La explosión de una bomba de la planta de amoniaco de Fertiberia en Puertollano (Ciudad Real) ha causado un incendio en las instalaciones de la empresa, causando un herido leve.

La persona afectada, un trabajador de alrededor de 51 años, ha sufrido daño en los oídos por la detonación, siendo trasladado por una UVI móvil al hospital de la localidad.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, sobre las 11.23 se producía la explosión en el equipamiento situado en el exterior de la planta, desatando el fuego.

Equipos de bomberos del propio complejo petroquímico, así como del parque de Puertollano, han trabajado en las labores de extinción del fuego, que ya ha sido extinguido.

Al lugar de los hechos también han acudido agentes de Policía Nacional, Policía Local de Puertollano, así como de la Guardia Civil.

Los trabajos que la empresa Fertiberia está realizando para tapar las balsas de fosfoyesos de Huelva (1.200 hectáreas de residuos tóxicos resultantes de más de 40 años de vertidos de su actividad química) no son eficaces para evitar que las sustancias contaminantes se filtren a las marismas en las que se encuentran.

Así se refleja en un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, avanzado esta semana por la cadena SER, que asegura que enterrar bajo capas de tierra los residuos y no llevárselos de las marismas “es ”insuficiente e ineficaz para la protección ambiental exigible“, según el documento del organismo adscrito al Ministerio de Justicia, a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que analiza 23 informes técnicos y científicos.

Entre los documentos que se han analizado están las autorizaciones ambientales otorgadas a la empresa, y es claro a la hora de constatar que las medidas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobadas el 23 de septiembre de 2020 resultan claramente insuficientes.

Tal es su resultado que la Fiscalía, tras este informe, ha pedido la modificación de esa DIA y ha planteado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional un incidente de ejecución de sentencia, incluyendo medidas como la retirada parcial de residuos en la zona 2 para reducir el peso acumulado, de modo que se eliminen problemas a la hora de enterrar restos químicos que luego se puedan filtrar a la marisma.

Se trata de la primera vez que un informe tan concluyente avala las conclusiones emitidas en su día por el comité de expertos de la Universidad de Huelva, que fue la primera entidad en advertir de que se podía producir el colapso de algunos depósitos de fosfoyesos, que en algunas zonas tienen hasta 20 metros de altura.

La Universidad de Murcia, la de Sevilla y consultoras que han trabajado para Fertiberia, como Eptisa, avalan también esta tesis. Pero el informe de Toxicología va más allá, y avisa de múltiples impactos ambientales en las marismas de Mendaña, donde se localizan los vertidos.

Ahí ha localizado 60 puntos de fuga de residuos en el perímetro de las balsas, vertidos desde canales mareales y el canal perimetral, así como filtraciones detectadas en puntos aún abiertos, que afectan a la calidad de las aguas superficiales del Estero del Rincón y del río Tinto.

La contaminación llega incluso a la masa de agua subterránea denominada ‘Niebla’, que abastece a varias localidades del Condado y está conectada con el acuífero de Doñana.

Concentraciones de contaminantes

En concreto, se han detectado importantes concentraciones de metales y contaminantes: hasta 23.200 µg/L de arsénico, 8.900 µg/L de cadmio, 5.890 µg/L de cobre o 21.600 mg/L de ortofosfatos, entre otros, en unas concentraciones que superan entre 100 y 1.000 veces los límites establecidos en normativas europeas y españolas a la hora de proteger las aguas subterráneas y superficiales.

Se unen a esto los altos niveles detectados de radioactividad beta, así como concentraciones de antimonio y arsénico en aguas del Estero del Rincón, en un informe que cuenta con 126 páginas.

Todo lo analizado se une al daño a flora y fauna del entorno, al acumularse metales pesados en organismos vivos que se incorporan a la cadena trófica.

La conclusión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es que Fertiberia no va a descontaminar la zona donde se acumulan las balsas de fosfoyesos, ni garantiza que no se dañe el entorno natural ni cumple con los estándares mínimos exigidos para proteger el espacio natural de las marismas onubenses.

Fertiberia se agarra a los permisos sin analizar el informe

Desde la empresa Fertiberia no se entra al fondo del asunto, sino que se explica a elDiario.es Andalucia que “toda la documentación en la que se basa el informe ya ha sido analizada por los organismos que autorizaron la ejecución del Proyecto” y considera que no se ha producido ninguna variación en las circunstancias existentes en el momento en que se inició la ejecución del Proyecto Restore 20/30, hace ya más de un año.

En este contexto, “el proyecto continúa desarrollándose con pleno respeto a las resoluciones administrativas y judiciales que, tras un exhaustivo proceso de análisis y supervisión durante más de 15 años, autorizaron su puesta en marcha”, afirma la empresa, que sostiene que “la solidez técnica del proyecto fue determinante para la desestimación del incidente de ejecución de sentencia promovido por la Mesa de la Ría, en el que ya se solicitaba, entre otras cuestiones, la modificación de la Declaración Ambiental Integrada”.

“El proyecto está sometido a rigurosas medidas de vigilancia y control, así como a una supervisión constante por parte de las autoridades competentes. En este marco, y con todas las garantías técnicas, Fertiberia continúa ejecutando el proyecto con total normalidad y en estricto cumplimiento del marco legal y ambiental vigente, conforme a la planificación establecida”, concluye Fertiberia.

Marismas maltratadas desde 1965

La historia de estas balsas de residuos químicos se inicia en 1965, cuando se instalaba en el Polo Químico de Huelva la empresa Fosfórico Español (FESA), dedicada a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico. Unión de Explosivos Riotinto (ERT Abonos) y Ercros fueron algunos de sus propietarios, hasta que la compró Fertiberia, que se dedicó a la fabricación de ácido fosfórico. Su trabajo conllevaba la producción de un subproducto, el fosfoyeso, que procede de la fabricación de fertilizantes con contenidos variables de fosfato de hierro y otros puntuales de fosfatos de cobre.

En los años 1967 y 1968, el Gobierno de Franco le otorgó dos concesiones administrativas para ocupar una parcela en el margen derecho del río Tinto para colocar depósitos de decantación para el vertido de estos residuos químicos. En 1995, se inicia un proceso judicial tras la presentación por parte de Fertiberia del proyecto de reordenación de vertido de yesos, y después de poner en marcha la Junta de Andalucía el Plan Corrector de Vertidos Industriales de la entonces Consejería de Medio Ambiente.

Hicieron falta 12 años para que la Audiencia Nacional condenase a Fertiberia a dejar de verter, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo. Y hasta 2010 la empresa no dejó de verter residuos y fue por imperativo legal; es decir, porque un juzgado les obligó. Aquello fue el final de los vertidos, pero no de las balsas.

La representación sindical de Fertiberia ha llegado a un preacuerdo con la dirección de la empresa sobre el procedimiento de despido y convenio colectivo, lo que les ha llevado a desconvocar formalmente la huelga. Con el acuerdo del procedimiento de despido colectivo, se han pactado 45 días por año con límite de 30 mensualidades, “superior a lo estipulado legalmente”.

El ERE planteado por la compañía iba a afectar al 10% de la plantilla, incluidas once personas en la factoría de Puertollano (Ciudad Real).

Fertiberia tiene fábricas en Cartagena (Región de Murcia), Puertollano (Ciudad Real), Sagunto (Valencia), Avilés (Asturias) y Palos de la Frontera (Huelva).

El preacuerdo garantiza recolocaciones en la empresa y en el grupo, prejubilaciones e indemnizaciones reforzadas para dar solución al ERE así como mejoras salariales y de jornada en materia de negociación colectiva procederemos.

Así, desde la representación sindical, firmada por UGT-FICA, CCOO, CSIF y USO, muestran su agradecimiento ante la respuesta suscitada, en un comunicado.

En primer lugar, reconoce la parte sindical que estas condiciones favorables de negociación son “producto de la movilización y participación de la plantilla”. “Gracias a la presión y firmeza demostrada y a las huelgas ya realizadas y las que estaban previstas, se ha conseguido un acuerdo que recoge avances muy importantes”.

En segundo lugar, agradecen la labor de los comités de empresas, “proactivos y órgano unitario de representación en cada uno de los centros de las personas” que componen Fertiberia.

Con respecto al preacuerdo, se indica que se va a ampliar el periodo de consulta en quince días, dando traslado a la autoridad laboral, con compromiso de alcanzar un acuerdo definitivo con posibilidades de mejora, “nunca en perjuicio de lo ya pactado, en los márgenes previstos del preacuerdo”.

“Con el acuerdo del procedimiento de despido colectivo, pactamos 45 días por año con límite de 30 mensualidades, superior a lo estipulado legalmente. Además de compromisos de recolocación, pagos lineales para compañeros y compañeras con poca antigüedad, y, sobre todo, un programa para su vuelta al mercado laboral tan pronto como sea posible; incluso con posibilidad de habilitar la intercambiabilidad en función de los perfiles profesionales”, describen desde los sindicatos.

Para las personas mayores de 59 años afectadas, se contempla un plan de rentas que garantiza el 95% del salario neto, replicando los esquemas históricamente pactados en la empresa. Con relación al convenio colectivo, los principales hitos están en mejorar las condiciones estipuladas en el CGIQ, con incrementos del 3%, 3%, y 2% y revisión desde el 2,7%, 2,5% y 1,3%, garantizando, al menos, una mejora del poder adquisitivo de 1,5% por encima de los IPCs reales, así como una reducción de jornada de 8 horas desde el 1 de enero de 2026.

A partir del próximo miércoles, la representación sindical se esforzará en “disminuir, aún más, el número de personas trabajadoras afectadas inicialmente en el expediente --la empresa admite desafectar a 6--, diseñar planes de viabilidad que permitan la estabilización del empleo, y mejorar las condiciones de trabajo a través de la regulación de la organización del trabajo y otras materias del convenio colectivo”.

“Queremos remarcar que, con la firma de este preacuerdo, quedan formalmente desconvocadas las huelgas convocadas y la concentración, no sin antes insistir que la movilización y solidaridad han demostrado resultados tangibles”, han explicado desde los sindicatos.

Los trabajadores de Fertiberia están en pie de guerra. Los cuatro sindicatos con representación en la empresa, dedicada a la producción de fertilizantes, han movilizado a toda la plantilla en dos jornadas de huelga contra la destrucción de 54 puestos de trabajo en todo el país, 11 de ellos en su planta de Sagunto (Valencia).

El jueves los empleados realizaron una jornada de huelga que paró la producción desde la madrugada. Toda la plantilla ha secundado el llamamiento conjunto de las secciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF y USO contra los despidos. Este viernes, los trabajadores han vuelto a protestar cortando los accesos al polígono en el que se encuentra la industria química. Y las movilizaciones continuarán los días 11, 12 y 13 de junio, “en defensa del empleo, la industria y la negociación colectiva”.

En Sagunto, además del paro laboral, se ha celebrado una concentración en la rotonda de acceso a la zona portuaria, donde se ha reclamado la retirada inmediata del ERE, que contempla la eliminación de once puestos de trabajo en el centro local. Se trata de empleos ocupados por personas que no se encuentran en edad de jubilación y que, en muchos casos, acumulan más de dos décadas de trayectoria en la empresa, bordeando los 50 años.

El ERE asciende a 54 puestos de trabajo en toda España, unas plazas que no van a volver a cubrirse. Los sindicatos denuncian que se va a externalizar parte de la producción y que se debe al plan de digitalización de la empresa, que va a sustituir algunas tareas de recursos humanos o administración por una subcontrata a una empresa en Portugal, que mediante una aplicación que emplea Inteligencia Artificial y procedimientos automatizados se encargará de estos trabajos. “Estamos hablando del fin del empleo estable sustituido por contratas”, apunta el delegado de UGT Eduardo Canet.

Canet, delegado sindical de FICA-UGT-PV, ha subrayado el alto nivel de concienciación de la plantilla, denunciando que este expediente “busca externalizar funciones y precarizar el empleo, aumentando la carga de trabajo a costa de eliminar puestos fijos”. Según Canet, externalizar tareas a otros países, como Portugal, supone deslocalizar valor añadido y deteriorar las condiciones laborales en España.

Los sindicatos insisten en que el plan de despidos, que se formalizará a finales de junio, carece de justificación y denuncian que la empresa ha roto las negociaciones. La planta valenciana ha obtenido unos beneficios de 22 millones de euros en el último año.

La empresa apunta que ha iniciado un despido colectivo en España, en el marco de su proceso de transformación estratégica, que tiene como objetivo reforzar su competitividad y liderazgo en el largo plazo. “La medida responde a la necesidad de ajustar la estructura de la compañía a los cambios de mercado y busca consolidar un modelo de negocio más integrado, ágil y eficiente, así como avanzar hacia la excelencia operativa”, indican desde la compañía. A preguntas de elDiario.es, sostienen que “está plenamente comprometida y enfocada en la negociación, con el objetivo de alcanzar una resolución óptima para todas las partes que asegure tanto la viabilidad y sostenibilidad del proyecto como el respeto a las personas”.

Els treballadors de Fertiberia estan en peu de guerra. Els quatre sindicats amb representació en l’empresa, dedicada a la producció de fertilitzants, han mobilitzat tota la plantilla en dues jornades de vaga contra la destrucció de 54 llocs de treball en tot el país, 11 dels quals en la seua planta de Sagunt (el Camp de Morvedre).

Dijous els empleats van fer una jornada de vaga que va parar la producció des de la matinada. Tota la plantilla ha secundat la crida conjunta de les seccions sindicals d’UGT, CCOO, CSIF i USO contra els acomiadaments. Divendres, els treballadors han tornat a protestar tallant els accessos al polígon en què se situa la indústria química. I les mobilitzacions continuaran els dies 11, 12 i 13 de juny, “en defensa de l’ocupació, la indústria i la negociació col·lectiva”.

A Sagunt, a més de l’atur laboral, s’ha celebrat una concentració en la rotonda d’accés a la zona portuària, en què s’ha reclamat la retirada immediata de l’ERO, que preveu l’eliminació d’onze llocs de treball en el centre local. Es tracta de llocs ocupats per persones que no estan en edat de jubilació i que, en molts casos, acumulen més de dues dècades de trajectòria en l’empresa, i voregen els 50 anys.

L’ERO ascendeix a 54 llocs de treball a tot Espanya, unes places que no tornaran a cobrir-se. Els sindicats denuncien que s’externalitzarà part de la producció i que es deu al pla de digitalització de l’empresa, que substituirà algunes tasques de recursos humans o d’administració per una subcontracta a una empresa a Portugal, que mitjançant una aplicació que fa servir intel·ligència artificial i procediments automatitzats s’encarregarà d’aquestes faenes. “Parlem del final de l’ocupació estable substituïda per contractes”, apunta el delegat d’UGT Eduardo Canet.

Canet, delegat sindical de FICA-UGT-PV, ha subratllat l’alt nivell de conscienciació de la plantilla, denunciant que aquest expedient “busca externalitzar funcions i precaritzar l’ocupació, augmentant la càrrega de treball a costa d’eliminar llocs fixos”. Segons Canet, externalitzar tasques a altres països, com Portugal, suposa deslocalitzar valor afegit i deteriorar les condicions laborals a Espanya.

Els sindicats insisteixen que el pla d’acomiadaments, que es formalitzarà a final de juny, manca de justificació i denuncien que l’empresa ha trencat les negociacions. La planta valenciana ha obtingut uns beneficis de 22 milions d’euros l’últim any.

Las secciones sindicales de UGT, CCOO, CSIF y USO en Fertiberia han comunicado a toda la plantilla la convocatoria de huelga para los días 5 y 6 de junio y 11, 12 y 13 de junio. Es una “respuesta firme y unitaria” a lo que consideran una “grave agresión” por el ERE planteado por la empresa, que afecta a 11 personas en Puertollano, y a 54 en toda España.

El delegado del sindicato CSIF, Raúl Camacho, ha asegurado que se inició el procedimiento de despido colectivo “sin aportar criterios objetivos, razonables ni verificables que justifiquen una medida tan lesiva para nuestros intereses”. Los sindicatos aseguran que se trata de una “decisión arbitraria e ineficaz para abordar los verdaderos problemas estructurales que atraviesa esta actividad, y donde queda probado que los puestos de trabajo y sus salarios no son el problema: son la solución”.

“Lejos de actuar con responsabilidad y visión de futuro, la Dirección pretende resolver mediante extinciones de contratos una situación que requiere un verdadero plan industrial, inversiones reales y una eficaz gestión en la organización del trabajo”, lamentan.

Por eso, hacen un llamamiento a la “participación masiva” en la huelga. “Es nuestra herramienta más poderosa para frenar este atropello”, resaltan. No solo piden que se retire el procedimiento, sino que también piden que se presente un plan industrial viable y comprometido con el mantenimiento del empleo; y reiniciar de forma urgente y efectiva la negociación del convenio colectivo.

“Esta huelga es también una muestra de unidad sin precedentes: todas las secciones sindicales, más allá de siglas, nos unimos para dar una respuesta firme, responsable y colectiva ante una agresión que nos afecta a todos y todas”, concluyen.

Razones del ERE

Fertiberia presentó el Expediente de Regulación de Empleo el pasado 14 de mayo, según comunicaba CSIF y mostraba a la vez su “más profundo rechazo”. Fertiberia, empresa española en producción de fertilizantes, es propiedad del fondo de inversión Triton Partners y cuenta con una plantilla de alrededor de 760 trabajadores en España, donde cuenta con centros de trabajo en Avilés, Cartagena (absorbido por Fertiberia el pasado 1 de enero), Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto y Madrid, donde se encuentra la sede central, mientras que el centro de Huelva se cerró en noviembre de 2024 mediante un ERE.

La empresa ha informado que este ajuste de personal se debe a la fase de transformación del mercado de fertilizantes tras una disminución de la demanda y producción en Europa, los elevados costes de producción, márgenes reducidos por el tipo de producto, regulaciones medioambientales cada vez más estrictas y elevados niveles de inversión. Fertiberia ha subrayado que esta medida es “obligada” por las pérdidas de los dos últimos ejercicios, que ascienden a unos 100 millones de euros aproximadamente.

Sin embargo, desde CSIF han rechazado que la solución sea la reducción de la plantilla o salarios, al considerar que el gasto en salarios que asume Fertiberia sobre los gastos totales no llega a un 10%. De esta manera, el 'ahorro' en salarios vía un ERE sería de entre tres y cuatro millones de euros, cuando las pérdidas auditadas son de unos 60 millones de euros, explican.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Ruiz, manifestó su preocupación por el ERE en una reunión con los representantes del comité de empresa. También manifestó su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, comprometiéndose a actuar como interlocutor ante la empresa y las administraciones competentes, “con el fin de buscar alternativas al ERE que garanticen la estabilidad laboral y el futuro industrial de Puertollano”.

El alcalde ha reiterado su total disposición “para colaborar en todas aquellas iniciativas que contribuyan a defender los puestos de trabajo y la viabilidad de la planta de Fertiberia en Puertollano”.

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y USO en Fertiberia llaman a la huelga a la plantilla de Fertiberia contra la “grave agresión” del despido colectivo que ha anunciado la compañía, que afecta a “54 personas trabajadoras”, explican en un comunicado conjunto. Los paros están convocados para toda la plantilla durante los días 5 y 6 de junio y 11, 12 y 13 de junio, en horario de 6.00 a 6.00 horas.

El delegado del sindicato CSIF, Raúl Camacho, ha recordado que la empresa inició un procedimiento de despido colectivo que afecta a 54 personas trabajadoras, once de ellas en Puertollano (Ciudad Real), “sin aportar criterios objetivos, razonables ni verificables que justifiquen una medida tan lesiva para nuestros intereses”, recoge Europa Press.

La empresa española en producción de fertilizantes presentó a mediados de mayo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a un máximo del 10% de la plantilla, de unas 760 personas. Finalmente, la cifra de despedidos se sitúa por el momento en las 54 personas. .

En un comunicado conjunto, los sindicatos consideran que el ERE “es una decisión arbitraria e ineficaz para abordar los verdaderos problemas estructurales que atraviesa esta actividad, y donde queda probado que los puestos de trabajo y sus salarios no son el problema: son la solución”.

“Lejos de actuar con responsabilidad y visión de futuro, la Dirección pretende resolver mediante extinciones de contratos una situación que requiere un verdadero plan industrial, inversiones reales y una eficaz gestión en la organización del trabajo”, recalcan los sindicatos, que instan a la empresa a retirar “de inmediato” el procedimiento de despido colectivo; presentar un plan industrial viable y comprometido con el mantenimiento del empleo; y reiniciar de forma urgente y efectiva la negociación del convenio colectivo.

Unidad sindical y llamada a una huelga “masiva”

Las secciones sindicales subrayan a los trabajadores y trabajadoras que la participación masiva en la huelga convocada es su herramienta “más poderosa para frenar este atropello”. “Necesitamos una huelga fuerte, secundada, unitaria y ejemplar, que demuestre a la dirección que no vamos a permitir que se juegue con nuestro empleo y nuestros derechos”, defienden.

“Esta huelga es también una muestra de unidad sin precedentes: todas las secciones sindicales, más allá de siglas, nos unimos para dar una respuesta firme, responsable y colectiva ante una agresión que nos afecta a todos y todas”, concluyen.

Fertiberia es propiedad del fondo de inversión Triton Partners y cuenta con una plantilla de alrededor de 760 trabajadores en España, donde cuenta con centros de trabajo en Avilés, Cartagena (absorbido por Fertiberia el pasado 1 de enero), Palos de la Frontera, Puertollano, Sagunto y Madrid, donde se encuentra la sede central, mientras que el centro de Huelva se cerró en noviembre de 2024 mediante un ERE, recuerda Europa Press.

Las marismas pegadas a Huelva capital mantienen desde hace más de 50 años un paisaje de balsas de residuos químicas de fosfoyesos producto de años y años de vertidos sin control, sobre todo, por parte de Fertiberia. Un paisaje químico para el que ya en 2017 se avanzó una posible solución en el marco de la Unión Europea, para tratar varios puntos similares con el mismo método: tratarlos como una mina a cielo abierto hasta eliminarlos.

La solución parecen tenerla en sus manos dos personas que, de momento, no han conseguido que nadie les abra las puertas, pero que han demostrado en laboratorio que su idea podría ser factible. Son el profesor Luis Esquivias, catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla y socio fundador de Captura CO2; y el doctor Víctor Morales Flórez, profesor titular de Física de la Materia Condensada y coautor de la patente.

Ambos trabajan al amparo de FIC-Fighters, una iniciativa financiada por la UE que tiene como objetivo crear modelos económicos sostenibles para gestionar los residuos que amenazan nuestro patrimonio natural y cultural. 

Una solución “factible”

Este proyecto quiere involucrar a actores locales, industrias, autoridades, pymes, centros de I+D y universidades, bajo los principios de la economía circular. En esencia, Víctor Morales explica que se propone una solución de reciclado y sostenible al problema de los residuos de los fosfoyesos. Se trata de un proyecto importante, con más de 10 millones de inversión y 27 socios europeos, con vistas a solucionar el problema en seis balsas de fosfoyesos de Europa. 

Desde la Universidad de Sevilla se lidera una de las tareas más importantes pero, aunque a pocos kilómetros de este centro universitario está una de las mayores balsas de residuos de fosfoyesos del mundo, no ha entrado aún en el proyecto. Fuentes de Fertiberia, por su parte, defienden que la empresa ha comenzado a desarrollar su propio programa de tapado de los residuos.

Una posibilidad de regeneración

El objetivo general de FIC-Fighters es coger el residuo contaminado y convertirlo en algo con una segunda vida, teniendo en cuenta el condicionante del nivel de contaminación que pueda tener: “Puede que no se pueda hacer la pared de la habitación de un bebé, pero sí una carretera o una presa”, resume Víctor Morales. Baterías, embalajes, construcción y edificación, detergentes y fertilizantes son algunas de las posibles salidas.

La empresa Captura CO2 ya presentó en Huelva sus primeros avances en 2017. Acudió el entonces alcalde, Gabriel Cruz (PSOE). Sus responsables indicaron ese día en la Casa Colón, en el corazón de la ciudad, que se podrían transformar 120 millones de toneladas de residuos en casi 70 millones de toneladas de calcita y en alrededor de 100 toneladas de sulfato de sodio, dos componentes con numerosas aplicaciones.

Hasta podía ser rentable, porque se obtendría un valor comercial superior a los 24.000 millones de euros, según los primeros cálculos que se realizaron sobre un período de 30 años, en los que se estima que puede desarrollarse la restauración. Son esos mismos 30 años que Fertiberia defendía que estarían atascadas las carreteras por los camiones llevando residuos desde Huelva a un vertedero, por lo que optó por enterrarlos.

Los encargados de la idea han conseguido encontrar la clave en la disolución del fosfoyeso en una solución de sosa, que se precipitaría en su mayor parte en cal apagada y daría como líquido resultante una solución de sulfato de sodio. 

Un proceso de evaporación terminaría por crear sulfato sódico anhidro (Na2SO4; CAS 7757-82-6). La cal apagada reacciona con el CO2 y da como resultado calcita o carbonato cálcico, y con todo el proceso se reducen costes e impacto medioambiental. 

“Lo hemos intentado todo, pero no contestaron”

Víctor Morales lamenta que para poner en marcha la iniciativa “lo hemos intentado todo, nos pusimos en contacto con Fertiberia, hemos tenido reuniones con la Junta de Andalucía… Les dijimos que habíamos conseguido resultados positivos en laboratorio, y que contasen con nosotros ante la ausencia de respuesta por parte de la empresa”, pero jo lo consiguiero.

Explica que, desde que se diese un hipotético permiso para empezar, “se conseguirían resultados en unos tres o cuatro años”. Cita, gráficamente, que “en ese lapso se comenzarían a ver las balsas más reducidas desde la autopista”. Para entenderlo, “hay que ver los fosfoyesos como una mina a cielo abierto”, a la que se puede sacar rendimiento, con 220 millones de toneladas de material.

“Hay varios enfoques, hay que saber de qué tipo de contaminación hablamos, de metales pesados, tierras raras, radiactividad…, y de qué zona hablamos, porque en las tres primeros son fosfoyesos y en la cuarta hay varias mezclas de residuos”. Recuerda el experto que hace 10 años la entonces Mesa de Participación de los Fosfoyesos, cuya utilidad nunca quedó clara en Huelva, mostró intención de hacer “una cartografía de los riesgos de las distintas zonas, y no se ha hecho, y para ver a ciencia cierta el riesgo de contaminación hace falta hacer un estudio general”.

“Si ese material con ese riesgo se introduce en el proceso industrial diseñado, los contaminantes van a ir mezclados con otros productos, de modo que la ratio bajaría”, recuerda, y aboga por hacer un estudio para saber qué es lo que hay. El siguiente paso sería ver cómo queda en el producto final y qué usos tiene, pero todo pasa por una voluntad de Fertiberia que, vistos los precedentes, no parece que vaya a mostrar.

Marismas maltratadas desde 1965

En 1965 se instalaba en el Polo Químico de Huelva la empresa Fosfórico Español (FESA), dedicada a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico. Unión de Explosivos Riotinto (ERT Abonos) y Ercros fueron algunos de sus propietarios, hasta que la compró Fertiberia, que se dedicó a la fabricación de ácido fosfórico. Su trabajo conllevaba la producción de un subproducto, el fosfoyeso, que procede de la fabricación de fertilizantes con contenidos variables de fosfato de hierro y otros puntuales de fosfatos de cobre.

En los años 1967 y 1968, el Gobierno de Franco le otorgó dos concesiones administrativas para ocupar una parcela en el margen derecho del río Tinto para colocar depósitos de decantación para el vertido de estos residuos químicos. En 1995, se inicia un proceso judicial tras la presentación por parte de Fertiberia del proyecto de reordenación de vertido de yesos, y después de poner en marcha la Junta de Andalucía el Plan Corrector de Vertidos Industriales de la entonces Consejería de Medio Ambiente.

Hicieron falta 12 años para que la Audiencia Nacional condenase a Fertiberia a dejar de verter, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo. Y hasta 2010 la empresa no dejó de verter residuos y fue por imperativo legal; es decir, porque un juzgado les obligó. Aquello fue el final de los vertidos pero no de las balsas.

Fin a los vertidos

Desde Fertiberia se apunta a que ya ha comenzado el proyecto 'Restore 20/30', y lo definen como “la restauración más ambiciosa realizada en un apilamiento de fosfoyesos a nivel mundial”, incluyendo en el tapado de los residuos el drenaje de toda el agua interna, una doble capa de impermeabilización formada por una primera capa de geomembrana y una segunda capa de arcilla compactada de 60 centímetros, el sellado perimetral con barreras impermeables que son también dobles en el caso de los canales mareales, un perímetro protegido mediante escollera contra mareas y tsunamis, una capa superior de tierra vegetal de 40 centímetros que permitirá la revegetación con plantas autóctonas y un sistema de control y seguimiento operativo durante las próximas décadas. Todo ello genera, afirma la compañía, 100 empleos directos e indirectos.

La empresa obtuvo en 2023 “todos los permisos necesarios, como la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio, el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, la Autorización Ambiental de la Junta” y la licencia de obras por parte del Ayuntamiento.

Aseguran las mismas fuentes que el año pasado ya pudieron completar “todas las tareas preliminares”, en las que incluyen “la formalización de contratos con decenas de proveedores locales, preparación de la zona y reforzamiento del equipo de especialistas y técnicos para garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos”.

Entre otros trabajos, sostiene que se ha completado “más del 75 % de las barreras perimetrales y más del 50 % de los canales mareales completados”, así como la instalación “de 280.000 metros cuadrados de geomembrana, drenaje del talud e instalación de piezómetros para el control ambiental del proyecto”.

La empresa, que no se pronuncia sobre la iniciativa de los expertos que le propusieron la explotación de los residuos químicos y que se eliminaran del paraje natural donde se encuentran, sí dice que “el objetivo para los próximos dos años es completar más del 30 % del proyecto, alcanzar el 77 % en 2027 y finalizar la restauración por completo entre 2030 y 2033, cuando se iniciará la etapa de vigilancia y control”.

Una autorización que se esperaba tarde o temprano, pero que se califica en Huelva como “broma macabra”. La empresa Fertiberia ha obtenido este lunes la Autorización Ambiental Integrada (AAI) definitiva por parte de la Junta de Andalucía para comenzar la ejecución de Restore 20/30, el proyecto que contempla la recuperación del área ocupada por los apilamientos de fosfoyesos, que supondrá una inversión superior a los 60 millones de euros.

La compañía ya recibió el pasado noviembre la propuesta de resolución favorable para la modificación de la AAI, ahora confirmada por la resolución definitiva, finalizando así el proceso de permisos y abriendo una nueva etapa en Restore 20/30, cuya materialización podrá comenzar en las próximas semanas.

De todo ello, ha informado Fertiberia en un comunicado. La Mesa de la Ría, el único colectivo de la ciudad que siempre se ha posicionado contra estos restos químicos pegados a varios barrios de Huelva, ha tildado de “broma macabra” que se haya autorizado el proyecto precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente.

Licencia de obras sin problemas

Fertiberia solicitará de manera inmediata la licencia de obras al Ayuntamiento de Huelva para iniciar en el plazo más breve posible la ejecución del proyecto que creará más de cien empleos en su fase de ejecución y primará la contratación de profesionales y proveedores locales para generar el mayor impacto económico positivo en el entorno.

Teniendo en cuenta que ni el alcalde en funciones, Gabriel Cruz (PSOE), ni la alcaldesa electa, Pilar Miranda (PP), se han posicionado contra el proyecto, parece que será un mero trámite que la empresa saque adelante su idea de enterrar los restos de décadas de actividad química sin sacarlos de las marismas que han ido contaminando progresivamente.

Actuaciones por partes

Las actuaciones previstas en la zona, según explicó en su día la empresa, están proyectadas en tres fases diferenciadas: la primera comprende los trabajos de restauración ambiental y revegetaciones de las zonas degradadas existentes en la zona 4 de las balsas, y el sellado de las sub-áreas de la zona 3 en las que ya no existe agua embalsada, y en las que por tanto se puede proceder desde un primer momento a su clausura.

La segunda fase consiste en el sellado y clausura de la zona 2 en su totalidad y comenzaría cuando se haya eliminado, por evaporación y bombeo al embalse de evaporación de la Zona 3, todo el agua ácida embalsada en la actualidad en el compartimento norte, procediéndose en primer lugar a la ejecución de los drenajes de aguas ácidas internas y al sellado del compartimento norte de embalse.

Y la fase final que consistirá en el relleno de las zanjas perimetrales de capación de filtraciones y el sellado y clausura del embalse de evaporación de la Zona 3. Todo ello durante diez años, aunque las obras no se realizarán de manera continuada, debiéndose esperar el tiempo suficiente entre fases para la eliminación por evaporación de las aguas ácidas embalsadas e internas a los fosfoyesos. Inicialmente, la empresa tenía previsto terminar en 2023, un horizonte ya imposible.

“Una actuación lamentable”

Para el presidente de Mesa de la Ría, Juan Manuel Buendía, “resulta lamentable la forma de actuar de las administraciones, que están bailando al ritmo que marca Fertiberia, desoyendo a los expertos que nos advierten de los peligros del tapado de los Fosfoyesos que pretende la empresa, lo que supondría dejar una herencia envenenada para nuestros hijos e hijas”.

Buendía ha apuntado que el resultado del 28M supuso “un apoyo a partidos que habían votado reiteradamente a favor del proyecto de Fertiberia durante cuatro años en el pleno municipal”, frente a las “32 mociones que Mesa de la Ría presentó en el Ayuntamiento, y que fueron rechazadas por PSOE, PP y Vox”.

Formaciones, ha indicado, que “a través de la mentira y la manipulación han querido hacer ver a los onubenses que el problema de los fosfoyesos está ya resuelto a través de un parche que el informe de los expertos determinó que no servía como solución definitiva, y que supondrá que 800.000 camiones de gran tonelaje vengan a Huelva, provocando un nuevo y gravísimo problema de contaminación y sobre la salud de quienes vivimos cerca”.

“Un ejemplo de este engaño es que la Junta de Andalucía ha esperado a que pasen cinco días de las elecciones municipales para resolver la AAI, sabiendo el daño que podría haber hecho a su candidata de haberlo anunciado antes del 28M. Y demostrando lo que le importa Huelva y el problema medioambiental de los fosfoyesos lo hacen público el Día Mundial del Medio Ambiente, lo que es una broma macabra y un insulto a los onubenses por parte del Gobierno de Moreno Bonilla”, ha afirmado el presidente de Mesa de la Ría.

Ha recordado que el proyecto de Fertiberia consiste en “tapar los más de cien millones de toneladas de residuos con una fina capa de tierra, sin acometer una verdadera descontaminación de los terrenos; dejar los vertidos donde se encuentran no es más que esconder la basura debajo de la alfombra, nunca podrá considerarse como una limpieza del lugar ni como una restauración de la marisma”, ha aseverado Buendía.

“Huelva tiene un territorio excepcional caracterizado por el estuario del Tinto y Odiel, las marismas y las elevaciones de los Cabezos en ambas márgenes de los ríos”. Con esa frase se inicia el manifiesto que ha sido leído este miércoles a la llegada a la Plaza de las Monjas de Huelva de la manifestación con la que los onubenses se han posicionado en contra de que las balsas de fosfoyesos, los residuos tóxicos resultantes de más de 40 años de actividad química acumulados en cientos de hectáreas a las afueras de la ciudad, y que ahora la empresa Fertiberia quiere enterrar y no llevarlos a otro sitio para dejar el suelo en el mismo estado en que se encontraba cuando comenzó a verterlos.

Unos residuos contra los que se ha vuelto a posicionar en contra la sociedad onubense en una manifestación entre la Plaza de la Merced y la céntrica Plaza de las Monjas, y que a punto estuvo de no celebrarse o tener que cambiar su recorrido, tras un informe de la Policía Local que desaconsejaba el punto elegido para el final por coincidir actividades navideñas en la plaza con la llegada de los manifestantes.

Recurso contra la prohibición

Mesa de la Ría, en representación de la plataforma “No al Proyecto de Fertiberia”, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno mediante la que se atendían los argumentos de la jefatura de la Policía Local, modificando el itinerario de la manifestación contra el proyecto de Fertiberia, convocada por casi un centenar de colectivos políticos y sociales.

El recurso argumentaba que el derecho de reunión, especialmente protegido por la Constitución, no puede ser limitado si no se cumplen una serie de circunstancias graves y de seguridad pública “que en ningún caso concurrían con la manifestación contra el proyecto de Fertiberia”. 

De hecho, el informe de la policía se basaba en las “molestias” que para los ciudadanos suponía el corte de tráfico, el paso peatonal por la Plaza de las Monjas, la asistencia al mercadillo navideño, así como a la visualización del espectáculo de luces, argumentos que han sido considerados como insuficientes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque “no se puede prohibir ni modificar una manifestación que ya fue autorizada en esas mismas fechas navideñas y con los mismos condicionantes el año pasado”, manifestaba Rafael Gavilán, portavoz de Mesa de la Ría, quien encabezaba un recurso que ha contado con la dirección letrada del conocido abogado onubense Enrique Arroyo Aranda.

Con esa premisa, el recorrido arrancaba poco después de las siete de la tarde, con la presencia, entre otros, del Coordinador General de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, la candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Huelva y portavoz de UP en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, así como representantes de distintas formaciones políticas que se han posicionado siempre en contra del proyecto destinado a enterrar las balsas de fosfoyesos.

Un proyecto que Fertiberia presentó con una previsión de diez años de duración, con vistas a terminar en 2030, y que a día de hoy no se ha iniciado.

Un millar de participantes

En cifras, en una ciudad de unos 135.000 habitantes, y a pesar de que había un centenar de entidades que convocaban la protesta, un millar de personas, según la Policía Local, han acudido a la convocatoria. Los organizadores no elevan demasiado esa cifra.

Durante el recorrido, Toni Valero ha mostrado su rechazo “de pleno” al plan de soterramiento de residuos de Fertiberia, “una empresa que ha actuado de manera delincuente, que se ha hecho de oro echando su basura en las marismas de Huelva”, y ha entendido que se trata de “un plan insostenible, inseguro y que no genera empleo, por lo tanto, hay que buscar una alternativa para recuperar esas 1.200 hectáreas de marismas que hoy están ocupadas por cerca de 120 toneladas de fosfoyesos”.

Para Valero, “el Gobierno andaluz de ninguna manera puede dar esa autorización ambiental integrada a lo que es una absoluta barbaridad medioambiental”, pero la protesta llega días después de que la Junta de Andalucía haya emitido un dictamen ambiental favorable para el proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y que se entiende por el Comité de Expertos como una actuación de urgencia, pero no como la definitiva porque “vendría a perpetuar el problema”.

El propio Ayuntamiento se ha mostrado a favor de esa “solución”. De hecho, ningún representante municipal ha acudido a la protesta. El alcalde, Gabriel Cruz, suspendió su agenda de la tarde por estar indispuesto tras terminar por la mañana como pudo el Pleno municipal. 

Tras recorrer varias calles del centro de Huelva, representantes de Friday for Future han leído un manifiesto en el que se ha reclamado “una marisma limpia, sin fosfoyesos y una industria que no comprometa el futuro” así como un proyecto para las balsas que no consista en “el tapado de los fosfoyesos”.

“Un modelo industrial obsoleto”

Han lamentado “la herencia de un modelo industrial obsoleto está lastrando nuestro futuro y el de generaciones venideras”, y entiende que “en el suelo, en el subsuelo, en el aire de Huelva hay un vertedero peligroso, radioactivo, tan grande como la propia ciudad”.

Para el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, hay que eliminar “una pirámide en algunas zonas de 30 metros de altura, sobre un suelo que no es estable, con los que se va a terminar desparramando”, y llama a los onubenses a “salir de forma masiva a la calle para decir que no acepta un proyecto que no restaura las marismas”.

“Fertiberia fue condenada por la Audiencia Nacional a restaurar las marismas, y el cumplimiento de esa sentencia implica dejar la marisma como estaba”, concluye el mismo portavoz.

De momento, los detractores de la idea de Fertiberia apuestan por “agotar todos los trámites y herramientas en nuestra mano”, acudiendo incluso a tribunales de la UE como última instancia.

Para el día 30 de noviembre está convocada en Huelva una manifestación con el lema “No al proyecto de Fertiberia. Por la recuperación de la marisma”. Los colectivos convocantes instarán a la Junta de Andalucía a que no apruebe la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del proyecto de Fertiberia de tapar con una capa de tierra de 30 centímetros los apilamientos de fosfoyesos de 30 metros de altura; “un proyecto”, consideran, “que no se puede considerar una solución para restaurar y recuperar la marisma”.

El asunto es serio. Un reciente estudio realizado por un comité de expertos a un grupo de medio centenar de residentes de la ciudad de Huelva, personas sanas entre los 35 y los 80 años, ha detectado en su organismo elementos químicos presentes en la balsa situada a medio kilómetro de la urbe onubense donde, en una superficie de 1.200 hectáreas, se han vertido durante los últimos cuarenta años alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuos que contienen sustancias radioactivas de larga duración y fuerte toxicidad y metales pesados, en concentraciones por encima de lo permitido por la legislación vigente.

Se trata del que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el caso más grave de contaminación industrial y el mayor vertedero de residuos industriales de Europa, en las marismas del río Tinto, en contacto con un espacio de alto valor ecológico y de zonas protegidas por diversas Directivas Ambientales de la Unión Europea, en el mismo estuario de las Marismas del Odiel, declaradas por la UNESCO reserva de la Biosfera.

Lugar de extracción

El estudio, divulgado por el grupo municipal Mesa de la Ría, ha arrojado la presencia en muestras de uñas (que reflejan exposición acumulada) tanto de elementos como el molibdeno, el zinc y el selenio (que no poseen consenso científico sobre su peligrosidad) como de arsénico, uno de los mayores elementos cancerígenos conocidos, y de uranio, enormemente perjudicial para la salud. Además, el informe ratifica que “estos resultados”, obtenidos a pesar de la falta de información sobre morbilidad y mortalidad que deberían proporcionar las distintas administraciones -datos con los que ya cuenta el Servicio Andaluz de Salud, lo que contraviene la Ley General de Salud Pública- “son altamente compatibles con la llegada de dichas sustancias desde la balsa de fosfoyesos en condiciones basales, sin movimiento intensivo de maquinaria”.

Este oscurantismo en torno a la especialización económica de Andalucía como lugar de extracción y vertido del reino de España (y buena parte de Europa), de la que dan testimonio otros emplazamientos análogos como el cementerio nuclear de El Cabril o el vertedero de Nerva, así como los puntos con más costes ambientales y sanitarios y menor valor añadido de la cadena de producción, caso del propio polo químico de Huelva o el del campo de Gibraltar, es mantenido por una alambicada conexión estructural entre los planos político-sindical, corporativo-financiero y mediático.

En el caso que nos ocupa, tenemos al expolítico y empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL hasta 2016 (puesto que pasó a su hijo), a la que pertenecía Fertiberia, compañía que obtuvo en 1968 una concesión administrativa para esparcir sus residuos a la marisma del Tinto y a los cauces, de forma que, según datos de 2011, 120 millones de toneladas de fosfoyesos tóxicos y radiactivos se acumulan a escasos 500 metros de las barriadas onubenses de Pérez Cubillas y Los Rosales. En 2019, y a instancias judiciales, la empresa propuso como presunta solución al histórico problema el encapsulamiento de las balsas, una opción low cost muy cuestionada por colectivos sociales y ecologistas, no así por el alto cargo de UGT Luciano Gómez, quien caricaturizó como “anti-industrias” a los sectores críticos e incluso llamó la atención sobre el dinero que la empresa estaría desembolsando y perdiendo. En las pesquisas del famoso “caso Bárcenas”, Villar Mir declaró y demostró documentalmente en 2013 haber realizado donativos “a la Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de CC.OO.” y “a la Federación de Industrias y Trabajos Agrarios de UGT, concretamente a las secciones sindicales de Fertiberia”; algo que puede explicar esa defensa acérrima.

Otra derivada del caso es el hecho de que en 2016 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar consideraba “idóneo” el proyecto de clausura de las balsas presentado por la empresa, a pesar de no plantear la descontaminación como tal de los terrenos, sino simplemente cubrir los residuos, y encima en un periodo de 30 años. Esta benevolencia evaluativa se explica porque la citada Dirección General dependía del Ministerio de Agricultura, del que entonces era secretaria general Isabel García Tejerina, quien se incorporó al Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, sería ascendida a ministra dos años más tarde y hasta su incorporación al Gobierno PP había sido directora de Planificación Estratégica de Fertiberia y consejera de Fertial (una filial argelina) desde abril de 2004.

Allá por 2002, el último candidato a presidente de la Junta y alcalde de Sevilla hasta el año pasado, Juan Espadas, a la sazón director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Administración autonómica (posteriormente ascendido a viceconsejero de Medio Ambiente), repetía en relación con Huelva que “es necesario seguir trabajando en el diálogo y el consenso para transmitir a los ciudadanos que viven en una realidad ambiental digna”. El año siguiente, desoyendo sucesivas advertencias de la Dirección General de Costas y según un informe de Ecologistas en Acción, Espadas autorizó el vertido al Guadalquivir de 1.500 millones de litros anuales de aguas residuales industriales con metales pesados, además de tóxicos como justamente el arsénico, cuando la mina Cobre Las Cruces estaba en fase de proyecto; aunque eso es otra historia.

El caso es que en 2017 Fertiberia solicitó a la Audiencia Nacional realizar tan solo parte de la clausura de las balsas, alegando que la zona 4 había sido utilizada también como destino de los vertidos, entre otras empresas, de Atlantic Copper, a la cabeza en la producción del mencionado arsénico del Polo Químico a través de la emisión de sus chimeneas y el vertido en depósitos inadecuados como balsas mineras de la cuenca del Guadiamar, desde donde se filtra al río Tinto, e incorporado en el ácido sulfúrico utilizado por la dependiente Fertiberia en la fabricación de sus fertilizantes. Filial de la estadounidense Freeport-McMoran Copper & Gold, esta, considerada en 1996 una de las 10 empresas menos éticas del mundo por la revista Multinational Monitor, cuenta entre sus propietarios y ejecutivos con el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger. En el Estado español Atlantic Copper ha sido protagonista de una sentencia por delito ecológico en 1998, cuando un juzgado de Huelva condenó al exdirector de la compañía a un año de prisión menor y multa de cinco millones de pesetas por el transporte de ácidos débiles desde la fundición de cobre hasta Minas de Riotinto. Si aquella catástrofe supuso el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos con un alto coste medioambiental y económico, la hipotética rotura de las balsas de Riotinto supondría un vertido 10 veces mayor, 63 millones de metros cúbicos.

A pesar de todo, la Junta apostó desde 2014 por reactivar la minería más contaminante en Andalucía y apadrinó el congreso periódico Metallic Mining Hall, que en su segunda edición (2017) contó con un Comité de Honor integrado, entre otras personas, por los respectivos entonces ministra de Medio Ambiente y alcalde de Sevilla, los citados Tejerina y Espadas, y Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper.

Mucho cabría decir del papel de la mayoría de los principales medios y grupos de comunicación que, salvo escasas excepciones, silencian las informaciones poco amables, lavan la cara a las empresas que contaminan e integran también parte de esta tupida telaraña de intereses, la cual perpetúa realidades como la onubense. Como botón de muestra, hace un mes el programa Cambio climático de Canal Sur Radio cortaba ipso facto, con un estratégico “Gracias, hasta otra” la intervención grabada de una entrevistada del movimiento ecologista cuando esta iniciaba la frase “Huelva es uno de los puntos negros de contaminación de toda Europa…” en ·uno de los puntos más contaminados de Europa…“. Un análisis mediático exhaustivo de tal componente mediático está detallado en el trabajo Andalucía, basurero del Estado español.

En la Nochevieja de 2010 la empresa Fertiberia dejó de verter residuos junto a la ría de Huelva por imperativo legal. Pero atrás habían quedado más de 40 años de vertidos y un daño aparentemente irreparable. Desde entonces, las balsas siguen sin restaurar a unos 500 metros en algunos casos de la barriada onubense de Pérez Cubillas. Y en las Marismas de Mendaña, situada al suroeste de Rivera del Nicoba, y al este de Arroyo de la Jara, y junto al brazo de río y mar que forman el Tinto, el Odiel y Atlántico. Una zona que ha ido perdiendo riqueza natural, fauna y flora, según los ecologistas, con los años de vertidos.

Este martes, la decisión de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de dar el visto bueno al proyecto presentado por la empresa Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos apiladas en la marisma ha sentado como un jarro de agua fría en una parte de la ciudad donde hace más de 50 años se encuentran apiladas toneladas de basura tóxica al lado de las casas de su zona más al sur.

Los técnicos han respondido así al requerimiento realizado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, y ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica el informe sobre el 'Estudio de verificación radiológica de los apilamientos de fosfoyesos de Fertiberia S.A.', que valida el método propuesto por la empresa y descarta que dejar ahí el residuo “suponga un riesgo para la población”.

A la espera de que este miércoles se tomara la decisión definitiva, el portavoz de Mesa de la Ría, agrupación con representación municipal, que reclama la recuperación para la ciudad de los terrenos ocupados por las industrias químicas, Rafael Gavilán, era tajante: “Si se confirma, iremos a los tribunales”. La empresa, por su parte, ha declinado hacer valoraciones a la espera de que se produzca la reunión y el informe definitivos.

Dos de sus cuatro sectores

Es cierto que, como recuerda Gavilán, a lo que se refiere el CSN es a las zonas “2” y “3”, ya que la número 1 pertenece al puerto de Huelva y la 4 es “la más conflictiva” y de momento no hay pronunciamiento sobre ella, porque acoge los residuos, entre otros, del accidente de Acerinox.

“El CSN se ha pronunciado sobre la zona que, radiológicamente, es la menos conflictiva, pero desgraciadamente pensamos que le van a dar el visto bueno”, explica, con la premisa de que “ellos valoran que pueden taparlo con un metro de tierra, porque piensan que se puede reducir el riesgo, aunque en realidad ellos solo valoran el riesgo radiológico, puede que lo vean adecuado, pero para nosotros dista mucho de una restauración medioambiental”.

Porque, como explica el mismo portavoz, la Justicia condenó a Fertiberia a restaurar las balsas, no a enterrarlas, de modo que “no solo hay que valorar la salud de las personas. La única solución posible es devolver la zona a su estado original de marismas”.

Con todo, se está a la espera de que la Junta de Andalucía emita la Autorización Ambiental Integrada (AII), y “si es favorable, tenemos clarísimo que iremos a la Justicia”, al estar en contra, entre otras cosas, de que se haya dividido por partes las zonas a restaurar, y no se haya presentado una petición global para las 720 hectáreas de residuos químicos. “No se puede segregar en partes, porque individualmente pueden no ser perjudiciales, pero que hay valorarlo en su conjunto”, sentencia.

Las aguas de las marismas

Rafael Pérez López, profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, tiene una visión más amplia, sobre todo por los estadios que ha realizado en torno a la filtración de agua en la base de las balsas, que terminan llegando al mar.

Frente a la tesis de Fertiberia de que si se tapan las balsas se acabó el problema, porque no le llegaría el agua de lluvia, este experto tiene claro que, por encima de la lluvia, “el agua le llega por acopio, por la acción de las mareas”.

La empresa sostiene en su proyecto que bastaría con eliminar el agua envasada sobre la balsa y cubrir los fosfoyesos, pero “el principal sistema que lava la contaminación en la balsa es el agua del estuario, que a través del subsuelo por unos canales mareales, entra, lava la contaminación y ese agua cargada de contaminantes vuelve a la ría”.

“Tapar no sería suficiente, porque el aporte de agua es del estuario”, explica, para entender que eso lo sabe la empresa basándose en que este asunto se estudió en la Mesa de Expertos creada en su día por el Ayuntamiento de Huelva, cuyo dictamen parece haber ignorado Fertiberia. Para Rafael Pérez López, todo está resumido en una frase: “Creemos que es casi inviable impedir la entrada del agua del estuario”.

Otra cuestión es la estabilidad física, porque está demostrado en otros estudios que la balsa es inestable, que el suelo que soporta lo es, y si se rompe “todo irá al estuario”.

Casi 60 años, y sin solución

Pero merece la pena recordar la historia de estos vertidos. En 1965 se instalaba en el Polo Químico de Huelva la empresa Fosfórico Español (FESA), dedicada a la producción de ácido fosfórico y sulfúrico. 

Unión de Explosivos Riotinto (ERT Abonos) y Ercros fueron algunos de sus propietarios, hasta que la compró Fertiberia, que se dedicó a la fabricación de ácido fosfórico. Su trabajo conllevaba la producción de un subproducto, el fosfoyeso, que procede de la fabricación de fertilizantes con contenidos variables de fosfato de hierro y otros puntuales de fosfatos de cobre.

En los años 1967 y 1968, el Gobierno de Franco le otorgó dos concesiones administrativas para ocupar una parcela en el margen derecho del río Tinto para colocar depósitos de decantación para el vertido de estos residuos químicos.

En 1995, se inicia un proceso judicial tras la presentación por parte de Fertiberia del proyecto de reordenación de vertido de yesos, tras poner en marcha la Junta de Andalucía el Plan Corrector de Vertidos Industriales de la entonces Consejería de Medio Ambiente.

Hicieron falta 12 años para que la Audiencia Nacional condenase a Fertiberia a dejar de verter, lo que fue ratificado por el Tribunal Supremo. Y hasta 2010 la empresa no dejó de verter residuos y fue por imperativo legal, es decir, porque un juzgado les obligó. Aquello fue el final de los vertidos pero no de las balsas.

Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han evaluado y dado el visto bueno al proyecto presentado por la empresa Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos apiladas en la marisma de Huelva fruto de décadas de su actividad industrial.

De esta forma, respondiendo al requerimiento realizado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero, el organismo ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica el informe sobre “Estudio de verificación radiológica de los apilamientos de fosfoyesos de Fertiberia S.A.”.

Dicho informe, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado a los periodistas el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, valida el método propuesto por la empresa y descarta que el dejar ahí el residuo “suponga un riesgo para la población”.

A espera de la decisión del pleno

Cruz ha indicado que desde el Ayuntamiento de Huelva se ha tenido acceso al informe de los técnicos del CSN que es “bastante relevante y solvente” y se está a la espera de la decisión del pleno de este organismo sobre el mismo.

“El informe apunta a lo que ya han dicho otros miembros del CSN y me tranquiliza pero no porque avale como una opción el proyecto de Fertiberia desde la óptica de este organismo y en los términos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dando un impulso a la ejecución del mismo y a la solución del problema, sino por lo que tiene de seguridad para los ciudadanos que es lo que más me importa”, ha señalado el alcalde.

El informe “da tranquilidad”

En su opinión, es “fundamental” acometer este proyecto desde la seguridad para la ciudadanía y con “una solución real que permita acabar con los fosfoyesos y avanzar en el diseño y proyección de una nueva Huelva en la que tienen que esas hectáreas regeneradas y plenamente incorporadas a la ciudad”.

Cuestionado por si esto supondrá el fin de años de polémica, ha indicado que “lo desconoce” si bien ha dejado claro que “los científicos y los técnicos se están pronunciando y un informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear siempre da tranquilidad si dice que las balsas de fosfoyesos no suponen un riesgo para la población”.

El Grupo Fertiberia ha comunicado que mantiene “por el momento” sus operaciones en todas las plantas, pese a que “durante dos semanas han dejado de producir urea” en la planta de Palos de la Frontera (Huelva). Asimismo, están “valorando” diariamente la situación del mercado y las consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia para “adaptar sus operaciones”.

Según ha indicado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press, en la planta de Palos de la Frontera la compañía ha dejado de “producir urea durante aproximadamente dos semanas”, pero mantiene la producción de amoniaco, que es la “principal” actividad de la fábrica.

En este sentido, “hasta el momento”, el Grupo Fertiberia ha mantenido “un alto nivel de actividad”, aunque los precios de la energía “están alcanzando niveles muy altos”.

De esta manera, la compañía ha manifestado que “está valorando la situación y siguiendo diariamente y muy cerca los mercados para adaptar sus operaciones --en función de la evolución de los mismos--, con el objetivo de proteger a la compañía y a los clientes en el corto y medio plazo”.

El grupo Fertiberia ha parado temporalmente la actividad de la planta situada en Palos de la Frontera (Huelva) ante la subida extraordinaria del precio del gas natural, materia prima que utiliza para producir amoniaco, que junto con la urea y el adBlue constituyen la cartera de productos de estas instalaciones.

Fuentes de la compañía han informado a Efe de que la medida comenzó el pasado 1 de octubre y está previsto que el período de parada sea, inicialmente, de un mes.

Durante este tiempo la empresa adelantará una parte de los trabajos de mantenimiento de la planta, así como varias de las inversiones que estaban previstas para 2022 en materia de eficiencia energética y optimización medioambiental.

Por otro lado, han destacado que las capacidades productivas y los recursos logísticos del resto de los centros de producción del grupo en España, Portugal y Francia (con 13 fábricas en total), “mantienen su actividad según los planes previstos”.

La fábrica que Fertiberia tiene en Palos de la Frontera, en la que trabajan 148 empleados, cuenta con una extensión de más de 170.000 m2 y se dedica a la producción de amoniaco, urea (prill/cristal) y AdBlue, que es una solución de urea al 32,5 % de máxima calidad, destinada a la eliminación de emisiones de óxidos nitrosos en vehículos diésel.

La fábrica utiliza gas natural como materia prima para la producción de amoniaco; para la de urea emplea amoniaco de la propia factoría y dióxido de carbono generado en la producción del propio amoniaco.

Restore 20/30, el proyecto de Fertiberia “regenerar” las balsas de fosfoyesos que la empresa ha ido acumulando durante décadas en las marismas de Huelva, ya es una realidad. Sobre el papel, la empresa ha presentado este jueves el “hito histórico” que supone para la firma unos trabajos “que serán ejemplo para futuras generaciones” y que, en la práctica, supone soterrar 720 hectáreas de residuos químicos apilados, en algunos casos, a 500 metros de viviendas de la capital onubense.

Es cierto que las balsas están formadas por unas 1.200 hectáreas de residuos, aunque Fertiberia solo reconoce como propias las 720 sobre las que va a trabajar, en una labor que generará un centenar de puestos de trabajo con un inversión en torno a 65 millones de euros.

Horas antes de presentar el proyecto, la empresa informaba de que ha obtenido las garantías financieras necesarias para cubrir el importe del proyecto de “regeneración de los apilamientos de fosfoyeso”, constatando “su compromiso a largo plazo con una iniciativa que considera esencial y estratégica en su nuevo plan de negocio”.

Según detalla la compañía, desde el pasado mes de junio ha dedicado sus máximos esfuerzos a materializar la formalización de los avales financieros en el menor plazo de tiempo posible. Para ello, selló una primera operación por valor de 36,1 millones de euros por un “pool” de entidades lideradas por Santander (de los cuales 32,5 millones son a favor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y otros 3,6 millones, a favor de la Junta de Andalucía). 

En paralelo, inició una negociación con otras entidades que, al no ser los financiadores habituales de la compañía, han requerido un tiempo adicional para el análisis detallado de su situación patrimonial. Este proceso ha permitido obtener garantías sobre los 29 millones de euros restantes con una entidad internacional, con lo cual Fertiberia ha superado los 65 millones de euros en avales, cubriendo así la totalidad del presupuesto del proyecto de restauración.

En el acto celebrado hoy en la sede de la Federación Onubense de Empresarios, el presidente del grupo Fertiberia, Javier Goñi, ha definido los trabajos que se van a realizar como “un proyecto pionero y estratégico para la compañía”, en “una ciudad y una provincia muy importante para nosotros”, citando la inversión de más de 30 millones de euros en los últimos cuatro años en sus dos plantas en la provincia. Han contribuido a crear unos 500 puestos de trabajo.

“No es peligroso”

Una de las claves que ha manejado siempre Fertiberia en torno a los fosfoyesos se ha repetido en la presentación de este jueves: no son peligrosos. Lo ha sostenido el responsable del proyecto, Juan Ramón Miró, que que asegura que es “un subproducto de la fabricación de los fertilizantes reconocido como residuo no peligroso”.

La empresa, ha dicho Miró, “realizará una iniciativa que será pionera en el mundo”, apostando por un sellado perimetral que evitará que el agua entre en contacto con la zona sellada, “un sistema de nivelación y de escorrentía de aguas pluviales, para que no existan erosiones en la cubierta vegetal”, todo ello “con un riguroso sistema de control”.

Mientras Goñi ha dicho que todavía no hay plazos para iniciar los trabajos, Miró ha reconocido que el documento inicial que se planteó es de 2014, y se ha ido perfeccionando en los últimos años para adaptarlo a lo que ahora se quiere poner en marcha.

La empresa defiende que cuenta con el respaldo de numerosas investigaciones científicas, asegurando que el soterramiento que plantea es la mejor opción y así está defendido por expertos. Técnicamente, pone el acento en que se trabajará con la máxima seguridad, e incluso se ha planteado la posibilidad de un gran terremoto mientras se trabaja en el proyecto, y se ha calculado que el efecto sería controlado en función a cómo se ha diseñado el plan.

La empresa defiende no solo que se taparán -apilarán- las balsas de una forma sostenible, sino que, además, se conseguirá para la ciudad de Huelva “un pulmón verde” cuando terminen los trabajos, con la idea de introducir las 720 hectáreas apiladas en el paraje natural Marismas del Odiel.

En cifras, resta importancia a la cantidad de balsas que se encuentran pegadas a la ciudad de Huelva, porque “solo representa el 2 %” de superficie simular en todo el mundo. Por contra, sostiene que hay 52 países en el mundo donde se ha aplicado, con éxito, lo que ahora se va a aplicar en las balsas onubenses.

Avales e inversión

Con todo, la inversión para sacar adelante los trabajos parece garantizada. Fertiberia ha conseguido avales a favor del Ministerio por valor de 62,3 millones (el 95 % del total). Y dado que la Audiencia Nacional ha requerido la aportación de garantías distintas de las constituidas ante la Junta de Andalucía, cuyo importe de 3,6 millones apenas supone un 5% del total de los 65,9 del proyecto, Fertiberia ofrecerá garantías líquidas adicionales por dicha cantidad.

El proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y para ello ha contado con proveedores técnicos y científicos de primer nivel internacional, como Ardaman Associates (firma estadounidense que ha clausurado con éxito más de 60 balsas en todo el mundo) y las firmas españolas Eptisa e Inerco. 

Si todo va conforme a lo previsto, en 2030 las zonas actualmente ocupadas por los apilamientos de fosfoyesos volverán a integrarse en el entorno de la marisma, a través de la revegetación y reintroducción de especies vegetales y animales autóctonas.

La Audiencia Nacional aprecia peligro de que la agroquímica Fertiberia no cumpla con su obligación de limpiar las marismas de Huelva que contaminó durante décadas de vertidos causados por su acción empresarial. Los magistrados han exigido en un auto de 16 de junio que la compañía de fertilizantes ponga ya el aval de 65,9 millones que garanticen la ejecución de los trabajos decretada en 2015.

La justicia requirió a Fertiberia ese seguro de caución el 21 de julio de 2015. El dinero sirve para asegurar que se lleva a cabo el proyecto de “clausura de las balsas de fosfoyesos” acumulados en la ría de Huelva entre 1968 y 2010 y fruto de la fabricación de fertilizantes, como demostró un estudio de las universidades de Huelva y Granada en junio de 2019. Los fofoyesos son residuos industriales altamente ácidos que “contienen altas concentraciones de contaminantes y muchos reactivos químicos peligrosos”, concluyeron los científicos. Una bomba medioambiental.

Desde 2015, Fertiberia ha dilatado el proceso. Llevó el caso hasta el Tribunal Supremo que confirmó la medida impuesta a la agroquímica. Luego, la empresa ha intentado evitar el bloqueo de ese dinero al pretender sustituirlo por una garantía hipotecaria sobre sus instalaciones en Ciudad Real.

Ahora, los magistrados de la Audiencia Nacional además de afirmar que la ejecución “se ha dilatado excesivamente en el tiempo”, señalan que hay “un posible riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra”. La cuestión es que la empresa de fertilizantes se vendió a un fondo de inversión llamado Triton. Este plan para ser adquirida “por un fondo de inversión con sede en Jersey (paraíso fiscal)” [aunque Triton aparece radicado en Luxemburgo], describe el auto judicial, hace que la presentación de los 65,9 millones de euros se convierta en “urgente” a juicio de los magistrados, porque, si no, ni siquiera se tendrán “las garantías de que vaya a ser posible ejecutarla [la descontaminación] a su costa”. Es decir que la empresa que contaminó limpie el estuario.

Hace solo un par de semanas, el Gobierno envió una carta a Fertiberia para exigirle que cumpliera con lo exigido por los tribunales. Ahora, este último auto judicial establece que “con carácter inmediato y en plazo máximo de un mes desde la notificación de esta resolución presente aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros hasta la completa ejecución de los trabajos de regeneración ambiental”. La empresa podrá recurrir todavía más, pero el escrito aclara que esta medida ya no paralizará el proceso: “No suspende la ejecución de la presente resolución”, culmina. Fertiberia ha asegurado este martes que estudia recurrir la decisión judicial aunque, ha añadido “sin que afecte al compromiso de ejecutar el proyecto de restauración” que, ha dicho, está pendiente de la evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica“.

El Ministerio de Transición Ecológica ha enviado este viernes una carta a la dirección de Fertiberia, con copia a la Audiencia Nacional, exigiendo a la empresa que ponga ya los 65,9 millones de euros que los jueces establecieron en 2015 como aval para garantizar la limpieza de la contaminación provocada por la fabricación de fertilizantes en la marisma de Huelva.

Fertiberia ha litigado durante años para presentar sus instalaciones en Puertollano (Ciudad Real) como garantía en lugar de bloquear ese cuantía millonaria. La Audiencia Nacional estableció el 30 de octubre de 2019 que la empresa debía constituir ese aval que hace las veces de seguro hasta que la compañía complete la descontaminación de 120 millones de toneladas de fosfoyesos acumulados tras 40 años de producción de fertilizantes en las marismas.

Los magistrados dieron un mes de plazo y advirtieron que solo podría admitirse una hipoteca si demostraban fehacientemente que Fertiberia era incapaz de completar el aval de 65,9 millones. La dirección volvió a enviar el mismo proyecto a la Audiencia que fue rechazado por las partes interesadas: el Ministerio, la ong WWF, el Ayuntamiento de Huelva y la Mesa de la Ría.

Ahora, el Transición Ecológica, concretamente la dirección general de la Costa y el Mar, le recuerda a la agroquímica que no ha cumplido y a la Audiencia Nacional que no se ha depositado el aval. 

Décadas de tribunales

Fertiberia hizo vertidos de fosfoyesos al dominio público marítimo terrestre durante cuatro décadas. En 2001 WWF inició una batalla judicial contra la empresa por incumplir la ley de costas que culminó con una sentencia en 2007. Los vertidos estaban sentenciados aunque los recursos se llevaron el proceso hasta 2009. La contaminación se detuvo, pero no se procedió a regenerar el daño ambiental causado por la actividad de la empresa: 1.200 hectáreas de balsas de basura tóxica.  

Fertiberia ideó un plan que consistía en aislar, enterrar y luego reforestar encima de las balsas de fosfoyesos. En ningún caso retirar el producto. Un plan polémico y rechazado por los grupos ambientalistas, pero que obtuvo el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Isabel García Tejerina en 2016 (Tejerina había sido directiva de Fertiberia antes de iniciar su periplo en los Gobierno del PP). Ahora el problema es que la empresa garantice que hará los trabajos y avale con esos 65,9 millones que cumplirá hasta el final. 

Casi 66 millones de euros. Fertiberia tiene un mes para depositar 65,9 millones de euros, para reparar el desastre ambiental causado durante años en las marismas del río Tinto (Huelva) con millones de toneladas de desechos tóxicos y radioactivos acumulados durante décadas. Así lo ha dictado la Audiencia Nacional, que comienza a poner fin a las contaminadas balsas de fosfoyesos de Huelva.

La ciudad de Huelva convive con unos depósitos al aire libre de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos, peligrosos y radioactivos. 1.200 hectáreas que, a vista de pájaro, ocupan una superficie similar al casco urbano de la propia ciudad y que sigue filtrando al subsuelo metales pesados y otro tipo de contaminantes como arsénico, cadmio, uranio o zinc.

Según expertos de la Mesa de la Ría, durante nueve años se vertieron ácidos sobre los fosfoyesos (1988-1997) que los convirtieron en fosfoyesos negros radioactivos. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoció este verano que las balsas eran zonas afectadas por la radiación. Por radio 226 en el caso de los fosfoyesos y por cesio 137, en la zona aledaña de las Marismas Mendaña. 

Cuatro años esperando

Fertiberia, que factura 551 millones de euros euros al año, diseñó un plan de regeneración ambiental, basado en enterrar los residuos bajo varias capas de arena. Los trabajos de regeneración ambiental debían garantizarse hace cuatro años, pero la empresa recurrió ante el Tribunal Supremo en 2016, para que se rebajara la garantía a una tercera parte (21,9 millones de euros) y ofreció “como medio de afianzamiento” la hipoteca de un complejo industrial en Puertollano (Ciudad Real). 

La Asociación Mesa de la Ría desmonta que la fábrica tenga un valor de 130 millones de euros, como defiende Fertiberia, y que su valor real de mercado apenas asciende a los 1,4 millones de euros. El Abogado del Estado ya manifestó, en un escrito presentado en julio de 2019, “la insuficiencia y falta de rigor de la idoneidad de la constitución de la garantía hipotecaria pretendida por Fertiberia”.

A Fertiberia, como señala el auto, se le exige que no abra nuevas balsas, no realice nuevos vertidos, ejecute el plan de regeneración y entregue la garantía. Según la Audiencia Nacional, ha cumplido los dos primeros, pero no los dos segundos.

La fábrica de Puertollano no sirve de garantía

La Audiencia Nacional concluye que la fábrica no sirve de garantía y que “el importe de la garantía que debe presentar dicha entidad actora, a fin de asegurar la correcta ejecución de los trabajos de regeneración medioambiental ha de ser, sin paliativos ni demoras, la de 65,9 millones de euros”.

Aunque Fertiberia ha solicitado que se reduzca la garantía a una tercera parte, para ampliarla al 100% (los 65,9 milones de euros) automáticamente más adelante, la Audiencia Nacional se ha negado en este último auto: le da un ultimátum y debe entregar la fianza en menos de un mes. Su incumplimiento le supondrá multas coercitivas y responsabilidades penales.

El grupo ecologista WWF, que se encuentra personado en la causa, afirma que la decisión del tribunal garantiza que la empresa “costeará el grave deterioro y contaminación que ha ocasionado en las marismas de Huelva, un espacio de dominio público marítimo-terrestre que durante medio siglo ha acumulado millones de toneladas de los tóxicos fosfoyesos”.

Para el secretario general de WWF en España , Juan Carlos del Olmo, se trata de un éxito, ya que “hasta el momento Fertiberia ha logrado eludir su responsabilidad, pero con este nuevo Auto de la Audiencia Nacional esperamos que la empresa cumpla las resoluciones judiciales y, por fin, restaure la marisma que contaminó”. Este diario ha tratado de recabar, sin éxito, la postura de Fertiberia.

Unas balsas expuestas al aire libre

Las balsas, que se encuentran actualmente al aire libre, están expuestas a las inclemencias climáticas. En marzo de 2018, la Mesa de la Ría denunció que las aguas torrenciales habían arrastrado “material sólido y líquido de la base de las balsas. Ese agua contaminada ha provocado inundaciones en el área perimetral, desbordándose y llegando hasta El Estero y el Río Tinto”.

Según Greenpeace, las imágenes que habían recogido prueban que, aunque la actividad en el vertedero tóxico se paralizó hace siete años, se siguen produciendo vertidos. “Esto muestra graves fallos en la seguridad y el control de las balsas, de las que se encarga la empresa responsable de los vertidos, Fertiberia, que vuelve a incumplir sus obligaciones y sigue permitiendo que sus residuos afecten al medio ambiente, con graves consecuencias para la salud de la ciudadanía y los ecosistemas de la zona”, denuncian. 

A los ecologistas les preocupa que los 120 millones de toneladas de residuos acaben en el océano Atlántico, tras arrasar los espacios de la Ría de Huelva o Doñana.

El límite de cadmio tóxico permitido en los fertilizantes agrícolas europeos será de 60 mg / Kg. Se trata del umbral mínimo que había calificado como admisible la patronal europea de fabricantes Fertilizers Europe antes de la ronda de negociaciones de este martes y multiplica por tres el nivel de máxima seguridad que habían propuesta tanto la Comisión como el Parlamento europeos: 20 mg.

“En general, damos la bienvenida al acuerdo que supone un equilibrio y permite a la industria avanzar en el suministro de fertilizantes de calidad a los agricultores europeos”, ha dicho el director general de la patronal, Jacob Hansen. La asociación habían comenzado por trazar la raya permisible en los 80 mg. para luego insistir que “ir más allá [de los 60 mg.] es innecesario desde un punto de vista científico y claramente dañino para la industria europea”.

Este acuerdo provisional calca la postura en cuanto a la cantidad permisible que había propuesto el Consejo Europeo (compuesto por los gobiernos nacionales) a la que se había adherido finalmente España. Al inicio de las conversaciones, el Gobierno de Mariano Rajoy había bloqueado las posturas al exigir un límite todavía más alto de 75 mg. La encargada de la materia era la entonces ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, exalta directiva del principal fabricante español de fertilizantes, Fertiberia.

La nueva regulación prevé que revise este umbral legal siete años después de entrar en vigor (el Consejo pedía esa evaluación se produjese tras 16 años). También incluye que el límite de cadmio solo sea obligatorio tres años después de la entrada en vigor. Aun así, los fabricantes consideran esto “un reto” ya que habían pedido más tiempo de transición.

El límite de los 20 mg ha quedado relegado una “etiqueta voluntaria” para los productores que quieran ofrecerlo. Así, este contenido máximo de metal pesado ha pasado de ser una propuesta de obligado cumplimiento en aras de la protección del medio ambiente y la salud a convertirse en una opción para quienes deseen ponerlo en el mercado.

“Hemos conseguido un límite único en Europa para todos los contaminantes, especialmente el cadmio que es una de las mayores preocupaciones de los estados. Al tratrse de un aspecto muy sensible, este límite se revisará en siete años”, ha afirmado la ponente del comité de Medio Ambiente del Europarlamento, la popular italiana, Elisabetta Gardini.

Una de las cuestiones de fondo que han rondado toda la negociación en la Unión Europea ha sido el origen de la roca de fósforo, materia prima de estos fertilizantes. La extraída en Marruecos contiene más niveles de cadmio que la que proveniente de Rusia. Los estados más contrarios a rebajar los umbrales tóxicos exponían el peligro de depender en exceso del proveedor ruso.