Los cambios de la Comunidad de Madrid en su plan de acceso a VPO restringen las solicitudes

Un proyecto de decreto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contempla el incremento de los plazos de residencia en Madrid para acceder a viviendas públicas protegidas. Hasta ahora, era necesario acreditar el empadronamiento o el contrato en un centro de trabajo en el municipio de la adjudicación durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud para acceder al Plan Vive, el gran proyecto autonómico para la promoción de la vivienda asequible. Ese período pasa a ser de cinco años.

Si con estas condiciones no se cubrieran la totalidad de las viviendas que hay ofertadas, el Ejecutivo madrileño dará acceso a estos inmuebles a las personas que lleven empadronadas o trabajando en la Comunidad de Madrid al menos 10 años. Esta condición también se ha endurecido con respecto a la regulación actual, ya que previamente bastaba con cinco.

El nuevo reglamento, en trámite de información pública y todavía no aprobado de forma definitiva, restringe el acceso a un tipo de oferta sensiblemente más asequible, todo ello en un contexto de crisis habitacional. Desde la Consejería de Vivienda explican que el cambio tiene más que ver con “el arraigo en la Comunidad de Madrid”. Precisan además que los nuevos plazos afectan tanto a la vivienda pública adjudicada en propiedad como a la que se otorga en régimen de alquiler.

Efecto directo en las familias más vulnerables

Pedro Barrero, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, traslada las preocupaciones que esta nueva normativa genera en la oposición : “Limita el acceso a la vivienda a la gente mas vulnerable”. El portavoz del partido en la  Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda lamenta en conversación con Somos Madrid que la actualización normativa “está motivada por otro tipo de cuestiones políticas, a raíz de los mensajes ultras sobre el supuesto problema de los migrantes en la Comunidad de Madrid o la ciudad”. Habla de una medida “discriminatoria tanto como con la migración exterior como con la interior”, que “castiga a las familias jóvenes y con niños pequeñós, además de aquellas en situaciones de precariedad, que son las que más necesitan una vivienda pública”.

Para Barrero, la modificación va en el sentido contrario a los ajustes normativos que debería implantar el Ejecutivo de Ayuso: “Añaden traban cuando deberían afianzar la vivienda protegida, tendrían que cambiar sus normas para que lo sea con carácter permanente y no se pueda especular con ella los 15 años”. Según el edil, las nuevas restricciones “no ayudan a acceder a pisos protegidos” y, en cambio, “fomentarán el mercado negro”.

El Plan Vive es la gran apuesta del Ejecutivo de Ayuso para fomentar la vivienda protegida asequible en Madrid. Sin embargo, en los últimos tiempos ha sido objeto de algunas críricas. Vecinos de Tres Cantos denunciaron a comienzos de año las condiciones extremas de frío en sus pisos por falta de calefacción: “Lo llamamos plan sobrevive”. Además, Ayuso prometió 25.000 viviendas adscritas a este programa en 2019, de las que hasta el momento solo se han adjudicado en torno a 5.000 (un 20%), según datos de la propia Comunidad de Madrid.