La alta representante para Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que respalda la posición del Gobierno español para que se levanten las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la reunión de los ministros de Exteriores de los 27 que ha tenido lugar en Bruselas.

Kallas ha declarado que va a proponer “levantar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce como presidenta interina. Este planteamiento se basa en los recientes avances legislativos, incluidos la aprobación de una amnistía y la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos”.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Alabares, ya comentó antes de comenzar la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas que “hay sintonía” en la UE respecto a este tema. “Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismo, son un medio de presión”.

El pasado 20 de febrero, en una sesión calificada como histórica, los diputados del Gobierno y la oposición democrática de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Pese a los malos augurios y el escepticismo general en la sociedad, la comisión sacó adelante la medida como “un intento real de reconciliación”. 

Albares ha recordado que “Nicolás Maduro nunca tuvo sanciones europeas. Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta, porque precisamente para mantener el diálogo, la Unión Europea nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores”.

Proceso europeo por 'hitos'

“Todavía no sabemos si habrá consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea para respaldar esa propuesta, porque aún no ha sido formalmente llevada a la mesa de decisiones y requerirá la aprobación unánime de los socios europeos para modificarse el régimen de sanciones”, ha explicado la jefa de la diplomacia europea sobre los próximos pasos a dar para normalizar las relaciones entre la UE y Venezuela.

En este sentido, Kallas ha apuntado que propondrá “entablar una discusión más amplia sobre el enfoque europeo hacia las autoridades venezolanas con el objetivo de establecer criterios claros o 'hitos' acerca de lo que esperamos ver por parte de Venezuela en términos de derechos humanos, estado de derecho y proceso político. Cualquier avance tangible en esos ámbitos pueda ir acompañado de pasos reflejados por nuestra parte”.

La alta representante para Exteriores de la UE ha puntualizado que “se podría articular una relación condicional y progresiva que incentive reformas internas en Venezuela, manteniendo al mismo tiempo el apoyo europeo en función de resultados concretos”.

A Juan Ernesto (nombre ficticio por medidas de seguridad) lo detuvieron en 2024 en una avenida del centro de Caracas, a plena luz del día. Un comando policial con capuchas y armamento tipo SWAT lo interceptó y lo bajó del vehículo a empujones. Le pusieron una capucha en la cabeza; cada vez que intentaba preguntar algo, le gritaban que se callara. Faltaban 72 horas para que Nicolás Maduro asumiera un tercer mandato entre acusaciones generalizadas de fraude y el Gobierno había intensificado las redadas policiales.

Juancho —como lo llaman su familia y amigos— es un reputado activista por los derechos humanos y miembro de la directiva de una ONG con treinta años de trabajo. “Me detuvieron sin orden judicial; pensé que me iban a desaparecer”, dice a elDiario.es. Lo llevaron a una casa clandestina de torturas, lo amarraron a una silla y lo interrogaron durante 24 horas, según cuenta. Le preguntaban con insistencia si tenía relación con María Corina Machado. Después lo trasladaron al Helicoide, donde compartió una celda de 40 metros y dos baños con 14 personas. Su familia recorrió durante días los centros de detención de Caracas: en todos negaban que estuviera allí. Introdujeron un habeas corpus, que fue rechazado. Supieron dónde estaba solo gracias a un mensaje cifrado que otro preso logró enviar oculto en un libro.

Nunca le dejaron designar un abogado privado. El Estado le impuso un defensor público al que vio diez minutos por vía telemática. Así supo que estaba acusado de “legitimación de capitales y asociación para delinquir”: un delito fabricado que, según los activistas, sirve para disfrazar la persecución política. Semanas después lo excarcelaron con medidas cautelares. Hoy tiene prohibido hablar con la prensa y debe presentarse ante un tribunal cada 30 días.

Ahora, la ley de amnistía que se acaba de aprobar le deja un sabor agridulce. Se alegra de que algunos presos políticos vayan a recobrar su libertad, pero su caso no está contemplado en la norma. “Con una ley así, Hugo Chávez jamás habría sido amnistiado luego del fallido golpe de Estado en 1992”, me dice.

Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación

Mibelis Acevedo — periodista y experta en transiciones políticas

La represión política no llegó con Maduro. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 hay presos políticos en Venezuela. José Vicente Rangel, su ministro de Defensa y canciller, acuñó un mantra recordado desde entonces: “En Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos”. Al invertir las palabras, el chavismo despojó al disidente de su motivación política y lo revistió con el traje a rayas del criminal común.

Bajo Chávez, la cárcel fue un bisturí de precisión: castigos ejemplarizantes para figuras específicas que enviaban un mensaje al resto. Con Maduro, la represión se convirtió en maquinaria industrial. Ya no solo caían los generales o los jueces, sino cualquier estudiante que gritara en una esquina o la tuitera que cuestionaba el hambre. Se crearon centros especiales como 'La Tumba', un laboratorio de cinco pisos bajo el asfalto de Caracas: siete celdas de dos por tres metros, paredes de un blanco quirúrgico, luces fluorescentes que jamás se apagan. El preso pierde la noción del día y la noche. Es la arquitectura de la deshumanización: un lugar diseñado para que la mente se rinda.

Varias ONG como Provea, Foro Penal y Espacio Público denunciaron el perverso fenómeno de la “puerta giratoria”: el Gobierno liberaba a un grupo de presos antes de una cumbre internacional, pero apenas se apagaban las cámaras, encarcelaba a otros dos. La libertad ciudadana se convirtió en moneda de cambio, un activo del mercado de la negociación política.

Lo que dice y lo que oculta la ley

El 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de amnistía para la convivencia democrática. Delcy Rodríguez la promulgó esa misma noche. El contexto es decisivo: tras el secuestro de Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez inició un proceso de liberaciones que, según Foro Penal, alcanzó a 448 personas antes de la aprobación.

El texto tiene 16 artículos. El ámbito temporal va de 1999 a la fecha, pero la amplitud es engañosa: el artículo 8 restringe la amnistía a 13 episodios concretos (golpe de 2002, paro petrolero, protestas de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, hechos de 2019, elecciones de 2024 y 2025). Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, calculó que, de 27 años formales, más de 14 quedan fuera, y de los meses restantes apenas unos 20 están cubiertos.

Se excluyen los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico, corrupción y la participación en “acciones armadas o de fuerza” con intervención extranjera. Esta última cláusula apunta directamente a Machado, Edmundo González y Leopoldo López. La propia Rodríguez ha advertido que Machado deberá “rendir cuentas” cuando pise Caracas.

Foro Penal estima que 2.742 personas podrían beneficiarse de forma inmediata. Pero quedan fuera unos 180 militares procesados por rebelión, las personas detenidas en períodos no contemplados y todos aquellos cuya persecución política se disfrazó de delito común, como en el caso de Juan Ernesto. La norma tampoco contempla la devolución de bienes incautados, la rehabilitación de los inhabilitados ni la reapertura de medios clausurados.

Lo que dicen las organizaciones de derechos humanos

Las principales ONG venezolanas coinciden en varios puntos críticos. Foro Penal, la más pragmática, trabaja con el instrumento disponible: ya entregó a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos excluidos. Pero su director, Alfredo Romero, advirtió que “el monstruo todavía está ahí y puede morder” y que la amnistía no era requisito para liberar a personas detenidas de forma arbitraria.

Cofavic, fundada tras el conocido Caracazo, es más crítica. “La reconciliación no puede basarse en la impunidad”. Denuncia que la ley no prevé justicia transicional, ni Comisión de la Verdad, ni reparación. Lo más grave: el artículo 14 ordena la eliminación de registros y antecedentes, lo que podría “enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados” y destruir la memoria histórica. Cofavic ha acuñado un concepto para definir este riesgo: “impunidad por absorción”. El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia, se perdona a sí mismo por la violencia con que la reprimió.

Provea denuncia que la ley califica como “hechos violentos” lo que fueron protestas legítimas y que sin desmontar el aparato represivo no habrá estabilidad democrática. JEP (Justicia, Encuentro y Perdón) la califica de “revictimizante y excluyente”. Rafael Uzcátegui, del Laboratorio de Paz, señala su “falla de origen”: está promovida por el mismo Gobierno responsable de las violaciones. Los expertos de la ONU han pedido que se aplique a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal y que se excluya a los responsables de violaciones graves, incluidos los agentes del Estado.

Un puente de plata con muchos vacíos

“Más que entenderse como un instrumento definitivo para el 'perdón y olvido', la amnistía en Venezuela puede interpretarse como una medida pragmática y necesaria, cuyos resultados deberían blindarse con mecanismos adicionales de verdad, justicia y reparación”, explica a elDiario.es la periodista y experta en transiciones políticas, Mibelis Acevedo. Las leyes de amnistía, señala, también son el “puente de plata” que puede facilitar el paso del autoritarismo a la democracia, un incentivo para que sectores del régimen colaboren con el cambio. Pero advierte que esta ley, en su forma actual, entra en la categoría de las gestionadas por Gobiernos no democráticos, como las autoamnistías de Chile y Uruguay en los años 70 y 80.

La ley de amnistía es un hecho relevante, sostiene, es la primera vez que un Gobierno venezolano reconoce la existencia de presos políticos en sentido amplio. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió perdón a los venezolanos por los crímenes del Estado desde la llegada de Chávez al poder. Ese gesto, inédito en la era bolivariana, no debe subestimarse. Pero no es una ley de justicia transicional: no hay verdad, no hay reparación, no hay garantías de no repetición. Libera a las víctimas de la persecución, pero puede borrar las pruebas de esa persecución. Perdona la disidencia, pero no investiga la represión.

Juan Ernesto, mientras tanto, sigue presentándose cada treinta días ante un tribunal. Tiene prohibido hablar con la prensa. La ley que el Gobierno presenta como acto de reconciliación no cubre su caso. Él, que defendió a decenas de personas, que fue torturado y acusado de un delito fabricado, sigue con un pie dentro del sistema penal. Sin embargo, tiene la oportunidad de solicitar que su caso sea revisado por la comisión de seguimiento de la ley y ser libre completamente. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este sábado que el Gobierno tiene previsto atender las solicitudes para que “más de 11.000 personas puedan disfrutar de libertad plena”, ya que tienen medidas sustitutivas de libertad, como prohibición de salida del país y régimen de presentación ante tribunales. A pesar de las falencias, Juan Ernesto reconoce que la ley es un “paso pequeñito” hacia una transición y puede impulsar más cambios para recuperar la democracia.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha denunciado que “hombres fuertemente armados” secuestraron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, ha escrito Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa ha señalado que un grupo de “aproximadamente 10 personas no identificadas” interceptó y “secuestró” a su padre.

“Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanco y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación”, ha publicado Ramón Guanipa en las redes sociales del exdiputado.

En un video, ha detallado que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 hora local (03:45 GMT), sin precisar dónde, cuando “fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación”.

El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), ha asegurado que el Gobierno lo detuvo “mientras se movilizaba de sitio”, al tiempo que ha responsabilizado del secuestro a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

“Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado”, ha señalado la formación PJ en su cuenta de X.

Guanipa fue puesto en libertad junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado en la tarde del domingo, el mismo día que se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones después de la captura del mandatario Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

El opositor encabezó, junto a otros activistas políticos, una caravana de motocicletas y automóviles que en la noche del domingo se dirigieron a varias prisiones para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de los que permanecen encarcelados.

Guanipa se encontraba en la clandestinidad cuando fue detenido en mayo de 2025, en un operativo policial que, según el Gobierno, tenía como objetivo desmantelar un plan para “boicotear” los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar “actos terroristas”, y en el que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas, extranjeros.

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, ha aprobado este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

“No tenemos mucho tiempo”, aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir “en la necesidad de sanación”. El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea “profunda” e incluya a “quien tenga un testimonio” o propuesta, así como a los “familiares de las personas privadas de libertad”, los propios detenidos y “las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.

“Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos”, expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EEUU, con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política “sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes”, en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y al secuestro del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un “número importante” de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de “objetivos, alcance y viabilidad”, y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

El año pasado Julio Manrique, ya como director del Teatre Lliure, inauguró la temporada con un clásico del repertorio del siglo XX, La Gavina, de Anton Chéjov. Este año ha decidido apostar por el autor que le proporciono uno de sus mayores éxitos, el inglés Jez Butterworth, uno de los grandes dramaturgos ingleses actuales. De este adapta su obra El barquer, que se trata sin duda de uno de los estrenos más esperados de la temporada barcelonesa.

En 2019, Manrique supo unir todo el complejo ardid teatral de Butterworth en Jerusalem, una obra en el que un soberbio Pere Arquillué interpretaba a un Falstaff contemporáneo que vivía en un bosque shakespereano, rodeado de jóvenes a los que facilitaba drogas… Tres horas de rave continua y buen teatro que supuso un gran éxito. Ahora, Manrique ha decidido abordar esta obra situada en un pueblo de Irlanda del Norte, un drama rural donde saldrán a flote las miserias y las tragedias de una sociedad que durante 30 años vivió y sufrió un terrible conflicto bélico. 

La obra está situada en 1981, los años de plomo en los que Margaret Thatcher está en el poder en Londres y el IRA lucha con todo, desde las acciones armadas hasta las grandes huelgas de hambre en las cárceles inglesas. Un cadáver aparece bien conservado en uno de los pantanos cercanos al pueblo. Es el día de la celebración de la cosecha y la familia Carney verá como aquel descubrimiento trastoca la jornada... 

Producción propia, 19 actores en escena, la sala grande, la Fabià Puigserver, obra de larga duración, más de tres horas. Es un gran montaje, ¿no?

Sí, es una producción excepcional, es una tirada de la moto muy importante. Es una obra extraordinariamente grande, un tipo de trabajo que claramente solo puede hacerse desde un teatro público. Pero lo estoy pasando muy bien pese a que hay que arremangarse muy fuerte porque hay muchas almas subidas a esta barca. Es bien bonito tener un elenco que va desde los 79 años que tiene Imma Colomer, hasta los ocho años que tiene Elena Salvat. Y eso ya convierte el proceso en algo emocionante de por sí.

Esencialmente, ¿sobre qué va la obra?

Sobre la tierra como fuente de vida y de conflicto. Toda la obra, excepto la escena del prólogo, transcurre en un día de finales de agosto en una granja en Irlanda del Norte, en una zona rural. Se celebra el día de la cosecha. Se celebra que la tierra da vida y nos alimenta. Pero la obra aborda un periodo en el que se vive un conflicto que también tiene su origen en la tierra, en el territorio. La tierra es también fuente de discrepancias, de violencia, de guerra y de destrucción.

Es bien bonito tener un elenco que va desde los 79 años que tiene Imma Colomer, hasta los ocho años que tiene Elena Salvat.

¿Y eso se refleja formalmente?

La obra empieza con un cadáver que se encuentra al fondo de un pantano con una bala en la cabeza. El cadáver de alguien que ha estado desaparecido durante diez años, algo que sucedió en el periodo de los troubles [el conflicto armado], cuando el IRA sospechaba que había gente que podían ser confidentes de la policía. Precisamente para representar ese pantano vamos a usar el suelo de la sala. La escenografía la he trabajado con Lluc Castells y hemos querido huir de una conformación escenográfica que volviese todo demasiado estático. Pero no te puedo contar más, tendrás que ir al estreno...

¿Qué destaca del texto?

Butterworth, cuando escribe, consigue algo muy difícil: poner muchos personajes en escena y lograr que todos pinten algo, que tengan una voz, que no haya figuración y todos sean una pieza importante dentro del relato, Y luego tiene la maestría de dejarlos hablar y que sean ellos los que construyan la obra; es muy hábil. Además, los personajes no están para dar lecciones o decir lo que el autor quiere, sino que los deja ser. 

¿Qué visión da el autor sobre el conflicto? 

La pareja de Butterworth, Laura Donnelly, que es actriz y de hecho estuvo en el reparto que estrenó la obra en el Royal Court en 2017, tiene raíces irlandesas y tuvo un tío que estuvo en el IRA y que forma parte de estos casos de los llamados “desaparecidos”. Fueron hasta 17. Y fueron aflorando después de los acuerdos de paz del 98 del Viernes Santo. Laura Donnelly le contó esta historia a Butterworth y es a partir de ahí desde donde construye. 

Los años del procés independentista fueron particularmente calientes y muy cargados emocionalmente y por ahí, creo, la obra resonará en el público

Es bien relevante ese punto de partida, pero un inglés tratando el tema del IRA desde la Irlanda rural. Se antoja una tarea nada fácil...

Es verdad, pero creo que se acerca con mucha sensibilidad y trata con muchísimo respeto el mundo del republicanismo irlandés. Y no está interesado en dar lecciones ni en decir lo que deberíamos pensar. La obra plantea la historia de alguien que ha estado en la lucha armada, en el IRA, que en un momento dado dice “ya no puedo más, estoy harto de sangre y de bombas”, y se aparta. Deja las armas e intenta montar otro tipo de patria, que es su familia, en el campo. Pero de una manera inevitable la violencia acaba llamando a la puerta otra vez. El autor acaba metiéndose hasta la médula en lo que supone el uso de la violencia para resolver las cosas.

La obra, que dirigía nada menos que Sam Mendes, fue bien recibida en su estreno en Londres, se llevó varios premios importantes, 4 Tonis, 2 Lawrence Oliver, y tuvo además buenas críticas. No levantó susceptibilidades.

Es curioso, ¿verdad? Porque si bien ahora la situación está pacificada, fueron 30 años de conflicto y murieron 3.700 personas. Hay muchas heridas abiertas. Es verdad que no hubo polémica, pero sí que me han contado que la gente salía muy conmocionada del teatro. Y es que esa fuerza de conmover, de llevar a la reflexión, sí que la tiene la obra. 

Los movimientos independentistas en el Estado Español durante los 80 y los 90, y también en el siglo XXI, se ha mirado mucho en todo lo que fue el proceso de paz irlandés. ¿Cómo cree que puede resonar esta obra en Catalunya?

Lo hará, indudablemente. Aunque el tema vasco y el catalán son bastante diferentes, la raíz del problema es la misma: a una parte de la gente que vive en estos territorios le gustaría independizarse del Estado al que pertenece. Pero el camino que se ha seguido es distinto. Quizá lo de Irlanda del Norte tiene algo más que ver con la historia de Euskadi y ETA. En Catalunya ha sido una cuestión más política y que ha tenido diferentes fases. Los años del procés independentista fueron particularmente calientes y muy cargados emocionalmente. Por ahí, creo, que resonará. 

El argumento de "las familias se rompen en Catalunya con el procés" se utilizó tanto y, en mi opinión, a veces tan demagógicamente por parte de algunas voces políticas, que se me atraganta la comparación

¿En qué sentido?

La obra de Butterworth sucede en el año 1981, año en el que los presos del IRA que están en cárceles inglesas llevan a cabo huelgas de hambre como manera de reivindicar el ser tratados como presos políticos. Pero Margaret Thatcher, primera ministra británica, les dice que de eso nada, que ellos son criminales. Ese asunto del estatus de preso político va a resonar aquí con fuerza. 

El enfrentamiento y el enconamiento con el otro también está bien presente en la obra. El autor muestra cómo los temas políticos pueden afectar de distinta forma a miembros de una misma familia...

Por supuesto que la política se mete dentro de las familias. Y es verdad que eso está en la obra. Pero soy prudente porque el argumento de “las familias se rompen en Catalunya” se utilizó tanto, y en mi opinión, a veces tan demagógicamente, por parte de algunas voces políticas, que se me atraganta la comparación. Recuerdo con demasiada nitidez a Albert Rivera, Inés Arrimadas y a miembros del partido Ciudadanos haciendo bandera de eso y llevando fotos lacrimógenas a los debates televisivos. 

La música, leyendo el texto, está omnipresente todo el rato, algo tampoco nada de extrañar en una sociedad como la irlandesa, ¿cómo la habéis trabajado?

Butterworth es muy musiquero. Además, es autor de acotaciones largas donde describe con detalle y propone que ahí y allí suene tal o tal música. Le he seguido en unas y en otras no. Estará Bowie, los Stones… Y por supuesto, los Undertones, grupo fundamental de Derry, del que todavía sigues viendo en Irlanda del Norte murales en las calles. Luego nosotros también nos hemos dado algún capricho como incorporar a The Pogues. Y también habrá canciones cantadas en vivo. Carles Pedragosa ha encontrado unos cantos en gaélico de Irlanda que se llaman “Lamentos”, melodías muy sencillas pero muy emotivas, superbonitas.

Desde que estoy en la dirección del Lliure, estamos avanzando mucho en el convenio con los trabajadores, que está pendiente de renovación desde hace la tira de tiempo

Marta Marco, Roger Casamajor, Ernest Villegas, Mima Riera, Anna Güell, Marc Soler ¿cómo ha sido un poco la elección del reparto? 

Algunos los llamé directamente para proponerles el papel y luego ha habido procesos de casting largo, hemos visto mogollón de gente para el montón de personajes jóvenes que hay en la obra. Y otros fueron apuestas después de darle muchas vueltas. Me como mucho el tarro con los repartos. Roger Casamajor fue una corazonada, por ejemplo, nunca había trabajado con él. 

Pues Casamajor es Quinn Carney…

Sí, el protagonista. Lo había visto trabajar en teatro muchas veces y luego vi la serie La Mesías y flipé con su interpretación. Luego le oí hablar diciendo que para él había sido un punto de inflexión el hacer la serie, que algo se le abrió como actor y pensé: que yo tenía esa misma sensación. Releyendo la obra me di cuenta de que Carney era él, porque es de Andorra, de montaña, tiene poco de urbanita.

En octubre de 2023, fue nombrado director del Teatre Lliure. ¿De qué está más contento de sus dos años como director del Lliure?

Son muchas cosas, pero si hay que decir una diría que de haber abordado el tema de la gente que trabaja en la casa. Soy una persona cercana al Lliure, he trabajado bastante aquí, tanto como director y como actor. Y sentía que era necesario cambiar el ambiente de dentro. El Lliure tiene una identidad bonita, ligada al compromiso social, pero también al compromiso de trato entre técnicos, compañías, actores y artistas que pasan por aquí. Y ese espíritu que conocí y disfrute se estaba marchitando. Las causas son mil, pero a mí me parecía prioritario darle la vuelta.

Creo que estamos haciendo apuestas valientes dentro de la programación y que estamos apostando porque todas ellas estén al mismo nivel, sin ciclos u otro tipo de encapsulamientos

Me imagino que es algo muy relacionado con el derecho laboral, ¿no?

Estamos avanzando mucho en el convenio con los trabajadores, que está pendiente de renovación desde hace la tira de tiempo. Soy muy optimista.

¿Qué ha aprendido en estos dos años como director?

Soy una persona impulsiva y de sangre caliente. Lo que he aprendido es que hay que tener paciencia. Pero, al mismo tiempo, hay que ser un poco testarudo en lo que en lo que quieres ir a buscar. Cuando eres director te llegan opiniones de todo tipo: cómo se debería programar, cómo no, qué se debería hacer y qué no en el teatro público, etc. Hay que escuchar, pero al final hay que tener personalidad para lo que tú intuyes y crees que puede valer, para aquello que quieres perseguir.

¿Y qué está persiguiendo? 

Que el teatro sea un lugar de encuentro, aunque suene cursi. Creo que estamos haciendo apuestas valientes dentro de la programación y que estamos apostando porque todas ellas estén al mismo nivel, sin ciclos u otro tipo de encapsulamientos. Quiero que los públicos se mezclen, es algo lento, pero vas viendo pequeños avances. Decía Peter Brook, poniéndonos viejunos y cursis de nuevo, que el teatro es una forma de alegría. Bueno, pues eso, igual es eso.

Víctimas del franquismo de la comarca de A Coruña han presentado este miércoles un manifiesto en el que vuelven a exigir a la diputación provincial y a los ayuntamientos de la ciudad y de Betanzos la retirada de distinciones a Manuel Fraga Iribarne, exministro franquista y después presidente de la Xunta de Galicia. Lo hacen amparados en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, cuyo artículo 40 dice “las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones a la entrada en vigor de esta ley que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista”. Fue sin duda el caso de Fraga Iribarne en el momento en el que recibió las honras mencionadas.

La Deputación da Coruña lo nombró Hijo Adoptivo de la provincia en 1965. El Ayuntamiento de Betanzos le otorgó su Medalla de Plata en 1966 y puso su nombre a una avenida. El de A Coruña lo hizo Hijo Adoptivo en 1968. Durante esos años, Manuel Fraga ejercía como ministro de Información y Turismo de la dictadura de Francisco Franco. Entre otros actos ominosos, se encargó de recubrir de propaganda el fusilamiento en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau. “Ningún ministro de Franco puede seguir manteniendo distinciones honoríficas por los servicios prestados a una dictadura criminal”, sostiene el manifiesto promovido por ex presos políticos, que la ONU definía así en 1946: “En naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.

El colectivo recuerda que otros consistorios -citan Ferrol, Cedeira, Cambados y Cariño- ya han retirado nombres de calles y distinciones a Fraga y asegura que pedirán a los grupos municipales de A Coruña y Betanzos -Partido Socialista, PP y BNG- y a los de la diputación -los mismos y Alternativa dos Veciños- que hagan lo propio. “El acuerdo político de PSOE y BNG para los presupuestos municipales de 2026 en A Coruña”, añade, “incluye la aplicación de la Ley de Memoria Democrática”.

El manifiesto lo firman 45 víctimas del franquismo de la comarca de A Coruña, unas 60 asociaciones y un centenar de profesionales, entre ellos los escritores Manuel Rivas y Antón Reixa, el exdiputado socialista Francisco Cerviño, la exdiputada del BNG Ana Luísa Bouza o la ex concejala de Marea Atlántica Rocío Fraga.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en “hechos de violencia e incitación al odio” posteriores a las presidenciales de 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

“El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”, se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano “garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral”, aún en un escenario marcado -dijo- por el “asedio imperialista y las agresiones multilaterales” contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder. “El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, concluye en comunicado.

En la jornada de este jueves, varias ONG informaron sobre la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian “represión”.

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”. Las liberaciones de este jueves se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

El día que Cipriano Rivas Cherif salió de la cárcel en 1946 dejó un retrato suyo al óleo aún fresco y una compañía de teatro formada por presos políticos. Hamlet les hizo soñar que eran libres. Comunistas y republicanos titiriteros se subieron a las tablas en el lóbrego escenario de represión. Fue una experiencia singular y conmovedora, una lección vital que abrió una grieta de luz y libertad a quienes estaban privados de ella en la oscuridad del penal de El Dueso en la localidad cántabra de Santoña. Hasta el obispo de la época asistió a las representaciones de aquel oxímoron: un teatro “preso y libre”, como decía el propio creador.

El cuñado del presidente de la República Manuel Azaña fue un reconocido dramaturgo y director de teatro que organizó una sorprendente resistencia cultural en la prisión franquista a orillas del Cantábrico. Hasta el propio régimen acabó por reconocer la oficialidad del Teatro Escuela de El Dueso que montó con la aspiración de mantener el espíritu de La Barraca de Federico García Lorca y las misiones pedagógicas del Ministerio de Instrucción de la efímera República.

Más allá de una simple representación de obras teatrales, su labor fue reconocida por el Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo y dio origen a la 'Escuela de orientación profesional en las artes y oficios del Teatro español', que pretendía capacitar para el ejercicio profesional de las diversas especialidades teatrales.

No fue una compañía de aficionados. El grupo de 30 presos que se sumó con entusiasmo a la iniciativa estudiaba Técnica del actor, Historia del teatro español, Teoría y práctica de la literatura dramática y Escenografía y oficios auxiliares. Un catálogo de asignaturas que impartía el propio Cipriano Rivas Cherif entre los muros de la cárcel. Aprendían a impostar la voz, oratoria, hacían gimnasia rítmica e improvisación escénica. Se trataba además de que hubiese una rotación entre el actor y el apuntador, de tener nociones de sastrería y del oficio del regidor. Hacer, en suma, un espacio de convivencia y cooperación.

Rivas Cherif (Madrid, 1891- México, 1967) fue un intelectual polifacético que estudió para ser abogado pero desistió de esa aspiración paterna cuando se le cruzaron el teatro y la literatura. Fue poeta, novelista, editor de revistas, periodista y antes de estallar la Guerra Civil ya era un reputado director de escena: su viaje a Italia para hacer el doctorado le puso en contacto con la ópera y con las técnicas teatrales del revolucionario director Gordon Craig.

De vuelta en España conoció a Manuel Azaña en el Ateneo de Madrid -después se casó con su hermana- y se estrenó en escena con el montaje de 'Fedra', Miguel de Unamuno. Fue un director y creador de teatro de vanguardia que llegó a dirigir durante cinco temporadas la compañía de Margarita Xirgou. Apostó por Lorca, Valle-Inclán, Rafael Alberti o Alejandro Casona con cuidadas escenografías, montajes espectaculares de títulos como 'El gran teatro del mundo', 'El alcalde de Zalamea', 'Fuenteovejuna', 'Medea', 'Divinas Palabras', 'Bodas de sangre' o 'Yerma' que en ocasiones se representaban al aire libre.

Viaje a México y Guerra Civil

En enero de 1936, en el ruido previo del final de la República, Rivas Cherif viajó a México con la actriz Margarita Xirgu, a quien habían retirado la gestión del Teatro Español. Salieron del puerto de Santander en el buque alemán 'Orinoco' tras haber representado 'La dama boba' y 'Yerma' en la ciudad.

Estaba previsto que les hubiese acompañado Lorca, que a última ahora decidió quedarse en España sin saber entonces que esa sería su condena a muerte. Se despidieron el día antes en Bilbao. El poeta se fue a Madrid. Ellos iniciaron una gira de seis meses de la que Margarita nunca volvió. Rivas Cherif regresó cuando estalló el golpe de estado para defender la República.

La Guerra Civil lo truncó todo y, señalado por su vínculo de amistad y familiaridad con Manuel Azaña, se exilió a Francia. Allí fue secuestrado en su casa por la Gestapo alemana y agentes franquistas en julio de 1940 al no hallar a Azaña, hospitalizado en ese momento. Le entregaron a las autoridades de la dictadura en Hendaya y le condenaron a muerte, pena que rebajaron a 30 años de prisión. 

Rivas Cherif habitó once cárceles hasta que llegó al penal de El Dueso en Cantabria en septiembre de 1942 y convirtió el patio gris de la cárcel en el escenario de 'La guardia cuidadosa' de Miguel de Cervantes, la primera obra que representó aquella compañía de presos políticos que fundó para combatir el desamparo de aquella intemperie.

En realidad era bastante habitual que en las cárceles hubiese grupos artísticos, coros rondallas y cuadros artísticos que con ocasión de algunas festividades escenificaban algunas obras. En El Dueso ya había un grupo de aficionados al teatro: algunos presos reconocieron al gran director de escena y le pidieron que se pusiera al frente. Finalmente, Rivas Cherif venció sus reparos -no quería colaborar con el régimen- y se implicó en la misión.

El director del Penal colaboró en la iniciativa

Las funciones se hacían de modo profesional, con las lógicas limitaciones de la época y situación para representar los papeles -todo eran hombres, evidentemente- y confeccionar vestuario y decorado, en la medida de las posibilidades. Organizó hasta un taller de sastrería y se construyó lo que se denominó entonces una cúpula Fortuny, una bóveda en forma de semicírculo, una especie de concha que abrigaba el escenario para crear efectos de iluminación sin sombras.

En un repertorio que en cuatro años representó 44 obras recurrieron a títulos como 'Los baños de Argel' de Cervantes; 'El alcalde de Zalamea', 'La vida es sueño' y el auto sacramental 'El gran Teatro del Mundo' de Calderón de la Barca, 'Los intereses creados' de Benavente o 'Hamlet' y 'El mercader de Venecia' de William Shakespeare. Los más de 30 presos que se unieron a la experiencia, y que convivían entre sí separados de otros reclusos, se atrevieron a poner en escena la zarzuela de 'La Dolorosa' y el teatro de títeres de 'El retablo de Maese Pedro'.

El éxito de aquella iniciativa provocó la entusiasta implicación y colaboración del propio director del penal, Juan Sánchez Ralo, obviamente al servicio de los franquistas, y las representaciones acabaron, incluso, por abrirse al público con ocasión de las festividades religiosas. Vecinos de Santoña, monjas con sus tocas aladas blancas y familiares llenaban el improvisado patio de butacas para asistir a la función.

Hicieron, eso sí, algunas concesiones al franquismo, como subir al escenario alguna obra de Jose María de Pemán. Aunque, en realidad, Rivas Cherif se decidió a formar a los presos políticos para utilizar el teatro como acción social. Al tiempo, la notoriedad del Teatro Escuela de El Dueso fue tal que hasta Jacinto Benavente escribió -a petición de Cipriano- una pequeña obra, 'Espejo de Grandes', que se estrenó entre los muros de la cárcel.

Un final trágico

Todo se quebró con el traslado del director del penal a la prisión de Porlier. Su sucesor no tuvo ninguna sensibilidad. El teatro le parecía un privilegio para los presos comunistas, con quienes obviamente no simpatizaba, y por tanto no estaba dispuesto a tolerar. Destruyó la cúpula y acusó a Rivas Cherif de estar implicado en un complot comunista. Una farsa que utilizó como excusa para confinarle en una celda de castigo donde pasó once meses incomunicado, entre el 8 de junio y el 27 de julio de 1945.

En aquella soledad escribió sus memorias en El Dueso y otro libro, 'Cómo hacer teatro', que resume su experiencia escénica. “He hecho la cuenta un poco grosso modo, pero sin exageración, al contrario, quizá calculando de menos, y en estos siete meses y medio he llenado treinta y ocho cuadernos como este, que hace un total de 1.520 páginas. He leído en el mismo tiempo 150 volúmenes [...] o sea unas 45.000 páginas de letra imprimida que me he metido en el cuerpo”, desvela en sus memorias.

Las últimas semanas de encierro Rivas Cheriff las pasó en la cárcel provincial de Santander. Allí posó para los pinceles de otro preso político, el pintor cántabro Santiago Montes, que había pasado ocho años encerrado en el desván de su casa por miedo a la represión. Montes le hizo un retrato al óleo que Cipriano nunca llegó a ver terminado, que abandonó allí y que hoy expone el Museo de Arte de Santander. En ese cuadro asoma un hombre de rostro serio y gafas redondas abrigado con un grueso chaquetón marinero de doble botonadura que sostiene un libro en su mano izquierda.

Salió en libertad provisional en el verano de 1956, tras seis años de cárcel. Pasó una breve temporada en Madrid, pero inquieto por los acontecimientos, se marchó al exilio desde el puerto de Cádiz. Ese mismo día, antes de subir al barco, se dictó una nueva orden de arresto contra él que le pilló en el Atlántico, fuera del radar de la policía franquista.

El teatro que unió dos bandos

En el espejo de la rivalidad de los dos bandos que abrió la Guerra Civil existió una estrecha trinchera, el refugio moral efímero del teatro donde las personas superaron el odio y la revancha.

“Su entusiasmo y creatividad incorruptibles han dejado huella en mi rutina diaria, tan habituada a la oscuridad de la prisión, pero huérfana definitivamente de semejante lucidez”, escribía emocionado el antiguo director a Cipriano Rivas. “No imagina el pesar que me produjo la noticia de que todo cuanto logró el Teatro-Escuela (tablado, tramoya y cúpula) fue desmantelado al poco de efectuarse mi traslado, en marzo de 1944”, lamenta en aquella carta Juan Sánchez Ralo.

La despedida de aquel director de El Dueso concluye expresando lo siguiente: “Sé que las personas de razón lo recordarán a usted como un insigne hombre de teatro, no como un reo político. Las consecuencias de nuestra guerra nos declararon enemigos, pero el amor al teatro nos reunió como hermanos”.

Unos presos que pusieron a disposición de la Guardia Civil a unos ladrones que pretendían llevarse el dinero de unos acaudalados terratenientes, en vez de aprovechar la circunstancia y escapar en busca de su libertad. No es el guion de una película, ni la sinopsis de una novela. Es la crónica de un suceso que apareció en la prensa de hace casi 80 años, y que se produjo en la pedanía de Las Minas, en Hellín.

El poblado de Las Minas, situado a escasos 25 kilómetros de Hellín, en la confluencia de los ríos Segura y Mundo, fue el epicentro del negocio del azufre durante siglos, cuyas raíces llegan hasta la época romana. Utilizado de manera primigenia para iluminar y conservar el vino, con el transcurso de los siglos se convirtió en una materia prima clave con diversos usos, y durante el reinado de Felipe II generó una notable industria: la de la pólvora.

Pero el tiempo y los costes motivaron en el siglo XIX un cambio sobresaliente, cuando el coto pasó a ser de propiedad privada. Entonces, se modernizaron los sistemas de extracción, cuando la explotación pasó a manos del marqués de Perijá y de Guillermo O’Shea. El transporte se modernizó y la línea de ferrocarril Madrid-Cartagena llegó a Las Minas. Fue un periodo muy próspero que terminó con el final de la I Primera Guerra Mundial.

Si se buscan razones de su declive, la competencia internacional, el agotamiento del yacimiento y las cuestionables condiciones laborales contribuyeron al cierre de la explotación en 1960, aunque los trabajos de refinado continuaron hasta 1975. Pero, además, y más allá de la importancia económica de Las Minas, la localidad se erigió en un ejemplo de la lucha obrera. Alfonso Salvador Ferrer y Antonio Selva Iniesta destacan en su Historia del movimiento obrero en Las Minas de Hellín (1868-1946) varios periodos.

‘Yacimiento’ del anarquismo

Así, los orígenes del anarquismo en la zona se remontan a la fundación de la I Internacional en 1868 en España, que pronto estableció una federación local en esta zona hellinera; en este asentamiento minero de azufre, el personal, sometido a condiciones extremas, con trabajo infantil incluido, se apoyó en el anarquismo para organizarse y luchar contra la explotación laboral.

Ya durante la II República y la Guerra Civil, el personal experimentó una transformación económica radical. Liderados por la CNT-FAI, aplicaron un modelo de economía colectivista y de autogestión obrera en la explotación. Finalizado el conflicto, Las Minas fueron devueltas a sus propietarios, la familia O’Shea, que entre 1942-1946 se benefició de la política de redención de penas de la dictadura franquista, al trabajar en ellas una cifra variable de presos políticos.

Según el libro de Antonio Selva, Las minas de azufre de Hellín: de explotación estratégica a patrimonio, buena parte eran mineros levantinos profesionales, con lo que la cualificación de la plantilla de trabajadores mejoró de forma notable, aunque solo por unos años, frente a la falta absoluta de cualificación de la que había hecho gala tradicionalmente la explotación. Algunos de los 150 penados también eran mecánicos, electricistas y carpinteros, como recuerda Esteban Abellán Manzanera, hijo del último administrador del Coto Minero de Hellín, Esteban Abellán Martínez. “Eran buena gente, su único delito eran sus ideas políticas”, apunta.

De villanos a héroes

De hecho, y a pesar de las duras condiciones, los presos demostraron sus principios y dignidad en un episodio que ha traspasado las fronteras del tiempo y del olvido. Y es que, en la madrugada del 8 al 9 de marzo de 1946, capturaron a unos ladrones que intentaban robar la nómina de los trabajadores y, lejos de aprovechar la situación para escapar, entregaron a los delincuentes a la Guardia Civil, que contaba con un pequeño cuartel en la localidad.

La noticia recorrió el país, y según recogieron periódicos como La Nueva Rioja o Diario de Burgos, fue un funcionario del Destacamento Penal quien, de servicio, sorprendió a dos atracadores que trataban de forzar la caja de caudales de la empresa.

El empleado público dio cuenta de lo ocurrido a los penados, quienes, “sin excepción de ninguna clase y con gran valor, decisión y patriotismo” -curiosa crónica de lo acontecido para unos presos que estaban entre rejas por sus ideas políticas-, se ofrecieron “voluntariamente” para impedir que el robo llegara a buen puerto, capturando a los delincuentes y entregándolos a los agentes de la Benemérita.

Los presos utilizaron unos palos como si fueran fusiles, rodearon el edificio e intimidaron a los cacos para que se entregaran. Los ladrones trataron de escapar por el tejado, pero terminaron por entregarse y acabaron en el puesto de la Guardia Civil de Agramón.

El botín era suculento: 50.000 pesetas para el pago de los jornales del personal al día siguiente, mientras que en la casa grande se guardaba medio millón de pesetas, una fortuna capaz de pagar a toda la plantilla durante meses.

La cárcel que fue teatro y cine

Precisamente, donde fueron alojados los presos era un teatro que, con el tiempo, se convirtió en un cine. “Era el Teatro y Cine Máiquez”, apuntaba Esteban Abellán Manzanera, el heredero de una saga familiar muy vinculada a la explotación minera. Su abuelo, Esteban Abellán García, fue el primero en llegar a Las Minas, donde se encargaba del almacén de suministros, gestionando todo lo necesario para los talleres de carpintería, electricidad y albañilería que mantenían en funcionamiento la mina. “Mi padre llegó aquí con solo tres años y jugaba con el hijo del último dueño de la mina, Manuel O’Shea”, señala. Desde ese momento, la vida de su padre estuvo marcada por la mina, primero como ayudante del ingeniero y luego como encargado de la administración, donde tomó las riendas de la empresa tras la salida de Salvador García Navarrete, el administrador anterior.

En su momento de mayor pujanza, el yacimiento albergaba a cientos de personas que vivían, trabajaban y se entretenían en una población que, a pesar de su tamaño, contaba con todos los servicios necesarios. “Había un botiquín, al menos tres bares, tiendas de ropa, una droguería y el economato que surtía de alimentos básicos a los obreros”, explicó Abellán, quien resaltaba que el pueblo también disponía de una escuela, dividida por género, y una iglesia, cuya construcción y mantenimiento fueron posibles gracias a la empresa minera. Y, por supuesto, hasta dos cines.

El primero de los cines se levantó en 1934, se llamaba precisamente Cine Minero y, tras funcionar con éxito como uno de los pocos entretenimientos de la localidad, pasó a convertirse en un horno de sublimación, según Esteban Abellán Manzanera. Según testimonios orales recabados en la localidad por el historiador Antonio Selva, en él actuó Estrellita Castro antes de la Guerra Civil, aprovechando muy probablemente la visita y actuación que tuvo en el Teatro Cervantes de Albacete el 10 de septiembre de 1935.

En cuanto al Teatro y Cine Máiquez, fue más que un simple lugar de proyección. Inaugurado como cine en 1948, según datos del Sindicato Nacional del Espectáculo, recogidos en diversos anuarios del cine español, contaba con 260 localidades y funcionaba los fines de semana y los días de fiesta. Allí no solo se exhibían películas, sino que también se presentaban espectáculos y conciertos, con artistas como la famosa Niña de los Peines o Juanito Valderrama, quienes dejaron su huella en el escenario de este teatro y cine.

Esteban Abellán relataba cómo su padre, junto a Francisco Herrera, formaba parte de esta empresa exhibidora que, aunque fundada con capital de la compañía minera, se gestionaba de manera privada. Estos dos emprendedores se encargaban de todo, desde la selección de las películas hasta la organización de las funciones. Incluso compartían las cintas con otro cine a 12 kilómetros de distancia, en el pantano del Cenajo.

Y es que también ese cine del Cenajo lo gestionaban Esteban Abellán y Francisco Herrera, y lo hacían optimizando recursos y costos, llevando los rollos de película del cine de Las Minas al del poblado del pantano en coche, en el mejor de los casos. Una odisea.

Pero el cine no solo era un lugar de entretenimiento, sino también un punto de encuentro vecinal. La cantina ofrecía gaseosas y otros refrescos a los asistentes. Este pequeño bar era un reflejo de la vida sencilla pero llena de actividad del pueblo.

En el anuario del cine español de 1962 seguía apareciendo el teatro y cine Máiquez en el listado de salas en funcionamiento. Según el libro Las minas de azufre de Hellín: de explotación estratégica a patrimonio, hay constancia de que la vida activa del cine en la localidad se prolongó hasta el último cuarto del siglo XX, siendo José Jiménez del Oro quien lo explotaba en los últimos tiempos, al igual que lo hacía con el cine de la vecina población hellinera de Agramón. Incluso, llegado el verano, se giraba el proyector hacia la calle. Una sábana blanca hacía las veces de pantalla improvisada y efímera.

Cuevas que eran casas

Esteban Abellán Manzanera, que cursó los estudios de ingeniería técnica, rememora no sin añoranza sus días de prácticas en Las Minas, cuando su padre le guiaba en la supervisión de los pozos maestros que había logrado reabrir. Había 60 casas y 90 cuevas censadas donde vivían básicamente los mineros, recuerda Abellán Manzanera, añadiendo que estos hogares troglodíticos ya existían cuando él era un niño y conformaban una parte importante de la población.

Estas casas cueva carecían de agua y electricidad, lo que obligaba a sus moradores a iluminarse con carbureros mineros y lámparas de petróleo. Las jornadas laborales al servicio de la Sociedad Azufrera Coto de Hellín eran largas y fatigosas. Y, además, existía una marcada división social entre los mineros que trabajaban bajo tierra y quienes lo hacían fuera del yacimiento, una rivalidad que se ponía de manifiesto incluso a la hora de jugar al fútbol.

También los juegos populares tradicionales formaban parte del tiempo de ocio del personal, desde la petanca a los bolos, pasando por el tranco, lanzamientos y pelota a mano.

Cuando el pueblo fue vendido

Con el cierre de la mina en 1960, el pueblo comenzó a decaer. Lo que antes era un bullicioso centro de actividad minera se fue apagando, languideciendo. Sin embargo, pasados los años, la pedanía se convirtió en noticia de primera página e incluso de los informativos de la única televisión de entonces, TVE. En 1980, los periodistas y cámaras de televisión llegaron a esta pedanía hellinera con el propósito de contar una curiosa historia: el pueblo había sido vendido.

Un reportaje aparecido en La Voz de Albacete en mayo de aquel año daba cuenta de la operación: “La compra del pueblo (…) ha sido realizada por cuatro nativos del poblado que, al enterarse de que su pueblo salía a la venta, reunieron sus caudales para evitar que alguien, por aquello de la propiedad particular, les prohibiera pisar las tierras que les acogieron en sus primeras caídas, cuando su andar comenzaba”.

Según el rotativo, los compradores fueron los hermanos Juan Bautista y Tomás Sánchez Pérez, constructores con domicilio en Alicante, y los vecinos Nicolás José López Reverte, que fue pedáneo de la localidad, y Miguel López Ortiz. En la operación entraron “80 casas habitables, la extensión de lo comprado alcanza 506 hectáreas, en las que está incluido el pueblo, pero que abarcan así mismo la zona de regadío y de monte que lo circunda”, quedando tan solo fuera “unas fincas de la organización sindical que pertenecen a un terreno lindante”, según relató la prensa local.

Los bares, la panadería, la fuente… todo se vendió, “firmando la escritura de compra-venta ayer en Madrid ante notario, legalizándose adecuadamente la enajenación patrimonial”, apuntaba el artículo, publicado el 25 de mayo de 1980, que estimó la operación en siete millones y medio de pesetas, unos 45.000 euros actuales.

Adiós a una historia de sacrificios, de jornadas laborales sin reloj, de condiciones de vida complicadas. Y todo para obtener del suelo el azufre, que se convirtió en el oro de esa zona de la provincia albacetense.

Daniel de Paz, Lorenzo Manzaneque, José Manuel Vega, Martín Díaz, Mariano Fernández, Antonio Lucas, Higinio Artalejo o Jesús Amorós. Son los nombres cuya vida y la de sus familias quedarían para siempre marcadas por profundas cicatrices tras la guerra civil y la dictadura franquista en España.

En muchas de estas familias, como en otras tantas que la sufrieron, la represión franquista fue un tabú durante décadas. Incluso hasta llegar a nuestros días. En otros casos, como en la familia de Jesús Amorós, parte de su historia quedó plasmada en un parchís artesanal que regaló hace ahora 80 años a una de sus dos hijas, Georgina. Ella todavía juega con él “todas las noches”.

“A ver si de una vez se sabe cómo fueron las cosas porque la historia de España está a medias. Hay quien la lee de una parte y hay que la lee de otra, pero hay que poner las cosas en su sitio”, subraya en una conversación con este medio Georgina Amorós. Es hija de uno de los 3.000 presos franquistas que construyeron la Academia de Infantería de Toledo a partir de los años 40, durante la dictadura de Franco. Una obra que no se terminó hasta bien entrados los años 60 del siglo pasado.

Georgina, de 91 años, recibió este parchís cuando cumplió 11 años en abril de 1945. En el centro del tablero hay una foto de su padre y en las casillas del juego hay distintas fechas impresas como su cumpleaños, el de sus padres y el de su hermana Olga. Pero también está la fecha en la que condenaron a su padre a muerte y la que marca cuando le conmutaron la pena por los trabajos forzados.

Jesús Amorós, un sastre murciano, cumplió pena como preso en una de las cinco colonias penitenciarias que hubo en España durante la posguerra. Afiliado al PSOE, ingresó en prisión en julio de 1939. En enero, un consejo de guerra le condenó a muerte, aunque la pena le fue conmutada para que trabajara, de manera forzada, en la construcción de esta infraestructura militar. Así, en 1942 llegó a Toledo, procedente de Burgos.

Hace unos días, Georgina pudo conocer a descendientes de otros de los hombres que, como su padre, fueron “mano de obra barata” y “forzada” en Toledo, tal y como destaca el periodista Enrique Sánchez Lubián en su libro 'Los presos que construyeron la Academia de Toledo, con ese olor a guerra detrás' (Toletum Revolutum, 2025).

La publicación pone nombres y apellidos a los más de 3.000 presos que construyeron esta edificación militar. Muchos de sus familiares se trasladaron a lo que hoy es el barrio toledano de Santa Bárbara para estar cerca, a unos pocos centenares de metros tras las alambradas de la colonia penitenciaria. Algunos se quedaron a vivir en Toledo tras cumplir la pena que les impuso el régimen dictatorial.

De Jumilla al barrio de Santa Bárbara

Fue el caso de la familia de Georgina, quien agradece la publicación de este libro. Entre los recuerdos que se plasman en él está el momento en que ella y su hermana se trasladaron con su madre -Lourdes Carillo- desde Jumilla (Murcia) hasta la capital toledana, donde consiguieron “una habitación con derecho a cocina”, en unas casita pequeñas frente a la estación.

“Mi madre no quería que pasásemos todo el tiempo sin conocer a mi padre y arreamos desde el pueblo con lo que pudimos para llegar aquí”, rememora de los períodos de tiempo que pasó en Toledo, cuando tenía entre 8 y 10 años. “Hice la primera comunión en Santo Tomé”, añade sobre una de las iglesias más conocidas de la ciudad.

El azar jugó su papel para que se trasladaran a Toledo. Su madre lavaba la ropa a los huéspedes de una fonda en Jumilla. Entre ellos estaba el hijo del militar Gumersindo Gómez, destinado a las obras de la academia toledana, quien hizo de enlace para que Lourdes pudiera llegar a Toledo con sus dos hijas para estar cerca de su marido, que logró salir en libertad condicional el 8 de julio de 1945.

Mayor de edad antes de tiempo

Georgina Amorós pasó por Toledo hace unos días. Llegó desde Murcia con algunos familiares. Su testimonio, junto al de otras ocho personas, puso los pelos de punta durante un emotivo acto para presentar el libro en el barrio de Santa Bárbara. El mismo lugar que acogió a tantas familias señaladas tras las guerra civil.

Habló de las experiencias de su padre durante la guerra, de su posterior encarcelamiento y la lucha de la familia por mantenerse unida y sobrevivir. En sus palabras se podía percibir la dureza de la guerra, la injusticia del sistema judicial de posguerra y la resiliencia de su madre para garantizar la conexión de las hijas con su padre.

El abuelo de Georgina y padre de Jesús también fue sastre, hasta que quedó ciego. “La mayoría de edad era a los 21 y se la tuvieron que dar a los 18 ya que tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y a la sastrería. Le tocó ir a filas en el bando socialista a última hora y la mandaron al frente en Madrid”, recordó en su intervención.

Durante la guerra, Jesús trabajó como camillero y solicitó un traslado tras la pérdida de varios compañeros. Posteriormente, fue destinado como ayudante de enfermería en el Hotel Palace, que era “el hospital general de los socialistas”.

Tras el fin de la contienda, volvió al pueblo. “Un día, dijo: 'Lourdes, me ha llamado el ayuntamiento'”, apuntó Georgina sobre el momento en que conocieron el inicio del calvario como preso franquista que vivió Jesús. Pese a “la falta de pruebas” durante el juicio, su padre fue condenado a muerte “por haber estado en el bando perdedor, sencillamente por eso”.

Tras ser trasladado como preso a Toledo, su mujer fue con sus dos hijas a Toledo por primera en septiembre de 1942. “Nos montamos en el tren desde Hellín, sin billete y con poco dinero”, y con la carta de recomendación del hijo del mencionado militar. “Si ese es su marido, usted no necesita ninguna recomendación”, le dijo “el capitán Gómez” a Lourdes cuando preguntó por su esposo a su llegada a la capital regional. Así, le 'permitió' acudir con sus hijas a la academia hasta que pudiera sustentarse.

“Personalmente, estuve cuatro meses cogiendo el rancho de los presos de las colonias mientras mi madre lavaba en el río la ropa que le daban, cosía o acarreaba de un sitio a otro cosas en la cabeza”. Así recordó Georgina sus vivencias en Toledo.

Fue en su segunda visita a la ciudad, tras haber regresado por un tiempo a Jumilla, cuando su padre le regaló este parchís que, 80 años después, le sigue haciendo recordar una época con miles de historias y víctimas que aún permanecen en el olvido.

Mientras, el periodista Enrique Sánchez Lubián quiere seguir arrojando luz sobre sus historias y “poner nombre y cara” a quienes fueron olvidados y olvidadas. Este lunes volverá a hacerlo. Tras el acto con las familias, el libro se presenta este lunes, 9 de junio a las 19.00 horas, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que tiene sede en el Alcázar de Toledo.

Jesús Amorós Buendía era un sastre murciano. Fue uno de los presos del franquismo y cumplió su pena en la colonia penitenciaria trabajando en la construcción de la Academia de Infantería de Toledo.

Afiliado al PSOE, ingresó en prisión en julio de 1939. En enero, un consejo de guerra le condenó a muerte, aunque la pena le fue conmutada por trabajos forzados. En 1942 llegó a Toledo, procedente de Burgos.

Su mujer Lourdes Carrillo se quedó en Jumilla. Lavaba la ropa a los huéspedes de una fonda. Entre ellos estaba el hijo del capital Gumersindo Gómez, destinado a las obras de la academia toledana. Ese azar le permitió trasladarse con sus dos hijas a Toledo, junto a la colonia penitenciaria. Allí subsistió lavando la ropa de los militares y pudo estar cerca de su marido que logró salir en libertad condicional el 8 de julio de 1945.

El periodista Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956) acaba de publicar Los presos que construyeron la Academia de Toledo, con ese olor a guerra detrás (Toletum Revolutum, 2025) y la de la familia de Jesús Amorós es solo una de las historias que narra la publicación.

Georgina tiene 91 años. Es una de las dos hijas de aquel sastre murciano. Estará en Toledo el próximo 14 de mayo. Se presenta el libro que habla de su padre y de los más de 3.000 presos condenados a trabajos forzados que levantaron una edificación militar que sigue activa como parte de las instalaciones del Ministerio de Defensa. Su función es la de formar cadetes de infantería.

Cuando cumplió once años, en abril de 1945, Georgina Amorós recibió como regalo un juego de parchís. Todavía lo conserva. En el centro tablero hay una foto de su padre. En las casillas del juego hay fechas impresas. Desde el cumpleaños de Georgina, el de sus padres y su hermana Olga, hasta la fecha en la que condenaron a su padre a muerte y la que marca cuando conmutaron la pena por los trabajos forzados.

El libro que ahora ve la luz surgió de la inquietud del periodista. “Había visto muchas fotos de esos presos trabajando. Me preguntaba quiénes eran. No se había escrito nada sobre esta colonia penitenciaria”, explica Sánchez Lubián, que le ha dado a la publicación un subtítulo significativo. “Con ese olor a guerra detrás” es un fragmento de la canción A vosotros que el dúo Víctor y Diego cantaba en los años 70 del siglo XX.

Las colonias penitenciarias militarizadas fueron herramientas punitivas que usó el franquismo. Eran una de las instituciones para ‘redimir penas’. Una ley de 1939 encomendaba la ejecución de obras públicas consideradas convenientes para la economía nacional a los trabajadores penados. “Fueron utilizados como mano de obra barata y forzada y eso ha sido enmascarado. Se dijo que quienes destruyeron España tenían la obligación de reconstruirla y que era además una obligación moral para con sus familias”, dice el periodista, quien matiza que “en realidad el régimen les necesitaba para poner en marcha el país”.

La Academia de Infantería de Toledo fue levantada por la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas por la que pasó, entre otros, el que a la postre sería secretario general de CCOO, Marcelino Camacho.

Cuando las tropas franquistas tomaron Toledo en septiembre de 1936, el Alcázar que había albergado la Academia de Infantería desde 1875 estaba muy dañado. Habría que esperar hasta 1940, con la guerra ya terminada, para que el general de brigada Vicente Rodríguez Rodríguez, director general de Fortificaciones y Obras del Ministerio del Ejército, pidiese al alcalde de entonces, Andrés Marín, la cesión de casi 800.000 m2 en terrenos para construir la nueva edificación, por la que Toledo recibiría 600.003 pesetas.

Los terrenos estaban atravesados por una antigua vía romana que unía Toledo con Córdoba, se extendían junto a una popular venta conocida como Parador de Macho y también junto al barrio de San Blas. El proyecto contemplaba incluso un espectacular viaducto que uniese el Alcázar y la nueva academia. No llegó a ejecutarse.

El 1943 el general Luis Bermúdez de Castro escribía en la revista Ejército sobre el proceso de construcción. Ya se habían edificado unos 25.000 metros cuadrados. Decía que las futuras instalaciones serían “una verdadera ciudad militar” y, además, “muy superior a la afamada West Point, de los Estados Unidos”.

Un año antes habían llegado los primeros obreros. Eran tiempos de esclavismo en España para los perdedores de la guerra si conseguían librarse del fusilamiento.

Para construir la academia hubo expropiaciones. Un barrio entero. San Blas hoy no existe. Se ubicaba en las inmediaciones del castillo de San Servando. Allí vivían unas 200 personas. El expediente con las compensaciones económicas a 44 propietarios todavía se conserva en el Archivo Municipal de Toledo.

La familia de Vicente Paniagua Martín fue la última en abandonar el barrio. Ahora tiene 94 años y cuenta cómo lo vivió siendo un niño ajeno a mucho de todo aquello. Otras familias como la de Carmen García Fernández también se fueron de San Blas. Primero a Sonseca y luego de vuelta a Toledo, al que hoy se conoce como barrio de Santa Bárbara.

Esta parte de la ciudad, hoy revitalizada con la estación del AVE, creció en buena medida porque muchas familias de los presos se instalaron allí, levantaron viviendas en las laderas de Santa Bárbara sin agua corriente, electricidad o saneamiento para estar cerca de los suyos. Algunas de esas familias ya no se marcharon. “Fue el germen de un vecindario muy reivindicativo”.

Las obras en la Academia no terminaron hasta finales de los años 60. “Mi intención es que se conozca esta parte de la historia. Muchos en Toledo no lo saben”.

La vida al otro lado de la alambrada

Sánchez Lubián ofrece también una pincelada de la vida tras las alambradas de la colonia penitenciaria en los años 40 del siglo XX. Como la de uno de los presos, Antonio Lucas Escribano, que conoció a su mujer Apolonia en uno de los viajes a una población cercana, Bargas, para cargar arena. Se casaron en la colonia.

El lugar fue en sí mismo una pequeña ciudad. Los presos percibían remuneración mínima - salieron del lugar con 'ahorros' de 10 o 12 pesetas- mientras el régimen trabajaba en su ‘reeducación’ moral, ideológica y religiosa.

No ha sido fácil documentarlo porque “la información está muy dispersa”, reconoce el periodista. Algunos presos se fugaron o al menos lo intentaron, como José Gata Muñoz, Francisco Vázquez Muñoz, Tomás Hermoso Lozano y Juan Maya Hermoso, todos originarios de Huelva.

No se trata de un libro de historia militar ni tampoco sobre arquitectura. Habla de gente invisibilizada y represaliada durante la postguerra. En ocasiones se adentra en el papel de las empresas, algunas de ellas muy conocidas en la actualidad. Incluso se cuenta cómo la colonia ofrecía posibilidad de promoción a los militares y habla del papel de los funcionarios civiles. Incluso de cómo, a pesar de todo, se forjaron relaciones personales entre quienes habían sido enemigos tras las trincheras.

El libro no quiere ser revanchista, dice el periodista, pero no olvida que se trataba de represión y reconoce haberse sorprendido con “la frialdad” de lo que se documenta en los consejos de guerra, en particular cuando el destino final fue el fusilamiento.

“Devolver el derecho a la memoria”

El periodista ha buceado en los archivos militares y civiles, ha hablado con familiares de aquellos presos, algunos de ellos testigos directos de aquella época. “Quería ponerles nombre y cara. Por allí pasaron más de 3.000. Se trata de evitar deshumanizar la realidad de la represión y devolver a estas personas el derecho a la memoria”.

¿Quiénes eran? ¿De dónde procedían? ¿Por qué fueron condenados? “Los datos hay que tomarlos con reserva. A muchos se les atribuyen cuestiones y cargos políticos que constan en los consejos de guerra, pero la fiabilidad de esos cargos que se les imputaron hay que verla entre comillas”. La propia Ley de Memoria Democrática de 2022 declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales u otros órganos que tras el golpe de Estado de 1936 impusieron condenas o sanciones motivos ideológicos.

El autor advierte también del “relato” mantenido durante décadas por las propias familias de los presos y que no coincide con los expedientes abiertos por el régimen franquista. “Hubo muchos silencios, por miedo, para protegerse y proteger a las familias cuando terminó su condena. No querían que se supiera. Ese mismo relato se ha alimentado también con la cerrazón durante décadas de los archivos militares para poder comprobar la veracidad de la información”.

Se ha incluido un anexo de casi cien páginas sobre los penados. Eran albañiles, chóferes, labradores, cerrajeros, poceros, ferroviarios, canteros, peluqueros, carpinteros… También había ingenieros como Antonio Grancha Baixauli, Salvador López Balmori o Julián Diamante Cabrera. O peritos industriales como Manuel Morán Robles y el arquitecto Juan Pablo Villa Pedroso.

Toledo aspira a ser 'Luz de Europa', a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 como plantea el ayuntamiento. No puede serlo si hay sombras en materia de memoria democrática

Más de veinte años después de que el Congreso de los Diputados aprobase solicitar al Gobierno de España señalizar aquellos lugares en los que muchos, de forma obligada, ayudaron a la reconstrucción del país tras la guerra civil, el mandato sigue sin cumplirse. Ni siquiera aunque esté recogido en la Ley de Memoria Democrática. “Muchas familias esperan todavía reconocimiento por parte del Estado”, apunta el autor del libro.

“¿Qué daño hace una placa que reconozca a quienes construyeron la Academia de Infantería?”, se pregunta.

Ocurre lo mismo con otros lugares de la ciudad, levantados o reconstruidos gracias al trabajo forzado: los ‘bloques’ de la avenida de la Reconquista, para los que se constituyó un destacamento penal expreso, los chalets de la Escuela Central de Gimnasia, el Alcázar o la plaza de Zocodover.

“Toledo aspira a ser 'Luz de Europa', a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 como plantea el ayuntamiento. No puede serlo si hay sombras en materia de memoria democrática”, advierte.

El libro se presentará el 14 de mayo, a las 18 horas, en el Centro Cívico del barrio toledano de Santa Bárbara

“Reconocidos unos, olvidados los otros”. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Toledo Ana Escalante cerraba así su intervención en el Pleno municipal celebrado este viernes. Se debatía una moción con la que PP y Vox -partidos que gobiernan en coalición en la ciudad- han acordado distinguir como “embajadores de Toledo” a los alumnos de la Academia de Infantería, tanto de la escala de oficiales como de suboficiales.

La propuesta, que se ha debatido este viernes en un Pleno ordinario, ha sido presentada por los 'populares' y ha contado con el rechazo de IU-Podemos y el PSOE. Llega meses después de que PP y Vox rechazasen otra moción con la que el PSOE pedía instalar placas conmemorativas para recordar a los presos políticos de Franco que ayudaron en la reconstrucción de la ciudad después de la Guerra Civil y que, entre sus tareas, estuvo la de levantar la actual academia militar.

El PP considera que la distinción de “embajadores de Toledo” que otorgarán a centenares de alumnos y alumnas, y que no han previsto reglamentar, es “una de las mejores políticas turísticas” que pueden hacer, “a coste cero”. “Son 466 embajadores -cada curso- que va a tener Toledo por todo el mundo. Es publicidad gratuita”, ha manifestado el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde.

En este sentido, tanto el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, como la edil socialista, han recordado que desde los años 70 del siglo XX, el Ayuntamiento ya comenzó a distinguir como ''ciudadanos de honor' a los integrantes de las promociones que pasaban por la Academia de Infantería. Así se hizo hasta que las discrepancias entre los grupos políticos provocó que la propia Academia solicitó que dejara de concederse esa distinción.

En concreto, el acuerdo cita que este nombramiento recaerá en los “caballeros y damas alféreces cadetes de la escala de oficiales, y los caballeros y damas sargentos alumnos de la escala de suboficiales del arma de Infantería”.

“¿Por qué solo un colectivo?”

“Merecen todo nuestro respeto”, ha señalado Ana Escalante, al tiempo que ha cuestionado que solo se haya propuesto reconocer a un colectivo. Así, ha afirmado que por qué no hacerlo también con “los médicos que se forman en el Hospital de Toledo, los sacerdotes del seminario o los pacientes del Hospital de Parapléjicos”.

“¿Este nombramiento tan genérico tendría perpetuidad? Aunque a priori se presupone ejemplaridad, es posible que haya comportamientos o actitudes individuales que pueda que no lo merezcan”, ha añadido sobre la indeterminación para hacer “embajadores” a todos los que pasen por la Academia.

Por ello, ha recordado que la ciudad cuenta con un reglamento de honores y distinciones que esta nueva concesión también requeriría. Si no, “su otorgamiento podría convertirse en algo caprichoso”, ha precisado Escalante, que ha echado en cara también al PP su “sesgo ideológico” por no haber votado a favor del reconocimiento de los presos del franquismo que participaron en la construcción de la Academia de Infantería.

De su lado, el concejal de IU-Podemos ha aseverado que le da “vergüenza” que “se tenga discutir esto” en un Pleno municipal y que “se intente tapar la historia”. “Los alféreces fueron el brazo armado de Falange y recuperarlos para condecorarlos en este Salón de Plenos es vergonzoso”, señala sobre esta figura incluida en el Ejército y a la que se cita en la moción.

Además, Fernández ha reprochado que en el año 2019, la entonces alcaldesa, Milagros Tolón, recibiera la distinción que hizo al Ayuntamiento de Toledo la Academia de Infantería como 'Alférez Cadete de Infantería Honorífico'. “No es un digno de un Ayuntamiento democrático. Vamos a solicitar la devolución de ese título. Se lo otorga quienes dieron un golpe de Estado contra la República”, ha dicho.

Unas palabras que ha criticado el concejal de Educación de Vox, Daniel Morcillo, que ha defendido que “el Ejército y la Academia de Infantería no es franquista”. “Soldados y mandos los hay de todo tipo, de ideología y de pensamiento”, ha apuntado al tiempo que ha valorado la iniciativa del PP indicando que es “difícil imaginar a mejores representantes de Toledo que a quienes han hecho de la ciudad su hogar”.

“Es triste y doloroso”

Justo el día de antes a este debate plenario, el periodista Enrique Sánchez Lubián ofreció la conferencia 'Los presos que construyeron la Academia en Toledo' en el barrio de Santa Bárbara. Allí se quedaron a vivir muchos de esos penados y familiares, y allí siguen parte de sus descendientes.

Mientras miles de oficiales podrán decir desde la aprobación de esta moción en el Pleno que son embajadores de honor de Toledo, es triste y doloroso pensar que los miles de penados que trabajaron para construir la Academia no tienen ese reconocimiento municipal

Enrique Sánchez Lubián — Periodista

Sánchez Lubián prepara un libro con la historia de los presos del franquismo, con datos que ha conseguido rastreando distintos archivos y gracias a otras muchas fuentes orales y documentales. El periodista explica que, mientras miles de oficiales podrán decir desde la aprobación de esta moción en el Pleno que son embajadores de honor de Toledo, es “triste y doloroso pensar que los miles de penados que trabajaron para construir la Academia no tienen ese reconocimiento municipal”.

Recordó que en las fachadas de algunos edificios de Toledo todavía se conservan algunos azulejos que recuerdan las intervenciones franquistas. “Sin embargo, no hay ninguna referencia ni nada que recuerde a los presos que la construyeron y eso es algo que está en contra de la ley vigente de Memoria Democrática”, que en su artículo 32 establece que han de impulsarse actuaciones “para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados”, así como que habrá un inventario de edificaciones y obras realizadas por quienes fueron sometidos a trabajos penados.

Pero todos ellos “continúan en el vacío, en el olvido, siendo desconocidos, con su rastro perdido en los archivos”. “Es un olvido al que las administraciones públicas tienen que dar respuesta. Las víctimas de la represión no son un ente abstracto, son personas con nombres y apellidos, vecinos vuestros con los que habéis convivido. Actos como el de hoy contribuyen a salvar ese olvido”, concluyó.

Los cuadernos de labor de la presa antifranquista Manolita del Arco no son simples instrucciones para hacer punto. Por supuesto, son una guía para tejer con cuatro o cinco agujas, lo que comúnmente hemos conocido como hacer calceta y cada letra corresponde a un movimiento de esas agujas… Pero este lenguaje se ha perdido. Y sabemos que hay algo más, que tampoco podemos descifrar. Estas anotaciones pertenecían a mujeres encarceladas por el franquismo. Camuflaban sus comunicaciones políticas, entre ellas y con la resiliencia en el exterior.

Hablamos con la profesora y escritora Esther López Barceló, que ha publicado el libro “El arte de invocar la memoria” y que nos cuenta la historia de estas mujeres y de su lucha antifranquista en los cuadernos de bordado. También hablamos con el escritor Miguel Martínez del Arco, hijo de Manolita del Arco, que es el actual dueño de los cuadernos y que nos cuenta su historia familiar. 

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El Banco de ADN del Gobierno de Navarra ha logrado identificar los restos de Segundo Hernández Blanco, vitoriano y militante de la CNT que participó en el intento de fuga que protagonizaron los presos del fuerte franquista de San Cristóbal en 1936. Este penal fue un complejo militar que tras el golpe de 1936 pasó a ser utilizado como cárcel para presos políticos de toda España. Por él pasaron hasta 7.000 personas y murieron unas 800, más de 200 fusiladas tras la fuga de 795 presos en 1938, y otras muchas por causas naturales provocadas por la tuberculosis, malnutrición o el hacinamiento.

Segundo Hernández Blanco tenía 19 años cuando, según señalan algunas fuentes a la asociación memorialista 'Txinparta-Fuerte de San Cristóbal', fue detenido con otros jóvenes el 24 de julio de 1936 cuando huía de Vitoria en dirección a Otxandio, que se encontraba bajo control republicano. El 8 de agosto de 1936 fue condenado a 20 años de prisión e ingresado en la prisión provincial de la capital vitoriana, hasta enero de 1937 en que fue trasladado al Fuerte de San Cristóbal. Su padre, Joaquín, también había sido asesinado el 14 de diciembre de 1936. Tras el intento de fuga fue asesinado junto con otros dos compañeros.

Sus restos se encontraron en la exhumación que se hizo en la fosa de Elía en 2015 a iniciativa del Ayuntamiento del Valle de Egüés, gracias a las informaciones aportadas por José María Pastor, colaborador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y de la asociación 'Txinparta-Fuerte de San Cristóbal'. En la exhumación se encontraron tres cuerpos. En un primer momento, se obtuvo la identificación de Vicente Mainz Landa, vecino de Vidángoz, por lo que las hipótesis apuntan a que este pequeño grupo trató de evitar el camino que siguió la mayoría para dificultar su captura, ayudados por los conocimientos del terreno de Mainz. Sin embargo, sus perseguidores, un pelotón de Falange, dieron con ellos y los asesinaron, enterrándolos en el campo.

Los restos de este militante de la CNT sido identificado mediante una nueva muestra genética aportada por un familiar y las mejoras técnicas en la obtención de ADN de los restos óseos, que ha ido introduciendo en los últimos años el laboratorio genético de la empresa pública Nasertic, que realiza los trabajos técnicos del Banco de ADN. 

Con la de Segundo Hernández Blanco son ya 43 las identificaciones obtenidas desde la creación del Banco de ADN de Navarra. Asimismo, son nueve los presos que participaron en la fuga que han sido identificados en estos trabajos. Por todo ello, el Instituto Navarro de la Memoria quiere remarcar la importancia de contactar con más familias de personas desaparecidas y asesinadas tras el golpe militar de 1936, a través del correo electrónico inm@navarra.es.  

Higinio Artalejo Sánchez era esquilador en el pueblo toledano de Almonacid y militante de la UGT. Al comenzar la guerra civil tenía veintidós años. Terminado el conflicto, en mayo de 1939 fuerzas de Falange lo entregaron preso en la cárcel de Orgaz, siendo condenado a la pena de 30 años. En Ocaña inició su periplo penitenciario que le llevó al destacamento que en Añover del Tajo construía la Acequia del Jarama y, en mayo de 1944, a la 5ª Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas que desde años atrás levantaba la nueva Academia de Infantería de Toledo.

Como Higinio, fueron miles los presos trasladados a Toledo desde de toda España para participar en los trabajos de estas dependencias militares. Aquí estuvieron hasta finales de los años cuarenta. A pico y pala desmocharon los cerros que componían el barrio de San Blas, que se extendía desde el castillo de San Servando hasta las cercanías del Arroyo de la Degollada. Con poca más ayuda que su fuerza física, allanaron esos terrenos, acarrearon miles de toneladas de piedras, cimentaron y levantaron los edificios de la nueva Academia.

Aunque la condena de Higinio no quedaría extinguida hasta mayo de 1969, en la primavera de 1946 salió en libertad condicional con la pena accesoria de destierro. No pudo regresar a su pueblo e intentó rehacer su vida entre nosotros. Vendió chatos de vino en la Romería del Valle, trabajó en un tejar y, con ayuda familiar, abrió una espartería en el paseo de la Rosa. A bordo de un motocarro, recorría los pueblos cercanos comerciando serones, aguaderas, esteras, sillas, mesas camillas, persianas y otros enseres. Aquello fue el germen de una popular tienda de muebles, cuyos nietos aún mantienen abierta cerca de donde él tuvo su espartería.

Historias como la de Higinio hay muchas. Tantas como presos pasaron por la ciudad de Toledo trabajando en otras obras además de la Academia: los primeros bloques de la avenida de la Reconquista o las reconstrucciones de la plaza de Zocodover, el Alcázar, distintos conventos e iglesias. A iniciativa del Grupo Municipal Socialista, el pleno municipal de Toledo debatirá esta semana una propuesta para identificar mediante placas o monolitos conmemorativos estos edificios y espacios públicos construidos por los presos políticos de la Dictadura. La propuesta se ampara en el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática.

Desde hace meses estoy investigando sobre la Colonia Penitenciaria que construyó la Academia de Infantería. Me interesa conocer quiénes eran esos presos, con qué bagaje llegaron a Toledo, cómo les fue aquí y qué hicieron tras acceder a la libertad. Ya tengo identificados a unos tres mil. Detrás de cada uno de ellos, como antes decía, hay una historia diferente. Vivencias que me están ayudando a reconstruir sus hijos, nietos o sobrinos, con quienes comparto documentos que voy consultando en archivos militares y civiles.

Como Higinio, una vez conseguida la libertad condicional algunos reclusos se quedaron a vivir en Toledo. De quienes optaron por ello, muchos se asentaron en el incipiente barrio de Santa Bárbara, donde encontraron la solidaridad y acogida de quienes allí poblaban, perdedores también de la Guerra Civil muchos de ellos.

Cuando utilizamos la expresión “miles de penados”, en cierto modo estamos despersonalizando el alcance real de la represión. De ahí mi empeño en poner nombre y apellidos al mayor número reclusos que pasaron por esta Colonia Penitenciaria.

Al igual que he iniciado estas líneas hablando de Higinio, podía haberlo hecho con Lorenzo Manzaneque Quiñones (carrero de Campo de Criptana), o con Martín Díaz Benítez (carpintero de Toledo), o con Daniel de Paz Fernández (pastor de Los Navalucillos), o con Bonifacio Muñoz Romero (jornalero toledano), por citar a penados cuyos familiares conviven a diario aquí, en la capital provincial.

A cada uno de ellos, la certificación de libertad condicional que recibieron al salir de la Colonia Penitenciaria le llevó por caminos diferentes. Lorenzo siguió trabajando en las obras de la Academia como obrero libre encargado de los camiones; Martín marchó a tierras leridanas buscando ganarse el pan; Daniel no tardó en ser encarcelado de nuevo tras una redada contra comunistas toledanos en 1945; y Bonifacio, trece meses después de ser liberado, falleció a los 27 años de edad al sufrir un terrible accidente laboral trabajando para estas obras militares.

También podría haber comenzado estas líneas recordando a Marcelino Camacho, emblemático líder de CCOO; a Venancio, padre del reconocido actor José Sacristán; al fotógrafo teatral Pablo Barceló Foix, quien en 1992 recibió la Cruz de San Jordi de la Generalitat por su contribución a las artes escénicas; a los ingenieros Antonio Grancha y Julián Diamante, teniente coronel y mayor, respectivamente, del Ejército republicano, habiendo destacado, el primero, como pionero de la aviación española y, el segundo, como artífice pontonero en la Batalla del Ebro; al médico toledano Eugenio Ugena Ramos, quien reanudó su vida profesional en Pepino y Talavera de la Reina tras salir de la Colonia Penitenciaria;… Y así, hasta tres mil más.

Además del reconocimiento a estos presos, la moción que esta semana se debatirá en pleno municipal es un respaldo a sus familias. Una forma de saldar con ellos esa gran deuda de reparación, dignidad y justicia que las Administraciones Públicas y el conjunto de la sociedad aún tenemos pendiente con quienes pagaron tan alto precio (la cárcel, el exilio, la depuración, el destierro o la propia vida) por haberse comprometido con la libertad y la democracia frente a la amenaza del fascismo. El jueves veremos si el Ayuntamiento de Toledo da a ese paso o no.

“El trabajo os hará libres”. Es un mensaje que los nazis colocaron en las puertas del campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, durante la II Guerra Mundial. Una máxima que el régimen de Franco aplicó, a su manera, después de la guerra civil española.

Más allá de las prisiones al uso, durante la dictadura funcionaron los campos de concentración en España (alejados eso sí del modelo hitleriano) o las llamadas colonias penitenciarias militarizadas. “Las autoridades franquistas establecieron mecanismos para convertir el trabajo de los presos en elemento de represión”, explica el periodista Enrique Sánchez Lubián (Alcázar de San Juan, 1956).

Fue una solución práctica. No solo para paliar el elevado coste que suponían los presos de guerra para el ejército del dictador, sino porque “se dieron cuenta de que era la mano de obra que necesitaban para mantener en pie el país. Usaron el subterfugio de que a los penados les serviría para redimir su condena”.

Sánchez Lubián participaba este miércoles en una charla bajo el título ‘El trabajo os hará libres. Esclavos políticos en el Toledo franquista’, organizada por el grupo de Memoria Histórica de la Agrupación Local del PSOE de Toledo en la que explicó la labor que miles de penados realizaron en la ciudad y en la provincia durante los años 40 del siglo XX, en plena dictadura franquista.   

Así se construyó la Academia de Infantería de Toledo, uno de los principales centros de formación militar de España en la actualidad, por la que ha pasado incluso la princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Las obras comenzaron en 1941 y no terminaron hasta los años 60 del siglo XX. Hace más de 80 años miles de presos del franquismo ayudaron a levantar el gigantesco complejo militar junto al río Tajo. “La gente tiene que saberlo y ha de señalizarse para cumplir con la Ley de Memoria Democrática”, reivindica.

Entre quienes ayudaron a levantar el edificio estuvieron figuras tan conocidas a partir de la Transición como el Marcelino Camacho, soriano hijo de ferroviario que fundó el sindicato CCOO. “Formó parte del batallón disciplinario 93 en el año 1942. Después de Toledo le trasladaron hasta la zona del Estrecho de Gibraltar para construir fortificaciones. Estuvo en la parte africana y desde allí se fugó”.

A los jornaleros y albañiles llevados a Toledo para estas obras el régimen franquista sumó a profesionales especializados como Julián Diamante Cabrera, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. “Fue quien preparó el dispositivo para cruzar el río durante la Batalla del Ebro. Cuando terminó de cumplir su pena, le pidieron que se quedara en las obras de la academia como trabajador libre. Lo hizo durante un año más”.

Otro caso sonado fue el de uno de los pioneros de la aeronáutica española Antonio Grancha Baixauli, formado en Guadalajara. “Puso en marcha el sistema de aviación civil, representando al país en distintos foros internacionales. Es uno de los grandes olvidados”. 

La mayoría de los penados que la construyeron procedían de Toledo, Granada, Jaén, Almería, Valencia o Madrid. Como Venancio Sacristán, el padre del conocido actor José Sacristán. “Mi padre militó en la clandestinidad contra Franco, por eso yo no puedo mirar para otro lado”, decía en una reciente entrevista con elDiario.es

La figura de las Colonias Penitenciarias, como forma de canalizar el trabajo de los presos, apareció por primera vez en la Ley de Bases de 21 de octubre de 1869, derogada nueve años después y recuperada durante la guerra civil por el franquismo dentro de un conjunto de instituciones destinadas a la “redención de penas por el trabajo”.

La Ley de 8 de septiembre de 1939 creó el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, adscrito a la Presidencia del Gobierno. Se estructuraban en agrupaciones y hubo hasta ocho, según los datos del Ministerio de Cultura. No eran prisiones ni formaban parte del sistema penitenciario civil, pero mantuvieron una estrecha relación con las prisiones porque se nutrieron de ellas.

En la provincia de Toledo funcionaron la Tercera Agrupación de Colonias Penitenciarias, con sede en Talavera de la Reina y dedicada a la construcción del Canal Bajo del Alberche -aunque después de disuelta fue reactivada para construir el embalse de Rosarito-, la cuarta tuvo sede en Añover de Tajo y estaba dedicada a la construcción de la Real Acequia del Jarama, y la quinta, con sede en Toledo se centró en construir la Academia de Infantería. 

“En Toledo el Ayuntamiento cedió los terrenos de la actual Academia de Infantería. Montaron un campamento en lo que entonces era un barrio de Toledo rodeado de alambradas y vigilado por el ejército y la Guardia Civil”, explica Sánchez Lubián.

Tras la guerra civil el ejército franquista se dio cuenta de que los presos políticos eran la mano de obra que necesitaba para mantener en pie el país. Usaron el subterfugio de que a los penados les serviría para redimir su condena

Ha logrado documentar desde varios intentos de fuga o muertos por accidentes laborales, entre estas agrupaciones que se mantenían activas mientras duraban las obras. Cuando terminaban, los presos eran trasladados a las diferentes cárceles de referencia. La mayor parte dejaron de funcionar a principios de los años de 1950, pero no todas. En algunos casos se prolongaron hasta los años 70, en el filo de la Transición.

“A todos estos presos les dijeron que les pagarían. El primer sueldo que se estableció era de dos pesetas diarias de las que 1,50 se las quedaba el Estado en concepto de manutención. Lo que les vendía es que con ese sueldo podrían mantener a sus familias y redimir penas”. Eran considerados, apunta el periodista, como “una carga para el Estado”.

Se llegaron a crear ‘cartillas de ahorro’ como parte del buenismo franquista pero la realidad es que “apenas acumularon nada. Según los datos de algunos fallecidos cuyas cartillas se entregaron a sus familias, no había más de 13 o 20 pesetas”.

Muchos de los familiares vivían literalmente a los pies de la alambrada que mantenía presos a sus hijos, hermanos o maridos. “Fue así como se creó el actual barrio de Santa Bárbara. Cuando lograban la libertad se ofreció a muchos quedarse como obreros libres. Algunos lo aceptaron”.

Colonias penitenciarias, batallones de trabajadores y destacamentos penales

Junto al Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas se crearon otras entidades como los batallones disciplinarios de soldados trabajadores o los destacamentos penales. “Tras la guerra a quienes habían hecho la mili y se encontraban en zona republicana les llamaban para estar varios meses más, como soldados trabajadores”.

De este sistema de batallones de trabajadores formaban parte las personas clasificadas como “desafectas” al franquismo que, sin embargo, no habían recibido una condena de los tribunales.

A los jóvenes no se les reconocía como válido el servicio militar prestado en el ejército republicano durante la guerra civil. Afectó a todos los varones pertenecientes a los reemplazos de 1936 a 1941. Fueron obligados a trabajar durante un periodo de tiempo equivalente en los batallones disciplinarios como soldados trabajadores.

Además de estos jóvenes, en los batallones disciplinarios se encuadró también a los soldados desertores del ejército sublevado, a quienes durante la guerra civil se habían pasado a la zona republicana, a los soldados republicanos extranjeros presos, a los sancionados por la Fiscalía Superior de Tasas y a los condenados por consejos de guerra a penas de trabajo. Los batallones disciplinarios de soldados trabajadores permanecieron activos hasta diciembre de 1942.

Sánchez Lubián recuerda que la fábrica de cemento ubicada en la población de Castillejo reinició su actividad gracias a un destacamento penal. La empresa pertenecía entonces a la Sociedad Portland Iberia, S.A. y su actividad había quedado paralizada con la guerra civil. “Muchos presos políticos fueron liberados a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial pero los presos comunes siguieron trabajando hasta los años 70 en este lugar”.

También existió el llamado Servicio Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones que se nutría de todas estas personas. “Trabajaron también en la provincia de Toledo”.

“Mi objetivo es recordar que hay edificios construidos por presos políticos”

El periodista trabaja en un libro en el que explicará “todo el entramado de los trabajos penados que se desarrollaron en Toledo”. Se trata, dice, “de un tema que hasta ahora no se ha abordado y cuando se ha hecho, ha sido de forma tangencial”.

Pone como ejemplo distintas publicaciones del coronel José Luis Isabel. Algunas fueron recogidas por la revista cultural de Toledo ‘Archivo Secreto’, en un especial sobre la guerra civil en la ciudad. “Solo se ha escrito desde el punto de vista militar o urbanístico, pero apenas se ha tocado la cuestión de los penados”. 

“El objetivo de este libro es recordar que en Toledo hay edificios que fueron construidos por presos políticos”, explica. Desde la reconstrucción del Alcázar o de la plaza de Zodocover, la construcción de pisos en la avenida de la Reconquista o iglesias como las de San Miguel o la de las Carmelitas.

“El alcalde socialista de Sonseca, José Camuñas Domínguez, murió en accidente laboral reconstruyendo el Alcázar”. Quiere poner el foco en quiénes fueron estas personas. “No es fácil porque la documentación está muy dispersa en distintos archivos. Ni siquiera aparece la documentación técnica sobre cómo se construyó la Academia de Infantería. En Toledo no está”.

Algunas de sus fuentes como los archivos históricos de Toledo o Salamanca, el censo de represaliados de la UGT de la Fundación Largo Caballero o la Fundación Pablo Iglesias permiten seguir parte del rastro de los presos y conocer algunas de historias personales. “He podido identificar a unos 2.600 presos que estuvieron en la construcción de la academia. El número total se desconoce”.

“Poco saben que en la ciudad existió un campo de concentración en San Bernardo para clasificar prisioneros que se amplió con terrenos de la actual finca de los Lavaderos de Rojas”. La investigación saca a la luz sus nombres y apellidos, lugares de origen, profesión y hasta las condenas que sufrieron o cuando salieron en libertad.

Sánchez Lubián pone el acento en el artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática que se refiere a los trabajos forzados. No solo dice que han de impulsarse actuaciones “para el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados”, sino que habrá un inventario de edificaciones y obras realizadas por quienes fueron sometidos a trabajos penados.

La ley exige “la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido”. También recoge la ley que las organizaciones o empresas que “utilizaron los trabajos forzados en su beneficio”, deben también adoptar estas medidas.

“En Toledo eso no existe. Es el germen de mi investigación, para que la gente lo sepa y sea consciente”, concluye para recordar cómo hasta los años 70 del siglo XX el Ayuntamiento de Toledo homenajeaba a las distintas promociones salidas de la Academia de Infantería, desde 1948. “Cuando cumplían 25 años, se les nombraba ciudadanos de honor. Eso nunca lo tuvieron quienes ayudaron a construirla”.

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Óscar Fernández Calle ha dicho este jueves que van a tener que reabrir la cárcel vieja de Cáceres, que acogió durante la dictadura a presos políticos, para que “quepan allí” los dirigentes socialistas vinculados al llamado caso Koldo.

En un debate del pleno de la Asamblea de Extremadura especialmente bronco que Fernández Calle ha considerado que ha estado “fenomenal”, él mismo se ha referido al PSOE como la “cleptofera” y ha dicho que, debido al caso Koldo, “pillarán si Dios quiere a la esposa del presidente del Gobierno y a un puñadito de ministros”, lo que, a su juicio, puede hacer necesario la reapertura de la cárcel vieja de Cáceres.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reconocido que esta afirmación le ha dejado “la sangre helada” y le ha preguntado al diputado de Vox si sabía que en la cárcel vieja de Cáceres solo había presos políticos durante el franquismo. “Usted qué está intentando insinuar”, le ha inquirido, para afirmar que este tipo de palabras ponen de manifiesto lo necesaria que es la memoria democrática para conocer la historia y no decir “barbaridades”.

De hecho las asociaciones memorialistas reclaman la recuperación del edificio de la antigua prisión de Cáceres y su conversión en un lugar de memoria de la represión franquista, los derechos humanos y la paz, ya que en ella eran frecuentes los debates políticos pues reunía a intelectuales republicanos llegados de toda España.

Vínculos del PP con la Fundación Francisco Franco

Por otro lado, la Mesa de la Asamblea de Extremadura se ha comprometido a estudiar las declaraciones de la diputada socialista Techi García Ramos, tras pedir el portavoz del PP José Ángel Sánchez Juliá que esta pidiera disculpas y se retiraran del diario de sesiones las palabras en las que afirmaba que PP o personas del PP en Extremadura pertenecían a la Fundación Francisco Franco.

Como Techi García no se ha disculpado, Sánchez Juliá ha vuelto a pedir que se retiraran estas acusaciones del diario de sesiones, algo que la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, se ha comprometido a estudiar tras escuchar las declaraciones exactas de la parlamentaria del PSOE.

Irene de Miguel ha considerado al respecto que los populares tienen “la piel muy fina” y ha recordado que personas que están en el PP han sido galardonadas por la Fundación Francisco Franco, como el exalcalde de Guadiana Antonio Pozo, que tras pasarse a Vox volvió de nuevo a las filas del PP para presentarse a las pasadas elecciones municipales.

Cuando se viven momentos de gran agitación en los territorios palestinos, se vuelve a hablar de Marwan Barghouti y de su ansiada liberación tras dos décadas en la cárcel acusado de terrorismo. El dirigente político de 64 años, que cumple cinco cadenas perpetuas en una prisión israelí por múltiples cargos de asesinato, encarna la esperanza de un cambio significativo para los palestinos.

En las ciudades palestinas, y los muros de hormigón construidos por Israel que las atraviesan, están cubiertas de grafiti con la icónica imagen de Barghouti, con las manos esposadas levantadas por encima de su cabeza.

Prácticamente todos los sondeos de opinión que se han hecho desde que entró en la cárcel hace 22 años muestran que sería el candidato presidencial favorito del pueblo palestino, si éste pudiera elegir libremente en las urnas. Una encuesta de diciembre le otorgaba 40 puntos de ventaja sobre el impopular presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abás, pero también sobre los candidatos de Hamás, incluido el jefe político del grupo islamista, Ismail Haniyeh.

En un contexto de profunda división entre las facciones palestinas, Barghouti se sitúa en un punto intermedio: es respetado por los nacionalistas laicos, pero también por los islamistas, con muchos de los cuales ha entablado estrechas relaciones en la cárcel. Incluso Hamás, que aborrece los círculos favorables a Occidente de los que Barghouti forma parte, ha pedido este mes su liberación, a cambio de rehenes israelíes, como parte de una propuesta de acuerdo de alto el fuego en Gaza.

De líder estudiantil a político respetado por todos

Barghouti, uno de los siete hijos de una familia humilde de agricultores de la pequeña aldea cisjordana de Kobar, lideró en su adolescencia movimientos estudiantiles a favor de Al Fatah, el partido político fundado por el histórico Yaser Arafat y que ahora preside Abás. Durante sus años en la universidad entró y salió de la cárcel en varias ocasiones, fue deportado por Israel a Jordania durante la primera intifada para impedir que participara en el levantamiento. Se le permitió regresar durante el optimismo de las conversaciones de paz en la década de los 90 del siglo pasado. Él mismo apoyaba el llamado proceso de Oslo, pero cuando las negociaciones de paz fracasaron, dando lugar a la segunda intifada (2000 - 2005), mucho más sangrienta, Barghouti desempeñó un destacado papel público como organizador de protestas.

El político ha apoyado la resistencia pacífica, pero no ha renunciado a la violencia como medio para acabar con la ocupación. Fue entonces cuando Barghouti atrajo la atención internacional. Los periodistas palestinos e internacionales le buscaban para que se posicionara. Paciente, autocrítico y con un discurso articulado, se definía a sí mismo como “un tipo normal de la calle palestina”. Sus formas sugerían que no era así en absoluto: muchos de los que se encontraron con él en aquellos días pensaron que representaba a un interlocutor palestino seguro de sí mismo, respetado por una generación más joven.

En Israel, a Barghouti se le considera fundador de las brigadas Al Aqsa, el brazo armado de Al Fatah que perpetró una serie de asesinatos y atentados suicidas contra autobuses, restaurantes y hoteles. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí publicó un artículo en el que acusaba al “terrorista” de “encabezar la sangrienta segunda intifada”, en su papel de cabecilla de grupos armados, antes de su detención en 2002.

Barghouti no se defendió en su juicio en 2004, cuando fue condenado por su implicación en cinco asesinatos, ya que rechazó reconocer la autoridad del tribunal israelí. Fuera de los tribunales, negó las acusaciones de haber ordenado las muertes.

Ha apoyado la resistencia pacífica, pero tampoco ha renunciado a la violencia como medio para acabar con la ocupación. Desde la cárcel, ha desempeñado un papel central en la política palestina y ha defendido la solución de los dos Estados.

Sus cartas desde la cárcel, algunas de las cuales han sido sacadas clandestinamente, sugieren que ha abandonado la idea de que negociar directamente con Israel pondrá fin a la crisis. En 2015, escribió en The Guardian: “El verdadero problema es que Israel ha elegido la ocupación en lugar de la paz y ha utilizado las negociaciones como una cortina de humo para avanzar en su proyecto colonial. Todos los gobiernos del mundo conocen esta realidad tan simple y, sin embargo, muchos de ellos pretenden que con las recetas fracasadas del pasado se podría lograr la libertad y la paz”.

El candidato que los palestinos querrían

Desde hace tiempo se le considera el sucesor de Abás, el líder de 88 años que lleva desde 2005 al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), reconocida internacionalmente, aunque el presidente carece de la legitimidad de las urnas porque no ha convocado elecciones presidenciales desde que expiró su primer mandato. Además, el mandatario es profundamente impopular debido a la corrupción existente en el seno de las instituciones palestinas y a la coordinación de estas con el Ejército israelí, lo que ha llevado a sus detractores a afirmar que la ANP es una organización interesada que opera como “subcontratista” de Israel.

Este lunes, el Gobierno de Abás, encabezado por el primer ministro Mohamed Shtayeh, ha presentado su dimisión en bloque por “los acontecimientos políticos, de seguridad y económicos relacionados con la agresión contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, y la escalada sin precedentes en Cisjordania, incluida la ciudad de Jerusalén este”. Abás ha pedido al gabinete que permanezca en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.

Pero de cara a la Presidencia palestina, Abás ha conseguido frenar las ambiciones de Barghouti y otros posibles candidatos. Tahani Mustafa, analista palestino del grupo de investigación International Crisis Group, afirma que el presidente palestino “ha destruido cualquier vía institucional para garantizar un sucesor legítimo”. “Abás reconoce que se encuentra en una posición increíblemente débil. Ha centralizado su poder de forma efectiva”, agrega.

Y lo que es más importante, Israel no ha mostrado ninguna voluntad de liberar al popular político. De hecho, se negó a incluirlo en 2011 en un intercambio de más de 1.000 prisioneros palestinos por un solo soldado israelí en poder de Hamás. En ese intercambio, quedó en libertad Yahya Sinwar, considerado el líder de Hamás dentro de Gaza y de los principales planificadores de los atentados transfronterizos del 7 de octubre contra las comunidades del sur de Israel.

La liberación de Barghouti, si alguna vez se materializara, sería percibida como una oportunidad para cambiar la política palestina. Khalil Shikaki, que ha encuestado a palestinos durante más de dos décadas como director del Centro Palestino de Política e Investigación, lo expresa de forma sencilla: “Barghouti es el líder palestino vivo más popular”.

El Banco de ADN del Gobierno de Navarra ha logrado identificar los restos de un segundo preso del fuerte franquista de San Cristóbal que fue enterrado en el cementerio de Berriozar (Navarra) tras participar en el intento de fuga que protagonizaron los presos del penal en 1936. San Cristóbal fue un complejo militar que tras el golpe de 1936 pasó a ser utilizado como cárcel para presos políticos de toda España. Por él pasaron hasta 7.000 personas y murieron unas 800, más de 200 fusiladas tras la fuga de 795 presos en 1938, y otras muchas por causas naturales provocadas por la tuberculosis, malnutrición o el hacinamiento. 

Los restos identificados son los de Tomás Nache Guzmán, miembro de la CNT que tenía 22 años y que era natural de Almería y carpintero de profesión. Ingresó en el fuerte de San Cristóbal el 22 de junio de 1936, y, según el investigador Fermín Ezkieta, participó en un intento de evasión el 27 de julio de 1936. El 1 de noviembre de ese año fue ejecutado extrajudicialmente con otros veinte presos en el penal. Tras su muerte, fueron trasladados al cementerio de Berriozar, donde una placa instalada por la asociación Txinparta-Fuerte de San Cristóbal en 2009 recuerda sus nombres.

En marzo de 2022, y en el contexto del Plan de Exhumaciones del Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de la Memoria, de la Dirección General de Memoria y Convivencia, abordó la exhumación del cementerio de Berriozar a partir del informe presentado por la asociación Txinparta tras contrastar informaciones fiables en torno a la localización de la fosa común. Fueron localizados 21 cuerpos, con indicios evidentes de haber muerto por arma de fuego. 

La construcción e inundación del Pantano del Ebro no solo se llevó por delante pueblos e historias de vida. También supuso anegar la memoria histórica de la utilización de presos esclavizados y de la utilidad que tuvieron estos para las empresas concesionarias tras la Guerra Civil. Sólo la empresa Vías y Riegos contó en Las Rozas de Valdearroyo con 258 presos de la República procedentes de distintos lugares de España y de varios pueblos de Cantabria.

Por eso, la Plataforma Memoria y Democracia, conformada por cerca de 90 organizaciones y colectivos de Cantabria, ha convocado a una ruta guiada que partirá de la Iglesia de Arroyo (las Rozas de Valdearroyo) este 26 de noviembre al mediodía que desvelará la historia de explotación y represión que oculta el agua.

La ruta, facilitada por una de las organizaciones que forman la Plataforma La Ortiga Colectiva contará, además, con la presencia de Audelino Robledo, uno de los desplazados por la construcción del pantano y una de las personas que ha conservado y difundido esta historia del uso de presos republicanos como obreros y las resistencias locales. La ruta de memoria histórica será de un kilómetro y no comporta dificultad alguna.

Manifestación el 2 de diciembre

La siguiente cita de la Plataforma será la manifestación en contra de la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria que impulsan el Partido Popular y Vox. La manifestación ya tiene coordenadas precisas. Partirá el sábado 2 de diciembre de la Plaza Numancia de Santander para terminar en Correos.

Poco después, las rutas pedagógicas volverán a Santander. El sábado 9 de diciembre (11h) se partirá de la entrada del Túnel de Tetuán del lado del Grupo Las Canteras para recordar los campos de concentración de La Magdalena o el de detención en los Campos de Sport, recorrer Mataleñas y terminar en El Faro para desmontar algunos mitos sobre la memoria histórica local. El sábado 16 de diciembre (11h), María Toca hará de guía por la ruta más larga que partirá de Las Oblatas (Calle del Monte, 28).

Esta red de organizaciones cántabras y ciudadanía (son 85 organizaciones de memoria, sociales, sindicales, culturales o políticas y unas 1.600 personas a título individual las que han suscrito su manifiesto) ha nacido para evitar la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, para contrarrestar los discursos negacionistas de PP y VOX -los partidos que impulsan dicha derogación- y para concienciar a la ciudadanía de la importancia de la memoria histórica para el futuro.