‘MV Hondius’: tratado sobre la geopolítica del desprecio y la persistencia colonial en el Atlántico

La crisis del MV Hondius ha dejado de ser una emergencia sanitaria para convertirse en un tratado abierto sobre la geopolítica del desprecio y la vigencia de las estructuras coloniales en el Atlántico. Lo que comenzó el 1 de abril de 2026 en el puerto de Ushuaia como una expedición de élite hacia la Antártida y las Georgias del Sur, ha degenerado en un periplo de cuarenta días donde la seguridad de la población canaria ha sido supeditada a la comodidad logística de las potencias europeas y al lucro de la naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions. A fecha de 8 de mayo de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado al menos cinco casos de hantavirus de la cepa Andes —la única variante con capacidad demostrada de transmisión interhumana y una letalidad que puede alcanzar el 50 %—, lo que sitúa al archipiélago frente a una amenaza biológica gestionada con un cinismo administrativo que prioriza el ahorro de costes empresariales sobre la seguridad pública.

Que el foco de la crisis se haya desplazado del puerto de Santa Cruz de Tenerife al recinto de Granadilla no es una decisión técnica neutra, sino un intento de invisibilizar el desembarco del patógeno en una infraestructura periférica, sorteando así el rechazo social de la capital. Esta maniobra se produce en un contexto de absoluta impotencia institucional, donde el Gobierno de Canarias se ha reconocido incapaz de vetar una operación impuesta desde Madrid y Ginebra. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, llegó a declarar que no podía “permitir” que entrara en las Islas Canarias, para después tener que conformarse con un fondeo que constituye una claudicación ante el Estado. Ello ha producido la amenaza explícita de los trabajadores portuarios de Granadilla (Sindicato de Trabajadores Puertos de Tenerife), quienes han advertido que bloquearán el muelle ante la falta de protocolos de seguridad claros, denunciando falta de información y la insuficiencia de la infraestructura médica para afrontar un brote de estas características.

La trazabilidad del brote vinculaba inicialmente esta crisis con el núcleo económico de los Países Bajos a través de una empleada de KLM, el mismo Estado que ahora busca externalizar sus riesgos en las costas canarias. Aunque la OMS confirmó el 8 de mayo que la trabajadora ingresada en Ámsterdam dio negativo, el balance global es alarmante: se han confirmado nueve casos positivos y tres fallecidos. La dispersión del patógeno por Europa es un hecho, con pacientes hospitalizados en centros de alta especialización en Zúrich (Suiza), Düsseldorf (Alemania), Nimega y Leiden (Países Bajos), además de la alerta emitida por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) tras confirmar un tercer ciudadano británico afectado. Estos datos demuestran que el problema se atomizó en el continente antes de designar a Canarias como el territorio de descarga definitiva de la crisis.

El periplo del MV Hondius es una cronología de oportunidades de interceptación deliberadamente ignoradas. Resulta injustificable que, tras la primera muerte a bordo el 11 de abril y el posterior desembarco de treinta personas en la isla de Santa Elena el 24 de abril —donde se abandonó el cuerpo de la primera víctima—, el buque no fuera retenido en dicho punto. Santa Elena representaba el momento crucial para una intervención internacional que impidiera el avance del riesgo hacia el norte. Ante el fracaso en dicha latitud, la segunda oportunidad fallida se sitúa en la ruta entre Cabo Verde y Canarias. En este tramo de alta mar, la obligación ética y técnica dictaba la movilización de todos los recursos hospitalarios navales disponibles para interceptar el crucero que, incluso, transporta, ahora, un cadáver, sin necesidad de que recalara en el archipiélago. Sudáfrica, en un primer momento, con infraestructuras de primer nivel en Ciudad del Cabo y vínculos estrechos con la naviera neerlandesa y Holanda, en un segundo momento, eran el destino lógico para una gestión que no desplazara el riesgo biológico miles de kilómetros hacia una región ultraperiférica.

La gravedad de la situación alcanzó su punto crítico con el incidente en el aeropuerto de Gando, en Gran Canaria. Un avión medicalizado Learjet 45, que trasladaba a dos pacientes infectados desde Cabo Verde con destino a Ámsterdam, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia después de que Marruecos le denegara la escala en Marrakech. Tras la toma en tierra, se comunicó una avería en el soporte vital de una de las cápsulas de aislamiento, obligando a mantener la aeronave en pista mientras se improvisaba una solución. Este fallo técnico en la burbuja de seguridad expuso al entorno aeroportuario a un riesgo inaceptable y constituye la prueba definitiva de la externalización del riesgo: Canarias se ha convertido en la estación de reparaciones de una logística sanitaria internacional fallida.

Es imperativo denunciar que la Unión Europea posee una flota hospitalaria de vanguardia que ha permanecido inexplicablemente amarrada. El buque español Esperanza del Mar dispone de aislamiento para procesos infecciosos y UCI, mientras que el Juan de la Cosa posee capacidad para veinte pacientes en condiciones de máxima seguridad. A ellos se suman unidades como el francés Dixmude, con un hospital Role-3 de 69 camas, o el neerlandés HNLMS Karel Doorman. La movilización coordinada de todos estos buques habría permitido tratar a los pacientes en alta mar cuando recaló el MV Hondius en Cabo Verde, preservando a la población civil. Optar, sin movilizar a estos buques hospitales, por el fondeo, después de tres días de navegación, en Granadilla y la derivación, en su caso, al Hospital de La Candelaria —con una unidad de aislamiento limitada a un solo paciente— es una decisión que obedece a la claudicación de la OMS ante los intereses empresariales y la lógica de mercado, arrastrando al Estado español a una renuncia de su propia soberanía sanitaria. Priorizar el ahorro de costes de la naviera frente a la necesaria movilización de recursos navales públicos no solo evidencia una sumisión institucional al capital privado, sino que configura un patrón de abandono colonial.

La designación de Canarias como puerto de escala no fue una fatalidad geográfica, sino el producto de una cadena de rechazos soberanos. Cabo Verde cerró sus puertos el 4 de mayo y Marruecos bloqueó su espacio aéreo para el repostaje médico. En este escenario, España fue el único actor que aceptó, a petición de la OMS, la llegada del buque. La «proximidad geográfica» esgrimida por el Ministerio de Sanidad es la coartada para convertir el archipiélago en el receptor forzado de riesgos que ningún otro Estado estuvo dispuesto a asumir. Mientras tanto, los españoles a bordo serán evacuados a la instalación de élite del Hospital Gómez Ulla en Madrid, evidenciando el abismo entre la protección reservada para el centro y la precariedad impuesta a la periferia.

Esta crisis exige interrogar sus causas estructurales. La claudicación institucional ante una gobernanza global que externaliza el riesgo hacia los territorios periféricos reitera un modelo donde Canarias es utilizada como el eslabón más débil de una cadena de intereses ajenos. Canarias no puede seguir siendo la frontera que todo lo aguanta por imposición de un sistema que nos mira con condescendencia. La crisis del hantavirus es el síntoma de una enfermedad política profunda: la carencia de una soberanía real para proteger la vida en nuestras islas frente a los dictados de las metrópolis y el capital.