Varios empresarios de la presunta trama del 'caso Azud' crearon sociedades pantalla en Panamá. Uno de ellos a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Se trata de un bufete situado en el epicentro de la filtración masiva de los 'papeles de Panamá' y que aparece vinculado a numerosos escándalos de corrupción en todo el mundo, entre ellos el 'caso Odebrecht'. La firma, fundada en 1985 y “comprometida con el cumplimiento de las regulaciones para la prevención del lavado de activos”, según afirma su pagina web, creó la sociedad Endinboro Investments SA, una empresa clave en la investigación del 'caso Azud' para tirar del hilo de los supuestos pagos de comisiones a expolíticos del PP valenciano. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó dos millones de documentos confidenciales relativos al bufete, entre cuyos socios figuraba el excanciller panameño Alejandro Ferrer. La filtración masiva incluía más de 14.000 entidades 'offshore' (extraterritoriales) en Belice, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos fiscales, creadas por Alcogal en nombre de más de 15.000 clientes. Uno de ellos era el promotor Miguel Montoro, según la documentación del sumario a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las pesquisas del 'caso Azud', que investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias, entre otros, detectaron el supuesto pago de una comisión de un millón de euros al ex vicealcalde de València Alfonso Grau. Así, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó, mediante comisiones rogatorias cursadas por la jueza instructora y la Fiscalía Anticorrupción a las autoridades panameñas, la documentación en manos del despacho de abogados relativa a la sociedad Endinboro Investments SA. Los investigadores buscaban la titularidad real de las acciones y el listado de cuentas bancarias “en diferentes jurisdicciones, nacionales e internacionales”, así como los correos electrónicos o la correspondencia con el cliente real.

El requerimiento al conocido despacho se hizo a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá. La respuesta del despacho, firmada por el socio Raul Zúñiga Brid, desveló que el cliente de la sociedad Endinboro Investments SA era el fallecido empresario Miguel Montoro, cuya hija Mónica figura como investigada en el 'caso Azud'. La constitución de la empresa fue solicitada mediante correo electrónico por un cliente profesional de Alemán, Cordero, Galindo & Lee con sede en Suiza: Apex International Consulting SA.

En una reunión de más de dos horas con el Fiscal Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá, celebrada el 11 de abril de 2022, la comisión judicial española —formada por la jueza instructora, Pepa Tarodo; el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce; un agente de la UCO, y un Letrado de la Administración de Justicia— obtuvo la carpeta del expediente con la valiosa documentación para la continuación de las pesquisas, incluida la escritura notarial de inscripción de la sociedad y el Documento Nacional de Identidad de Miguel Montoro en manos del despacho panameño. El mismo fiscal ya viajó a Panamá en el marco del 'caso Erial' para seguir el rastro de la estructura 'offshore' creada por otro conocido despacho del país centroamericano —Soberón y Asociado— y atribuida al exministro del PP Eduardo Zaplana, actualmente pendiente de la sentencia del juicio del 'caso Erial'.

La firma Endinboro Investments SA, constituida el 26 de julio de 2004 con un capital de 10.000 dólares, contaba con tres directores panameños: el presidente Edgardo Eloy Díaz, la secretaria María Villarino y la tesorera Myrna de Navarro. Los dos primeros poseían una acción de la sociedad cada uno. El abogado y diplomático Jaime Eduardo Alemán, socio del despacho y embajador de Panamá en Estados Unidos entre 2009 y 2011, ejercía como agente registrado de Endinboro Investments SA.

Miguel Montoro no fue el único empresario vinculado a la trama del 'caso Azud' con una sociedad en Panamá. La comisión rogatoria española también solicitó al bufete De Obaldía & García Paredes información sobre la sociedad Construcciones Tritom SA, creada en 1994 con un capital de 10.000 dólares y en cuyos órganos de dirección figuraba el empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la causa.

“Desde finales del año 1996 dejamos de tener comunicación con los representantes y personas de contacto de esta sociedad, la relación profesional (...) fue terminada de facto y la misma fue catalogada como inactiva en nuestro sistema, a partir de 1999, en cumplimiento de las normativas que regulan los agentes residentes”, reza el documento “confidencial” del despacho.

Por su parte, los datos del despacho Alemán, Cordero, Galindo & Lee sobre la firma Endinboro Investments SA permitieron a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción localizar el dinero de las cuentas en Suiza y Mónaco del empresario.

La investigación ha revelado que otra empresa panameña de Miguel Montoro —Jagat Inc.— abrió una cuenta en Suiza en la que, además del empresario, el exconseller del PP Rafael Blasco, condenado por el desvío de los fondos de la cooperación valenciana, figuraba como autorizado (en la documentación consta su firma y su DNI). El expolítico del PP aparece vinculado a un pago de 600.000 euros, tal como informó este diario. La documentación de la Banque Pasche, actualmente denominada Banque Havilland, indica que Montero y Blasco mantenían “negocios en común”.

El promotor inmobiliario sacó casi 180.000 euros, en billetes de 500 euros, de una de las cuentas monegascas que poseía en la entidad Edmond de Rothschild. Cuando Rafael Blasco fue imputado en la causa del desvío de los fondos de la cooperación valenciana, el empresario finiquitó su estructura 'offshore' en Panamá, Suiza y Mónaco.

El 24 de septiembre de 2013, la empresa pantalla en Panamá, dedicada según su objeto social a “cualquier negocio lícito”, fue disuelta. Tres días después —el 27 de septiembre— cerró su cuenta helvética. Y el 11 de octubre canceló la cuenta en Mónaco.

Precisamente en aquella época, Rafael Blasco apareció en unas llamativas fotografías hablando por teléfono en una cabina pública.

Roger Benites presumía a principios de 2019 de gestionar “la mayor bolsa de criptomonedas de Latinoamérica”. Se llamaba Bitinka y por aquel entonces tenía “presencia en 10 países Latam y unos 40 alrededor del mundo”, aseguraba este empresario peruano en conferencias de emprendedores del sector. Poco después el precio del Bitcoin comenzó a subir y los clientes de Bitinka se frotaron las manos pensando que habían conseguido subirse a la ola cripto. Pidieron la retirada de sus ganancias, pero su dinero nunca salió de la plataforma. La web de Bitinka quedó desactivada, sus redes sociales dejaron de publicar y Benites desapareció.

Tres años después el caso Bitinka sigue abierto. Medios de comunicación latinoamericanos han documentado que la plataforma dejó un reguero de afectados que han interpuesto decenas de denuncias contra Benites en varios países. También que este se mudó a España después de que Bitinka colapsara, donde ha seguido creando compañías relacionadas con criptomonedas y tecnología financiera, algunas con capital de varios millones de euros. Sin embargo, esas noticias no son accesibles desde Google cuando se busca el nombre del empresario o el de Bitinka: Benites está consiguiendo borrar su rastro a fuerza de reclamaciones de copyright y de derecho al olvido.

La última investigación en desaparecer del buscador fue publicada en febrero de 2022 por el medio peruano Convoca.pe. Revela que Benites fundó sociedades offshore en paraísos fiscales como Belice y Emiratos Árabes Unidos en 2018, poco antes de que las retiradas de fondos de Bitinka quedaran bloqueadas. La información forma parte del proyecto global de Los Papeles de Panamá y se preparó en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ahora, la Agencia Española de Protección de Datos ha ordenado a Google que no la muestre cuando se busque “Roger Benites”.

La multinacional se había negado a atender la petición inicial de Benites. “La URL objeto de reclamación remite a un artículo actual, de relevancia e interés público incuestionables relacionado con la actividad profesional del reclamante”, explicó Google a la Agencia española (AEPD). “El público en general tiene derecho a conocer sin restricciones las opiniones, críticas y advertencias sobre su actividad”, aseveraron sus abogados, argumentando la “improcedencia” del derecho al olvido cuando este impide “ejercer el derecho a la libertad de expresión e información”.

La AEPD reconoce que la información de Convoca.pe es “de relevancia pública” y “se presume veraz y contrastada”. Pese a ello, ha permitido que Benites escape del buscador. El motivo es que la investigación incluye una imagen del permiso de residencia español del empresario, que el medio utiliza para demostrar que este ha salido de Perú y se encuentra en Barcelona.

“Procede estimar la presente reclamación no por el contenido referente a la publicación de una noticia actual sino por la publicación de una documentación personal”, zanja el organismo en su resolución. La decisión solo afecta a los resultados de Google y no implica la eliminación de la publicación original. Sin embargo, dado el peso que el buscador tiene en el acceso a la información, salir de él es equiparable a salir de Internet.

Los trasteros del derecho al olvido

La AEPD no identifica a Benites ni a Bitinka en su resolución. ElDiario.es ha podido trazar el origen del caso gracias a los detalles del particular proceso, que afecta a un medio de comunicación que no se rige por el derecho al olvido europeo pero es ejercido por un empresario acusado de estafa que ha fundado empresas financieras en España.

Pese a que la residencia y actividad de Benites en Barcelona hacen que la información de Convoca.pe sea relevante para los ciudadanos españoles, como reconoce la propia AEPD, el organismo no se ha puesto en contacto con el medio peruano para que este pudiera valorar la retirada de la imagen que motiva la resolución. Así lo han confirmado tanto la propia Agencia como el periodista autor de la investigación, que ha tenido constancia de la situación tras ser contactado por elDiario.es.

“Esto afecta de forma directa al derecho a la información, no entiendo la actuación de la Agencia española”, expone el citado periodista, Luis Enrique Pérez. “Este señor promocionaba su plataforma como un método para obtener ganancias rápidas en Perú, pero también en Argentina o Colombia. Ahora tiene otra empresa que se dedica a las remesas de dinero desde España, por lo que la información desindexada podría serles de utilidad también allí”, lamenta en conversación con este medio.

La empresa a la que se refiere Pérez es Blockzy. Benites la presentó en 2020 con una nota de prensa de la que se hicieron eco varios medios, sobre todo aquellos especializados en la actualidad del sector cripto. Actualmente su página web también parece haber quedado sin mantenimiento y sus redes sociales están desiertas.

El periodista peruano se ha puesto en contacto con la AEPD para intentar apelar su decisión. El problema es que no hay un procedimiento oficial para ello. La razón es la misma que ha provocado que el organismo no se haya puesto en contacto con él ni con su medio durante el proceso: Benites no reclama contra Convoca.pe, sino contra Google. En el embrollo del derecho al olvido, a la compañía estadounidense le corresponde analizar en primera instancia las reclamaciones para salir de su buscador. En caso de que no las admita, los afectados pueden pedir amparo de manera gratuita a la AEPD. Así operó Benites, que fue apoyado por la Agencia por ser residente en España, confirman fuentes del organismo.

El círculo de opacidad en torno a las reclamaciones por derecho al olvido se cierra con el veto que impide a Google notificar a los medios de comunicación cuándo desindexa sus noticias por este motivo. La decisión pretende evitar que los medios informen sobre esas desindexaciones y provoquen un Efecto Streisand que anule el olvido. elDiario.es ha preguntado a Google si va a recurrir ante la Audiencia Nacional la resolución de la AEPD referente a Benites, pero la compañía no hace comentarios sobre casos particulares.

Copyright y derecho al olvido para neutralizar información veraz

En este momento, si se le pide a Google que muestre los resultados asociados a las palabras “Roger Benites” desde España, el buscador no mostrará ninguna de las noticias que documentan las acusaciones de estafa contra él. Google no puede revelar cuántas de ellas han sido eliminadas por derecho al olvido, pero sí puede hacerlo con aquellas afectadas por demandas de copyright. “En respuesta a las diversas reclamaciones recibidas en relación con la ley estadounidense de protección de los derechos de autor (DMCA), hemos retirado 5 resultados de esta página”, informa Google. Cuando se busca “Roger Benites Bitinka” la cifra asciende a 7.

Como en el caso de la investigación de Convoca.pe, ninguna de esas reclamaciones incide en la publicación de datos inexactos o una supuesta falta de veracidad. Al contrario, el empresario ha conseguido retirarlas de Google alegando motivos como la utilización del logo de Bitinka sin su permiso, según consta en la base de datos que explica las desindexaciones por copyright.

Fuentes jurídicas de la multinacional explican a elDiario.es que las reclamaciones por copyright no se aplican a una sola jurisdicción sino a nivel mundial, según el Convenio de Berna. Esto hace que una queja emitida desde Hong Kong, donde esta radicada Bitinka Limited, pueda provocar la desaparición de un resultado de Google en toda Latinoamérica y España.

Entre el copyright y el olvido, Benites ha ejercido una pinza que le ha permitido borrar su rastro de Google. Los únicos ecos de su pasado que aparecen en el buscador son páginas de Facebook donde múltiples usuarios le acusan de haberse quedado con el dinero que habían invertido en Bitinka. Es uno de los motivos por los que el derecho al olvido ha sido muy criticado por algunos juristas. “Su gran peligro es que puede utilizarse con fines espurios, para construir biografías a medida, blanquear historiales delictivos, y lo que es peor: para construir una historia alternativa. Que el derecho al olvido acabase siendo utilizado como herramienta de censura solo era cuestión de tiempo”, expone Carlos Sánchez Almeida, director legal de Plataforma por la Libertad de Información.

Contactado por elDiario.es, Roger Benites asegura que no solo ha recurrido al copyright y por derecho al olvido para salir de Google, sino que también ha denunciado a varios medios de comunicación por difamación. Sin embargo, ha alegado que no puede mostrar documentación que lo pruebe por ser parte de procesos legales abiertos.

Un grupo de hackers y exempleados irrumpieron en los sistemas de Bitinka

Roger Benites

Sobre Bitinka, el empresario ha reiterado la versión de los hechos que ofreció en 2019: “Un grupo de hackers y exempleados irrumpieron en los sistemas”, asegura. Compinchados con “usuarios maliciosos”, amañaron los tipos de cambio de las diferentes criptomonedas para lucrarse artificialmente con sus operaciones en la plataforma, dice el empresario, y “hurtar” el dinero del resto de usuarios.

En este caso Benites ha compartido con elDiario.es una denuncia interpuesta el 7 de enero de 2022 en Perú (casi tres años después de los hechos) contra diez personas por delitos informáticos, manifestando que se encuentra en trámite. “Estuvimos en un proceso de auditoría desde hace varios meses, con cuentas que tenían movimientos fraudulentos”, expone. Sobre los afectados, Benites asegura que la plataforma tiene “un número muy pequeño de clientes pendientes de cobro, algo totalmente opuesto a lo que intentan mencionar algunas personas que nos quieren difamar por las redes” y que es un proceso que espera resolver “en los próximos meses”.

Las revelaciones comandadas por el diario El País y La Sexta en torno a los denominados Pandora Papers no han hecho sino corroborar el hecho de que la desigualdad, además de implicaciones materiales, supone también un acceso diferenciado y profundo a la capacidad de intervención pública y al soslayo de las leyes y normativas. Solo así es posible explicar que personajes como Mario Vargas Llosa, Miguel Bosé o Pep Guardiola no solo no hayan tributado sus ingresos allí donde les correspondería por vecindad y ciudadanía, sino que lo hayan hecho al amparo de regulaciones, dispositivos y acuerdos completamente aceptados. 

Decía el geógrafo David Harvey que el neoliberalismo es una “teoría de prácticas político-económicas”, a lo que habría que añadir que también es una ideología y, como tal, tiene un objetivo muy claro; no tanto hacer que el capitalismo funcione sino, más bien, hacernos creer, convencernos, de que es así. Es de este modo que, durante años, sociedades completas han aceptado esa teoría como el elemento vertebrador de sus sociedades.

Las prácticas evidenciadas ahora por los Pandora, y antes por los Panamá Papers, corresponden a uno de los elementos constitutivos del neoliberalismo, por cuanto este hace hincapié en el individualismo y en las capacidades y libertades otorgadas a los mismos para desenvolverse en entornos de mercados supuestamente libres. La ruptura que supone el acento en lo individual frente a lo colectivo hace que a aquellas personas con capacidad de sacar provecho al marco establecido, no sientan la más mínima inquietud por la suerte de sus congéneres. Y, si alguna vez la sienten, quieren que esta deferencia se practique a voluntad, esto es, mediante acciones de beneficencia discrecional y obviando el papel del Estado como elemento redistribuidor. 

La tan temida rebelión de las masas anunciada por pensadores conservadores como Ortega y Gasset durante el primer tercio del pasado siglo XX, esto es, el miedo de las clases altas a las masas de trabajadores organizados, encontró la forma de ser canalizada mediante un conjunto de políticas de búsqueda de equilibrio entre el capital y el trabajo, el denominado Estado del bienestar, puesto en marcha en el Occidente capitalista con posterioridad a la II Guerra Mundial. Las reformas de treinta años después, conocidas como neoliberalismo, rompieron ese equilibrio otorgando un poder sin igual o, si queremos verlo así, devolviéndoselo a aquellos grupos sociales que ya lo tenían con antelación a la gran conflagración bélica. Su naturalización y aceptación como prácticas político-económicas, conjuntamente con la ideología que las soporta, es lo que ha permitido no solo que los personajes antes mencionados esquiven sus obligaciones fiscales, así como la más mínima condición de solidaridad con el resto de ciudadanos y ciudadanas de su país, sino que no se vean incriminados legalmente por ello en numerosas ocasiones.

El filósofo político Adam Smith, famoso por la popularización de la famosa mano invisible del mercado, escribió a finales del siglo XVIII una obra titulada Teoría de los sentimientos morales. En ella, señalaba que los seres humanos tienden a identificarse imaginativamente, es decir, a mostrar empatía, con sus semejantes, de forma que pueden llegar a sentir las alegrías y tristezas de estos. Ahora bien, la separación entre clases y la ruptura de la solidaridad colectiva que supone la teoría y la ideología neoliberal hace que esta identificación desaparezca. Es así que podemos presenciar una auténtica rebelión de los ricos a la que solo se puede poner freno eliminando la fuente que la sustenta.

La Agencia Tributaria analizará todos los datos publicados en los denominados 'Papeles de Pandora', relativos a esquemas de evasión de impuestos, para determinar si procede abrir investigaciones, han señalado a Efe fuentes del Ministerio de Hacienda.

Hacienda ha recordado que la Agencia ha recuperado hasta la fecha 142 millones de euros y participado en 101 expedientes judiciales -con presentación de denuncias y querellas, así como labores de auxilio judicial- derivados de los denominados 'Papeles de Panamá'.

Los llamados 'Papeles de Pandora', una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) desvelada este domingo, expone una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en paraísos fiscales para evadir impuestos a partir de 11,9 millones de archivos de 14 despachos.

Entre las personas conocidas aparecidas en esta investigación figuran 35 líderes mundiales y personajes públicos españoles como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, o el cantante Miguel Bosé.

Esta semana se celebra el Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales. Será el 3 de abril, tercer aniversario de la publicación de los “Papeles de Panamá” la mayor filtración de documentos de la historia, con origen en el bufete de abogados Mossack Fonseca. Esta filtración reveló, cuando apenas se superaban los peores años de la crisis, las artimañas fiscales de multimillonarios, famosos y dirigentes políticos de todo el planeta para eludir el pago de impuestos. En España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria.

Con motivo de la efeméride, la Plataforma por la Justicia Fiscal, que engloba a gran parte de las organizaciones sociales del Estado y a los principales sindicatos, va a reclamar a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios un pacto de Estado contra la evasión y la elusión fiscal. Registrarán un escrito en el Congreso de los Diputados el miércoles día 3. Ese mismo día a las 12 horas la Plataforma ha convocado una concentración en la Plaza de las Cortes, en Madrid.

“Nuestro sistema fiscal arrastra déficits históricos que acentúan la inequidad del sistema. Y esta realidad se mantiene, cuando seguimos recaudando casi siete puntos menos de impuestos respecto al PIB que los países de la eurozona”, afirman en su escrito. Lo que reclaman es “recaudar, de quienes no pagan lo que deben, ese 20% más que necesitamos para equipararnos con la media europea: 80.000 millones de euros” al año. En 2018 se recaudaron 208.685 millones en España.

Así, piden a los grupos políticos, en plena precampaña electoral, un pacto de Estado contra el fraude fiscal que rompa con ese déficit recaudatorio en un máximo de cinco años, a través de un plan de acción urgente contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Pretenden que participen todas las fuerzas políticas y que se cuente con un marco parlamentario permanente de revisión, transparencia y rendición de cuentas. Al mismo tiempo, quieren que se establezca una lista negra de paraísos “objetiva y ambiciosa” que incluya al menos todas las jurisdicciones de baja o nula tributación, y que incluya la aplicación de sanciones, así como apoyar y proteger la figura del denunciante, entre otras medidas, un total de nueve.

Acabar con la demagogia fiscal

En paralelo a las iniciativas para reclamar acciones contra la evasión y la elusión, las organizaciones sociales tratan de hacer pedagogía contra la “demagogia” de la carrera de promesas electorales para rebajar o eliminar impuestos. Según el último barómetro fiscal del CIS, de 2018, el 45% de los españoles pagaría más por mejorar los servicios públicos, aunque el 57,4% considera que en España se pagan muchos impuestos y un 87,6% no cree que se cobre con justicia. Solo un 19,6% optaría por pagar menos impuestos aunque hubiera que reducir los servicios públicos.

Sin embargo, la necesidad de mantener los impuestos, de acabar con la avalancha de bonificaciones fiscales o de incluso elevar la carga impositiva es una idea poco popular en precampaña electoral. Mientras los partidos de la izquierda evitan el tema o circunscriben sus propuestas por lo general a los más ricos, la derecha directamente ha iniciado una escalada en las promesas de rebaja impositiva. Este discurso no cae en saco roto, y en España se han llegado a organizar manifestaciones contra el impuesto de sucesiones, a pesar de que es considerado por muchos expertos como fundamental en la tarea de redistribuir la riqueza. En la actualidad, este tributo sufre un dumping de competencia fiscal entre autonomías.

El presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, recalca que el discurso de la rebaja de impuestos ha sido muy utilizado por la clase política. “Zapatero dijo que bajar impuestos era de izquierdas. Pero nuestra Constitución habla de un Estado del bienestar con servicios, prestaciones y derechos que necesita de un sistema tributario justo. No hay justicia social sin justicia fiscal y hacer campaña contra los impuestos va contra el Estado del bienestar”, afirma.

“Demonizar los impuestos es uno de los mantras de la ideología neoliberal que llevamos sufriendo medio siglo, desde que acabó pensamiento keynesiano y comenzó la globalización”, explica por su parte el expresidente de la organización Attac España y miembro de la junta directiva Ricardo García Zaldívar. “A la gente esto le suena bien, porque evidentemente a todos nos cuesta cuando llega la primavera hacer la declaración de la renta”, admite, “el problema es que es mentira: aunque lo digan como reclamo electoral no bajan los impuestos, los hacen más injustos bajando los directos a los más ricos y subiendo los indirectos, que todos pagamos”.

El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, ha prometido acabar con una parte esencial de la financiación de las autonomías con la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados (este último ahora lo pagan los bancos). Por su parte, Ciudadanos “presume” de haber eliminado el impuesto de sucesiones para herederos de más de 800.000 euros.

Por ello, existen iniciativas de organizaciones sociales que tratan de contrarrestar el discurso dominante de promesas electorales de rebaja de impuestos. Una sección comarcal de CCOO va a organizar unas charlas en pueblos del sur de Madrid con las que pretende concienciar de que los que se benefician de las bajadas de impuestos que prometen los partidos de derecha son los más ricos, y que una caída de la recaudación redunda en un empeoramiento de los servicios públicos.

“¿Te interesa pagar menos impuestos?”

La sección comarcal de CCOO al sur de Madrid va a organizar dos charlas, la primera de ellas el 3 de abril en Leganés y la segunda, en una fecha aún por determinar, en Getafe. El ponente será Ricardo Rodríguez, técnico de Hacienda y escritor, autor del libro Los impuestos en la ciudad democrática. Rodríguez tratará de responder a la pregunta “¿Te interesa pagar menos impuestos?”.

“El mensaje que queremos transmitir es que si no hay recursos económicos no hay gasto público, si no hay gasto no hay servicios públicos, y si no hay servicios no hay derechos, en resumen, si no hay ingresos, no hay derechos. La reclamación continuada, sin contención, de la reducción sostenida de impuestos conlleva la rebaja de derechos. O si se prefiere, en esta sociedad solo tendrás derechos si tienes con qué pagarlos de tu bolsillo”, explica Fernando Monge, uno de los organizadores, de CCOO.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid ha desestimado la demanda que el expresidente del Grupo Prisa Juan Luis Cebrián presentó contra el diario El Confidencial por sus informaciones sobre los papeles de Panamá. Cebrián reclamó al medio 20.000 euros por intromisión en su derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, pero la jueza ha desestimado la demanda, según ha informado el medio denunciado.

El Confidencial y La Sexta, en una investigación conjunta con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicaron en 2016 varias informaciones que vinculaban al empresario con los papeles de Panamá. Su exmujer, Teresa Aranda, figuraba relacionada con una sociedad en Seychelles, Granite Corporation, durante la época en la que estaba casada con el empresario.

Aranda ayudó a crear la Fundación Atman, que presidió Felipe González y donde aparecen otros empresarios relacionados con empresas off shore como Farshad Zandi. Este español de origen iraní utilizó los servicios del despacho panameño Mossack Fonseca, epicentro de los papeles de Panamá, para constituir en Samoa y posteriormente en Seychelles la compañía Hypersonic, accionista mayoritaria de Star Petroleum.

La Fiscalía señaló durante el juicio que no compartía la demanda al considerar que se trata de informaciones “de interés general” en las que “el requisito de veracidad queda cumplido”. La jueza ha desestimado la demanda y ha impuesto las costas procesales al expresidente de Prisa, que puede recurrir la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La sentencia indica que las informaciones son veraces y ha destacado “la envergadura del trabajo y la seriedad de la labor”. “El señor Cebrián no ha conseguido explicar por qué si la información era falsa, inveraz e insidiosa como sostiene, no pidió, de forma inmediata, que El Confidencial procediera a la rectificación del artículo”, considera la jueza.

Señala que la información es de interés general, al tratarse de un “personaje de indudable proyección pública”. Al mismo tiempo niega que las noticias publicadas contengan “expresiones vejatorias o insidiosas ni expresiones ofensivas respecto al demandante, por lo que difícilmente pueden lesionar su honor”.

El empresario también amenazó con denunciar a eldiario.es, aunque finalmente no lo hizo.

La policía alemana ha hecho una redada en las oficinas del Deutsche Bank en relación con las investigaciones de los Papeles de Panamá y como parte de una investigación sobre presunto blanqueo de capitales.

Unos 170 agentes de policía, fiscales e inspectores fiscales han registrado seis oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y sus alrededores, según ha informado la Fiscalía. Los investigadores estudian las actividades de dos empleados del banco que supuestamente ayudaron a los clientes a crear compañías offshore para blanquear dinero.

Los Papeles de Panamá, publicados por The Guardian y un consorcio de periodistas internacionales en abril de 2016, revelaron cómo se utilizaron paraísos fiscales en ultramar para esconder miles de millones de dólares.

La Fiscalía ha dicho que se han incautado documentos comerciales escritos y electrónicos. Los coches de la policía han estado aparcados este jueves frente a la sede del banco, el mayor prestamista de Alemania.

En un comunicado, Deutsche Bank ha confirmado la redada. “La investigación tiene que ver con el caso de los Papeles de Panamá. Se darán más detalles en cuanto se conozca. Estamos en cooperación total con las autoridades”.

Los registros de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca fueron la base de estas investigaciones, que incluyeron más de 10 millones de documentos. Las revelaciones provocaron protestas en varios países y llevaron a la dimisión de varios jefes de Estado, incluyendo el de Islandia y el de Pakistán.

Diferentes bancos, incluyendo los prestamistas suecos Nordea y Handelsbanken ya han sido multados por reguladores financieros por violar las reglas de blanqueo de dinero gracias a los hallazgos de la investigación de los Papeles de Panamá.

Los fiscales han señalado que están analizando si el Deutsche Bank podría haber ayudado a sus clientes a establecer “compañías offshore” en paraísos fiscales para que los fondos transferidos a las cuentas del banco pudieran eludir los mecanismos de protección contra el blanqueo de capitales.

Según la Fiscalía, solo en el año 2016 una filial del Deutsche Bank registrada en Islas Vírgenes atendió a más de 900 clientes generando 300 millones de euros. Han dicho además que los empleados del banco habían incumplido sus obligaciones al no informar de las sospechas de blanqueo de capitales sobre clientes y empresas en ultramar implicadas en planes de evasión fiscal.

La investigación es independiente de otro escándalo de blanqueo de capitales en torno al prestamista danés Danske Bank, en el que también está implicado Deutsche Bank.

Netflix se ha comprometido a producir The Laundromat, el ansiado nuevo film de Steven Soderbergh sobre el escándalo de los Papeles de Panamá, que buscaba financiación desde el pasado festival de Cannes.

Los responsables del proyecto llevaban en conversaciones con el gigante del VOD desde mayo, pero la plataforma no se decidía debido a que ya había estrenado un título sobre el caso: The Panama Papers,  sobre los periodistas alemanes Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, autores del libro Panama Papers: Breaking the Story of how the Rich and Powerful hide their Money.

Según Deadline, el elenco estaría encabezado por nombres tan imponentes como Gary Oldman, Meryl Streep y Antonio Banderas, a los que se habría sumado David Schwimmer -el Ross Geller de Friends-.

Los Papeles de Panamá se convirtieron, en 2016, en la mayor filtración de documentos de la historia. Surgió desde el bufete de abogados Mossack Fonseca y provocó un terremoto que reveló las artimañas fiscales de un extenso listado de multimillonarios y de dirigentes políticos de todo el mundo (o personas de su entorno) y que en España acabó con la carrera política del exministro de Industria José Manuel Soria.

The Laundromat  y su previsible reparto plagado de estrellas parece poder convertirse en la nueva gran apuesta de Netflix, en su empeño por convertirse en una de las productoras de largometrajes más influyentes de Hollywood. Ahora mismo, está allanando el camino hacia los Oscar de Roma, la película de Alfonso Cuarón que no ha dejado de conquistar a la crítica desde que se presentase en Cannes. Además de contar con otras balas en la recámara de cara a los premios más mediáticos del cine contemporáneo: 22 de julio, el drama de Paul Greengrass sobre el ataque terrorista más sangriento de la historia de Noruega y La balada de Buster Scruggs  de los hermanos Coen. 

Los Papeles de Panamá siguen siendo un dolor de cabeza para el futbolista del FC Barcelona Lionel Messi y su familia. Una nueva investigación apunta que la familia Messi mantiene en funcionamiento Mega Star en el Registro Público de Panamá, una sociedad que está siendo investigada por las autoridades del país centroamericano por “operaciones sospechosas”, según desvelan El Confidencial y La Sexta.

Esta sociedad fue comprada por los representantes de los Messi en junio de 2013 e inscrita en el Registro Público de Panamá justo después de que la Fiscalía de Barcelona los denunciara por tres delitos fiscales ya que durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 no habían tributado en España los ingresos de 10,1 millones percibidos por la explotación de los derechos de imagen. Tras un periplo judicial, el Tribunal Supremo confirmó la condena de Lionel Messi a 21 meses de prisión y 2 millones de sanción y a su padre se la rebajo a 15 meses de cárcel y multa de 1,4 millones.

Según revela El Confidencial, la Unidad de Análisis Financiero para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (UAF) de Panamá emitió en febrero de 2017 un 'Reporte de operación sospechosa' (ROS) sobre Mega Star.

Un año antes, un correo interno de Mossack Fonseca indicaban que los Messi seguían utilizando la sociedad por lo que el bufete planteaba una diligencia debida mejorada, un procedimiento que realizan los abogados para revelar información sobre clientes que pudiera estar relacionadas con posibles operaciones ilegales o de alto riesgo. 

Según un comunicado de los representantes legales de los Messi fechado el 4 de abril de 2016, las “consecuencias fiscales para Lionel Messi ya fueron regularizadas en su momento, declarando ante la Hacienda Pública española todos los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, devengados con anterioridad y posterioridad al procedimiento seguido ante la Agencia Tributaria”.

En septiembre de 2016, los abogados de Mossack Fonseca rechazaron los testaferros que habían propuesto los Messi para Mega Star a través del bufete de abogados Abreu, Abreu & Ferrés, ubicado en Uruguay. En un correo interno entre Mossack Fonseca Uruguay y la sede central en Panamá se confirma que esa es la sociedad donde figura como beneficiario Leo Messi y que se  había avisado varias veces de que había que hacer la diligencia debida a Mega Star. Unos meses después Mossack Fonseca cerró sus oficinas en Panamá y otros 40 países debido al escándalo de los Papeles de Panamá.

Este mes se han cumplido dos años desde que se conociera la investigación periodística sobre la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas. Conocidos como los “Papeles de Panamá”, esta información provocó un terremoto que obligó a organismos supranacionales a acelerar las iniciativas para evitar el fraude, la evasión y la elusión fiscal.

Como ya ocurrió el año pasado, la Plataforma por la Justicia Fiscal, en la que participan organizaciones sociales y sindicales como Oxfam Intermón y la Coordinadora de ONG en España, ha organizado unas jornadas en las que ha analizado los avances en la materia, en la que han participado varios diputados y eurodiputados. Estos últimos han reconocido una sensación “agridulce” en cuanto a los avances en la Unión Europea tras tres comisiones en el Parlamento Europeo centradas en los paraísos fiscales.

El socialista Ramón Jáuregui ha destacado como positiva la elaboración de una lista negra de paraísos –acompañada de una gris en la que se incluye a los países que muestran propósito de acabar con las peores prácticas–. Sin embargo, este listado está empañado por dos cuestiones: es demasiado breve, no incluye a países europeos (donde se hace competencia a la baja en el pago de impuestos y de base hacia otros paraísos) y no incluye sanciones para los que sí están dentro. “La lista negra es un gran avance, pero su aplicación es más que débil”, ha señalado el eurodiputado de Los Verdes Ernest Urtasun. A juicio de Jáuregui, debería evitarse la firma de tratados comerciales y de operaciones bancarias con este tipo de Estados. El socialista reconoció hace dos meses que fue un error del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero sacar a Panamá de esta lista.

Además, Urtasun ha detallado las iniciativas de la comisión y del Parlamento Europeo que el Consejo de la Unión Europea, formado por los países miembros, mantiene bloqueadas.

La necesidad de unanimidad en la política fiscal europea frena acciones como la armonización de las bases imponibles mínimas del impuesto de Sociedades en toda la UE (en Irlanda el tipo nominal es del 12,5% y en España del 25%, aunque el real de las grandes empresas se queda en el 7,3%). Otro de los empeños de la CE y de la Eurocámara que frenan los estados es la consolidación de la base imponible del impuesto de sociedades. Es decir, que las empresas calculen sus ingresos y beneficios en base a la actividad que han generado en toda la UE y repartir después el impuesto entre los países donde esté presente. Otra propuesta que frenan los países es la de que las grandes multinacionales hagan público cuántos impuestos pagan y dónde para incrementar la transparencia fiscal y combatir la evasión.

“Un país como Luxemburgo vive de su chiriguito fiscal y es difícil hacerle ceder. Pero ¿qué defiende España en el Consejo?” se ha preguntado Urtasun. Para Jáuregui, Suiza (un país que no pertenece a la UE pero sí mantiene acuerdos comerciales y cooperación de fronteras) es el “principal eslabón” del problema de la evasión fiscal.

Además, en el debate han participado diputados españoles, entre ellos el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre. A su juicio resulta incomprensible que territorios como Gibraltar o Andorra no estén incluidos en la lista. “El único viaje al exterior del ministro Cristóbal Montoro fue a firmar un convenio de doble imposición con Andorra. Pero a España le sigue perjudicando mucho más Gibraltar o Andorra que la Isla de Nauru”, ha asegurado.

Por su parte, la diputada del PP Ana Madrazo ha defendido la idea de que en la UE se llegue a una base común pero estableciendo regímenes fiscales en función de particularidades territoriales, como ocurre dentro de España. La Plataforma por la Justicia Fiscal ha urgido a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a elaborar una nueva lista de paraísos fiscales que sustituya a la actual de 1991.

La Policía no ha retirado el servicio de protección al exministro José Manuel Soria, dos años después de dimitir por el escándalo de sus empresas en paraísos fiscales. A pesar de que en julio pasado desde el Ministerio del Interior negaban la mayor, al revelar Canarias Ahora que Soria disponía de escolta y vigilancia de su domicilio quince meses después de su dimisión, este periódico ha podido comprobar esta última semana que la Policía lo acompaña en sus viajes de negocios y de placer. Y que él elige los momentos en que considera que debe estar acompañado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada de Seguridad Ciudadana.

El exministro de Industria, Energía y Turismo, desde hace más de un año dedicado al asesoramiento con su empresa Sorben Partners, tanto al sector turístico como a la industria del automóvil, viajó el lunes 9 de abril de Gran Canaria a Madrid. Un coche camuflado, con dos policías, conductor y escolta, lo recogió en su chalet de Tafira para su traslado al aeropuerto de Gando. El vuelo lo hizo con el escolta a bordo, que de inmediato regresó a la isla, tras dejar al exministro en manos de otros dos compañeros adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, también con coche camuflado.

El expresidente del PP de Canarias estuvo hasta este jueves en la capital, donde el lunes participó con el exministro Luis de Guindos y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, en una comida privada en la sede de la empresa pública Cesce, organizada por su grupo de compañeros adscritos al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, del que forman parte, informó InfoLibre.

A su regreso de Madrid a Gran Canaria en el vuelo de Iberia 3838, un vehículo oficial camuflado –coche k, en el argot- con dos policías lo esperaba este jueves en la terminal de llegadas del aeropuerto de Gando, como pudieron presenciar dos reporteros de este periódico. El coche k quedó aparcado con el conductor en en la zona reservada a autoridades mientras el otro agente entraba en la sala de recogida de equipajes para custodiar a Soria hasta el coche.

Es el exministro el que, a través de un colaborador de su consultora, comunica a las autoridades policiales su plan de viaje cada vez que desea contar con esta cobertura oficial, que incluye traslado desde su casa, acompañamiento en el avión, recogida en el aeropuerto de destino y traslados con escolta durante su estancia fuera de Gran Canaria. Estando en la isla, sin embargo, no está permanentemente escoltado por agentes policiales, aunque constan algunas visitas a clientes de Sorben Partners en los que ha reclamado el servicio.

Este periódico ha vuelto a dirigirse, sin respuesta, tanto a la Jefatura Superior de Policía de Canarias como al Ministerio del Interior para conocer por qué se le mantiene escolta de alto cargo o persona bajo una amenaza real a José Manuel Soria, cuando desde el cese del terrorismo etarra la norma de continuar con la protección de los ministros los dos años siguientes a dejar el cargo fue sustituida por la Instrucción 3/2012 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esta instrucción interna del Ministerio del Interior regula el servicio de protección y escolta bajo criterios de optimización de recursos y evaluación de los grados de amenazas reales de cada caso. Cada seis meses, como mínimo, se deben analizar las circunstancias personales y las causas de riesgo que motivaron la protección de la persona, y es la denominada Comisión Ejecutiva de Coordinación (CECO) de esa secretaría de Estado la que en última instancia decide si mantener o no el servicio.

Solo cuando Canarias Ahora descubrió en julio pasado que al menos ocho policías y dos coches protegían día y noche a José Manuel Soria, tres meses después de que Madrid decidiera bajo esos criterios de la Instrucción 3/2012 retirar el servicio –al cumplirse un año de su dimisión-, el Ministerio del Interior comenzó a filtrar explicaciones extraoficiales de que el domicilio de los Soria estaba bajo vigilancia debido al misterioso robo en su vivienda la Nochebuena de 2016. Aún sin resolver.

Durante todo este tiempo, la Delegación del Gobierno en Canarias –la responsable de mantener la escolta en las Islas a Soria contra el criterio inicial de abril pasado de la Secretaría de Estado, según fuentes policiales- fue retirando discretamente la vigilancia estática del domicilio de los Soria en Tafira Alta, que hasta entonces había costado al erario público más de 250.000 euros durante quince meses, entre la protección dinámica y el estacionamiento fijo en su calle.

“Gasolina y parking gratis”

De mantener activos tres coches k y seis policías en tres turnos las 24 horas del día apostados delante de su casa, bajo la excusa del robo no resuelto de Nochebuena, la Policía Nacional ha pasado a patrullar cada dos o tres horas por el barrio de los Soria, con pasadas por delante de su casa, pero dentro de un servicio de Seguridad Ciudadana que abarca más cometidos diarios en la capital grancanaria, explican a este periódico fuentes policiales conocedoras de los protocolos habituales.

Sin embargo, lo que se mantiene inalterable es la escolta dinámica cada vez que el exministro la requiere. “Tiene gasolina y parking gratis para sus desplazamientos sociales y personales”, denuncian las fuentes consultadas cuando detallan todos los movimientos del asesor de empresas José Manuel Soria a costa de los Presupuestos Generales del Estado. El último de ellos conocido, para el que se desplazó también a Madrid, fue su presencia en el Encuentro de Directivos de Domingo Alonso SA.

El 15 de marzo pasado, una alta directiva de esta concesionaria de automóviles de las Islas, colgaba en su cuenta de instagram una foto en la que aparecían cargos de la empresa de la familia Alonso Rohner y un vicepresidente de Volkswagen internacional junto a José Manuel Soria. Todos ellos, menos el vicepresidente internacional de ventas de la marca de coches referente de Domingo Alonso, iban ataviados con camisetas con el lema fail! (fallo, en inglés), motivo del encuentro de directivos de la mercantil.

Para ese viaje a Madrid, José Manuel Soria también requirió los servicios de escoltas del Cuerpo Nacional de Policía. El exministro contó con coche, chófer y escoltas desde el martes 13 de marzo hasta el sábado 17, día en el que regresó a Gran Canaria.

Por el historial de servicios que requiere José Manuel Soria, parece tener debilidad por acudir con coche policial y escoltas cada vez que acude a una reunión de trabajo en la sede de Domingo Alonso, S.A. de Las Palmas de Gran Canaria. Una exigencia que no extiende a muchos más desplazamientos en la ciudad en la que vive.

En estos casos, el protocolo activado directamente con la Brigada de Seguridad Ciudadana no requiere de tantos requisitos previos como en los viajes de avión, para los que el asistente personal de Soria ahora en Sorben Partners y desde los tiempos en que era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria hace ya más de quince años, lo comunica con tiempo suficiente para preparar el desplazamiento. Según explican las fuentes consultadas, no siempre viaja el escolta a Madrid con Soria. Es a criterio del exministro –si prefiere darle más o menos relevancia pública a ese viaje particular- cuando el policía embarca. Eso sí, al aeropuerto lo llevan siempre.

El despliegue de Lanzarote

En todo este periodo de protección policial para asuntos privados y personales, el de su viaje de vacaciones a Lanzarote en agosto pasado se lleva la palma. Al menos, entre los que hayan trascendido a la opinión pública. José Manuel Soria y su esposa se trasladaron en su coche y en barcos de Gran Canaria a Lanzarote, a través de toda Fuerteventura, escoltados en todo momento detrás por vehículos k puestos a su disposición por las comisarias de las respectivas islas por las que transitó.

El despliegue, captado también por Canarias Ahora en su versión de vuelta a casa, requirió de dos policías en Gran Canaria para trasladar al escolta hasta el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Ahí Soria y su esposa embarcaron con su coche particular y el escolta subió a bordo como pasajero sin vehículo. Al desembarcar en el muelle de Morro Jable, en el sur de Fuerteventura, otro coche k adscrito a la comisaría de la capital majorera, Puerto del Rosario, recogió al guardaespaldas para trasladarlo atravesando toda la isla hasta Corralejo, en el extremo norte.

En el muelle de Corralejo se repitió la operación de embarque: Soria y esposa lo hicieron en su vehículo y el escolta, por las escalerillas del ferry que une el norte de Fuerteventura con el sur de Lanzarote, en Playa Blanca. Unos 25 minutos después, ya Soria y esposa se trasladaron al hotel Volcán, su habitual lugar de vacaciones en Lanzarote, propiedad de la misma firma del hotel de Punta Cana en el que veraneó invitado siendo ministro. Al escolta, por su parte, lo esperó otro coche oficial adscrito a la comisaría de la capital conejera, Arrecife, para su traslado al aeropuerto y regreso en avión a Gran Canaria.

El operativo vacacional de Soria y su mujer, la procuradora Mari Carmen Benítez, no contó, sin embargo, con la vigilancia estática que hubiese requerido siendo ministro, porque el municipio de Yaiza, donde se ubica el hotel Volcán es competencia de la Guardia Civil. Todo un síntoma de que la protección policial a Soria no es una cuestión de Estado ni responde a motivos de riesgos reales, analizadas en teoría desde la Secretaría de Estado de Seguridad por esa Comisión Ejecutiva de Coordinación que da los vistos buenos a las escoltas, tanto de la Policía como de la Guardia Civil.

En todo caso, y es lo que apuntan fuentes policiales, todo responde a un capricho consentido desde la Subdelegación del Gobierno o por sus amagos de tirar de la manta –llegó a especularse con que estaba escribiendo una especie de memorias y que tenía grabados a grandes empresarios en su despacho de ministro; de ahí una de las teorías del misterioso robo en su casa- por lo que se le mantiene un status perdido desde que truncó su carrera política al aparecer en los papeles de Panamá.

Lo cierto es que cuando este 15 de abril se cumplen dos años de su dimisión al descubrirse que mantenía sociedades opacas en el paraíso fiscal de Jersey desde que era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria –y hasta el mismo día de su cese como ministro- a Soria la Policía le acompaña a donde él quiera.

El despacho de abogados Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los 'Papeles de Panamá', ha anunciado este miércoles el cierre de sus oficinas en el país centroamericano y el resto del mundo. Según las informaciones recogidas por el diario local 'Panamá América', un total de 600 trabajadores serán despedidos durante la semana por el bufete, que dejará a 36 personas al frente de las tareas pendientes.

“El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones”, ha dicho Mossack Fonseca en un comunicado, recogido por la agencia británica de noticias Reuters.

El bufete saltó a la fama tras la filtración de millones de documentos que detallaban las operaciones de sus clientes, entre los que figuraban destacados políticos mundiales, para crear compañías en paraísos fiscales. Las revelaciones del caso generaron indignación mundial al conocer en detalle cómo políticos, criminales, empresarios y deportistas de élite utilizaban entramados fiscales para pagar menos impuestos en sus países.

El año pasado, las autoridades panameñas realizaron un registro en las oficinas de Mossack Fonseca y arrestaron a sus socios fundadores para investigar posibles nexos con la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios locales y en otros países para obtener contratos.

Ramón Fonseca, uno de los socios que luego fueron puestos en libertad, negó que la empresa tuviera conexión con Odebrecht y acusó al presidente, Juan Carlos Varela, de haber recibido coimas de la firma brasileña. Varela ha negado las acusaciones.

Los 'Papeles de Panamá', que dieron lugar a numerosas investigaciones fiscales, fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que obtuvo 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca con información sobre empresas creadas en paraísos fiscales.

La nueva y espléndida serie de la BBC, McMafia, sobre los oligarcas y el crimen organizado en Rusia, ofrece al espectador muchos momentos apasionantes. ¿Quién se podría haber imaginado que un cuchillo de caviar pudiera ser tan letal? ¿O que los sicarios podían llegar hasta los condados del Este y del Sudeste de Inglaterra y ensuciar los elegantes muebles con un sangriento mensaje de Moscú?

Los conocedores de Rusia más puristas han expresado algunas reservas. ¿Hablaría Alex Godman, educado en el Reino Unido e hijo de un mafioso ruso, interpretado por James Norton, hablaría con su padre en inglés y sin una pizca de acento? ¿Y dónde están los guardaespaldas? Al fin y al cabo, forman parte del día a día de cualquier hombre de negocios de Moscú que se precie y, sin embargo, su ausencia resulta destacable en situaciones en las que sería necesaria la intervención de un tipo duro.

A pesar de estos detalles, las ideas que subyacen, y que están basadas en un libro de no ficción escrito por el periodista Misha Glenny, describen una realidad. Las organizaciones de crimen organizado todavía pueden mover grandes cantidades de dinero por el mundo entero, gracias a un sistema bancario y financiero que permite que se escondan detrás de un entramado empresarial anónimo y que hace pocas preguntas.

El periodismo de investigación ha hecho muchos esfuerzos para ir derribando muros de secretismo en torno a cuentas en paraísos fiscales. En 2016, the Guardian colaboró con otros medios de comunicación para publicar los papeles de Panamá, a partir de documentación del bufete de abogados Mossack Fonseca, especializado en constituir sociedades pantalla.

Personas reales que parecen personajes de ficción

Como indicó Bastian Obermayer, el periodista alemán que consiguió la filtración, los clientes de este bufete eran en su mayoría “escoria”. En los documentos, encontramos traficantes de droga que podrían haber salido de la serie McMafia. También traficantes de armas, oligarcas, fabricantes de material militar, estafadores y cleptócratas, así como políticos, deportistas de élite y primeros ministros. Un gran amigo de Vladímir Putin, el violonchelista de San Petersburgo Sergéi Roldugin, apareció relacionado con flujos de capital valorados en miles de millones de dólares hacia paraísos fiscales. Este dinero iba de Rusia a Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y luego regresaba a Rusia.

En una reveladora escena del primer episodio de McMafia, Alex Godman comenta que desviará fondos a Mombai “sin dejar rastro”. Indica que creará un complicado entramado de empresas en distintos paraísos fiscales. “Un sistema especial” en las Islas Caimán permite que pueda prestar dinero a otro sistema parecido en las Bahamas. Estamos hablando del clásico lavado de dinero. Puede parecer ficción pero lamentablemente es una realidad.

No todos los que se benefician de los paraísos fiscales son miembros del crimen organizado. Si algo quedó claro tras la publicación de los papeles de Panamá y de los Papeles del Paraíso, que también fueron publicados por the Guardian en colaboración con los mismos medios de comunicación, en este caso en noviembre, es que los paraísos fiscales no son una cuestión insignificante de nuestro sistema económico; son el sistema.

La carga impositiva ha pasado de las grandes multinacionales y de los ricos a las personas de a pie. Los paraísos fiscales lo han hecho posible. Nosotros, los que pagamos impuestos, somos los pardillos.

Glenny también está en lo cierto cuando destaca otra cuestión: el papel clave que desempeña el Reino Unido en general, y Londres en particular, para facilitar la fuga de capitales. Solemos consolarnos pensando que este tipo de situaciones se dan en otros países. Lo cierto es que pasa muy cerca de nuestras casas, en las impecables mansiones de los barrios de Belgravia y de Kensington, donde se está rodando McMafia. Los bufetes de abogados, los agentes inmobiliarios y los expertos en constitución de empresas del Reino Unido lo hacen posible.

Para muestra, un ejemplo concreto. La firma de abogados londinense Child & Child parece respetable: una oficina con vistas a los jardines del Palacio de Buckingham, una página web con imágenes de mansiones estilo georgiano neoclásico y muchas columnas. En 2015, Child & Child constituyó una empresa pantalla en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales en el Reino Unido. Las beneficiarias de la sociedad eran Leyla y Arzu Aliyeva, hijas del presidente de Azerbaiyán.

Las dinastías postsoviéticas

Como muchos otros hijos de influyentes dinastías postsoviéticas, Leyla y Arzu Aliyeva tienen muchas propiedades en Londres, valoradas en muchos millones de libras esterlinas. La nueva sociedad creada en un paraíso fiscal, Exaltation Ltd., fue constituida con el fin de englobar sus activos inmobiliarios. Child & Child debería haber identificado a sus clientas como “personas con conexiones políticas” pero esto implica que se investigue el origen de la riqueza familiar. Así que no lo hizo. Su actuación no ha tenido ningún tipo de repercusión.

Los expertos en blanqueo de dinero tienen preferencia por un tipo de compañía: les gustan las empresas de Reno Unido, con nombres de postín. De 2010 a 2014, los rusos bien relacionados blanquearon más de 20.000 millones de dólares, que fueron transferidos de Moscú a bancos occidentales. Lo hicieron a través de un elaborado plan en el que participaron jueces moldavos, un banco letón y una serie de redes de empresas integradas en el Registro de Empresas de Londres (Companies House). Eran “gestionadas” por empresas con sede en remotos paraísos fiscales.

Antes de empezar a escribir sobre esta cuestión, mandé varios mensajes a [empresas de] las Islas Marshall; un soleado país formado por atolones en el Pacifico. No obtuve respuesta. No me sorprendió: estas “gestoras” no desempeñan ninguna función real (también podría haber puesto las cartas en una botella y la podría haber lanzado al mar, con idéntico resultado).

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido expresó su interés en nuestros hallazgos, pero dijo que no podía hacer nada, ya que los posibles autores de estos delitos estaban muy lejos. Todo resultó ser muy complejo.

La “lavandería mundial”

Los bancos también se encogieron de hombros. Los principales bancos del Reino Unido y los bancos extranjeros con sucursales en Londres han canalizado transacciones procedentes de lo que se conoce como la “lavandería mundial” por valor de 738 millones de dólares. Todos estos bancos tienen sofisticados departamentos cuyo objetivo es acabar con la delincuencia financiera. Se trata de un problema de volumen. “Es como buscar una aguja en un pajar”, me contó una fuente del sistema bancario.

Entonces, ¿cómo se puede terminar con la mentalidad McMafia, que ahora ha llegado a nuestras pantallas de televisión y que nos mostrará más violencia en los próximos episodios? En mayo de 2016, David Cameron prometió que constituiría un nuevo registro público que por primera vez identificaría a “la persona más significativa” que se escondía detrás de una empresa del Reino Unido. Era un primer paso. Dos meses más tarde, Cameron dejaba de ser primer ministro.

El gobierno de Theresa May no ha mostrado ningún interés en llevar a cabo esta modesta reforma. Una medida cambiaría las reglas del juego: que el Reino Unido obligara a sus territorios de ultramar a constituir registros públicos similares al prometido por Cameron e identificara a los propietarios. Más de la mitad de las sociedades de los papeles de Panamá tenían su sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Es cierto es que los oligarcas rusos, como el oligarca de McMafia Dimitri Godman, pueden salirse con la suya y esquivar el sistema utilizando a sobrinos, amigos o sus chóferes como testaferros. O mintiendo. Sin embargo, esta reforma promovería la transparencia y supondría un golpe para la cultura del anonimato que ha contaminado el mercado inmobiliario londinense. También enviaría el mensaje de que el Reino Unido tiene el firme propósito de luchar contra el crimen organizado.

Todos podemos constatar las consecuencias de la McMafia: una sociedad fragmentada y un sistema que se ha convertido en el patio de recreo de los más deshonestos a escala internacional. Roban en casa y se benefician de las garantías que les brinda nuestro sistema legal.

Luke Harding fue corresponsal de the Guardian en Moscú y el autor del libro 'Mafia State and Collusion'.

Traducido por Emma Reverter

La comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los “Papeles de Panamá” se ha cerrado con un resultado agridulce a juicio de los grupos más a la izquierda de la Eurocámara. Se han aprobado más de 400 recomendaciones a los estados miembros para que combatan la elusión fiscal, la evasión y el blanqueo de capitales, que según cálculos del propio organismo cuestan un billón de euros al año en toda la UE.

Los trabajos se han desarrollado en el último año y medio, después de que salieran a la luz miles de casos de evasión y blanqueo por la filtración de los archivos del despacho panameño Mossack Fonseca.

En el informe aprobado se incluye reclamar la “rigurosa aplicación de sanciones a los bancos, incluida la suspensión de la licencia, a las instituciones financieras involucradas en promocionar o permitir el lavado de dinero, la evasión fiscal o la planificación fiscal agresiva”. También se contempla la creación de una nueva comisión de investigación de carácter permanente en la legislatura que comienza en 2019.

Han quedado fuera, por muy poco, prácticamente por empate, la idea de incluir en la lista negra de paraísos fiscales a países miembros de la UE, en concreto a Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Malta. Sí que se ha mencionado a estos cuatro países por su laxa legislación fiscal en el texto de recomendaciones. También ha quedado fuera por muy poco la indicación de establecer una tasa mínima para el impuesto de Sociedades en toda la UE.

“Nos damos por satisfechos, a pesar de algunas votaciones algo controvertidas”, ha asegurado el presidente de la comisión, el alemán Werner Langen (PPE). Hay discrepancias dentro de su grupo sobre la conveniencia de incluir a países europeos en la “lista negra”. A su juicio, la UE sólo puede luchar adecuadamente contra estas prácticas “si pone orden en casa”.

Pero para el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Luis de Grandes, no tendría ningún sentido añadir a la lista negra a estos países miembros, y su mera mención -que sí se ha aprobado- le parece excesiva. También le parece “un exceso”, ha explicado a eldiario.es, el establecimiento de una comisión permanente en el Parlamento Europeo sobre evasión fiscal. A pesar de dentro del texto de recomendaciones incluía aspectos que no agradaban a los conservadores, han votado a favor del global para que quede claro su “compromiso” contra este tipo de prácticas. Según asegura De Grandes, acusar a los populares de haber cercenado el texto en cuestiones importantes a través de sus enmiendas no es más que una “fórmula maniquea”.

La Izquierda Unitaria Europea se abstiene ante un texto “mutilado” y el PSOE lo respalda

“Los socialistas han permitido con su abstención que se devalúe totalmente las propuestas de la comisión de investigación, y su texto original”, ha asegurado por su parte el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán. La aprobación de enmiendas del PP y Alde han dejado fuera cuestiones que consideraban esenciales, como la creación de un registro para conocer “quien se esconde detrás de las empresas pantalla” o de un organismo independiente para la protección de informantes.

Los socialistas aseguran que no se han abstenido en los puntos clave de la votación, y recalcan que el propio informe de recomendaciones es obra del socialista danés Jeppe Kofod. El hecho de que las votaciones de algunas de las enmiendas no hayan sido nominales dificulta la comprobación del sentido del voto.

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha dejado claro que “es falso que el PSOE se haya abstenido en ninguna votación clave que pudiera contribuir a diluir el informe aprobado en comisión”.

Ha añadido que “La delegación socialista española lamenta profundamente que Podemos realice afirmaciones sin ninguna base en el acta de la sesión por puro cálculo electoral en lugar de trabajar codo con codo con el resto de grupos de la izquierda para avanzar en la lucha contra la elusión fiscal y los paraísos”. “El PSOE ha actuado en la votación en el pleno con absoluta firmeza para preservar todo lo que se había logrado en comisión, votando incluso en numerosas ocasiones de forma separada al conjunto del Grupo Socialista”, ha recalcado.

Otros grupos de izquierda, como los Verdes/ALE, donde se encuadra, Ernest Urtasun, han votado a favor del informe, aunque con reticencias. Consideran que se ha debilitado el texto con las enmiendas del PP y de los liberales, pero creen que el mensaje de fondo sigue siendo claro y constituye una reprimenda para los gobiernos europeos por su actitud complaciente hacia los evasores.

Panamá no es un paraíso para los españoles. O, al menos, no es un refugio fiscal desde 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión de firmar el acuerdo que permite que España no considere a este país como paraíso por su baja tributación. Sin embargo, y después de la última lista elaborada hace apenas unos días por la Comisión Europea, queda cada vez más claro que la decisión española es única en su especie ya que las principales instituciones consideran que el país centroamericano no cumple con las exigencias mínimas de colaboración para librarse de la condición de paraíso fiscal.

Países de la Unión Europea que consideran a Panamá como paraíso fiscal

No lo consideran paraíso fiscal

España

Finlandia

Sí lo consideran paraíso fiscal

Bélgica

Bulgaria

Grecia

Francia

Croacia

Lituania

Letonia

Polonia

Portugal

Eslovenia

Unión Europea

De entre los países europeos que hacen públicas este tipo de acuerdos, solo España y Finlandia han firmado con Panamá el convenio que elimina las barreras de doble tributación y que supone una autopista para aligerar la carga fiscal de las empresas. Pero no es solo la exigua carga fiscal la que ha llevado a Panamá en un agujero negro para los fiscos occidentales. El país tiene un esquema de fundaciones que copió a Liechtenstein y considera como secreto los nombres de los accionistas de estas entidades.

La decisión del Gobierno socialista se remonta a los tiempos en los que Sacyr se adjudicó las obras de Canal de Panamá. Si España no hubiera sacado a este país de la lista negra se enfrentaba a la llamada cláusula de retorsión, por la que Panamá considera al otro país también paraíso con posibles restricciones para el acceso a licitaciones de obra pública.

“Todo el mundo sabe y es evidente que Zapatero retiró a Panamá de la lista de paraísos porque quería que se ganara el concurso del Canal. La connivencia de intereses económicos y regulaciones nacionales es muy fuerte”, explica en Estrasburgo el eurodiputado español Ernest Urtasun (Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea). A su juicio, “las listas nacionales que existen hasta ahora están hechas a base de intereses políticos, y los concursos a los que se presentan empresas nacionales tienen mucho que ver con cómo tratan a cada país”. 

Seis años después de la decisión del gobierno socialista, la filtración masiva de Los Papeles de Panamá puso en primera línea la exótica relación de España con el país centroamericano, muy lejos de la que tienen sus homólogos europeos. Por su parte, la OCDE hace tiempo que prefirió no hacer ninguna lista de países paraísos y subió a todos los agujeros fiscales a la categoría de “se compromete a mejorar”. En esta lista, que a la postre es también una relación de jurisdicciones fiscales que son opacas, también está Panamá.

Países de la Unión Europea que consideran a Barbados como paraíso fiscal

No lo consideran paraíso fiscal

Bélgica

Bulgaria

España

Francia

Letonia

Sí lo consideran paraíso fiscal

Grecia

Croacia

Finlandia

Lituania

Polonia

Portugal

Eslovenia

Unión Europea

Barbados también es un país con el que España ha firmado acuerdos fiscales pese a que el criterio europeo dicta que es un paraíso fiscal.

El Parlamento Europeo da un tirón de orejas

La decisión de la Comisión Europea de unificar la lista de paraísos fiscales (hasta el punto de que ha borrado de su web la lista de cada uno de los países miembros que estaba disponible hasta el 7 de diciembre), pretende contentar algo la decepción generalizada que hay respecto a las actuaciones contra los paraísos fiscales. Este martes 12 de diciembre el Pleno del Parlamento Europeo debatirá las conclusiones de la Comisión de Investigación que se creó a raíz de la filtración masiva. 

Los propios eurodiputados ya lamentaban después de seis meses de trabajo que no se estaba investigando ni avanzando nada respecto a la institución. En el informe que se debatirá, los eurodiputados lamentan que algunos miembros de la UE “tienden a no proporcionar información relevante en la cantidad y con la calidad deseadas y, en general, no parecen hacer esfuerzos auténticos para tomar medidas contra la elusión y la evasión fiscales”, informa Efe.

El informe apunta que antes de los Papeles de Panamá la legislación de la UE “no era suficiente”, pero señala que desde entonces “se ha producido una mejora gradual significativa”, en concreto con la propuesta para tener un registro de titulares efectivos finales de cuentas bancarias o la revisión de la directiva contra el blanqueo de capitales.

Insiste, eso sí, en que las prácticas de empresas fantasma en paraísos fiscales fueron posibles por la “aplicación insuficiente” de la ley por parte de los Estados y la Comisión Europea y añade que las sanciones previstas “no siempre se aplican o no son lo suficientemente disuasorias en casos relevantes”. Podemos e Izquierda Unida han votado en contra del informe por considerarlo insuficiente.

En España, las consecuencias de Los Papeles de Panamá han sido pocas. El 28 de febrero, el Gobierno señalaba que, a raíz de los Papeles de Panamá, la Comisión de Prevención del Blanqueo Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Ministerio de Economía, había investigado a 209 empresas relacionadas con dicha filtración. En concreto, el SEPBLAC había realizado a esa fecha, según el Gobierno, “14 informes de inteligencia financiera para atender requerimientos de la Oficina Nacional de Investigación de Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre 209 personas jurídicas relacionadas con los ”papeles de Panamá“.

En una intervención en noviembre en el Senado, Cristóbal Montoro aclaró que la Agencia Tributaria ha liquidado hasta el momento 103,5 millones de euros a 86 contribuyentes aparecidos en los papeles de Panamá, de los que la mayor parte (85 millones) responden a las liquidaciones complementarias presentadas por 34 contribuyentes tras la filtración de los documentos.

Ventajas de tener dinero en Panamá

Tener el dinero en Panamá tiene muchas ventajas para los extranjeros. En cuanto al pago de impuestos, “toda renta producida en el extranjero está exenta al 100% del pago de impuestos en Panamá”. Por ejemplo, una compañía española puede facturar a una sociedad panameña servicios prestados en Brasil y el 100% de la renta generada estará exenta gracias a ese convenio para evitar la doble imposición.

En el ámbito de la planificación fiscal para grandes fortunas, también destacan las fundaciones panameñas de interés privado, que, inspirándose en los  Stiftung de Liechtenstein (como el que utiliza el fundador de la sueca Ikea, Ingvar Kamprad, para controlar el grupo), desde 1995 permiten una totalidad opacidad a sus propietarios, que pueden utilizarlas para eludir el pago de impuestos, planificar herencias o controlar acciones de empresas.

En Panamá hay ocho regímenes fiscales especiales muy ventajosos para los inversores extranjeros. Entre ellos destaca la figura de “sede de empresas multinacionales” (para servicios de tesorería, contabilidad o logística), que están exentas de todo impuesto directo o indirecto, tanto para la multinacional como para el personal expatriado que trabaje en ella; o las denominadas “ciudades del saber”, orientadas a la transferencia de conocimiento (centros de investigación e innovación, parques tecnológicos, incubadoras de empresas...) y que gozan de exoneración de todo impuesto.

El Süddeutsche Zeitung no es el diario más leído de Alemania. De ese estatus disfruta en exclusiva el amarillista Bild, que gracias a sus 1,7 millones de ejemplares vendidos cada día es el periódico más leído de toda Europa. Bild suele determinar la agenda germana, identificando los asuntos de actualidad que el consenso mediático teutón considera “más importantes”.

Pero eso no siempre es así. Sobre todo cuando irrumpen en el ciclo de noticias contenidos como  Los Papeles del Paraíso, filtrados recientemente gracias al Süddeutsche Zeitung. 1,4 terabytes de datos, 13,4 millones de documentos pertenecientes a empresas situadas en 19 paraísos fiscales, procedentes de las firmas Appleby y Asiaciti Trust.

“Este tipo de proyectos no los podemos publicar solos”, dice a eldiario.es Mauritius Much, periodista del Süddeutsche Zeitung y miembro del equipo de reporteros implicado en la gestión, análisis y publicación de Los Papeles del Paraíso. Su fuente, de la que Much no ofrece ni el más mínimo detalle, les hizo llegar demasiada información. De ahí que, al ver lo que tenían entre manos, lo pusieran en conocimiento del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

“A través de esta cooperación contamos con socios de todo el mundo en los lugares dónde pueden seguir investigando sobre los datos. Por ejemplo, nuestros socios británicos han impulsado las cuestiones relacionadas con la Isla de Man y Reino Unido. Cada socio es libre de elegir lo que investiga y publica. A menudo muchos medios de comunicación investigan juntos”, afirma Much, sabedor de la importancia de trabajar en equipo. En España, La Sexta y El Confidencial son los medios que contribuyen con el ICIJ a la publicación de la información filtrada gracias al Süddeutsche Zeitung.

Cooperación con el ICIJ

El ICIJ, una organización con sede en la capital de Estados Unidos que fue fundada hace ya dos décadas, está compuesto por 400 periodistas de todo el mundo. También tiene su propio equipo de reporteros y personal especializado en el periodismo de datos. Will Fitzgibbon es uno de ellos.

“Tenemos un equipo de periodistas especializados en el análisis de datos que ha construido un programa informático que analiza esos millones de documentos para que estén en línea de forma segura en una red protegida con contraseñas”, explica Fitzgibbon a eldiario.es. Ese software, además, permite a los periodistas buscar entre los millones de documentos de Los Papeles del Paraíso como “si se buscara en Google”, según los términos de este reportero del ICIJ.

Con todo, Fitzgibbon reconoce que, sin el Süddeutsche Zeitung, Los Papeles del Paraíso no existirían. “Ellos tuvieron acceso a la fuente”, dice este periodista. De esa fuente, en el ICIJ no saben nada. Si lo supieran, tampoco lo dirían. “No hablamos de las fuentes”, sostiene Fitzgibbon, utilizando las mismas palabras que Much, el periodista del diario muniqués.

Antes de que Los Papeles del Paraíso se dieran a conocer a todo el mundo, Much y su equipo pusieron en manos del ICIJ toda la información. La analizaron juntos para corroborar su veracidad y determinar su importancia. “Comprobamos y revisamos toda la información. No queremos publicar nada que no sea cierto. Una vez que tenemos la misma opinión sobre la conveniencia de la publicación, la compartimos con todos los socios del ICIJ”, explica Much.

Foco en los paraísos fiscales

No es la primera vez que el Süddeutsche Zeitung y el ICIJ, que cooperan desde hace un lustro, protagonizan una publicación de información procedente de una filtración masiva. Resultado de esa colaboración son otros proyectos de revelación de secretos relacionados con paraísos fiscales, como los denominados Offshore Leaks de 2013, los Luxemburgo Leaks de 2014, o los Swiss Leaks de 2015.

El año pasado, también gracias al periódico alemán y al consorcio periodístico de Washington DC, pudo saberse de los conocidos como Los Papeles de Panamá, otra filtración masiva 2,6 terabytes de información –11,5 millones de documentos– de la firma de abogados Mossack Fonseca. Esos documentos también revelaron la evasión fiscal y ocultación de propiedades o activos y ganancias de personalidades políticas, sociales, artísticas de prácticamente todo el mundo.

“En el Süddeutsche Zeitung están especializados ahora, sin duda, en este tipo de informaciones”, comenta Fitzgibbon. En la redacción del periódico, sin embargo, comentan que esa especialización ha resultado del interés y del gran problema económico que representan los paraísos fiscales. Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, reporteros del Süddeutsche Zeitung que lideran el equipo de investigación responsable de dar a conocer filtraciones como la de Los Papeles del Paraíso, han “ido aprendiendo sobre la marcha, interesándose cada vez más por este problema”, según Much.

De acuerdo con los cálculos del economista francés Gabriel Zucman, profesor en la prestigiosa Universidad de California en Berkeley, las personas más ricas del planeta tienen ubicados en paraísos fiscales cerca de 8 billones –con b– de euros. Esa cantidad, según se leía esta semana en el Süddeutsche Zeitung, es “suficiente para acabar con el hambre en el mundo durante 61 años”.

Atractivo para los 'whistleblower'

El Süddeutsche Zeitung es ahora más que nunca un medio de prestigio internacional. Fue clave en que el ICIJ recibiera el Premio Pulitzer el pasado mes de abril por  Los Papeles de Panamá pues fue el diario bávaro el que recibió de una fuente anónima esos documentos. Logros así no hubieran sido posibles si el periódico no contara con una sólida base empresarial.

Su modelo de negocio combina los ingresos por publicidad en papel y en línea, los que le llegan de suscripciones y acceso de pago a contenidos exclusivos y los que se suman por edición y venta de productos especiales relacionados con eventos como pueden ser los mundiales de fútbol. Much define al Süddeutsche Zeitung como un periódico “independiente”. Esta característica es clave para que fuentes anónimas con información delicada confíen en él.

“Un medio tiene que ser independiente, auténtico, creíble, crítico, ser capaz de cuestionarlo todo”, sostiene Much. “Nuestro periódico se ha convertido en un medio de comunicación atractivo para 'whistleblowers'. Es algo de lo que estamos particularmente orgullosos”, agrega.

Much y compañía hacen todo lo imaginable para garantizar tanto el anonimato de sus fuentes con información sensible como la propia seguridad de esos documentos. Sobre éstos últimos, Much confirma que “están en lugar seguro”. A salvo y, cada día que pasa, en mayor conocimiento de la opinión pública.

Las filtraciones masivas de documentos secretos que muestran la ingeniería fiscal con la que las grandes fortunas eluden o directamente evaden impuestos, como la reciente de los “Papeles del Paraíso” vienen seguidas de declaraciones políticas en las que se promete endurecer la legislación contra estas prácticas.

Pero ¿por qué no se  adoptan medidas que realmente acaben con los paraísos fiscales, como por ejemplo quitar las licencias a los bancos que operan en ellos? Para el Inspector de Hacienda del Estado José María Peláez una de las respuestas se puede buscar en los cientos de mandatarios cuyo nombre ha aparecido vinculado a sociedades offshore: “Quizá una de las causa de no adoptar medidas internacionales es que si se hiciera y se pusiera de manifiesto lo que ocurre en estos territorios, los mandatarios estarían tomando medidas para descubrirse a ellos mismos”. 

Autor de varios libros sobre blanqueo de capitales, corrupción, fraude fiscal y temas tributarios, Peláez es uno de los expertos que compareció ante el Parlamento Europeo en la comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá, cuyos informe final se someterá a votación este mes de diciembre en Estrasburgo. 

El uso de paraísos fiscales está muy extendido entre multinacionales y grandes patrimonios pero ¿es ilegal o tan solo inmoral?

Situar dinero en lo que se conoce como paraísos fiscales no incumple ninguna norma. Lo que la incumple es utilizar esos territorios para ocultar la identidad del verdadero titular de esa cuenta corriente, esos inmuebles o bienes, con ánimo o bien de defraudar o de blanquear dinero proveniente de delincuencia, trata de blancas, armas...La experiencia nos dice que alguien que crea un trust en Singapur no es para pagar sus impuestos. Es una industria perfectamente engrasada con el objetivo final de ocultar.

Bono, Shakira, Cristiano Ronaldo...Aparecen muchos nombres de personajes públicos vinculados a paraísos fiscales que suelen alegar que sus asesores no les informaban de lo que hacían con su dinero o que son cuentas de sus padres o abuelos ¿se lo cree?

Creo que eso es impensable. A lo mejor no conocen el nombre concreto de las sociedades, pero que hay un entramado y que tienen el dinero fuera, por supuesto lo saben ¿qué piensan cuando firman constituir una sociedad en Madeira que cede derechos de imagen en una sociedad en Dublín? Es impensable que no sepan dónde está su dinero. 

Cuando surgen filtraciones masivas sobre paraísos fiscales, las autoridades de los países con contribuyentes implicados suelen anunciar investigaciones. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que la Agencia Tributaria investigará de oficio. ¿Le parecen suficientes sus reacciones?

Cuando alguien aparece en un lío de estos, si Hacienda cree que hay riesgo de que no haya pagado algo, por supuesto le va a investigar. En cuanto al pago por información, hay experiencias muy positivas. En Alemania, el lander de Renania  destina fondos para comprar información de cuentas de alemanes en paraísos. El último caso conocido es que han pagado 7,5 millones de euros por información de titularidad de cuentas de alemanes en Liechtenstein. Como consecuencia de esa información, la deuda regularizada ascendió a más de 7.000 millones de euros.

Diría que las medidas más efectivas son las que adoptan en EEUU, aunque velan por sus intereses y punto. No les preocupa que en el resto del mundo haya ocultación, es más, tienen Delaware, que es uno de los paraísos más utilizados por el resto y en el caso de España está muy de moda. Pero una de las condiciones es que no pueden hacer ningún tipo de actividades en ese territorio, con lo que a EEUU no le perjudica. Sus medidas perfectamente podrían ser adoptadas por la UE, la OCDE.

¿Qué tipo de medidas serían las más eficaces? ¿Hay algún ejemplo de lo que hace EEUU en este sentido?

Por ejemplo, se premia al delator de delito fiscal con parte del importe que se recaude gracias a su información, está previsto legalmente. Hace unos años hicieron una redada en una convención financiera que ofrecía a los americanos trasladar su dinero a Suiza sin pagar impuestos. Encarcelaron a un montón de directivos por incitar al fraude, más de una decena. Esto nunca ha ocurrido en Europa. Un directivo de de UBS proporcionó información relevante de cómo actuaban, cómo encriptaban los ordenadores, cómo transmitían la información a Suiza para ocultarla del fisco americano...tras 36 meses en la cárcel, por la información que proporcionó le pagaron 104 millones de dólares, 80 millones de euros.

A raíz de esa información, EEUU le dijo a los bancos suizos: hasta aquí hemos llegado. O nos dan información de todas las cuentas americanas en Suiza o ningún banco suizo puede operar en territorio americano. Y segunda consecuencia: obligar a que tampoco puedan operar con otros bancos que estén en América y otros territorios. En resumen: el secreto bancario suizo empezó a resquebrajarse. EEUU abrió el melón con la ley FATCA que obliga a todas las entidades financieras del mundo a dar información a EEUU de la titularidad de las cuentas que tengan los americanos en el resto del mundo.

Después vino la UE y Suiza ha tenido que plegarse y con ciertas condiciones eliminar el secreto bancario. Así que cuando dicen que no se puede hacer nada, por supuesto que se puede hacer.

Entonces ¿por qué no se adoptan medidas de este tipo en la UE, el G-20 o la OCDE?

Falta voluntad de adoptar medidas que acabarían realmente con los paraísos fiscales. En los Papeles de Panamá y del Paraíso aparecen decenas de mandatarios mundiales implicados en sociedades de paraísos fiscales. Si eso lo conectamos con que no hay realmente voluntad a nivel internacional, quizá la causa de no adoptar medidas internacionales es que en caso de que se adoptaran y se pusieran de manifiesto lo que ocurre en estos territorios, estarían poniendo medidas para descubrirse a ellos mismos. Se acepta como un engranaje de la globalización que funciona perfectamente, que es toda la industria financiera que hay en los paraísos fiscales.

En la UE tenemos Irlanda con sus convenios con las Islas Bermudas, están todas las multinacionales tecnológicas que aprovechan la conexión para pagar prácticamente cero impuestos a nivel mundial. Holanda, igual: convenios con las Antillas Holandesas para reenviar allí todos los royalties, cánones, dividendos, intereses..de las holding, y sin pagar un euro de impuestos.

Las multinacionales utilizan la planificación financiera o fiscal internacional para no pagar impuestos en ningún sitio del mundo. Se han adoptado unas iniciativas muy interesantes, que son las BEPS, para limitar la erosión de las bases imponibles, y por ejemplo van a obligar a las multinacionales a dar información de sus empleados, volumen de negocio, etcétera. Pero en ningún momento la UE dice si van a tener que pagar un mínimo de Sociedades en cada territorio. 

El comisario Pierre Moscovici ha dicho que quería una lista de paraísos fiscales antes de acabar el año y el Parlamento Europeo aprueba el mes que viene las conclusiones de la comisión de investigación que puso en marcha a raíz de la publicación de los Papeles de Panamá ¿qué le parecen estas iniciativas?

Yo comparecí en la comisión del Parlamento Europeo, con otra serie de expertos, para ver qué medidas se pueden adoptar sobre todo con los intermediarios financieros y los profesionales que se dedican a esto. Propusimos una serie de medidas, que el Parlamento más o menos aceptó y que no eran nuevas (en 2003 un informe del PE ya propuso por ejemplo limitar la operativa de los bancos en los paraísos fiscales y que al banco que no quisiera asumir las medidas se llegara a retirar la licencia de actividad, es decir medidas coercitivas fuertes). Pero luego la Comisión Europea nunca las lleva a cabo.

La CE llegó a presentar una lista que era una vergüenza, porque eran 12 o 13 territorios y ninguno los verdaderos paraísos fiscales. El Parlamento se la devolvió. Si para aplicar medidas coercitivas, que se sabe perfectamente cuales pueden ser, lo primero que hace falta es una lista, y ni siquiera son capaces de tener una lista...

Pero ¿por qué la UE no quiere esta lista?

Hay que remontarse a los tratados fundacionales de la UE. Uno de los principios fundamentales es la libre circulación de capitales, sin cortapisa entre los países de la UE y desde un país de la UE con terceros. Problema: no excluye a los paraísos. Por ejemplo en España una legislación del año 2008 declaraba exenta la tributación de los rendimientos de la deuda pública española salvo que la inversión viniera de paraísos fiscales. La UE obligó al estado español a modificar esta legislación porque no se podía poner trabas a los paraísos fiscales. 

Además de los propios “evasores” ¿quienes son los que se benefician más de la existencia de los “paraísos fiscales”?

Puedo poner un símil: el conjunto de paraísos fiscales, unos 50 territorios a nivel global, viene a ser como un club privado en el que hay una gran fiesta y están invitados las grandes fortunas, los artistas, futbolistas, mandatarios mundiales, delincuentes internacionales, grandes multinacionales, todas las empresas del IBEX 35 (que tienen 900 sociedades y filiales en paraísos fiscales, las han triplicado desde 2009), o los 20 mayores bancos de Europa, que obtienen el 26% de su beneficio a través de paraísos fiscales. A esa gran fiesta no están invitados ni asalariados, ni pequeños empresarios, ni los que quieren pagar los impuestos correctamente. Y ya por último, en este club privado los que reparten las invitaciones para entrar son los grandes bancos y los despachos que se dedican a esto.

¿Y si alguien intenta ser invitado a la fiesta?

Si quieres meter dinero en el extranjero para obtener rentabilidad o crear un entramado para poner tus bienes por el mundo a nombre de sociedades y tú no aparecer... hay toda una serie de posibilidades. Mandar un millón de euros a un paraíso fiscal te cuesta mil euros: es una llamada de teléfono a un banco situado en un paraíso fiscal o despacho y en un día te crean la sociedad, te envían la documentación y te envían a un señor del propio banco que te coge el millón de euros, y lo ingresa en un banco nacional, pero a nombre del banco del paraíso. El éxito es que hasta ahora (con las filtraciones se ha visto que hay un peligro) te garantizaban que era imposible que descubrieran que tú estabas detrás. 

El hijo de la periodista y bloguera maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia ha relatado cómo corrió desesperadamente hacia el coche en llamas en el que murió su madre y cargó contra la “cultura de impunidad” de la isla y los “criminales” que la manejan.

“Mi madre fue asesinada porque se plantó entre el estado de derecho y aquellos que quieren violarlo, igual que muchos otros periodistas valientes”, escribió Matthew Caruana Galizia en una publicación de Facebook conmovedora y por momentos muy gráfica.

“Pero también la mataron porque fue la única persona que investigó. Esto sucede cuando las instituciones del Estado son inútiles: la última que queda en pie es una periodista. Y eso la convierte en la primera persona a la que quieren matar”. 

Daphne Caruana Galizia, que dirigió la investigación sobre la corrupción de los Papeles de Panamá en Malta -–en la que también trabajó su hijo, que también es periodista de investigación–, fue asesinada el lunes pasado, cuando su coche explotó a causa de una bomba tan fuerte que encontraron piezas del coche en un campo cercano.

El lunes por la noche, miles de personas se reunieron en una vigilia con velas espontánea en Sliema, cerca de Valetta, la capital de la isla, para llorar a la periodista que describían como “la mujer Wikileaks”. El blog de la periodista era muy crítico con los políticos de la isla y con las bandas de crimen organizado.

Había denunciado que recibía amenazas

Matthew Caruana Galizia dijo que nunca va a olvidar cómo “corrió por el infierno que era el campo, tratando de encontrar una forma de abrir la puerta del coche mientras seguía sonando el claxon. Les grité a dos policías que estaban por allí y vinieron a apagar el fuego con un solo extintor”.

El joven relató que uno de los policías le dijo: “Lo siento, pero ya no podemos hacer nada”. “Miré y vi partes del cuerpo de mi madre tirados a mi alrededor. Me di cuenta de que tenían razón, ya no se podía hacer nada. '¿Quién iba en el coche?', me preguntaron. 'Mi madre. Y ahora está muerta. Muerta por culpa de vuestra incompetencia”.

Caruana Galizia, de 53 años, tenía un blog muy popular en el que difundía casos de presunta corrupción de alto nivel en el mundo político de Malta. “Hay criminales por donde mires. La situación es desesperante,” escribió la periodista en una publicación que subió tan sólo media hora antes de que explotara la bomba en su coche.

Los testigos le dijeron a la policía que la periodista acababa de salir de su casa e iba por una calle cerca del pueblo de Bidnija, al norte de Malta, cuando explotó la bomba. Los medios de comunicación locales afirman que hacía dos semanas la periodista había denunciado ante la policía que estaba recibiendo amenazas.

Múltiples casos de corrupción

La investigación más reciente de Caruana Galizia apuntaba al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y a dos de sus colaboradores más cercanos, vinculándolos con empresas offshore y una mafia que vendía pasaportes malteses y recibía dinero del gobierno de Azerbaiyán.

Muscat repudió el asesinato de la periodista, llamándolo un “ataque feroz a la libertad de prensa”, y anunció que el FBI estadounidense había aceptado enviar un equipo de expertos para ayudar a los investigadores locales. “No descansaré hasta que se haga justicia por este caso”, aseguró Muscat.

“Todos saben que Caruana Galizia me criticaba duramente, tanto a nivel personal como político, pero nada puede justificar este acto barbárico de ninguna forma”, añadió el primer ministro, que denunció a la periodista y ganó unas elecciones convocadas con prisa el pasado junio para lograr un voto de confianza ante las acusaciones de la periodista.

Si bien los principales objetivos de Caruana Galizia eran políticos del partido gobernante, el Laborista, también había publicado recientemente investigaciones sobre la oposición maltesa, cuyo líder –Adrian Delia– dijo que la periodista fue víctima de un “crimen político” y pidió una investigación independiente.

“No aceptaremos una investigación bajo el mando de la policía, ni del ejército, ni de ningún juez, ya que todos ellos eran centro de las críticas de Caruana Galizia,” afirmó Delia. “Lo que sucedió hoy no es un asesinato común. Es la consecuencia del colapso total del estado de derecho, algo que viene sucediendo desde hace cuatro años.”

Las investigaciones de Caruana Galizia apuntaban tanto a políticos supuestamente corruptos, como a bancos que les facilitan el lavado de dinero, o los vínculos entre la industria de juego online de Malta y la mafia. Su trabajo reciente se enfocaba en las revelaciones de los llamados Papeles de Panamá, una serie de documentos filtrados por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Varios políticos europeos han expresado su conmoción y consternación por la muerte de la periodista. “Un día negro para la democracia”, tuiteó Manfred Weber, una diputada conservadora del Parlamento Europeo. Frans Timmermans, vicepresidente de la comisión europea, que había recibido una carta de un miembro maltés del Parlamento Europeo en la que se quejaba de la “intimidación” de los periodistas en Malta, tuiteó que estaba “conmocionado y escandalizado”. “Si silencian a los periodistas, habremos perdido nuestra libertad.”

Un ataque a la libertad de prensa

Matthew Caruana Galizia afirmó en su publicación de Facebook que el asesinato de su madre “no es un asesinato común y no tiene nada de trágico. Trágico es que te atropelle un autobús. Cuando estás rodeado de sangre y fuego, es una guerra. Somos un pueblo en guerra contra el Estado y el crimen organizado, que se han vuelto indistinguibles”. 

El joven criticó “al payaso del primer ministro”, que hace declaraciones al Parlamento “sobre una periodista que se pasó una década demonizando y acosando”, y remarcó una publicación de Facebook de un sargento de policía que, poco después de la muerte de la periodista, escribió: “¡Todos recibimos nuestro merecido, cerda asquerosa! Me siento feliz :)”

Caruana Galizia concluyó: “Sí, a esto hemos llegado: un estado mafioso…en el que te ponen una bomba por ejercer tus libertades básicas, y luego aquellos que te deberían haber protegido, lo celebran”.

El periodista afirmó que en la isla se ha generado una “cultura de impunidad” después de que el primer ministro “llenó su oficina de criminales, luego llenó la policía de criminales e imbéciles, y luego llenó los tribunales de criminales e incompetentes”.

“Si las instituciones hubieran funcionado, no habría habido asesinato que investigar, y mis hermanos y yo hoy tendríamos a nuestra madre”. 

Tras un pedido de recusación presentado por la familia de la periodista asesinada, la jueza a cargo de la investigación, Consuelo Scerri Herrera, que había sido criticada por Caruana Galizia en su blog y luego la denunció, se retiró del caso este martes.

Traducido por Lucia Balducci

La presión contra Cristóbal Montoro va in crescendo, también desde dentro del PP. A la reprobación por parte del Congreso y las continúas portadas que le dedica la prensa conservadora se une el lunes una nueva noticia que pone en cuestión las maniobras del ministro para filtrar datos fiscales de parte del Gobierno. Según el diario El Mundo, Montoro reveló al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la madre de José Manuel Soria tenía una cuenta en Suiza, y que este habría sido el factor determinante para que el ministro presentara su dimisión.

La revelación surge en unas supuestas memorias que el exministro de Industria ha escrito y que recoge El Mundo, aunque no se sabe, según este diario, si el escrito verá la luz. En él, Soria ajusta cuentas con Montoro, un ministro que forma parte del llamado grupo de sorayos, los fieles a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El grupo se completa con los hermanos Nadal, uno ahora ministro de Industria y el otro secretario de Estado de Presupuestos a las órdenes de Montoro.

Los sorayos tuvieron una fuerte confrontación en la legislatura anterior con el conocido G-8 que capitaneaba José Manuel García-Margallo y del que formaba parte Soria. La dimisión de Soria marcó el triunfo de los sorayistas, y la nueva formación de Gobierno les desterró prácticamente a todos. A cambio, se nombró a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y también rival política de Santamaría.

Pero ante la debilidad política de Montoro, que ha sido reprobado por el Congreso, el entorno de Soria parece haber visto la puerta abierta para ajustar cuentas, y el político canario airea en sus memorias cómo el titular de Hacienda informó a Rajoy sobre esta cuenta en Suiza que según el rotativo estaba declarada ante el fisco. Montoro también contó a Rajoy que la mujer de Soria había recibido una transferencia desde Islandia.

A raíz de estas informaciones de Montoro, Rajoy empezó a preocuparse y Soria también, ya que aventuró que se filtraría su existencia. Para el ministro, hablar de su madre en el Parlamento era una línea roja, así que el dato fue clave para presentar su dimisión, siempre según su versión.

En las memorias también se describe su trato con las eléctricas, de las que el ministro era responsable. Soria dice que le llevan con los decretos ya escritos y que él tenía que plantar cara. Algo similar sucedía con las telecos, ya que Soria quería ejecutar la sentencia del Supremo para cerrar nueve canales de TDT y la vicepresidenta demoraba esta resolución. Asegura que Mauricio Casals, presidente de La Razón, era uno de los empresarios del sector que influía con más presión.

También hay una referencia para las informaciones que destapó eldiario.es sobre su estancia en un hotel de Punta Cana que nunca abonó. El ministro presentó una demanda contra este diario, pero el juez consideró acreditado que no había pagado y dio la razón a eldiario.es. Aún así, Soria se defiende diciendo que pagó pero que, “como es habitual”, el hotel le alojó en una habitación de rango superior por ser ministro y asegura que probará este hecho al recurrir la sentencia.

Los premios nunca son justos. No pueden serlo cuando intentan destacar a una persona sobre el resto en una profesión en la que muchos se juegan su vida, algunos hasta físicamente, para demostrar que también existe un arma de construcción masiva: la información. Ser periodista, de por sí, ya es una medalla para todos los que son conscientes de su función social. El periodismo es de los pocos oficios que permiten hacerle la zancadilla a los poderes económicos y políticos. Ocurre menos de lo deseable, pero, cuando se consigue, es maravilloso. Los premios nunca son justos, pero a veces son necesarios.

El Pulitzer de este año es un reconocimiento a la esencia del periodismo. Informar de lo que unos pocos quieren ocultar. Encender la luz para ver en las tinieblas. Publicar las cuentas en paraísos fiscales de los políticos y empresarios que manejan el dinero público. Sacudir al poder. Dejar en evidencia a los mentirosos. Lograr que dimitan los delincuentes de la ética. La investigación de los Papeles de Panamá tiró de la manta del descaro con el que algunos se han manejado durante años, confiados en que el velo de la impunidad les protegería de por vida.

El Pulitzer a los investigadores de los Papeles de Panamá es también un puñetazo en el vientre para todos los que creen que el periodismo no existe. Que se puede controlar a los medios de comunicación. Que no hay libertad en la prensa ni profesionales dispuestos a contar la verdad. Pero también es un tortazo de realidad para los propios periodistas que han tirado la toalla, para los que creen que este oficio es una competición que premia al que llega primero, aunque eso suponga viajar en el mismo vagón que el poder. 

La investigación de los Papeles de Panamá ha demostrado que el libro de estilo del periodismo está aún por escribir. En un mundo dominado por el egoísmo, resulta de un mérito extraordinario triunfar desde el trabajo colectivo. Es posible dejar a un lado la primera persona del singular para empezar a conjugar este oficio desde la pluralidad. Un total de 370 periodistas de 76 países unieron fuerzas para traducir al lenguaje llano miles y miles de documentos financieros. Lograron que el planeta se tambaleara pero, sobre todo, demostraron que, desde un trabajo en equipo, la información puede conseguir que la Tierra gire en sentido contrario. 

En Canarias, la investigación de los Papeles de Panamá, que en España protagonizaron La Sexta y El Confidencial, permitió diagnosticar la enfermedad de la mentira que padece José Manuel Soria. Los síntomas siempre habían estado presentes, pero el periodismo, salvo honrosas excepciones, permitió que alguien que practica la política del embuste llegase a ser alcalde, presidente de un Cabildo, consejero de Hacienda y ministro. El que fuera líder supremo del PP no resistió la luz de los focos cuando estos apuntaron directamente a sus constantes engaños. De haberlo hecho antes, es probable que su carrera política hubiera terminado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pero tuvimos lo que permitimos.

Que 370 periodistas se unieran provocó una fisura en los muros de la censura. Hace un año era impensable ver el nombre de Pedro Luis Cobiella en un artículo que no estuviera relacionado con la inauguración de un nuevo hospital privado. Que el principal empresario de la sanidad tenga dinero en paraísos fiscales, por muy legal que sea, es una información capaz de llenar las páginas de cualquier periódico que se precie, sobre todo cuando una parte importante de sus ingresos procede directamente de las arcas públicas a través de conciertos ilegales. Lo contó El Confidencial y la noticia pasó por el altavoz de eldiario.es o de programas como Despiertos. No fue suficiente para la prensa tinerfeña, que no dedicó ni una mísera línea al dueño de Hospiten.

Un periodista que intente enfrentarse solo a la censura, antes o después, morirá en el intento. La investigación de los Papeles de Panamá ha evidenciado que el verdadero periodismo se sustenta en la colaboración. De nada sirve competir cuando la sociedad siempre pierde. En una época de cambios incesantes, donde todo se transforma a la velocidad de la tecnología, es necesario comenzar a explorar nuevas vías para recuperar una profesión que, una vez más, se ha vuelto a rebelar contra los que intentan amordazarla.

Los 370 periodistas de los Papeles de Panamá no están solos. Son muchos los que, como ellos, unen fuerzas cada día para sacar adelante un oficio golpeado por la crisis en medio de su propia crisis. Están ahí fuera, intentando sobrevivir entre toda la propaganda oficial. Cada vez son más los que dejan de contemplar su ombligo para mirar de frente a la sociedad. El Pulitzer es solo un premio y los premios nunca son justos, pero a veces son necesarios.