Los partidos políticos coinciden en que se debe mejorar la protección al filtrador de fraude fiscal

Los informantes y filtradores de datos fiscales que acaban sacando a la luz escándalos tan importantes como el de los “Papeles de Panamá”, cuyo aniversario se celebra este lunes 3 de abril, merecen una especial protección, según han reconocido representantes de varias formaciones parlamentarias este lunes en el Congreso de los Diputados. 

Ha sido durante un debate organizado por la Plataforma por la Justicia Fiscal e Intermón Oxfam con portavoces de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos. Previamente, estas organizaciones han registrado en la Cámara 180.000 firmas que reclaman un endurecimiento de las leyes para evitar el fraude y la elusión fiscal de las grandes fortunas. Este lunes se celebra el Día de Acción Global Contra los Paraísos Fiscales.

El portavoz del PP, Juan Bravo, ha admitido la posibilidad de mejorar y proporcionar más protección al denunciante. Ha considerado no obstante que le parece “más complicado” en los casos en los que la información se haya obtenido por medios ilegales. En todo caso ha recordado que en la actualidad las denuncias ante la Agencia Tributaria se pueden efectuar de manera totalmente anónima. En todo caso ha afirmado que es mucho más importante la información que se obtiene a través de los intercambios de información entre países.

Para Francisco de la Torre, de Ciudadanos, se debería ampliar a estos filtradores la protección que su formación y otros grupos defienden para los denunciantes de delitos de corrupción, con cobertura legal y protección de sus puestos de trabajo.

Según Alberto Garzón, de Unidos Podemos, la protección se debe producir no sólo a efectos legales sino incluso policiales en determinados casos, ya que se trata de personas que desvelan fraudes que afectan a los intereses de actores muy poderosos en ocasiones. También el socialista Julián López-Milla ha abogado por otorgar la “máxima protección”.

Iniciativa para una proposición no de ley 

La Plataforma por la Justicia Fiscal ha distribuido un texto a los portavoces participantes con una posible proposición no de ley en la que reclaman establecer una nueva lista de paraísos y territorios no cooperantes reales, incluyendo criterios de falta de cooperación fiscal y de baja o nula tributación.

Asimismo, piden gravámenes especiales a los movimientos con paraísos fiscales, no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales y sancionar o entorpecer a las empresas con fondos o filiales en paraísos la obtención de bonificaciones, concursos, exoneraciones fiscales y desgravaciones.

Adicionalmente, creen que debe eliminarse la exención a los rendimientos y ganancias patrimoniales obtenidas en paraísos.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, ha recordado la iniciativa por la que 53 ayuntamientos, entre ellos Barcelona y Sevilla, han establecido filtros en sus mecanismos de contrataciones publicas para no contar con empresas con prácticas fiscales poco recomendables.

Al respecto, Juan Bravo (PP) ha descartado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, derivada de la trasposición de directivas europeas, incluya cláusulas para penalizar a empresas vinculadas con la evasión fiscal y con paraísos fiscales, como también viene reclamando la oposición.

Su homólogo en Ciudadanos, Francisco de la Torre, se ha mostrado más cauto al respecto: “vamos a ver cómo lo podemos hacer de manera efectiva” y ha dicho que “lo ideal sería una legislación a nivel europeo, y, si no es posible, a nivel nacional”. En cuanto a los ayuntamientos que ya han aprobado cláusulas de este tipo, como el de Madrid, cree que provocará la impugnación de las licitaciones. En todo caso, ha propuesto la revocación del número de identificación fiscal si no se identifica el titular último de una sociedad.

Transparencia fiscal 

Los representantes económicos de las cuatro formaciones políticas con mayor peso en el Congreso han analizado también las revelaciones periodísticas, como 'Los Papeles de Panamá' y las filtraciones sobre datos fiscales. En este punto, Juan Bravo (PP) ha pedido “tener en cuenta los riesgos de publicar la información fiscal”, y ha puesto como ejemplo su sensación tras ver publicado su información en su condición de diputado: “Para mí supuso un desnudo fiscal. Mañana uno puede llevarse a mi hijo y saber lo que tengo en el banco”, ha comentado, informa Europa Press.

El PSOE reconoce su equivocación con las Sicavs

Durante el turno de preguntas, los diputados han sido cuestionados también por otros asuntos, entre ellas las Sicavs, sociedades de inversión con una tributación muy reducida. Alberto Garzón ha señalado que la propia Agencia Tributaria llegó a apuntar que no operaban como fondos de inversión, sino que también facilitaban la evasión fiscal.

En este punto, ha dicho Garzón, la respuesta del Gobierno, entonces del PSOE, fue derivar la supervisión de estas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la denuncia de la Agencia Tributaria. Julián López Milla, del PSOE, ha reconocido que “fue una decisión errónea”.