La Audiencia Nacional rechaza paralizar el desembarco en Canarias del buque del hantavirus

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar de urgencia el desembarco en Canarias previsto para el próximo domingo del crucero del MV Hondius en el que se ha desatado un brote de hantavirus. El tribunal subraya que la actuación del Gobierno está “orientada a la colaboración internacional en una situación que puede calificarse de urgencia sanitaria”. Y que, en consecuencia, existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque.

Además, añade que “no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española”.  El partido Iustitia Europa impugnó la decisión del Gobierno de España de autorizar la llegada, atraque, desembarco y eventual cuarentena en Canarias del buque, en el que han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco han presentado síntomas (solo permanece a bordo un cadáver).

Este partido, que ya se opuso a medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19, solicitó la suspensión inmediata y total de la operación inaudita parte, es decir, sin dar trámite a la Administración hasta que la autoridad sanitaria pudiera aportar el expediente completo y se pudiera verificar judicialmente que la operación “cuenta con todas las garantías”. En otra resolución, la Audiencia Nacional da 20 días al Ministerio de Sanidad para que le remita el expediente administrativo completo (o una copia autentificada) sobre la decisión del atraque en un plazo de 20 días.

Los recurrentes, que presentaron su recurso este jueves, argumentaban que el barco estaba a 72-96 horas de llegar y que, si se permitía el desembarco sin control judicial previo, se podría generar un daño irreversible a la salud pública de los españoles. Además, solicitaban de forma subsidiaria que si el tribunal no suspendía el atraque, se prohibiera el desembarco general y solo se autorizaran intervenciones médicas individuales de emergencia bajo un circuito sanitario seguro.

Iustitia Europa acusaba a la Administración de infringir la Ley General de Salud Pública, que obliga a actuar con máxima cautela ante amenazas graves. Según el recurso, el virus actualmente está aislado en alta mar y autorizar el desembarco en un puerto poblado “introduce el vector de riesgo en la población general”. 

Los jueces consideran, sin embargo, que “no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española”. Apoyándose en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el auto recuerda que ante la “incertidumbre” en materia de salud pública, la Administración puede tomar “medidas necesarias para prevenir el daño”.

El dispositivo que se pondrá en marcha a partir del próximo domingo implica a 23 países y estará coordinado por la Comisión Europea –que tiene activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCU)– y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay contactos además con el resto de países de fuera de la UE y colaboración con EEUU, Canadá y Reino Unido. Cada hora hay una reunión de seguimiento con organismos internacionales y administraciones implicadas. Todo para contener el virus y evitar que el brote del crucero de Oceanwide derive en una expansión internacional del hantavirus.