El primer concurso público de la EMVS dedicado a rentas medias y que deja fuera del sorteo a familias con menos ingresos de 3,5 veces el IPREM acaba de entrar en terreno judicial. Más Madrid ha presentado un recurso de reposición contra el decreto del delegado de Vivienda del Ayuntamiento por considerar que no puede cambiar un reglamento municipal con esta mera publicación.

A principios de abril, el Gobierno de Almeida anunció un programa de alquileres asequibles para “rentas medias”, comenzando con una promoción en Barajas. Al día siguiente se producía la publicación del decreto ahora denunciado, que ahora acaba de abrir inscripciones para el sorteo.

El decreto establece que solo pueden optar a las 52 viviendas que forman parte de la promoción madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y por debajo de 5,5 veces esta misma cifra, lo que en la práctica se puede traducir en que una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de unos 68.000 euros.

Más Madrid cree que un decreto así “excede de una mera actuación de gestión o ejecución administrativa, introduciendo reglas generales aplicables a una pluralidad indeterminada de personas destinatarias, con vocación de aplicación futura”, explica el texto del recurso, al que ha tenido acceso este periódico. El Reglamento para la adjudicación de las Viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) se aprobó en 2021 en el Pleno municipal y los de Maestre creen que un cambio de este calado como el introducido ahora debería pasar por el mismo ámbito.

Tampoco está de acuerdo Más Madrid en que, además del criterio de los ingresos familiares, también se eliminen otros reglamentos en el acceso (el vínculo laboral, por ejemplo) y se introduzca la obligatoriedad de llevar empadronados cinco años en la ciudad, o tener una edad comprendida entre los 18 y los 50 años. Por último, el reglamento actual no recoge exclusión por antecedentes penales o por previos procedimientos arrendaticios.

Según el consistorio, los futuros adjudicatarios de esta promoción, llamada Iberia Loreto 1, nunca pagarán por estas viviendas más del 30% de los ingresos de su unidad familiar, con rentas que van desde los 700 euros a los 1.000 mensuales, aproximadamente, para pisos de dos y tres dormitorios y garaje.

“Viviendas a rentas medias y altas”

Más Madrid pide la nulidad del decreto por estas razones, ya que considera que “el Gobierno de Almeida ha modificado el modelo actual de acceso a la vivienda de la EMVS por la puerta de atrás, sin pasar por el pleno, a golpe de decreto”, denuncia Rita Maestre, en declaraciones a este periódico. “Por eso hemos presentado un recurso de reposición contra una decisión que cambia las reglas del juego para acceder a una vivienda pública de alquiler”.

Maestre recuerda que el decreto, “en vez de cambiarlas para favorecer a las personas y a las familias que cada día tienen más difícil acceder a una vivienda en Madrid y a las más vulnerables, la EMVS ha empezado a destinar viviendas a rentas medias y altas”. También apunta que el nuevo modelo de la EMVS eleva los límites de renta desde los 3,5 hasta 7,5 veces el IPREM -no previsto en esta promoción, pero sí en el decreto, endurece el empadronamiento, establece límites de edad y nuevas causas de exclusión.

“El modelo de Almeida está muy claro: ante la mayor crisis de vivienda que sufre nuestra ciudad, deja fuera a los que cobran menos de 25.000 euros al año, desahucia a familias vulnerables y construye a un ritmo ridículo”, asegura Maestre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid defendió este lunes que la inscripción para el sorteo “permite ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales”, asegura e el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, en una nota de prensa publicada por el consistorio. Según el edil, esta promoción da respuesta a un amplio segmento de población con sueldos medios que en la actualidad queda fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales de vivienda que, hasta ahora, se estaban llevando a cabo.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, asegura desconocer los desalojos emprendidos por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), dependiente de su propio Gobierno municipal, y que la empresa está negándose a reunir con los inquilinos, según le han contado los propios afectados. “No era consciente de esto”, ha respondido a un grupo que protestaba contra estos procesos este martes en el Teatro Real. A pocos metros de la inauguración del Bloomberg CityLab, un encuentro de líderes municipales mundiales para debatir el futuro de las ciudaded.

“Explícale al alcalde lo que está pasando”, ha indicado en primer lugar una persona a la manifestante que se dirige luego al regidor: “Soy una madre de 40 años. El edificio de EMVS está en la calle Doctor Tolosa Latour. Tengo tres niños menores, estoy enferma, al corriente de pago y me quieren desahuciar por una antigua deuda que estoy pagando. Hay edificios igual en Usera, Villaverde, Vallecas o Carabanchel”.

La afectada cuenta que “escribí al correo electrónico [del alcalde], me contestaron del gabinete y remitieron a EMVS, que ha pasado de todo y no me atienden”. Es entonces cuando Almeida responde a la mujer que “eso no puede ser de ninguna manera”. Cuando otra manifestante indica que “se están yendo familias a la calle sin alternativa y ya hay familias desahuciadas”, el regidor asegura que pretende tomar cartas en el asunto: “No era consciente de esto. Llamo ahora mismo a EMVS y que os reciban”. “Tienen derecho a ser escuchados”, concluye el primer edil.

Mercedes Revuelta es la mujer que facilita esa conversación entre Almeida y Vanesa, la madre de una familia con una orden de desahucio programado para finales de mayo. En declaraciones Somos Madrid, esta activista de la Asamblea de Vivienda de Usera (vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca) señala que Vanesa “no tiene ninguna alternativa habitacional y está volviéndose loca para encontrarla”.

Cuestiona que el alcalde, “máximo responsable que debe supervisar y hacer las directrices de EMVS”, diga que no tenía conocimiento de estas prácticas: “En la sede de la empresa municipal ni nos reciben ni se sientan a negociar. Los activistas y los afectados estamos haciendo nuestros trabajo con creces. El alcalde y EMVS, no”.

Desde la compañía pública reconocen en declaraciones a este diaro que cuando el conflicto se judicializa “no hay interlocución directa”, pero mantinen que antes de ello “siempre hay atención”. “Por motivos de protección de datos y al afectar a derechos fundamentales y de privacidad de los afectados, no podemos dar información concreta de procedimientos actuales”, matizan a la hora de valorar casos específicos.

Declaran que “solo se inician procedimientos judiciales por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y subarriendos”. En esos supuestos, “los servicios jurídicos de EMVS Madrid cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda”. Lo explican aludiendo a que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños, y sujetas a una normativa y un reglamento por cuyo cumplimiento EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar”.

60 juicios “porque en EMVS no le ha dado la gana de hacer bien su trabajo”

Revuelta afirma por contra que “EMVS está desahuciando a un porrón de familias”. Narra casos como el de Eva, “que duerme con sus tres niños hacinados en el sofá de un amigo”. “Hay 60 expedientes judicializados de EMVS porque no les ha dado la gana de hacer bien su trabajo. Deudas que van de unos 400 euros a unos 7000, pequeñas si tenemos en cuenta que hablamos de desahuciar gente de sus casas, que además son públicas. Todo porque no les ha dado la gana renegociar la deuda o hacer planes de deuda a los afectado aunque sean inquilinos que llevan muchos años”, expone esta defensora de los derechos en materia de vivienda. En paralelo, el consejo de administración de la entidad ha aprobado incorporar dietas de 612 euros por reunión para todos sus miembros, una política promovida por el propio equipo de Almeida.

“Si a alguien le falla el ingreso mínimo vital un mes, hay que buscar formas de replantear esa deuda, no puedes desahuciar para que entren inquilinos con mayor nivel de renta. Ya vemos en el plan ReViVe para que tipo de rentas se dirige, o en otros programas”, denuncia. Cree que es “una sinvergonzonería, cuando EMVS es el último recurso de muchas personas”.

En EMVS desmienten estas afirmanciones y sostienen que “planes de pago se hacen siempre”: “No llevamos al tribunal a quien queriendo pagar no puede. Ahora bien, si hay 60.000 personas en lista de espera que quieren pagar, no es de recibo que haya gente que pudiendo pagar no lo haga. Es un bien público y hay que cuidarlo como tal, como montar en autobús. La oposición deberá aclarar si apoya el cumplimiento de la ley y a los solicitantes inscritos legalmente en el Registro de Vivienda, o si respalda a quienes incumplen las normas y okupan ilegalmente el patrimonio de todos los madrileños”.

Una oposición que ha criticado duramento las respuestas de Almeida en la mañana de este martes. “La caradura del alcalde no tiene límites”, declara la concejala de Más Madrid Lucía Lois sobre el hecho de que el máximo mandatario municipal haya negado tener conocimiento de los desalojos de EMVS. “Llevamos tiempo denunciando esta política, pero puede que no se entere de nada entre feria y feria haciendo de comercial para los fondos buitre”, dice. “Ha pasado de tres desalojos en octubre de 2023 a 60 este abril. Almeida cierra la puerta de la vivienda pública a los más vulnerables justo después de que el PP dejara caer el escudo social en el Congreso”, reprocha la edil.

Para Mercedes Revuelta, ante deudas que se mueven en unos cientos o poco miles de euros o en contratos que pasan de padres a hijos y por tanto podrían contemplar la subrogación, la entidad pública debería ser garantista: “Son buenos inquilinos que pagan su renta y suministros”. Pero además, recuerda que establecer planes de deuda “es obligatorio, no una cuestion de humanidad, porque sabemos que EMVS no tiene ninguna”.

“Se debe permitir a las trabajadoras sociales hacer su trabajo; ir a las casas para ver por qué no se ha pagado y establecer planes de pago por una cantidad determinada de euros al mes que se añada a las mensualidades”, recalca Revuelta. Y añade: “Hay grandes empresarios que no pagan impuestos y se les hacen planes de pago, ¿cómo no permitirlo también con familias con menos posibilidades de defenderse?”. En EMVS argumentan que “la asistencia social opera en la propia empresa para los casos más extremos” y apostillan que “al que quiere pagar se le ayuda”.

El modelo de EMVS como modelo de ciudad

Todo ello, critica la activista, mientras “EMVS lleva diez años con el mismo número de viviendas (9.000)”. “No aumentan el parque ni llevan a cabo grandes sorteos, más allá de las 300 viviendas que rotan cada año por muerte o mudanza”, remata. Unas cifras que desmienten en la entidad: “Desde 2019, hemos pasado de 6.258 viviendas a alrededor de 10.000, un 60% y casi 3.600 patrimonios más. 3.300 de ellas son de nueva construcción y el resto compra. Además, se están edificando casi 6.000 viviendas más”.

La protesta de este martes, cuyos organizadores califican de “escrache”, ha sido promovida por la Asamblea de Vivienda de Usera, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y la PAH de Getafe. Buscaban la “gran visibilidad del evento”, pero también aprovechar su potencial simbólico: “Vienen alcaldes de ciudades con muchos problemas, pero que lo hacen mejor en materia de vivienda dentro de sus competencias, como Londres, París o Barcelona”, detalla Revuelta. “Se va a hablar de vivienda, de casas públicas que las personas amenazadas con un desahucio han contribuido a construir con sus impuestos y a mantener con sus esfuerzos. Por eso es improtante que los afectados estén delante”, dice para finalizar a este periódico.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba hace semanas una reforma “muy profunda” del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para favorecer a quienes acrediten una residencia continuada en la ciudad. Estos cambios no se han concretado por el momento en el conjunto de las promociones, pero sí se despliegan ya en algunas específicas.

Así lo trasladó el pasado 9 de abril la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, al exponer los pormenores de la promoción de 52 viviendas Iberia Loreto, 1, en el distrito de Barajas. Fuentes de la propia entidad trasladan a Somos Madrid su apuesta por el “arraigo vecinal” de quienes resulten beneficiados de este nuevo modelo de promociones, aunque apostillan que por el momento se mantienen las que no incluyen exigencias concretas en materia de empadronamiento.

Así, el programa general de vivienda pública de EMVS seguirá teniendo como principal requisito que quienes se beneficien de él tengan unos ingresos familiares medios anuales que vayan desde la no declaración de ingresos hasta 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), una cifra que se sitúa alrededor de los 42.600 euros brutos en unidades familiares de dos miembros y 44.300 si son cuatro. Y que aumentará en función del número de integrantes de la unidad familar. Para calcularlo, se suelen sumar las bases imponibles de la declaración de la renta y dividir entre el número de miembros de dicha unidad, comparando el resultado con los límites del IPREM.

Además, es preceptivo apuntarse en el Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda, no poseer en titularidad otra vivienda y no ser inquilino de otro alojamiento público. En cuanto al “arraigo”, la única exigencia es residir o trabajar en Madrid. La inscripción se completa en este enlace.

Nuevas promociones para “madrileños con ingresos medios”

Adjudicada mediante sorteo, como es habitual en EMVS, las principales novedades de las promociones dirigas a “madrileños con rentas medias” están en las exigencias respecto al IPREM y la acreditación de residencia en Madrid. Respecto al primer apartado, los ingresos declarados pasan a situar el mínimo en 3,5 veces el citado índice, mientras que el máximo alcanza ese IPREM multiplicado por 5,5. Así, la cifra se mueve entre unos 44.300 euros en la escala inferior y unos 68.400 en la superior (atendiendo siempre a familias con cuatro miembros como baremo). Según el Gobierno municipal, en algunas promociones el límite podría llegar incluso a 7,5 veces el IPREM (unos 92.500 euros brutos anuales).

Para optar a los pisos que se adscriban a este programa, los adjudicatarios (de entre 18 y 50 años) tendrán que estar empadronados en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años.

Además de carecer de otra vivienda en propiedad (obligación aquí limitada al territorio nacional), un requisito adicional en este caso es “que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”. Así lo exponía el porpio Consistorio a través de una nota de prensa municipal.

“Esta ampliación no sustituirá en ningún caso a los sorteos de vivienda pública que EMVS Madrid efectúa periódicamente para adjudicar vivienda a madrileños con rentas de hasta 3,5 veces el IPREM, como el previsto para el próximo mes de mayo, sino que los complementará para dar respuesta a este segmento de población que hasta ahora quedaba fuera de los sorteos”, detalla el Ayuntamiento.

El Plan ReViVa se abre a rentas más altas y aumenta la exigencia de arraigo

En paralelo, el consejo de administración de EMVS aprobaba el pasado 16 de abril una nueva modificación (la tercera en cinco años) del Plan ReViVa, en la misma sesión donde validaba la incorporación de dietas de 612 euros por reunión e integrante. Diseñado para recuperar viviendas en desuso en la ciudad, el objetivo de este programa es destinarlas al alquiler por un tiempo determinado y a cambio de una renta mensual por parte del Consistorio (cuente o no con inquilinos la vivienda).

Según traslada el concejal socialista presente en dicho consejo, Pedro Barrero, “el PP abre este programa a rentas superiores a 62.000€, para afianzar un negocio a propietarios con opacidad y dejar fuera a quienes más lo necesitan”. En la actualidad, la renta mínima para acogerse a este programa es de unos 44.000 euros en unidades familiares con cuatro integrantes y la máxima es la citada por el edil, de 7,5 veces el IPREM (92.500). Como apunte, en este caso los solicitantes no pueden ser titulares de otra vivienda en la Comunidad de Madrid, pero sí en otros puntos del país o del resto del mundo.

“También se endurece el acceso a la vivienda pública con un requisito de cinco años de arraigo [por el año actual en el momento de la inscripción], lo que podría excluir a más de 16.000 familias (el 27% de los solicitantes)”. Mientras, el Consistorio continúa teniendo problemas para encontrar arrendadores que se sumen y presten sus viviendas: “Apenas ha logrado 198 viviendas y 143 inquilinos”, afirma Barrero. Y eso que el ReViVa presenta la garantía jurídica y administrativa como su principal baza (el casero cobra solo con ceder su propiedad con independencia de lo que ocurra con ello), en un contexto donde según el Ayuntamiento de Madrid el miedo a la okupación es uno de los principales motivos de la reducción en la oferta de viviendas.

“La EMVS debe garantizar el derecho a la vivienda, no convertirse en una inmobiliaria al servicio de unos pocos”, concluye Barrero sobre estos nuevos modelos emprendidos por la compañía municipal, en la misma línea de otros cambios introducidos desde la Comunidad de Madrid.

La vivienda es el principal problema de los españoles, según el CIS. Hace tiempo que el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas señala el auge del metro cuadrado como una preocupación mayúscula: en marzo volvió a serlo para el para el 41,3 % de los encuestadas, muy lejos del segundo puesto que ocupaba la crisis económica (24,9%) o la calidad del empleo (19,2%), en tercer lugar. La preocupación por este tema bate récords desde finales de 2024, cuando empezó a sobresalir en las muestras. Desde entonces, Estado, comunidades autónomas, provincias o ayuntamientos tratan de poner en marcha respuestas a contrarreloj que ayuden a regular el mercado, especialmente tenso en la capital, y despejar el acceso a un bien básico. Este viernes, uno de los municipios más poblados de la región ha presentado una estrategia propia como alternativa al modelo de la Comunidad de Madrid.

“Tenemos un problema. Y se puede mirar hacia otro lado o se puede decidir intervenir. Nosotros lo tenemos claro”, proclama la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, este viernes por la mañana. La regidora de este municipio, con más de 100.000 habitantes, ha expuesto las líneas maestras del nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, una hoja de ruta hasta 2030 que se alinea con el marco estatal previsto en materia de políticas públicas. El experimento ripense se centrará en establecer mecanismos que faciliten el acceso de los jóvenes a un proyecto de emancipación. Lo hará mediante la gestión social del Patrimonio Municipal de Suelo, un conjunto de bienes inmuebles y terrenos del Ayuntamiento pensados para regular el mercado inmobiliario, desarrollar su urbanismo o construir pisos protegidos.

También se centrará en edificar futuras promociones de viviendas, que el nuevo plan proyecta en una serie de parcelas ya escogidas; o rehabilitar edificios que ya existen para incorporar (entre otras cosas) mejores métodos de eficiencia energética, que a la vez rebajen su coste. Para diferenciarse de otros municipios de la región, el consistorio ripense reivindica que sus planes de vivienda pública contemplan infraestructuras modestas pero equipadas, obviando añadidos como piscinas comunitarias o pistas de pádel habituales en comunidades madrileñas de vecinos para abarcar más espacio útil y ampliar el acceso a viviendas públicas.

Once actuaciones y tres objetivos principales

El plan de Rivas Vaciamadrid se ha presentado a media mañana en la sede de su Empresa Municipal de Vivienda, ubicada en la Avenida de José Hierro. Allí estuvo también la concejala delegada de la EMV, Yasmin Elena Manji Carro, que expuso las once actuaciones previstas para cumplir con los objetivos del plan. La primera es impulsar promociones de vivienda sobre suelo dotacional, con idea de levantar aproximadamente unos 500 nuevos pisos de titularidad pública en la ciudad. Desde 2003, según datos del Ayuntamiento, se han construido en Rivas hasta 3.500 viviendas para destinarlas, en buena medida, al alquiler social y asequible. “No venimos solo a presentar un plan, sino a ampliar y mejorar lo que ya se ha planteado en materia de vivienda”, destacó la concejala vinculada a la EMV ripense.

El precio estimado de los futuros pisos y también las fechas para su puesta a disposición pública están aún por determinar, una vez se examine y apruebe el proyecto con los técnicos. Pero la idea es que los primeros oscilen entre los 490 y los 550 euros mensuales, como en la última dotación de 83 viviendas promovidas por el Ayuntamiento. Buscan diferenciarse de otras ofertas municipales más encarecidas en localidades de la Comunidad de Madrid, donde a su vez se ha implementado el Plan VIVE, de carácter autonómico. Por otro lado, se centralizarán esfuerzos en estimular un modelo de vivienda colaborativa tanto para jóvenes como para personas con discapacidad. En el primer caso, los beneficiarios de estos alquileres solo tendrán que abonar los gastos comunes, mientras que la renta se abonará mediante trabajos a la ciudad, participando en un programa de intervención social.

De forma paralela, otras actuaciones buscarán mediar con el mercado y adquirir viviendas privadas para gestionarlas desde los distintos entes públicos, de forma que puedan devolverse a los residentes con un precio controlado. También se continuará el proyecto de cesión de viviendas para deportistas inscritos a alguno de los clubes profesionales de Rivas, y se establecerá un plan de acción con el que rehabilitar y regenerar edificios urbanos, incorporando avances energéticos o cuidando el espacio público que los rodea. Entre las ideas más llamativas está la habilitación de locales comerciales asequibles para promover el comercio de proximidad. Este objetivo, indica el Ayuntamiento, enlaza a su vez con la estrategia de mejorar el entorno de los edificios para que haya “acceso a todos los servicios”.

Un diagnóstico previo sobre la situación de la vivienda en Rivas

Es lo que estimó el portavoz del Gobierno ripense, José Luis Alfaro, quien también acudió a la presentación de este plan. En definitiva, apuntaron los presentes, se trabajará en la “mejora y el mantenimiento del parque público de vivienda” y se establecerá la propia EMV como una centralita de información y “oficina única de asesoramiento” para inquilinos o propietarios con dudas sobre las opciones disponibles. Antes de elaborar la estrategia local para influir en el mercado desbordado, iniciaron un diagnóstico previo con el que dibujar el escenario exacto al que se enfrentaban. En este documento, que el Ayuntamiento también ha compartido esta mañana, se utilizaron datos de acceso público y también aquellos proporcionados por los conciertos con otras administraciones –estatales o autonómicas– y entidades supramunicipales.

Rivas cerró el 2025 con una población de 101.637 censados para 32.277 viviendas construidas, según datos del consistorio. Sobre esta cifra, se observaron las diferencias por edad, necesidades o alguna situación anómala particular; y se contrastó con la estructura actual del parque residencial municipal y los recursos disponibles en ese momento, contabilizando las viviendas protegidas existentes o que pertenecen a personas jurídicas públicas, de cara a ver cómo podrían utilizarse y mejorar sus mecanismos energéticos o vías de accesibilidad. El plan tiene tres objetivos principales, atravesados cada uno de ellos por otros dos más específicos.

Por un lado, se buscará facilitar el acceso a una vivienda digna a la juventud para que esta pueda independizarse dentro de su propio municipio. Para lograrlo, la idea es aumentar la oferta disponible desarrollando más vivienda en régimen de alquiler asequible, así como priorizando en su asignación a los colectivos más vulnerables o que, en el diagnóstico previo, se consideró que debían tener un acceso preferente. En segundo lugar, dar respuesta a la actual demanda de vivienda entre los hogares con dificultades para acceder a los precios del mercado, desarrollando medidas específicas para ellos o trazando acuerdos de colaboración con otras entidades. Y, por último, se trabajará en un proceso de regeneración urbana que potencie dos cualidades consideradas imprescindibles entre sus inmuebles públicos, como la accesibilidad y la conservación energética como base.

“Mientras la Comunidad de Madrid boicotea la ley de vivienda y no permite que nos declaremos como zona tensionada, para intervenir los alquileres, ellos aprueban el Plan VIVE y ponen precios inasumibles a una vivienda pública”, denuncia desde Rivas su conceja de Deportes y vicealcaldesa, Mónica Carazo, con una promesa y un dardo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “En Rivas no nos distraeremos. Seguiremos trabajando en las alternativas y en nuevos planes de vivienda, aunque sea sin la ayuda de otras administraciones”.

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), organismo dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, propone este jueves 16 de abril incorporar una dieta de 612,85 euros por la asistencia de sus miembros a sus reuniones, aunque sean telemáticas. Pese a la oposición de los representantes de Más Madrid y PSOE, la mayoría absoluta de la derecha apunta a que la medida será aprobada y elevada a la Junta de Gobierno Municipal, controlada a su vez por el equipo de Almeida.

El Consistorio destinará más de 100.000 euros solo este año para esta nueva dieta en EMVS. Pero no será el único consejo de entidades municipales en introducir estos pagos con un gasto similar: el viernes lo vota Calle 30, responsable de la gestión de la M-30 inmiscuida en recientes nombramientos polémicos. Ya han sido validados en el de Madrid Destino y en el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En total, la bonificación llegará a los integrantes de hasta nueve consejos de administración de organismos o compañías municipales, según reconocen fuentes del área municipal de Economía y Hacienda a este periódico.

“Es una medida que afecta a todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios). La retribución establecida será de 612 euros por asistencia en las Empresas públicas y 525 en los organismos autónomos. Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”, desgranan desde Hacienda.

“La medida, que ha sido informada a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, trata de compensar la asunción de una serie de responsabilidades, profesionalizar unas funciones específicas de los consejeros en estos órganos de gobierno clave y mejorar la formación de sus componentes”, argumentan en el Consistorio. Sostienen además que el Ejecutivo de Almeida “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

“Serán las empresas y los organismos autónomos los que propongan la composición de estos consejos, que posteriormente se elevarán a la Junta de Gobierno para su aprobación”, confirman en el área de Hacienda, al tiempo que apostillan que “cada persona solo podrá cobrar por asistir a un máximo de dos consejos de administración”.

El caso de EMVS

Analizar el organigrama y el funcionamiento del consejo de administración de EMVS Madrid sirve para ejemplificar el tipo de perfiles que se beneficiarán de esta novedad, así como la forma en la que se aplicará. De acuerdo a los estatutos de la compañía municipal, el Consejo de Administración es “el órgano de administración, dirección, gestión y representación de la Sociedad”. Se reúne en los días que acuerde y siempre que lo disponga su presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus integrantes.

El Partido Popular domina el consejo de administración de EMVS con seis de los nueve miembros, gracias a que las designaciones las lleva a cabo la propia Junta de Gobierno. Desde el partido ostentan además la presidencia, vicepresidencia y el puesto de consejera delegada. Vox cuenta a su vez con otro componente. La aritmética es similar en el resto de compañías y organismos municipales donde se abonarán estas dietas.

De este modo, solo un cambio de posición de última hora evitaría que prospere la proposición que será sometida a votación en la reunión del consejo de EMVS este jueves, a la que ha tenido acceso Somos Madrid. En ella, evidencian su objetivo de “poder llevar a cabo la aplicación de las indemnizaciones por asistencias”, para lo cual “es necesario que el consejo de administración eleve una propuesta a la Junta General de la Empresa”. Este último organismo se encuentra asimilado en la práctica por la Junta de Gobierno municipal que lidera el propio Almeida.

La instancia del consejo de EMVS a la Junta recoge en concreto que “los consejeros percibirán 612,85 euros brutos como indemnización por asistencia a los consejos de administración de la sociedad, de acuerdo con la cuantía aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid a tal efecto”. Apunta el escrito que la cantidad “se actualizará de acuerdo con lo que se establezca por acuerdo del pleno”. “Previendo la realización de un máximo de 11 consejos de administración al año, la cantidad máxima que por dicho concepto se autoriza a la sociedad para 2026 es de 107.861,60 euros”, detalla.

Según dichos estatutos, corresponde a la Junta de Gobierno “fijar la retribución e indemnizaciones de los asistentes al Consejo de Administración”. Y, más importante si cabe, “modificar los estatutos sociales”. Un apartado clave, ya que en su artículo 26 estos establecen lo siguiente: “Los miembros del Consejo de Administración, que no ostenten la condición de concejal con dedicación exclusiva o parcial, consejero delegado de Gobierno o la de personal directivo, percibirán por asistencia a sus sesiones una indemnización por el importe que determine la Junta General de la Sociedad. Fuera de ese supuesto previsto, el cargo de administrador será gratuito”. Por ello, la introducción de esta nueva dieta de 612 euros requiere cambiar los estatutos, como recoge la propuesta de la votación del jueves.

Una segunda proposición que se vota también este jueves aboga asimismo por aumentar el número máximo de integrantes del consejo, instando a la Junta de Gobierno a modificar los estatutos para elevar su tope de nueve (los que tiene actualmente) a quince miembros. En caso de aprobarse, el dispendio municipal en estas indemnizaciones por acudir a las reuniones se elevaría. Todo ello mientras matizan que las retribuciones son independientes a la necesidad o no de desplazarse: “El derecho a la percepción de estas indemnizaciones por asistencia será independiente de si la reunión del consejo se produzca de forma presencial o telemática”.

Seis de los nueve miembros actuales del consejo de EMVS son ediles con dedicación exclusiva, cinco de ellos con retribuciones anuales por encima de los 100.000 euros brutos (todos del PP): el delegado del área de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS (así como del propio consejo), Álvaro González López; la delegada de Obras, Paloma García Romero (vicepresidenta); la concejala del distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva; el edil presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos y el concejal de Latina, Alberto González. El socialista Pedro Barrero, último miembro del consejo con dedicación exclusiva, percibe 66.000 euros brutos anuales.

Completan el organigrama la edil de Más Madrid Lucía Lois, con dedicación parcial al 85%; la concejala de Vox Arantxa Cabello (que declaró en 2025 algo más de 20.000 euros anuales de retribución municipal en concepto de asistencia a órganos colegiados) y la consejera delegada Ana de Miguel, la única componente que no ejerce de edil en Cibeles.

De Miguel es, eso sí, una vieja conocida del poder político madrileño. Fue directora de gabinete de Almeida en sus primeros tres años como regidor y a continuación ocupó el cargo de directora general de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos hasta 2025, año en el que declaró unos ingresos por encima de los 100.000 euros brutos y en el que sustituyó en el puesto de consejera delegada de EMVS a Diego Lozano. Un curioso intercambio de cromos, ya que Lozano pasó a convertirse a su vez en director de gabinete del alcalde.

Lois aclara por su parte la oposición a esta y el resto de bonificaciones que prevé el equipo de Almeida: “Desde Más Madrid vamos a votar en contra de la indemnización por asistencia a los consejos porque no lo vemos necesario”. Cuestiona especialmente que se aplique en EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

“Consideramos que el destino de los recursos públicos debe ser la prioridad para abordar este enorme problema. EMVS tiene un propósito muy claro, aunque al Gobierno de Almeida se le olvida: garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables”, clama la edil. “Los esfuerzos deben centrarse en más presupuesto para ampliar el parque de vivienda pública y reforzar los programas de ayuda al alquiler para quienes menos tienen. Pero está muy claro que al PP esto le interesa más bien poco”, lamenta.

“Almeida está utilizando el suelo público para hacer negocio con la vivienda mientras expulsa a quienes más la necesitan. El modelo de alquiler asequible, en vez de dirigirse a las familias con menos ingresos, va a permitir el acceso a hogares con rentas de hasta 7,5 veces el IPREM, es decir, en torno a 80.000 euros anuales. Eso no es vivienda para rentas bajas”, recuerda como conclusión.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

Activista histórica en las luchas por el ecologismo, los derechos sociales y la memoria de la represión franquista, Paca Blanco ha vivido durante más de una década en una vivienda pública adjudicada originalmente a su hijo. Tras años intentando regularizar su situación contractual y pagar el alquiler social, lo que ha hecho de forma continuada durante el último año, se enfrentó a una orden de desahucio prevista para el 23 de febrero que finalmente ha sido suspendida. Sus declaraciones reflejan la angustia y el desgaste institucional y emocional que supone vivir bajo la amenaza constante de perder el hogar a los 77 años.

La extremeña denuncia el “maltrato institucional” sufrido y la ausencia de una comunicación oficial clara sobre su situación: “Para ellos soy una ocupante ignorada, una persona que no existe”. Y eleva el tono cuando habla del trato a las personas mayores: “Nos tienen viviendo con estrés, con ansiedad, con angustia constante. Son unos canallas”. A su edad y con un 66% de discapacidad, insiste en que solo reclama “una solución habitacional digna” y advierte: “Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Yo pienso seguir luchando hasta que mi cuerpo aguante”.

Blanco, que utiliza un andador y padece movilidad reducida, ha dedicado décadas a causas sociales, ecológicas y feministas y es conocida por denunciar la represión franquista en instituciones como el Patronato de Protección de la Mujer, donde fue internada en su juventud, y por oponerse a megaproyectos como el resort de lujo en Marina Isla de Valdecañas, y a las nucleares, especialmente la de Almaraz.

El conflicto actual se originó cuando la empresa municipal de vivienda de Madrid (EMVS) decidió iniciar un procedimiento judicial para desalojarla, argumentando incumplimientos contractuales por lo que ella misma define su situación como “ocupación ignorada”. Blanco había entrado en la vivienda con las llaves que le entregó su hijo, al que originalmente se adjudicó el piso y que ahora reside en Brasil, y desde entonces ha intentado regularizar el contrato sin éxito.

A pesar de haber pagado alquiler durante el último año, y de solicitar formalmente la subrogación del contrato, algo que la normativa actual no permite del hijo a padres, pero sí al revés, la EMVS no ha reconocido su derecho a permanecer en el hogar que ha sido suyo durante más de una década.

Movilización social y paralización del desahucio

La alarma ante su posible expulsión ha motivado la firma de un manifiesto por parte de más de 150 colectivos como sindicatos, movimientos de vivienda, asociaciones vecinales, plataformas de pensionistas y ecologistas, que califican la medida como “una injusticia especialmente grave” y un reflejo de la crisis de vivienda que afecta a miles de personas en España.

Gracias a esta presión y al apoyo de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, el desahucio programado para el 23 de febrero fue suspendido de forma temporal. Pero Blanco advierte de que esa suspensión es una tregua, no una solución definitiva, y que sigue en riesgo inminente de perder su hogar si no se reconoce su derecho a un alquiler social acorde a sus recursos.

El relato de una vida en lucha

Por su parte, Blanco relata con claridad a elDiario.es, como siempre ha hecho, la enorme carga emocional y física de esta experiencia: meses viviendo entre cajas con sus recuerdos, angustia constante y la incertidumbre de no saber si su casa seguirá siendo suya. Su caso se ha convertido en una denuncia pública del trato institucional hacia los mayores, especialmente cuando sus ingresos y su condición de salud los colocan en una posición de vulnerabilidad.

Blanco ha rechazado también ofertas de alternativas habitacionales como residencias gestionadas por órdenes religiosas, precisamente por su experiencia pasada en instituciones similares durante los años del franquismo.

Un caso que trasciende lo personal

Expertos y colectivos señalan que el caso pone foco en la crisis estructural de vivienda en España, donde la falta de vivienda social asequible, las limitaciones del llamado escudo social y la presión de los mercados inmobiliarios empujan a personas mayores, familias vulnerables y sectores precarizados a situaciones de exclusión residencial. El respaldo a Blanco se lee, en este sentido, como un llamado más amplio a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

El desahucio de la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco previsto para la mañana del lunes 23 de febrero en una vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) ha sido anulado por los tribunales. En una resolución a la que ha tenido acceso Somos Madrid, el procedimiento de lanzamiento previsto para las 10.30 horas del citado día se deja “sin efecto”.

La diligencia parte de la Sección Civil del Tribunal de Instancia número 90 de Madrid y está fechada el pasado martes, 17 de febrero. El motivo de la anulación es la imposibilidad de haber emplazado la notificación del lanzamiento al demandado oficialmente, el hijo de Paca Blanco.

La activista protagonizó este miércoles un conato de encierro en la sede de EMVS, donde ha participado la propia activista, además de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinas, Anticapitalistas y otros colectivos que se han volcado en el apoyo a Paca. Hasta 150 organizaciones han mostrado su apoyo público a la también autora de la biografía Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción), donde relata la represión franquista contra las mujeres a través de su propia experiencia.

La acción tuvo lugar en torno a las 11.00, con sus protagonistas abandonado el lugar alrededor de una hora después debido a la intervención de decenas de agentes policiales. Desde Anticapitalistas trasladan a Somos Madrid que el encierro en el edificio del número 13 de la calle Palos de Frontera buscaba concertar una reunión con el gerente de EMVS para aclarar la situación respecto del inmueble, un hecho que no se ha producido.

“Una de las razones de la acción de hoy era que nos dijeran si es verdad o no que se va a producir un aplazamiento, porque en el juzgado nos dicen que a ellos no les ha llegado ninguna petición de paralización. Es un caso de maltrato por parte de EMVS”, trasladan desde Anticapitalistas.

Hasta el momento, las organizaciones sociales implicadas en este caso no han recibido notificación ninguna de los juzgados. Por ello, animan a mantener la movilización de apoyo a Paca en el portal de su domicilio el próximo lunes desde las 8.30. La activista de 77 años reside en el número 12 de la calle Játiva, en el barrio de Adelfas del distrito de Retiro. Allí vive desde hace once años en una casa que EMVS adjudicó a su hijo.

Sobre una posible irregularidad en la subrrogación, desde EMVS apostillan que “en términos generales, esta solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”. Recuerdan que “la empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”.

La versión de Paca y sus allegados es muy distinta. Cuentan que cuando su hijo se marchó, intentó subrogarse en el contrato de alquiler, pero la entidad dependiente del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no le ha permitido pagar el alquiler social correspondiente y regularizar la situación. “El Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes”, lamentan fuentes cercanas a la afectada.

Militante de Anticapitalistas y muy activa integrante de Ecologistas en Acción, Paca Blanco es una de las grandes figuras del movimiento antinuclear en el país. Natural de Extremadura, hace unos años se vio obligada a abandonar la localidad de El Gordo debido a la presión política y de sectores reaccionarios por su oposición al resort de lujo Marina de Valdecañas, cuya construcción acabó paralizada en los tribunales por irregularidades normativas y por su impacto natural. En Madrid encontró su refugio, así que ahora lucha por no quedarse de nuevo a la intemperie.

Más de 150 organizaciones y colectivos de todo el país han firmado el manifiesto de apoyo a la histórica activista ecologista y anticapitalista Paca Blanco. Denuncian la orden de desahucio que ha recibido a sus 77 años por parte del Ayuntamiento de Madrid y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), al tiempo que piden que se reconozca su derecho a permanecer en su hogar.

El manifiesto, suscrito por sindicatos, movimientos de vivienda, organizaciones ecologistas, colectivos de pensionistas y asociaciones vecinales, subraya que el caso de Paca Blanco no es un hecho aislado, sino la expresión de una dinámica estructural que expulsa a las clases populares de sus barrios. “Paca Blanco es la cara visible de esta práctica descarnada que despoja a muchas personas de un derecho esencial: una vivienda digna”, destacan las organizaciones firmantes. Recuerdan la trayectoria de Paca como referente en las luchas sociales, ecologistas, feministas y por el derecho a la vivienda, así como su compromiso sostenido durante décadas en defensa del territorio, el medio ambiente y la dignidad de las personas. “El intento de desahucio supone una injusticia especialmente grave contra una persona que ha dedicado su vida a la defensa del bien común”, aseguran en un comunicado.

El amplio respaldo recibido refleja el reconocimiento social hacia Paca Blanco y la creciente preocupación por la crisis de vivienda. Desde las organizaciones firmantes se insiste en que la solución es clara y está al alcance de las instituciones: “Paralizar el desahucio, reconocer su derecho a la subrogación en el contrato y garantizar un alquiler social adecuado a sus ingresos, tal como ella misma ha solicitado durante años”. Las firmantes concluyen que la defensa de Paca es también la defensa de un derecho fundamental. Según señala el manifiesto, reconocer su derecho a permanecer en su hogar implica defender el derecho a la vivienda de toda la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas.

Paca Blanco se fue a vivir junto a su hijo al piso de la EMVS que le habían adjudicado en el barrio de Adelfas, del distrito de Retiro. Su hijo se marchó y desde ese momento ella intentó subrogarse en el contrato. Ha intentado que el Ayuntamiento de Madrid le permita regularizar su situación, algo que se le ha negado, a pesar de haber pagado el alquiler durante el último año. “En términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación”, precisan desde EMVS acerca de la subrogación. Y añaden: “La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años”.

La trayectoria de Paca ha estado marcada por el compromiso social desde el ecologismo, la lucha antinuclear y el movimiento de vivienda. Su vida ha estado también atravesada por la precariedad y la persecución política. De joven sufrió el internamiento forzado en instituciones del franquista Patronato de Protección a la Mujer, experiencia que recogió en un libro. Años después fue expulsada de su vivienda, en la localidad extremeña de El Gordo, cuando era coordinadora de Ecologistas en Acción en ese territorio y lideraba la campaña contra el resort de lujo Marina de Valdecañas.

A sus 77 años y con un estado de salud delicado, Paca se enfrenta ahora a una orden de desahucio, prevista para el próximo lunes 23 de febrero después de la orden emitida por un juzgado de primera instancia. De hacerse efectivo, la empujarían a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores. Las organizaciones y personas firmantes advierten de que el desahucio de Paca Blanco tendría una enorme gravedad social y simbólica. De acuerdo al manifiesto, “Paca lleva toda su vida defendiendo lo que es de todas. […] Exigimos que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y a una vida decente para todas las personas”.

Una corrala decimonónica se ha convertido en la puerta de entrada a un supuesto narcopiso del siglo XXI. Desde el número 11 de la calle Tribulete o accediendo por el 12 de Provisiones, en pleno centro de Madrid, puede uno adentrarse en un amplio patio, luminoso y con dos siglos de historia. Pertenece a los antiguos conjuntos de viviendas que se popularizaron durante el Madrid industrial, con la peculiaridad de que en este caso sus vecinos se confiesan habituados a las amenazas, los ruidos o el tránsito de droga. Actualmente, el edificio es propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que depende del Ayuntamiento.

Hoy viven allí unas 20 personas, generalmente en régimen de alquiler social, conectadas a través de un espacio abierto en la zona central del bloque. Pero, en los últimos meses, el relato de los residentes también ha alarmado fuera de sus paredes: las peleas, la suciedad o los gritos intimidatorios se han apoderado del edificio. Fuentes de la Policía Nacional confirman a Somos Madrid que existe una investigación en marcha para esclarecer las acusaciones, pero evitan concretar si desde junio –cuando supuestamente empezaron los conflictos– se ha efectuado alguna intervención en la zona.

Lo que no se ha materializado aún es una operación policial a gran escala en el interior, aunque los vecinos presionan para que ocurra más pronto que tarde. “Cada dos por tres hay peleas con voces a todas horas, sea de día o de noche. No dormimos”, asegura Ana, una de las personas que viven en la corrala y han tratado de mover hilos para llegar al fondo del asunto. Dice sentirse desesperada y sostiene que ya han intentado hablar con la mujer que se aloja en el domicilio, donde afirma que “convive con mucha otra gente” que entra y sale a placer.

Vecinos “secuestrados” en sus propias casas

La distribución de la corrala se basa en una planta rectangular con un patio interior estrecho y las viviendas distribuidas varias alturas: dos (bajo y primero) en el bloque que tiene acceso a la calle Provisiones y cuatro en la de Tribulete, donde también hay entreplanta y segundo piso. Para entrar hay que atravesar un portalón que abre al patio, desde el que se accede a las viviendas bajas. Una escalera conduce a la galería que sirve de acceso a las casas altas y otra pasarela que cruza el patio, comunicando las galerías de ambos lados.

Pero la convivencia parece haberse complicado. En un escrito firmado por diez vecinos y enviado a la propiedad del inmueble, la EMVS, estos se consideran “atemorizados” y “secuestrados” en sus propias casas. “La situación se está cronificando de una forma que ya no es posible soportar. [...] Las peleas no solo ocurren dentro de la vivienda, sino en las zonas comunes, poniéndonos en peligro al resto”, destaca la carta, en la que el grupo afirma que allí “se venden o consumen estupefacientes” y han encontrado restos de “papel de aluminio” en la corrala, que relacionan con drogas, junto a otros enseres. También inciden en los problemas que supone a nivel de higiene, pues aseguran que el servicio de limpieza “no entra por miedo” e incluso “muchos repartidores se niegan” por la misma razón.

“La cantidad de gente dentro de la casa es tal que incluso algunos duermen en el portal o en pisos superiores de la finca, con llamadas a telefonillos a cualquier hora o bien dando golpes en el portalón de entrada, bloqueando las cerraduras para que no cierren los portales y tener paso libre [...] Esas personas son muy violentas”, concluye el aviso que remitieron a la empresa municipal. Consultados por esta cuestión, desde la EMVS (responsables del edificio) delegan en la Policía la decisión de intervenir o no después de la denuncia. “Si un ciudadano es conocedor de este tipo de prácticas delictivas en una vivienda debe ponerlo en su conocimiento, pues son la autoridad competente”, zanjan fuentes de la empresa pública.

Ana presentó una denuncia a título particular ante la Dirección General de la Policía cuando relativa al pasado 2 de enero, en la que indica “tener conocimiento de que en dicho domicilio [el que ha generado el conflicto] se realizan actividades ilíticas relacionadas con el tráfico de sustancias estupefacientes”, e incluso haber visto cómo algunas personas “han mantenido relaciones sexuales fuera de la casa”.

Problemas para transitar zonas comunes y ataques de ansiedad

También expone que a otro vecino, cuyo nombre dice no recordar en la denuncia, “le han llegado a mostrar un cuchillo” o que, en su caso, tuvo “impedimientos” para transitar en zonas comunes. María, otra de las mujeres de la corrala que han denunciado lo ocurrido en comisaría, declara tener “ataques de ansiedad” recurrentes y ser testigo de distintas situaciones violentas, que también vincula a la existencia de un narcopiso.

En uno de los casos, ella misma fue la víctima directa. Según relata en su escrito, en la madrugada del 18 de enero un sujeto se adentró en el edificio debido a que la puerta principal “estaba rota” por otro incidente, ocurrido dos semanas atrás siempre según su testimonio. El individuo golpeó “violentamente” la puerta del domicilio donde reside la denunciante, a pocos metros de aquel sobre el que recaen sus sospechas. “Temo por mi seguridad y por la de mis vecinos”, destacó ante los agentes.

En uno de los vídeos grabados desde las ventanas contiguas se muestra cómo, junto a la entrada principal, una persona empieza a gritar y empuja a otra contra la pared, agarrándola de la solapa mientras esta otra se defiende impulsándose hacia adelante. Cuando consigue zafarse de las manos comienza a andar hasta desaparecer del plano. “Oye, ¿adónde vas?”, se escucha de fondo cuando retoman los zarandeos a la vez que otros dos individuos tratan de intervenir. Mientras tanto, otra silueta trata de acercarse a la puerta y acelera el paso cuando llega al lugar de la pelea.

A nivel normativo, este edificio se integra en el Plan Especial de Protección del Ayuntamiento de Madrid, que ya acometió una rehabilitación a mediados de los noventa con 997.680 euros de presupuesto, que corrió a cargo de la empresa Leal Elizaran S.A. Su estado era ruinoso y se acometieron obras de consolidación, conservación estructural o para la reconstrucción de la escalera, la galería y los patios. De momento, queda esperar a que las investigaciones policiales determinen si en este punto conflictivo se cumplen las sospechas de sus vecinos.

A pocos días de que el juzgado ejecute su desahucio, Paca Blanco vive entre carpetas de documentos, llamadas a su abogada y la incertidumbre de no saber si podrá seguir en la casa donde lleva doce años. La activista extremeña, que ha intentado regularizar su situación por todas las vías posibles, se enfrenta a un procedimiento que la considera “ocupante ignorada” pese a un año de pagos del alquiler continuados. Su caso, convertido ya en símbolo de la precariedad habitacional, ha desatado una ola de apoyo social y también una avalancha de odio en redes que ella interpreta como un síntoma inquietante del clima social y político de nuestro país.

La orden de lanzamiento está fijada para el 23 de febrero a las seis de la mañana. “Espero que se pueda parar, pero a día de hoy esa es la fecha”, explica.

Blanco asegura haber presentado durante años escritos y recursos ante el Ayuntamiento de Madrid para poder pagar el alquiler, aplazar la deuda acumulada y evitar el desahucio. Solo ayer llevó a su abogada 155 fotocopias de documentación que lo acredita. “He pedido que me cobren el alquiler y que, si hay deuda, me la aplacen. Se han negado porque dicen que estos pisos no pueden pasar de hijos a padres como ha sido mi caso”, denuncia.

Desde hace un año, sin embargo, ella ha conseguido pagar el alquiler de forma continuada. Tras recibir una carta dirigida a su hijo con un número de cuenta municipal, comenzó a ingresar el importe mensualmente. “Llevo un año pagándolo religiosamente y sigo pidiendo que me regularicen mi situación habitacional”, explica.

La orden de desahucio figura a nombre de su hijo, de su nuera y de ella misma. Su hijo, adjudicatario inicial de la vivienda, se marchó a vivir a Brasil con su pareja y le dejó la casa. “Yo no forcé ninguna puerta. Llamé, mi hijo me abrió y me dio las llaves”, subraya. Aun así, la administración la considera ocupante y por eso ahora la quiere echar y dejarla en la calle.

En los últimos días, según explica, Paca ha recibido la llamada de una trabajadora social del Ayuntamiento, informándole de que desde la empresa municipal de vivienda, la EMVS, se había pedido paralizar la tramitación. “Me dio una alegría, pero hasta que no tenga una notificación oficial del juzgado no me fío”, afirma.

A esta incertidumbre se suma el dolor e indignación por el odio recibido en redes sociales desde que su caso se hizo público. “Con 77 años y movilidad reducida me dicen que me ponga a trabajar o que me compre una casa”, relata. “Es un odio visceral a la pobreza”. Para Blanco, estos comentarios no son anecdóticos: “Nos están alertando de lo que viene. Da muchísimo miedo”.

La activista también quiere dejar claro que rechaza los aplazamientos temporales que solo prolongan la angustia. “No quiero que me hagan lo que están haciendo en Madrid: aplazar quince días para luego volver a pasar por lo mismo en unos días. Es un goteo que no para”, denuncia. A su juicio, el problema es estructural: “Aunque una persona trabaje o tenga una pensión, no puede pagar una vivienda. Si ganas 1200 euros, es imposible pagar 1000 de alquiler. Estamos en la puñetera calle una gran mayoría”.

Una vida de trabajo y supervivencia

La situación actual de Paca Blanco no puede entenderse sin su trayectoria vital. “He tenido cinco hijos y nunca he desperdiciado un puesto de trabajo”, afirma. “Siempre he dicho que sí a todo, porque había que sacarlos adelante y no podía permitirme elegir”.

No fue a la universidad. A los 21 años tenía ya tres hijas y sufría violencia machista. Además, es superviviente del Patronato de Protección a la Mujer, el organismo franquista que encerró a miles de adolescentes sin haber cometido delito alguno. “Lo que se pretendía era hacernos mujeres sumisas, devotas y buenas esposas”, recuerda. Muchas, como ella, salieron de allí a través de matrimonios precipitados que acabaron en maltrato machista.

Desde muy joven trabajó en todo lo que le ofrecieron, ya fuera picar calles con un martillo eléctrico, empleos en bufetes de abogados, o en asilos de ancianos. “Me he remangado para todo”, resume. Tras una vida laboral marcada por la precariedad, hoy percibe una pensión de viudedad de su segundo marido y una de jubilación que suman unos 1.200 euros mensuales. “No me puedo pagar un alquiler de 1.000 euros y no quiero a ir a una residencia otra vez”, afirma.

Actualmente, en su vivienda convive con otro de sus hijos que perdió el empleo y al que acogió. También empadronó temporalmente a un nieto con epilepsia para que pudiera recibir atención médica cerca de su casa. “No soy una unidad familiar. Yo vivo de mi pensión y pago con mi pensión. Lo que es evidente es que soy una persona vulnerable”, insiste.

Pese a todo, Blanco evita el victimismo. “No me avergüenza que me llamen ocupa. Yo he demostrado que no he ocupado porque he estado pagando, pero es que cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho”, afirma. Y concluye con una exigencia que va más allá de su caso personal: “No es solo mi desahucio. Como siempre he hecho no solo voy a luchar por mí sino por una sociedad mejor, por todas las personas que viven en ella. Exijo una solución ya al problema de la vivienda en este país”.

Blanco no quiere terminar esta entrevista sin denunciar que el llamado “escudo social” se ha desmantelado, dejando sin protección a miles de familias en riesgo de exclusión. “Es una vergüenza para un gobierno que se dice socialista —añade—, que estén recortando las medidas contra los desahucios mientras 70.000 familias podemos acabar sin techo. Nos están empobreciendo y ya no podemos respirar porque nos están oprimiendo por el cuello”.

Paca Blanco no es solo una mujer amenazada por un desahucio. Es una activista histórica que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos sociales y del medio ambiente, que ha trabajado en todo lo que ha tenido a su alcance para sacar adelante a su familia y que sigue alzando la voz cuando la precariedad se convierte en castigo. No en vano es 'Paca, la brava'. Su caso interpela a las instituciones, pero también a una sociedad que normaliza el desprecio a la pobreza y olvida que la dignidad no se pierde por no poder pagar una vivienda.

La vida de Paca Blanco ha sido una batalla constante por proteger el medio ambiente y la calidad de vida a su alrededor. Militante de Anticapitalistas y muy activa integrante de Ecologistas en Acción, es una de las grandes figuras del movimiento antinuclear en el país. Natural de Extremadura, hace unos años se vio obligada a abandonar la localidad de El Gordo debido a la presión política y de sectores reaccionarios por su oposición al resort de lujo Marina de Valdecañas, cuya construcción acabó paralizada en los tribunales por irregularidades normativas y por su impacto natural. Encontró refugio en Madrid, en una vivienda adjudicada a su hijo por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Una década después, a sus 77 años, se encuentra inmersa en un nuevo conflicto: el desalojo de su propia casa.

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha enviado a Paca una orden de desahucio, a pesar de sus intentos por regularizar su situación legal en relación con la titularidad de la vivienda, situada en el barrio de Adelfas del distrito de Pacífico. Cuando su hijo se marchó, intentó subrogarse en el contrato de alquiler, pero la entidad dependiente del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no le ha permitido pagar el alquiler social correspondiente y regularizar su situación. “El Ayuntamiento de Madrid se lo ha negado durante años, y el último año, cuando ha podido pagarlo, lo ha hecho, pero no la han reconocido como inquilina de la vivienda pública por la que envía una renta cada mes”, lamentan fuentes cercanas a la afectada.

Desde EMVS defienden su intervención: “Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños sujeto a una normativa y un reglamento cuyo cumplimiento tiene la obligación legal de velar. La empresa municipal solo inicia procedimientos judiciales ante incumplimientos contractuales, por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales, subarriendos o impagos reiterados durante muchos años, sin voluntad de atender a planes de pago, y con deudas acumuladas de miles de euros”. En esos casos, argumentan, “los servicios jurídicos de EMVS cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda, así como proteger el patrimonio municipal. Sobre una posible irregularidad en la subrrogación de este caso, apostillan que ”en términos generales, solo se produce cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales que le son de aplicación“.

“Una de las miles de historias de la precariedad”

“Paca es una de las miles de historias de precariedad: una mujer que ha trabajado toda su vida, se ha entregado a luchas ecologistas y sociales y ha sacado adelante a cinco hijos. Una mujer con una actividad social de primer nivel y que tiene el reconocimiento de sus compañeras en Madrid, en Extremadura y en todo el Estado español”, destaca una nota de prensa promovida por Anticapitalistas.

En los últimos años, la activista se ha convertido además en un referente por la memoria de la represión soportada por las mujeres durante el franquismo: sufrió el internamiento en el Patronato de la Mujer de la dictadura, donde miles de niñas y mujeres fueron encarceladas y torturadas sin proceso ni defensa, donde se robaron niños y se intentó disciplinar a las mujeres de las clases más desfavorecidas. Así lo relata en sus recientes memorias, Paca Blanco La Brava (Editorial Libros en Acción).

“Otra vez las instituciones intentan doblegar a Paca, arrebatándole su hogar y empujándola a la calle o a un nuevo internamiento en una institución para mayores”, critcan desde Anticapitalistas. “Paca representa a los colectivos de vivienda, al ecologismo, a la lucha antinuclear y a la lucha política. Ahora, esos mismos colectivos y luchas exigen que se reconozca su derecho, y con ella el de toda la clase trabajadora, a una vivienda digna, con un alquiler social adecuado a sus ingresos, y una vida decente para todas las personas”, concluyen.

Jorge Rodrigo ha anunciado su reincorporación como consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, después de más de 100 días alejado de la actividad pública por un “duro” cáncer. En un mensaje publicado en X, el integrante del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha explicado que retoma sus labores “aunque aún no ha terminado” el proceso de su enfermedad.

Según detalla, el estado en el que se encuentra actualmente le permite “seguir adelante con la responsabilidad y el compromiso de trabajar cada día para mejorar la vida de los madrileños”. “La vida es generosa, pero en ocasiones nos pone pruebas difíciles en el camino. Afrontarlas también forma parte del aprendizaje y de la fortaleza personal”, destaca Rodrigo.

En su publicación, aprovecha para “agradecer de corazón” todas las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas desde que el pasado 16 de septiembre anunció que se apartaba temporalmente del cargo y de la política por un proceso oncológico: “Gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mi estado de salud”.

En la misma línea, ha subrayado su “reconocimiento y gratitud más sincera” a los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Ramón y Cajal, que le han acompañado en el tratamiento durante estos más de 110 días: “Su calidad humana y profesionalidad demuestran, una vez más, que contamos con una de las mejores sanidades públicas del mundo”, remarca en un mensaje que acompaña con una fotografía de una reunión con todo su equipo en la Consejería.

Rodrigo, nacido en 1973, ocupa desde 2023 la Consejería. A frente de ella ha liderado proyectos como el nuevo plan de choque de Vivienda que rebaja el control del suelo sin aplicar la ley estatal, el cierre de la línea 6 de Metro para su automatización o la reapertura de la problemática línea 7B. Durante su ausencia, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín (también portavoz del Gobierno regional), se ha hecho cargo de las tareas de este departamento.

Entre mensajes de apoyo y deseos de una recuperación completa, la reincorporación de Rodrigo se produce cuando su figura está envuelta en cierta polémica. El pasado 8 de enero trascendía que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de su pareja en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), en un dictamen que llegó después de una denuncia previa de Más Madrid.

Según la Oficina Anticorrupción,  “no ha quedado acreditado fehacientemente” que EMVS, entidad 100% dependiente del Gobierno que lidera José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T, pareja de Rodrigo que lleva años encadenando puestos en la Adminidstración madrileña pese a su limitada formación y experiencia. Para más inri, la cartera que Jorge Rodrigo ostenta en el Ejecutivo de Ayuso incluye las competencias en Vivienda, además de Transportes e Infraestructuras.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, en la empresa pública del Consistorio que gestiona esta área.

Tras una denuncia de Más Madrid, para la Oficina Anticorrupción “no ha quedado acreditado fehacientemente” que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), 100% del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T., pareja del consejero autonómico del ramo.

En un dictamen del 16 de diciembre, duda que esa contratación respetara las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa ley: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”. 

“No ha quedado acreditado fehacientemente en la documentación remitida a esta oficina cómo se salvaguardaron los mencionados principios en la contratación efectuada”, dice la resolución del director del ente, el exjuez del Tribunal Supremo, ex Fiscal General del Estado (1994-1996) y expresidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados.

“No se da detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

La EMVS indicó a Antifraude que para “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal”, “se evaluó la experiencia y los méritos” de la persona seleccionada: “Entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”.

Según Anticorrupción, “no consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”. “Frente a la libertad de elección que tiene la empresa privada para seleccionar a sus empleados, las empresas del sector público, aunque sometidas al derecho privado, tienen limitaciones en cuanto a la discrecionalidad de elección de trabajadores, debiendo respetar los principios anteriormente referenciados”.

Como reveló en junio elDiario.es, F. T. lleva años encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP en Madrid con sueldos públicos de hasta 62.500 euros. Todo ello, sin cualificación universitaria, un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso a distancia de “Auxiliar de Protocolo” que hizo poco antes de recalar en el Gobierno de Cristina Cifuentes para tareas de asesoría. En la EMVS cobra casi 50.000 euros anuales.

Rodrigo, definido como el consejero “con mayor peso político” de Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre que deja temporalmente el cargo por un cáncer. No ha sido sustituido al frente de las políticas de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

“Principios éticos”

Anticorrupción destaca “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente la plaza de la pareja de Rodrigo, la EMVS respete el artículo 53 de la EBEP “en relación con los principios éticos allí recogidos, con especial referencia” a “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

El informe recuerda que según el convenio colectivo de la EMVS, la contratación temporal “no podrá exceder de un año, plazo durante el cual deberá iniciarse el proceso para su cobertura definitiva”. F. T. lleva en el puesto más de dos años. Un portavoz de la EMVS subraya que a las plazas temporales se les un decreto ley de 2021 “que fija un plazo de 3 años como máximo para cubrirla definitivamente”, y que la oferta de empleo de la empresa está limitada anualmente por la tasa de reposición que establecen los Presupuestos Generales del Estado. La EMVS “cada año acuerda con los representantes de los trabajadores la oferta de empleo anual tanto para promoción interna como para oferta externa para su cobertura definitiva, priorizando el orden cronológico”.

Según la EMVS, en el momento de la contratación de F. T. “los requisitos y criterios aplicables a la selección del personal contratado con carácter temporal no estaban reglados/articulados mediante un procedimiento específico. Por ello, y ante la necesidad urgente de cubrir determinados puestos y para evitar la interrupción del servicio, se procedía a formalizar contratos temporales con personas cuyos currículos obraban en poder de la entidad y que se adecuaban a los perfiles y necesidades de las plazas que era imprescindible cubrir de inmediato. Siempre con la convicción de que se trataba de una contratación temporal hasta que tuviera lugar el proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”.

Más Madrid critica que en el caso de la plaza de F. J., “ni siquiera se ha abierto el proceso para su cobertura ajustada a la legalidad”, y apunta una posible “conducta prevaricadora” del concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, “porque es conocedor de los hechos denunciados en los medios” y “los negó en la Comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en julio”.

Para la concejala de Más Madrid Lucía Lois, el “demoledor” informe prueba que “el Gobierno de Almeida utiliza la EMVS como una oficina de colocación de amiguetes del PP. Y esto es una clara vulneración de la legalidad”. “Usa el Ayuntamiento de Madrid como si fuera su cortijo donde hacer y deshacer con absoluta impunidad”.

“Contratar en la EMVS solo con una entrevista es enchufismo”, algo “inaceptable en la Administración Pública. Y el argumento esgrimido por el PP de la ”urgencia“ es igualmente inaceptable, no justifica en absoluto saltarse las reglas. Aquí se han ignorado, como constata el director de la Oficina contra el Fraude, los principios constitucionales de acceso al empleo público”, destaca Lois.

Más Madrid exige “la inmediata depuración de responsabilidades” en la EMVS y una investigación interna que aclare cuántos puestos “siguen cubiertos en la actualidad tras procedimientos que vulneraban la legalidad vigente en materia de contratación de personal”. No descarta acudir a Fiscalía “en caso de que no se identifique a los máximos responsables de estas actividades ilícitas”.

“Opacidad total”

“Llegaremos hasta el final y tomaremos las acciones necesarias para que se identifique a los máximos responsables”, advierte la concejala. “Simplemente esta persona llegó allí una mañana y le pusieron en un despacho. Es una ilegalidad y un escándalo que, si no fuera tan grave, hasta podríamos bromear con que Berlanga no lo habría reflejado mejor en su parodia de los enchufes en la administración” de la película La escopeta nacional. “Lo único que hay aquí es una opacidad total”, añade.

Más Madrid presentó su denuncia el 28 de octubre. Tras destaparse el caso pidió copia del expediente a la EMVS. Su consejera delegada presentó un informe indicando que “la plaza se cubrió con dicha persona, cumpliendo con los requisitos previstos por la Empresa para las contrataciones temporales”. La EMVS denegó en septiembre la documentación que debía obrar en el expediente: oferta de empleo publicada, comunicación al Comité de Empresa, solicitudes de los aspirantes, valoración, propuesta de nombramiento...

La trayectoria académica y laboral de F. T. es muy diferente a la del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE.

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa. Con un inglés de “usuario básico”, su carrera dio un giro hace diez años. Tras más de una década en el área contable de una empresa privada, realizó un cursillo no oficial de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 150 horas en 5 meses y medio (por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos).

Acto seguido, F. T. encadenó puestos de asesoría en el Gobierno de Cifuentes, el Ayuntamiento de Almeida y otra consejería madrileña ya con Ayuso como presidenta en la que cobraba casi 60.000 euros, según datos que en su día publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España.

En 2023, con Rodrigo ya en Vivienda, le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de Alcaldía de un relevante municipio madrileño del PP. Un puesto de libre designación (a dedo), alta exigencia y más de 62.600 euros brutos anuales de sueldo. No duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, explicó en junio un portavoz de ese consistorio, que afirmó que no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apuntó alguien que conoce la trayectoria de F. T.

La persona que le sucedió en ese cargo tiene una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones.

Esa “otra cosa” más tranquila fue la EMVS. Allí la pareja del consejero regional cobra 49.911,4 euros anuales con un nivel de exigencia muy inferior a su anterior cargo. Con rango de jefatura de sección y nivel 3, algunas fuentes lo comparan con un conserje “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se paga con algo más de 21.500 euros. El nivel de F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, la EMVS es la mayor empresa pública de vivienda de España, conocida por la venta masiva de viviendas sociales de 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Los requisitos por convenio para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. La EMVS indicó en junio que superó con éxito una entrevista personal. No aclaró si hubo más candidaturas.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito madrileño de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su CEO desde julio es Ana de Miguel, tras ser nombrado jefe de Gabinete de Almeida su antecesor, Diego Lozano.

Rodrigo se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para zonas tensionadas. Lleva más de 25 años encadenando puestos con el PP. Encontró acomodo en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras los problemas con la justicia que afrontó al dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, al morir cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Fue exonerado tras estar imputado.

Hace unos meses, en un debate sobre el transporte público, espetó en la Asamblea de Madrid un “¡No me ponga morritos, que me descentro!” a una diputada de Más Madrid que tachó la expresión de “sexista y machista”: “No es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

“¡No salgas de la casa!”. José Antonio pedía así a Cristina, su exmujer y madre de sus tres hijos menores, que permaneciese en la vivienda que han estado a punto de tener que dejar en la mañana de este miércoles. Con más de una decena de agentes de la Policía Nacional y Municipal en el portal, así como dos furgones policiales en plena calle Lavapiés, era el momento de mayor tensión de la jornada. Solo unos minutos después los cuerpos de seguridad abandonaban el edificio, seguidos de varios funcionarios de los servicios sociales, los juzgados o la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS).

Esta entidad pública, promotora inmobiliaria del Ayuntamiento de Madrid, es la propietaria del piso en el que la familia lleva viviendo 14 años. El martes, “sin previo aviso” según cuenta José Antonio, se produjo un primer intento de desahucio frustrado. “Ni nosotros ni nuestro abogado habíamos recibido ninguna notificación”, asegura. La expulsión se postergó apenas unas horas, hasta este miércoles a las 9.30, pero la actuación de su defensa y la movilización de vecinos del edificio ha vuelto a frenar el lanzamiento. Según les han trasladado, y confirma a Somos Lavapiés una de las funcionarias que ha acudido al lugar, la ejecución “se aplaza sin fecha”.

Una vez salvada la situación, Cristina y José Antonio conversan para preparar su estrategia futura junto a otras vecinas y su familia más cercana (las madres de ambos han permanecido a su lado desde primera hora de la mañana). El alivio es palpable, pero la inquietud permanece. También la indignación: “Una persona de la EMVS era la encargada de certificar la vulnerabilidad. Bueno, pues lo que ha hecho es llevar los papeles para el certificado de vulnerabilidad a un juzgado equivocado, al 54 en vez de al 46. El de nuestro juicio no sabía que teníamos el informe”.

“Nuestro abogado ha tenido que entregarlo hoy a primera hora al juez que corresponde para que suspendiera el desahucio”. El letrado lo ha conseguido in extremis, ya que la comunicación de la paralización ha llegado cuando la hora programada de ejecución (9.30) ya se había sobrepasado unos minutos. Previamente intentó aplazar el desalojo para disponer de más tiempo en la gestión, pero las autoridades no accedieron a ello. Así, la expulsión ha estado a punto de acometerse aunque un juez ya había ordenado su desactivación. “Ha sido cuestión de minutos”, dice José Antonio.

“La comisión judicial venía muy mal, poco preparada y con malos modos. No querían ni llamar al juzgado”, afirma Charo, residente en el mismo bloque y muy significada en movimientos sociales o por la vivienda en Lavapiés. Lamenta que “una entidad pública ha intentado desahuciar sin alternativa habitacional, parece que solo somos números”. Considera además que “han actuado muy rápido porque lo que querían es que no hubiera resistencia ni organización vecinal”.

En la misma línea se pronuncia Alma, otra vecina que ha grabado los momentos más intensos de la confrontación verbal con las fuerzas de seguridad del Estado: “Son unas fechas malísimas, desde ayer estamos intentando movilizarnos porque vinieron sin previo aviso. Han intentado echarles de forma ilegal, sin previo aviso y sin que nadie nos haya enseñado la orden judicial de lanzamiento. Y además con muy malos modos, con un racismo soterrado [la familia afectada es de origen gitano]”.

Miguel, padre de Cristina, reprocha que la Policía le ha indicado que contaban con la orden de desalojo pese a que nadie se la ha mostrado. Minutos antes de conocerse la suspensión, el abuelo de los menores ha protagonizado escenas de tensión con los cerrajeros de la empresa Ingesan (filial de la macroconstructora OHLA). “Hemos llegado a las 8.00 y estas personas no nos han dejado pasar identificándose como policías. Eso es ilegal”, ha manifestado. Unos hechos que los cerrajeros han negado en todo momento. “Si tiene algo que denunciar acuda a una comisaría”, ha respondido a Miguel uno de los agentes policiales que custodiaban la entrada al bloque.

14 años en la vivienda y un supuesto “acuerdo verbal” con EMVS

Charo relata que José Antonio y Cristina llegaron a alcanzar “un acuerdo verbal con EMVS” para regularizar su situación. La pareja, ahora separada pero todavía en convivencia junto a sus tres hijos de entre 5 y 15 años, llegó a este piso del número 34 de la calle Lavapiés en 2011. “Me lo alquiló una persona a la que le di un primer pago de 1.200 euros y luego desapareció. Tiempo después intentamos hablar con EMVS y vino una trabajadora social que me dijo que estaba en proceso de regularización. Ahora, de la noche a la mañana, nos encontramos esto”.

José Antonio regenta un puesto de venta ambulante los fines de semana, mientras su expareja cobra el ingreso mínimo vital. “Es todo lo que ganamos, con eso no nos da para vivir en ningún sitio. Somos buena gente, no damos problemas y a la vista está que nos llevamos muy bien con los vecinos porque han venido a ayudar. Queremos pagar lo que nos corresponda”. Sus hijos han pasado las últimas horas en casa de la madre de José Antonio, que vive en el piso de arriba y sí cuenta con un contrato legal.

Uno de los argumentos de la familia para defender que han tratado de ponerse en contacto con EMVS es que la propia entidad “ha hecho arreglos en el piso”. Fuentes de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo explican a este periódico que dichas actuaciones estaban encaminadas a “solventar unas goteras que afectaban a otros vecinos”.

El organismo dependiente del área de Políticas de Vivienda expone que “solo se desahucian a aquellos que, pudiendo pagar, no quieren hacerlo”. Y apuntan: “EMVS Madrid acude a los tribunales en casos de okupaciones, inquilinos con impagos y que generen problemas de convivencia vecinal, o en caso de impagos reiterados de personas con ingresos demostrados”. Recuerdan que “a nadie se le pide nunca más del 30% de sus ingresos, siempre se ofrecen planes de pagos asequibles y adecuados a la situación del inquilino en caso de pasar por una crisis y, si es necesario, se ofrece intervención de los servicios sociales”.

“Si, a pesar de ello, se incumplen los planes de pago o se rechazan las actuaciones de los servicios sociales, se pone el asunto en manos de la Justicia que, siempre con las máximas garantías, es quien decide si hay que proceder o no a un desahucio. Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños y sujetas a una normativa y un reglamento de acceso a las mismas. EMVS Madrid tiene la obligación legal de velar por dicho cumplimiento, especialmente por respeto a los alrededor de 50.000 solicitantes legalmente inscritos en el Registro de Vivienda que sí respetan las normas y procedimientos de acceso”. La entidad no aclará cuántas viviendas de su propiedad se encuentran actualmente okupadas o en proceso de desalojo.

Echarles de un día para otro es inhumano. Qué menos que darles dos semanas para que puedan buscar un sitio donde vivir, ¡qué tienen tres chiquillos! A la vista del resultado está que en la EMVS no lo han hecho bien y esto era una chapuza

Miguel acepta que su hija deba abandonar la vivienda si no han seguido los procedimientos oportunos, pero exige que las autoridades cumplan también las exigencias legales en el proceso: “Echarles de un día para otro es inhumano. Qué menos que darles dos semanas para que puedan buscar un sitio donde vivir, ¡que tienen tres chiquillos! A la vista del resultado está que en la EMVS no lo han hecho bien y esto era una chapuza”.

Mientras, José Antonio y Cristina se organizan para ganar tiempo. Con la paralización de la actividad judicial en agosto, todo hace indicar que podrán quedarse al menos hasta septiembre. Charo les informa de los recursos jurídicos que puede ofrecerle el Sindicato de Inquilinas o la cooperativa de abogados del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El objetivo es prepararse para un conflicto legal, pero también generar una respuesta vecinal y social en el barrio que la rapidez inicial del procedimiento había emprendido. “Si cuando llegan ven mucha gente se ponen nerviosos”, dice Charo. “Hoy éramos pocas y hemos podido evitarlo. Imagina si somos muchas más”, añade.

Entre 50.000 y 62.500 euros anuales. Son los sueldos con dinero público que, sin título universitario y con un nivel de inglés “básico”, lleva años encadenando la pareja del actual consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.

La trayectoria académica y laboral de la pareja de Rodrigo es muy diferente a la del responsable de aplicar las políticas de Vivienda de Isabel Díaz Ayuso. El consejero, según su biografía oficial, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y con diversos programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y la Comillas-ICADE.

En cambio, su pareja, F. T., cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa, y tiene un nivel de inglés de “usuario básico”, según el currículum oficial de su anterior cargo público en una Administración del PP madrileño. Tras pasar por diferentes empresas, su carrera dio hace diez un giro, tras realizar un cursillo a distancia de “Auxiliar de Protocolo” impartido por la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Se trata de un título propio de esa entidad, “sin carácter oficial”, recalcan desde la UNED, y diferente a los otorgados por el Ministerio de Educación. Estos últimos tienen validez en todo el territorio nacional y suelen ser más reconocidos y valorados por empresas e instituciones públicas, al cumplir unos estándares de calidad y rigor establecidos por el gobierno.

El cursillo a distancia que realizó F. T. fue de 150 horas, impartidas a lo largo de 5 meses y medio. Tenía un coste de 650 euros, incluyendo las tasas académicas y el acceso a los materiales didácticos. Fue una buena inversión, vistos los resultados posteriores.

Tras realizar ese curso, y después de haber trabajado durante más de una década en el área contable de una empresa privada, F. T., que ha declinado atender a elDiario.es, pasó a desempeñar labores de asesoría en el gabinete de una consejería del Gobierno madrileño, que entonces presidía la popular Cristina Cifuentes. De allí pasó al Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida como alcalde. Y de ahí al gabinete de otra consejería madrileña, ya con Ayuso en la presidencia.

Su sueldo anual allí era de casi 60.000 euros, según la información que en su momento publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España, de 28.049,94 euros, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2023.

Ese año, con Jorge Rodrigo ya nombrado consejero de Vivienda de Ayuso, a F. T. le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de la Alcaldía de un importante municipio madrileño. Se trataba de un puesto de libre designación (a dedo) y con un alto nivel de exigencia. Allí tenía un sueldo de más de 62.600 euros brutos anuales.

Pero no duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, dice un portavoz de ese consistorio, que afirma que en ese breve periodo de tiempo no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apunta alguien que conoce la trayectoria de F. T. La persona que le sucedió en ese cargo público tiene un perfil muy diferente: una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones públicas.

Esa “otra cosa” más tranquila para F. T. fue su actual empleo en la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), que es 100% propiedad del Ayuntamiento de la capital. Allí, la pareja del consejero regional del ramo tiene un sueldo sensiblemente inferior al de su anterior cargo, 49.667,8 euros anuales. El nivel de exigencia también es muy inferior. Su plaza, explican fuentes oficiales de la EMVS, es “provisional”, con rango de jefatura de sección y nivel 3.

Algunas fuentes aseguran que su puesto se parece bastante al de alguien que ejerce labores de conserje, pero “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se retribuye con poco más de 21.500 euros. El nivel del que disfruta F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

De acuerdo con esas tablas, el sueldo medio anual en la EMVS ronda los 38.880 euros anuales. Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, se trata de la mayor empresa pública de vivienda de España. Es conocida por la venta masiva de viviendas sociales que realizó en 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Otra fuente interna que conoce los procesos de contratación en la EMVS y pide el anonimato ata cabos al conocer la relación entre F. T. y el consejero de Vivienda: “Ahora entiendo todo”. Explica que entró allí “con calzador” y “con premeditación y alevosía”. Desde entonces, afirma, la pareja del consejero de Vivienda madrileño ha estado rodeada de “un halo de misterio”.

Los requisitos en el convenio colectivo para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. Fuentes oficiales de la EMVS indican que superó con éxito una entrevista personal para acceder al puesto.

Antes de que, próximamente, F. T. cumpla tres años en esa plaza, la EMVS tendrá que amortizarla o cubrirla definitivamente, bien mediante promoción interna, bien con una oferta exterior que debería publicar en su web.

En esta empresa pública del ayuntamiento es consejera la popular Cayetana Hernández de la Riva, concejal presidenta del distrito de Salamanca, cuya agrupación del PP preside Jorge Rodrigo. El consejero de Vivienda ha rechazado comentar este asunto. Sobre la contratación de su pareja, “evidentemente él no ha tenido nada que ver”, dicen fuentes oficiales de su consejería.

Histórico del PP

Rodrigo, que se niega en redondo a aplicar los controles de precios que prevé la Ley estatal de Vivienda para las denominadas zonas tensionadas, lleva 25 años encadenando puestos en diferentes Administraciones del PP.

El partido incluso le encontró acomodo lejos de la capital, en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) en sus momentos más duros, por los problemas con la justicia que afrontó tras dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, cuando murieron cinco adolescentes en una fiesta la Noche de Difuntos. Unos hechos por los que llegó a estar imputado, aunque acabó exonerado.

Hace unos meses, Rodrigo tuvo que retractarse por una respuesta fuera de tono en la Asamblea de Madrid a la diputada de Más Madrid Luisa Escalante: “¡No me ponga morritos, que me descentro!”, le espetó, en un debate sobre el funcionamiento del transporte público en la región.

Una expresión que Escalante tachó de “sexista y machista” y “que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política y ha dicho en alguna ocasión que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo”. La presidenta madrileña aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.

Resolución rápida y completa del concurso para levantar cientos de pisos en los futuros desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales cediendo su construcción y explotación a empresas privadas a través de la compañía de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid. La EMVS ha adjudicado esta semana las 27 parcelas que sacó a concurso en septiembre bajo esta fórmula, según una resolución a la que tuvo acceso este periódico.

El Gobierno de Almeida ha enajenado temporalmente estos terrenos bajo el nombre de Plan Suma Vivienda para la construcción de vivienda pública “rápidamente”, mientras la EMVS ejecuta directamente otras promociones. La fórmula consiste en la cesión de las parcelas a empresas privadas para que estas construyan los pisos, los exploten y los devuelvan al Ayuntamiento 65 años después, a partir del 2090. Los arrendatarios pagarán de renta hasta el 30% de los ingresos de su unidad familiar.

El resultado del concurso ha sido mejor para el Ayuntamiento de lo esperado: por un lado se van a construir más pisos de los que había calculado inicialmente el consistorio, ya que las ofertas de las empresas ganadoras suman 1.608 viviendas, algo más de las 1.600 que aseguró la EMVS que habría después del concurso. Las personas que podrán vivir en estos espacios también serán más de las 4.200 calculadas.

La distribución de tipos de pisos será la siguiente: habrá 307 de una habitación, 1.035 de dos habitaciones y 266 de tres habitaciones. La mayor parte de estos pisos se levantarán en Los Berrocales, mientras que aproximadamente un tercio se edificará en Los Ahijones.

Las 27 parcelas se han distribuido en siete lotes que se han adjudicado tres empresas. La que más vivienda ejecutará será Redes Promotora 3 MA, que suma 757 pisos en sus ofertas por tres de los lotes. Luego está una Unión Temporal de Empresas que reúne a la Fundació Privada Salas Per L'accessibilitat, Salas Plushabit, Salas Fonshabit y Salas Construhabit. En su caso levantarán 645 pisos en tres lotes. Y la última es Pecsa Inmo, que se encargará de edificar 206 domicilios.

Además, los ingresos que generará esta operación sí que serán mayores de los inicialmente previsto en el concurso. La base de la licitación fue de 11,5 millones y la licitación arroja un resultado de casi 17,5 millones de euros, seis millones más que irán a parar a las arcas de la empresa pública de vivienda. La empresa pública ha conseguido en este concurso algo que no logró el área de Urbanismo en su licitación para ofrecer alquiler libre con precios limitados durante 15 años. En este último caso se quedaron desiertas 10 de las 12 parcelas ofrecidas.

Las constructoras tienen un plazo máximo de 30 meses para levantar los pisos, a contar desde la obtención de la licencia de edificación. Sin embargo, algunas de las compañías reducirán sensiblemente este margen ya que cuanto antes finalicen las obras antes podrán comenzar la explotación comercial de las casas. Podrán optar a ellas todas las familias cuya renta no supere 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

La EMVS tiene previsto lanzar una segunda fase del Plan Suma Vivienda este año, con el que prevé la construcción de más de 600 viviendas en los mismos nuevos desarrollos urbanísticos. Los responsables municipales aseguran que este tipo de colaboración público-privada asegura un ahorro para las arcas municipales “de cerca de 360 millones de euros”.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) en un pleito con 27 familias que reclamaban a esta entidad la devolución de 66.000 euros, abonados en conceptos de gastos de comunidad de las viviendas de protección pública en las que vivían como inquilinos. La Sala Civil considera que los arrendatarios son los responsables de afrontar esos gastos, como contemplaban los contratos firmados con la empresa municipal.

El Supremo enmienda así la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que los inquilinos tenían razón en su reclamación. En concreto, esta sentencia previa hacía alusión al artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que, si bien el pago de estos gastos por los arrendatarios debía constar por escrito, como ocurre en este caso, en el acuerdo debe cuantificarse también el importe anual de dichos gastos a la fecha del contrato. Y era este último punto al que se acogían los denunciantes en su reclamación.

Pero el Supremo recuerda en su sentencia que esa misma norma “proclama que los arrendamientos de protección oficial de promoción pública se regirán por las normas particulares de estas, que son las autonómicas sobre esta clase de viviendas arrendadas, aplicándose la LAU de 1994, en lo no regulado por ellas”. Y, en ese sentido, indica que la normativa autonómica permite a la arrendadora, en este caso la EMVS, “percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfaga por el arrendador”.

Así, según indica la sentencia del Supremo, “no existe laguna que suplir, norma ausente que reemplazar, ni regulación que completar, para determinar el elenco de derechos y obligaciones que constituyen el contenido del arrendamiento de protección pública suscrito”. El texto indica que los contratos examinados por el Alto Tribunal se había pactado que esos inquilinos de vivienda pública asumirían el coste de los servicios y que así lo hicieron “durante un dilatado periodo de tiempo, que supuso entre 41 y 68 cuotas mensuales, y no se cuestionó que dichas cuotas repercutidas correspondiesen al importe real de los servicios recibidos abonados” por la EMVS.

En su recurso, la EMVS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, había argumentado que, al tratarse de una empresa pública, “no puede pagar los gastos generales de los adjudicatarios de la vivienda pública y protegida, vulnerando el principio del interés general”. La EMVS tiene en lista de espera para acceder a una vivienda pública a 35.000 familias.

Nuevo varapalo para los afectados por la venta de vivienda pública al fondo buitre Blackstone. El Tribunal Supremo ha fallado en contra de 40 familias que vivían en pisos que el Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella vendió al fondo buitre en 2013 y que habían exigido ejercer su derecho de retracto y adquisición preferente recogido en sus contratos: esto es, comprar las viviendas en las que vivían de alquiler al mismo precio de saldo al que las obtuvo el gigante inmobiliario, por poco más de 50.000 euros en este caso.

Pese a que una sentencia de la Audiencia Provincial ya había dado la razón a las familias en 2021, el fondo buitre recurrió esta decisión y el Alto Tribunal le da la razón, al considerar que las viviendas, entonces propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fueron vendidas en bloque. Según el gabinete técnico de la Sala Primera, esta es uno de los pocos supuestos “en los que se procedería la exclusión de los derechos de adquisición preferente”, que venía recogido en los contratos de alquiler.

Esta no es la primera sentencia que el Supremo dicta en torno al derecho de retracto de los afectados por esta enajenación de casi 2.000 viviendas públicas de Madrid a un fondo de inversión. El año pasado la misma Sala de lo Civil dio la razón a cuatro inquilinas de otro bloque del centro de Madrid porque, en su caso, sí se daban los requisitos que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos para obligar a Fidere, antes Blackstone, a ofrecerles la venta al precio al que se las compraron al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella: esa promoción no se había vendido entera, con varias viviendas y hasta 44 plazas de aparcamiento sin enajenar.

En este nuevo caso, con más de 40 familias reclamando su derecho a retracto, el Supremo falla en sentido contrario porque entiende que la EMVS sí vendió a Fidere todas las casas y plazas de aparcamiento que tenía en ese bloque. “Comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión, todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”, explica.

El Supremo rechaza que deba analizarse de forma única la venta de más de 1.800 euros que perpetró el consistorio que entonces dirigía Ana Botella. “Que esa venta forme parte de otra operación más amplia (múltiples promociones inmobiliarias o edificios) es indiferente a estos efectos, al no impedirlo la Ley”, zanja.

En 2013, la EMVS vendió a Blackstone un total de 1.860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, pertenecientes a 18 promociones construidas bajo distintos regímenes de protección pública. La operación, ordenada por la entonces alcaldesa Ana Botella, es el gran ejemplo del desvío de vivienda pública a manos privadas de los últimos años en España. El Tribunal de Cuentas condenó a la exregidora a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo, que luego la Sala de Enjuiciamiento revocó por dos votos contra uno. A su favor tuvo a dos consejeros propuestos por el Partido Popular: quien fuera ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano.