cualquier otra cuestión denunciada por la plantilla.

Miedo a las consecuencias a largo plazo

Muy diferente es lo que piensa Jesús Maximiliano Martín, integrante del comité de Seguridad y Salud de la empresa y delegado de prevención por CSIF. “Lo más problemático es que nos tememos que esto sea solo la punta del iceberg. Todavía desconocemos qué consecuencias tendrá a largo plazo esta exposición a los productos tan tóxicos con los que trabajamos”, introduce. Jesús teme que tras las graves alergias que incapacitan a numerosos trabajadores se puedan esconder casos de cáncer, trastornos metabólicos y problemas de fertilidad debido a los disruptores endocrinos que poseen algunos de estos materiales.

Este delegado de prevención esgrime que Vestas culpabiliza al trabajador cuando enferma y le acusa de no utilizar correctamente los EPI. “Eso es totalmente mentira. Cuando hemos llegado a juicio, a la empresa le han preguntado en varias ocasiones si el empleado en cuestión ha sido apercibido por ello y han tenido que responder que no”, comenta el delegado de prevención. También se queja de que la empresa debe realizar una investigación exhaustiva para determinar el origen de esa enfermedad laboral en la que participe un delegado sindical. “Nunca nos han permitido participar en estas investigaciones, ni nos han facilitado ninguna de sus resoluciones desde 2017”, apuntilla.

Actualmente, la plantilla espera la señalización de fecha para juicio oral por una denuncia grupal que interpusieron en 2019. “Hemos llevado la cuestión por lo penal, porque la situación es inaguantable. No podemos venir al trabajo a enfermar”, reivindica Jesús. Desde su punto de vista, el incremento de las enfermedades laborales a partir de 2016 se debe a un cambio en los productos utilizados en la factoría y en el proceso de fabricación. “Tenemos miedo a que esto se convierta en una crisis como la del amianto. No queremos llegar tarde a salvar nuestras vidas”, comenta el delegado de prevención.

Afectaciones psicológicas tras la incapacidad

Antonio Villalta trabajó en Vestas desde el año de su apertura, en 2007, hasta que le diagnosticaron alergia a la epoxis, en 2016. Su caso fue uno de los primeros que, tras conseguir la incapacidad total y permanente por un tribunal médico, la empresa recurrió. “Veían que detrás vendrían otros tantos como yo, y es lo que ha pasado”, cuenta a este medio mientras vuelve a Membrilla, el pueblo de Ciudad Real en el que reside, tras haber participado en la última movilización que los trabajadores han realizado en la capital frente a las oficinas centrales de Vestas.

A sus 58 años todavía recuerda cómo hace algo más de una década se le truncó la vida. “Yo ya tenía irritaciones, y siempre he hecho mucho deporte, pero últimamente me asfixiaba con facilidad. No lo dije entonces porque temía perder el trabajo, y tenía dos hijos adolescentes”, relata. En cambio, llegó un día que la irritación cubrió todo su cuerpo. En la planta le enviaron a la mutua, en Madrid se sometió a varias pruebas y poco después le comunicaron que no podría volver a trabajar ahí.

Actualmente cobra el 75% de su antigua base de cotización en 12 pagas abonada por la mutua y lucha porque la empresa le pague también el 40% por el recargo de prestaciones que ya le ha aprobado el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero recurrido por Vestas. El 3 de julio espera el juicio para determinar si la compañía hará frente a este pago.

Más allá de la problemática irritación y asfixia que acompañará a Villalta de por vida, este electricista no ha vuelto a trabajar en ningún lugar. “Nadie te quiere, tienes colgado un sambenito y todo son trabas”, dice con cierto pesar. Por otra parte, la afectación psicológica le ha pasado factura. Todavía se emociona al recordar los momentos que transitó: “Nos pintaron Vestas como la panacea, como lo mejor, pero al final ha supuesto pasarlo muy mal. Cuando pasó todo me daba vergüenza que me vieran mis hijos. Llegué a creerme un inútil total. Lo he pasado muy mal”, desarrolla.

Heridas que impiden coger una cuchara

No es el único. Ignacio Vázquez tiene ahora 49 años, vive en Manzanares y comenzó a trabajar en Vestas en 2010. Once años después, cayó enfermo. “Había veces en la planta que realmente, según olías el ambiente, pensabas que algo estaba mal. Son sustancias muy peligrosas”, expresa. Este antiguo trabajador de la factoría de palas eólicas de Daimiel a día de hoy no puede bañarse en una piscina por el cloro ni estar en un lugar recién limpiado con lejía, por ejemplo. Tampoco puede salir con sus amigos a montar en bici, como tanto le gustaba hacer, ya que se asfixia.

“Empecé a sentir unos picores fortísimos que se convirtieron en heridas. Me salieron burbujitas de pus por los brazos. Las manos las tenía tan agrietadas por el pus que no era capaz de coger una cuchara”, ilustra este antiguo reparador de palas en Vestas. Él también desarrolló alergia a las epoxi. Cuando tuvo que ir a recoger unos documentos a la planta, ni siquiera pudo entrar en ella por la reacción que experimentaba su cuerpo. A día de hoy goza de una incapacidad parcial del 55% que le certificaron en 2022. “Puedo trabajar pero muy limitado. No me quieren en ningún sitio”, determina.

Cuando todo esto sucedió, Vázquez, quien tiene tres hijos, admite que se sintió avergonzado. “He sido siempre una persona muy activa que ha hecho de todo y ahora me veo muy constreñido. Ni siquiera soy capaz de hacer un dibujo con sprays con mi hija por la reacción que me sale”, ejemplifica su frustración.

Sin trabajo y sin paro

Otro antiguo empleado de Vestas con la incapacidad total que empezó a trabajar en Daimiel en 2016 prefiere no dar su nombre. Todavía sigue litigando con la empresa. Su positivo a las resinas epoxi llegó en agosto del año pasado. “El día que me asusté de verdad fue cuando sufrí una inflamación increíble en la cara. La tenía totalmente dormida y desconfigurada y no sentía nada, con los labios muy inflamados, y sin sensibilidad”, describe .

Al igual que sus compañeros, admite que se le vino el mundo abajo cuando le dijeron que no podía seguir trabajando en Vestas, en sus propios términos. “Te quedas sin trabajo y no tienes derecho a paro porque no te finiquitan al no ser despedido, cuando en realidad no puedes trabajar por una enfermedad que han generado ellos”, denuncia. Actualmente, por su incapacidad total cobra la mitad de su antiguo salario.

Si mira lo sucedido con cierta retrospectiva, este antiguo trabajador de Vestas asume que “cuando llevas casi una década trabajando para una empresa y enfermas y nadie se interesa por ti, te sientes desamparado y defraudado”. Y agrega: “Nos pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo cuando en realidad somos un numerito más para ellos. Si te vas porque estás enfermo por su culpa, les da igual”. Por el momento, sigue litigando para que su incapacidad continúe siendo total, ya que una de las mutuas a las que está sujeto ha recurrido para que sea considerada incapacidad parcial.

Martín, el presidente del comité de empresa, asegura que también acude a la factoría con miedo. “Aquí vemos cómo cada día caen más compañeros. No sé si en el futuro me quedaré unido a una máquina de oxígeno de por vida porque no pueda respirar con normalidad o si tendré un problema de salud que me impida disfrutar de la vida”, comenta. Por eso, entre marzo y mayo la plantilla ha realizado 18 paros parciales. Cuatro jornadas completas de mayo fueron a la huelga, y han repetido este 12 y 13 de junio. “La gente nos apoya. Todo el mundo que se entera de lo que sucede piensa que esto tiene que terminar”, finaliza el presidente del comité.

'Semana horribilis' para los accidentes de trabajo. “Quiero poner encima de la mesa el dato demoledor de que la semana pasado tuvimos como mínimo en España 16 personas fallecidas en el trabajo”, ha destacado este martes Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). El sindicato ha presentado un informe para subrayar que este es el “gran drama escondido” para la sociedad española, con dos muertes al día cada año. Muchas de ellas, evitables. CCOO destaca un dato: en más de un tercio de las muertes en accidentes durante la jornada de trabajo de 2024 la empresa no había hecho la evaluación de riesgos laborales.

En concreto, el dato se sitúa en “el 35%” de los accidentes mortales durante la jornada del año pasado, en el que las empresas no habían cumplido con su obligación de evaluar los riesgos laborales a los que se enfrentaba la persona en ese puesto, dato que el sindicato solicitó al Ministerio de Trabajo. El año pasado aumentaron las muertes laborales, con 796 personas fallecidas en accidentes de trabajo, 75 más que el año anterior, según los datos provisionales, que suelen aumentar cuando se publican los definitivos.

El dato sobre la falta de evaluación de riesgos laborales va en sintonía con otro más general, de la misma falta de prevención que abarca al conjunto de los siniestros con baja médica del trabajador. En el último año, “un 36%” de los siniestros no tenía la evaluación de riesgos laborales para ese puesto, según el parte del accidente que debe cumplimentar la propia empresa a través del Sistema Delt@, recoge el informe del sindicato. Un porcentaje bastante estable en la última década, que en CCOO han subrayado por su gravedad.

“Si ni siquiera hacemos un buen diagnóstico de lo que puede pasar en una empresa, ¿cómo se van a poner los recursos para eliminar ese riesgo?”, ha alertado Unai Sordo.

“La ocultación” masiva de enfermedades profesionales

El informe también ha destacado el “enorme subregistro de las enfermedades profesionales”, ha destacado Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral del sindicato, que Unai Sordo ha tildado de “ocultación” de miles de trabajadores enfermos a causa de su trabajo. Una realidad que no solo evita que las mutuas sufraguen su tratamiento, sino que impide la prevención de estos riesgos y facilita que más trabajadores enfermen por las mismas circunstancias.

En 2024 se han comunicado un total de 29.716 enfermedades de origen laboral, según el informe de CCOO con datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el sindicato advierte de que se trata solo de la punta del iceberg de esta realidad, como también advirtió la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de la ONU el año pasado en un estudio a nivel mundial.

Mariano Sanz ha destacado la explosión de casos de silicosis, de la que advirtió la semana pasada el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), dependiente de Trabajo. En un estudio conjunto, se recomienda abrir el debate a la prohibición del cuarzo de las encimeras, como ha hecho Australia. En este contexto, la multinacional Cosentino ha lanzado una fundación contra la silicosis que inquieta a trabajadores enfermos y a especialistas en esta patología.

CCOO ha subrayado la necesidad de actuar ante este auge de la silicosis, replanteando por ejemplo el actual límite de exposición, “de 0,05 mg por m3”. “Nosotros tenemos muchas dudas [de que sea seguro], ya que lo tenemos desde hace aproximadamente 10 años y la incidencia está aumentando”, ha explicado Mariano Sanz. El responsable de Salud Laboral ha emplazado también ha hacer un registro de los trabajadores expuestos a sílice cristalina, como existe con el amianto, y hacer un seguimiento de su salud. También ha exigido un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo.

El sindicato pide actuar al Gobierno

Los representantes de CCOO han emplazado al Gobierno de coalición, y en concreto al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, a actuar, a tomar medidas concretas para reducir la siniestralidad laboral, a través de la mejora de varias de las deficiencias y problemas que se registran en la actualidad.

El líder de CCOO ha afirmado que aunque se suele centrar el foco en leyes como la reducción de la jornada laboral, esta materia es si cabe más urgente ante el drama masivo de muertes y enfermedades laborales que alcanzan a miles de trabajadores y trabajadoras.

En estos momentos, desde hace un año, el Ministerio de Trabajo negocia con los agentes sociales una revisión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995, en la que el sindicato ha reclamado más ambición en cuestiones como las obligaciones de las empresas en materia de prevención. Por ejemplo, CCOO exige que se obligue a las compañías a integrar parte de la prevención en las propias empresas, que no sea una cuestión que pueda ser totalmente externalizada. También reclama ratios en los trabajadores que pueden estar a cargo de los técnicos de prevención.

La silicosis, una enfermedad respiratoria incurable de origen profesional causada por la inhalación de sílice cristalina, ha resurgido en España en las últimas dos décadas con un aumento acusado de casos, produciéndose desde 2007 hasta 2024 una notificación de 5.930 partes, 520 de ellos el pasado año, que suponen el máximo anual registrado hasta la actualidad, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Este repunte ha propiciado que diferentes agencias sanitarias hayan empezado a reevaluar en la última década los riesgos de la sílice cristalina respirable. El pasado año, el Ministerio de Sanidad publicó el informe 'La reemergencia de la silicosis en España', cuyos resultados se han presentado este jueves en una jornada organizada por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y recogida por Europa Press.

“España es uno de los países en los que se ha producido una reemergencia de la silicosis de forma más intensa durante el siglo XXI”, ha advertido la directora del Centro de Nuevas Tecnologías del INSST, Olga Sebastián, en relación con los resultados del informe sobre la silicosis, que es la enfermedad profesional más antigua conocida, de carácter irreversible y considerada incapacitante.

La silicosis se ha asociado de forma tradicional con el sector de la minería, pero el repunte de las últimas décadas ha extendido su origen, fundamentalmente, a la fabricación y manipulación de aglomerados de cuarzo y piedra artificial, utilizados en encimeras de cocina y baños, y también a la construcción, a la metalurgia y a otros tipos de minería no metálica ni relacionada con la extracción energética.

“Hoy sabemos que la exposición a la sílice cristalina respirable no solo provoca silicosis, sino que también está implicada en ciertos procesos como el cáncer de pulmón, enfermedades inmunomediadas y otras patologías respiratorias y vasculares”, ha detallado el subdirector general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Santiago González, quien ha apuntado que, en los últimos seis años, se han diagnosticado 46 casos de cáncer de pulmón por exposición a silicosis; 19 de ellos en 2024.

España no ha llegado a una meseta

La investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia Catherine Cavalin, una de las autoras del informe de Sanidad, ha señalado que la media anual de partes por silicosis sigue creciendo, de forma que España no ha llegado todavía a una meseta, y la media anual de partes del último quinquenio es la más alta del periodo analizado.

En concreto, en el periodo 1990-2023, se notificaron 6.019 partes de enfermedad profesional causada por exposiciones a la sílice cristalina; 609 correspondientes al periodo 1990-2006 y 5.410 a 2007-2023. Entre 2020 y 2023 se han registrado un total de 1.601 partes, que supone una media anual de 400,2 partes durante el cuatrienio, una cifra similar a los 404,2 partes anuales registrados en el quinquenio 2015-2019.

Además, las conclusiones del informe revelan que hay más personas afectadas entre los hombres que entre las mujeres, algo “esperable” debido a que en los sectores laborales en los que se origina esta enfermedad trabajan predominantemente hombres. Otro resultado, “no tan esperado”, es que afecta más a hombres jóvenes, por debajo de los 50 años. “Vemos que en el periodo realmente de reemergencia, en 2007-2019, más del 50 por ciento de los partes que se refieren a hombres, son de hombres entre 30 y 49 años”, ha precisado Cavalin.

Centrándose en el periodo 1990-2019, en el que se comunicaron 4.418 partes, el estudio apunta que Galicia fue la comunidad autónoma que concentró el mayor número de casos, con 1.454 (32,9%), seguida de Castilla y León, con 619 (14%), y de Andalucía, con 455 (10,3%).

Procesos asistenciales

Por su parte, el análisis de los procesos asistenciales por silicosis entre 1997 y 2020 confirma el fenómeno de la reemergencia de la silicosis en España. En total, hay 111.325 registros de procesos asistenciales entre estos años, de los que el 95,7 por ciento reflejan la silicosis como diagnóstico secundario y el 4,3 por ciento como diagnóstico principal.

Los trabajadores expuestos a la sílice cristalina pueden desarrollar otras enfermedades, como patologías respiratorias, cardíacas o cáncer de pulmón. Las enfermedades concurrentes más frecuentes son las inmunomediadas, como la artritis reumatoide, el lupues sistémico o la esclerodermia sistémica.

“Lo que vemos es que, en el 40 por ciento de los casos, cuando el diagnóstico secundario es de silicosis, se combina con la artritis reumatoide y, en un 60 por ciento de los casos, con otras enfermedades inmunomediadas. Y, cuando la silicosis es el diagnóstico principal, más del 50 por ciento de los casos son combinaciones con artritis reumatoide, mientras que el resto son otras enfermedades inmunomediadas”, ha señalado Catherine Cavalin.

Asimismo, en el estudio se observa que los costes sanitarios directos de la asistencia a los casos de silicosis corren a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS), que financió el 97,5 por ciento de los procesos asistenciales entre 1997 y 2020, mientras que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social financian el 0,5 por ciento de los procesos.

Finalmente, el estudio de la mortalidad entre 1990 y 2020 muestra que se registraron un total de 4.418 defunciones con diagnósticos relacionados a la silicosis. Los hombres representan el 98,5 por ciento de estas defunciones, una gran mayoría de las cuales (93,7%) se registraron por encima de los 60 años.

Las 4.350 defunciones en hombres presentan una media anual de 140, habiendo sido el máximo registrado en 1991, con 222 defunciones, y el mínimo en 2014, con 63 defunciones. La tendencia es descendente a lo largo de todo el periodo estudiado, con un tramo significativo después de 2000. Por su parte, las 68 defunciones registradas para las mujeres indican una media de 2,2 defunciones anuales, con un máximo de seis en 2004, y una tendencia ligeramente ascendente pero no significativa.

Recomendaciones

El informe incluye algunas recomendaciones para mejorar el conocimiento sobre la silicosis en España y su abordaje. En este sentido, pide considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales, que constituyen el principal sector de origen de la silicosis, siguiendo el ejemplo de otros países como Australia o California.

Además, aboga por seguir investigando acerca de la silicosis y de otras enfermedades laborales asociadas a la exposición a la sílice cristalina y profundizar en el estudio del impacto en las mujeres. Asimismo, sugiere extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de la reemergencia.

A este respecto, la jefa de Área de Salud Laboral en el Ministerio de Sanidad, Montserrat García, ha reclamado la elaboración de un plan similar al Programa Integral de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Amianto para la población expuesta al sílice.

Entre las recomendaciones del documento de Sanidad, también destaca la extensión del reconocimiento de enfermedad profesional causada por la sílice cristalina a enfermedades inmunomediadas sistémicas, tales como la esclerodermia sistémica, la artritis reumatoide o el lupus sistémico.

“España se ha convertido en una de las zonas cero de la epidemia de silicosis observada en la última década y media entre los trabajadores de los aglomerados de cuarzo”. Con esta contundencia se expresa el informe del Ministerio de Sanidad titulado La remergencia de la Silicosis en España, que recoge los datos actualizados hasta 2024 sobre la alarmante evolución esta enfermedad respiratoria en España, impulsada en su mayor parte por el trabajo con encimeras con un alto contenido en sílice cristalina. 

El informe señala un crecimiento acusado de casos desde 2007, hasta alcanzar una media de 404,2 partes anuales por esta enfermedad en el periodo 2015-2019, un 1.423,2% de aumento respecto a la serie 1990-1994. En concreto, desde 2007 a 2024 se han comunicado en España 5.900 partes por silicosis, con un pico por encima de los 500 casos en el año 2024, tal y como adelantó elDiario.es. Ante esta situación, los autores del documento recomiendan considerar la prohibición del material, como han hecho las autoridades australianas y como reclamaban recientemente expertos británicos.

Considerar la prohibición

“Dado que España es el país occidental que ha experimentado la más precoz e intensa remergencia de la silicosis en el siglo XXI, recomendamos estudiar con detenimiento los procesos puestos en marcha en otros países para considerar la prohibición de los aglomerados de cuarzo (Australia, 2023) o la reglamentación mucho más estricta del trabajo con estos materiales (California, 2024)”, señalan los autores del informe. El texto destaca que la experiencia australiana ofrece un modelo de abordaje del problema y de implementación del principio de precaución “que nos recuerda que las políticas de salud pública y laboral no tienen que resignarse permanentemente al manejo de sustancias tóxicas en el trabajo y a la posterior e insuficiente compensación del daño”.

“En el informe se recomienda plantear el debate y esa es sin duda una medida que habrá que considerar”, asegura Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del documento, consultado por la prohibición. “Es un diagnóstico para que nadie siga posponiendo la toma de decisiones por falta de conocimiento del problema”. En todo caso, advierte, será el Grupo de Trabajo Sílice Cristalina construido dentro de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo donde las administraciones y los agentes sociales deberán pronunciarse sobre el tema. 

Es un diagnóstico para que nadie siga posponiendo la toma de decisiones por falta de conocimiento del problema

Alfredo Menéndez Navarro — Catedrático de la Universidad de Granada (UGR) y coautor del informe

En un documento anterior, Menéndez y Catherine Cavalin, investigadora del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) en París, calificaban la prohibición australiana como “modélica”, por la forma en que se gestó la decisión, su “sólida fundamentación científica y sociolaboral, y por la aplicación del principio de precaución”. Un reciente editorial de la revista Archivos de Bronconeumología apuntaba en el mismo sentido. “Es urgente considerar medidas firmes, que incluyan la prohibición de aquellos tipos de piedra artificial que ya han demostrado un alto grado de toxicidad, o que se espera que lo hagan en base a su composición”, señalaban sus autores.  

“Es preciso poner en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar (médico, técnico, legal, agentes sociales...), para abordar este problema y tomar las medidas más adecuadas teniendo como objetivo principal evitar la merma de salud en los trabajadores”, sostiene Cristina Martínez, experta en silicosis y miembro del área de enfermedades respiratorias de origen medioambiental de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). “En la actualidad la silicosis en España es un problema de salud pública”.

La silicosis en España es un problema de salud pública . Es preciso poner en marcha un grupo de trabajo multidisciplinar para abordarlo

Cristina Martínez — Experta en silicosis y miembro de SEPAR

Antonio León Jiménez, jefe de Servicio de Neumología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, centro de referencia de silicosis por piedra artificial, se manifiesta en la misma línea. “Creo que es muy acertado estudiar la prohibición de las encimeras de sílice y además establecer una vía para llegar a conocer la composición concreta del material con el que se sustituye y todo lo que componen estos tableros”, asegura. “Muchos tienen entre un 10 y un 20% de resina y liberan compuestos orgánicos volátiles o aluminio que llegan a las vías respiratorias y también pueden causar daño”.

Cosentino, en el punto de mira

Las alarmantes cifras apuntan a la industria de los conglomerados de cuarzo y a empresas líderes en el sector como la israelí Caesarstone o la española Cosentino, que ya ha tenido algunos litigios legales en nuestro país por las consecuencias del uso de este material en los trabajadores. “El sector con mayor crecimiento ha sido la Fabricación de otros productos minerales no metálicos, que ha acumulado el 50% de los partes en todo el periodo de estudio”, indica el documento. Entre 2007 y 2019, la inmensa mayoría (el 93,4%) de los partes de este sector correspondieron al Corte, tallado y acabado de la piedra, actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y las que procesan piedra natural.

La experiencia australiana nos recuerda que las políticas de salud pública y laboral no tienen que resignarse permanentemente al manejo de sustancias tóxicas en el trabajo

'La remergencia de la Silicosis en España' — Ministerio de Sanidad

Tras su introducción en el mercado a comienzos de los años 1990, el consumo de los aglomerados de cuarzo creció durante el boom de la construcción, escriben los autores. “Ello ha implicado un incremento del riesgo de exposición a sílice cristalina en los centros de producción, en los talleres en los que se mecanizan y en la edificación residencial en la que se instalan”. Por otro lado, incide el informe, “los procesos asistenciales por diagnóstico principal están concentrados en territorios donde tienen mayor presencia los nuevos sectores de riesgo que contribuyen a la remergencia de la silicosis en España”.

El informe también hace hincapié en el crecimiento del número de trabajadores jóvenes atendidos por estas afecciones, llama la atención sobre la asociación entre las exposiciones a la sílice y los casos de cáncer de pulmón, recomienda reconocer el origen laboral de esta enfermedad y extremar las medidas de vigilancia y seguimiento sobre los principales sectores productivos que están en el origen de este pico de casos. 

Desde la empresa Cosentino insisten en que los aglomerados de cuarzo, como cualquier otro producto que contiene sílice cristalina, puede ser trabajado de forma totalmente segura si se aplican las medidas sobradamente conocidas por todos los profesionales del sector. “Es la falta de aplicación de medidas de seguridad y no el producto lo que provoca la aparición de enfermedades profesionales”, aseguran fuentes de la compañía, que recuerdan que su actual gama de encimeras contiene menos del 40% de sílice y este verano lanzarán al mercado una nueva categoría con “cero sílice”.

Cuando el abogado Francesc Feliu escuchó el testimonio de horrores que llegó a ver un moderador de Facebook, no se lo pudo creer. El goteo de trabajadores del centro de control de contenidos nocivos que la compañía tiene en la Torre Glòries de Barcelona, abierto en 2018, que acudían a su despacho con graves trastornos de salud le hizo comprender que se encontraba con un caso de una gravedad inédita.

Tras lograr varias victorias en los juzgados sociales, el letrado comanda la acusación de la primera causa penal abierta en Europa por los efectos devastadores en la salud mental de los moderadores. En esta entrevista, el letrado avanza que ha interpuesto la segunda querella de una trabajadora contra la compañía y que prepara una tercera acción legal.

¿Cómo era una jornada laboral de un moderador como el que representa?

Eran jornadas de ocho horas diarias con cinco minutos de descanso por hora, lo que llamaban el descanso digital obligatorio. A partir de aquí, empieza la discrepancia. Respecto a los casi 30 moderadores que yo represento, las ocho horas eran trabajo efectivo. Pero la empresa dice que de esas ocho horas, el trabajo efectivo moderando contenido eran entre cuatro horas y media y cinco horas. El resto, según su versión, correspondían a programas de salud y bienestar laboral, reuniones con el líder de equipo y para actualizarse respecto a las políticas de Facebook.

¿A qué tipo de imágenes estaban expuestos?

Depende. Algunos moderadores estaban vinculados a mercados con contenidos más agresivos. Por ejemplo, el mexicano y el brasileño eran, en la fecha de los hechos, los más violentos, mientras que los nórdicos presentaban un menor nivel de violencia. Los moderadores hablan de bandas contrapuestas que torturan a una rival y lo graban todo... Se ven muchas imágenes de este estilo. Además, está la cuestión de las promociones. A algunos moderadores los pasaban a lo que llaman high priority, que son un tipo de colas de vídeos cuyo contenido es exclusivamente violencia extrema: suicidios y terrorismo, básicamente.

Muchos de mis clientes estaban entre 2018, 2019 y 2020 en high priority. La empresa defiende que ese high priority se repartía entre los diferentes moderadores y que no se asignaba solo a unos. Pero lo que me dicen los moderadores es que sí se asignaba. En concreto, a los que tenían un mayor nivel de acierto previo a la hora de censurar contenido violento. Ese primer análisis estaba monitorizado y si el moderador tenía un nivel de acierto del 98% o 100%, lo promocionaban, pero no para cobrar más, sino para joderle la vida, porque iba a ver un contenido más delicado y sensible.

¿No había ningún tipo de formación para ello?

No había una formación real del trabajo efectivo. Ni para ser moderador de contenido genérico ni para el high priority. La formación que se daba al inicio era más teórica que real. En 2018 o 2019 les explicaban el tipo de contenido que podían llegar a ver, no se les decía de qué empresa se trataba. No sabían para quién iban a trabajar, aunque lo podían intuir, y cuando sabían que el cliente era Facebook, creían que no lo podían decir.

¿Por contrato?

El contrato no lo dice. Las cláusulas de confidencialidad, de forma genérica, no te permiten decir todo lo que ves y haces, con lo cual tampoco puedes decir para quién trabajas. Muchos de los empleados, que eran extranjeros, tenían mucho miedo de poder ir a un abogado para contarle toda la mierda que veían por miedo a las cláusulas. Eso es falso, evidentemente. Si vas a defender tus derechos a los juzgados no hay cláusula que valga, la haga Facebook o Google.

Facebook sabía lo que estar expuesto a estas imágenes provocaba

¿En esa formación había advertencia de las imágenes que verían?

Sí, les ponían algún tipo de contenido violento. Pero en una escala del 1 al 10 de lo que llegarían a ver, quizás era del tres. Así que la realidad superaba la ficción. En la fase de instrucción la empresa manifiesta que el contenido violento podía ser muchas veces anecdótico, cada dos o tres semanas. Esto lo han dicho en el juzgado. Pero lo que cuentan los moderadores es que eso no era así. De anecdótico no tenía nada; era la norma. Y tiene sentido, porque el moderador de contenido en Barcelona lo que ve son vídeos con denuncia previa. Por lo tanto, hay alguien que lo ha denunciado, sea un usuario o la inteligencia artificial que lo detecta. No llegaban bailes, o videos de gatos, nada de eso.

¿Cómo se lo han tomado sus clientes?

Se lo han tomado muy mal, como un insulto. Muchos han tenido intentos de suicidio. Un moderador de contenido ha tenido ingresos recurrentes en un centro psiquiátrico por intentos de suicidio. ¿Qué le vas a explicar a él?

¿Por contrato ofrecían algún tipo de ayuda psicológica?

Es el nivel de apoyo de lo que decían wellness [programas de salud y bienestar laboral]. Pero poca cosa. El servicio era totalmente insuficiente. Estaba formado por distintos psicólogos que no solo eran insuficientes, sino que no había suficiente seguimiento. A un moderador, un vídeo le creó tal impacto visual que por el nivel de angustia se puso a gritar en medio de la Torre Glòries. Otro se estampó contra la pared. Fue a ver al psicólogo, tuvo 45 minutos, lo contó y, al acabar, regresó al trabajo. No hubo seguimiento. No sé ahora en 2025 cómo lo hacen, pero del 2018 al 2020, no lo había. Era un paripé.

¿Los cerca de 30 moderadores que representa usted, qué porcentaje son de la plantilla?

Han llegado a ser de plantilla 2.500 personas. Pero muchos no reclaman. Son brasileños, mexicanos, franceses… Extranjeros que piensan que no pueden reclamar. El comité de empresa podría hacer mucho más de lo que hace. El comité dijo a Inspección de Trabajo que faltaban medidas de seguridad, que la empresa no hacía lo suficiente y que por eso había tantas bajas laborales. Pero luego en el juzgado un miembro del comité lo diluyó. Creo que no fue sincero con la realidad de la empresa, pero es la decisión que tomó.

¿Cree que Facebook, como empresa matriz, era consciente de esta realidad?

Consciente, no. Súperconsciente. Sabían que iban a generar daños psicológicos. En 2018 en Estados Unidos ya tuvieron un procedimiento legal con centenares de moderadores y llegaron a un acuerdo económico. En Barcelona aterrizaron coincidiendo con esas reclamaciones y, por lo tanto, sabían que el moderador se expone a riesgos psicológicos. Y hablamos de Barcelona, pero podríamos estar hablando de Kenya, donde también pasa. Nadie en el mundo está capacitado para absorber tal nivel de violencia de una forma continua. Eso crea daños psicológicos. Facebook sabía lo que estar expuesto a estas imágenes provocaba.

Nadie en el mundo está capacitado para absorber tal nivel de violencia de una forma continua

¿Las enfermedades y trastornos causados son siempre los mismos?

Hay un patrón. La gran mayoría tiene síndrome de estrés postraumático. Otros han desarrollado un trastorno bipolar traumático, agorafobia, ansiedad recurrente… La gran mayoría tiene miedo a salir a la calle y, de hecho, hemos propuesto que algunos declaren ante el juez por videoconferencia porque no pueden salir. Me han llegado a explicar barbaridades que no era consciente que se podían llegar a hacer. Son cosas muy perversas.

¿Había visto alguna vez en su carrera como abogado una afectación de esta intensidad de un trabajo en la salud mental?

De forma genérica no, porque no ha habido otro colectivo de trabajadores tan expuesto. Haber llevado otros temas de salud laboral me ha permitido concluir que no se termina de dar a la salud mental la importancia que tiene. Hay incluso cierta incomprensión y no se reconocen incapacidades solo por un trastorno mental o una depresión recurrente. La Seguridad Social no las concede, pero sí está reconociendo que las incapacidades temporales son por accidente laboral y no por enfermedad común.

¿Qué elementos le permitieron pasar a la vía penal y no quedarse en un pleito laboral?

Cuando empecé con este caso, yo tampoco era consciente de su envergadura. Mi primer cliente era joven, tenía 23 años y tenía tal agorafobia y estrés postraumático que no podía salir a la calle. Él me comentó que compañeros suyos estaban igual y vi que el tema era muy grave. Vi que por culpa de Facebook hay una generación de gente enferma.

La gravedad del asunto hacía que no pudiéramos quedarnos en la jurisdicción laboral. Debíamos hacer el salto a la penal. Lo que les ha pasado a los moderadores de contenidos no tiene comparación con otras personas. La salud mental y emocional es clave en todos los trabajos y es invisible: un empleado puede ir muy bien vestido y suicidarse al día siguiente. Sin salud mental, no funcionas.

Por ahora, la empresa investigada es la subcontrata de Meta en España. ¿Cómo se podría conseguir la imputación de Facebook?

Inicialmente, pedimos la imputación de Facebook Spain S.L., pero no se admitió porque la empresa alegó que solo se dedicaba a la publicidad no a la moderación. Nos remitieron a la filial en Irlanda y no recurrimos. Ahora hemos pedido la ampliación de la causa a Meta, que nos fue denegada por el juzgado de instrucción, pero hemos recurrido ante la Audiencia de Barcelona. Nosotros creemos, porque tenemos pruebas, que es Meta (Facebook) quien marca las condiciones de trabajo, el porcentaje de aciertos del 98% de los moderadores y el resto de parámetros que provocan el daño a la salud. Nuestro objetivo es que Meta pueda ser parte del proceso penal, porque son ellos los que marcan las directrices.

Las grandes tecnológicas prefieren el negocio a la salud mental

¿Desde el inicio de los procesos legales, la empresa ha hecho algún cambio en prevención de riesgos laborales y atención a los moderadores afectados?

Ha habido algunos cambios en su política interna. Parte del volumen de moderación y de contenido violento ha bajado. Los psicólogos también suben a las plantas a hablar con los moderadores, ya no son ellos los que tienen que bajar a hablar con ellos. Son algunos cambios que valoramos positivamente porque tampoco podemos pretender que Meta y Facebook desaparezcan. Las redes sociales han venido para quedarse, pero queremos que cambien.

¿Qué cambios a nivel de empresa tendrían que realizarse? ¿Y de normativa general laboral?

La empresa tendría que reducir la exposición a imágenes y textos violentos a la que están sometidos los moderadores y llevar a cabo una evaluación real de riesgos psicosociales. Además, tendría que incluir mucho más tiempo de descanso y no hacer jornadas partidas y rotativas de mañana, tarde y noche. Esto altera el sueño y el estado anímico y hace más susceptibles las afectaciones en la salud mental.

A nivel general, hay que ir mucho más allá de la normativa laboral, porque son contenidos que también pueden afectar a los usuarios, y también hay que protegerlos, en especial a los menores de edad. Es una locura que los menores de 13 años pueden hacerse un perfil de Instagram o Tiktok. Hay un proyecto de ley para pasar de los 13 a los 16 años, pero todavía no está en vigor. Igualmente, a las redes sociales no les interesa, y más a Tiktok, que es la reina entre los adolescentes. Si los menores no pueden entrar en las redes, las empresas obtienen menos datos y menos ingresos.

¿Usted sería partidario de prohibir las redes sociales a menores de 16 años?

¡Como mínimo! Estamos ante el quid de la cuestión: el negocio de las redes sociales. A estas grandes empresas tecnológicas les importa bastante poco la salud mental, prefieren el negocio. A mí un moderador de contenido me ha dicho que los padres de adolescentes que les dejan acceso sin límites a las redes sociales no saben los peligros a los que se exponen.

¿El cambio anunciado por Facebook para eliminar filtros puede tener repercusiones negativas en los moderadores?

Vamos a peor. Para los moderadores, el nivel de violencia al que están expuestos subirá. No solo de imágenes o vídeos, también de textos. A nivel de usuario, todavía será peor. No sé qué está haciendo Europa.

“No, señor. Si no retorciera una bayeta 200 veces al día, seguramente los metacarpianos me durarían más”. Es la respuesta de Mar Jiménez a lo que los médicos y la Seguridad Social le han dicho: que las enfermedades que padece son de origen común, no profesional. La lista es larga, con la espalda también afectada por varias hernias. En una situación similar está Rafaela Pimentel, operada de “manguito rotador y tendones rotos” y a la espera de una prótesis de rodilla. Una ha sido limpiadora de hotel, una kelly, como se las conoce por su asociación, y la otra, trabajadora del hogar. Pero ya no, porque no pueden. Tienen “los cuerpos rotos”.

Así se refieren a su estado de salud tras una carrera de trabajos en la limpieza, ya sea en hoteles o en casas, que dejan en ellas y sus compañeras unas secuelas que se repiten una y otra vez. “Hernias discales, tendinitis crónicas en el manguito rotador, epicondilitis en el codo, los metacarpianos operados, problemas en las rodillas, de salud mental...”, enumeran.

No es un listado exhaustivo, sino las patologías que ven cada día en sus compañeras y ellas mismas en cualquier reunión de trabajadoras de la limpieza y del hogar y de cuidados. Cuando se juntan compañeras de una determinada edad, que acumulan varios años de faena, aquello ya parece una consulta médica. Acaban con “los cuerpos rotos”, repiten Rafaela, de 64 años, y Mar, de 62.

En una de estas reuniones, se les ocurrió hacer una campaña y un calendario para denunciar esta situación y reivindicar el reconocimiento del origen laboral de sus enfermedades. Algo que a día de hoy ocurre con mucha dificultad y teniendo que acudir en muchos casos a los tribunales, critican.

Este sábado, 30 de noviembre a las 18.30h, desde los colectivos Territorio Doméstico y Kellys Madrid presentan en la capital, en el Museo Reina Sofía, la iniciativa bajo el lema 'Sin nosotras no se mueve el mundo', con actuaciones musicales y fiesta posterior. “Nunca pensé que iba a quedar tan bonito”, dice Mar sobre el calendario que se “han currado durante casi dos años”. Las imágenes, entre ellas la que abre este artículo, son de la fotógrafa Elvira Mejías.

El hoy: trabajar con dolor o quedarte sin sustento

La campaña busca “socializar” este problema, ponerlo encima de la mesa y que se conozcan las situaciones que viven estas trabajadoras. Primero, trabajan a destajo en muchos casos, sin apenas medidas preventivas, en tareas que han realizado tradicionalmente las mujeres y a las que se les ha dado poco valor.

Cuando llevan años de trabajo a sus espaldas, empiezan a enfermar. De esas patologías que mencionan Mar y Rafaela, que se repiten y repiten entre las compañeras. “Verás a muchas camareras de piso (kellys) operadas de los metacarpianos, por ejemplo, porque son enfermedades por realizar movimientos repetitivos por nuestro trabajo, lo tenemos muy claro”, explica Mar. También sucede entre las trabajadoras del hogar y de cuidados.

Como las hernias, de levantar colchones para hacer las camas y de mover a personas mayores, por ejemplo. Pero ese origen laboral no se reconoce en muchas ocasiones en las consultas, las mutuas ni los tribunales médicos de la Seguridad Social. “Estamos haciendo una media de 70 camas al día y ¿me estás diciendo que de eso no tengo la espalda jodida?”, dice Mar con indignación. En su caso, “tras diez años trabajando con dolor”, hace dos que tiene reconocida una incapacidad permanente, pero con origen de enfermedad común.

"Estamos haciendo una media de 70 camas al día y ¿me estás diciendo que de eso no tengo la espalda jodida?"

A Rafaela, que ha estado de baja por las operaciones en los tendones, la Seguridad Social la consideró apta para trabajar el pasado septiembre. “Estoy operada y ahora puedo lavarme el pelo o hacerme la comida, que no podía, pero no puedo levantar peso ni trabajar. ¿Cómo me subo a una escalera a limpiar unos ventiladores, el alto de los armarios, los cristales? ¿O cómo plancho?”, explica la trabajadora del hogar.

El día a día de estas mujeres pasa por trabajar con dolor durante años. “Vamos todas medicadas”, explican. Y, cuando “se rompen”, cuando de verdad no pueden más, se ven excluidas de las pensiones de incapacidad por una actividad profesional, con cuantías superiores a las de enfermedad común. Además, se calculan sobre salarios bajos, asi que la prestación “no da para vivir”, resume Mar.

Si no les reconocen ni la incapacidad, como es el caso de Rafaela, la situación se complica todavía más. En estos momentos, está esperando que le reconozcan el paro. “Menos mal que conseguimos ese derecho, que nunca pensé que sería para mí. Pero ahora no tendría nada”, dice la trabajadora del hogar. De momento, aguanta gracias a “una red de amigas”, que le están ayudando a pagar el piso. Verse así, tras casi 30 años trabajando y de alta en la Seguridad Social, le genera mucho enfado, reconoce.

“Es un mercado laboral machista, patriarcal y capitalista, que lo único que quiere es sacarte toda la energía para que produzcas, produzcas, produzcas. Pero cuando estás en condiciones de vejez o de enfermedad, el sistema no te quiere, te expulsa. Porque ya no le vales”, critica Pimentel.

El mañana: “No quiero que le toque esto a más compañeras”

Las trabajadoras, organizadas en los colectivos Territorio Doméstico y Kellys Madrid, están encabezando esta iniciativa para que “se conozca” lo que viven y, sobre todo, para cambiar las cosas. Para pelear por el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y de otros derechos asociados, como el acceso a la jubilación anticipada para profesiones penosas, explica Mar Jiménez.

Primero, dirigen sus reclamaciones al Gobierno, que puede legislar y permitir que estas situaciones cambien. Por ejemplo, “feminizando el cuadro de enfermedades profesionales”, que apenas tiene reconocidas patologías de trabajos que desempeñan principalmente las mujeres.

También advierten de que irán a los tribunales para garantizar que se cumplen sus derechos. Como hicieron con el derecho a paro de las trabajadoras del hogar, hasta llegar a Europa, o como han hecho las kellys con algunas enfermedades profesionales, que han ganado en el Tribunal Supremo.

“Lo que hemos conseguido es porque hemos peleado y vamos a seguir peleando”, dice Rafaela, que reconoce el cansancio de combatir “tantas injusticias” en sus carreras. Pero no lo hacen solo por ellas. Lo hacen por sus compañeras. “Hay días que me levanto llorando de dolor. Es lo que tengo, lo que me ha tocado y no quiero que le toque a otras”, dice Mar. 'Sin nosotras no se mueve el mundo', recuerdan el lema de su campaña. Quieren que el Estado y la sociedad lo reconozca, que haga justicia con el trabajo de tantas mujeres. Por ello, pese a todo, siguen caminando.

En 2009, el doctor Antonio León, del Hospital Puerta del Mar (Cádiz), diagnosticó mediante TAC el primer caso de silicosis provocada por el corte de los aglomerados de cuarzo. Aquel paciente chiclanero en la treintena, que se ahogaba al menor esfuerzo, había contraído la enfermedad clásica de los mineros por cortar sin protección suficiente un material por entonces (y todavía) altamente popular en las cocinas españolas: el aglomerado de cuarzo, en cualquiera de sus denominaciones comerciales. La principal, el Silestone fabricado por Cosentino (el gran proveedor en España), pero también otras, como el Cesarstone.

La enfermedad era consecuencia indirecta del boom de la construcción, que llevó aparejado el corte de miles de encimeras cuyas micropartículas de sílice se clavaron en los pulmones de cientos de trabajadores que las cortaban a pelo. Quince años después, la silicosis, una afección incapacitante que puede llegar a ser mortal, cuya única solución posible en casos graves es el trasplante de pulmón (no siempre exitoso), es la principal enfermedad profesional en Andalucía, donde se habían detectado 1.110 casos a 30 de junio de 2021, última cifra oficial de la que dispone la Junta de Andalucía.

Es una cifra que, sin embargo, nunca ha divulgado: fue desvelada en exclusiva por este medio hace ahora un año, y está incluida en el informe de seguimiento y evaluación del Plan Integral de la Silicosis en Andalucía (PISA), firmado en noviembre de 2021, justo cuando expiraba ese plan, que entró en vigor en 2017. El plan tenía como objetivo reducir la incidencia de la silicosis mejorando los sistemas de diagnóstico, prevención y notificación de la enfermedad, y también facilitar la reinserción laboral o el acceso a prestaciones de los afectados.

El PISA no cumplió los objetivos pero, tras caducar, no ha tenido continuidad. Y ello, a pesar de las peticiones de las asociaciones de afectados y de que el propio informe final llamaba a perseverar en al menos 23 acciones. Desde la Consejería de Empleo aseguran que el problema, “prioritario”, se aborda con actuaciones concretas y que estará contemplado en la próxima Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028. Es decir: acciones individuales e integración en un plan general. Nada, por ahora, de un plan integral y específico. También explican que hay un protocolo suscrito por Empleo y Salud, para mejorar la coordinación de acciones entre ambas consejerías, una de las fallas del sistema.

Una epidemia persistente

La epidemia de la silicosis de los aglomerados no se ha resuelto desde que expiró el plan. En 2022, se comunicaron a la Seguridad Social 22 partes de enfermedad profesional por silicosis en el sector (identificado con el CNAE237) del corte y tallado de piedra en Andalucía (de un total de 43 casos de silicosis en Andalucía, y 162 en España), según los datos recabados y desagregados por Comisiones Obreras. En 2023 fueron 15 en Andalucía (47 en el total de la silicosis en Andalucía, y 188 en España -solo en CNAE237-).

Si se abre el foco, el panorama sigue siendo sombrío. “Hemos pasado de 15 partes comunicados por silicosis en España en 2000 [en cualquier sector] a 494 en el último año”, detalla Óscar Bayona, de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO. El CNAE237 representa el 38% de esos casos. “No hay ninguna enfermedad profesional que tenga una evolución así en España”. En el total del país, los casos de silicosis en el CNAE 237 ha vuelto a repuntar: tocó techo en 2019 con 287 casos notificados, descendió hasta 2022, y en 2023 repuntó hasta los 188.

No parece que la tendencia se vaya a cortar. Hasta el 31 de mayo de 2024 se habían contabilizado 240 casos de silicosis y 9 de cáncer de pulmón asociados, sin que se puedan desagregar aún por territorio o CNAE.

En Andalucía, la enfermedad afecta a trabajadores que rondan la treintena (36,2 años de media), con baja cualificación, que pasaron su juventud cortando encimeras en pequeñas marmolerías sin apenas protección o inspecciones. En Montemayor (Córdoba), padece silicosis el 3% de la población. Su horizonte, en el mejor de los casos, es la jubilación por incapacidad permanente, pero no es un trámite sencillo.

Voto en contra de la PNL para recuperar el Plan Integral

Ni la Consejería de Salud ni la de Empleo han diseñado por ahora un plan o estrategia que sustituya y mejore al PISA, y este jueves quedó claro que no está entre sus prioridades a corto plazo. El Pleno del Parlamento Andaluz debatió una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE, en la que se pedía que el Gobierno andaluz convocara a consejerías, empresas, afectados, representantes sindicales, mutuas y especialistas para reactivar y actualizar el PISA. También pedía concretar el dinero que se dedicaría a estas acciones en una memoria económica.

La PNL contaba con el respaldo de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía (APSA), una de las dos más representativas entre los afectados por la enfermedad en Andalucía, junto a ANAES.

“Ante este repunte, la solución es activar el PISA y aplicarlo”, reclamó Olga Manzano (PSOE): “El Gobierno andaluz no puede desaprovechar y deshacer este documento. Sería una irresponsabilidad y una torpeza”. Recibió el apoyo de Inmaculada Nieto (Por Andalucía), quien pidió valorar una posible prohibición total del producto, tal y como ya ha ocurrido en Australia, y de Vox, cuyo representante considera al PISA un “buen punto de partida”.

Sin embargo, no salió adelante por el voto en contra del PP, que había presentado una enmienda que desnaturalizaba la petición. El Gobierno andaluz razona que no hay inacción, porque sigue trabajando en las acciones del plan, aunque formalmente caducara. La Consejería de Empleo asegura que se vigilan y controlan las condiciones de trabajo; subvenciona proyectos de prevención de riesgos; desarrolla actividades de información y sensibilización para empresas y trabajadores del sector; y acciones de vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos.

Plan (de momento) no, mesa sí

Durante años, la epidemia de silicosis no recibió especial atención política o mediática, a pesar de las alertas de los trabajadores. Cobró una nueva dimensión cuando, en febrero de 2023, un juzgado de lo penal de Vigo condenó a Francisco Martínez Cosentino a seis meses de prisión por no informar de forma adecuada durante años a los trabajadores de marmolerías externas del riesgo que implicaba manejar el Silestone sin protección adecuada.

Solo un mes después se anunció una mesa con los partidos políticos, dos neumólogos de prestigio (Antonio León -Hospital Puerta del Mar- y Juan María Rubio -Hospital de Montilla-), la asociación de afectados APSA y representantes de los marmolistas. Los presentes acordaron “instar una actualización de PISA”, según el acta de la reunión, que este medio ha podido consultar.

Sin embargo, eso no ha ocurrido y los problemas que recogía el informe final de PISA siguen lejos de resolverse. Por ejemplo, no hay censo de personas expuestas, no se ha protocolizado el sistema de alerta y el acceso a subvenciones para proyectos de prevención de riesgos está limitado a 15.000 euros. Una cantidad alejada de lo que cuesta adoptar sistemas que eviten la proliferación de polvo en suspensión mientras se corta la piedra.

“Es conveniente un plan que marque la línea de hacia dónde tenemos que ir. Sería bueno un PISA totalmente nuevo, con partida económica en cada Presupuesto, y que cuente con los que ya tienen silicosis”, reclama Paco Torrico, portavoz de APSA, quien acudió al Parlamento con varios afectados. Entre ellos, un hombre con los dos pulmones trasplantados, cuyo caso contó este medio, y otro que requiere oxígeno las 24 horas. Según asegura Torrico, tras varios encuentros entre bambalinas, ha obtenido el compromiso de las consejerías de Empleo y Salud reactivar la mesa en los próximos días y darle carácter oficial integrándose en ella.

Una Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud

La Junta de Andalucía (en particular, las consejerías implicadas) defiende que en la práctica se están continuando las medidas del PISA y que no hace falta un plan para articular eso. También, que todas las acciones quedarán subsumidas en un marco general contra las enfermedades profesionales, denominado “Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el trabajo 2024-2028”. “En lo relativo a la silicosis deja mucho que desear, empezando por que utiliza datos de 2019”, apunta Torrico.

Para APSA y la oposición, no es suficiente. “Esta iniciativa [la PNL] salió de la mesa de la silicosis que organizó APSA. Estaban ustedes y también dijeron que había aprobar el PISA. ¿Por qué ese cambio? ¿En la mesa sí y ahora no? ¿Su compromiso con la silicosis es intermitente?”, se preguntó Olga Manzano (PSOE), quien acusó al PP de querer “diluir” el plan contra la silicosis, descafeinando la iniciativa. “No pedimos la luna, sino la reanudación de un programa ya diseñado, que tiene equipos y estructura, y que puede erradicar una enfermedad de aquí a unos años”. 

El personal facultativo de Osakidetza y los Servicios de Prevención de las empresas emitieron en 2022 un total de 469 comunicaciones de Sospechas de Enfermedad Profesional en Euskadi, la mayoría por epicondilitis o 'codo de tenista', con 80 comunicaciones, seguido de la hipoacusia, con 74. Según datos del Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-Osalan, otras principales comunicaciones de posible enfermedad profesional fueron motivadas por otras enfermedades osteomusculares, con 71 notificaciones, y síndrome de túnel carpiano, con 55.

En concreto, Osalan conoció un mayor número de comunicaciones de Sospechas de Enfermedad Profesional en el año 2022 (469) que en el año 2021 (372), lo que supone un crecimiento del 26%.La tasa de incidencia de las comunicaciones de hombres es mayor que de mujeres en todos los años. No obstante, en el año 2022 la tasa de incidencia de mujeres ha sido la más alta desde que se inició el sistema de comunicaciones en 2008.

Por tercer año consecutivo, el principal notificador es el personal facultativo de Osakidetza, con 295 comunicaciones en el año 2022, frente a 170 de origen Servicio de Prevención. Así, el número de comunicaciones de origen Osakidetza en 2022 ha aumentado un 50%, y el número de comunicaciones de origen Servicio de Prevención se ha mantenido.

Además, se ha producido un aumento tanto en las comunicaciones originadas en Asistencia Especializada como en las originadas en Atención Primaria. En el año 2022, el 70% de las comunicaciones de personal de Osakidetza procede de Atención Primaria, adelantando a la procedencia Atención Hospitalaria, como viene siendo desde el año 2020.

Por otro lado, fueron 17 los Servicios de Prevención que notificaron comunicaciones de Sospechas de Enfermedad Profesional en base a este procedimiento. La mayoría de comunicaciones proceden de un único servicio de prevención ajeno.

Como resultado de las 469 comunicaciones recibidas, se tramitaron a Seguridad Social para su valoración 395 comunicaciones de Sospechas de Enfermedad Profesional (84% del total). En concreto, se comunicaron 18 Sospechas de Enfermedad Profesional de personal del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se tramitaron once de ellas para su valoración a Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

A diferencia de otros años, en los que la hipoacusia ha sido el diagnóstico más frecuente de las Sospechas de Enfermedad Profesional tramitadas, en el 2022 la epicondilitis o 'codo de tenista' fue el diagnóstico más frecuente, con 80 comunicaciones, seguido de la hipoacusia con 74, otras enfermedades osteomusculares con 71 y síndrome de túnel carpiano con 55. En 2022 se tramitaron 34 casos de comunicaciones de Sospechas de Enfermedad Profesional de tumores, 18 mesoteliomas, 13 tumores de bronquio y pulmón, (la mayoría con el asbesto como agente causal principal), dos neoplasias malignas de vejiga y una neoplasia maligna de corazón, mediastino y pleura.

En cuanto a las Sospechas de Enfermedad Profesional tramitadas por sectores, los sectores con mayor número fueron Servicios, con 181 comunicaciones, e Industria, con 150. El perfil de las comunicaciones recibidas en hombres sigue siendo el de trabajador de sector industria de 50-64 años con diagnóstico de hipoacusia. En cuanto a la mujer, predomina el perfil de trabajadora del sector servicios de 30-49 años con enfermedad osteomuscular, como en el año 2021.

Además, se recibieron 53 sospechas en personas de 65 años o más. Como consecuencia de todas estas notificaciones, se obtuvo respuesta de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y/o del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el 91% de las comunicaciones remitidas a Seguridad Social, con un 51% de aceptación total en las procedentes de los Servicios de Prevención y un 31% de aceptación total en las procedentes de Osakidetza.

“Incumplimiento generalizado”

A la vista de estos datos, CCOO Euskadi ha denunciado el “incumplimeinto generalizado” de la normativa tanto desde Osakidetza como desde los servicios de prevención, al no considerar “creíbles” las cifras de comunicaciones de sospechas de enfermad profesional (469) en 2022, sobre una población trabajadora de cerca de un millón de afiliados a la Seguridad Social en esta comunidad autónoma.

En Euskadi la comunicación de sospecha de enfermedad profesional se tramita a través de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. El personal médico especialista o de atención primaria de Osakidetza remite la sospecha a la Inspección Médica del Departamento de Salud del Gobierno vasco, y ésta la envía a la Unidad de Salud Laboral de Osalan. Desde los servicios de prevención se remite de forma directa a la propia Unidad de Salud Laboral de Osalan.

Osalan comprueba si la patología cumple los requisitos del Real Decreto 1299/2006, que la enfermedad profesional no estuviese ya tramitada y solicita a la empresa, a través de su servicio de prevención, la información sobre el puesto de trabajo y las tareas que realiza la persona, así como la evaluación de riesgos para llevar a cabo la investigación pertinente.

El informe de Osalan que se deriva de esa investigación se hace llegar a la mutua correspondiente, que declarará la enfermedad profesional o no. En caso de no hacerlo enviará esta respuesta negativa a la Inspección Médica del Departamento de Salud, que remitirá el expediente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que será quien en última instancia diga si se trata de una enfermedad profesional o no.

Osalan informa del resultado final al servicio de prevención, e Inspección Médica del Departamento de Salud informa al personal, ya sea especialista o de atención primaria, de Osakidetza que hubiese tramitado la comunicación de sospecha.

CCOO ha trasladado a los trabajadores afectados por esta dolencias la importancia de recordar tanto al personal médico de Osakidetza como al del servicio de prevención a qué condiciones de trabajo hay exposición.

Dentro del proceso de comunicación de sospecha de enfermedad profesional hay espacios en los cuales la información “ni fluye debidamente ni llega a la persona afectada como debería. Es bueno estar en contacto con el sindicato para poder realizar el seguimiento necesario”, ha agregado.

Si el servicio de prevención no realiza la comunicación de sospecha de enfermedad profesional, CCO ha destacado que es necesario acudir al sindicato para ponerlo en conocimiento de Osalan, que es la autoridad sanitaria que acredita la actividad de vigilancia de la salud de los servicios de prevención. Tiene potestad para efectuar requerimientos, pudiendo llegar incluso a sancionar en casos determinados.

Si es Osakidetza quien no hace la comunicación de sospecha de enfermedad profesional, existe la posibilidad de ponerlo en conocimiento de la Inspección Médica del Departamento de Salud, que valorará si tiene que realizar un requerimiento.

La prohibición total de las encimeras de piedra artificial divide a los sindicatos y organizaciones de afectados en España. Hasta ahora, el único país que ha adoptado una medida tan restrictiva es el más lejano al nuestro, Australia, pero este viernes California, donde la silicosis entre jóvenes trabajadores es un problema creciente, ha adoptado una medida en la misma dirección. Además, también este viernes Ikea Australia ha anunciado que dejará de trabajar con este tipo de encimeras de forma inmediata.

A diferencia de Australia, donde apenas vende el 1,9% de su producción total, Estados Unidos sí concentra un alto porcentaje de las ventas internacionales de Cosentino, la multinacional española del Silestone. El estado californiano ha prohibido de urgencia todo el corte en seco de material con más del 0,1% de sílice libre cristalina, advirtiendo de que cerrará preventivamente cualquier marmolería que no cumpla. Bajo ese estándar, muchas marmolerías españolas tendrían que cerrar.

El temor entre productores como Cosentino es un efecto en cascada que ponga en jaque toda su línea de producción de encimeras de piedra artificial. De ser así, los sindicatos advierten del efecto potencial en los empleos de miles de trabajadores que se dedican a la producción de este tipo de materiales. Otros confían en la fortaleza de la empresa almeriense para diversificar su producción.

“Preocupación” en los sindicatos

Todos saben desde hace más de una década que trabajar el Silestone u otras encimeras de fabricantes como Caesarstone (la mayoritaria en Australia) o Compac sin medidas de protección adecuadas supone una vía directa y casi segura hacia una silicosis más agresiva y rápida que la de los mineros. En muchas ocasiones, con resultado mortal. Pero la prohibición total del producto genera dudas por el impacto económico que tendría en la comarca del Valle del Almanzora, donde se sitúa la fábrica de Cosentino, o en otras zonas donde se concentran las marmolerías que perfilan la encimera antes de su colocación.

“Dentro de Cosentino hay división. La gente de oficinas y venta piensan que los enfermos buscan sacan dinero. No es así. Se quiere que si sus hijos trabajan aquí no enfermen a los cinco años. Que tengan un trabajo seguro”, dice un trabajador, bajo condición de anonimato, que subraya la importancia de la entidad en la zona: “Esto da mucho trabajo, a media comarca”.

Los trabajadores fueron informados de que este año se ha producido un descenso de las ventas, que en el pasado han llegado a ser de unas 13.000 tablas diarias. “La bajada no es un desastre: en vez de ganar una brutalidad, ganan un poco menos”. En cambio, por ahora el varapalo de Australia no ha merecido ninguna comunicación interna. “Años atrás esto hubiera sido un batacazo, pero ahora vende mucho Dekton, que es un porcelánico. Cosentino es muy fuerte comercialmente, y se centrará en productos más saludables, mientras mejora el Silestone”, señala, también bajo anonimato, un extrabajador. “Si tiene que invertir 20 millones, lo puede hacer perfectamente. No creo que se venga abajo”. Otro exempleado asegura que los trabajadores confían en el músculo de la empresa: “Es fuerte y potente. Remará por un lado y si no, por otro”.

No obstante, entre los sindicatos hay preocupación y, de momento, evitan pedir que se aplique una medida similar en España. “No lo descartamos, pero antes tenemos que hacer una evaluación implicando a todas las autoridades que tienen responsabilidad: laboral y sanitaria”, advierte Mariano Sanz, Secretario Confederal de Comisiones Obreras de Salud Laboral, que pide pausa: “Sabemos que detrás de todo esto hay muchísimos trabajadores, y zonas altísimamente dependientes. Queremos ser prudentes: lo principal es que se trate a los afectados con la mayor rigurosidad desde la prevención de riesgos, y se aplique justicia en el ámbito de la Seguridad Social y judicial”.

En la misma línea está Juan Carlos Lebron, secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía, el sindicato ahora mayoritario en la empresa. “Hablamos de 4000 empleos: esto puede extenderse y mermar las exportaciones, y eso tendría consecuencias. Estamos preocupados”.

Extrabajador: “Australia sí ha tenido valor”

Desde el interior de Cosentino se subraya que la principal obsesión de la empresa sigue siendo la aparición de nuevos casos de silicosis y las demandas que provocan, que generalmente concluyen con acuerdos extrajudiciales con indemnizaciones superiores a la baremación de los juzgados. La empresa resalta que su “principal preocupación” es la salud y seguridad de los trabajadores, y hace hincapié no sólo en que el Silestone actual ha rebajado sustancialmente su contenido en sílice libre cristalina (por debajo del 40% en todos los casos), sino también en que los procesos productivos de ahora no tienen nada que ver con los de hace unos años, que generan los casos de silicosis que aparecen en la actualidad.

Sin embargo, y por ahora, el goteo de nuevos enfermos es continuo, según trabajadores y extrabajadores de la empresa, que creen que es prácticamente imposible eliminar por completo el polvo en la fábrica. Menos aún, en procesos de producción tan intensivos. “Se ponen aspersores, pero el polvo se levanta. Evidentemente, no es lo mismo que cortar en seco, pero está ahí. No me cansaré de decirlo: existirá siempre, pongan las medidas que pongan”, dice uno de los extrabajadores. “Antes era una atmósfera de polvo. Se está mejorando, pero queda mucho”, asegura el otro, que explica que, por ejemplo, se están mejorando los silos para que todo el material entre propulsado y no por cintas transportadoras.

Entre los trabajadores y extrabajadores consultados, todos con silicosis, el sentimiento generalizado es de satisfacción. “Es un jarro de agua fría para ellos, sí. Pero para los que estamos fuera es un ejemplo a seguir”, dice uno de los extrabajadores. “Se veía venir, aunque quizá no hasta el punto de prohibirlo”, dice el otro: “Ahora se comenta mucho dentro que ese Gobierno sí ha tenido valor, no como el español”. Sin embargo, evita la palabra “prohibición”: “La palabra no sería prohibir, sino quitar ciertos productos que producen la enfermedad”. No sólo el sílice, dice, sino otros compuestos químicos que integran la masa que conforma el Silestone.

División en las principales asociaciones de afectados

“Para mí personalmente y los socios ha sido una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Nos hace muy felices. Por fin un gobierno se da cuenta del daño que hace este tipo de material. Es una alegría”, comenta Ismael Aragón, presidente de la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), la primera de este tipo en España, que agrupa mayoritariamente a trabajadores de marmolerías externas que trabajaban encimeras de piedra artificial de Cosentino u otros fabricantes como Caesarstone o Compac. Aragón pide una actuación decidida en España y niega que haya un dilema: “Vender veneno para hacerse ricos no es ético. Pueden trabajar otros materiales porcelánicos que también se fabrican”.

Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis por Andalucía (que agrupa mayoritariamente a antiguos trabajadores de la comarca de Montemayor -Córdoba-), cree en cambio que la prohibición total va demasiado lejos. “Si van a prohibir cualquier piedra incluso con menos del 1% de cuarzo, por esa regla de tres no se podría trabajar ningún tipo de piedra”. En su opinión, todo es cuestión de cómo se maneje el producto. Cree que es posible “encapsular” la manipulación del material y que no salga polvo al exterior. Pero eso exigiría una reconversión que pocas marmolerías pueden hacer sin ayudas.

Constitución de un grupo de trabajo

La entidad almeriense, que llegó a anunciarse en la Superbowl y facturó 1.711 millones en 2022, asegura que las medidas de prevención en su fábrica son hoy incomparables a las que existían una década atrás, y que en los últimos siete años ha reorientado su producción para reducir el porcentaje de sílice libre cristalina: el 80% de los colores de Silestone estaría ya entre el 40% y el 11% (Hybryq40), y el resto entre el 10% y el 2% (Hybryq10). La multinacional cree que los esfuerzos habría que centrarlos en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en las pequeñas marmolerías que trabajan con el producto.

Mientras, a nivel regulatorio empieza a vislumbrarse algún movimiento. Está previsto que la próxima semana se constituya el grupo de trabajo que debe velar por la aplicación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027. Participarán ministerios, sindicatos, empresarios, Seguridad Social y expertos, y distintas fuentes dan por seguro que abordará el tema de la silicosis de los aglomerados. APSA también está impulsando una mesa de trabajo con afectados, expertos, administraciones y empresas, incluida Cosentino. En marzo, la multinacional y APSA firmaron un convenio muy criticado por ANAES, porque también contempla que Cosentino financie un proyecto de APSA para evaluar las repercusiones psicológicas en afectados por la silicosis y su entorno familiar más cercano.

Esta misma semana, BNG ha llevado al Congreso una petición para que la silicosis tenga un reconocimiento como “incapacidad permanente”. Los trabajadores enfermos denuncian las trabas no solo en el reconocimiento de la enfermedad, sino para el cobro de prestaciones adecuadas, lo que les obliga a una reconversión laboral casi imposible teniendo en cuenta su cualificación (generalmente baja) y su estado de salud (con una capacidad pulmonar mermada). La ministra Elma Sáinz ha prometido una revisión del procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores. 

Las autoridades australianas han acordado prohibir totalmente las encimeras de piedra artificial como las de aglomerados de cuarzo que fabrican la israelí Ceasarstone (mayoritaria en el país austral) o Cosentino, la multinacional fabricante del Silestone con sede en Cantoria (Almería). El acuerdo supone prohibir no solo la fabricación, sino también la instalación o la importación de este material, y será efectivo a partir del próximo 1 de julio.

La prohibición, que se ha dado a conocer este miércoles, sigue la recomendación emitida hace apenas un mes por Safe Work Australia, la agencia de seguridad en el trabajo, que había concluido que el aumento “drástico” de la silicosis en los trabajadores australianos está relacionado con la fabricación, el corte y el manipulado de las encimeras de piedra artificial (no con su uso cotidiano en la cocina). Las únicas excepciones se concederán para retirar, reparar o hacer pequeñas modificaciones en las encimeras ya instaladas, cuya seguridad para los usuarios nunca ha estado en cuestión.

El acuerdo se ha adoptado por unanimidad de los ministros de Salud y Seguridad Laboral de los seis Estados australianos, que han valorado el aumento “sustancial” de la silicosis y enfermedades relacionadas, “con un número desproporcionado de diagnósticos” entre quienes trabajan con piedra artificial. También subrayan que el polvo generado al procesar este producto es más dañino, y contribuye a que las enfermedades sean más rápidas y graves. En el documento se recuerda que “no existe evidencia científica de un umbral seguro de contenido de sílice cristalina”.

Los ministros constatan que la silicosis se puede prevenir, pero concluyen que la legislación no basta para proteger a los trabajadores debido a “una falta persistente de cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades” en la industria. Ante la falta de cumplimiento efectivo de las medidas de prevención, optan por prohibir el producto para evitar que la epidemia de silicosis, una enfermedad sin cura y mortal, vaya a más.

Australia es el primer país en adoptar una legislación tan restrictiva para un producto que está generando graves problemas también en otros países de habla inglesa como Estados Unidos o Reino Unido. En España, la epidemia de la silicosis de los aglomerados de cuarzo afecta al menos a 1.856 trabajadores, contabilizados desde 2007 a 2019, pero esta cifra no recoge todos los casos y los expertos creen que son bastantes más.

Cosentino “no comparte” la decisión

Cosentino “no comparte” la decisión “porque se centra en un solo tipo de producto, dejando fuera otros con una alta cantidad de sílice cristalina”. La entidad española facturó 1.711 millones de euros en 2022, de los que el 1,9% (en torno a 32 millones de euros) correspondieron al mercado australiano.

Con todo, el principal problema que enfrentan Cosentino y otros productores es la crisis reputacional y el posible efecto dominó hacia otros países en los que la preocupación por la silicosis de los trabajadores de la industria es creciente. Antes de conocerse la sentencia, la prensa económica había publicado la intención de Cosentino de salir a Bolsa. Desde entonces, nada se sabe de esos planes.

La multinacional almeriense había puesto el énfasis ante las autoridades australianas en la necesidad de reforzar la seguridad en los entornos laborales, implementando medidas que eviten la generación, dispersión e inhalación de polvo respirable, que es el vehículo que traslada las partículas de sílice cristalina a los pulmones de los trabajadores. “Consideramos que una regulación adecuada, que ataque el foco del problema de la seguridad en el centro de trabajo de forma definitiva, es imprescindible ya que se puede trasladar una falsa imagen de seguridad”, subraya ahora la empresa española en un comunicado remitido a elDiario.es.

La nueva regulación australiana admite aquellos productos con “trazas de sílice cristalina (menos del 1%)”. Además, contiene una excepción abierta a nuevos productos que Safe Work Australia y los reguladores evalúen positivamente “basándose en la provisión de evidencia convincente que demuestre que estos productos pueden usarse de manera segura”. En el sector se interpreta como una mano tendida para proponer nuevos materiales que cumplan con los criterios de seguridad.

Safe Work Australia ya había propuesto la prohibición total entre las tres opciones que había considerado: prohibición total, prohibición de productos con más del 40% de sílice libre cristalina o sistema de licencias. Sin embargo, había cundido la idea de que la presión del sector de la construcción haría que finalmente los reguladores no llegaran tan lejos, optando por una prohibición limitada y el refuerzo de los sistemas de control.

Este era también la preferencia de Cosentino, que había advertido del “riesgo de disrupción en el mercado inmobiliario y de la construcción”, con consecuencias en el mercado laboral. La empresa española abogó ante Australia por fijar límites a la piedra artificial con más de un 40% de sílice cristalina y más seguridad en los centros de trabajo. Ahora asegura que corrigió su posición y admitía una prohibición de materiales que superen el 10%.

División de opiniones entre las asociaciones de afectados

Entre las principales asociaciones de afectados en España hay división respecto a la valoración de la medida. “Es una gran alegría. Por fin un Gobierno se da cuenta del daño que hace este tipo de material”, comenta Ismael Aragón, presidente de la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), una entidad surgida en 2008 con los primeros casos aparecidos en la provincia de Cádiz. “Lo dicen los estudios: no es sólo el sílice, sino que lleva componentes que lo convierten en un cóctel molotov que mata gente. Gente joven”, comenta Aragón, que necesita oxígeno para dormir, perdió a un primo y tiene catorce familiares enfermos. Para él, la única solución es prohibir las encimeras de piedra artificial e insta a las empresas a que trabajen con otros materiales porcelánicos que no causan silicosis: “No sé qué esperan para prohibirlo aquí en España. Creo que sólo ven el lado económico”.

En cambio, Francisco Torrico, presidente de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía, lamenta que se haya adoptado una solución tan drástica. “Australia dice que como no son capaces de controlar que se trabaja con garantías, prohíben el producto. No es razonable: se deben agotar las posibilidades antes de prohibir un producto que además tiene mucha demanda”.

De fondo, late la preocupación de que la prohibición impacte de lleno sobre una gran multinacional andaluza y el tejido económico y social de la provincia de Almería. “Estamos preocupados, porque Cosentino emplea a 4000 personas, se sostiene sobre las exportaciones y esto puede afectar a la producción. Y no hay alternativa en la comarca”, señala Juan Carlos Lebrón, secretario de Relaciones Institucionales, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Andalucía. “Está claro que se ha hecho mal. No se utilizaban los EPIs y medios de prevención, y tienen que responder ante la ley e indemnizar a los trabajadores”, dice. “Pero lo que exigimos es que se cumpla normativa. Hay que invertir más dinero en prevención y vigilancia de la salud, y Cosentino debe buscar nuevos materiales menos peligrosos”.

Condenado en febrero

Igual que en España, la popularidad de este tipo de encimeras en Australia creció exponencialmente a mediados de los años 2000. Las primeras voces de alarma llegaron a finales de la primera década, y desde mediados de la década siguiente las cifras de enfermos no han dejado de crecer, especialmente entre trabajadores jóvenes de entre 30 y 40 años que entraron en el mercado laboral hace veinte años, tal y como contó elDiario.es en este reportaje. Muchos de ellos quedan incapacitados para trabajar o para actividades cotidianas como subir escaleras, hacer deporte o trasladar pequeños pesos por la reducción de la capacidad pulmonar; otros ya han fallecido.

Cosentino, que creció hasta convertirse en multinacional de la mano del Silestone (que llegaba hasta el 95% de sílice cristalina), asegura que toda su producción está ya por debajo del 40%, y que su objetivo a corto plazo es que todos los colores estén disponibles con menos del 10% bajo la gama HybriQ10, que ahora supone ya en torno al 20%. El pasado febrero su fundador y presidente, Francisco Martínez-Cosentino, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Vigo para admitir su culpabilidad por no advertir del riesgo del Silestone a cinco trabajadores que hoy sufren silicosis. Fue condenado a seis meses de prisión por cinco delitos de lesiones graves, y aún tiene pendiente una segunda sentencia en la que se dirimirán hechos parecidos.

En el país austral el gigante de las encimeras es Caesarstone, que dice estar “profundamente decepcionado” por la prohibición, basada en un razonamiento “defectuoso” y que no afronta la causa real del incremento de la silicosis, según recoge el medio australiano ABC. Sindicatos y organizaciones de salud la han aplaudido.

Casi tres millones de personas fallecen cada año en el mundo a causa del trabajo, pero no suele ser porque se caigan de un andamio muy alto. Nueve de cada diez muertes se producen por enfermedades de origen laboral. Contamos las historias de personas que no murieron en su puesto de trabajo, pero sí enfermaron por culpa del trabajo. Son, también, las historias de los que se quedan.

Otsanda nos cuenta la historia de su padre: Celestino murió con los pulmones llenos de amianto. Josefina nos explica que Jordi, su marido, murió con los pulmones destrozados, meses después de una fuga tóxica en una máquina de su fábrica. Fernando nos relata la historia de su padre. También se llamaba Fernando, trabajó en la central nuclear de Andújar, en Jaén, y murió de cáncer. Ni Celestino, ni Jordi ni Fernando supieron antes de morir que su enfermedad tenía un origen laboral. 

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Safe Work Australia, la agencia australiana de seguridad en el trabajo, acaba de recomendar la prohibición del uso de piedra artificial, como las encimeras de aglomerados de cuarzo, independientemente del porcentaje de sílice cristalina que contengan. La recomendación se basa en una revisión de la evidencia científica sobre los riesgos de trabajar con este material, y concluye que el aumento “drástico” de la silicosis entre trabajadores australianos está relacionado con el manipulado de la piedra artificial.

Este es el primer país que estudia una limitación tan estricta de estos materiales, muy populares para encimeras de cocina. Aunque su presencia en ese mercado es relativamente menor, una generalización de las restricciones en la línea propuesta por la agencia podría acabar afectando a Cosentino, uno de los grandes productores mundiales y una de las principales empresas de Andalucía, con una facturación de 1.711 millones de euros en 2022.

La compañía cuantifica en el 1,9% su volumen de facturación en Australia, donde cuenta con un centro logístico desde 2017. El gran fabricante y proveedor de este producto en el mercado australiano es Caesarstone, una multinacional israelí cotizada en bolsa.

Cosentino defiende su nueva línea de producción y más seguridad

La multinacional con sede en Cantoria (Almería) rechaza las conclusiones del informe. La decisión “no está fundamentada en evidencias científicas sólidas”, explica a este medio, y estaría priorizando la prohibición en vista de la dificultad para el control, modernización y formación en el sector. Para la compañía, hay otro enfoque mejor, que estaría reduciendo la incidencia de la silicosis en países como Estados Unidos e Israel: “La sensibilización, la formación, el cumplimiento de la regulación por parte de empresas y trabajadores, y trabajar con las medidas de seguridad adecuadas como son el corte al agua, el uso de aspiración, la ventilación del espacio de trabajo y los equipos de protección personal”.

Silestone, el producto estrella de Cosentino, rondaba el 92% de sílice libre cristalina en su versión original y hasta hace poco. Desde hace algunos años, la empresa trabaja en el desarrollo de nuevas líneas que reduzcan ese porcentaje. El HybriQ 10 y el HybriQ40 no superan el 10 y el 40%, respectivamente, y, según los datos ofrecidos por la compañía, “toda” su producción de Silestone se reduce ya a esas cifras. “Nuestro objetivo es que a mitad del próximo año la gama completa de 35 colores sea Q10”, dicen.

“No hay evidencia de un umbral seguro”

Desde hace meses, los ministros de los seis Estados australianos y la autoridad federal están valorando tres opciones para regular los aglomerados de cuarzo: prohibir todos los productos de piedra artificial, prohibir solo aquellos que contengan más del 40% de sílice cristalina o establecer un sistema de licencias para estos últimos. Para retirar, reparar o modificar lo que ya está instalado habría exenciones bajo licencia.

En este contexto, pidieron opinión a la agencia de seguridad en el trabajo, que se decanta por la prohibición total porque no está claro que la reducción garantice la seguridad. “No hay evidencia de que la piedra artificial con bajo contenido de sílice represente menos riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores que la piedra artificial con alto contenido de sílice”, concluye el informe, que añade: “No hay evidencia toxicológica de un umbral ”seguro“”.

De seguirse la recomendación, hay “riesgo de disrupción en el mercado inmobiliario y de la construcción”, según Cosentino, que se decanta por un sistema de licencias. En la consulta pública abierta por la agencia, abogó por una legislación como la del Estado de Victoria, que fija los límites a la “piedra artificial” si contiene más de un 40% de sílice libre cristalina. “Cosentino cree que [la norma] logra el equilibrio adecuado entre mejorar la seguridad de los trabajadores, proteger los puestos de trabajo de 4.500 canteros, así como los empleos en las industrias de la construcción y la construcción de viviendas, sin dejar de ofrecer a los consumidores productos sostenibles y de alta calidad”, anunció en su día.

Aún no se sabe si las autoridades australianas seguirán la recomendación de la agencia u optarán por una limitación más flexible. Aunque la decisión se esperaba para este mes, finalmente ha quedado pospuesta a finales de año. Cuando se produzca, se mirará con lupa por productores y otros reguladores, también en España, donde se observa con atención por un potencial efecto dominó en otros países.

“La gran mayoría de casos de silicosis se dan en trabajadores de piedra artificial”

La recomendación de la agencia australiana se basa en un trabajo de campo realizado por expertos de la Universidad de Adelaida y la Universidad de Monash. “La gran mayoría de los casos de silicosis identificados en los últimos años se dan en trabajadores de la piedra artificial”, dice el informe, que subraya la “sobrerrepresentación” porque son solo el 2% de los trabajadores expuestos.

El informe concluye que este material provoca un tipo de silicosis con un inicio y una progresión más rápida, en línea con las observaciones de especialistas médicos españoles, que vienen advirtiendo en los últimos años del aumento exponencial de estos casos en zonas donde se trabajaron estos productos (Montemayor -Córdoba-, Chiclana -Cádiz- o el Almanzora -Almería-), con cuadros clínicos muy agresivos que degeneran en muy poco tiempo. El motivo es que el polvo de la piedra artificial tiene más sílice libre cristalina, y con propiedades que “probablemente contribuyen a que la enfermedad sea más rápida y grave”, según el informe australiano.

La agencia también señala la laxitud en el cumplimiento de la normativa de prevención para explicar por qué se han producido tantos casos. “Los importadores, fabricantes y proveedores de la industria de la piedra artificial no han proporcionado información adecuada sobre los riesgos”, generando incertidumbre y confusión. Se trata de una constatación similar a la que ya han llegado en España al menos dos juzgados, apuntando tanto a Cosentino como a Compac o Levantina, importadora en España de Caesarstone.

La agencia también encargó a la auditora Ernst & Young que estimase el impacto económico que tendría la prohibición total, del 40% o la introducción de un sistema de licencias. La prohibición completa es la más costosa, pero la conclusión es que es preferible a cualquier otra alternativa.

Acuerdos con los afectados

Cosentino defiende que sus materiales son seguros si se trabajan con las medidas de protección adecuadas, y que la prevención se ha incrementado notablemente en los últimos años. En 2017, una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya ya concluyó que informó “tardía, insuficiente y confusamente” a las marmolerías de los riesgos del Silestone. El pasado febrero, su fundador y presidente llegó a un acuerdo de aceptación de hechos con la Fiscalía, lo que motivó una condena a seis meses de prisión por no advertir durante años del riesgo a los trabajadores de una marmolería de Vigo. El proceso se había iniciado quince años antes, y en ese tiempo la empresa indemnizó a los afectados. Martínez-Cosentino fue condenado a seis meses de prisión. En julio afrontó por videoconferencia un segundo juicio penal, aún pendiente de sentencia.

En los últimos meses, la multinacional almeriense ha llegado a acuerdos con sindicatos y asociaciones de afectados. En julio acordó abonar un plus económico a los trabajadores que desempeñen su actividad en “un puesto donde exista un riesgo potencial de exposición al polvo de sílice”. Con la Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía acordó aportar recursos económicos para garantizar una atención psicológica a los afectados. Este acuerdo fue criticado por otras asociaciones.

En España, al menos 1.856 trabajadores desde 2007 a 2019 han contraído silicosis, una enfermedad grave, incurable y en muchos casos, mortal, por trabajar con este material. La cifra, extraída de los partes de enfermedades profesionales notificadas al CEPROSS, no recoge comunicaciones de la mutua o de los juzgados, por los que los expertos creen que la epidemia es notablemente mayor. Durante muchos años, Cosentino ha abonado indemnizaciones a trabajadores propios o de otras marmolerías enfermos de silicosis, en los que se incluía una cláusula de confidencialidad. Para la compañía, demuestra su responsabilidad con los trabajadores.

Tampoco las mutuas de prevención de riesgos o la administración fueron diligentes para atajar este problema: el Plan Integral contra la Silicosis, aprobado en 2017, apenas se ejecutó, y la Junta de Andalucía lo dejó caducar.

UGT de Cantabria ha reclamado “voluntad y medios” para reducir los accidentes de trabajo y aumentar la declaración y el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Así lo ha solicitado en la clausura de la XXIII jornada anual de salud laboral del sindicato en Campoo.

En ese acto, el secretario de Acción Sindical de la Ejecutiva regional de UGT, Valentín Fernández, ha señalado que la siniestralidad laboral y la “infradeclaración” de enfermedades profesionales “siguen siendo un grave problema, que lejos de mejorar empeora cada año”, tal y como confirman -ha dicho- las estadísticas oficiales.

Así, tras considerar que “de poco nos sirve una Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo si no se pone en marcha y con los medios y recursos necesarios”, el sindicalista ha instado a “a abrir cuanto antes” el Diálogo Social y a elaborar un Plan de Choque contra la accidentalidad en el trabajo.

Respecto a las enfermedades profesionales con baja laboral, eje de la jornada, Fernández ha destacado que Cantabria es una de las seis comunidades autónomas en las que disminuye este año el número de partes cerrados, que se sitúa en los niveles “más bajos” de los últimos siete salvo por el 'atípico' 2020 y la irrupción de la COVID.

No obstante, en su intervención ha criticado que el cuadro o catálogo de enfermedades profesionales en España “es muy estático y apenas se ha actualizado”, por lo que ha solicitado “ponerlo al día” para dar un mayor reconocimiento de las enfermedades de origen laboral. “Es beneficioso para la persona trabajadora, para la empresa y para el Sistema Cántabro de Salud a quien se derivan muchas de ellas como enfermedades comunes”, ha defendido.

Al hilo, el sindicalista ha detallado que de los 392 partes comunicados de enfermedades profesionales el año pasado en Cantabria, un 83 por ciento (327) estaban vinculadas a “posturas forzadas o movimientos repetitivos”, pero sólo había uno relacionado a “agentes carcinógenos”. Por eso, ha pedido “adaptar el catálogo oficial a la realidad actual del mercado laboral y a mejorar la notificación y el registro”.

Fernández también ha defendido la necesidad de “reformar un catálogo de enfermedades profesionales claramente masculinizado, sin medidas específicas para los riesgos psicosociales y que no incluye la salud mental”, para lo que habría que actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según ha añadido.

Enfermedades profesionales

Al margen de la inauguración y clausura de la jornada, en la primera de las dos mesas técnicas se repasó la situación actual de la prevención de riesgos laborales en Cantabria, mesa que contó con la participación de la directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Ana González; el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez; y el coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT, José de las Morenas.

González apuntó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya ha advertido en un informe de “la invisibilidad de las enfermedades profesionales, sobre todo el cáncer de origen laboral”. Y De las Morenas apuntó que para solucionar esa invisibilidad y la “escasa” declaración de enfermedades profesionales que se registra en España “es necesario actualizar de una vez por todas un listado oficial que se implantó en 2007 y también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Mientras, el jefe de la Inspección de Trabajo aludió a problemas futuros en la prevención de riesgos laborales, caso de los psicosociales, los vinculados al medio ambiente y los denominados higiénicos -el ruido, el amianto o el cáncer-, así como la edad del trabajador. Y destacó que este organismo “actúa en los centros de trabajo sea donde sea” y que de enero a octubre ha registrado más de 3.300 órdenes de servicios relacionadas con la prevención, emitiendo 430 infracciones por más de 1,2 millones de euros.

Listado oficial

En la segunda mesa técnica de la jornada se volvió a insistir en la necesidad de actualizar el listado oficial de aquellas enfermedades proclives a ser declaradas como profesionales, que no incluyen por ahora las relacionadas con los riesgos psicosociales, tal y como subrayó Óscar García, director comercial de la empresa de prevención Ibersys en Cantabria.

Cristina Fernández, jefa de Higiene de Campo del ICASST, agregó más problemas y límites al reconocimiento de una enfermedad profesional como su posible origen multicausal o el período de latencia -el tiempo transcurrido desde la exposición a una sustancia generadora de una enfermedad a la aparición de los primeros síntomas-, y que “puede a llegar a ser de decenas de años”, como ocurre con el amianto.

Por último, Martín Calonge, coordinador del Área UGT en Verde en Cantabria, alertó de que “el cambio climático impacta en la salud y su empeoramiento lo hace todavía más”. Así, señaló que el Observatorio de Política Ambiental (OPA) ya distingue numerosas afecciones directamente relacionadas con el cambio climático, desde las cardiovasculares a las neurológicas, “y en su gran mayoría con el calor como el factor más determinante”.

Eduardo tiene 62 años y trabajó como tornero durante 40 en los talleres de Feve, después integrada en Renfe. La mayoría de esos años trabajó, sin saberlo, en contacto con amianto. En 2021 le diagnosticaron un cáncer de pulmón por el que tuvo que ser intervenido. “Me quitaron medio pulmón. Tuve suerte”, dice. Otros compañeros, recuerda, han fallecido antes de saber que la sustancia maldita estaba tras la causa de su enfermedad. En 2022, unos meses después de someterse a la intervención quirúrgica se le concedió la incapacidad permanente total. No hubo dudas entonces de que la suya era una “enfermedad profesional” por haber estado durante años con esta sustancia altamente dañina. Esa batalla la ganó. Ahora Eduardo ha emprendido otra, la de exigir en el juzgado que se le reconozca los daños que le ha causado una empresa que “no hizo nada para proteger a sus trabajadores” de la sustancia mortal“, asegura. Este jueves se ha celebrado el Juzgado de lo Social Nº 9 de Bilbao el juicio en el que Eduardo demanda 317.547,57 euros a Renfe Fabricación y Mantenimiento en concepto de daños y perjuicios. Asviamie, Asociación vasca de víctimas del amianto, se ha concentrado ante los juzgados para pedir justicia para Eduardo y para muchos otros trabajadores que, después de enfermar en el trabajo por causa del amianto, se ven sometidos a un ”vía crucis judicial“ para conseguir que la empresa les compense económicamente.

“El reconocimiento de la enfermedad profesional no es nada más que el primer paso. Es muy duro que después de tantos años que llevamos con el tema del amianto tengamos que ir reclamando caso por caso a la justicia para el enfermo o para los familiares cuando el trabajador ya ha fallecido”, dice Patxi Cortázar, responsable de Asviamie, que recuerda que se hace ir a los tribunales caso por caso, e incluso en los que hay hasta 200 demandas ya ganadas como es el ejemplo de los trabajadores afectados de los antiguos astilleros Euskalduna.

“Hay unos pasos que no los puedes eludir y el primero para reclamar es que se reconozca una enfermedad profesional derivada del amianto. Y eso ya no es siempre fácil”, señala Begoña Vila, también portavoz de la asociación. Las empresas suelen alegar otras posibles causas de la enfermedad y tienes que presentar testigos que corroboren que el trabajador afectado tuvo contacto con dicha sustancia. “Hay personas que se les detecta la enfermedad ya con muchos años y muchos de sus compañeros ya están fallecidos. A parte de la enfermedad que les afecta física y psicológicamente, se tienen que poner a hacer una investigación para ver si tienes compañeros que puedan testificar en el juicio”, indica.

“Hay que tener en cuenta que el daño que te haya hecho el amianto se puede hacer visible hasta 25 años después”, recuerda Eduardo tras salir del juicio, esperanzado en ganarlo y que se le compense económicamente, pese a que el perito que ha llevado la empresa “trataba de demostrar que el cáncer puede ser por otras causas como por el tabaco. Pues mira, yo no he fumado nunca”.

Eduardo desarrolló su trabajo como tornero en la empresa Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha), más tarde Renfe Operadora, entre 1981 y diciembre de 2021, momento en el que enfermó. Concretamente trabajaba en el taller de fabricación y mantenimiento de las unidades de vía estrecha de la zona norte en Balmaseda. Le descubrieron un “nódulo en un pulmón en un reconocimiento de la empresa recuerda, ”pero tuve que ir yo por mi cuenta a la mutua y a que me vieran en el hospital porque no me daban solución“. Tras operarse con éxito en el hospital de Cruces, en febrero de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) dictó una resolución concediéndole una Incapacidad Permanente Total, derivada de enfermedad profesional. Ese mismo mes y año Osalan incluyó a Eduardo en el ”fichero de trabajadores posiblemente expuestos al amianto“ de Euskadi ”como consecuencia de las tareas realizadas en taller de material remolcado en el Taller de Balmaseda, siendo trabajador de Feve-Renfe“.

En su caso no había duda. Los puestos de trabajo ocupados por Eduardo en la empresa, implicaron el contacto con fibras de amianto. Otra cosa es que esa misma certeza le valga ahora la indemnización. Su trabajo consistía en el torneado de ruedas, mecanizado de discos de freno, discos de embrague. “Aunque era polivalente, todos hacíamos al final de todo”, recuerda. “Los ferodos de freno y embragues tenían amianto en su composición. La manipulación de dichos elementos, implicaba liberar fibras cancerígenas al espacio de trabajo de Eduardo. Otros trabajadores se dedicaban a cortar, lijar las pastillas de freno y embragues, utilizando aire a presión para la limpieza del puesto de trabajo, incluidas, las zapatas de freno y embragues, provocando una importante dispersión de las fibras cancerígenas, que serían inhaladas por Eduardo y el resto de los trabajadores o personas presentes”, señalan desde la asociación como el argumento que han llevado ante el juez. El amianto era también utilizado para recubrir los tubos de escape de las maquinas, de forma qué, para realizar trabajos de reparación, retiraban el revestimiento de amianto, colocando posteriormente, material nuevo. “Operación qué, por el grado de degradación del amianto, implicaba nueva dispersión de fibras cancerígenas al ambiente de trabajo”. Eduardo también se dedicó a “sustituir las calderas de vapor de las maquinas, en cuyo aislamiento, también se utilizaba el amianto. Todas las operaciones realizadas con el amianto eran manuales, utilizando martillo y cincel para su retirada”.

La defensa del trabajador argumenta que todo este trabajo en el que se expuso al amianto “se produjo sin que la empresa adoptara las medidas de seguridad que la ley exigía, por lo que el trabajador permaneció expuesto al amianto de forma incontrolada, que conllevo contraer la grave enfermedad pulmonar”. Por esa razón, reclama en concepto de daños y perjuicios la cantidad de 317.547,57 euros.

Hace unos meses la Justicia reconoció la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de Feve en Santander. En esa ocasión, la Delegación Norte de la compañía comunicó que “por parte de talleres, en cuanto se detecta o se sospecha de la existencia de amianto en alguna pieza, se notifica a Recursos Humanos y prevención de riesgos; a la vez se contrata el servicio a una empresa especializada para proceder con el desamiantado”. “Renfe no realiza actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del RD 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a amianto. No obstante lo anterior, y debido a la antigüedad de algunos de los vehículos ferroviarios, se pueden producir hallazgos ocasionales de piezas con material de amianto”, aseguraron.

“Es una vergüenza que se haga a los trabajadores pasar por este infierno de tener que demostrar una y otra vez que este sustancia es la causante de su enfermedad”, dicen desde la asociación de víctimas. “Igual que es vergonzoso que el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto carezca de contenido y siga sin materializarse. Ha caído en saco roto”, dice Patxi Cortázar.

El Parlamento Vasco pide que regular el fondo de compensación a la “mayor brevedad”

Precisamente el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves una proposición no de ley en la que se insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que “a la mayor brevedad posible” apruebe, conforme a lo establecido en la Ley 21/2022 de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, el reglamento que lo desarrolle, y que establezca las correspondientes indemnizaciones “en coherencia con los propios términos de la ley”.

El PP ha llevado a la Cámara vasca una proposición no de ley con la que proponía reclamar al Gobierno de España que apruebe el reglamento que desarrolle la Ley 21/2022 de la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Con el apoyo de todos los grupos excepto del parlamentario de CS, el Parlamento Vasco ha aprobado finalmente un texto firmado por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. En él, el Parlamento Vasco valora “muy positivamente” el trabajo realizado durante las tres últimas legislaturas para “impulsar de manera unánime, en varias ocasiones, la creación a nivel estatal de un fondo de compensación para las víctimas del amianto”. Además, se felicita por la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, “fruto de la proposición de ley ante las Cortes Generales que esta Cámara ha remitido en más de una ocasión”.

Por ello, insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a que “a la mayor brevedad posible”, dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto, “apruebe, conforme a lo establecido en la misma, el reglamento que lo desarrolle, y que establezca las correspondientes indemnizaciones en coherencia con los propios términos de la ley”, informa Europa Press.

En el debate, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha lamentado que más de un año después de la aprobación de la citada ley, “sigue sin cumplirse” y ha recordado que este fondo ya existe en otros países como Francia. Tras destacar la “indignación, protesta y preocupación” de las asociaciones de víctimas del amianto, ha criticado que ante el “incumplimiento” del Gobierno central, “no hay de momento explicaciones” por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha lamentado que no se han dado “pasos adelante” y ha recordado que la disposición adicional de la citada ley para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, regula que el reglamento deberá dictarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la propia ley en el Boletín Oficial del Estado, “es decir, debería haberse aprobado ya en enero de este año”.

“Habiendo transcurrido varios meses --sí que es verdad, meses complicados para la esfera política e institucional, también en el Estado español-- el retraso en la aprobación del reglamento es evidente”, ha señalado antes de subrayar que el texto aprobado recoge las reivindicaciones de las asociaciones, ya que “las víctimas lo están esperando, lo necesitan y son muchísimos años de lucha con el objetivo de intentar reparar el dolor y el daño causado por el uso durante años del amianto”.

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha recordado que el Parlamento Vasco lleva trece años trabajando sobre el fondo de compensación para las víctimas del amianto y aunque hace un año, tras superar el último trámite en el Senado, dieron por finalizado este asunto, “desgraciadamente no ha sido así”. “Tenemos una ley que podría estar ayudando y acompañando a muchas víctimas del amianto, pero que a día de hoy está congelada, paralizada”, ha criticado.

Blanco ha insistido en que “es de justicia, compensar de una vez a las víctimas” y “por tanto, el Real Decreto debe publicarse lo antes posible”. Además, ha reclamado que se “respete el espíritu” de la ley y ha denunciado que el borrador presentado por el Gobierno “es ofensivo y menospreciaba a las víctimas”. “Tiene que ser un decreto que compense y proteja a las víctimas, tal y como se indica en la ley, y la mayor brevedad posible, porque el amianto sigue matando”, ha advertido.

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha acusado al PP de “romper la unidad” que tuvo esta iniciativa en el Parlamento Vasco al presentar su iniciativa “en solitario, sin hablar con ningún otro grupo”, y ha explicado que por ello, han presentado una enmienda a la totalidad conjunta “para seguir poniendo en el centro el valor de ese acuerdo”. Sánchez ha recordado que en marzo de 2023 se trabajó en el reglamento antes de las elecciones generales celebradas en julio, “completándose el trámite de audiencia previa, pero no se pudo finalizar al entrar el gobierno en funciones”. “Esas han sido las causas del retraso, pero mi grupo parlamentario está de acuerdo que sería conveniente contar con el reglamento, a la mayor brevedad posible, y para ello es deseable que contemos con un nuevo gobierno progresista a nivel estatal cuanto antes”, ha defendido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández ha reconocido que el desarrollo reglamentario necesario para que ese fondo sea una realidad “para que la ley sea efectiva, no se ha hecho y no sólo está tardando demasiado, sino que está incumpliendo la propia ley que determina que en tres meses debía estar ese reglamento”. Además, ha explicado que varias asociaciones y sindicatos están denunciando que “se pretende descafeinar el fondo en cuanto a cuantías y otras cuestiones”.

Tras recordar que en estos momentos que se está conformando el Gobierno de España, ha afirmado que los diputados de los grupos que han firmado el texto aprobado --PNV, EH Bildu, PSE y Podemos-IU-- “son absolutamente necesarios para que se conforme ese gobierno”. “Yo creo que es la presión que debemos utilizar para que el Ministerio haga esto a la mayor brevedad y en los términos que están reclamando las asociaciones y los sindicatos”, ha insistido. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, y el parlamentario de CS Jose Manuel Gil, no han participado en el debate.

Indemnizaciones insuficientes

Tras la votación, el portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto en Euskadi, Jon García, ha comparecido ante los medios de comunicación para criticar que el Gobierno ha elaborado un proyecto de reglamento desarrollado por el Ministerio de Seguridad Social e Inmigraciones que “contradice el espíritu de la ley” y otorga unas indemnizaciones “muy inferiores a las de otros colectivos en similares circunstancias”. Además, ha explicado que el texto propuesto por el Ministerio “no respeta el objetivo de amparar a todas las víctimas, discriminando a los familiares de los fallecidos en los pasados años”. “Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto instamos al gobierno en funciones a que rectifique, respete el espíritu del consenso parlamentario unánime logrado para la aprobación de la ley y apruebe el reglamento que la desarrolla”, ha reclamado.

García ha recordado que esta es la cuarta vez en la que el Parlamento Vasco se ha pronunciado a favor de que se ponga en marcha el fondo de compensación. “No podemos seguir así. Tienen que tomar nota desde el gobierno. No pedimos otra cosa más que cumplir la ley”, ha insistido.

El segundo juicio penal contra Francisco Martínez-Cosentino, fundador y dueño de la multinacional almeriense de superficies de piedra, ha quedado visto para sentencia este viernes. La Fiscalía acusa a Cosentino y a dos antiguos responsables de Levantina, la otra gran fabricante española, de sendos delitos contra la salud de ocho trabajadores de una marmolería vizcaína, que habrían contraído silicosis al manipular encimeras de aglomerados de cuarzo de ambas empresas sin que estas advirtieran de su peligrosidad. La fiscal cree que se causaron lesiones graves de forma imprudente.

Además, están acusados el médico del servicio de prevención y los tres dueños de Novogranit, la marmolería en la que trabajaban los afectados. El juicio se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal 5 de Bilbao. La Fiscalía pide que se condene a Martínez-Cosentino y los dueños de Levantina a año y medio de prisión, el pago de 3.600 euros y que se les inhabilite para administrar empresas durante dos años. Pedía también que entre todos los acusados asuman el pago de indemnizaciones de entre 25.000 y 102.000 euros a los trabajadores, si bien Cosentino satisfizo esa responsabilidad en 2019 mediante acuerdos privados.

“Sí proporcionábamos información, independientemente de que los riesgos del trabajo con piedra son conocidos por las marmolerías. Confiamos en que la justicia reconocerá que la compañía ha actuado correctamente”, señala un portavoz de la empresa, que explica que el caso guarda similitudes con otro ocurrido en Bermeo, en el que Cosentino fue absuelto.

Fiscal: la empresa no prevenía y el fabricante no advertía

Los hechos recogidos en el escrito de acusación de Fiscalía, que este medio ha podido consultar, recogen una práctica común en cientos de marmolerías en la España del boom inmobiliario, y eso es lo que sitúa a Cosentino en la picota, si bien fuentes autorizadas de la empresa aclaran que no hay más causas abiertas, ni las esperan.

Tal y como detalla el escrito de Fiscalía, trabajadores de una pequeña marmolería cortaron y pulieron durante años encimeras Silestone (Cosentino) y Ceasarstone (Levantina), con un alto contenido de sílice cristalina, que al ser cortada genera un polvo respirable que causa una forma especialmente agresiva de silicosis. Hasta 2012, Novagranit no aplicó las medidas de seguridad elementales que evitaran la inhalación. Y ello, a pesar de que la Inspección de Trabajo le había exigido en 2009 una veintena de medidas en 2009, entre las que estaban trabajar en húmedo, instalar nebulizadores, proveer de mascarillas FFP3, formación preventiva, evaluación de riesgos…

Cosentino proveía en torno al 85% de las encimeras, y Levantina el resto, pero ninguna de las dos fue diligente para informar de los riesgos de los aglomerados de cuarzo, según la fiscal. Hasta 2009, la empresa de origen almeriense no suministró ninguna ficha de seguridad, y solo a partir de marzo de ese año empezó a informar del riesgo de que una exposición prolongada a la sílice cristalina cause fibrosis pulmonar y neumoconiosis como la silicosis. Antes, se asimilaba el Silestone a piedras naturales como el cuarzo, el mármol o el granito, que contienen un máximo del 20% de sílice. Los aglomerados de cuarzo rondan el 90%. Es decir, nada que ver a efectos de riesgo.

En su escrito, la fiscal observa que Cosentino ya había tenido un acta de infracción en el año 2002, en la que la Inspección de Trabajo constataba que había enfermos de silicosis en su fábrica de Cantoria (Almería) al menos desde el año 2000. Deduce de aquí que Francisco Martínez-Cosentino sabía el riesgo al menos desde 2002, pero no informó a la marmolería hasta 2009.

Tampoco Levantina dijo nada de los peligros de manipular el Ceasarstone hasta 2009, y hasta diciembre de 2009 no elaboró una ficha de seguridad ni entregó una etiqueta, a pesar de que sus responsables (Cipriano Gómez y Antonio José Pinos) “conocían o tenían la obligación de conocer” los riesgos del producto.

La responsabilidad del médico de prevención

Por último, la Fiscalía apunta también al médico de Novogranit, al que señala por incumplir el protocolo de prevención, que obliga a reconocimientos anuales en casos en los que se sospeche que se puede contraer silicosis, como en las marmolerías.

De hecho, los trabajadores tuvieron que acudir al Instituto Nacional de Silicosis u otros centros públicos para que se les diagnosticara la enfermedad, dado que el servicio de prevención no les realizó el TAC con el que observar los nódulos quísticos característicos de la silicosis. A pesar de que ya estaban desarrollando la enfermedad, las primeras radiografías de tórax no la detectaron y se les fue declarando “aptos” hasta 2012. Eso provocó que se mantuvieran en los puestos de exposición a la sílice cristalina tras haber contraído la enfermedad, “aumentando así el riesgo de agravación de su dolencia”, dice la fiscal.

Para el Ministerio Público, los dueños de la empresa, los fabricantes y el servicio de prevención faltaron a su obligación de proteger la salud de los trabajadores. Como resultado, ocho de los diez trabajadores de la marmolería contrajeron silicosis. Varios tienen reconocida la incapacidad permanente absoluta o para su profesión, casi todos sufren dificultad respiratoria, tos y expectoración, y muchos refieren problemas de sueño, depresión o ansiedad.  

La condena en febrero

Este viernes, la Fiscalía ha reducido su petición de condena a Martínez-Cosentino de dos años y medio de cárcel a año y medio, teniendo en cuenta el retraso del procedimiento (se abrió en 2013) y que Cosentino ya abonó indemnizaciones. “La compañía hace tiempo que decidió no dejar a los trabajadores tirados, sin esperar al último minuto y a las causas penales”, explica un portavoz de Cosentino. La acusación particular se retiró en 2019, cuando se abonaron las indemnizaciones, pero la causa siguió adelante impulsada por la Fiscalía.

A diferencia de lo que ocurrió el pasado febrero, cuando Martínez-Cosentino fue condenado por un juzgado de Vigo a seis meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, en este caso el juicio se ha completado íntegramente en cinco sesiones, en las que han declarado los dueños de los fabricantes, los de la marmolería, testigos y peritos varios.

La silicosis de los aglomerados de cuarzo es una epidemia de magnitud desconocida. Hace tiempo que es la principal enfermedad profesional de Andalucía. Desde 2007 a 2019 se comunicaron a la Seguridad Social 1.856 partes de esta enfermedad, pero los expertos alertan de que las limitaciones metodológicas de ese sistema de comunicación provocan que la cifra real probablemente ronde el triple. En este tiempo, la Junta de Andalucía dejó caducar su plan contra la silicosis sin acercarse al cumplimiento de sus objetivos.

La sentencia de Vigo causó un notable revuelo mediático, empresarial y político porque, por primera vez, se condenaba por lo penal al dueño y artífice de Cosentino, una empresa clave en Andalucía, presente en decenas de países, con 1.401 millones de euros de facturación anual y perspectivas de salir a Bolsa. La sentencia concluía que, de forma “gravemente negligente”, no advirtió de los riesgos de manipular su producto a pesar de conocerlos “al menos desde el año 2000”.

Cosentino se conformó con esa condena, pero en esta ocasión ha decidido pelear hasta el final. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha confirmado la sentencia de reconocimiento de enfermedad profesional a una delegada sindical contagiada por COVID-19 en el desarrollo de sus funciones como representante de los trabajadores, lograda por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). 

El Juzgado de lo Social núnmero uno de Toledo, a 14 de febrero de 2022, condenaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y a la mutua Solimat a declarar esta contingencia, entidades que se habían negado a asumir las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional de una delegada sindical de CSIF.

Esta sentencia, la primera en España de reconocimiento de la labor sindical en defensa de la seguridad y salud de los trabajadores durante la pandemia, fue recurrida por INSS y TGSS, Sescam y Solimat presentando un recurso de suplicación resuelto ahora por el TSJCLM.

En detalle, la delegada de CSIF se contagió en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo en enero de 2021 en el desarrollo de su actividad sindical para comprobar las medidas de prevención frente al coronavirus, además en un periodo muy complejo por los episodios de colapso de las Urgencias, que aumentaron a causa de los efectos del temporal ‘Filomena’.

Para CSIF, es prioritario “el compromiso de proteger la salud y seguridad de los trabajadores, y en este sentido los representantes sindicales se pusieron a disposición de los centros hospitalarios, complementando su actividad de vigilancia de prevención de riesgos laborales con la atención a los pacientes”. 

La Central Sindical, que ha abanderado la lucha para que el Gobierno reconozca el contagio de la COVID-19 como enfermedad profesional para el personal que preste sus servicios en centros sanitarios y sociosanitarios con efectos retroactivos desde que comenzó la pandemia, lamenta el !déficit en el reconocimiento de las contingencias laborales y prestaciones que se derivan del contagio del virus“. De hecho, el recurso presentado por INSS y TGSS, Sescam y Solimat ”muestra todas las trabas que emplea la Administración para sortear y evitar lo que es un derecho de los trabajadores: la vigilancia de la salud en el trabajo sigue siendo una asignatura pendiente en España. 

Esta sentencia SEe suma a la conseguida en mayo de 2021 por CSIF, la cual supuso el primer reconocimiento de la enfermedad profesional a un trabajador de ámbito sanitario contagiado en toda España; sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina (Toledo).