La Oficina Antifraude de Madrid critica el fichaje a dedo de la pareja de un consejero de Ayuso en una empresa pública

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid cuestiona la legalidad de la contratación a dedo de la pareja del consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, en la empresa pública del Consistorio que gestiona esta área.

Tras una denuncia de Más Madrid, para la Oficina Anticorrupción “no ha quedado acreditado fehacientemente” que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), 100% del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida, cumpliera la ley al contratar en diciembre de 2023 a F.T., pareja del consejero autonómico del ramo.

En un dictamen del 16 de diciembre, duda que esa contratación respetara las exigencias del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) sobre “los criterios de acceso de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios rectores contenidos en el artículo 55” de esa ley: “Publicidad, transparencia, agilidad, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, así como la imparcialidad, profesionalidad e independencia de los órganos de selección”. 

“No ha quedado acreditado fehacientemente en la documentación remitida a esta oficina cómo se salvaguardaron los mencionados principios en la contratación efectuada”, dice la resolución del director del ente, el exjuez del Tribunal Supremo, ex Fiscal General del Estado (1994-1996) y expresidente de la Junta Electoral Central, Carlos Granados.

“No se da detallada explicación sobre cómo llegó el currículo de la persona seleccionada a la empresa, si se hacía algún tipo de publicidad para que quien se considerara con los requisitos necesarios pudiera presentarlo, o si procedían de procesos de selección para trabajadores fijos”.

La EMVS indicó a Antifraude que para “cubrir de forma urgente” esa plaza “temporal”, “se evaluó la experiencia y los méritos” de la persona seleccionada: “Entre los currículos que obraban en poder de la entidad se consideró que era el que más se adecuaba al perfil”.

Según Anticorrupción, “no consta si hubo otros candidatos o, en su caso, detalle objetivado de los méritos valorados que justificaron la elección”. “Frente a la libertad de elección que tiene la empresa privada para seleccionar a sus empleados, las empresas del sector público, aunque sometidas al derecho privado, tienen limitaciones en cuanto a la discrecionalidad de elección de trabajadores, debiendo respetar los principios anteriormente referenciados”.

Como reveló en junio elDiario.es, F. T. lleva años encadenando puestos a dedo en Administraciones del PP en Madrid con sueldos públicos de hasta 62.500 euros. Todo ello, sin cualificación universitaria, un inglés “básico”, una FP, rama Administrativa, y un curso a distancia de “Auxiliar de Protocolo” que hizo poco antes de recalar en el Gobierno de Cristina Cifuentes para tareas de asesoría. En la EMVS cobra casi 50.000 euros anuales.

Rodrigo, definido como el consejero “con mayor peso político” de Isabel Díaz Ayuso, anunció en septiembre que deja temporalmente el cargo por un cáncer. No ha sido sustituido al frente de las políticas de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

“Principios éticos”

Anticorrupción destaca “la importancia” de que al cubrir este año definitivamente la plaza de la pareja de Rodrigo, la EMVS respete el artículo 53 de la EBEP “en relación con los principios éticos allí recogidos, con especial referencia” a “la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

El informe recuerda que según el convenio colectivo de la EMVS, la contratación temporal “no podrá exceder de un año, plazo durante el cual deberá iniciarse el proceso para su cobertura definitiva”. F. T. lleva en el puesto más de dos años. Un portavoz de la EMVS subraya que a las plazas temporales se les un decreto ley de 2021 “que fija un plazo de 3 años como máximo para cubrirla definitivamente”, y que la oferta de empleo de la empresa está limitada anualmente por la tasa de reposición que establecen los Presupuestos Generales del Estado. La EMVS “cada año acuerda con los representantes de los trabajadores la oferta de empleo anual tanto para promoción interna como para oferta externa para su cobertura definitiva, priorizando el orden cronológico”.

Según la EMVS, en el momento de la contratación de F. T. “los requisitos y criterios aplicables a la selección del personal contratado con carácter temporal no estaban reglados/articulados mediante un procedimiento específico. Por ello, y ante la necesidad urgente de cubrir determinados puestos y para evitar la interrupción del servicio, se procedía a formalizar contratos temporales con personas cuyos currículos obraban en poder de la entidad y que se adecuaban a los perfiles y necesidades de las plazas que era imprescindible cubrir de inmediato. Siempre con la convicción de que se trataba de una contratación temporal hasta que tuviera lugar el proceso de selección para la cobertura definitiva de la plaza”.

Más Madrid critica que en el caso de la plaza de F. J., “ni siquiera se ha abierto el proceso para su cobertura ajustada a la legalidad”, y apunta una posible “conducta prevaricadora” del concejal de Vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, “porque es conocedor de los hechos denunciados en los medios” y “los negó en la Comisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid en julio”.

Para la concejala de Más Madrid Lucía Lois, el “demoledor” informe prueba que “el Gobierno de Almeida utiliza la EMVS como una oficina de colocación de amiguetes del PP. Y esto es una clara vulneración de la legalidad”. “Usa el Ayuntamiento de Madrid como si fuera su cortijo donde hacer y deshacer con absoluta impunidad”.

“Contratar en la EMVS solo con una entrevista es enchufismo”, algo “inaceptable en la Administración Pública. Y el argumento esgrimido por el PP de la ”urgencia“ es igualmente inaceptable, no justifica en absoluto saltarse las reglas. Aquí se han ignorado, como constata el director de la Oficina contra el Fraude, los principios constitucionales de acceso al empleo público”, destaca Lois.

Más Madrid exige “la inmediata depuración de responsabilidades” en la EMVS y una investigación interna que aclare cuántos puestos “siguen cubiertos en la actualidad tras procedimientos que vulneraban la legalidad vigente en materia de contratación de personal”. No descarta acudir a Fiscalía “en caso de que no se identifique a los máximos responsables de estas actividades ilícitas”.

“Opacidad total”

“Llegaremos hasta el final y tomaremos las acciones necesarias para que se identifique a los máximos responsables”, advierte la concejala. “Simplemente esta persona llegó allí una mañana y le pusieron en un despacho. Es una ilegalidad y un escándalo que, si no fuera tan grave, hasta podríamos bromear con que Berlanga no lo habría reflejado mejor en su parodia de los enchufes en la administración” de la película La escopeta nacional. “Lo único que hay aquí es una opacidad total”, añade.

Más Madrid presentó su denuncia el 28 de octubre. Tras destaparse el caso pidió copia del expediente a la EMVS. Su consejera delegada presentó un informe indicando que “la plaza se cubrió con dicha persona, cumpliendo con los requisitos previstos por la Empresa para las contrataciones temporales”. La EMVS denegó en septiembre la documentación que debía obrar en el expediente: oferta de empleo publicada, comunicación al Comité de Empresa, solicitudes de los aspirantes, valoración, propuesta de nombramiento...

La trayectoria académica y laboral de F. T. es muy diferente a la del responsable de las políticas de Vivienda de Ayuso, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Pontificia de Comillas y con programas de gestión pública en el IESE de la Universidad de Navarra (la escuela de negocios del Opus Dei) y Comillas-ICADE.

Su pareja, según el currículum oficial de su anterior cargo público en un organismo del PP madrileño, cursó en los años 80 una FP, rama Administrativa. Con un inglés de “usuario básico”, su carrera dio un giro hace diez años. Tras más de una década en el área contable de una empresa privada, realizó un cursillo no oficial de “Auxiliar de Protocolo” de la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de 150 horas en 5 meses y medio (por 650 euros, incluyendo tasas académicas y materiales didácticos).

Acto seguido, F. T. encadenó puestos de asesoría en el Gobierno de Cifuentes, el Ayuntamiento de Almeida y otra consejería madrileña ya con Ayuso como presidenta en la que cobraba casi 60.000 euros, según datos que en su día publicó el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Más del doble que el salario medio anual en España.

En 2023, con Rodrigo ya en Vivienda, le llegó una gran oportunidad profesional: coordinar el gabinete de Alcaldía de un relevante municipio madrileño del PP. Un puesto de libre designación (a dedo), alta exigencia y más de 62.600 euros brutos anuales de sueldo. No duró ni cinco meses. “Cesa porque le sale otra cosa”, explicó en junio un portavoz de ese consistorio, que afirmó que no hubo quejas sobre su desempeño. “Quería algo más tranquilo”, apuntó alguien que conoce la trayectoria de F. T.

La persona que le sucedió en ese cargo tiene una licenciatura técnica, estudios de posgrado en dos de las principales escuelas de negocios de España y cuatro décadas de trayectoria en puestos de gestión en distintas Administraciones.

Esa “otra cosa” más tranquila fue la EMVS. Allí la pareja del consejero regional cobra 49.911,4 euros anuales con un nivel de exigencia muy inferior a su anterior cargo. Con rango de jefatura de sección y nivel 3, algunas fuentes lo comparan con un conserje “muy bien pagado”. En las tablas salariales de la EMVS, el puesto de conserje (la escala salarial más baja) se paga con algo más de 21.500 euros. El nivel de F. T. es el quinto más elevado en una escala de doce categorías.

Con unos 350 empleados, incluyendo temporales, la EMVS es la mayor empresa pública de vivienda de España, conocida por la venta masiva de viviendas sociales de 2013 a un fondo buitre, con Ana Botella como alcaldesa.

Los requisitos por convenio para acceder a un puesto de nivel 3 en la EMVS son: titulado superior, grado universitario, grado medio y/o suficiente experiencia demostrada mínima de dos años. F. T. solo acreditaría esa experiencia en sus empleos anteriores. La EMVS indicó en junio que superó con éxito una entrevista personal. No aclaró si hubo más candidaturas.

Rodrigo preside la agrupación del PP en el distrito madrileño de Salamanca, cuya concejal presidenta, Cayetana Hernández de la Riva, es consejera de la EMVS, una de las principales empresas públicas del Ayuntamiento. Su CEO desde julio es Ana de Miguel, tras ser nombrado jefe de Gabinete de Almeida su antecesor, Diego Lozano.

Rodrigo se ha negado a aplicar los controles de precios de la Ley estatal de Vivienda para zonas tensionadas. Lleva más de 25 años encadenando puestos con el PP. Encontró acomodo en Sevilla (en la empresa pública de aparcamientos Aussa, con Juan Ignacio Zoido como alcalde) tras los problemas con la justicia que afrontó al dimitir en 2012 como gerente de Madrid Espacios y Congresos por la tragedia del Madrid Arena, al morir cinco adolescentes en una fiesta de Halloween. Fue exonerado tras estar imputado.

Hace unos meses, en un debate sobre el transporte público, espetó en la Asamblea de Madrid un “¡No me ponga morritos, que me descentro!” a una diputada de Más Madrid que tachó la expresión de “sexista y machista”: “No es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico”. Rodrigo se disculpó con la boca pequeña y minimizó los hechos: “No creo que haya sido así, si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas”.

Diputado en la Asamblea hasta 2023, desde ese año Rodrigo está a las órdenes de Ayuso, periodista de formación que apenas ha trabajado fuera de la política, cree que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo” y aboga por lo que llama “mérito a la española” para “enfrentarse a la aventura de vivir” y “protegerse en un momento donde la ideología lo impregna todo”.