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La jueza trocea el caso de las presuntas comisiones destinadas a políticos, técnicos y campañas electorales del PP en Almería

Uno de los recibís de la constructora aportados en la investigación, con un pago de 36.000 en concepto de "campaña electoral Roquetas"

El juzgado de instrucción 3 de Almería, que dirige la investigación por las presuntas comisiones destinadas a políticos, técnicos y campañas electorales del PP en Almería a cambio adjudicaciones de obras, ha decidido poner fin a su investigación y enviarla, troceada, a los juzgados de Roquetas de Mar y El Ejido. “Resultan perfectamente individualizables los hechos delictivos presuntamente cometidos”, señala la jueza, que se adhiere a la petición de la Fiscalía. Las acusaciones habían pedido que se citase a declarar como investigados a 45 personas, entre ellas Gabriel Amat, alcalde de Roquetas y líder del PP almeriense desde 2004. La jueza lo rechaza y dice que deberán ser los juzgados de Roquetas quienes decidan si llaman a Amat y el resto de diligencias.

Un informe policial concluye que una constructora de Almería financió parte de las campañas electorales del PP

Un informe policial concluye que una constructora de Almería financió parte de las campañas electorales del PP

El juzgado de la capital asumió la investigación, que había llegado procedente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el año 2014, tras una denuncia formulada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT). Ahora, la jueza titular ha cambiado de parecer. En un auto dictado el 14 de octubre señala que, a la vista de los informes que remitió la UDEF hace ahora un mes, los hechos presuntamente delictivos resultan “perfectamente individualizables” en los partidos judiciales de Roquetas, El Ejido y Almería, y que las decisiones sobre competencia son "provisionales".

Por eso, ordena la formación de piezas separadas en El Ejido y Roquetas y señala que “acordará lo procedente” respecto a los hechos cometidos en el partido judicial de Almería. En los informes policiales constan también 'recibís' incorporados a la causa por 18.000 euros, en concepto de "campaña municipal - Diputación", y por 25.000 euros, en concepto "PP Níjar". También hay recibos supuestamente vinculados a obras en Vícar o en Carboneras, cuya investigación correspondería al partido judicial de Almería, según el criterio de la jueza.

La jueza ha seguido el criterio de la fiscal, copiando parte de su argumentación. Ambas creen que separar las piezas servirá de “remedio práctico y eficaz” para agilizar una causa “de gran envergadura subjetiva y objetiva”, que había alcanzado los 40 tomos y 365.000 folios y a la que aún le resta un buen número de diligencias por practicar. Se investigan posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La acusación popular teme que el “núcleo” de la corrupción quede sin investigar

Una vez que sea remitida a Roquetas y El Ejido, la causa tendrá que ser turnada y asumida por jueces que no la conocen. En lugar de dividir y repartir, AMAyT recuerda que el juzgado podría haber pedido refuerzos o un juez de apoyo para una causa compleja que la propia jueza había prorrogado hasta 2023.

Repartir la causa a dos partidos judiciales donde supuestamente se pagaron comisiones ilegales supone también dejar fuera de la causa el elemento supuestamente común: la presunta existencia de una caja B en el Partido Popular almeriense. “La causa común, que es un presunto delito continuado de corrupción o la financiación ilegal [de 2000 a 2010, y quizá más allá, según la investigación], se la han cargado”, señalan en la asociación: “¿No es la misma empresa la que está cometiendo el delito? ¿Se ha estado pagando en dinero B a políticos, el 99% del PP? ¿No hay conexión ahí? ¿No son todo obras con modificados? ¿No van a investigar el dinero, cuando hablamos de que hay recibos comunes que hablan de determinadas campañas electorales? ¿Van a abrir una por cada oficina del PP en la provincia?”, se preguntan en la asociación.

AMAyT recurrirá, alegando que el CGPJ aconseja abrir piezas separadas sólo cuando se tenga una “idea real de los contornos, magnitud y del conjunto de los hechos justiciables”, lo que aún no ocurriría. Además, la asociación cree que esas eventuales piezas separadas deberían abrirse en el juzgado que hasta ahora ha investigado e incluir una pieza sobre “las interacciones y las vinculaciones de la organización criminal que afecta a varios municipios, casi todos del Partido Popular, y que tenía por finalidad la financiación del partido y sus campañas electorales”.

En AMAyT advierten que, una vez en Roquetas y El Ejido, las causas podrían a su vez subdividirse, quedando diluida la supuesta estrategia común: una causa por cada una de las decenas de adjudicaciones sospechosas. Algo así ocurrió con la llamada “trama Amat”, en la que se investigaba el entramado de empresas suyas o de sus familiares, y las adjudicaciones o licencias que había recibido. Esta investigación fue desmembrada, una por cada empresa, y las 27 piezas archivadas, a petición de la Fiscalía.

Decenas de contrataciones asociadas a recibís

La decisión de trocear la causa se produce justo después de que a AMAyT se hayan sumado el PSOE y Adelante Andalucía, presentando sendas querellas seis años después de la primera, que se han unido a la causa. El PSOE y Adelante presentaron sus querellas después de conocerse el informe de la UDEF. La hipótesis de la Policía es que el ayuntamiento de Roquetas cometió irregularidades en la adjudicación de 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería (Halsa) por valor de más de 77 millones de euros.

La Policía concluye que llegaron a redactarse pliegos de antemano para beneficiar a Halsa, que a cambio habría abonado comisiones a técnicos y políticos. En el caso de Roquetas, Halsa habría pagado 5,4 millones por 62 expedientes de contratación, que la Policía asocia con recibís que obran en la causa. Los investigadores también apuntan a permutas, subastas de terrenos y adjudicación de obras en La Mojonera que beneficiaron a una filial de Halsa participada por José Cara, entonces alcalde del municipio y hoy presidente de IFAPA, instituto de investigación agraria de Andalucía. Los investigadores creen que las comisiones pagadas por Halsa sirvieron, además, para financiar campañas electorales. En total, la UDEF contabiliza 136.500 euros en pagos a distintas agrupaciones del PP almeriense.

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Publicado el
21 de octubre de 2020 - 22:50 h

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