La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha estimado un recurso del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confirmada posteriormente por el propio Tribunal Supremo, que declaró nulas de pleno derecho la licencia de obras de 129 apartamentos turísticos de la urbanización de Playa Serena. Los permisos se concedieron en 2003, y también se anulaba la licencia de primera ocupación, de 2006, por lo que se ordenaba demoler los inmuebles.

El alto tribunal anula y deja ahora sin efecto el pronunciamiento del Tribunal Superior andaluz, que dio la razón a la Junta frente al Ayuntamiento y ordenó reponer la realidad física de las parcelas afectadas, y también la sentencia dictada previamente por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, que rechazó en primera instancia el recurso de la Junta.

El Supremo dictó una primera sentencia en este recurso el pasado mes de noviembre, en el que desestimó el recurso del Ayuntamiento y ordenaba la demolición de los apartamentos aunque con la “condición previa” de que el Ayuntamiento evaluara “el valor de las obras”. A continuación, tenía que hacerlo constar en el presupuesto municipal como “garantía para las indemnizaciones que, en su día, puedan corresponder a terceros de buena fe”.

Incidentes de nulidad

No obstante, la comunidad de propietarios y tres particulares plantearon posteriormente un incidente de nulidad, también estimado y al que se adhirió el Ayuntamiento, ya que no fueron emplazados en el procedimiento por el Juzgado almeriense. De esta manera, no pudieron personarse en el proceso de instancia y en las ulteriores instancias como consecuencia de los recursos de apelación y casación interpuestos.

“Los titulares de las edificaciones amparadas por las licencias de obras y ocupación en su día concedidas no fueron debidamente notificados del proceso existente”, admite la Sala en su sentencia, en la que detalla que la identificación de los mismos era “plenamente factible”. No obstante, observa que la llamada al proceso efectuada por el Ayuntamiento solo se hizo, como codemandado, al constructor/promotor de la obra.

“Ninguna notificación se hizo entonces a quienes, en aquellas fechas, en el año 2015 cuando se interpone el recurso, eran ya los propietarios de los respectivos inmuebles, de modo que la sentencia que anuló las licencias se dictó ”sin haberles dado audiencia, sin emplazarlos, y vulnerando su derecho de defensa“.

Retrotraer las actuaciones

En este sentido, ahora opta por retrotraer las actuaciones ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, para que se emplace a los titulares registrales de las edificaciones construidas, amparadas por la licencia de obras y la licencia de ocupación en la calle Aviación del municipio. El objetivo es que “se continúe la tramitación del recurso a partir del debido emplazamiento, entendiéndose con los citados propietarios todas las actuaciones”.

El TSJA, en la sentencia ahora anulada, estimó la pretensión deducida por la Junta de Andalucía y declaró nulas de pleno derecho la resolución adoptada por el pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de fecha 6 de agosto de 2015, que decidió desestimar la revisión de la licencia de obras concedida por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 9 de diciembre de 2003. Lo mismo se pedía para la resolución concediendo licencia de primera ocupación para dicha obra de fecha 24 de noviembre de 2006, en calle Aviación, parcelas 118 y 119 de la urbanización Playa Serena.

A su vez, la sentencia ordenó “reponer la realidad física alterada” en las parcelas 118 y 119 de la urbanización Playa Serena, de Roquetas de Mar, en los términos y con las garantías establecidos en la sentencia.

El origen del pleito

Fue la Junta de Andalucía la que dio comienzo a este pleito al recurrir la negativa del pleno del Ayuntamiento roquetero a revisar de oficio en 2015 los permisos municipales otorgados “primero a Explotaciones Agrícolas Fincas Guillen SL”, y posteriormente transmitidos “a Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias” para la construcción de sótano-garaje, piscina y 129 apartamentos, tal y como le había ordenado previamente la justicia en una sentencia de 2013.

El Ayuntamiento alegó para oponerse y pedir su desestimación, una argumento sostenido a lo largo de toda la causa, que la Junta “carecía de legitimación”.

La resolución del alto tribunal que inicialmente respaldó el pronunciamiento del TSJA, establecía doctrina jurisprudencial tras someter a “debate” si una comunidad autónoma “puede tener consideración de interesado” a efectos de “promover un procedimiento de revisión de oficio de un acto de la administración local”.

La sentencia del TSJA determinaba “obvio” que los dos edificios de Balcón de Golf incumplieron “todos los parámetros exigidos”, pasando de un número máximo de viviendas de 15 a 129. Apuntaba también que la denominación que se dio de “apartamentos turísticos” fue un “subterfugio para obtener la licencia de obras aplicando determinaciones de parámetros urbanísticos distintos de los determinados en las ordenanzas del PGOU”.

Uso residencial evidente

“La publicidad de la promoción de la urbanización Balcón de Golf, y de los precios de los diversos inmuebles como estudios, apartamentos o piso, áticos, acreditan que el uso fue realmente residencial, y no hotelero”, subrayaba el alto tribunal andaluz. De esta manera, la licencia de obras habilitó una “actuación urbanística ilegal que puede calificarse de grave”.

Con respecto a la licencia de primera ocupación, indicaba que debía hacerse el “mismo reproche de nulidad” pues, según sostenía, “la nulidad de la licencia de obras impide la validez de la licencia que admite la misma, previa comprobación de la obra, y traslada por tanto la misma nulidad, ya que no puede ser valida la ocupación de lo ilegalmente edificado”.

Los orígenes de este pleito se encuentran en la decisión de la junta de gobierno de Roquetas de Mar de conceder licencia de obras para la construcción de sótano garaje, piscina y 129 apartamentos turísticos, en calle Aviación, parcelas 118 y 119 de la Urbanización Playa Serena.

Revisión de oficio

Tres años después, la Consejería de Obras Públicas y Transportes presentó escrito al ayuntamiento instando la revisión de oficio y la suspensión cautelar del citado acuerdo “sobre la base de ser el acuerdo de concesión de licencia de obras y de primera ocupación nulo de pleno derecho”.

El Consistorio inadmitió en 2007 a trámite la solicitud de la Junta de Andalucía, y desestimó la solicitud de revisión instada por un particular, por lo que se interpuso recurso contencioso-administrativo tanto por la Junta como por el citado particular.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería dictó sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso en cuanto a la Junta de Andalucía por desviación procesal aunque, en 2013, el TSJA el estimó parcialmente la apelación interpuesta por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y ordenó al Ayuntamiento la incoación del procedimiento de revisión de oficio .

Roquetas de Mar lo tramitó, pero en pleno en 2015 desestimó la revisión de oficio de la licencia de obras y de primera ocupación, al considerar que la edificación autorizada por dicha licencia “cumplía con la normativa establecida en el PGOU, además de sostener que la Junta carecía de legitimación”. Fue esta última resolución la que dio lugar al procedimiento contencioso-administrativo que se ha sustanciado, finalmente, con la sentencia en firme del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2023.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ha aseverado este jueves que el Ayuntamiento de este municipio almeriense hará “todo lo posible” para que se quede “legalizada” la situación del residencial Balcón de Golf cuya demolición ha ordenado en firme el Tribunal Supremo (TS). A este respecto, Amat ha defendido la licencia para estos 129 apartamentos se otorgó en 2003 “sin ningún informe desfavorable” por parte de la Junta de Andalucía.

“Vamos a hacer todo lo que se pueda para no perjudicar a nadie porque los propietarios compraron de buena fe; posiblemente, algunos estén hasta pagando todavía y no los podemos machacar”, ha expresado el regidor popular en un pleno ordinario donde se ha dado cuenta del fallo firme del Supremo, y en el que los grupos municipales en la oposición han exigido “explicaciones” y también la dimisión del propio alcalde.

Amat por su parte ha afirmado antes de empezar el debate que el Ayuntamiento “defenderá a rajatabla” los intereses de las personas perjudicadas, a quienes la sentencia reconoce el derecho “a ser indemnizadas” con cargo a los presupuestos municipales de Roquetas y ha destacado que van a “luchar”.

Permisos concedidos “correctamente”

“¿Cuántas sentencias se han hecho y no son ejecutables? Lo que no vamos a permitir es buscarle la ruina a mucha gente a la que le ha costado trabajo comprar esas viviendas”, ha continuado el primer edil para añadir que ya ha mantenido una reunión con la comunidad de vecinos de Balcón del Golf en la que ha aprovechado para transmitir la postura del equipo de Gobierno.

Por otra parte, Amat ha criticado la actuación de la Junta en el procedimiento, toda vez que impugnó en 2006 la licencia de primera ocupación “cuando la obra ya estaba hecha y algunas viviendas vendidas” y ha asegurado que los permisos municipales se concedieron “correctamente” y con “todos los informes favorables”. “Si se hubiera dado una licencia con un informe desfavorable, sería responsabilidad del equipo de Gobierno, pero no es así”, ha concluido.

En el marco del debate plenario, que la oposición ha focalizado en las consecuencias de la sentencia no solo para los propietarios de los 129 apartamentos, en un 80% como primera residencia, sino también para las arcas municipales a tenor del fallo, el primer teniente de Alcalde y portavoz, Juan José Rodríguez, ha enmarcado el contencioso-administrativo que ha tenido dos fases en 2006 y en 2015, en un “contexto” de “persecución notable y notoria” sobre “el alcalde de Roquetas de Mar y entonces presidente provincial del PP y su familia”.

“Estamos hablando de una época durante la que, en el momento de mayor fortaleza del PSOE en Andalucía, en el que Gabriel Amat era el único en todas las provincias andaluzas capaz de ganarles en las urnas, había un funcionario en la Junta dedicado exclusivamente a analizar todos y cada unos de los expedientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, pidiendo ampliación de información casi semanalmente”, ha dicho Rodríguez.

A continuación, el portavoz del Ayuntamiento ha señalado que el propio consistorio actuó en la tramitación urbanística de Balcón del Golf de forma “absolutamente pulcra y transparente, respetando a pies juntillas los informes técnicos preceptivos” y ha instado a la oposición a “buscar culpables” en la administración autonómica, que, según ha apuntado, “aprobó en 2003 los 129 apartamentos turísticos”.

Asimismo, Rodríguez ha precisado –en la misma línea expresada por el alcalde– que el Ayuntamiento “trabaja conjuntamente con la Junta de Andalucía” para encontrar “una solución” ya que “hay muchas vías jurídicas” para “respetar a rajatabla” la sentencia del Tribunal Supremo y para “intentar que sea lo menos lesivo para los propietarios”.

Los socialistas, contra “un pelotazo urbanístico”

Por su parte, desde la oposición el PSOE ha calificado el residencial con piscina sobre el que sobrevuela el derribo como “un pelotazo urbanístico” y una “auténtica barbaridad” y ha destacado que, de acuerdo al baremo indemnizatorio que se establece en el fallo, la ejecución costará al Ayuntamiento de roqueras de Mar “unos 17 millones de euros, más del 15% del presupuesto normal anual”.

“Esto es muy grave, muy grave, porque el Ayuntamiento está obligado a hacer un informe sobre el valor de los 129 apartamentos, sótano, garaje, piscina y demás construidos, que nunca será inferior al mayor de los valores catastrales, más un 30% y deberá hacer constar el importe como garantía mediante la correspondiente modificación presupuestaria como garantía”, ha indicado el concejal socialista Rafael Jesús Torres.

Del mismo modo, Torres ha entrado en la “responsabilidad política” y ha pedido a Amat que entone “el mea culpa y deje de mirar para otro lado”. “Alguien debe dimitir y queremos que se nos muestre quién es el responsable porque alguien tiene que responder de este disparate que va a causar un perjuicio tan grande”, ha subrayado desde la bancada socialista.

ha recalcado que los afectados por la resolución judicial “no pueden ser los perjudicados” de una “nefasta gestión” y ha ofrecido “colaboración” del grupo municipal para hallar una salida “desde el acatamiento a las resoluciones judiciales”.

Propietarios “a su suerte”

Por su parte, la concejal de Vox, Soledad Pérez, ha señalado que el Ayuntamiento debe dar una “respuesta” a los damnificados “sobre los que no debe recaer el hecho de que se diera una licencia irregular” y se ha preguntado por las “medidas” que está adoptando al respecto el equipo de Gobierno tras serle notificada la sentencia de 20 de noviembre.

Ha planteado, asimismo, cómo se va a consignar la partida presupuestaria destinada a las posibles indemnizaciones y si se va a “habilitar un canal para facilitar” su reclamación, al tiempo que ha apuntado si está entre las opciones “alcanzar acuerdos” con propietarios o si, por el contrario, “se les va a dejar a su suerte”.

También ha intervenido en el plenario el portavoz de Almería Avanza, José Andrés Montoya, quien ha considerado que, al margen de otros debates, “lo que está claro es que van a ser los roqueteros los que tengan que pagar” y ha afirmado que, si el Gobierno municipal sostiene que “no es culpa suya”, debe “denunciar a la Junta de Andalucía”.

“A nosotros nos importa ahora mismo lo que va a costar la demolición y la situación en la que van a quedar los afectados, y vamos a estar a favor de cualquier medida para esas personas que compraron esa vivienda y se quedan sin su casa durante tanto tiempo”, ha manifestado al tiempo que ha deseado que “ojalá no se eche abajo” el residencial.

Propuesta: que respondan los concejales con su patrimonio

Por último, la portavoz de IU-Podemos, Belén Pérez, ha expresado la “preocupación” de su grupo por el “impacto” en los vecinos de Roquetas de Mar, “sobre cuyas espaldas y bolsillos va a recaer la decisión política y la mala gestión de Gabriel Amat” y ha remarcado que IU lleva “denunciando desde 2006” la actuación irregular “recibiendo el silencio, como es la tónica habitual”.

“No se puede jugar a ser Dios cuando lo que está en riesgo es el dinero de nuestros vecinos. La ejecución de esta sentencia significa que tendrán que hacer frente con su dinero y eso no es justo”, ha señalado Pérez, quien ha exigido “coherencia” y que “respondan” con “su propio patrimonio todos los concejales que votaron a favor” de la licencia municipal que ahora ha sido declarada nula. “No se puede jugar con el dinero de los roqueteros e irse de rositas”, ha concluido.

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado en firme que los 129 apartamentos turísticos Balcón del Golf de la localidad almeriense de Roquetas de Mar deben ser demolidos, aunque con la “condición previa” de que el Ayuntamiento roquetero evalúe “el valor de las obras” y lo “haga constar” en el presupuesto municipal como “garantía para las indemnizaciones que, en su día, puedan corresponder a terceros de buena fe”. El Consistorio está presidido desde 1995 por Gabriel Amat, histórico del PP en Almería que ha sido también durante muchos años presidente del partido en la provincia (2004-2021) y de la Diputación (2011-2018).

De esta manera, el Supremo confirma en todos sus pronunciamientos el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en 2019, declaró nulas de pleno derecho la licencia de obras que se concedió en 2003 y la licencia de primera ocupación, de 2006, y ordenó la reposición de la realidad física alterada en las parcelas 118 y 119 de la calle Aviación de la urbanización Playa Serena.

Fue la Junta de Andalucía la que dio comienzo a este pleito al recurrir la negativa del pleno del Ayuntamiento a revisar de oficio en 2015 los permisos municipales otorgados “primero a Explotaciones Agrícolas Fincas Guillen SL”, y posteriormente transmitidos “a Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias” para la construcción de sótano-garaje, piscina y 129 apartamentos, tal y como le había ordenado previamente la justicia en una sentencia de 2013. El Ayuntamiento alegó para oponerse y pedir su desestimación, un argumento sostenido a lo largo de toda la causa, que la Junta “carecía de legitimación”.

La resolución del alto tribunal, de 20 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, establece doctrinal jurisprudencial tras someter a “debate” si una comunidad autónoma “puede tener consideración de interesado” a efectos de “promover un procedimiento de revisión de oficio de un acto de la administración local”.

“Legitimación” de la Junta

Señala que, a pesar de la “oscilante jurisprudencia sobre el asunto”, la sala del TSJA “no pudo negar” la condición de interesada de la Junta de Andalucía porque “partía de que ella misma dictó un pronunciamiento firme e inatacable de reconocimiento de legitimación” del Gobierno andaluz para instar la revisión de oficio“. Por ello, remarca que ”una vez iniciado en ejecución de sentencia ese citado procedimiento de revisión de oficio, no puede ser de nuevo cuestionada la legitimación“.

“En este caso, la legitimación de la Junta de Andalucía era cosa juzgada porque si se le ha permitido promover el procedimiento en la resolución jurisdiccional, puede ser considerado interesado para la impugnación de la resolución final del procedimiento incoado en ejecución de sentencia”, traslada para poner fin a diez años de “discusiones” en torno a este asunto.

La sentencia del TSJA que ahora deviene en firme determinó que resulta “obvio” que los dos edificios de Balcón de Golf incumplieron “todos los parámetros exigidos” pasando de un número máximo de viviendas de 15 a 129. Asimismo, apuntó que la denominación que se dio de “apartamentos turísticos” fue un “subterfugio para obtener la licencia de obras aplicando determinaciones de parámetros urbanísticos distintos de los determinados en las ordenanzas del PGOU”.

“La publicidad de la promoción de la urbanización Balcón del Golf, y de los precios de los diversos inmuebles como estudios, apartamentos o piso, áticos, acreditan que el uso fue realmente residencial, y no hotelero”, subrayó para añadir que la licencia de obras habilitó una “actuación urbanística ilegal que puede calificarse de grave”.

Nulidad de la licencia municipal

Con respecto a la licencia de primera ocupación, indicó que debía hacerse el “mismo reproche de nulidad” pues, según sostuvo, “la nulidad de la licencia de obras impide la validez de la licencia que admite la misma, previa comprobación de la obra, y traslada por tanto la misma nulidad, ya que no puede ser valida la ocupación de lo ilegalmente edificado”.

La resolución del TSJA confirmada por el Supremo estimó la petición para declarar la nulidad de ambos permisos que interesó la Junta de Andalucía, como también la solicitud de que se ordenase en vía judicial “la reposición de la realidad física alterada”. Así, la sala concluyó en 2019 que, una vez que se declara la nulidad de una licencia municipal, la edificación ejecutada “queda sin título jurídico que la avale y resulta una construcción ilegal” al tiempo que estableció que esto exige la “demolición de las obras amparadas por la licencia que se declara nula de pleno derecho”.

Fijó, no obstante, como condición previa, la prestación de garantías suficientes por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, “responsable de la concesión de la licencia”, para responder “al pago de las indemnizaciones debidas a los terceros de buena fe”, y señaló que debían ser los servicios técnicos los que realizasen una “evaluación del valor de las obras”. Concretó que esta valoración “nunca sería inferior al mayor de los valores fiscales usados por el Ayuntamiento para los tributos municipales, más un 30%”, y precisó que los impuestos a tener en cuenta eran el de Construcción, Instalación y Obras, tasa de licencia, valor catastral e incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

En el presupuesto municipal

Al hilo de esto, recogió que esa cantidad resultante debía constar en el presupuesto municipal “mediante la correspondiente modificación si fuere el caso”, y advirtió de que en “los verdaderos terceros de buena fe” con derecho a ser indemnizados “no tiene cabida el promotor, en concurso de acreedores, o titular de la licencia”. En cambio, sí lo tienen todo tipo de propietarios, no solo como residencia habitual, y otros titulares de derechos de los edificios a demoler.

Por último, el TSJA apuntó que, para el derribo acordado en sentencia, “no es necesario que antes se pague a los afectados”, sino solo que “se constituyan las garantías necesarias para responder en el futuro a las indemnizaciones correspondientes”.

Según resume el Supremo, los orígenes de este pleito se encuentran en la decisión de la junta de gobierno de Roquetas de Mar de conceder licencia de obras para la construcción de sótano garaje, piscina y 129 apartamentos turísticos, en calle Aviación, parcelas 118 y 119 de la Urbanización Playa Serena. Tres años después, la Consejería de Obras Públicas y Transportes presentó escrito al Ayuntamiento instando la revisión de oficio y la suspensión cautelar del citado acuerdo “sobre la base de ser el acuerdo de concesión de licencia de obras y de primera ocupación nulo de pleno derecho”.

Desestimación inicial

El Consistorio inadmitió en 2007 a trámite la solicitud de la Junta de Andalucía, y desestimó la solicitud de revisión instada por un particular, por lo que se interpuso recurso contencioso-administrativo tanto por la Junta como por el citado particular. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería dictó sentencia declarando la inadmisibilidad del recurso en cuanto a la Junta de Andalucía por desviación procesal aunque, en 2013, el TSJA estimó parcialmente la apelación interpuesta por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y ordenó al Ayuntamiento la incoación del procedimiento de revisión de oficio .

Roquetas de Mar lo tramitó, pero en pleno en 2015 desestimó la revisión de oficio de la licencia de obras y de primera ocupación, al considerar que la edificación autorizada por dicha licencia “cumplía con la normativa establecida en el PGOU, además de sostener que la Junta carecía de legitimación”. Fue esta última resolución la que dio lugar al procedimiento contencioso-administrativo que se ha sustanciado, finalmente, con la sentencia en firme del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2023.

Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar (102.881 habitantes) e histórico dirigente del PP de Almería, ha sido sancionado por la Junta Electoral de Zona por inaugurar un puente en plena campaña para las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, en las que resultó vencedor. Los actos de inauguración y propaganda institucional estaban prohibidos desde el 4 de abril, pero Amat acudió al lugar y convocó a los medios de comunicación el 20 de mayo, apenas ocho días antes de los comicios. Tendrá que pagar 300 euros.

Desde el Consistorio resaltan que no hubo el “acto” con el que habitualmente se inauguran este tipo de infraestructuras e insisten en la “necesidad” de ponerla en funcionamiento, si bien lo que se sanciona no es eso, sino la inauguración por un cargo público que se arrogó el mérito en plena campaña electoral. “Fueron apenas dos minutos, estaba lloviendo y el alcalde solo se acercó a comprobar la apertura de la carretera”, dice una portavoz municipal, que avanza que Amat no recurrirá y abonará la sanción.

El alcalde acudió a la rotonda en cuestión, y no tuvo problema en despachar a los medios de comunicación empezando con estas palabras: “Tenía que terminar este puente”. “Hay que felicitar a la empresa que lo ha estado haciendo. Nos sentimos muy satisfechos de que hoy se pueda abrir al paso para dar un servicio a toda la zona esta de Aguadulce muy importante”, señala en un vídeo difundido por el propio Ayuntamiento el 20 de mayo.

Infringió dos artículos de la Ley

Estaba prohibido desde el 4 de abril, fecha en la que se publicó en el BOE el decreto de convocatoria de las elecciones municipales, pero Amat hizo caso omiso: “Me siento muy satisfecho de ir dándole calidad a nuestra gente, de ir haciendo servicio en Aguadulce, y este puente no se queda así: seguiremos trabajando en el resto de la calle hasta la 340”.

A pesar de estas declaraciones literales, el PP arguyó que Amat “en ningún momento” “efectuó ninguna intervención que contuviese alusiones a sus logros ni tampoco induzca directa o indirectamente el sentido del voto de los electores”.

La Junta Electoral, por el contrario, cree que está acreditado que con su actuación infringió dos artículos de la Ley Electoral: el que prohíbe “cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada” (50.3), sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento; y el que censura actos organizados o financiados por los poderes públicos con alusiones a los logros obtenidos (50.2). Hace más de una década que la Junta Electoral Central (que interpreta la normativa electoral) concluyó que cualquier visita rutinaria a una obra pública con seguimiento de prensa y alusión a la inversión realizada y el plazo entra en lo prohibido por la ley.

El alcalde no es un recién iniciado en la política. Durante años incluso ha presidido el comité electoral del PP andaluz. Vencedor en ocho ocasiones, de elecciones algo sabe.

A menudo bajo sospecha, nunca procesado

El nuevo puente atraviesa la Rambla de San Antonio, y pretende resolver el acceso a Aguadulce desde la autovía A7. La obra comenzó en enero y el estreno tuvo amplia difusión en varios medios de comunicación de ámbito local y provincial. Con Andalucía, la coalición de IU y Podemos, denunció el caso ante la Junta Electoral, y Juan Pablo Yakubiuk, exportavoz de IU en el municipio y tradicional rival político de Amat, tuiteó: “Amat está tan sobrado, se cree tan impune ante la Justicia, que se da el lujo de pisotear la Ley Electoral en plena campaña haciendo un acto de inauguración cuando está terminantemente prohibido. Juego sucio con el dinero de todos, sin reparo alguno: a esto hemos llegado”.

Amat, íntimo de Javier Arenas, es un político muy veterano que durante años ha acumulado un inmenso poder en el PP almeriense, dirigiendo tanto el partido como la Diputación a nivel provincial. Ahora tan solo mantiene la alcaldía, que ostenta desde 1995. El pasado 28 de mayo volvió a arrasar, con el 45,92% de los votos y una nueva mayoría absoluta.

Agricultor y empresario con varias sociedades que dirige él o sus familiares, aparece señalado recurrentemente por sus críticos como presunto vértice de casos de corrupción, como el Caso Halsa, en el que se investiga la presunta financiación irregular del PP almeriense. Sin embargo, siempre ha esquivado las sospechas, y entonces se ha presentado como víctima de una persecución. Lo cierto es que son varios los casos que se han archivado o languidecen en los juzgados acumulando polvo y papeles.

El Caso Halsa es paradigmático: empezó a investigarse en 2013, pasó ocho años en un juzgado de instrucción y aún no se ha juzgado. Aunque un informe de la UDEF desgrana el presunto pago de comisiones por obra pública en Roquetas de Mar, Amat, jefe de todo en el municipio, ni siquiera fue imputado.

Solo la Junta Electoral ha señalado como culpable de infringir la ley al veterano dirigente que tantos años lleva bajo la lupa. 

Casi ocho años después de que un juzgado de instrucción empezara a investigar a funcionarios y políticos de varios municipios Almería por el presunto cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obras, el caso Hispano-Almería avanza lentamente con las primeras declaraciones de algunos investigados. No hay condenados, ni siquiera acusados y, visto el ritmo del proceso, aún queda mucho para eso, si es que se produce. Hace apenas unos días, el juzgado de instrucción 3 de Almería ha llegado a la conclusión de que debe tomar declaración como investigados a trece personas, además de a los representantes legales de las empresas que supuestamente pagaron las mordidas.

Entre los llamados a declarar hay un solo cargo político, Antonio García Aguilar, por entonces concejal de Salud y Medio Ambiente de Roquetas de Mar. En cambio, no pasará por los juzgados Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y expresidente del PP de Almería, a pesar de que su municipio es el vértice de la investigación y un informe de la UDEF concluye que el PP almeriense y el de Roquetas usaron la trama para financiarse irregularmente. Las acusaciones (PSOE y la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT)) habían pedido su imputación, pero la jueza no ha resuelto sobre esta petición más de un año después. Tampoco ha resuelto nada respecto al resto de diligencias pedidas por las acusaciones particular y popular.

Los dos autos del juzgado, a los que este medio ha tenido acceso, acuerdan citar a declarar a trece personas, además de los representantes legales de Hispano Almería, Alcosan, Gesponiente y Taller de Arquitectura Almería, tal y como pedía la Fiscalía. Empezaron a declarar este martes. Además, el juzgado pide a la Agencia Tributaria que le remita las declaraciones de renta y patrimonio de 2000 a 2010 de los investigados, así como las cuentas anuales y el impuesto de sociedades de las empresas bajo la lupa. También quiere conocer todo el patrimonio de los sospechosos y los movimientos de sus cuentas.

Esta es la primera ocasión en que la jueza cita a declarar como investigados a técnicos y políticos de Roquetas de Mar. La jueza considera que podrían haber cometido delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación, de negociaciones prohibidas a autoridades y de pertenencias a organización y grupo criminal.

Informe de la UDEF entregado hace más de un año

Un total de nueve presuntos delitos, que la UDEF ya desgranó en un extenso informe emitido hace más de un año, en el que documentaba la existencia de recibís de los que se deducía la existencia comisiones ilegales a favor de técnicos municipales y cargos políticos del PP de Roquetas de Mar, Níjar, Carboneras, Vícar, La Mojonera y Diputación de Almería.

El informe, que daba nombres y apellidos de los perceptores, apuntaba a la entrega de 36.000 euros en 2003 (año de elecciones municipales) asociados a la “campaña electoral Roquetas de Mar”. Además, en los 'recibís' incorporados a la causa había otros 18.000 euros en concepto de “campaña municipal - Diputación” y 25.000 euros aportados al “PP Níjar”. En total, la UDEF contabiliza 136.500 en pagos al PP.

Según ese informe, el Ayuntamiento de Roquetas cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, según la Policía, que entre 2000 y 2010 ejecutó actuaciones por valor de más de 77 millones de euros.

Un tortuoso camino procesal iniciado en 2013

La investigación de las presuntas comisiones pagadas a funcionarios y políticos del PP almeriense ha seguido un camino tortuoso. La investigación, que hoy acumula los 40 tomos y 365.000 folios, se inició en octubre de 2013, cuando la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó cerca de 10.000 documentos a la Fiscalía que documentan, presuntamente, la existencia de una trama para el cobro de comisiones ilegales en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Vícar, Níjar, La Mojonera, Almería y la diputación provincial.

Esos documentos demostrarían que el Grupo Hispano-Almería obtuvo un gran número de obras públicas a cambio de premiar económicamente a técnicos, funcionarios y políticos locales. Hay recibís que documentan el cobro de un total de 1,1 millones por parte de un arquitecto técnico municipal. En total, los recibís suponen 5,4 millones de euros en 62 expedientes, en los que faltan documentos o constan modificados por más del 20% permitido por la ley. 

En octubre de 2020, un mes después de recibir el prolijo informe de la UDEF y más de seis años después de asumir la investigación, la jueza instructora decidió inhibirse, poner fin a su instrucción y enviarla troceada a los juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido. Siguiendo el criterio de la Fiscalía, entendía que los presuntos delitos que había investigado como un todo hasta ese momento se podían individualizar en cada municipio.

En cambio, los denunciantes siempre han defendido que existe un modus operandi común y un entramado criminal que desemboca en la cúpula del PP almeriense. Creen por tanto que toda la investigación debe recaer en un único juzgado, y que su troceamiento solo provocará más demoras y que la trama criminal quede impune. Pocos meses después, la decisión de la jueza fue corregida por la Audiencia Provincial, que devolvió la investigación al juzgado de instrucción 3 de Almería.

Quejas por el retraso

Este nuevo inconveniente ha terminado por retrasar otro año un proceso que ya venía de seis años de demoras. En este tiempo han fallecido dos de los ahora investigados, que sin embargo han sido también llamados a declarar.

Además, se mantiene cada una de las piezas separadas, sin que se haya abierto una pieza política en la que se investigue la posible implicación del PP almeriense, beneficiario de recibís y donaciones del Grupo HALSA, según los investigadores policiales. “La UDEF está diciendo que hay causa común y financiación irregular del PP. ¿Por qué no se investiga esto? ¿Qué criterio usa la juez?”, se pregunta una fuente de AMAyT.

La causa ha sido declarada de gran complejidad, y la jueza instructora ha pedido el refuerzo de un magistrado y dos funcionarios para su juzgado. Los retrasos en la investigación han motivado la interposición de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por parte de AMAyT. La asociación denuncia que la lentitud en abrir una pieza que investigue la presunta conexión de todas las adjudicaciones irregulares podría acabar desembocando en la prescripción de posibles delitos.

La Guardia Civil detuvo este domingo a Francisco Barrionuevo Osorio, concejal de la localidad almeriense de Roquetas de Mar (Almería) acusado de un delito de violencia de género contra su esposa, han informado a eldiario.es fuentes del instituto armado.   Los agentes detuvieron al concejal tras la denuncia de su esposa que alegó haber sufrido maltrato psicológico. 

Barrionuevo Osorio es el concejal de Turismo y Playas desde que Vox se impusiera en las últimas elecciones municipales. El pasado martes, la dirección nacional de Vox anunció que expulsaba del partido a Barrionuevo y otro concejal por subirse el sueldo un 30% y mantener su actividad privada pese a ostentar dedicación exclusiva a las tareas en el Consistorio y cobrar el 100% del sueldo público. El detenido sigue siendo concejal, confirman fuentes del Ayuntamiento, mientras que la baja del partida está siendo tramitada. 

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar está gobernado por una coalición de PP y Vox que permitió al 'popular' Gabriel Amat conservar el sillón del Consistorio después de 24 años en el poder. 

La polémica sobre la subida de sueldo de Barrionuevo y otro concejal, Antonio Inocencio López Mejías, encargado de Hacienda. Ellos se adelantaron a la expulsión y anunciaron que dejaban el partido ante el enfrentamiento con la dirección nacional. Pasaron al grupo de concejales no adscritos. Sin embargo, un intento de ambos de regresar al partido en octubre había retrasado su salida del partido.

Ellos dijeron en una rueda de prensa el pasado octubre que eran víctimas de una “persecución política” dentro del partido. “Hay una minoría de personas en Vox que son fascistas, racistas, antisemitas e islamófobos, y venimos denunciándolo al partido desde el principio, pero ni en Almería ni en Madrid nos han querido escuchar nunca”, dijo Barrionuevo, quien junto a López defendió que trabajan al día hasta 14 horas, “de lunes a lunes”.

Vox obtuvo tres concejales en las elecciones del pasado 26 de mayo en Roquetas de Mar, frente a los 11 del PP, 6 del PSOE y 3 de Ciudadanos. En esta ocasión, Amat necesitaba de apoyos para gobernar y optó por un acuerdo de gobierno con la formación de ultraderecha.

Sigue la oposición a los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) que preside el alcalde Gabriel Amat para construir en la zona miles de viviendas, hoteles e incluso dos torres de una treintena de pisos en Las Salinas de San Rafael.

Casi una veintena de organizaciones, ecologistas, vecinales, sociales, etc., se unieron en la última ocasión a la plataforma llamada Salvemos Las Salinas que ha iniciado una serie de movilizaciones contra los proyectos del equipo de gobierno municipal.

Defienden que el paraje debe preservarse medioambientalmente por la existencia de flora y fauna peculiar, potenciar su historia reciente, al haber albergado salineras que supusieron en el siglo XX gran cantidad de empleos y salvaguardar los yacimientos arqueológicos del subsuelo, que descansan en la zona de Turaniana, con vestigios de culturas fenicias, árabes, romanas y griegas desde hace unos 3.000 años de antigüedad, que de ponerse en valor supondrían un gran valor añadido al turismo en la ciudad.

Sin embargo Salvemos Las Salinas acaba de recibir un jarro de agua fría en sus aspiraciones de paralizar la urbanización, al rechazarse la Proposición No de Ley defendida por Podemos en la comisión de Cultura del Parlamento Andaluz que propugnaba que la Cámara instara a la Junta de Andalucía a declarar Bien de Interés Cultural BIC Las Salinas, medida que evitaría la construcción en la zona. La decisión de la Cámara no es vinculante por lo que la Junta tiene la última palabra en el asunto. Los votos en contra del Partido Popular y el PSOE han frenado sus deseos, blindando en la práctica los planes de Gabriel Amat, si la Junta de Andalucía no lo evita. Votaron a favor de la propuesta, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.

La parlamentaria almeriense de Podemos, Lucía Ayala, presente en la cadena humana del pasado domingo, mostraba su malestar por el voto negativo del PSOE, partido que sin embargo siempre se ha mostrado contrario a los planes del Partido Popular. “El PSOE de Andalucía ha optado, no por proteger Las Salinas, sino por proteger al Sr. Amat y preservar su proyecto urbanístico para que pueda seguir adelante. Es por eso que pedimos al PSOE andaluz que reflexione y recapacite en el sentido del voto que ha tenido esta semana. Y a la Junta de Andalucía que actúe porque puede iniciar los trámites para proteger este espacio”, afirmaba la parlamentaria almeriense.

Según ha explicado Ayala, la protección de Las Salinas de San Rafael podría haber sido un avance significativo hacia “un modelo de turismo cultural y sostenible, acorde con el nuevo tipo de turistas que vienen a Almería, no obstante, el voto contrario en bloque de PP y PSOE vuelve a condenarnos al modelo del ladrillo, sol y playa que sólo deja temporalidad e inestabilidad laboral además de la destrucción del patrimonio natural de Almería”.

Valor etnológico e histórico

En la proposición se aludía al valor etnológico, histórico y de identidad de Las Salinas, pidiendo al gobierno andaluz que estudiara la adquisición de los terrenos para garantizar su conservación y se diera la restauración de los elementos que componen el patrimonio salinero, como los almacenes de la sal o los tramos del canal que unía las de San Rafael con las Salinas Viejas y de Cerrillos, en el paraje natural de Punta Entinas-Sabinar, ubicadas en el otro extremo del municipio lindando con El Ejido.

Por otra parte, el comité de Humedales de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía decidía el pasado 2 de febrero que el paraje conocido como La Ribera de la Algaida, anexo a Las Salinas, entrara a formar parte del Inventario Andaluz de Humedales, una pequeña victoria para los grupos ecologistas, que si bien no impide la construcción en esta zona sí reconoce que debe ser protegida al tratarse de un humedal de la comunidad autónoma.

Según Ecologistas en Acción de Roquetas, “es una alegría con nubes negras que la atormentan. El motivo es la insistente decisión del alcalde y su equipo de gobierno, pese a tener a todas las formaciones políticas en contra y las asociaciones de la zona movilizando a la sociedad, de ahogar el humedal construyendo en sus límites edificios de gran porte, tapando las vistas y limitando los movimientos de las especies que lo visitan. Además es más que previsible el perjuicio que le haría por el virtual incremento de la presión humana, el movimiento de tierras, el mayor consumo de un agua ya precaria en la zona y el aumento de unas aguas residuales que serían una carga imposible”.

Juan Miguel Galdeano, miembro de Salvemos las Salinas, valoraba que “es un pequeño reconocimiento de que allí hay valores naturales, porque hay quien afirma despectivamente que aquello es solo una charca. Pero los planes de construcción no son en la Ribera de la Algaida, sino alrededor, lo que significa que pueden construir alrededor de un espacio natural, lo que es una barbaridad porque la construcción se va a hacer cercando un humedal y va a ahogar a un humedal, por lo que nuestros argumentos tienen muchísima más fuerza ahora. Es una gran noticia porque hemos luchado muchas asociaciones durante muchos años para conseguirlo”.

Por su parte el ayuntamiento califica de manipulaciones a los ciudadanos los datos que la oposición al proyecto de urbanización se están ofreciendo, argumentando el equipo de gobierno que “el planteamiento del PGOU es un parque comarcal de acceso libre, una zona verde como la existente actualmente. El Ayuntamiento aclara también otra de las manipulaciones vertidas sobre la zona. El sector ZSAL01 es un sector de grandes dimensiones, más de dos millones de metros cuadrados, que va desde la Rambla de las Hortichuelas (norte de Torrequebrada) hasta el inicio de la Avenida Reino de España, y desde la Carretera de Alicún hasta la playa”.

“El único trámite que se ha llevado a cabo en los últimos meses es una innovación al PGOU para dividir este inmenso sector en cuatro unidades diferentes para que la urbanización de cada uno pueda realizarse de forma sostenible. Actualmente no existe ningún proyecto de urbanización del Z-SAL-01. Por todo ello, el Ayuntamiento lamenta la manipulación sobre este tema que ha llevado a la confusión de los ciudadanos”, dice el ayuntamiento.

Más de medio millar de personas se han concentrado en la mañana del domingo en la explanada en la que finaliza el paseo marítimo de Roquetas de Mar y comienza la conocida como Puerta Verde que recorre la playa hasta Aguadulce, en una protesta contra los proyectos urbanísticos municipales del equipo de Gobierno del Partido Popular de urbanizar los antiguos terrenos de las Salinas de San Rafael y la Ribera de la Algaida. Actuaciones musicales y lectura de poemas han acompañado la cita en una soleada jornada.

La oposición municipal, formada por Ciudadanos, PSOE, IU y Tú Decides (Podemos), se ha mostrado en contra del proyecto, que está siendo apoyado por una concejal expulsada del PSOE, María José López Carmona, hoy edil no adscrita. Como ya adelantó recientemente este diario, el objetivo de la cita es conseguir que el Parlamento Andaluz inste a la Junta de Andalucía a declarar Bien de Interés Cultural BIC este paraje para evitar su urbanización, en el que se contemplan la construcción de dos torres de una veintena de plantas de altura, miles de viviendas y hoteles.

La Junta de Andalucía llevará al próximo Comité Andaluz de Humedales, que se celebrará el 1 de febrero en Málaga, la propuesta de inclusión de la Ribera de la Algaida de Roquetas de Mar en el Inventario de Humedales de la Junta de Andalucía, “conseguido gracias al esfuerzo de la Asociación Serbal y Emilio González, y sin apenas repercusión mediática para su consecución”, considera López Carmona, quien añade que “desde algunas de estas asociaciones se ha hecho un flaco favor a los espacios naturales, dedicando más tiempo a las estrategias políticas y futuros beneficios electorales de algunos partidos, que a ejercer la presión sobre las administraciones competentes para conseguir las figuras de protección necesarias, y con posterioridad, la puesta en valor de los lugares que se estime. Alabo y respeto la labor realizada hasta el momento por todas estas asociaciones y plataformas, y en este caso, comparto también las formas de hacerlo, el enfoque de la concentración, el lugar y la justificación están basadas ahora en premisas medioambientales y culturales y no políticas, lo que facilitará, sin duda, la búsqueda de consenso y el beneficio social en temas tan importantes como el urbanismo en Roquetas de Mar”.

Por su parte, el equipo de Gobierno del PP, con el alcalde Gabriel Amat a la cabeza, anunciaron públicamente que “ante las manipulaciones sobre los presuntos planes urbanísticos del equipo de gobierno el Ayuntamiento aclara que el espacio natural es íntegramente suelo no urbanizable, y así figura en el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de 649.000 metros, casi 65 campos de fútbol, que serán destinados a un gran parque comarcal, denominado 'Parque Comarcal de Las Salinas de San Rafael' que preserve su valor medioambiental y pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos.Este parque se encuentra contemplado en el PGOU de Roquetas de Mar aprobado en 2009. El Ayuntamiento desmiente que el PGOU haga alusión a ninguna actuación que no sea un espacio natural”.

El Ayuntamiento desmiente igualmente que se vaya a urbanizar la Ribera de la Algaida, no se van a construir viviendas ni tampoco equipamiento ni parques urbanos. El planteamiento del PGOU es un parque comarcal de acceso libre, una zona verde como la existente actualmente, (...) El Ayuntamiento aclara también otra de las manipulaciones vertidas sobre la zona. El sector ZSAL01 es un sector de grandes dimensiones, más de dos millones de metros cuadrados, que va desde la Rambla de las Hortichuelas (norte de Torrequebrada) hasta el inicio de la Avenida Reino de España, y desde la Carretera de Alicún hasta la playa. El único trámite que se ha llevado a cabo en los últimos meses es una innovación al PGOU para dividir este inmenso sector en cuatro unidades diferentes para que la urbanización de cada uno pueda realizarse de forma sostenible. Actualmente no existe ningún proyecto de urbanización del Z-SAL-01. Por todo ello, el Ayuntamiento lamenta la manipulación sobre este tema que ha llevado a la confusión de los ciudadanos“.

La protesta contra los planes urbanísticos de Amat recogieron en 2016 casi 30.000 firmas en las calles y en la plataforma digital change.org, pero en votación en 2017 en el pleno del consistorio el equipo de gobierno desestimó todas las alegaciones presentadas, por lo que no fueron tenidas en cuenta. La concentración estaba convocada por una quincena de asociaciones:Asociación Posidonia, Sociedad para el Estudio y la Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (Serbal), Ecologistas en Acción, Asociación de Vecinos de las Colinas de Aguadulce, Asociación La Paz, Unidos por Turaniana, Amigos de la Alcazaba de Almería, Grupo Ecologista Mediterráneo, Asociación Athenáa, Acuíferos Vivos, Asociación Sapere Aude UAL, Asociación de Educación Ambiental 'El Árbol de las Piruletas', Grupo Ecologista del Andarax, Animales en Apuros Almería y Acción por Almería.

El movimiento 'Salvemos Las Salinas', formado por varias organizaciones sociales y unos 8500 seguidores en la red facebook, va a hacer llegar al Parlamento autonómico una iniciativa para que se inste a la Junta de Andalucía a declarar Bien de Interés Cultural BIC el paraje de las Salinas de San Rafael, en Roquetas de Mar, donde hasta el pasado siglo XX se realizaron extracciones salineras con fines comerciales, siendo entonces una de las principales fuentes de empleo y riqueza de la zona. Hasta el auge de los invernaderos en la década de 1970, Las Salinas era la empresa más fuerte de una comarca escasamente desarrollada.

La medida forma parte de la dura oposición que quiere mostrar una parte de la ciudad contra el proyecto liderado por el equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde Gabriel Amat, que el pasado mes de noviembre sacó adelante en un Pleno municipal, con el voto favorable de una concejal del PSOE que abandonó este grupo, la división en cuatro unidades diferentes de un inmenso proyecto de casi 650.000 m2, “para que la urbanización de cada uno pueda realizarse de forma sostenible”, según aclara una nota municipal oficial.

Toda la oposición en contra

Se da la circunstancia que entonces votaron en contra del proyecto de Amat todos los partidos de la oposición como PSOE, IU, Tú Decides (la marca de Podemos) y Ciudadanos, quienes hasta ahora habían apoyado con sus tres votos el Gobierno del PP, y cuya política parece haber cambiado tras el paso del edil Diego Clemente al madrileño Congreso de los Diputados.

A favor votaron los ediles del PP y la independiente Mª José López Carmona, a quien el PSOE acusa de ser una tránsfuga -ella se defiende argumentando que fue expulsada del partido socialista sin motivos ni explicaciones- lo que daba mayoría absoluta al proyecto de Amat. López Carmona, en sus largos años de militancia socialista y trabajo en la oposición municipal, reiteradamente se había mostrado en contra de un proyecto que, según han manifestado los grupos municipales de la oposición, destacaba por un coste, solamente de urbanización, sin contar la construcción de los edificios, de unos 200 millones de euros, la edificación de dos torres de 28 plantas de altura, más de 7.000 viviendas, varios hoteles de once plantas e incluso la invasión del subterráneo yacimiento arqueológico de Turaniana, declarado por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural, lo que le hace intocable, en el que hay restos romanos, fenicios, griegos y árabes, pero sometido a salvajes expolios y destrozos contemporáneos.

El PP no sólo niega que el proyecto afecte al subsuelo de Turaniana, sino que acaba de tachar la versión de la oposición de “manipulaciones sobre los presuntos planes urbanísticos del equipo de Gobierno para la Ribera de la Algaida. El Ayuntamiento aclara que el espacio natural es íntegramente suelo no urbanizable, y así figura en el Plan General de Ordenación Urbana. Se trata de 649.000 metros cuadrados, casi 65 campos de fútbol, que serán destinados a un gran parque comarcal, denominado 'Parque Comarcal de Las Salinas de San Rafael' que preserve su valor medioambiental y pueda ser disfrutado por todos los ciudadanos”.

La zona de la Ribera de La Algaida y Las Salinas están colindantes, por lo que el PP destaca que “el Ayuntamiento desmiente igualmente que se vaya a urbanizar la Ribera de la Algaida, no se van a construir viviendas ni tampoco equipamiento ni parques urbanos”.

'Salvemos las Salinas' se concentraba a orillas del mar un soleado 29 de diciembre, en la fiesta local de Las Moragas, junto a un histórico ejemplar de taray en las inmediaciones de la polémica zona, portando corazones verdes para mostrar su protesta y adornar sus ramas de forma navideña con pájaros y lemas ecologistas exigiendo la protección del paraje. Días antes había reunido unas trescientas personas en una concentración a través de las redes sociales.

El equipo de gobierno del PP insiste en que “este parque se encuentra contemplado en el PGOU de Roquetas de Mar aprobado en 2009. El Ayuntamiento desmiente que el PGOU haga alusión a ninguna actuación que no sea un espacio natural. El planteamiento del PGOU es un parque comarcal de acceso libre, una zona verde como la existente actualmente, debidamente organizada, al igual que se realizó con el sendero 'Puerta Verde' que es disfrutado por miles de personas a diario, un espacio de valor y belleza medioambiental en un parque comarcal singular por su ubicación y que generará sin duda grandes beneficios a todo el municipio.”

El proyecto está en fase de aprobación provisional, al enviarse a la Junta de Andalucía para que emita los informes oportunos y vuelva para su aprobación definitiva por el Pleno. El asunto va para largo ya que después el procedimiento continuará con la Reparcelación del Sector, el Proyecto de Urbanización y finalmente con el otorgamiento de las licencias de construcción.

La concejal a la que atacan los grupos de la oposición recordándole que en su época socialista rechazaba el proyecto de Amat y ahora lo defiende, argumenta que “el que conoce bien el desarrollo urbano de la zona entre Roquetas y Aguadulce, y todos los que están montando las manifestaciones lo conocen bien, saben que la Algaida no forma parte del sector por estar afectada por el deslinde de Costas y además tener previsto en la zona un parque comarcal de más de 40 hectáreas según el POTPA (Plan de Ordenación del Poniente Almeriense). Turaniana está en similares circunstancias dado que es un BIC (Bien de Interés Cultural), o sea, que también se encuentra fuera del sector. Y por último tenemos las pocas charcas que quedan de las antiguas Salinas, que ya fueron consideradas zona urbanizable por las anteriores herramientas de planeamiento, Normas Subsidiarias, PGOU 1997 y PGOU 2009, donde se establece la construcción de tres edificios de hoteles y una edificación en altura junto a la Avenida Reino de España (zona del Acuario), pero por supuesto, liberando para espacios libres la zona de servidumbre marítimo terrestre”.

López Carmona defiende al Gobierno municipal afirmando que “tanto los 200 millones de euros como las 8.000 viviendas son cifras sensacionalistas, puesto que entran dentro de la totalidad del desarrollo del proyecto para la zona, pero no de hoy para mañana, y lo de la ocupación de la Algaida y Turaniana es simplemente faltar a la verdad. Hay que trabajar por poner en valor la zona, determinar unas cuantas charcas salineras y que se queden como testigo de nuestra historia, hacer un centro de interpretación, y recuperar las partes o piezas para su muestra a todos y cada uno de nuestros vecinos, que muchos no conocen nuestra historia, y visitantes, turistas a los que se les ofrezca una oferta complementaria cultural y de naturaleza que nos hará únicos en el entorno. Apenas hay construcción en el proyecto, y la que hay está pegada a la Avenida Reino de España y Avenida de la Legión Española. (ya edificadas y urbanizadas) El paseo marítimo es el existente, no se va a construir ninguno más”.

Pese a que Salvemos Las Salinas denuncia que hay 3.500 metros cuadrados del proyecto que penetran en el subsuelo protegido de Turaniana, fuentes municipales que prefieren el anonimato han declarado a este diario que “no se toca el yacimiento de Turaniana. Sería absurdo hacerlo cuando es ilegal al ser BIC. Sería impensable, nadie lo permitiría. Se trabaja con visión por si en un futuro de 20-40 años hacen falta estos terrenos y equipamientos. Que el PGOU de 2009 permita la construcción de edificaciones en altura y hoteles no significa que se vayan a construir. Yo, personalmente, estoy a favor de defender la Ribera de La Algaida y saltaré si la tocan. Lo que están diciendo no se corresponde con la realidad, están manipulando la verdad. Se va a hacer un gran parque comarcal rodeado de un perímetro con un colchón verde de cientos de metros de espesor para evitar cualquier perjuicio medioambiental. La Ribera de la Algaida no se toca y hay gran parte de Las Salinas que tampoco se van a tocar. No cabe en cabeza humana acusar a Amat de querer hacer un Algarrobico en Roquetas. Sería una ruina urbanizar todo aquello, habría que hacer colegios, equipamientos, servicios, sería una locura impensable. No hay proyecto de urbanización, no hay nada, solo se asegura el desarrollo sostenible futuro. Que esté en el PGOU no significa que se vaya a hacer, lo tiene que aprobar la Junta de Andalucía”.

Juan Miguel Galdeano, coordinador asimismo de la asociación Unidos por Turaniana, denuncia, al igual que PSOE, IU, Cs y Tú Decides, que el proyecto supone “aislar con una pantalla de edificios, incluso dos torres de 28 pisos, de unos 100 metros de altura cada una, y bloques de pisos y hoteles, los alrededores del paraje natural de La Algaida, lo que supone asfixiarlo y condenarlo a tener todavía más residuos, mayor presión turística, demográfica y degradación del medioambiente, urbanizando sin piedad sobre las antiguas Salinas de San Rafael, de alto valor histórico, levantando sobre ellas una torre y tres hoteles. Nosotros proponemos poner en valor Turaniana, haciendo un museo como aprovechamiento turístico, acondicionar La Algaida e impedir que entre gente a hacer motocross, así como no construir sobre Las Salinas y restaurarlas”.

Dos modelos de futuro desarrollo urbanístico están enfrentados entre los roqueteros y en su ayuntamiento, con posturas cada vez más enconadas. La Junta de Andalucía, tanto Medio Ambiente como Cultura, debe emitir aún informes no vinculantes. Y en enero se prepara una concentración para pedir que Las Salinas de San Rafael sean declaradas Bien de Interés Cultural por su valor histórico, arqueológico e industrial, lo que paralizaría gran parte del proyecto de salir adelante.

Gabriel Amat, quien considera que la inmensa zona es actualmente “un criadero de mosquitos”, ha anunciado que oposiciones así, o el cerco judicial y la investigación fiscal y policial a la que se ve sometido, le convencen para presentarse una vez más a las próximas elecciones municipales.

Roquetas de Mar y Almería entera se ha dividido entre los que quieren ver a Gabriel Amat sentado en el banquillo de los acusados y los que no lo desean. Tal es la influencia política, económica y social de este hombre en la provincia durante los últimos veinte años que su suerte judicial se cuenta por partidarios y detractores. Después de conocerse la decisión de la fiscalía almeriense de investigarle por presuntos delitos contra el código penal y el erario público, los partidos de la oposición en el ayuntamiento de Roquetas de Mar le exigen su dimisión y apuestan por una comisión de investigación, pleno extraordinario y moción de censura. Solamente Ciudadanos, que le favoreció en un pacto de investidura que le dio una vez más la alcaldía, ésta vez sin mayoría absoluta, asegura que dejará de hacerlo en el momento en que sea imputado.

Gabriel Amat ha contestado a las acusaciones afirmando que es inocente, “estoy tranquilo y confío en la justicia. Yo no he adjudicado nada a mi yerno y así quedó claro en las cuatro comisiones de transparencia que se han hecho en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar al respecto. Estoy tranquilo y confío en la profesionalidad de todos. Estoy dispuesto a colaborar con la Justicia y deseo que se agilicen todos los trámites al respecto para poder demostrar cuanto antes mi inocencia. Estoy sometido a una persecución política desde hace años. No estoy imputado en ninguna causa y ruego que se respete la presunción de inocencia. Comprendo y comparto cualquier acto de fiscalización de la oposición, pero nunca la persecución personal hacia mi familia o hacia mí”, se ha defendido Amat a través de un comunicado del Partido Popular, poco dado a hacer declaraciones sobre el asunto a los medios de comunicación.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Diego Clemente, concejal roquetero y único diputado al Congreso de la formación naranja por Almería, ha asegurado que solamente si Amat es imputado pedirán que abandone su cargo, “tal y como refleja el Pacto Anticorrupción que tenemos firmado con el PP de Roquetas. Respetamos la presunción de inocencia pero si es imputado y no abandona el cargo sí nos plantearemos la moción de censura”, lo que supondría la caída del PP en la ciudad tras una veintena de años de mayorías absolutas, excepto en los últimos comicios. La oposición, de unirse en moción de censura, sumaría trece concejales, frente a los doce que tiene actualmente Amat.

Pero la oposición, debido a la postura de Ciudadanos, no suma los suficiente, de ahí que el cambio de apoyo de la formación naranja sea decisivo, lo que da pie a críticas feroces de Izquierda Unida -el grupo más combativo y que más ha llevado a la judicialización su labor de fiscalización de la polémica gestión del equipo de Amat-, el PSOE, grupo mayoritario de la oposición municipal, y Tú Decides, la marca de Podemos, con una única edil. Estos tres grupos quieren la moción de censura inmediata y la creación de una comisión de investigación, argumentando que la Comisión Municipal de Transparencia, presidida por Ciudadanos, no tiene validez para desentrañar los presuntos delitos de Amat y su equipo.

La parlamentaria socialista andaluza, Adela Segura, y el candidato del PSOE a la alcaldía en los últimos comicios locales, Manuel García, proclamaban esta mañana ante los medios de comunicación en la capital almeriense que “hay fuerzas suficientes en Roquetas para el cambio, a ver qué dice el dirigente andaluz del PP Moreno Bonilla. Hay bastantes motivos con lo que dice la fiscalía para desalojar a Amat. El foco está ahora en Ciudadanos, le pedimos que sea valiente y haga lo que predica y se ponga al lado de las fuerzas del cambio”.

Las comisiones de transparencia

El PSOE mantiene que en las comisiones de transparencia “no ha habido ningún dictamen ni ninguna conclusión, son mentira, allí no se verifica nada”. Por su parte Ciudadanos sigue apostando por ellas, al afirmar Diego Clemente que “las comisiones de transparencia tienen el mismo valor que las comisiones de investigación, son exactamente iguales, solo que las comisiones de investigación se realizan una vez que la persona es imputada, no antes.”

Por su parte, el grupo de Izquierda Unida, lleva varios años de lucha, casi de trinchera, contra Amat. Fue IU quien llevó a la Fiscalía el asunto de Urbaser, Jarquil Verde y el yerno de Amat investigado por la Policía Judicial. Han pedido el cese fulminante de Gabriel Amat y que le exija su acta de concejal, para que abandone todos sus cargos públicos ante lo que es ya una situación insostenible. “El escrito del fiscal es contundente, no deja lugar a dudas, denuncia situaciones como fraude, tráfico de influencias y prevaricación, y actividad prohibida de funcionario público”. Por ello desde Izquierda Unida se solicita al PP que sea valiente y cese a Gabriel Amat de todos sus cargos, “que no puede representar a nadie en ninguna institución. Izquierda Unida de la Provincia de Almería, ante la notificación recibida, valora que por parte de la Fiscalía se dé un paso más ante la denuncia que interpuso el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Roquetas de Mar sobre Gabriel Amat ante supuestas irregularidades en varios contratos públicos y se muestra satisfecha de que se avance en la investigación en pos de la lucha contra la corrupción en el consistorio roquetero”.

La coordinadora provincial, Rosalía Martín, con tres ediles en la ciudad, considera que “la denuncia que incoa la Fiscalía es demoledora por todos los delitos que le asigna, es una pieza más en la macro investigación que recae sobre Gabriel Amat y su trama societaria familiar, iniciada por la UDyCO y que actualmente se instruye en los Juzgados de Roquetas de Mar”. Además se dirige a Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, y le pregunta “si se va a esconder igual que Rajoy con el caso Rita Barberá, si no va a exigir a Gabriel Amat que dimita”.

Por otro lado, IU recuerda que si Gabriel Amat sigue siendo alcalde de Roquetas de Mar lo es porque Ciudadanos lo permite; para Izquierda Unida la posición del partido de Albert Rivera es “injustificable y raya la complicidad”, por lo que les exige que le retiren el apoyo y se sienten a hablar con el resto de partidos de la Oposición una moción de censura que dignifique la política en Roquetas de Mar y que abra la puerta a un gobierno alternativo que demandan los vecinos.

La postura de Ciudadanos

El socialista Manuel García considera que “Ciudadanos debe preguntarse cuánto tiempo más va a seguir sosteniendo al PP y a Gabriel Amat al frente del Ayuntamiento de Roquetas, sobre todo ante el deterioro que está causando a la imagen del municipio esa confusión permanente que tiene Gabriel Amat entre lo público y lo privado. Ciudadanos tiene que preguntarse si quiere seguir del lado de Amat o va a apostar por el cambio que propugnaba en su programa electoral y que ha traicionado”, ha insistido.

Además de una moción de censura que sólo se presentaría si los concejales de C’s “cambian la postura que han mantenido hasta el momento”, el portavoz socialista también ha anunciado que su Grupo volverá a pedir que se convoque en el Ayuntamiento un pleno extraordinario para abordar este asunto de manera monográfica, así como la creación de una Comisión de Investigación para aclarar lo sucedido. Ambas iniciativas ya se promovieron meses atrás, aunque fueron rechazadas por los votos de PP y C’s.

El portavoz de Ciudadanos, Diego Clemente, quien ha reconocido que “alabo la labor de fiscalización de Iu”, se aferra a que la comisión de transparencia tiene “las mismas competencias legales que la comisión de investigación” y responde a los ataques del PSOE preguntándose “dónde estaban durante tantos años que han estado en la oposición sin llevar a Amat a los tribunales. Cuando ellos estaron en la oposición no fiscalizaron a Amat. Nosotros no mantenemos a Amat, eso es demagogia, no hacemos mociones de censura gratuitas. Será nuestro comité ejecutivo quién decida si se apoya a Manuel García como alcalde”, ha contestado con énfasis el diputado al Congreso, recordando que su grupo sacó a relucir las irregularidades en la adjudicación de las obras del Jardín Botánico “pero Izquierda Unida ya lo había denunciado en los tribunales. Pedimos la comparecencia del técnico, pero su presencia en la comisión era potestad del alcalde. Y los funcionarios saben que solamente Izquierda Unida y Ciudadanos solicitan continuamente documentación de los expedientes de concesiones”, una situación que ha llegado a provocar quejas de los propios trabajadores municipales por el exceso de tiempo que les lleva esta labor de información a los grupos.

Ciudadanos se defiende al considerar que “quieren vender de manera torticera que tenemos un acuerdo de gobierno con Amat, y no es verdad, solo hubo un pacto de investidura. Cuando nos abstenemos en las votaciones es porque no vemos claros los temas”.

En la tarde de este sábado 23 de julio se han concentrado en las inmediaciones de la plaza de toros de Roquetas de Mar medio centenar de activistas antitaurinos en protesta por la celebración de una corrida de toros en la que participaban los diestros Enrique Ponce, David Fandila ‘El Fandi’ y Alejandro Talavante. La Guardia Civil impidió su acceso a la plaza teniendo que manifestarse en las cercanías del coso salinero, lejos de la entrada de aficionados. No hubo que lamentar incidentes graves, aunque hubo cruce de insultos entre los aficionados, automovilistas y antitaurinos, que la fuerte presencia policial evitó que fueran a mayores.

Con motivo de la feria taurina de Roquetas, con la presencia el domingo de ‘El Juli’, Manzanares y Roca Rey, Izquierda Unida publicaba un comunicado afirmando que el equipo de gobierno del Partido Popular en el ayuntamiento roquetero había “derrochado” 2,5 millones de euros en los últimos seis años en la fiesta taurina. El alcalde Gabriel Amat, a la entrada de la plaza de toros, a preguntas de eldiario.es/andalucia, se negó a hacer cualquier comentario.

El presidente de la asociación antitaurina de Almería, Luis Cantisano, nacido en 1939, un hombre que de niño fue aficionado a los toros y de mayor aborreció la fiesta, aseguraba que “la polémica sobre los toros es una guerra ganada para nosotros. Tarde o temprano la fiesta de los toros desaparecerá, es cuestión de tiempo”.

“El PP se ha gastado más de 2,5 millones de euros de los impuestos de todos los roqueteros en las últimas seis ferias taurinas, desde 2011 hasta la de este fin de semana de 2016”, ha dicho por su parte María Belén Pérez Hernández, coordinadora local de Izquierda Unida Roquetas. “En IU hemos estado en contra siempre de esta apuesta taurina del ayuntamiento, desde la misma construcción de la plaza hasta las sucesivas ferias taurinas organizadas. De las cuentas publicadas se desprende que el gasto taurino del ayuntamiento, muy lejos de recortarse, a la par que lo hacía el PP en inversiones, en servicios sociales y en mantenimiento urbano de primera necesidad, no ha dejado de subir. Así en la primera feria analizada, la de 2011, el gasto rondaba los 357.000 euros y en la de 2016 la previsión es llegar a los 493.000 euros, un incremento anual promedio de más del 7 %”.

IU remarca que estos 2,5 millones fueron gastados solo en 18 jornadas, en 6 ferias, “lo que da una idea del volumen de dinero gastado y del poco impacto que ha tenido en estos seis años. Principalmente porque más del 69 % de este importe, unos 1,77 millones de euros, solo han sido destinados al pago de cachés de toreros. Es dinero que directamente ha salido de Roquetas para el pago de 'figuras' y que no ha revertido en mejoras para los vecinos”, apuntan desde IU.

El resto del montante se repartió entre los gastos en ganadería y de gestión general, llamando la atención el pago de 34.000 euros anuales solo al gerente de las corridas, o los casi 6.000 euros que se pagan por cada uno de los doce toros lidiados este sábado y domingo en Roquetas, “el precio más alto pagado en este concepto en los seis años”, mantiene el grupo que cuenta con tres ediles en la corporación local.

En lo que respecta a los ingresos de taquilla de las corridas, desde IU Roquetas se considera a las mismas como “poco claras y con sospechas de ingeniería financiera”. La formación ya ha denunciado la presencia de numerosos expedientes de compensación entre el ayuntamiento y empresas proveedoras o contratistas del mismo, en lo referido a colaboraciones en el cartel taurino o compra de entradas.

“Es conocida en Roquetas la facilidad de conseguir entradas gratis a las corridas, lo cual evidencia que gran parte de los ingresos no vienen de la compra en taquilla de particulares, sino de las empresas colaboradoras”. Sobre estas últimas desde IU se denuncia que de las 20  empresas que se anuncian en el cartel taurino de este año, 17 tienen o han tenido contratos con el ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Un negocio “temporal”

Para finalizar, en lo que respecta a los supuestos ingresos indirectos que generan estos tres días de toros en Roquetas, desde IU se pregunta a Eloísa Cabrera, primer teniente de alcalde, portavoz municipal del PP y recién elegida diputada al Congreso por Almería en las últimas elecciones generales, “cómo un negocio con una rentabilidad de 1 a 58 no ha sido copiado por otros sectores y fundamentalmente por qué necesita después de seis años seguir siendo financiado al 100 % con dinero público”. La formación de izquierda entiende que si ese exorbitado beneficio fuera real, el sector hostelero de Roquetas debería y podría ser el principal patrocinador de las corridas, cosa que no pasa ni pasará, según IU.

Y es que para IU la temporalidad es la marca de este gasto de dinero en ferias taurinas. Temporal por los pocos días de incidencia que tiene en el sector turístico del municipio, y temporal por los “precarios beneficios que reporta a los vecinos, tanto en el sector turístico, como en los mismos servicios que se prestan en las corridas, con salarios mínimos y precarios como los de seguridad, limpieza o azafatas. En IU apostamos por otro modelo de promoción turística, constante todo el año, y que ponga en valor los valores tradicionales de Roquetas, como son su rico patrimonio histórico y natural, que espera inversiones desde hace años”, finalizan desde IU.

Esta formación acusa al alcalde de tener intereses familiares en la construcción del nuevo acceso de Aguadulce a la Autovía del Mediterráneo

Discurre por terrenos propiedad de una empresa de un familiar y la inversión la afrontará el consistorio y no el Ministerio de Fomento

El concejal de IU en el ayuntamiento de Roquetas de Mar, Juan Pablo Yakubiuk, anunciaba, tras la celebración del pleno el pasado viernes, que han detectado una nueva irregularidad en la gestión del alcalde, Gabriel Amat (PP), por lo que van a presentar una nueva denuncia contra él en la Fiscalía de Almería.

En concreto se trata del caso de las obras de la nueva carretera que posibilitan el acceso de Aguadulce a la Autovía del Mediterráneo A7 y que además, una vez finalizadas, servirán como nuevo enlace con esta vía hacia El Ejido. Parte de la misma carretera que se construyó de forma urgente para enlazar Almería con Aguadulce tras los desprendimientos de rocas que se produjeron meses atrás por fuertes lluvias en la conocida familiarmente como “carretera del Cañarete”, la antigua N-340, que obligaron al corte de la circulación. La inversión total sería de unos 2,2 millones de euros, previéndose la finalización de las obras para el próximo verano, “si bien es muy difícil cumplir este plazo”, apuntaba Juan Pablo Yakubiuk.

La polémica que va a judicializarse se debe a que según IU, Gabriel Amat vuelve a tener intereses en la obra, ya que discurre por terrenos propiedad de una empresa de un familiar, puesto que uno de sus sobrinos es administrador mancomunado de ella. El pleno aprobó con los votos favorables del PP, la abstención de C's y el rechazo del PSOE, IU y Podemos (Tú Decides), que el consistorio financiara las obras a fondo perdido en solitario, sin aportación del Ministerio de Fomento. Juan Pablo Yakubiuk afirmaba que Gabriel Amat no le dejó preguntar en el pleno por el asunto por lo que lo llevaba a la Fiscalía de Almería.

“Los terrenos valen muy poco, unos 2.600 euros, pero los intereses inmobiliarios que denunciamos nosotros son que estas fincas que abarcan todas las laderas de los montes que están junto a la autovía ahora se revalorizan porque tienen una entrada directa a la misma. Si el día de mañana esto se recalifica no valdrían lo mismo. Si como dice el alcalde no hay ningún problema y todo es legal, ¿por qué no lo comunicó y se levantó de la sesión como establece la ley? Esta modificacion presupuestaria es el paso previo para que esta zona se mejore, entonces son parte interesada sus familiares”, sostiene.

Tanto el PSOE, como Podemos (Tú Decides) e IU creen que el alcalde debería exigir al Gobierno de España que asuma la inversión, pero Gabriel Amat precisó la urgencia de la obra previendo que estaría acabada para el próximo agosto. El PP sacó adelante la propuesta gracias a la abstención de C's, que le presta apoyo en los plenos aunque no forma parte del equipo de gobierno. Esto radicaliza aún más la pugna entre la oposición y el equipo de gobierno y se judicializa más la vida municipal.

El alcalde ha defendido la obra asegurando que el consistorio “hace un gran esfuerzo para destinar más de dos millones de euros para solucionar un problema, gracias a la capacidad económica que tiene, que en este momento es la más adecuada y hace que podamos soportar esa obra para ese servicio que le queremos dar a los vecinos”. Para continuar: “Yo quiero que la gente que vaya de Almería a Aguadulce pueda entrar y no tenga que venir a El Parador. Es verdad que llevamos peleándonos desde hace años para que se haga un nuevo acceso, y no hemos logrado la oportunidad, pero ahora hay que aprovecharla para dar una solución, que es lo que necesitamos”.

Se trata de un proyecto que incluye la expropiación de 5.116 metros cuadrados de suelo que pertenecen a la mercantil Almirez de Aguadulce, con José Ángel Amat Vargas, sobrino del alcalde como uno de los administradores. “Es muy sospechosa la fijación de Gabriel Amat por hacerlo directamente desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y no solicitarlo al Ministerio de Fomento”, ha dicho el edil de IU, formación que mantiene además que un funcionario de la Diputación de Almería, presidida también por el regidor, fue redactor del proyecto de la obra teniendo además intereses en la citada empresa, lo cual también sería ilegal.

Son varios los asuntos que IU ha llevado o va a llevar a la justicia en relación con el alcalde. El último en el pasado pleno de abril en el que la portavoz del equipo de gobierno, Eloisa Cabrera, se enzarzó duramente con Juan Pablo Yakubiuk sobre el asunto de la relación del alcalde con concesiones de dinero público a Ondamar TV, medio de comunicación con intereses familiares del alcalde, por lo cual se aprobó la reprobación del presidente de la corporación, tema que IU también lleva a los tribunales.

También ha denunciado IU la relación de familiares suyos en la empresa Jarquil Verde, adjudicataria de contratos del consistorio, igual que los diversos atropellos en las carreteras y vías de la ciudad o el caso de las viviendas de lujo en la La Fabriquilla, en El Parador.

En las sesiones plenarias el equipo de gobierno siempre ha exigido a la oposición que acudiera a los juzgados y no a los medios de comunicación. Como ya hizo cuando Gabriel Amat pidió a IU que llevara a los tribunales a la concejal Eloísa Cabrera por presuntamente haber arreglado su vehículo privado en los talleres municipales en 2013.

Toda la oposición contra Gabriel Amat. Los grupos municipales de PSOE, IU, CS y Podemos, han votado a favor de una moción presentada en el Pleno del ayuntamiento de Roquetas de Mar celebrado esta mañana que solicitaba, por segunda vez, la reprobación del alcalde Gabriel Amat por asuntos de presunta corrupción. Esta vez salía adelante la petición gracias al voto favorable de Ciudadanos, que mantiene pacto de gobierno con el Partido Popular aunque sin tener concejales en el equipo de gobierno. En una ocasión anterior Ciudadanos no apoyó la iniciativa de Izquierda Unida. Los 13 votos de la oposición superaron los de los doce ediles conservadores. Sin embargo Ciudadanos se abstuvo en otro de los puntos que conformaban la moción de izquierdas, concretamente el relativo a la apertura de expediente de responsabilidad al alcalde, con lo cual no ha salido adelante.

Según el portavoz suplente de IU, Juan Pablo Yakubiuk, el objetivo de la moción era “iniciar la toma de medidas contra el alcalde, Gabriel Amat, por el hecho de no haber cumplido con la obligación de haberse abstenido en la adjudicación, y sucesivas prórrogas, de un contrato de publicidad a Ondamar TV, participada al 100% por Urbaentinas S.L., mercantil de la que Amat era socio fundador y administrador. Dado que el último pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue el 17 de marzo y que las vinculaciones de Amat con estas mercantiles vieron la luz pública a raíz de la revelación de los informes de la Agencia Tributaria sobre la investigación en marcha de la denominada 'Trama Amat' el pasado 30 de marzo, es ahora, en el pleno siguiente donde entendemos desde IU Roquetas que deben tomarse medidas para depurar todas las responsabilidades”. Yakubiuk anunció que acudirá a la Fiscalía tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores sobre la gestión de Amat.

Por su parte el presidente de la corporación municipal argumentó que iba a tomar medidas legales por considerarse acosado por las continuas acusaciones de presunta corrupción que se publican contra él. Amat afirmó que él no era ni administrador ni gerente de la citada sociedad televisiva (Popular TV) así como que su sociedad familiar no tenía la totalidad de  acciones de la empresa.

La portavoz del Partido Popular, Eloisa Cabrera, mantuvo una ardua discusión con Yakubiuk, acusando a la oposición municipal de mantener una persecución contra Amat en búsqueda solamente de titulares de prensa, sin ningún interés de trabajar en beneficio de la ciudad, siguiendo el ritmo de las denuncias que hace meses publica El País, comentó de forma despectiva Cabrera, muy acalorada en su contestación a Izquierda Unida, quien solicitó a la oposición que acudiera a los tribunales si tenía pruebas de alguna irregularidad.

En la citada moción de reprobación, desde IU se recuerda que en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 22 de mayo de 2006 se acordó la adjudicación del denominado contratos (anual) de servicios de comunicación y publicidad institucional del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con posibilidad de tres prórrogas, a varias mercantiles entre las que se encontraba la oferta de PRODUCCIONES TELEVISIVAS ONDAMAR ALMERIA S.L., con CIF B- 04509220, por un importe de 12.000 euros.

Esta adjudicación, fue prorrogada en los sucesivos años en las Juntas de Gobierno Local de los días 17 de septiembre de 2007, 30 de junio de 2008 y 28 de septiembre de 2009, en los mismos términos antes expuestos.

Según IU, en todas las Juntas de Gobierno Local antes citadas asistió como presidente de la misma Gabriel Amat Ayllón, no constando en las actas de las mismas que se haya retirado al momento de la votación de los citados acuerdos, ni que haya emitido voto de abstención alguno.

La clave está en que la mercantil PRODUCCIONES TELEVISIVAS ONDAMAR ALMERIA S.L, con NIF B04509220 a la fecha de la adjudicación y de las sucesivas prórrogas se hallaba participada en un 100% por la mercantil URBAENTINAS S.L., con NIF B04447231, mercantil que también la fecha de la adjudicación y de las sucesivas prórrogas tenía al entonces y actual Alcalde del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, nombrado como Administrador de la misma, socio, partícipe y autorizado en cuentas bancarias.

El artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece que: “Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes:..a)Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado..”, además que en el apartado 5º del citado artículo se establece que: “La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad”.

La situación política y laboral en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), gobernado por el presidente del Partido Popular en Almería y de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, y las presuntas corruptelas que se han publicado, gracias al apoyo del grupo municipal de Ciudadanos, vive una calma tensa. Por una parte, hay voces sindicales de los trabajadores municipales que se han quejado de las continuas peticiones de expedientes de los partidos políticos para fiscalizar la labor del equipo de gobierno. Esto, a su juicio, provoca exceso de trabajo y ralentización de la gestión y atención al público necesaria diariamente para facilitar la documentación solicitada. Por otra, hay un claro enfrentamiento entre PSOE, Izquierda Unida y Podemos (Tú Decides), en un lado, y Partido Popular y Ciudadanos, en el otro.

Los primeros exigen la creación de una comisión de investigación para que se cite a toda persona u organismo necesario que ayude a aclarar la presunta corrupción de Gabriel Amat y una larga serie de empresas o familiares a los que favorecería su gestión. Los segundos defienden que ya hay creada una Comisión Municipal de Transparencia, presidida por Ciudadanos, encargada de investigar tal acusación analizando los documentos municipales oficiales necesarios, y la consideran innecesaria la citada comisión.

Ciudadanos mantiene que el apoyo a Amat depende de que sea o no imputado judicialmente, situación que no se ha producido, si bien no descarta que apoye una moción de censura si fuera necesario y las causas judiciales así lo aconsejaran.

En este sentido, recientemente el portavoz municipal del grupo socialista en el ayuntamiento roquetero, Manolo García, afirmaba que “una vez más, Ciudadanos está cercenando la posibilidad de esclarecer lo ocurrido con las múltiples empresas de familiares de Amat - que recibieron presuntamente adjudicaciones y contratos públicos- con la excusa de que ya se está haciendo esta labor en la comisión de transparencia que presiden ellos, cuando la realidad es que la última sesión tuvo que ser suspendida por falta de documentación”.

García aclaraba que “el calado y complejidad de los asuntos relacionados con Amat no debe despacharse de modo alguno con una simple dación de cuentas. Es desolador la incoherencia y la poca voluntad de Ciudadanos para arrojar verdad en una multitud de asuntos que afectan a nuestros vecinos y vecinas. No vamos a descansar hasta que los roqueteros sepan la verdad y conozcan que está ocurriendo en su Ayuntamiento. Si Ciudadanos nos impide esta vía, los socialistas buscaremos otra”, afirmaba el líder del primer grupo de la oposición municipal, refiriéndose a que, si se rechazaba la comisión de investigación, el PSOE buscaría otras vías.

“Abrir la puerta a un gobierno alternativo al del PP”

Por su parte desde el grupo municipal Tú Decides, la única formación que en la provincia de Almería logró el reconocimiento oficial de Podemos como representación suya, afirman que “la comisión de transparencia no sirve para nada porque solo podemos ver cientos de expedientes municipales oficiales, en los que como mucho queda patente la presencia del alcalde en reuniones en las que aparecen empresas que podrían estar dentro de las acusaciones de la presunta trama societaria, con lo cual se podría pedir como mucho su inhabilitación pero no llevarle a la cárcel. Solo una comisión de investigación permitiría escuchar declaraciones sobre procedimientos delictivos, ya que tales asuntos se cierran en lugares sin testigos”.

Por su parte, Izquierda Unida, una de las formaciones más combativas contra Amat, ya recordaba poco después de las elecciones, cuando los distintos partidos de la oposición, en caso de sumar sus fuerzas, hubieran desbancado de la alcaldía a Amat tras una veintena de años en el cargo, hecho que no se dio por el apoyo de Ciudadanos a última hora, mantenía entonces que “en el caso de las propuestas de alcaldables desde IU se recuerda que esta decisión es urgente e inaplazable para el día 13 de junio, ya que así lo establece la ley y es la única forma de abrir la puerta a un gobierno alternativo al del PP en Roquetas. Si ese día algún grupo se abstiene, se vota a sí mismo en solitario o vota a otro candidato que no sea el del consenso, Amat y el PP revalida de forma automática su mando ya que son la lista más votada”.

Ciudadanos mantiene que la comisión de transparencia que preside es el órgano competente para investigar los hechos, argumentando, en contra de la versión de la oposición que “vamos a seguir trabajando sin descanso en la comisión de transparencia, donde esperamos a todos los grupos políticos, para fiscalizar y controlar la labor pasada y presente del Grupo Popular en el consistorio. Esperamos no tener sorpresas como prescripciones de cualquier presunto hecho punible, de cualquier presunto delito penal, si se diese el caso”.

“Además lo hacemos, para más garantía de los roqueteros, mediante la firma por escrito de un pacto anticorrupción donde llegado el momento, no se va andar con contemplaciones para hacerlo valer. Tolerancia con la corrupción cero; estamos en un estado de derecho, y la palabra la tendrá un juez, no un titular de prensa; no artículos de prensa donde se recogen afirmaciones como al parecer, el yerno del Sr. Amat, era el consejero de la empresa. Nos preguntamos si al parecer no era consejero de la empresa hace 8 años, cuando se adjudicó el contrato”, mantiene el único diputado al Congreso de Ciudadanos por Almería, portavoz municipal roquetero Diego Clemente.

La manifestación fue convocada por Tú Decides, Podemos, Equo, Izquierda Unida y Partido Comunista, quienes se quejan de un ambiente políticamente feudal y de temor a hablar en la población almeriense

Amat mantiene que la justicia le sigue absolviendo de todas las causas y que su Ayuntamiento es el más saneado, más inversor y mejor gestionado de Andalucía

Unas 300 personas aproximadamente se manifestaron en la tarde del juevespor el centro de Roquetas de Mar (Almería) pidiendo la dimisión del alcalde, Gabriel Amat, presidente provincial del Partido Popular y de la Diputación de Almería, bajo sospecha desde hace varios años por diversos casos de presunta corrupción. La convocatoria partió de formaciones políticas como Tú Decides, que cuenta con una concejal en la ciudad, junto a Izquierda Unida, que tiene tres ediles, Equo y el Partido Comunista.

Según la concejal de Tú Decides (Podemos), Toñy Fernández, en la localidad se vive un ambiente políticamente absolutista y feudal. Sin embargo no secundó la protesta el resto de la oposición municipal, formada por PSOE y Ciudadanos, argumentando que se debía esperar a que el alcalde estuviera imputado para convocarla, ya que actualmente sigue siendo investigado por causas pendientes, pero ha salido airoso hasta el momento de los asuntos por los cuales ha tenido que prestar declaración. Tanto el PSOE como Ciudadanos, que mantiene a Gabriel Amat en la alcaldía gracias a su pacto con el Partido Popular, al ser la lista más votada, dieron libertad a sus militantes y simpatizantes a acudir a la protesta si así lo deseaban.

Al acabar la manifestación se dio lectura a un comunicado a las puertas de la casa consistorial, disolviéndose pacíficamente, si bien algunas voces pedían acercarse a la propia vivienda de Amat, muy cerca del ayuntamiento. El único diputado nacional de Ciudadanos en Almería, Diego Clemente, concejal en Roquetas, afirmaba que de haberse elegido otro lema para la marcha hubiera sido posible asistir a ella. Manuel García, responsable local del PSOE, mantenía que había que esperar a que Amat fuera imputado para expresarse.

Por su parte Gabriel Amat se había reunido la víspera de la manifestación con su militancia que abarrotó la sede roquetera del PP, afirmando que se iría a su casa cuando él creyera que tenía que irse o cuando se lo dijera la gente, pero que por ahora Roquetas tenía el ayuntamiento mejor gestionado de toda Andalucía, el más saneado y el que más inversiones ha hecho, “aunque quieran desprestigiarlo con mentiras”. El alcalde recordó a su militancia que los jueces le estaban dando la razón al ayuntamiento en procesos judiciales abiertos hasta ahora como el del Teatro Auditorio (coste del doble del presupuesto inicial) o La Fabriquilla (chalets privados de lujo en zona recalificada) “y todos estos procesos se han ido ganando pero en el cuerpo se llevan las acusaciones”, refiriéndose Amat a los años que duran los litigios y acusaciones contra él.

Actualmente la presunta corrupción se centra en la conocida como 'trama societaria' en la que se investiga a Amat por supuestamente haber beneficiado a empresas familiares y amistades de concesiones públicas. Precisamente los manifestantes pidieron que se arropara a la juez que lleva el caso y que recientemente rechazó las alegaciones presentadas por los abogados de Amat y del ayuntamiento contra las nuevas diligencias solicitadas por la fiscalía.

Hay que recordar que Izquierda Unida acaba de presentar un escrito en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería “para que investigue si hay algún tipo de delito en cuanto al incumplimiento de Gabriel Amat, como alcalde en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al no abstenerse en la votación en la que se adjudicaron unas obras a la empresa que gestionaba su yerno, Jarquil Verde S. L.”, según explicó el concejal roquetero Juan Pablo Yakubiuk, acompañado de la coordinadora de su asamblea local, Belén Pérez, así como de la coordinadora provincial de IU en Almería, Rosalía Martín, y el secretario de Organización, Rodrigo González.

“Acudimos al juzgado por responsabilidad. Ya tratamos de que se esclareciera este tema en el pleno, y el alcalde no asumió responsabilidades, gracias a la abstención de Ciudadanos, invitándonos a acudir al juzgado. Así lo hacemos, para que se determine si hay responsabilidades administrativas, que podrían terminar con la inhabilitación de Gabriel Amat”, dijo Yakubiuk.

Rosalía Martín, ex parlamentaria andaluza, destacó que el grupo municipal de Izquierda Unida en Roquetas así como la asamblea local “están cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades como grupo de la oposición, y es que ante la imposibilidad de abrir vías de investigación en el propio consistorio local, se eleva a la Fiscalía para que depure las responsabilidades que crea oportunas”.

Para Martín “este es el camino a seguir, porque eso evitaría que nos encontráramos con situaciones como nos encontramos ahora. Nos aparecen temas de Albox, el Algarrobico, Vera, tantas situaciones que si desde Fiscalía se hubieran iniciado las investigaciones oportunas no estaríamos hablando de décadas de descontrol, malversación de fondos públicos, que a quien le cuesta el dinero es a la ciudadanía en general, aunque luego hay políticos como el alcalde de El Ejido que solicitan que volvamos a pagar entre todos el dinero que otros se han llevado”.

Tres contratos fueron concedidos a la empresa Jarquil Verde S.L. por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) en 2008, 2009 y 2014 por una cifra que alcanza los 950.000 euros, según adelanta El País. Se trata de una empresa cuyo consejero era y es José Zapata Pomares, por aquel entonces yerno de Gabriel Amat, líder del PP en Almería y alcalde de la localidad.

En el primer contrato, en 2008, se adjudicaron 29.700 euros por realizar “un inventario del arbolado público”. La adjudicación se produjo dos meses después de que Zapata se incorporase como consejero en dicha firma. La empresa de Zapata fue elegida pese a que su oferta económica era 19.700 euros más cara que la de otro de los aspirantes por contar con “localización de palmeras por GPS”.

En 2009, el contrato ascendió a 887.476 euros para un contrato suyo objeto era “la plantación de un seto, la aplicación de un tratamiento fitosanitario para palmeras y la colocación de vallas”. La adjudicación fue a una UTE formada por la mencionada Jarquil Verde S.L. y la firma Urbaser. La última adjudicación data de 2014 y asciende a más de 35.500 euros.

No es la primera vez que el nombre de José Zapata Palomares aparece ligado al del hombre fuerte del PP en Almería. De hecho, aparece como administrador solidario de la empresa Sur Poniente, que vendió coches al Ayuntamiento de Roquetas por valor de 200.000 euros. 

El supuesto entramado de Gabriel Amat está siendo investigado en el juzgado número 1 de Roquetas de Mar por delitos de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La jueza María del Mar Alejo se ha dado otros 18 meses más para la investigación dada la complejidad del caso.

La localidad almeriense acoge una gala flamenca que ha aunado solidaridad e historia, rememorando los orígenes de la bicentenaria fiesta de los pescadores, Las Moragas, celebrada este martes

Ángela Molina López cumple dos años en febrero. Es la única andaluza que padece la enfermedad de Neumann-Pick, con solo una veintena de casos en toda España, cuyo cruel destino puede ser morir antes de los diez años si no fructifica un tratamiento experimental procedente de Estados Unidos que todavía no ha sido probado en ningún ser humano en el mundo. Sus padres, con otra niña de seis años, totalmente sana, están actualmente parados.

Para recaudar fondos se ha celebrado una gala flamenca llamada 'Añoranza Moraguera' que rememoró los orígenes de la bicentenaria fiesta de los pescadores en Roquetas de Mar (Almería), Las Moragas, que se celebra cada 29 de diciembre y que ha reunido a miles de personas que, en torno a hogueras y cantes tradicionales, almuerzan, meriendan, cenan y continuaron la fiesta hasta casi el amanecer. Los padres de Ángela no han podido llevar a la playa a la pequeña porque sufre herpes en el rostro y está muy débil.

Hace unos días, la gala solidaria recreó un taller de flamenco. La bicentenaria fiesta comenzó en el primer tercio del siglo XIX, sobre 1820, cuando Roquetas era muy pobre y las familias esperaban ansiosas en la playa que los hombres volvieran con la pesca. Con el cante de Sonia Miranda, la guitarra de Hugo del Pino, Salvador Martos a la percusión y Carmen Rubí al baile, recaudó fondos para la pequeña Ángela. Cientos de personas asistieron, entregándole a la pequeña y a sus padres varios regalos como recuerdo. El patio de butacas respondió solidariamente en Roquetas de Mar como se esperaba. Para colaborar, la familia tiene una página de Facebook (Ayuda para Ángela) y un teléfono (605 169 404).

Los padres de Ángela recuerdan que la pequeña ya tuvo anteriormente una parada cardiorrespiratoria y estuvo en coma por lo que se le suspendió el tratamiento. El Hospital Torrecárdenas le financió un medicamento llamado Ciclodextrina, con un valor de 200.000 euros que actualmente toma, pero afirman que “es una vergüenza que esté en lista de espera para recibir atención temprana. Hacemos sorteos y de todo para raecaudar fondos para su mantenimiento y le llevamos al centro Indalfi en El Parador”.

Su esperanza está en la visita que harán el próximo mes de febrero a Zaragoza, donde científicos españoles y norteamericanos van a exponer el nuevo tratamiento que han logrado, pero que sin embargo aún no se ha probado en ninguna persona en too el mundo. El futuro de Ángela es incierto y, de recibir el nuevo tratamiento, sería una de las primeras personas en recibirlo en todo el mundo.

La enfermedad de Niemann-Pick produce acumulación de colesterol en el cerebro, el hígado y el bazo. Este depósito va originando una alteración en las células deteriorándolas y deformándolas hasta la muerte. En toda España hay una veintena familias afectadas que realizan reuniones y conferencias para discutir y analizar detenidamente los tratamientos preventivos posibles de la enfermedad que, al catalogarse como rara y tener una prevalencia de uno entre un millón, causa interés nulo por parte de los laboratorios científicos para investigarla. De esta manera los familiares se ven obligados a sufragar los gastos con la ayuda de administraciones locales para la investigación.

Los más propensos a padecerla son los adolescentes y los niños aunque se sabe que puede atacar a cualquier edad, y la esperanza de vida es inferior a los 10 años en los niños y 30 en los jóvenes. El desarrollo de esta enfermedad se caracteriza por el paulatino deterioro de las funciones vitales del organismo. Es degenerativa y, por lo tanto, mortal en el 100% de los casos. Aún no se ha encontrado un tratamiento eficaz para curarla completamente, sin embargo, en la actualidad se están tratando de paliar las complicaciones que aparecen.

Las Moragas, en navidades

Según el reconocido y octogenario investigador local Gabriel Cara, quien a las doce de la mañana ya se dirigía apoyado en su muleta a la playa para reunirse con sus familiares en Las Moragas, “la fiesta ya la celebraban mis bisabuelos y tatarabuelos. El primer documento escrito tiene fecha de 1915, y el original lo conservo yo por suerte, cuando los pescadores solicitaron al alcalde siete pesetas para comprar pescado y como no lo encontraron ni en Roquetas ni en Adra le pidieron de nuevo y el alcalde les dio 40 pesetas para comprar por primera vez un cordero”.

“Posiblemente el nombre de la fiesta proceda de los árabes que celebraban en la cercana sierra de Enix una fiesta llamada 'moraca'. Años más tarde los armadores celebraban la fiesta para endurecer las redes de los barcos con productos naturales e invitaban a los pescadores con vino y viandas y luego a lo largo del siglo XX la fiesta se fue generalizando y agrandándose con el aumento de población hasta llegar al dia de hoy”, recuerda uno de lo hombres que más sabe de la historia local y regenta un Museo de Costumbres Populares en el centro de la ciudad.

La muerte de un hombre de 41 años, de origen guineano y que fue apuñalado la noche del viernes tras una discusión de tráfico, ha quebrado la convivencia en la población.

La policía, que todavía no ha detenido a nadie, ha montado guardia para evitar que estos hechos deriven en enfrentamientos más graves como ocurrió en 2008 por un suceso similar.

Las autoridades confirman que ha habido algún intento de linchamiento, si bien el fuerte despliegue policial trata de mantener la calma en el entorno de Cortijos de Marín.

Trágica noche de Navidad en Roquetas de Mar (Almería) tras escasas horas de celebrar el Gordo de la Lotería de Navidad con quema de contenedores, lanzamiento de piedras y varios heridos por la muerte de un hombre apuñalado presuntamente por otros, lo que provocaba una gran confusión y el corte de la carretera hacia La Mojonera desde el casco urbano, si bien una tensa calma se respira horas después en las barriadas afectadas gracias al fuerte cordón policial que vigila el lugar. La nacionalidad de la víctima y de los presuntos atacantes ha hecho que la situación derive en un enfrentamiento de corte xenófobo, pero las autoridades insisten en la buena convivencia que hay en este municipio y lo atribuyen a un hecho aislado.

Según la Subdelegación de Gobierno, la víctima, de origen gineano, fue apuñalada durante una discusión de tráfico por uno o varios agresores de nacionalidad española. El concejal de IU en el municipio, que precisamente es inmigrante de origen argentino, Juan Pablo Yakubiuk, ha afirmado en las redes sociales que “los inmigrantes en Roquetas de Mar no son el problema”. De hecho, entiende que este problema se debe a “otro origen que nada tiene que ver con nacionalidades”.

En este contexto, un amplio dispositivo policial tuvo que pedir refuerzos tras resultar heridos tres agentes en los disturbios que siguieron al crimen. En este sentido, la muerte de este varón, de 41 años y originario de Guinea Bissau, apuñalado durante una discusión de tráfico, provocaba altercados en Roquetas de Mar y fuegos incontrolados en contenedores y otros puntos del municipio. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno informan de que el agresor o agresores son del entorno de Cortijos de Marín, por lo que los agentes se han concentrado en lugar para evitar enfrentamientos entre los inmigrantes y otros vecinos de este barrio. De hecho, han confirmado que ha habido algún intento de linchamiento.

Los hechos se originaron la madrugada de este viernes, cuando la víctima, residente en la cercana población de La Mojonera, circulaba en coche. Se encontró con que le impedía el paso el vehículo de los presuntos agresores, que le habrían gritado: “Por aquí no pasa nadie”. La víctima se habría bajado de su vehículo tras lo que resultó mortalmente apuñalada en el abdomen durante la discusión. Su acompañante avisó a la policía, y otro vehículo que circulaba junto al de la víctima logró evitar la agresión al echar los pestillos de seguridad de las puerta del coche, según los primeros testimonios.

En este sentido, un familiar del fallecido ha relatado que a los primeros le cortaron el paso. Pero los demás bloquearon la puerta del coche. “Mi tío, que iba con otra persona en el coche, bajó del vehículo mientras el otro llamaba a la policía. En ese momento le dieron las apuñaladas, que según los testigos fueron cinco”, ha contado este familiar, sobrino de la víctima. Se trata de Bernardo Tomás Gómez, quien ha comentado a La Voz de Almería: “Nosotros lo que pedimos es que esta muerte no se quede en vano, por favor. Queremos saber hasta el último detalle de cómo ha sido y cómo lo han matado, quiénes han sido, si uno o dos. Queremos que se sienten en el banquillo y que se juzgue esta muerte, para que no quede en vano, si no seguirán pasando cosas parecidas”.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Guinea, usando la megafonía de la Guardia Civil, intentó convocar una reunión entre los presentes “para calmar los ánimos” porque no querían “liarla”. Pero hay mucho miedo en el barrio y se teme que se reproduzcan los disturbios.

Los bomberos solicitaron durante los incidentes protección para llevar a cabo las labores de extinción de los fuegos que habían encendido en las protestas, quemando varios contenedores. Tras la agresión, los compatriotas del fallecido intentaron de madrugada comprar gasolina en la estación de servicio situada en las inmediaciones y ante la negativa del empleado a vendérsela tiraron una botella.

Por el momento, no se han producido detenciones y continúa la búsqueda de los autores del crimen. No es la primera vez que ocurre en Roquetas de Mar. En el Barrio de las 200 Viviendas, tras la muerte violenta de un senegalés a manos de un vecino del lugar en 2008, también hubo numerosos disturbios.

Más de medio centenar de efectivos antidisturbios de la Guardia Civil, llegados desde el resto de Almería, Sevilla y Valencia, se mantiene en Roquetas de Mar para garantizar la seguridad y evitar que se reproduzcan altercados en las próximas horas.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), ha afirmado que “no se puede criminalizar a un colectivo por un hecho aislado”. Tras reunirse con familiares y compañeros de la víctima, asegura que “hay que esperar y dejar trabajar a las fuerzas de seguridad para que esclarezcan lo ocurrido”.

En Roquetas de Mar hay más de un centenar de nacionalidades, pero Gabriel Amat insiste en que el suceso “no responde a un problema de integración, ya que la convivencia se demuestra día a día y no con hechos aislados”. En este sentido, el regidor, que ha hablado con asociaciones de inmigrantes y con el embajador de Guinea, ha declarado a los medios de comunicación que “al parecer fueron personas llegadas de fuera las que provocaron los incidentes”. Para concluir: “Debemos esperar a que la investigación siga su curso, porque todo va a quedar clarificado”.

Según el subdelegado del gobierno, Andrés García Lorca, “menos del 1% de la población subsahariana participó en los disturbios”. Y en Roquetas de Mar viven más de de 3.000 personas personas con este origen, según sus datos. Finalmente, ha subrayado que en estos momentos se trabaja para dar sepultura al cadáver en el municipio o para proceder a repatriarlo.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería, Rafael Esteban, ha registrado en la mañana de este viernes un escrito en el que solicita al actual alcalde en funciones y aún concejal de Urbanismo, Ramón Fernández Pacheco, la convocatoria extraordinaria y urgente del área que dirige ante la grave información relativa a que el presidente de la Diputación y también presidente del Partido Popular, Gabriel Amat, se ha beneficiado de una recalificación de terrenos gracias a los votos favorables de su partido en el Ayuntamiento de Almería.

“Queremos que se convoque de forma urgente una comisión de Urbanismo con un único punto en el orden del día para que el Partido Popular de todas las explicaciones que le exijo en calidad de portavoz de IU. La gravedad de los hechos que se denuncia requiere la investigación y el esclarecimiento de una operación urbanística en la que la influencia política y la información privilegiada parece que han sido claves en este beneficio económico por parte de un alto mandatario del PP”, sostiene Rafael Esteban. “Estos hechos tienen nombre de delito: tráfico de influencias y alteración del precio de las cosas”, añade el portavoz de IU.

Este grupo político, que votó en contra del PGOU, documento urbanístico en el que se enmarca esta recalificación de terrenos, recuerda que el PP lleva gobernando esta ciudad desde los últimos doce años, por tanto, es el alcalde dimitido y sus concejales de Urbanismo, los que han validado esta operación urbanística tan lucrativa para el Presidente de Diputación que ahora se denuncia.

El portavoz de IU, Rafael Esteban, recuerda que hace dos años votó en contra del PGOU porque el diseño de la ciudad que planteaba el PP respondía a “los intereses de particulares y privados en lugar de a la ciudadanía en general. ”Lo decíamos entonces y lo seguimos diciendo, la derecha almeriense cuando ha gestionado el urbanismo local ha sido servicial con los dueños de los terrenos“, asevera.

Por su parte y en la misma línea, el portavoz del Psoe en el Ayuntamiento, Juan Carlos Pérez Navas, también ha pedido la reunión urgente este próximo martes de la citada comisión de urbanismo, presidida por Ciudadanos, “para aclarar este tema”, así como que el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, dé “explicaciones”.

El secretario de organización del PSOE almeriense también ha comentado que la revisión del PGOU tarda diez años mientras se han ido ejecutando modificaciones puntuales para “ir acomodando ciertas operaciones”.

El presidente del comité electoral del PP andaluz, presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, compró unos terrenos de escaso valor sobre los que el Ayuntamiento de Almería aprobó una recalificación que ha disparado en cuatro millones de euros su precio, según adelanta El País. Este mismo viernes se celebraba la despedida de Rogelio Rodríguez-Comendador como primer edil de la capital almeriense, que aspira al Senado, a la que no faltó Amat, hombre fuerte de los populares en la provincia desde hace años y con una gran vinculación con el expresidente del PP-A Javier Arenas. El pasado febrero, Amat esperaba que Arenas se integrara en la lista para las andaluzas.

La iniciativa municipal que validó la recalificación transformó de rústico a terciario dos hectáreas de suelo cuyo precio de mercado pasó de 5 euros a 200 euros el m2, pasando de tierras improductivas a ser aptas para levantar un centro comercial, multiplicándose por cinco la inversión realizada por el dirigente y su esposa, María del Carmen Pintor Moreno, quienes adquirieron los terrenos situados en la partida almeriense de Callejones de Huércal, en noviembre de 2005, a través de la firma Softtoll SA.

El adjudicatario de la parcela, según El País, fue el yerno del dirigente, José Zapata Pomares, con un pago en dos cheques de Cajamar por 1,7 millones de euros desde una cuenta común del matrimonio y 30.000 euros en metálico, según la escritura de compraventa sellada en una notaría de Almería. Amat sostiene que se limitó a prestar el dinero a su yerno y descarta que tuviera información privilegiada, restando importancia a que ofreciese 1,7 millones por unas tierras improductivas cuyo precio de mercado no pasaba de los 100.000 euros, según un tasador profesional citado por el periódico.

Amat señala al respecto que la finalidad de la compra de los terrenos fue abrir un concesionario de Volkswagen. El dirigente ocultó este dato en su declaración de incompatibilidades que presentó en mayo de 2011 cuando resultó reelegido alcalde de Roquetas de Mar. Amat se ha desvinculado públicamente de Softtoll SA, dedicada a la construcción, a pesar de tanto él como su esposa figuran en la empresa desde noviembre de 2008.

Amat dijo entonces tener intereses en automoción —dispone del 44% de las acciones de Sur Poniente, una sociedad con 101 empleados que gestiona concesionarios de Volkswagen en Almería y que registró en 2013 unas ventas de 23 millones de euros, informa El País, que añade que la Junta de Andalucía debe dar el visto bueno a la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Almería que incluye este 'pelotazo urbanístico' a favor de Amat, que desde 2008 es también presidente del Comité Electoral del PP de Andalucía, un órgano que confecciona las candidaturas.