La vieja relación de cercanía entre el sector del juego y el PP sigue engrasada. Así lo reflejan la asidua presencia de figuras del partido en reuniones sectoriales, un premio a su actual responsable de Economía, Juan Bravo, en vísperas de su ascenso a la cúpula de la formación o una reciente “ponencia magistral” de un exministro popular con el patrocinio del sector.

Las empresas del juego han reclutado en los últimos años a cerca de una decena de antiguos cargos de los populares como consejeros o asesores. Y creen que, tras el vuelco conservador en las últimas elecciones autonómicas, “es el momento de la verdad” después de años de políticas restrictivas hacia este negocio.

En las competencias que dependen del Estado (juego online), esas políticas las ha liderado el todavía ministro de Consumo, Alberto Garzón, que durante su mandato reguló la publicidad de las casas de apuestas, obligó a publicar las sanciones a las empresas tras una década de opacidad o prohibió apostar online con tarjeta de crédito a los jugadores con comportamientos de riesgo.

Del radio de acción de Garzón quedó fuera el juego físico (salas de apuestas, recreativos, bingos…), porque su gestión está en manos de las comunidades autónomas. Justo después del batacazo de la izquierda el 28M, José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR), integrada en CEOE y formada por Sportium (Cirsa), Codere u Orenes, indicaba que “ahora es el momento de la verdad, de que seamos capaces de transmitir a los que vienen el daño causado”. Este “continuará” si no “impera la lógica y la sensatez”.

Según Vall, en el sector se han sentido “escuchados” por los políticos autonómicos que estaban en la oposición y ahora han llegado al poder en las comunidades autónomas: “Nos han dado la razón y muchas esperanzas” que confió en que, “ahora que gobernarán, se conviertan en realidad. 18.000 familias solo en salones están pendientes de ello. Sin olvidar a la hostelería, ese otro gran perjudicado, especialmente en Valencia y camino de ello en Aragón. Nos avalan los datos y esperemos que todos juntos seamos capaces de reconducir el daño causado a un sector que no se lo merece. Ahora es la hora de la verdad”.

ANESAR defiende la aportación del juego a la economía y subraya que el porcentaje de población con problemas de ludopatía en España es del 0,3%. Esta patronal celebró el mes pasado el 10 Congreso de Salones de Juego. Lo inauguraron el presidente de ANESAR y el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz Fernández. Uno de los platos fuertes fue una conferencia “magistral” del exministro popular Álvaro Nadal, bajo el título “¿Hemos despejado las incertidumbres? Oportunidades y riesgos de la economía española”.

La ponencia del exjefe de la Oficina Económica de Moncloa con Mariano Rajoy contó con el patrocinio de Merkur Dosniha, una empresa de juego de capital alemán. En la nota de prensa del evento, la empresa indica que “como viene siendo habitual en este importante encuentro anual, este año bajo el lema 'Comprometidos con las empresas, responsables con la sociedad', Merkur Dosniha ha participado y colaborado patrocinando la ponencia magistral como una iniciativa más al interés común de todos los que conforman el Sector del Juego”.

“Con un aforo completo, los presentes pudieron atender las interesantes explicaciones del ministro repasando y valorando diferentes temáticas en las que destacaron la actividad económica y consumo, la inflación, la política monetaria y fiscal y las tendencias en la regulación”. El escenario elegido fue el Espacio Pablo VI de Madrid, gestionado por la fundación del mismo nombre, creada hace décadas por el cardenal Herrera Oria, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas.

“Sin duda alguna, una oportunidad de aprendizaje en cuestiones de coyuntura económica española, europea e internacional, así como políticas energéticas, desarrollo sostenible y digitalización, haciendo mención y referencia en este último aspecto a los medios de pago”, destacó esa empresa de suministro de máquinas recreativas.

La presencia de políticos conservadores en estos eventos sectoriales es muy habitual. En el congreso de ANESAR de 2022 participaron entre otros el exministro popular de Sanidad Alfonso Alonso o el exdiputado y exejecutivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto. También Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de la CEOE, y al frente del Instituto Nacional de Estadística (INE) con Rajoy. El anterior congreso, celebrado antes de la pandemia, en 2020, lo clausuró el entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.

Hace poco más de un año, uno de los medios de referencia del sector, Infoplay, hacía entrega, por mediación del presidente de la empresa gallega de apuestas Luckia, José González Fuentes, y de una religiosa, la hermana superiora Antonia López, del premio “Embajador de Juego Responsable” al actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, por su labor como consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Bravo excusó su presencia en el acto, celebrado en el Teatro Real de Madrid. Participó a través de un vídeo en el que cedió todo el mérito al encargado de recoger el galardón, el entonces director general de Juego de la Junta y actual secretario general de Hacienda andaluz, Manuel Vázquez, que “en los momentos más difíciles de la pandemia mantuvo el equilibrio, la serenidad, para establecer esas medidas que permitiesen mantener la actividad económica a pesar de las dificultades y, sobre todo, mantener el empleo en vuestro sector y en el resto de los sectores”, dijo a los empresarios de los salones de apuestas.

Dos días después de ese acto, Bravo fue nombrado vicesecretario de Política Económica por un Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado a la presidencia del PP. Del jurado de aquel premio formaron parte el expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y otro expolítico popular, Fernando Fernández de Trocóniz, abogado del Estado jubilado, exalcalde de Salamanca y exdiputado del PP.

Tras dejar la política activa, Fernández de Trocóniz presidió durante años la Fundación Alcohol y Sociedad, entidad sin ánimo de lucro de los fabricantes de bebidas alcohólicas que tiene “el objetivo principal de eliminar hábitos indebidos en el consumo de alcohol”. Su directora de Relaciones Institucionales es la periodista Silvia Jato, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana Alberto Fabra, cabeza de lista del PP por Castellón en las generales del próximo 23 de julio.

El director de esa entidad es Bosco Torremocha, hijo de Fernando Torremocha, exconsejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llegó a ser miembro de la junta directiva del PP, el partido que le colocó en el organismo, mientras estaba en el regulador.

Larga lista

Pero volvamos al juego. La lista de cargos del PP que están o han estado vinculados a empresas de este sector en España es larga y abarca a políticos de ámbito estatal, autonómico o municipal. Un ejemplo es el exdiputado Andrés Ayala, socio del grupo murciano Orenes y que tras dejar su escaño fue nombrado consejero en varias de sus filiales en sustitución de su esposa.

O el actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que en 2006 aceptó la presidencia de honor de la Fundación Social del Juego Privado que le ofreció el patrón regional del sector, José Ballesteros Requejo, propietario de un operador de bingo, tal y como recogía el periodista Luis Díez en su libro '¡Jugad, malditos, jugad!' (2020).

El caso quizás más conocido es el de Rafael Catalá, en Codere antes y después de ser ministro con Rajoy, junto a otro exministro con José María Aznar, Pío Cabanillas, que hasta 2021 fue consejero del grupo. Codere arrastra desde hace años una situación financiera muy complicada. Su auditor acaba de advertir de “dudas significativas" sobre su continuidad. Su filial online, que cotiza en Estados Unidos y tiene su matriz en Luxemburgo, anunció este jueves el nombramiento de Catalá como miembro de un órgano formal de nueva creación, el comité de Compliance, que hasta ahora tenía carácter consultivo.

La multinacional española, que el año pasado fichó al abogado del Estado Antonio Zafra (ex Bankia y jefe de gabinete en el Ministerio de Economía con Rodrigo Rato), contrató hace más de una década al despacho de asesoría que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Bloomberg acusó entonces a Hacienda de favorecer a Codere en el reparto de licencias de juego online. El ministerio que entonces dirigía Montoro negó “tajantemente la acusación de tráfico de influencias” y anunció una querella que nunca llegó a presentar.

En la Galicia de Feijóo, la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO) la preside Serafín Portas, consejero delegado de Recreativos Portas. Su hermana Alicia fue directora de gabinete de Ana Pastor en el Ministerio de Fomento con Rajoy en Sanidad y Consumo con Aznar. Actualmente es directiva en el Hospital La Paz de Madrid.

Hace un par de años, la Xunta de Galicia y AGEO fueron de la mano para intentar frenar un recurso de la CNMC contra la negativa del Gobierno de Feijóo a autorizar la instalación de una tragaperras en un bar. Un aspecto trivial, pero con cierto fondo: la Audiencia Nacional dio la razón a Competencia y anuló la resolución de la Xunta, cuyas argumentaciones, dijo, “parecen inclinarse a la protección de los intereses económicos de determinados operadores económicos y no del interés general”. La sentencia fue confirmada en febrero por el Tribunal Supremo.

En el grupo gallego Egasa, matriz de Luckia, es consejero el abogado Javier Laorden, socio de honor del bufete Cuatrecasas, especializado en derecho tributario y entidades sin ánimo de lucro, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exlíder del PP de Torrelodones, municipio que durante años tuvo el único casino de la Comunidad de Madrid y en el que los populares acaban de recuperar la alcaldía tras ocho años en la oposición. Egasa, que hace años se alió en Panamá con empresarios acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, aparecía en el sumario judicial de Gürtel como donante de 100.000 euros al PP.

Otros cargos técnicos nombrados por el PP que acabaron trabajando para el sector son los ex directores generales del Juego Carlos Hernández y Juan Espinosa. El primero asesoró a las empresas de apuestas online en su recurso contra el decreto de Garzón que restringió drásticamente los anuncios del sector. El segundo se convirtió en asesor de la patronal británica del juego. Ambos tienen un despacho que ofrece asistencia a sectores regulados como el del juego.

Ahora sí es oficial. Endesa, según informa EFE, ha comunicado a los trabajadores el cierre de la central de Andorra el próximo mes de julio. En las próximas semanas se iniciarán los trámites para solicitarlo al Ministerio para la Transición Ecolótica.

Antes de esta oficialidad, el presidente de Aragón, Javier Lambán, desveló que había hablado con la ministra del ramo, Teresa Ribera, y que esta le había asegurado que no autorizaría el cierre “si no hay un plan, de la propia empresa, de restitución, de compensación y de puesta en funcionamiento en la zona de economías alternativas”.

Lambán se ha mostrado duro con la empresa: “Los aragoneses tenemos que empezar a tomar nota de lo que es Endesa, una empresa que ha estado siempre a las maduras y nunca a las crudas; que, frente a otras empresas que muestran compromiso y afección con el territorio y sus gentes, esta demuestra que su único interés en Aragón es obtener beneficios”.

El fin del carbón

El máximo mandatario autonómico ha reiterado que “el carbón tiene fecha de caducidad más pronto que tarde” y que hay un acuerdo general “en la descarbonización de la energía”. Sin embargo, ha matizado, “no se puede hacer a costa de quebrar el espinazo de la economía de un determinado territorio”.

Lambán estima que, aunque haya que empezar a buscar alternativas de manera inmediata, “la vida de la central debería alargarse algún año más”. A este respecto, ha afirmado que el Gobierno de España “no renuncia a buscar alternativas” para lograrlo. Que siga funcionando, ha dicho, mediante determinadas fórmulas que legalmente existen como “limitar su funcionamiento a 1.500 horas, no exime de la realización de las preceptivas inversiones para alargar más tiempo su vida”.

No se puede pensar, ha recalcado, que sean efectivas medidas como las que, “de una manera mentirosa”, proponía el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal. Ha señalado Lambán que el responsable de la cartera energética con el PP “trató de arrogarse la potestad de decidir por ley el cierre de una central”. Esa ley, ha recordado, “nunca llegó al Parlamento porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que era ilegal; entonces Nadal impulsó una Proposición de Ley. Pero un Gobierno no puede imponer por ley una medida de esta naturaleza a una empresa privada”.

No es el único mensaje que el presidente aragonés ha mandado al PP, ni tampoco la primera vez que repite que “durante seis años de Gobierno”, los populares “no hicieron nada por evitar o retrasar el cierre, ni tampoco por reconstruir la economía de las Cuencas Mineras con otras alternativas”. El Gobierno de Sánchez, ha destacado, “acaba de llegar y tiene dos años para hacer el trabajo que el PP no hizo en seis. Se lo está tomando en serio y aportando soluciones”.

Omel, la empresa que gestiona el mercado diario e intradiario de electricidad con el que se fijan los precios de la luz a través del Operador del Mercado Ibérico (Omie), se ha convertido en refugio de antiguos asesores del extinto Ministerio de Energía en época de los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, exministro y ex secretario de Estado del ramo, respectivamente, con Mariano Rajoy en el Gobierno.

Los dos directores de gabinete de la Secretaría de Estado de Energía durante la era Rajoy, ambos cercanos a los gemelos populares, han acabado bajo el paraguas de esta empresa. El último movimiento se produjo en mayo pasado, cuando Omie nombró nuevo director de Planificación y Gestión Corporativa a Carlos Aguirre Calzada, un puesto que, según algunas fuentes, le permitirá ingresar más de 200.000 euros anuales.

Hasta abril, según su perfil de LinkedIn, Aguirre fue director de Gabinete del entonces secretario de Estado de Energía y número dos de Álvaro Nadal en el Ministerio, Daniel Navia. Antes, ocupó el mismo puesto cuando Alberto Nadal (luego secretario de Presupuestos) estuvo al frente de ese área.

La normativa de incompatibilidades no considera altos cargos de la Administración a los jefes de gabinete de los secretarios de Estado, por lo que el nombramiento no requiere de autorización previa de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Según el currículum oficial que todavía tiene colgado en su web la empresa estatal Enresa, de la que fue consejero por su cargo en el Ministerio, Aguirre es ingeniero Industrial y Máster en Economía y Gestión de Empresas Energéticas. Tiene un nivel “muy alto” de inglés y ha desarrollado toda su carrera en el sector energético. En Omie, trabajará a las órdenes de Ignacio Grangel, presidente de Omel desde finales del año pasado gracias a las gestiones de Alberto Nadal.

El ex ministro y ahora asesor económico de la candidata a liderar el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, forzó en octubre pasado (lo contó entonces Cinco Días) el cese del antecesor de Grangel en Omel, Pedro Mejía (ex secretario de Estado de Comercio con José Luis Rodríguez Zapatero), previo pago de una indemnización de en torno a 1,5 millones para el presidente saliente.

Abogado del Estado y considerado uno de los artífices de la reforma energética de José Manuel Soria (cuyo mayor exponente fue el hachazo a las renovables que ha propiciado una lluvia de arbitrajes internacionales), Grangel no habla inglés, lo que plantea dudas sobre su capacidad de interlocución con otros homólogos europeos en un momento en el que la UE camina hacia un mercado único de la electricidad.

El presidente de Omie fue jefe de gabinete de los secretarios de Energía anteriores a Navia: tanto el propio Alberto Nadal como el antecesor de este, Fernando Marti, hoy presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Grangel, que como Marti pertenece al Opus Dei, dejó el Ministerio en 2015 para ocupar unos meses después un puesto creado a su medida en Red Eléctrica, cuyo mayor accionista es el Estado. En REE no terminó de cuajar y recaló en Omel, con un sueldo que ronda el medio millón al año. Desde este año, complementa esa asignación con su retribución como consejero “independiente” (más de 140.000 euros brutos anuales) en Enagás, otra empresa del Ibex en la que el Gobierno tiene un papel determinante y que le nombró vocal a instancias de Álvaro Nadal en la junta del pasado marzo.

En esa asamblea se renovó como independientes (difíciles de cesar sin “causa justa”, según los estatutos de la empresa) a varios consejeros de Enagás muy vinculados al PP, como las exministras Isabel Tocino y Ana Palacio.

Los nombramientos de Aguirre y Grangel en Omie se suman a la colocación de, entre otros, el ex diputado popular Antonio Erias, que desde finales de 2014 preside (con discretos resultados) el Operador del Mercado Ibérico del Gas Mibgas. 

Omel, que no ha respondido a las preguntas de eldiario.es, gestiona el famoso ‘pool’ eléctrico que determina los precios mayoristas de la luz en España y Portugal y que incide directamente en la factura de los consumidores domésticos. 

Con una veintena de accionistas privados (empresas del sector energético y bancos, fundamentalmente), está fuertemente regulada por la Secretaría de Energía y se financia con los peajes eléctricos (parte regulada del recibo) que pagan los usuarios. Su presidencia es rotatoria entre España y Portugal y su representante luso es el exsecretario de Energía portugués Artur Trindade.

Lejos de dar explicaciones ni, mucho menos, aclarar si va a reclamar el reintegro de la indemnización de 1.350 millones de euros (más intereses) que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió cargar a los consumidores de gas a finales de 2014 tras el cierre del fallido almacén de gas Castor, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha limitado a señalar este miércoles en el Congreso que la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado diciembre anuló el mecanismo por el que se articuló esa compensación va a producir una “enorme litigiosidad” entre empresas privadas y contra la propia Administración.

Según el ministro, “lo previsible es que vaya a haber enorme litigiosidad entre privados y entre privados y sector público”, una vez publicada la sentencia en el BOE y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya haya dejado de abonar a los bancos la primera cuota de la deuda que se titulizó entre tres bancos (Santander, Caixabank y Bankia) tras el cierre de la infraestructura a finales de 2014.

Nadal ha recordado que Competencia también ha suspendido el pago a Enagás, encargada de gestionar la hibernación, de los costes de operación y mantenimiento de la instalación para garantizar que esta siga siendo segura. A esta le corresponden unos 8 millones de euros anuales por esa función, mientras que la cuantía que cobran los bancos ronda los 95 millones anuales, a cobrar en 30 años.

Fuentes del sector aseguran que esos pagos quedan suspendidos hasta que no se articule un mecanismo legal válido para abonarlos, pero ni los bancos ni Enagás perderían ese derecho retributivo. No obstante, Nadal, que reconocido que el asunto del Castor se abordó con “prisas”, ha confirmado que esa factura “no debe formar parte de los costes regulados”. Y no ha aclarado qué mecanismo se va a articular para pagar esa indemnización en el futuro.

El ministro ha espetado a la oposición que “el que tiene la gestión del sistema gasista es la CNMC y muchas de las preguntas se las tendrían que haber dirigido al presidente de ese organismo”.

En su comparecencia ante la Comisión de Energía del Congreso, más de un mes después de la sentencia del Constitucional, Nadal se ha limitado a señalar que el proyecto Castor “se inicia atrás en el tiempo”, en época de José Luis Rodríguez Zapatero, y justificó las prisas en articular el mecanismo de compensación y el recurso al decreto ley (anulado por el Constitucional) en que “se iba a producir un fallido en una deuda del Banco Europeo de Inversiones”, que financió la infraestructura, y “había dudas sobre el euro” en plena crisis de deuda soberana.

Fue, en suma, una buena solución y el Gobierno de Rajoy (con el hermano del ministro, Alberto Nadal, al frente de la Secretaría de Estado de Energía) se limitó al “control de daños” tras la decisión de hibernar el almacén por una sucesión de terremotos en la costa de Castellón relacionados con su puesta en marcha.

En su intervención, Nadal ha confirmado su intención de poner en marcha una batería de recortes al sector eléctrico y gasista que se ha filtrado a diversos medios en los últimos días. Así, propondrá al Congreso “un cambio normativo muy importante” en el tratamiento del desmantelamiento de las centrales nucleares para que ese coste lo asuman las eléctricas y no la empresa estatal Enresa, como ahora; así como diversas rebajas a las actividades reguladas del gas y la electricidad.

En el caso de la electricidad, Nadal ha esbozado una propuesta de recorte de la retribución de las actividades del transporte y la distribución que ha cifrado en 170 millones de euros anuales, más entre 15 y 20 millones correspondientes a los sistemas extrapeninsulares. En el caso del gas, Energía estudia proponer un recorte que, según sus cálculos, puede alcanzar un máximo de unos 50 millones de euros, aunque de definirlo el ministro, ha dicho, debe encargarse la CNMC.

Nadal ha ofrecido tramitar estos cambios como proposición de ley, tras plantear una serie de enmiendas a una ley de medidas urgentes contra la Sequía que difícilmente prosperarán dada la minoría parlamentaria del PP en el Congreso.

Respecto al almacén que Gas Natural quiere construir junto al Parque Nacional de Doñana, Nadal ha comparecido tras revelar eldiario.es la existencia de un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que advierte de que uno de los proyectos presenta “peligrosidad alta” por inundaciones. Dice el ministro que el Gobierno “jamás” autorizará el proyecto si este no tiene el “visto bueno” de la Junta de Andalucía y el propio IGME.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha arremetido este miércoles contra el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital con el que el titular del ramo, Álvaro Nadal, quiere evitar cierres de centrales de carbón como los ya anunciados por Iberdrola.

Considera la CNMC que se trata “de una norma limitativa de la libertad de empresa”, derecho recogido en la Constitución Española; cuestiona su encaje con la normativa europea y pide a Nadal, un teórico liberal, que aborde sin “precipitación” la problemática del cierre de centrales ante el exceso de capacidad del sistema eléctrico.

Considera la CNMC que los criterios adicionales que quiere imponer el ministro para poder cerrar una planta (que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación), “no están sucientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente”.

Además, confieren a Energía “un excesivo margen de discrecionalidad” y “crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico”.

“Dado el grado de indefinición del Proyecto, el cierre de cualquier central que haya tenido un funcionamiento mínimo en un año determinado, podría suponer un incremento en el precio del mercado, por mínimo que fuera éste, y por tanto, denegarse su cierre”, señala el informe, que incide en que la retroactividad de la norma es de grado “máximo” por lo que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, “sólo exigencias cualificadas de interés general podrían imponer el sacrificio del principio de seguridad jurídica”.

En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto para poder adjudicar a un tercero una central, la CNMC considera que es “muy complejo” y avisa de que “la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea”.

El informe sobre el proyecto de Real Decreto no es vinculante, aunque da argumentos a las eléctricas en su ofensiva para intentar desmantelar estas centrales, en un movimiento en el que tienen enfrente a los sindicatos del sector y al propio Nadal.

El ministro español se está quedando solo frente a la tendencia europea: según publicaba esta semana Bloomberg New Energy Finance, España es el único de los grandes países europeos que ni siquiera se plantea todavía un plan concreto para abandonar el carbón.

El intento de mirar al futuro se ha convertido en un deporte de riesgo en economía desde que la gran crisis de 2008 bajó la marea y dejó al descubierto los principales fallos del sistema capitalista. Los cambios han sido tantos y tan difíciles de identificar que ahora se etiquetan como el “nuevo normal”, anticipando que esto que sucede y no sabemos interpretar es el futuro.

La crisis económica explotó en una crisis social que confluyó a su vez en una catarsis de las relaciones laborales. Aunque internet existe desde hace más de 30 años, no ha sido hasta su uso como mediador entre trabajo y trabajadores con las aplicaciones de la llamada ‘economía colaborativa’ cuando el potencial de la red ha incidido de pleno en cómo se organiza todo el sistema capitalista.

El 4 de marzo de 2017, se publicaba en eldiario.es un extenso análisis titulado “El fin del capitalismo como lo conocemos” en el que se intentaba desentrañar qué era esto del “postcapitalismo”. Los expertos coinciden en que la forma de organizar los medios de producción y la relación con el factor trabajo serán uno de los principales catalizadores del cambio.

En esta nueva realidad, el reparto del tiempo y los salarios de supervivencia son algunos de los elementos de los que se habla con más fuerza para reorganizar el mercado del trabajo. En julio, el ministro de Agenda Digital (¿una cartera del futuro?), Álvaro Nadal, predecía que la jornada laboral terminaría siendo de cuatro días y tres de fin de semana. Algo similar planteó no sin polémica en 2015 el millonario mexicano Carlos Slim, que imaginó unas jornadas hiperintensivas de tres días que permitieran luego descansar cuatro días seguidos. También se debaten las jornadas de 35 o incluso 30 horas, como dejaba caer en su ideario para las primarias socialistas Pedro Sánchez.

Aún más lejos dejaba volar su imaginación la diputada danesa Ida Auken, que a finales de 2016 escribió un sugerente artículo titulado “Bienvenidos a 2030. No poseo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor”.

Auken fantaseaba con un mundo en el que los ciudadanos no son propietarios de coches, ni pisos, ni siquiera en gran medida de trabajos. En su artículo (que ella no considera una utopía sino una posible realidad a discutir), la exministra de Medio Ambiente avanza que las comunicaciones se liberalizarán, tanto las tecnológicas como las de transporte. Que gracias a la tecnología tendremos a disposición ropa, coches u otros utensilios a demanda en el momento que los necesitemos. Y se imagina un trabajo a horas, a ratos, especialmente cualificado en el que se piense en diseño, tecnología y avances y sea plenamente satisfactorio.

Las ideas de Auken van en línea con lo que ya se conoce en recursos humanos como “knowmads”. Con este neologismo, los expertos en relaciones laborales hablan de un trabajador muy cualificado “nómada del conocimiento”. El experto que creó el concepto, John Moravec, cree, como Auken, que serán trabajadores que harán su tarea más por gusto que por la compensación. Que cambiarán de trabajo en función de dónde se les necesite, empleando su creatividad a la medida de los que les contraten.

Hablar de este mundo de trabajadores felices, empleando unas horas al día en tareas imaginativas y sin aparentes preocupaciones, con una interminable fuerza robótica haciendo las labores menos agradables, supone poner solo la vista en los ganadores del futuro. Para llegar a ese escenario por el camino se habrán quedado atrás un alto número de “perdedores”, los trabajadores menos cualificados que no se hayan podido adaptar a esos cambios.

Esos perdedores puede que solo existan en una ventana transitoria, pero allí estarán. Cuando llegue el coche o el autobús autónomo y todos los demás transportes… ¿A que se dedicarán millones de conductores? Google ha anunciado este verano un robot que escribirá las noticias. ¿Qué harán miles de periodistas? El pronóstico es que uno de cada cuatro centros comerciales cierren en los próximos años en Estados Unidos, reduciéndose paulatinamente la superficie comercial en todo el mundo, hasta quedar concentrada en el centro de las ciudades. ¿Qué pasará con los miles de trabajos que genera la atención al público? Y eso sin entrar en el sector manufacturero, el más amenazado por la tecnología.

Muchos de estos profesionales se deberán reconvertir al sector de los cuidados, que en un mundo humanizado (en el que no vamos a querer que nos cuide un robot aunque sea R2P2), cada vez absorberá más fuerza de trabajo. También lo harán las profesiones científicas, pero para ninguno de estos sectores estarán preparados los perdedores.

Para paliar las consecuencias de este nuevo escenario, se plantea como solución clave la renta básica, un colchón que suavice el aterrizaje de los perdedores en la nueva economía. Los empresarios de Silicon Valley han sido algunos de los más proactivos en cuanto a experimentar con esta prestación, conscientes de que sus avances ponen en peligro miles de puesto de trabajo, y de que es conveniente que las personas sigan teniendo capacidad adquisitiva para seguir consumiendo.

India, Italia, Finlandia, California, Holanda, Ontario y Kenya son algunos de los países que en 2017 tienen programas para medir los resultados de la implantación de una renta básica. La proliferación de estos experimentos tiene como contrapartida una legión de detractores que enarbolan dos críticas: es muy caro y desincentiva a la gente a trabajar.

En España, lo más parecido a una renta básica ha sido la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco. Con 60.000 personas con ingresos de entre 625 euros a los 959 y en funcionamiento desde 1989. Las economistas de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica y Lucía Gorjón hicieron un análisis de los efectos de esta prestación para concluir que recibir esta ayuda no solo no retrasaba la búsqueda de un empleo, en algunos casos incluso la facilitaba.

La pasarela a ese mundo en el que muchos trabajarán menos pero disfrutarán más, necesita tejer esa red que recoja a los que no puedan o sepan adaptarse. Reorganizar las actuales ayudas abaratará una medida que puede terminar siendo de primera necesidad, como lo fue la apuesta por la sanidad pública universal. También será un elemento cohesionador e igualador en el que, cubiertas las necesidades básicas, los ciudadanos tendrán más tiempo para formarse y preocuparse por otras actividades con un mayor impacto económico.

Tampoco se puede olvidar el papel que tendrá la fuerza laboral inactiva, donde la renta básica también podrá sostener a una población envejecida. En 2046 la esperanza media de vida para las mujeres se proyecta que sea de 90 años, según el INE, y más de la mitad de la población española (dato que se puede extrapolar a la mundial) tendrá más de 55 años. La posibilidad de cobrar una pensión como la que hoy conocemos está más que en entredicho. En ese escenario la renta básica podrá ser también un sustitutivo.

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha arremetido este jueves contra la actualización del Plan de Actuación Invernal del sistema gasista propuesta por el Ministerio de Energía para tratar de atenuar el encarecimiento del gas y, con ello, subidas de precios de la electricidad producida por las centrales de ciclo combinado, que utilizan esta materia prima para producir luz y suelen ser las que marcan el precio en el mercado mayorista.

Según la CNMC, las nuevas obligaciones que quiere aplicar el ministro Álvaro Nadal para aumentar las reservas de gas ante casos de frío extremo podrían “encarecer el recibo del gas de los consumidores, ya que las compañías afrontan nuevos costes al modificarse sus niveles de reservas y la forma en que deben estar constituidas”. “Se considera que en la situación actual se dispone de suficientes herramientas de mercado como para hacer innecesario el Plan Invernal propuesto, más allá del ya previsto desde 2013”, indica en su informe la Sala de Supervisión Regulatoria del organismo.

La CNMC “recomienda posponer el Plan Invernal para evitar costes innecesarios al sistema, hasta que no se analice en profundidad la normativa vigente, las necesidades del sistema para garantizar el suministro, sus reservas estratégicas y las reformas de los mecanismos de capacidad en generación eléctrica”.

Competencia subraya que Energía “en su propuesta no ha evaluado los costes que estos cambios tendrían para el sistema” y recuerda que “durante el segundo trimestre de 2017, España fue el segundo país más caro de Europa en el suministro al cliente doméstico, según la Comisión Europea”.

El organismo considera que “actualmente, el sistema gasista en España cuenta con suficientes mecanismos para afrontar un repunte de la demanda en casos de frío extremo”: “Entre otras medidas, las comercializadoras de gas pueden gestionar sus reservas en almacenamientos subterráneos y plantas regasificadoras o abastecerse en los mercados internacionales y nacionales (MIBGAS)”.

La CNMC considera más apropiadas otras medidas para reforzar la seguridad del suministro y la liquidez del mercado; por ejemplo, establecer obligaciones de creadores de mercado (una medida que el Gobierno anunció en enero y todavía no ha terminado de implantar); trabajar por un mercado ibérico del gas y desarrollar un mercado de futuros.

Un programa informático encargado en 2007 por la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) a expertos de la Universidad Carlos III de Madrid pone en cuestión las predicciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal, sobre el efecto inflacionista que, según él, tendría en los precios de la electricidad el cierre de las centrales de carbón.

Nadal, que asegura que ese escenario encarecería “un 15%” los precios de la luz, se ha tomado como una afrenta el anuncio de cierre de las dos últimas centrales de carbón de Iberdrola (en Palencia y Asturias).

El ministro, un teórico liberal que hace un año decía que el futuro del carbón quedaría en manos del “mercado”, ha acelerado un decreto para impedir el cierre de una planta si su clausura compromete la seguridad del suministro o encarece la luz. Quiere así intervenir una actividad (la generación) que está liberalizada. Su discurso es similar al de los sindicatos, que denuncian una ofensiva “brutal” de Iberdrola para beneficiar con esos cierres a sus infrautilizadas centrales de gas. 

Las estimaciones del ministro son muy diferentes a las de la citada herramienta informática, denominada Energeia, tal y como destacó el miércoles la portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, Pilar Lucio, en la Comisión de Energía.

“La subida del precio, que no del coste de producción, porque usted a veces mezcla los conceptos”, sería según ese software de predicción de “entre un 1% y un 1,7% si las empresas se comportan de forma estratégica y del 5% si se comportan de forma competitiva”, le dijo Lucio al ministro. La diputada socialista también preguntó a Nadal “qué modelos de mercado ha usado para decir que luz subirá un 25%” si se cierra el carbón.

Nadal, que dijo que le gusta ser “riguroso” porque tiene “un currículum”, replicó que se basa en datos de Euphemia, el algoritmo que se utiliza desde hace tres años para casar los mercados europeos de electricidad. “No recalculan solo España sino todos los mercados europeos”, indicó Nadal, que aseguró que el software mencionado por Lucio es “más simple” que Euphemia.

Las previsiones de Energeia fueron difundidas la semana pasada por una de las creadoras de esta herramienta, la profesora de la Carlos III Natalia Fabra, en su cuenta de Twitter.

Fabra es una referencia académica en la investigación del sector eléctrico y uno de los proyectos que lidera (sobre la descarbonización del sector eléctrico) acaba de ser seleccionado por el Consejo Europeo de Investigación de la Comisión Europea para un programa de ayudas que dotará con 630 millones de euros a 329 investigadores europeos (entre ellos, doce españoles).

En conversación telefónica, Fabra explica que el escenario que maneja en sus previsiones es el del cierre de todo el parque de carbón del sistema ibérico de electricidad (el mercado Mibel de España y Portugal), unos 11.200 megavatios (MW), y manteniendo nuclear y el resto de tecnologías.

“Según mis cálculos, la subida sería del 5%”, pero eso sería en el mercado mayorista. Para el consumidor final el aumento se quedaría en el 2,2%, según Fabra, dado que la parte de energía supone en torno a un 40% de la factura final.

Fuera de la realidad

“Cuando el ministro habla de un 15%, si se refiere al consumidor final, la energía tendría que encarecerse un 30% en el pool”, subraya Fabra, que considera que este pronóstico está fuera de la realidad. Asimismo, en una “primera aproximación”, si esos más de 11.000 MW se sustituyeran por una potencia equivalente en energías renovables (eólica y fotovoltaica al 50%), los precios de generación caerían un 25%, lo que redundaría en una caída de precios del 7% para el consumidor final.

Fabra tampoco da credibilidad a la previsión de Nadal de un encarecimiento de la luz del 40% si se cierran todas las nucleares y el carbón.

Energeia es un simulador del comportamiento estratégico de las empresas eléctricas desarrollado por el grupo de investigación de Economía de la Energía de la Universidad Carlos III, del que forma parte Fabra. Con la estructura de propiedad actual de las instalaciones de generación y basándose en el actual parque de centrales, la aplicación “identifica el equilibrio del mercado y a qué precios quieren ofertar las empresas” y “permite también alterar escenarios y recalcular equilibrios”, explica la profesora.

La extinta CNE, que entonces tenía como consejero a Jorge Fabra, padre de la investigadora de la Carlos III, azote del oligopolio eléctrico y próximo consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE, utilizó este software para analizar, por ejemplo, los efectos de la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa a petición de la extinta Comisión Nacional de la Competencia y en un informe sobre las antiguas subastas que luego fijarían la tarifa doméstica, denominadas Cesur.

No consta que el organismo que en 2013 asumió las funciones de la CNE y la CNC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), haya utilizado este modelo. Energeia fue utilizado recientemente por la consultora PwC para la estimación de precios en las subastas renovables organizadas por el Ministerio de Energía.

Con todas las miradas puestas en Catalunya, la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España dio este lunes la voz de alarma al advertir de un espectacular incremento del precio de la luz, “excepcional y puntual”, según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante una franja muy determinada del día (de 19:00 a 20:00 horas). Una subida que ha afectado directamente a los 11,5 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), esa que, según el ministro, Álvaro Nadal, es la más barata, aunque está en retroceso frente a la del mercado libre (la favorita de las compañías eléctricas).

Los ingenieros industriales advirtieron “a los ciudadanos españoles”, basándose en datos de Red Eléctrica de España (REE), de que “durante el día de hoy [lunes], concretamente de 19:00 a 20:00h, el coste de facturación de energía activa PVPC” (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), para consumidores acogidos a esta tarifa con un contador inteligente alcanzaría los 0,18254 €/kWh.

Ese precio, al que según la federación de ingenieros habría que sumar la parte fija (peajes) y los impuestos, supera “el valor más alto de lo que llevábamos de año”. Correspondía a enero pasado, cuando en plena ola de frío, con parte del parque nuclear francés parado y el precio del gas por las nubes por los problemas de suministro desde Argelia, la luz en el PVPC “de 21:00 a 22:00h alcanzó un valor de 0,18205 €/kWh”. Esa subida llegó a propiciar que la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciase la apertura de diligencias para averiguar las razones de los “sucesivos aumentos” del precio de los recibos de la electricidad.

Los ingenieros industriales recomendaron a los ciudadanos que “en la medida de sus posibilidades, intenten desplazar sus consumos energéticos hoy fuera de la banda horaria de 18:00 a 22:00h, en donde se alcanzarán precios muy elevados” y mandaron un recado al Gobierno: “Desde finales del mes de agosto, se viene observando un incremento paulatino de los precios de la energía eléctrica, para cuya moderación parecería aconsejable adoptar algún tipo de medidas”.

En un día sin una demanda especialmente elevada, la explicación del espectacular incremento de este lunes la aportaba el ingeniero industrial y vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, en su cuenta de twitter: la activación de lo que se conoce como “reserva de potencia adicional a subir”.

Esa reserva se puso en marcha hace cuatro años como incentivo a las centrales de gas para proporcionar respaldo a las renovables en caso de una súbita bajada de su aportación con respecto a la previsión de REE. Su aplicación no es excepcional. Según Morales, desde el 1 de octubre de 2016 se ha utilizado 598 veces, un 6% de las horas. En la mayoría de esos casos se han asignado cantidades pequeñas de energía (de 1.000-2.000 MW). Este lunes fueron unos 5.000 MW, algo que tampoco es inédito. En un 5% de los casos ha habido peticiones por esa cifra o incluso más (6.400 MW a principios de octubre).

“Lo que es exagerado es el precio”, indica Morales. Normalmente ese incentivo se premia con 10 euros MWh, pero el lunes, según sus cálculos, alcanzó los 250 euros. “Me imagino que Competencia lo tendrá que investigar”, dice Morales, que calcula que con ese incentivo las eléctricas se han embolsado 4,24 millones de euros en cuatro horas sólo por tener disponibles esas centrales. “No por generar esa energía [lo cobran aparte], sino por estar disponibles”, insiste.

Una fórmula matemática

A preguntas sobre las razones de este comportamiento de los precios, fuentes del Ministerio de Energía atribuyeron este incremento “excepcional y puntual” a la aplicación de los denominados servicios de ajuste que gestiona diariamente REE, que habrían tenido un impacto, según su cálculos, de unos 40 euros por MW sobre el precio final (182 euros-MWh).

Por su parte, fuentes oficiales de REE se limitaron a señalar que la empresa aplica “la fórmula matemática que da el Ministerio y ha salido ese resultado en una franja horaria determinada”.

“No tengo conocimiento de ninguna situación excepcional”, indicó en conversación telefónica el vicepresidente de la bolsa eléctrica OMIE, el portugués Artur Trindade, que no quiso hacer más comentarios “sin poder validar técnicamente los datos”.

Subida sostenida

Independientemente del pico alcista del lunes, el comportamiento alcista de los precios de la luz viene de atrás. Con la reserva hidráulica al 37,9% de su capacidad y un 28% por debajo de la media de los últimos años, el mercado eléctrico español lleva unos meses enfrentándose a la enésima tormenta perfecta, con subidas sostenidas de precios en el mercado mayorista del entorno del 5% mes a mes.

“Una situación con precios de gas y carbón altos, precios de Francia también muy altos y una situación hidrológica bastante complicada”, resume Ignacio Soneira, director general de Axpo Iberia. “La situación no es muy esperanzadora de cara a que los precios bajen”, indica.

En enero, durante el anterior arreón de precios, el ministro de Energía cifró en 100 euros el incremento de la factura anual para un hogar medio con respecto al año 2016, que fue un ejercicio de precios relativamente bajos por la abundancia de lluvias y la abundante generación hidroeléctrica durante la primera mitad de ese año.

Desde enero hasta el 20 de octubre, último dato disponible en el simulador de precios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la factura media de un hogar ascendería ya a unos 616 euros, 76 euros por encima de la del mismo periodo de 2016.

Energía no confirma si mantiene ese pronóstico de 100 euros más para este año, profecía que el ministro reafirmó en verano, antes de que Francia pusiera (otra vez) parte de su parque nuclear en revisión, lo que añade presión a los precios en España.

El ministerio, que todavía no ha aprobado la reforma urgente del mercado del gas que anunció en enero el ministro para intentar abaratar la electricidad, contrató entonces a Gunvor, de un multimillonario sueco vinculado a Rusia y a varios paraísos fiscales, como “creador de mercado” para contener los precios. En diciembre, cuando la demanda supere los 40.000 megavatios (ahora está en unos 32.000), “puede pasar cualquier cosa”, avisa Morales.

El pasado 9 de octubre entró en vigor el nuevo bono social eléctrico a través de un Real Decreto del Gobierno central. Está basado en criterios de renta y supone descuentos de hasta el 50% en la factura de la luz para los consumidores más vulnerables. Se trata de una medida que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ‘vendido’ como un avance contra la pobreza energética pero contra la que se acumulan numerosas quejas y denuncias por parte de diferentes colectivos y, sobre todo, de las comunidades autónomas. Algunas como Castilla-La Mancha la consideran una “trampa irresponsable” ya que el decreto establece que sean los servicios sociales, es decir, la Administración autonómica, los “responsables” de posibles impagos y se hagan cargo de los mismos. Esto no solo “sobrecarga” a los trabajadores sociales, sino que da al traste con el Plan contra la Pobreza Energética de esta comunidad autónoma y de otros similares en el resto de regiones.

El Gobierno castellano-manchego está actualmente estudiando el decreto. En su día ya presentó alegaciones a un borrador que rechazaba porque invadía competencias de la comunidad autónoma, y también en este caso las ha registrado desde la Consejería de Bienestar Social, desde la de Sanidad y desde la Dirección General de Energía. Según explica a eldiarioclm.es el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, el bono social establece una serie de bonificaciones que trasladan a los servicios sociales autonómicos la responsabilidad “e incluso la culpa” de futuros impagos de la factura de la luz.

“Esto es una barbaridad”, afirma, sobre todo cuando “todas las comunidades autónomas tenemos prestaciones económicas para hacer frente a situaciones de emergencia, así como convenios con las compañías eléctricas donde les avisamos de que no se realice un corte de suministro y establecemos un plazo mientras hacemos un acompañamiento a la familia”.

Con el nuevo decreto, que además se ha aprobado “sin pacto ni negociación”, el Estado ahora puede remitir misivas a los usuarios en situación de pobreza aconsejándoles que si tienen problemas para pagar, acudan a los servicios sociales. Es decir, la Administración autonómica se queda con ese 50% de la factura para que a estas personas no se les corte el suministro. “Nos traslada así esa responsabilidad, no a la compañía ni al Ministerio, sino a nuestros servicios sociales, que son la primera puerta de entrada para los más desfavorecidos”.

En la Junta de Castilla-La Mancha quieren trasladar esta situación en los plenarios de bienestar social de las cinco provincias para detallar a los trabajadores sociales cómo les puede afectar el decreto, con una “sobrecarga tremenda” que también es un “atropello” y genera “mucha incertidumbre”. Además, la Consejería de Bienestar social también está estudiando el texto con sus servicios jurídicos por si cabe recurso contra el mismo por invasión de competencias.

Otro problema es que ahora el Ejecutivo regional puede verse obligado a revisar su Plan contra la Pobreza Energética, donde se incluyen convenios con las empresas eléctricas para pedirles que frenen cortes de suministro. Ahora estas empresas deben atenerse al decreto y decirle a los usuarios que acudan a los servicios sociales si no pueden pagar. Por todo ello la Junta ya está en contacto con otras comunidades autónomas para medir el “impacto y desborde” de los servicios sociales que supone el nuevo bono social. El director general de Acción Social recuerda que las autonomías ya gestionan su propio sistema de prestaciones económicas y de emergencia social ante impagos, en el caso de Castilla-La Mancha “con precisión técnica y con intervención social”. “Por lo tanto, no es que no queramos pagar, ya lo estamos haciendo, pero esto viene a sobrecargar a nuestros trabajadores sociales, que todavía están recuperándose después de la crisis”.  

Es la misma tesis que defienden desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Aquí lo resumen en un “yo invito, tú pagas”, o lo que es lo mismo, la “genialidad” del Ministerio consiste en evitar el corte de electricidad a los hogares que acrediten vulnerabilidad severa “si los servicios sociales –locales o autonómicos- abonan la factura”. Este colectivo asegura que el decreto está “tan magníficamente tramado” que en su propia memoria justificativa afirma que el coste total de las medidas contenidas “no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias”.

Recuerdan que el proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Consideran así que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, “se hace una foto preciosa gracias a su sensibilidad, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro y los servicios sociales que atienden ya a más de ocho millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda”, agregan.

Los “efectos perversos” del “impacto presupuestario”

Finalmente, señalan algunos “efectos perversos” como el “impacto presupuestario” en ayuntamientos y comunidades, “ni previsto ni pactado” en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales; y el hecho de que, obviamente, no haya garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales. “Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos; se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales; y se trata de una norma ”antipedagógica y paternalista“. ”Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la culpa de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones“, concluye.

Pero la afectación a los servicios sociales no es la única consecuencia prevista. También las cooperativas de consumo, una alternativa a las grandes empresas eléctricas que poco a poco se va haciendo hueco entre los consumidores, mantienen algunos temores sobre el bono social. Desde la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Energías Renovables (UNCCUER) han alertado sobre esta medida. Explican que el Gobierno de Rajoy plantea que sean la totalidad de las empresas comercializadoras las que financien el bono social (la parte no sometida al impago), estando incluidas estas cooperativas. Todas ellas actualmente operan en mercado libre por lo que no pueden ofrecer tarifas en el mercado regulado o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), a pesar de que “quieren ser agentes activos en la lucha contra la pobreza energética”.

Ejerce la vicepresidencia de esta asociación la primera comercializadora alternativa de Castilla-La Mancha, Econactiva, que apela a que los criterios aplicados “se basen en parámetros de proporcionalidad a los ingresos brutos de las compañías eléctricas, o en el peor de los casos, a la energía vendida”. Afirman que el propio Gobierno reconoce que el suministro de energía eléctrica constituye un “servicio de interés económico general”, y por eso subrayan que las condiciones de aplicación como de financiación del Bono Social “deben ser abordadas desde los criterios de proporcionalidad y progresividad, desvinculándolas de la tarifa eléctrica y aplicando los mecanismos de solidaridad ya existentes que hacen partícipe a toda la sociedad”.

“El suministro de energía no debería ser un artículo de lujo, sino un bien básico garantizado. Desde la Unión tendemos la mano a todos los agentes sociales y políticos para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del Real Decreto y garantizar así un suministro eléctrico al alcance de toda la ciudadanía”.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el “contexto político” en forma de oposición de todos los partidos salvo el PP (aunque con excepciones como la de Javier Maroto) a la continuidad de Santa María Garoña es lo que más ha “pesado” en la decisión del Gobierno central de no prorrogar la vida útil de la central nuclear más antigua de España y gemela de la accidentada Fukushima. En Euskadi, que ha sentido como propia la planta del valle burgalés de Tobalina por su cercanía a territorio alavés, algunas voces han asegurado que la noticia ha sido consecuencia de la incontestable movilización social de los últimos tiempos. Ni lo uno ni lo otro. Lo cierto es que si Garoña no seguirá en funcionamiento no es por una política energética del Gobierno de turno o por la solidez de los argumentos ecologistas. Quien se ha impuesto es el poderoso caballero llamado don dinero.

1 - La central de Garoña era pequeña, mucho más pequeña que otras instalaciones de España. La antigüedad de su reactor de primera generación obligaba a inversiones económicas adicionales que la propietaria Nuclenor (50% Endesa, 50% Iberdrola) siempre ha sido renuente a acometer.

2 – En el estío de 2009, mientras el Gobierno del PSOE cerraba ‘en diferido’ Garoña con una prórroga no renovable hasta 2013, el candidato ‘popular’ Mariano Rajoy se dio un baño de masas en la provincia de Burgos, que siempre ha apostado por Garoña y ahora se queja del impacto económico negativo en forma de pérdida de empleo e inversiones que supondrá el adiós de la planta. “No cerraré Garoña”, prometió entonces a los presentes mientras atacaba a José Luis Rodríguez Zapatero. Pues bien, en 2012 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se descolgó con una subida generalizada de impuestos que incluía nuevas tasas a las nucleares. Nuclenor lo tuvo claro, Garoña podría ser muy segura y generar mucho empleo en el entorno, pero empeza a no ser rentable. Y en diciembre quedó 'desenchufada'.

3 – En 2014, Endesa e Iberdrola debieron de interpretar que en Garoña aún había negocio. Y pidieron un marco de estabilidad al Gobierno de modo que permitiera su actividad hasta 2031, es decir, hasta que soplara 60 velas (según el ministro Nadal, el concepto de vida útil máxima de 40 años es más “mediático” que “jurídico”).

4 – Y así llegamos a 2017. Este invierno el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio luz verde a la continuidad de Garoña. Pero fijó condiciones. Reclamó mejoras en las instalaciones. Dinero. Nuevamente, la exigencia de rascarse el bolsillo retrajo a los propietarios. Al menos a Iberdrola, quien en marzo desistió de la solicitud de prórroga hasta 2031. “No es viable”, resumió Ignacio Sánchez Galán, consciente de las fricciones que este paso a un lado generó con sus socios de Endesa.

Como dijo Sánchez Galán, el cierre de Garoña no supondrá nada. Nada en lo sustancial, que era su aportación al ‘mix’ energético español. Era una planta pequeña y su peso era mínimo tanto en lo relativo a energía nuclear como, desde luego, en el conjunto de fuentes de generación. Sí es importante ver el efecto de esta decisión del Gobierno en las renovaciones de los permisos del resto de nucleares del parque español. Y, como ha remarcado el diputado ecologista y exlíder de Greenpeace Juantxo López de Uralde, será necesario igualmente fiscalizar el proceso de desmantelamiento de unas instalaciones un tanto vetustas y garantizar que esos residuos sean tratados con seguridad.

“Error histórico”, “pésima gestión”, “capricho ideológico”. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez ha dado una rueda de prensa sobre el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos) en la que no ha ahorrado un sólo reproche a quienes considera responsables: desde el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al exministro José Manuel Soria, e incluso a Iberdrola. Su comparecencia se ha producido poco después de que finalizase la del Ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciando que la reapertura de Garoña no se va a producir.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que hoy estaba trabajando en su despacho, no ha comparecido para valorar la decisión del Gobierno nacional y ha dejado la rueda de prensa en manos del vicepresidente.

De Santiago-Juárez ha confirmado que “el Gobierno de España informó ayer al presidente de la Junta de Castilla y León” sobre la decisión de no renovar la autorización de explotación de Garoña. El presidente Juan Vicente Herrera y el ministro Álvaro Nadal se reunieron en el despacho del primero. “Nosotros no compartimos esa decisión, no compartimos la decisión política adoptada por el Gobierno de España”, ha declarado el vicepresidente. “Es una mala noticia para los trabajadores, yo no sé si alguien ha pensado en los trabajadores, los cerca de 1000 trabajadores”, ha cuestionado.

El vicepresidente ha recordado que la Junta siempre ha defendido la continuidad de la central nuclear “siempre que fuese seguro para las personas y para el medio ambiente”. El cierre, según él, es una muy mala noticia para los trabajadores, para Castilla y León y para España. “Yo estoy convencido de que algún día alguien se dará cuenta del error, del error que se ha cometido”, ha insistido. Para la Junta, la energía nuclear debería formar parte del “mix energético nacional”. “El ministro nos informó ayer de esta decisión política y decidimos que era él quien debía comunicarla. Pero el asunto es: se empieza por Garoña ¿y por dónde se continúa? ¿Por el resto de las centrales? ¿Estamos tan sobrados de energía en España que vamos a desmantelar luego todas las centrales?” ha ironizado.

Sin aclarar a quiénes se refería, De Santiago Juárez ha manifestado que “muchos” iban a celebrar la decisión “desde la tumbona y el chiringuito” y que les invitaba a que visitasen el norte de Burgos para hablar con los trabajadores, “en vez de celebrarlo con una caña”.

Según el relato de los hechos del vicepresidente, “todo empezó por un capricho ideológico del presidente Zapatero”, que puso como fecha de cierre julio de 2013, y siguió “con una pésima gestión del ministro Soria”, de quien ha dicho que no le dedicaría “ni un minuto más” pero ha acotado una nota al margen: “parecía que teníamos razón los que decíamos aquellas cosas cuando era ministro y el tiempo nos la ha dado”. No ha parado ahí, el vicepresidente ha continuado asegurando que Soria había dejado pasar el tiempo, y ha precisado que entonces no había la misma situación parlamentaria que ahora. “Cambios de rumbo, cambios de criterio, cambios de opinión, incoherencias de la propia empresa” siguieron empeorando la situación. “Y así se consumó esto de lo que hoy estoy informando. Tenemos la sensación, en la Junta, de habernos quedado solos”, ha afirmado.

Ha definido la situación como “una especie de Fuenteovejuna, todos a una pero contra Garoña”, y ha insistido en que la Junta ha estado y se ha sentido “muy sola” en cuanto a la solicitud que hizo cuando el Consejo de Seguridad Nuclear dictaminó que la central Santa María de Garoña era segura. “Nos hemos quedado solos en el plano político interno –en referencia a los grupos parlamentarios regionales– y también en el externo”, por no haber recibido más apoyo en las alegaciones que el de la Asociación de Municipios Nucleares, ha comentado antes de calificar los hechos como un “error histórico”.

Herrera esta misma mañana ha mandado una carta a Mariano Rajoy en la que pide la puesta en marcha y liderazgo de un plan para la reindustrialización de la zona norte de Burgos en la que participe Nuclenor (Iberdrola y Endesa), “que se han estado beneficiando de Garoña muchos años”. Además ha adelantado que la Junta quiere implantar un tributo autonómico cuya recaudación se destinará a financiar un plan de ayuda al empleo en esa zona. La intención de la Junta es modificar el impuesto ya existente de afección medioambiental, para cobrar un impuesto porque Garoña se va a convertir en un almacén nuclear. “Hay unos residuos radiactivos depositados allí”, ha insistido el vicepresidente para justificar un gravamen del que “muchos se reían”.

De Santiago-Juárez ha finalizado afirmando que en la Junta se sienten “decepcionados, no traicionados, por el Gobierno de España, porque ”podía haber hecho otras cosas en la pasada legislatura“. A la pregunta de si Garoña ha podido ser una ”moneda de cambio para aprobar los presupuestos“, ha respondido que él no es analista político sino psiquiatra, si bien ha lanzado un último ataque: ”Iberdrola ha estado muy mal, de pedir la reapertura a esconderse y cambiar de criterio“. Recordó además que la proposición no de ley del PSOE sobre el cierre de Garoña no deja en este momento más opciones dada la actual situación parlamentaria, ya que se debatirá en septiembre y sólo se opondrán PP y Coalición Canaria.

Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que así como día, suena bastante bien. Las redes se inundarán de tuits de nuestro Gobierno, de las empresas eléctricas que apuestan por un mundo más verde y hacen anuncios chulos en la tele, de nuestro comisario Arias Cañete diciendo lo malo que es Trump porque no cree en el cambio climático... Si a una la pillan despistada, tanto elenco de buenas declaraciones puede llevarla a concluir que estos señores se dedican de verdad a cuidar del medio ambiente, aunque sea un poquito. ¿Es esto cierto?, ¿aunque sea un poquito? A tenor de cómo evolucionan las cosas, lo cierto es que no, no es cierto. Piense en el cambio climático, en la contaminación del aire, en la deforestación de los bosques, en la incineración de residuos, o en la presión sobre los espacios naturales protegidos. No parece que la cosa vaya bien.

Y para visibilizar este sinsentido, el sinsentido de que quienes deben organizar y gestionar correctamente los recursos y los bienes comunes para que todas vivamos dignamente sean precisamente quienes no lo hacen, Ecologistas en Acción otorga cada año la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente los premios Atila y Caballo de Atila a las peores conductas ambientales del año. Llevamos 25 años dando estos premios y el listado de premiados explica por sí solo por qué cada vez está peor lo que nos permite estar vivos (entendiendo aquí lo que nos hace estar vivas como todo aquello que mantiene sanos los ecosistemas de los que dependemos para respirar aire limpio, para beber agua sana, para que los insectos puedan polinizar las flores de las plantas que nos alimentan, para que nuestros suelos no estén contaminados, para que no tengamos que vivir cerca de un cementerio nuclear, para que siga habiendo peces en el mar…y cosas así). Ministros de medio ambiente, de energía, de fomento, presidentes de gobierno, bancos, instituciones europeas, grandes transnacionales…han sido los habituales de nuestra alfombra roja.

Este año nuestro premio Atila va compartido para Álvaro Nadal (nuestro ministro de Energía y Turismo) y para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Así como premiados hay que reconocer que les falta glamour pero lo saben suplir elegantemente haciendo valer sus intereses. Hasta tal punto que siguen empeñados en reabrir la central nuclear de Garoña, a pesar de que ni sus dueños quieren hacerlo, y en ampliar la vida útil de las centrales nucleares españolas a pesar de que ya nadie se cree que esta energía nos vaya a traer (a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, se entiende) nada útil.

Y qué me dicen del lobby cinegético. Estos tienen un poco más de gancho y han conseguido nuestro premio Caballo de Atila. Y decimos que tienen gancho porque a pesar de que cada año practican la caza menos personas; a pesar de que dicen que son un sector económico de interés y en auge cuando no está contabilizado en ningún sitio el dinero que mueve esta actividad; y a pesar de que esté más que demostrado que la caza no sirve para controlar poblaciones sino que precisamente las desestabiliza, y de que muchas de las modalidades de caza no respetan siquiera los principios más elementales del bienestar animal (ni con los ejemplares que cazan ni con los animales domésticos empleados para ello); a pesar de todo eso, los cazadores han aparecido estos días en el Congreso de los Diputados para pedir que se les otorgue la distinción de conservadores de la naturaleza. Ahí queda eso.

Por si fuera poco, estos días se ha colado en la actualidad ambiental Donald Trump diciendo que Estados Unidos abandona el Tratado de París, así que nos hemos visto obligadas a dar un tercer premio, el premio Flequillo del Caballo de Atila. Y es que, vale que el Tratado de París no sea una maravilla, vale que la UE directamente tenga que cambiar su política energética de arriba abajo para que nos empecemos a creer un poco que de verdad le importa este asunto. Vale, pero es que la necedad de este señor se lleva la palma. Cuando nadie en el mundo científico (salvo el primo de Rajoy, se entiende) pone en duda, no ya la existencia del cambio climático (que es evidente) sino la gravedad del asunto, y el estado de emergencia global que debemos articular para no superar los dos grados centígrados de subida media de la temperatura, el presidente de EEUU se descuelga abandonando el único marco global de negociación que existe para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso sí, hay que reconocerle el mérito de conseguir que hasta que quienes menos interés tenían en el tema se hayan tenido que pronunciar.

Y hablando de esto, vaya tarde más maja se ha quedado para celebrar el día ese del medio ambiente, ¿no? Llévese un paraguas por si acaso que con este tiempo tan loco nunca se sabe.

Que España cuente con un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares es el coste que hay que pagar para poder seguir contando con la energía nuclear, que es la más barata. Es necesario, dice el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para almacenar el mayor inconveniente de esta energía, “los residuos muy incómodos que duran hasta 30.000 años, en algunos casos. Por eso el ATC se llama temporal, porque es para 300 años”.

Nadal ha visitado este lunes Albacete donde ha participado en un desayuno empresarial organizado por la Federación de Empresarios de la provincia, FEDA, donde ha defendido el modelo mixto de energía, en el que “ todas son necesarias”, para evitar que se encarezca el coste. “No podemos prescindir - insiste- de ninguna fuente de energía de las que hoy en día tenemos en nuestro país, todas con sus ventajas e inconvenientes”. Lo que sí ha dejado claro el ministro es que si se cierran las centrales nucleares subirá el precio de la energía. “Todos aquellos que piden que se cierren las nucleares no dicen que ello subirá un 25% la factura de la energía de este país”, añade Nadal, que asegura que habría que conocer el debate público, en la calle.

Mientras tanto, la energía de los hogares y empresas españolas llegará de la nuclear por barata, aunque genere residuos; el carbón, que también es barato pese a que produce C02, lo que está en contra del objetivo medioambiental del 20%; el gas que, en cambio, tiene un elevado precio: y las renovables, que dependen del sol y el viento lo que, decía, la convierte en una energía no flexible, es decir, no se puede producir en función de la demanda.

Bajar el precio a toda costa

Que la factura de la energía sea barata para hacer que las empresas españolas sean más competitivas es el argumento principal del Gobierno central en materia energética y en la defensa a ultranza del uso de energías no renovables frente a las que sí lo son y cuya producción, no sólo no se ha incentivado en los años de Gobierno del PP, sino que se ha gravado con impuestos para paralizar su comercialización.

Un freno en seco que ha beneficiado a las grandes compañías. La prueba ha sido la última subasta de renovables, del pasado 17 de mayo, hace apenas unos días, en la que Forestalia, Gas Natural, Endesa y Gamesa se adjudicaron más de 2.500 MW en la puja, dejando fuera a las pequeñas y medianas iniciativas fotovoltáicas que no tuvieron opción alguna, ni siquiera ofertando el máximo de los descuentos posibles. El motivo, según el titular de la cartera de Energía, es que las grandes producen más y lo hacen más barato.

En contra del autoconsumo eléctrico

Han sido los propios empresarios los que han preguntado por el autoconsumo al ministro de Energía durante este desayuno informativo. Querían saber si esta opción reduce la factura de la luz. “Si me fuerzan con el autoconsumo tendré que subir la parte fija del recibo”, anticipaba Nadal que ve en esta opción, la de autoabastecerse mediante una placa solar, una forma insolidaria de consumir energía y amenaza con subir la factura al resto de ciudadanos.

Según el ministro, la estructura que lleva la energía hasta los hogares (lo que hace que pulsando el interruptor se encienda la luz), tiene un coste fijo anual para el Estado que se repercute en la factura de los ciudadanos de forma fija. “El autoconsumo hace que dejes de pagar la variable, es decir, la cantidad de energía que usas porque ya la pones tú, pero la estructura sigue estando ahí”. Por lo tanto, si esta práctica se extiende, dice Nadal, para mantener la estructura que acerca la energía a los hogares habría que subir el recibo de la luz.

Apuesta por paquetes temáticos de turismo de interior

Además de energía, el ministro ha hablado de turismo de interior que ha convertido a Castilla-La Mancha en la tercer región de España con mayor crecimiento en este sector. Para consolidarlo, dice Nadal, la opción son paquetes temáticos que atraigan a los turistas que están en otras regiones colindantes como la Comunidad Valenciana. Todo ello, señala el ministro, requerirá de una colaboración entre autonomías que apuntale el crecimiento de este turismo que llega en busca de playa pero que también quiere cultura, naturaleza, gastronomía y montaña.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, han ofrecido este miércoles en el Congreso datos inexactos o, directamente, falsos sobre la subida de la luz durante sus intervenciones en la sesión de Control al Gobierno. En concreto estos:

“Estamos en precios de 2015”

“Ahora estamos en precios de 2015. Pero en precios más baratos que en los años anteriores, 13 y 14”, ha dicho Rajoy en respuesta a una pregunta al líder de Podemos, Pablo Iglesias. La afirmación es, como poco, inexacta. Sólo se corresponde con la realidad si se tiene en cuenta el importe final de la factura en media móvil del último año (el acumulado de los últimos doce meses). En ese caso, es más baja que la del año anterior porque en el primer semestre de 2016 los precios del mercado mayorista de electricidad (que suponen en torno a un 35% en la factura de un consumidor doméstico) estaban en niveles excepcionalmente bajos por la abundancia de lluvia y viento y el abaratamiento de los combustibles fósiles.

Sin embargo, tras las fuertes subidas del mes pasado, la factura de un consumidor doméstico tipo se ha ido por encima de los 84 euros, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según Facua, es la más cara de la historia. Si Rajoy se refería al precio del mercado mayorista, es cierto que el precio del kilovatio para mañana jueves es el más bajo desde noviembre; pero tras las espectaculares subidas de enero, la media de lo que va de año supera con mucho las de los últimos ejercicios.

“El modelo ya está auditado”

En su réplica a Iglesias, Rajoy se ha negado a realizar una auditoría de los costes de generación de la electricidad en España, como le ha pedido el secretario general de Podemos. Porque ya se ha hecho y se sigue haciendo: “El modelo ya está auditado y se audita de manera continua”. No ha precisado a que auditoría se refiere. La CNMC realiza una liquidación de los costes de los agentes del sistema eléctrico, pero no una auditoría que el ministro de Energía también ha rechazado, pese a que la pide toda la oposición y el PP la acordó con Ciudadanos en su pacto para investir presidente a Rajoy.

El argumento de los populares es que con la reforma eléctrica se realizó una “auditoría exhaustiva de los costes regulados”, como dijo la semana pasada Nadal. Pero sólo afectó a las plantas de renovables y, como resume Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables, “no se auditó a las 60.000 instalaciones” de energía renovable. “Fue un trabajo de despacho, de detalle, pero jamás han explicitado en los tribunales de dónde salió ese trabajo y con qué metodología”. Morales añade que “en el régimen ordinario esa auditoría no se ha producido: no se saben los costes que tiene cada tecnología y es imposible saber si se tienen beneficios extraordinarios”.

Los costes regulados de “cualquier consumidor” 

“La parte regulada es el 60-65% de la factura de cualquier consumidor antes de impuestos”, ha dicho el ministro de Energía en respuesta a la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez. La afirmación es falsa. Ese porcentaje supone el peso en el total del sistema eléctrico de los costes regulados, que retribuyen entre otras las partidas para el transporte, la distribución, las primas a las renovables y los costes de los sistemas eléctricos aislados. Pero no los de “cualquier consumidor”, porque la parte regulada no se reparte igual entre los distintos tipos de usuarios. Pesa mucho más entre los domésticos que entre los industriales. Y hay consumidores industriales a los que esa parte regulada les sale a devolver, porque cobran por estar en el sistema: los interrumpibles, la gran industria intensiva en consumo, que tiene ese privilegio a cambio de estar disponibles para un corte de luz en caso de puntuales problemas de suministro. Este mecanismo apenas se utiliza desde hace años.

El impuesto eléctrico no lo implantó Aznar

El impuesto especial sobre la electricidad “no viene de la época del señor Aznar, viene de mucho más atrás”, ha asegurado Álvaro Nadal a la diputada Melisa Rodríguez. Es mentira: tal y como recoge este estudio de la Agencia Tributaria de 2003, ese tributo estaba contemplado en la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Esta norma fue sancionada el 30 de Diciembre de 1997 en Baqueira Beret por Juan Carlos I con la firma del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. En aquel momento, el propio Álvaro Nadal era asesor del ministro de Energía de esos primeros años del aznarismo, Josep Piqué.

Otra cosa es que existiera un gravamen anterior a esa ley, el recargo sobre la facturación de energía eléctrica, en concepto de ayudas a la minería del carbón, que estuvo vigente hasta entonces.

Más subidas en otros países

“Las facturas en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y otros países pues se han subido más que en el nuestro”, ha dicho Rajoy. La afirmación es, cuando menos, discutible, y difícil de demostrar. Muy posiblemente el presidente se refería a la evolución del mercado mayorista de electricidad, que ha marcado en España precios inferiores a los de otros países europeos, si bien el pool tiene un efecto inmediato en lo que pagan los usuarios que no se traslada en el resto de países. En España la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) implantada en 2014 factura la energía por horas (si se tiene un contador inteligente), algo que no sucede en otros países.

Además, otros reguladores han dado más importancia a los contratos bilaterales a largo plazo entre comercializadoras y generadoras, que garantizan precios más estables. En España, el consumidor sujeto al PVPC depende de las subastas y el precio de la energía se conoce con sólo un día de antelación. En cualquier caso, habrá que esperar a que Eurostat, la agencia estadística europea, publique su tradicional informe de precios de la electricidad, que año a año sitúa a España entre los países más caros de Europa para un consumidor doméstico.

Sin mentar a la lluvia como hizo horas antes el presidente del Gobierno, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, confirmó este jueves en el Congreso que no prevé medidas para contener el espectacular incremento registrado por el precio de la electricidad a lo largo del mes de enero, que confió en que “remita pronto” y camine hacia la “normalización”. No obstante, sí lanzó una propuesta a la oposición: se mostró dispuesto a elevar los impuestos que desde la reforma eléctrica de 2013 se cobran a la hidroeléctrica y la nuclear por los “beneficios caídos del cielo” que reciben estas dos tecnologías, ya amortizadas y en las que no hay libertad de entrada.

Pertrechado de gráficos (hasta cuatro mostró en su intervención inicial, al más puro estilo de su antiguo jefe, el exvicepresidente Rodrigo Rato, creador del perverso sistema del déficit tarifario), el ministro repitió su diagnóstico para explicar la subida de estas últimas semanas: encarecimiento de materias primas, indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, ola de frío... Y, pese a las peticiones de la oposición, dejó claro, una vez más, que el Gobierno no tiene previsto reformar el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad que, dijo, “utilizan 23 países de Europa”.

Se trataría de evitar una dinámica que ha criticado la Comisión Europea y que, en opinión con los críticos con ese mecanismo de fijación de precios, permite, como lo definió la portavoz socialista, Pilar Lucio, que los consumidores “estemos pagando sardinas a precios de besugo”. Lucio aludía a que con el actual modelo todas las tecnologías de generación (incluidas las ya amortizadas, nuclear hidráulica) cobran el mismo precio: el que marca la última central que permite casar la oferta y la demanda.

El ministro volvió a negarse a alterar este modelo y argumentó que donde se ha cambiado este sistema (Italia y los Estados de Hawai y Maine) tuvieron que rectificar. Otra cosa sería “discutir” si sería conveniente elevar el canon a la hidroeléctrica y la tasa a los residuos nucleares que puso en marcha la reforma eléctrica de 2013, que supone unos 450 millones de euros anuales, una cifra que, dijo, a las compañías del sector les parece “una barbaridad”. 

El Gobierno del PP, dijo, “ha sido el primero en la historia” que ha “ido a por los beneficios caídos del cielo” de estas dos tecnologías con la creación de esos impuestos. “Pongámonos de acuerdo si ustedes piensan que se puede subir”, señaló. Posteriormente, en respuesta a preguntas de los periodistas, ha aclarado, no obstante, que “la propuesta del Gobierno es mantenerlo como está”, aunque reconoció que se trata de un “instrumento de política económica” que está “disponible”. 

Esperar a que escampe

Al margen de esa propuesta, la comparecencia de Nadal en el Congreso dejó clara la estrategia del Gobierno en relación con la escalada de la luz: esperar a que cambie la coyuntura climatológica (que llueva y sople el viento) para que los precios bajen y escampe en el malestar de una opinión pública que ve cómo España se consolida como uno de los países con el recibo de la luz más caros de Europa. 

El actual escenario de “fortísima volatilidad” de precios, dijo el ministro, “no es la primera vez que ocurre” y “no es algo extraordinario”. Nadal calificó de “irresponsable” la proposición de ley recién registrada por toda la oposición para tratar de impulsar el autoconsumo eléctrico porque a su juicio incrementaría los costes regulados del sector.

También volvió a negarse a realizar una auditoría de costes del sector que reclamaron prácticamente todos los partidos de la oposición, porque insistió, ya se realizó en la reforma de la primera legislatura de Rajoy, calificada de “fracaso” por varios portavoces. 

El ministro de Energía, que ofreció algún dato falso, como su afirmación de que el Gobierno rebajó el año pasado los peajes eléctricos, la parte regulada del recibo (en realidad, los congeló) también confirmó que, pese a las oscilaciones de estos días, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) “siempre es más barato” que el mercado libre, pese a que las compañías y el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, están aprovechando la escalada de estos días para promocionar sus bondades. “Las eléctricas nunca llaman para convencerte de que te pases al PVPC”, dijo.

Nadal señaló que su ministerio está realizando “consultas” para que comprobar que las centrales térmicas que cobran los denominados pagos por capacidad por estar disponibles tienen niveles “adecuados” de reservas de combustibles.

No se dejen engatusar por la poderosa máquina propagandística de la industria del cine norteamericana. El lugar donde la cruda realidad se ve reemplazada por la magia y la imaginación más desbordantes, el territorio donde de verdad está permitido soñar y el auténtico reino de la ilusión no reside en Hollywood; está en España. Aunque igualen el récord de nominaciones de Titanic no pueden competir con nosotros: ellos solo tienen una ciudad de la estrellas, nosotros tenemos un país entero.

Si alguien merecía de verdad una declaración de amor como la película de Damien Chazelle no es el cine o el musical, sino las administraciones públicas, las eléctricas y las grandes constructoras españolas. Se han ganado a pulso un sentido homenaje por los inolvidables momentos que nos ha hecho y nos hacen vivir. Qué guiones, qué efectos especiales, qué ritmo, qué narrativas, qué derroches de ingenio y creatividad; sus superproducciones representan mejor que nada el triunfo definitivo del arte y el talento.

No hay actores en Hollywood que puedan acercarse siquiera al nivel de perfección que demuestran el ministro de energía, Álvaro Nadal, o los portavoces de las eléctricas cuando salen a explicarnos que resulta perfectamente normal que paguemos la electricidad más cara de Europa 15 años después de la liberalización, que ha sido voluntad de Eolo, Dios de viento, que los precios más altos coincidan con la mayor ola frío, o que la mano invisible del mercado maneja las subastas y por eso da igual el método empleado porque las eléctricas siempre ganan.

No existen guionistas en Hollywood capaces de idear y resolver una trama ni la mitad de complicada que la que ha rodeado al famoso decreto de las cláusulas suelo. Los giros y sorpresas del guión resultan simplemente insuperables y han logrado que, a día de hoy, nadie sepa exactamente cómo se reclama o a qué se comprometen las entidades financieras. No se quedan tampoco atrás las extraordinarias actuaciones del ministro Luis de Guindos o los jefazos de la banca, explicándonos lo bueno que es para nosotros un decreto donde todo lo decide el banco y si no te gusta, te jodes o demandas.

No hay superproducción de catástrofes de Hollywood que pueda competir con los fenomenales desastres coproducidos por el Ministerio de Fomento y las grandes constructoras de infraestructuras públicas cuando nieva, arrecia el temporal, llueve mucho o sopla fuerte el viento. Entonces lucen en todo su esplendor los millones de euros pagados en dinero público para que mantengan y conserven nuestra red de comunicaciones. Nadie puede dejar tirados a más conductores y viajeros con tanto dinero.

Y lo mejor de todo es que, al igual que en ese buen cine clásico que inspira 'La La Land', siempre llega un final feliz al que agarrarse. Luego de tanta desgracia, desencuentro y suspense, los responsables de las diferentes administraciones públicas que permiten que todo eso pase una y otra vez lo arreglan todo pidiendo perdón, diciendo que lo sienten y recordándonos que podemos encontrar toda la información en su pagina web.

El precio de la luz anda desbocado en las últimas semanas y ayer volvió a subir marcando otro récord desde 2013. La organización de consumidores Facua ha denunciado que el aumento es del 28% respecto a enero de 2016. Entre las razones de esta subida se cuentan las condiciones meteorológicas adversas a la generación de renovables, es decir poco viento y menos lluvia en los embalses.

Pero también la falta de previsión de las comercializadoras al no almacenar gas de reserva para crear electricidad mediante su combustión o el posible desvío de barcos cargados de gas a mercados más interesantes que España. El caso es que el precio de la electricidad en las subastas de energía se ha encarecido mucho por falta de alternativas y es al consumidor a quién le toca pagar este aumento en el variable de su factura.

Cabe recordar que este variable viene a ser un tercio de la factura y que en condiciones normales quedaba soterrado bajo el peso de la potencia contratada y la infinidad de peajes, compensaciones e impuestos que estamos condenados a pagar por el mero hecho de tener acceso a una fuente de energía básica. Pero con el actual 'subidón', este variable puede hacerse notable en la factura, sobre todo si no tenemos cuidado y no actuamos con raciocinio.

A continuación te proponemos 10 políticas que te ayudan a esquivar facturas abultadas por el 'subidón' en el precio de la luz.

1. Ser coherentes con la política de luces encendidas

Una luz encendida un rato no supone apenas un gasto perceptible, pero si la mantenemos encendida durante ocho horas, gastaremos entre 0,24 euros y 0,88 euros. Por cada bombilla encendida deberemos aplicar este precio, de modo que con cinco bombillas ya alcanzaremos los dos euros. Si lo multiplicamos por 30 días sacaremos un gasto de 60 euros en iluminación.

Es de confiar en que no tengamos tantas bombillas encendidas durante tantas horas, pero para ello debemos vigilar las tulipas de habitaciones cerradas a las que nunca entramos, las de los lavabos en los que acabamos de estar y las luces del fondo del pasillo, que dan más ambiente que iluminación. Todas ellas apagadas pueden ayudar a dejar este gasto mensual en unos pocos euros.

2. Fregar la vajilla a mano

El lavavajillas gasta 0,34 euros las dos horas, probablemente más cada día que pasa. No parece demasiado, pero si le sumamos uno por día de la semana salen 2,38 euros como mínimo que van a sumarse a la factura junto con otros gastos. Esto sin contar el adicional gasto de agua caliente. Si no somos familia numerosa y ensuciamos poco, mejor lavar a mano y secar con trapo.

3. Evitar las lavadoras a media carga

Una lavadora es un poco más cara que el lavavajillas, y según el programa que usemos puede serlo mucho más y alcanzar los 0,45 euros por uso. Es mejor optar por usarla en lejos de las horas punta, bien llena de ropa, en programas económicos y con agua fría. Evitemos poner una lavadora solo para asear unos calcetines.

4. Reservar lavavajillas y lavadora para el fin de semana

Si podemos, la mejor alternativa en caso de querer usar el lavavajillas es el fin de semana, cuando los precios bajan porque no hay tanta actividad industrial, que es la que encarece el precio de la subasta diaria. Y lo mismo sucede con las lavadoras. Nos pasaremos el tiempo de descanso lavando, pero conseguiremos sortear el 'subidón', que nadie sabe cuándo parará.

5. Programar los lavados para la madrugada

Otra opción es poner la lavadora y el lavavajillas al irnos a dormir, o al menos a partir de las once de la noche, y apagarlos por la mañana; de este modo lavaremos durante el periodo más barato. Aunque si tenemos el sueño ligero, el pitido de final de lavado nos puede estropear el descanso.

6. Dar a los radiadores la función de secar ropa

La secadora es al consumo eléctrico lo que Darth Vader a la buena voluntad: un agujero negro. Se calcula que un programa de secado extra de ropa puede superar el euro y medio de gasto. En cambio, si aprovechamos los radiadores de la calefacción para secar las piezas húmedas mataremos dos pájaros de un tiro: nos calentamos y secamos la ropa.

7. Evitar elaborar platos de larga cocción

Otra política lógica, si usamos vitrocerámica, tal vez la opción más extendida en las cocinas modernas, es evitar los guisos y estofados, dado que un solo fogón encendido ya gasta 38 céntimos de euro a la hora. Si somos de fabada, lentejas con chorizo, cocido y otros pesos pesados de la cocina nacional a diario, acabaremos pagando cinco euros a la semana por fogón en gasto de vitrocerámica.

8. Aprovechar el fin de semana para cocinar

Mejor si durante el 'subidón' apostamos por los platos rápidos como tortillas, carne a la plancha, caldo de tetra brik -aunque algunas marcas son realmente caras-, etc. Y mucho mejor si vamos al pollo frío, las ensaladas, los quesos, los embutidos o los patés. Si queremos hacer sopas, purés, estofados, guisos, callos y otras lindezas gastronómicas, podemos aprovechar el fin de semana para cocinar y luego congelar o guardar en túpperes en la nevera. Siempre tendremos un mejor precio de la luz.

9. Mantener la temperatura de la casa lo más alta posible

Hay que evitar los malos hábitos que disparan el gasto de tu calefacción: ventilar cuando más frío hace, dejar puertas abiertas de habitaciones que no se usan, no cerrar los radiadores de esas habitaciones, bajar las persianas de día cuando nos vamos a trabajar, no correr las cortinas por la noche, andar por casa ligeros de ropa, etc.

El enlace al inicio del párrafo anterior documenta bien cómo evitar tirar tontamente megavatios de energía en temas de calefacción. Es obvio que si hace mucho frío, tendremos que tener algunos radiadores encendidos, pero debemos ser conscientes de que su gasto, en caso de ser eléctricos, se dispara a casi los 0,25 euros la hora. En ocho horas son dos euros por radiador y día, siempre que no se nos ocurra dejarlos encendidos cuando estamos fuera, o los pongamos al máximo toda la noche.

10. Evitar los 'stand by' cuando estemos fuera

Adicionalmente, cuando no haya nadie en casa podemos dejar encendidos solo los electrodomésticos necesarios -nevera y calentador si es eléctrico-, apagando el router y los 'stand by' de la televisión y otros tantos aparatos que usen este sistema para el encendido en remoto. Por cierto que mirar la tele es una de las costumbres más baratas que se pueden tener, ya apenas gasta un céntimo por ocho horas de funcionamiento. Otra cosa es la calidad de la programación...

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines

En medio de la preocupación por la escalada de los precios de la luz en plena ola de frío, el Gobierno va a estudiar adoptar medidas “inmediatas” donde ve mayor margen de actuación, el mercado del gas. En cuanto al mercado de la electricidad, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, reconoce que “puede ocurrir que alguien aproveche que el Pisuerga pasa por Valladolid y provoque incrementos de precios artificiales”.

Según Nadal, no se puede actuar sobre los precios de la electricidad, ya que se trata de un mercado armonizado con una normativa comunitaria “muy estricta” que impide intervenir en los mismos. Pero sí reconoce que existen una serie de “costes extra” y “cuestiones técnicas” que se pueden mejorar, y sobre todo que “tenemos que ver si alguna cuestión puede estar afectando artificialmente”.  

En una entrevista en Onda Cero, el ministro, que el miércoles atribuía la escalada del recibo de la luz a un cúmulo de factores (ola de frío, más demanda, escasez de lluvia y viento y mayores exportaciones a Francia por la parada de un 25% de su parque nuclear), ha explicado este jueves que en lo relativo a los mercados internacionales y la meteorología “puede ocurrir que haya razones objetivas para que suba, pero también que se estén produciendo subidas artificiales”, por lo que se ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que estudie esta posibilidad. De momento, la CNMC no ha incoado expediente alguno.

Nadal, que ha insistido en que la parte regulada del recibo (la que no depende del coste de la energía) se va a mantener congelada, ha asegurado que hay una “evolución muy preocupante y muy compleja” en el mercado del gas, que a la postre influye en las subidas de los precios de la energía, ya que son las centrales de ciclo combinado (que queman gas natural para producir electricidad) las que marcan el precio que cobra el resto de tecnologías.

“Hoy jueves vamos a estudiar medidas en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para hacer más transparente y líquido este tipo de mercado, de manera que suba lo que tiene que subir, pero que no suba un euro más”.

Para Nadal “no se puede mantener el bajo coste de la factura eléctrica de 2016, porque las condiciones no son las mismas”. Ha explicado que el pasado ejercicio fue “un buen año, con precios muy bajos” pero “en 2017 estamos volviendo a los precios de 2015”. La primera mitad del año pasado fue excepcional en la aportación del viento y la lluvia, que deprimen los precios eléctricos.

“Evolución muy preocupante”

“Donde estamos viendo una evolución muy preocupante, muy compleja, es en el mercado del gas”, ha insistido, y “si los que están fijando el precio eléctrico son centrales que utilizan gas, el problema no es tanto transformar ese gas en electricidad, sino ver lo que está costando ese gas”, ha dicho. 

Es ahí donde el Gobierno tiene “mucho más margen de actuación”, y la capacidad de tomar “una decisión de política energética inmediata”, ya que “son mercados en formación y nos queda recorrido para mejorar su funcionamiento”.

El ministro no ha querido hablar de “sospechas” sobre la manipulación de formación de precios en este mercado, pero sí ha admitido que “hay que estar muy vigilante”, porque “los mercados funcionan siempre con mayores y menores grados de competencia”. Admite que “no en todos los ámbitos hay el suficiente número de actores para saber si el mercado es suficientemente líquido y competitivo”.