El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación, planteado por la Diputación de Sevilla, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que confirmó la anulación de la retirada definitiva de la medalla de oro que había concedido el ente provincial en 1969 a José Utrera Molina, exministro de la dictadura ranquista y ex gobernador civil de Ciudad Real, Burgos y Sevilla.

Así figura en un auto emitido el pasado 4 de diciembre y recogido por Europa Press, en la que el Supremo declara la admisión a trámite del recurso de casación de la Diputación. El Alto Tribunal concluye que hay cuestiones que “presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”. En concreto, se trata de determinar si la Ley 50/2007 (la Ley de Memoria Histórica aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero), aplicable temporalmente a la controversia, puede servir de base para el acuerdo de la Diputación de Sevilla de retirada de la Medalla de Oro de esa provincia concedida en 1969 a José Utrera Molina.

“Y, en caso afirmativo, si el alcance y significado del concepto de exaltación, personal o colectiva, al que se refiere el artículo 15.1 de dicha Ley 50/2007 ha de venir motivado por acciones o conductas objetivamente subsumibles en el concepto de exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil y de la dictadura o si, por el contrario, la exaltación comprende la mera participación en todos o algunos de estos acontecimientos históricos, como pudiera ser el hecho de haber desempeñado cargos públicos relevantes”, precisa el Supremo.

Utrera Molina, que murió en Nerja (Málaga) en 2017, fue también secretario general del Movimiento, y elogiaba sin complejos al dictador Francisco Franco como “un hombre excepcional”. Se definía como “falangista”. Su hijo Luis Felipe es letrado de la familia Franco y su yerno es Alberto Ruiz-Gallardón. En su funeral se entonó el 'Cara al Sol' en plena calle.

Retirada en 2016 y devuelta por sentencia judicial

La retirada se adoptó por un acuerdo del Pleno en diciembre de 2016, cuando la Diputación de Sevilla estaba gobernada por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos. El acuerdo revocaba definitivamente la medalla de oro que había concedido en 1969 dicha institución al exministro de Franco y ex gobernador civil de Ciudad Real, Burgos y Sevilla José Utrera Molina.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla estimó el recurso de la familia de Utrera Molina y anuló el mencionado acuerdo plenario. El juzgado concluía que el Reglamentó de Honores y Distinciones de la Diputación estipula que “estos honores y distinciones podrán ser revocados, mediante el procedimiento de revisión de oficio (...) cuando por cualquier circunstancia motivada los beneficiarios desacreditaran el honor o distinción impuesto”, pero según el procedimiento administrativo común.

Si bien la representación de la Diputación esgrimía la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, el Juzgado señalaba que el Reglamento de Honores y Distinciones de la institución provincial “remite al procedimiento de revisión de oficio regulado” por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones, que exige “previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere”.

“Examinado el expediente administrativo, hemos de dar la razón a la parte recurrente al haber prescindido la Administración demandada del trámite legalmente previsto al no obrar en el expediente el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, motivo por el que procede estimar el presente recurso y declarar la nulidad de la resolución recurrida”, concluía el juzgado.

El TSJA revocó la sentencia del juzgado en cuanto al pronunciamiento de haberse dictado (el acuerdo plenario) prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, pero entró en el fondo del asunto anulando y dejando sin efecto el acuerdo de retirada de la distinción porque no consideró acreditado que la concesión de la medalla “viniera motivada por la participación activa en el régimen franquista, ni que estuviera conectado con las circunstancias contempladas en el artículo 15.1 de la Ley 52/2007”, de modo que no le era aplicable esa norma. Esto será lo que deba valorar en casación el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha decidido anular la condena impuesta a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, por vincular al exministro franquista José Utrera Molina con la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974. Los jueces anulan la indemnización de 5.000 que la política andaluza tenía que pagar a sus descendientes y explica que sus declaraciones están enmarcadas por la libertad de expresión. Lo que hizo Rodríguez, según los jueces de la sala de lo civil, no fue vulnerar el honor del alto cargo de la dictadura sino “contribuir al debate y formación de la opinión pública en una sociedad democrática”.

Rodríguez publicó en marzo de 2018 un tuit con motivo del 44 aniversario de la ejecución de Salvador Puig Antich en 1974 por parte de las autoridades franquistas. En su mensaje, Rodríguez incluía entre los “responsables” del asesinato a Manuel Fraga y también a José Utrera Molina. En el segundo caso, señaló que “fue enterrado el año pasado al son del cara al sol por miembros del mismo partido”. Falleció en abril de 2017 y en su funeral en la localidad malagueña de Nerja varios falangistas cantaron el 'Cara al Sol' mientras, entre otros, el exministro Alberto Ruiz Gallardón sujetaba el féretro de su suegro.

La familia del ya fallecido alto cargo del régimen franquista llevó a Rodríguez a los tribunales reclamando una indemnización de 10.000 euros y asegurando que esta afirmación vulneraba el honor de Utrera Molina. Tanto el juzgado número 50 de Madrid como posteriormente la Audiencia Provincial de la capital dieron la razón a la familia del político franquista y entendieron que debían ser indemnizados con 5.000 euros. La Audiencia dijo, por ejemplo, que hacerle responsable del “asesinato” es algo que “no tiene justificación en la libre crítica que puede y sin duda debe realizarse de determinados momentos históricos o regímenes políticos”.

Unos argumentos que rechazan de plano los magistrados de la sala de lo civil del Tribunal Supremo, con el magistrado Rafael Sarazá como ponente. Entienden, en primer lugar, que su tuit trataba sobre “hechos de interés general acaecidos en los últimos tiempos de la dictadura del general Franco”. Además la suya era, añaden, “una opinión relacionada con una etapa histórica reciente y con las conductas políticas relacionadas con dicha etapa histórica supone, objetivamente, una contribución al debate político”.

Los jueces del Supremo entienden que la diputada no adscrita expresó su opinión pero no atribuyó un delito de asesinato a Utrera Molina: “Expresa la opinión de la recurrente sobre la responsabilidad política del fallecido, en tanto que alto dirigente político e integrante del Consejo de Ministros que dio el «enterado» a la pena de muerte del Sr. Puig Antich, en la ejecución del condenado a muerte”. Para los magistrados de la sala primera del alto tribunal la opinión emitida por Rodríguez en su cuenta de Twitter “cumple la función de contribuir al debate y formación de la opinión pública en una sociedad democrática y está amparada por la libertad de expresión”.

Los jueces explican que Teresa Rodríguez no empleó expresiones “insultantes o denigrantes” y, por tanto, ejerció su libertad de expresión “conforme a parámetros constitucionales”. Un uso de la libertad de expresión que “ha de prevalecer sobre la memoria del fallecido Sr. Utrera Molina”. Citan a lo largo de la sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para explicar también que cuando se trata de asuntos públicos el criterio debe ser más flexible: “Los límites de los comentarios críticos son más amplios respecto de las figuras públicas, ya que están inevitablemente, y a sabiendas, expuestos al escrutinio público y, por lo tanto, deben mostrar un grado de tolerancia particularmente alto”.

El Tribunal Supremo también tiene en cuenta a favor de Rodríguez su condición de parlamentaria aunque sus declaraciones fueran hechas a través de su cuenta oficial de Twitter. Existe una “mayor protección” a las declaraciones de los representantes aunque se hagan a través de esta red social, algo que “no desvirtúa esta circunstancia, puesto que, conforme a los usos sociales actuales, esta red social es un canal de expresión por el que los dirigentes políticos se dirigen habitualmente a la opinión pública”.

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado este lunes que presentará recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que la condena a pagar 5.000 euros a los herederos del ministro franquista Utrera Molina por denunciar en un tuit la vinculación de éste con el asesinato del joven catalán Salvador Puig Antich en los estertores de la dictadura y ha asegurado que se mantendrá siempre firme en la defensa de la libertad de expresión “tanto para mí como para toda la ciudadanía”.

La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid a instancias de los herederos de Utrera Molina, “condena a Alfredo Díaz Cardiel y a Teresa Rodríguez (ambos de Podemos) a la eliminación de dichos tuits de sus cuentas en Twitter y a la publicación de la sentencia en la red social de Twitter, debiendo abonar la cantidad de 5.000 euros cada uno (...)”. En la misma sentencia se absuelve al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Este fue el tuit de Rodríguez, publicado el 2 de marzo de 2018 y así se desarrolló el funeral al que alude:

En un comunicado, los asesores jurídicos de Podemos han señalado que “la sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión de Teresa Rodríguez, la cual conlleva poder criticar las actuaciones políticas, entre ellas las condenas a muerte de la dictadura”.

Asimismo, añaden que la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid “se aleja de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de derechos fundamentales”. “Una sentencia de este tipo, que interpreta de una manera restrictiva los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Española, será revocada a través del recurso de apelación”, sostienen.

“La jueza, en una decisión inexplicable, no entra a ponderar el derecho a la libertad de expresión sino únicamente el sentimiento de unos familiares --los hijos de Utrera Molina--, ni valora cuestiones planteadas por la defensa como los derechos a la libertad de expresión y a la crítica política recogido en el artículo 20.1 de la CE y doctrina y jurisprudencia del TC y TEDH, argumentos que incluso esgrimió el Ministerio Fiscal para solicitar la desestimación de la denuncia interpuesta por los herederos del ministro franquista”, añade.

Por último, desde Podemos Andalucía mantienen que “Utrera Molina es directamente responsable --en términos políticos-- de la ejecución de Puig Antich, y si por tanto la afirmación de su responsabilidad es plenamente veraz como así lo piensan en los juzgados de Argentina donde se le llegó a investigar por dicha muerte”.

Los hijos de José Utrera Molina, uno de los prohombres del Franquismo, han demandado a la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; al diputado de ERC Gabriel Rufián; y al exdirigente de Podemos en Toledo Alfredo Díaz-Cardiel Udaondo, por señalarlo como uno de los firmantes de la sentencia de muerte contra el joven catalán Salvador Puig Antich en los estertores de la dictadura. 

En la demanda, a la que ha tenido acceso eldiario.es, exigen una indemnización de 10.000 euros por sendos tuits publicados en el cuadragésimo cuarto aniversario de la ejecución de Puig Antich. El pasado 2 de marzo, Rodríguez, Rufián y Díaz-Cardiel publicaban en la red social un mensaje en recuerdo del que fuera último ajusticiado de la dictadura fascista por garrote vil.

En los tuits, los tres hicieron una referencia a Utrera Molina, que había fallecido un año antes.

En la demanda, los hijos de Utrera Molina reconocen todo el pasado falangista y franquista de su padre, así como la defensa que hizo de la dictadura durante toda su vida el que fuera fallido candidato por Málaga de la Alianza Popular fundada por Manuel Fraga y otros ministros franquistas, convertida hoy en el Partido Popular.

Los demandantes aseguran que los tres tuits tenían por objetivo “dañar la imagen y el nombre” de su padre “atribuyéndole la autoría material o, al menos, una responsabilidad directa en la muerte de Salvador Puig-Antich”. Algo que, en opinión de los hijos de Utrera Molina, “es absolutamente falaz”. Son, apunta la demanda, “insidias infamantes que provocan objetivamente el público descrédito” de su padre.

Los herederos del ya fallecido máximo dirigente falangista denuncian además que Rufián hiciera una referencia a que su padre muriera “en la cama” el pasado mes de abril de 2017. “Sugiere subrepticiamente que dicha muerte no era la que merecía el fallecido”, sino que “se le considera merecedor de haber muerto de una forma distinta (se supone violenta)”.

Utrera Molina formaba parte del Gobierno militar cuando Puig Antich fue condenado a muerte por el asesinato de un policía nacional. El Consejo de Ministros ratificó dicha sentencia, tal y como reconocen los demandantes. El matiz, según los hijos del que fuera máximo dirigente del Movimiento Nacional durante el juicio militar contra el joven anarquista catalán, es que el Gobierno daba “el enterado”, es decir, un mero “acuse de recibo” de las sentencias a muerte. “Ni aunque hubiera querido”, asegura el escrito, “podía ninguno de los ministros de aquél gabinete haber hecho nada para impedir la ejecución”.

La respuesta de Rufián

Gabriel Rufián ya ha presentado su escrito de respuesta a la demanda. En un largo documento al que ha tenido acceso eldiario.es, el diputado ve “imposible que un tuitero que profundizase sobre el mensaje hubiese deducido que D. José Utrera Molina era una persona ajena a aquella condena, puesto que la prensa aseveró que había firmado o autorizado esa ejecución”.

El dirigente catalán recuerda diversos artículos de prensa que abundan sobre el hecho de que la sentencia de muerte vino precedida de la firma de los miembros del Consejo de Ministros de Francisco Franco, tal y como reconocen los propios demandantes. 

Rufián también recuerda que la jueza argentina María Servini, que intentó juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura militar, “pidió su extradición” precisamente por los hechos que se denuncian en los tuits. 

El Gobierno de España y la Fiscalía rechazaron en su día la puesta a disposición de la Justicia de los 18 ex altos cargos franquistas cuyo testimonio reclamó Servini. Una decisión que los demandantes utilizan en su escrito para justificar la inocencia de su padre en la última ejecución por garrote vil del franquismo.

“La importancia de su cargo, el tenso momento histórico y la presión mediática, hacen pensar a cualquier observador objetivo que fue una ejecución en la que hubo de tener voz y voto y que fue meditada y debatida internamente”. Y sigue: “Su cooperación en el trámite está asumida con convicción y conformidad, por mucho que se quiera relativizar. Eso no equivale a acusarle de asesinato, como se pretende de adverso de forma grandilocuente, pero tampoco le hace inmune a la crítica social subyacente en los tuits”.

El diputado presenta un vídeo como prueba con una entrevista al propio Utrera Molina en el que asegura al respecto de la condena a muerte de Puig Antich: “Eso lo llevaba el ministro de Justicia y Franco lo firmaba, los demás no decíamos nada, estábamos de acuerdo con la medida que se podía tomar”. Y añade: “Ni siquiera recuerdo que pasara eso por Consejo de Ministros. No me acuerdo, sino lo diría. Pero habría dicho que 'sí' a una decisión colectiva frente a gente que se estaba acreditando en el asesinato y el ataque al Estado. Estábamos en contra de quienes querían subvertir el orden en España”.

Exaltación del pasado franqusita

Utrera Molina comenzó su prolija y ascendente carrera en la dictadura militar como gobernador civil de Ciudad Real, cargo que desempeñó también en Burgos y Sevilla. Además de procurador en Cortes durante dos décadas, llegó a ser ministro de Vivienda en el Gobierno de Carrero Blanco.

Tras su muerte en un atentado de ETA, el nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, le ascendió a ministro-secretario general del Movimiento, lo que le convertía automáticamente en máximo dirigente de la Falange Española de las JONS, único partido político permitido por el dictador militar.

Los herederos reconocen este pasado. Incluso lo glosan a lo largo de la demanda. Tampoco tenía sentido esconder una trayectoria que recogen los libros de historia y que tuvo como colofón el entierro del propio Utrera Molina, en abril de 2017, y que supuso toda una exaltación del régimen dictatorial impuesto en España entre 1936 y 1975.

En el funeral, a la salida del féretro de la iglesia, un grupo de nostálgicos entonó el Cara al sol. Con el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón presente.

Los hechos generaron gran polémica, llegando a ser investigados por la Guardia Civil por posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

“Yo me responsabilizo de que se cantara el Cara al sol y de que se saludara con el saludo tradicional de la falange”, aseguraron en un escrito los hijos de Utrera Molina, entre los que se encuentra la esposa de Gallardón. El que también fuera alcalde de Madrid fue uno de los encargados de portar el féretro, aunque entonces rehusó hacer comentarios al respecto “al no estar ya en política”.

En el texto citado, los familiares también se responsabilizan “de homenajear a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera” y remarcaban querer “seguir haciéndolo” y “defender a los que lo hagan”. “Yo me responsabilizo de poner a mi padre su camisa azul y las cinco flechas en homenaje a él y a todos los que como él trabajaron con dignidad por una España unida, grande y libre”, rezaba el escrito.

El Pleno del ayuntamiento de Málaga aprobó este jueves retirar las distinciones honoríficas al exministro franquista José Utrera Molina, con el voto favorable de todos los partidos menos el Partido Popular, que se ha abstenido. Aunque en un principio la retirada se iba a adoptar como moción institucional por unanimidad, el alcalde Francisco de la Torre ya dijo la semana pasada que los honores a Utrera Molina se le concedieron en 1973 por “sus valores, sus cualidades humanas y por su afecto a Málaga y su sensibilidad social”. Hoy, el PP ha defendido que su oposición se basa en que en 2016 ya se retiraron los honores de forma genérica a todos los colaboradores del régimen franquista, y que eso incluye a Utrera Molina.

A petición de la concejala del PP Gema del Corral, la Comisión de la Memoria Histórica debatió a comienzos de la semana pasada la existencia de una demanda de una asociación memorialista en la que se pide al ayuntamiento de Málaga que retire a Utrera Molina, fallecido el pasado abril, las distinciones de Hijo Predilecto y Medalla de la ciudad. Cuando uno de sus hijos se enteró de la noticia escribió una carta muy dura con los concejales, especialmente con De la Torre, recordando que el propio alcalde había distinguido a su padre en 1975, siendo presidente de la Diputación, y también que había estado presente en su entierro. Cuestionado por una periodista, el alcalde dijo comprender “parte” de lo expresado por Utrera-Molina hijo y pidió a la oposición que reconsiderara lo que se había acordado en comisión.

Descartada la vía de la moción institucional por el cambio de postura del PP, el asunto se ha debatido finalmente a propuesta de Málaga para la Gente-IU, cuyo portavoz Eduardo Zorrilla ha pedido la retirada de las distinciones a Utrera Molina (Hijo Predilecto y Medalla de la ciudad) con base en el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, que prevé que las administraciones retiren “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. “No pretendemos reabrir heridas. Tiene la finalidad de contribuir a la justicia, la dignificación de la memoria democrática, a la reconciliación y la concordia”, explicó Zorrilla.

Pero el PP y el alcalde no lo ven así. La concejala Del Corral argumentó que en un edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en diciembre de 2016 a propósito de la retirada de las distinciones a Franco (acordada en 2007), ya se recoge la anulación de los honores de “todos los que colaboraron” con el régimen. “Eso incluye a todos”, insistió la concejala. Zorrilla rechazó la declaración “genérica” porque, según él, “es necesario una declaración con nombres y apellidos tal y como se dieron esas distinciones”, tesis que compartieron los portavoces de los demás grupos.

De la Torre se ha visto expuesto por este asunto, primero porque la carta del hijo era especialmente dura contra él, y en segundo lugar porque ha tenido que rectificar a su propio grupo frustrando así la unanimidad. Tanto Zorrilla como la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se preguntaron si la postura de De la Torre en este asunto respondía al hecho de que hubiese distinguido a Utrera Molina en el pasado. “No enturbien el trabajo que se viene haciendo desde este ayuntamiento de reconocimiento de la memoria. Pueden dar una imagen de resistencia a cumplir la ley. No es conveniente para su propio interés”, le espetó Zorrilla al alcalde.

De la Torre insistió en su tesis de que las distinciones al exministro franquista y conocido falangista se hicieron por su supuesta aportación al desarrollo de Málaga, hechos que “están en las actas de este Pleno del año 73 (creación de la Residencia de Tercera Edad, ampliación de Carlos Haya, ocho ambulatorios), y es evidente que es por la gratitud de la ciudad de aquel momento a unos hechos concretos que para nada tienen que ver con la exaltación de la Guerra Civil, golpe de Estado o represión”. “Si quieren buscar concordia, los ocho hijos de Utrera Molina ya no digo que les incomode, sino que les hiere el reproche público a una vida que en su sentido de malagueño tuvo interés por Málaga”, continuó el alcalde. “Fueron seis o siete mil familias que salieron de viviendas que eran chabolas a viviendas con cierta dignidad”, agregó después de resaltar los trabajos del ayuntamiento por la “recuperación de la dignidad de las víctimas”.

Zorrilla cerró el debate recordando que tampoco a Franco se le distinguió como alcalde perpetuo por la sublevación, la Guerra Civil o la represión, sino “fundamentada pretendidamente por sus acciones en favor de Málaga”. “Y nosotros le quitamos esta distinción”, dijo Zorrilla. Lo mismo ocurrió este jueves con Utrera Molina, que dejará de ser Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad de Málaga.

Lo que en un principio parecía que sería una decisión que el Ayuntamiento de Málaga adoptaría sin mayor discusión (la retirada de los honores de la ciudad a un exministro franquista) se ha convertido, por obra de unas declaraciones del alcalde, en piedra de toque para medir el grado de desapego de Francisco de la Torre hacia la memoria de José Utrera Molina.

La historia, resumida, es la siguiente: el lunes 15 de enero la Comisión de Memoria del Ayuntamiento acordó por unanimidad proponer al Pleno la retirada de las distinciones (Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad) a José Utrera Molina, exministro franquista y conocido falangista fallecido el año pasado. Al día siguiente, su hijo publicó una encendida carta en su blog personal, denunciando a los “miserables –y cobardes-” concejales que pretendían retirar los honores a su padre y al conocer la carta, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidió a la oposición “renegociar” el acuerdo al que había llegado la Comisión de la Memoria, y que debía ser elevado a Pleno para que este lo aprobara como moción institucional.

El asunto parece ahora lejos de estar cerrado. La carta de Luis Felipe Utrera-Molina Gómez es una diatriba contra la decisión de los concejales. El hijo del exministro franquista se sintió dolido especialmente con la unanimidad de la propuesta. “Me pregunto si en el Pleno en el que se debata la propuesta se producirá una unanimidad clamorosa o habrá lugar para algún gesto de dignidad personal”, escribió, recordando que De la Torre estuvo presente en el acto de imposición de la Medalla a su padre, en 1975, y también en el entierro en 2017, cuando se acompañó el traslado del féretro con cánticos del Cara al Sol.

Utrera-Molina Gómez, abogado de profesión, dice en su carta que hay algunos concejales que “están más obligados por su biografía que otros” y que se reserva “el legítimo derecho a enviarles a algunos de los miembros de esa corporación una pluma de gallina para mostrarles de esa forma mi desprecio”. “Podrán los miserables –y los cobardes- retirarle los honores y oropeles del ayer. Pero no podrán empañar su recuerdo con la mugrienta grasa de su resentimiento”, escribió el hijo del exministro.

“Esa medalla no se la concedió Málaga por motivos ideológicos sino por una exigencia de gratitud”, según el hijo, que enumera algunas de las obras por las que debería guardársele tal gratitud, como “la ampliación del Carlos de Haya” y “la creación de ocho ambulatorios y agencias de la Seguridad Social y siete Hogares y una Residencia de Pensionistas”. Para Utrera-Molina Gómez, la retirada de honores sería un “agravio” “movido por el odio, en unos, o por la cobardía en otros”.

Distinción “por sus valores”

La carta tuvo inmediata respuesta del alcalde, que el miércoles llamó a la oposición a renegociar la decisión de retirar los honores. Las distinciones a Utrera Molina se deben a “sus valores, sus cualidades humanas y por su afecto a Málaga y su sensibilidad social”, dijo De la Torre a Sur. Fuentes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga explican a eldiario.es/Andalucía que “parte de las razones” expuestas por el hijo de Utrera Molina “deben ser consideradas” y que el alcalde nunca dio instrucciones para orientar el voto de los representantes del Partido Popular en la Comisión.

El alcalde se refirió también a la opinión que el secretario del Ayuntamiento manifestó en un Pleno de junio de 2016, que avalaría la tesis de que la distinción se extinguió con el fallecimiento de Utrera Molina. Sin embargo, el secretario no se refería exactamente al mismo supuesto, sino a cómo debía ejecutarse un acuerdo previo sobre la retirada de honores a Francisco Franco. Así consta en el acta del Pleno del 30 de junio de 2016, que puede consultarse en la web municipal. El acuerdo sobre el dictador había sido adoptado en noviembre de 2007 pero no se había ejecutado, de modo que en 2016 el Pleno aprobó instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites de ejecución. Es entonces cuando el secretario opinó que estaba “cumplido” con la mera adopción del Pleno en 2007, y que siendo un honor personal e intransferible no hacía falta comunicarlo a nadie porque la persona a la que se retiraban los honores, Francisco Franco, estaba evidentemente muerta.

En el caso de Utrera Molina no ha existido ningún acuerdo previo de retirada. No se trata de ejecutar, sino de adoptar un acuerdo similar al que se llegó en 2007 para el dictador. Fuentes del equipo de Gobierno interpretan que el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica (el mismo al amparo del cual se retiraron las distinciones a Franco) establece la retirada de símbolos que exalten la sublevación, la Guerra Civil y la represión de la dictadura franquista, pero no los reconocimientos. “La legislación en vigor, tanto la norma nacional como la autonómica, no recogen una revisión ad personam de los reconocimientos”, entienden en el equipo de Gobierno. “De hecho, el espíritu de la normativa no es revisar la memoria colectiva sino reparar a las víctimas”, aseguran, antes de añadir que “la comisión tendrá que seguir trabajando y determinar cómo se concreta la aplicación de la Ley en Málaga”.

El inicio de este proceso tiene su origen en una demanda interpuesta ante la jurisdicción contencioso-administrativa por una asociación memorialista. El Ayuntamiento admite que contestó a esa demanda oponiéndose, aunque no ha explicado a este medio los argumentos por los que se opuso. El abogado ya avanzó a este medio que retirará la demanda si el Ayuntamiento acuerda retirar los honores a José Utrera Molina.

El Ayuntamiento de Málaga llevará a Pleno la retirada de los honores del exministro franquista José Utrera Molina. El político, nacido en Málaga en 1926 y fallecido en Nerja el pasado mes de abril, era hasta ahora Hijo Predilecto y Medalla de la ciudad. La propuesta de retirarle los honores se produce después de que el Ayuntamiento haya recibido la notificación de una demanda interpuesta por una asociación memorialista contra los consistorios de Sevilla, Málaga y Nerja, por mantener honores al exministro franquista.

La decisión de promover la retirada de honores a Utrera Molina se tomó el martes en la Comisión de Memoria Histórica, por unanimidad de todos los grupos (PP, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente-IU), y fue adelantada por Sur. Según explica Remedios Ramos, concejala de Málaga para la Gente, la concejala del PP Gema del Corral planteó la moción, argumentando que el Ayuntamiento había recibido una demanda de una asociación memorialista en la que se pedía la retirada.

Según Ramos, en un primer momento Del Corral adujo la existencia de un informe del secretario en el que se expone que esos honores se extinguen con el fallecimiento, que en el caso de Utrera Molina se produjo en abril. Habría así una derogación tácita. Pero como otros grupos exigieron hacerla explícita, se acordó por unanimidad pedir la retirada de honores en una moción institucional llevada al Pleno, que suelen aprobarse sin ni siquiera debate.

La demanda a la que se refería Ramos, y de la que informó en su día eldiario.es/Andalucía, fue interpuesta ante los juzgados de lo contencioso-administrativo en agosto por la asociación memorialista Ranz Orosas. Eduardo Ranz, el abogado que firma la demanda, explica a este medio que registró las correspondientes peticiones a los ayuntamientos de Nerja, Málaga y Sevilla poco después del fallecimiento de Utrera Molina, y a la vista de la esquela publicada en ABC donde se mencionaban sus honores. El Ayuntamiento de Nerja contestó que ya se le había retirado por un acuerdo de 1980, pero Málaga no dio respuesta. Pasado el plazo de tres meses, en agosto Ranz interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo, al que se opuso el Ayuntamiento, y para el que aún no se ha dictado sentencia.

“La jurisprudencia establece que deben ser retirados por quien los otorgó. A veces son honores y distinciones que otorgaron ministerios u organismos que ya no existen, pero el Ayuntamiento de Málaga lo otorgó y sí existe, por lo que debe ser revocado por el Ayuntamiento”, argumenta Eduardo Ranz, para quien no existe tal “retirada tácita de honores”. “Si el Ayuntamiento acuerda cumplir con el Estado de Derecho y el Código Civil es una magnífica noticia. El procedimiento judicial no tendría sentido ni objeto, y por mi parte no tendría sentido continuar con el mismo”, comenta el abogado.

Utrera Molina, suegro de Alberto Ruiz Gallardón, fue ministro de Vivienda de la dictadura desde 1973 a 1974, con el primer y único gobierno de Carrero Blanco. Miembro de la facción más dura del régimen y considerado como un hombre fuerte del llamado búnker, fue nombrado ministro-secretario general del Movimiento. Con una fuerte vinculación con Falange, fue también gobernador civil de Sevilla, Ciudad Real y Burgos, y votó en contra de la Ley para la Reforma Política que derogó los Principios Fundamentales del Movimiento, en 1976.

Era también patrón de la Fundación Francisco Franco. La jueza argentina María Servini dictó una orden de extradición contra él y otros 18 cargos franquistas, por la firma de la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich. Se declaró falangista hasta su fallecimiento, y en su entierro se pudo ver a una decena de personas cantando a voz en grito el Cara al Sol. Sus hijos reivindicaron aquella acción.

Además de sus reconocimientos municipales, Utrera Molina tiene las Grandes Cruces de Alfonso X el Sabio, del Mérito Civil, Mérito Militar y Mérito Agrícola y la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, tal y como explicó en su momento eldiario.es. La moción institucional para la retirada de sus honores en Málaga podría presentarse para su aprobación en el próximo Pleno, que se celebrará el jueves 26 de enero. El Ayuntamiento de Málaga no retiró las distinciones de Franco hasta junio de 2016, y hubo que esperar seis meses más para que se publicara en el Boletín de la Provincia y la retirada fuera efectiva.

El abogado Eduardo Ranz, especialista en procesos legales de memoria histórica, ha demandado por vulneración de derechos fundamentales a los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Nerja por mantener los honores y distinciones con el exministro José Utrera Molina, fallecido el pasado mes de abril. Unos días después de su muerte en Nerja, previo a la vía judicial, el pasado 25 de abril se presentaron ante los tres ayuntamientos derechos de petición solicitando la retirada de los honores y distinciones. “Consecuencia de no haber habido respuesta, se presenta la demanda transcurridos los tres meses legalmente establecidos”, explica el abogado en un comunicado.

El letrado explica que, según ha conocido a través de la propia esquela de Utrera Molina, el exministro de Franco disfrutaba de diversos honores y distinciones otorgados a lo largo de su vida. “El artículo 32 del Código Civil establece que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, lo que supone los honores y distinciones son vitalicios, siendo sus efectos jurídicos durante su vida, por tanto, al fallecer, cesan dichos efectos”, añade.

Medalla de oro

Los mencionados honores son que ostenta la medalla de oro de la ciudad de Sevilla, la medalla de oro e hijo predilecto de Málaga y el título de hijo adoptivo de Nerja. En Sevilla, el reconocido “falangista” había acudido por sí mismo a la justicia para frenar la retirada definitiva de la Medalla de Oro concedida en 1969 por la Diputación de Sevilla. En todo caso, el Ayuntamiento le retiró su nombre de una calle de la capital y trabaja en averiguar qué distinciones tiene para proceder, igualmente, a su retirada, según apuntan fuentes municipales a este periódico.

“Mantener los honores y distinciones, tras el fallecimiento del homenajeado o distinguido, supone una declaración de lesividad contraria a la jurisprudencia, y al Código Civil, puesto que los honores y distinciones despliegan toda su eficacia jurídica durante la vida, cesando los efectos jurídicos con el fallecimiento, y extinguiéndose con la muerte”.

Según la demandad, “los honores y distinciones deben ser retirados por el fallecimiento, por la entidad que los otorgó. Contando desde este momento, si no se procediera a su retirada, procederíamos en el plazo de tres meses a interponer recurso contencioso-administrativo contra los ayuntamientos”.

Independientemente de los honores y distinciones, Ranz considera que las imágenes que hemos visto sobre el entierro de Utrera Molina constituyen “un acto de exaltación de guerra civil y dictadura, lo que vulnera la Ley de Memoria Histórica, agravado por el hecho de observar a un exministro de justicia del gobierno de Rajoy, presente”.

El Gobierno andaluz considera una “provocación” la carta en la que los hijos de José Utrera Molina responden a la investigación por exaltación del fascismo en el entierro del exministro franquista. La Junta de Andalucía ha remitido el texto a la Guardia Civil de Nerja (Málaga), que lleva el caso, “para que considere su inclusión en el expediente abierto”.

“La carta es una provocación y la hemos puesto en conocimiento de la Policía Judicial, que nos pidió desde el primer momento toda la información y colaboración al respecto”, según apuntan a eldiario.es fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta. El gabinete jurídico de la administración regional trabaja además la vía administrativa “por si cabe aplicar alguna sanción” al vulnerar la recién aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

En la misiva, los familiares se declaran “falangistas” y reivindican los actos realizados tras la ceremonia religiosa, incluido el Cara el sol entonado en presencia del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, casado con una hija del alto cargo de Franco. Al sepelio acudió un grupo de personas ataviadas con indumentaria fascista y se entonaron “vivas” a Franco y al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

Tras el polémico entierro, la Dirección General de Memoria Democrática de la región envió un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Málaga para saber qué medidas iba a tomar al respecto. La versión de los Utrera ha sido publicada tras la apertura de diligencias por la Guardia Civil para comprobar si estos hechos suponen una infracción de las leyes de Memoria Histórica estatal y regional.

Un entierro “como hacemos los falangistas”

“Yo me responsabilizo de que se cantara el Cara al sol y de que se saludara con el saludo tradicional de la falange”, reza la carta firmada por los hijos de Utrera Molina: “José Antonio, Margarita, María del Mar, María del Rocío, María de los Reyes, María Victoria, Luis Felipe y César Utrera-Molina Gómez”. Los familiares reivindican además el homenaje “a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera” y describen el entierro como una despedida “como hacemos los cristianos y los falangistas con nuestros seres queridos”.

La Junta ha pedido al Gobierno que actúe tras el sepelio del exministro de Franco y ahora ha remitido la carta de los Utrera a la Policía Judicial. “Es evidente que la carta es una provocación en un caso muy sensible”, remarcan las fuentes consultadas.

A la vía legal, que debe determinar si hay vulneración del artículo 32 de la ley de Memoria andaluza, se une la administrativa que puede acabar en sanción de la Junta. Todo, subrayan, bajo una máxima: “la ley es de obligado cumplimiento para todo el mundo”.

Pese a estos procesos, los saludos fascistas y el Cara al sol cantado en el entierro del exministro de la dictaduray declarado “falangista” salen barato por ahora. Ningún juzgado tramita una causa por enaltecimiento del franquismo ni hay fiscalía que entre de oficio. Caso diferente a otros como el que ha llevado ante el juez a los presentadores de ‘El Intermedio’, El Gran Wyoming y Dani Mateo, por llamar “esa mierda” a la cruz del Valle de los Caídos. O, con anterioridad, supuso el encarcelamiento de unos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo y una condena a la tuitera Cassandra Vera por hacer chistes sobre el expresidente franquista Carrero Blanco.

Los hijos de José Utrera Molina se declaran “falangistas” y reivindican la exaltación a Franco y el Cara al sol entonado durante el entierro del exministro franquista. La familia responde así en una carta abierta a la investigación del sepelio por exaltación del franquismo.

La versión de los Utrera se hace pública después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja (Málaga) haya abierto diligencias para comprobar si estos hechos suponen una infracción de la Ley de Memoria Histórica.

“Yo me responsabilizo de que se cantara el Cara al sol y de que se saludara con el saludo tradicional de la falange”, reza el escrito firmado por “José Antonio, Margarita, María del Mar, María del Rocío, María de los Reyes, María Victoria, Luis Felipe y César Utrera-Molina Gómez”.

Fue una despedida “como hacemos los cristianos y los falangistas con nuestros seres queridos”, escriben los hisjos de Utrera Molina, entre ellos la mujer del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, presente también en el polémico sepelio. Los familiares también se responsabilizan “de homenajear a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera”, con la intención que remarcan “de seguir haciéndolo y de defender a los que lo hagan”.

Una decena de integrantes de Falange Española entonaron el pasado 22 de abril el himno fascista a la salida de la ceremonia religiosa en la iglesia de San Miguel de Nerja (Málaga) por la muerte de Utrera Molina. Lanzaron, además, gritos a favor del dictador Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera. Entre los portadores del féretro del exministro franquista estaba su yerno, Alberto Ruiz-Gallardón.

Ante el cariz de las imágenes difundidas, la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía envió un escrito a la Subdelegacion del Gobierno en Málaga para saber qué medidas iba a tomar al respecto. Las diligencias abiertas por la Policía Judicial de Nerja obedecen a la comprobación de estos hechos expuestos.

Para la Abogacía del Estado, la actuación se habría desarrollado en el marco de “un acto que pertenece al ámbito privado” y “no tiene competencia para intervenir” en el caso al amparo de la Ley de Memoria Histórica nacional, ha informado Europa Press.

Un “homenaje” a Franco y Primo de Rivera

Los vástagos del alto cargo de la dictadura –que estaba imputado en la querella argentina por crímenes contra la humanidad– lanzan su respuesta “ante la publicación de la noticia” de que “la Guardia Civil investiga el entierro de don José Utrera Molina”. El escrito está dirigido a Rosa Aguilar tras la denuncia por infracción del artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada en marzo en el Parlamento de Andalucía.

“Yo me responsabilizo de poner a mi Padre su camisa azul y las cinco flechas en homenaje a él y a todos los que como él trabajaron con dignidad por una España unida, grande y libre”, replican los hijos de Utrera Molina. El entierro fue una deferencia a “todo lo que él representa”, subrayan, extendiendo el homenaje “a Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera”.

“Y por supuesto manifiesto mi intención de seguir haciéndolo y de defender a los que lo hagan”, culmina la familia del exministro del franquismo. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, expresó entonces una “rotunda condena a la exaltación del franquismo” y el “menosprecio y humillación a las víctimas” ocurrida en el entierro. Según la Abogacía del Estado, las actuaciones que contemple la legislación andaluza “deben llevarse a cabo por la Junta de Andalucía”.

Retirada de todos los “honores y distinciones” otorgados en vida al exministro franquista José Utrera Molina. Es la petición que el abogado Eduardo Ranz ha elevado al Consejo de Ministros y los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Nerja. De no ser atendidas “en tres meses”, el letrado interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra estas instituciones.

De los “cuatro derechos de petición” elevados, al Consejo de Ministros se pide la retirada de las Grandes Cruces de Alfonso X el Sabio, del Mérito Civil, Mérito Militar con distintivo blanco y Mérito Agrícola, además de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas. A Sevilla, requiere la eliminación de la medalla de oro de la ciudad, como a Málaga, donde añade la distinción de hijo predilecto. Nerja mantiene el reconocimiento de hijo adoptivo.

Utrera Molina fue enterrado días atrás y estos reconocimientos “deben ser retirados” tras el fallecimiento del homenajeado por la misma “entidad que los otorgó”, dice Ranz. Además, un grupo de falangistas entonó el 'Cara al sol', durante el cortejo fúnebre. El abogado especializado en derechos humanos entiende que fue “un acto de exaltación de la guerra civil y la dictadura” que “vulnera” la Ley de Memoria Histórica “con el agravante” de la presencia del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, yerno de Utrera Molina.

Imputado por crímenes del franquismo

“Según hemos conocido a través de la propia esquela de Utrera Molina, disfrutaba de diversos honores y distinciones otorgados a lo largo de su vida”, explica Eduardo Ranz. Mantener estos homenajes “supone una declaración de lesividad contraria a la jurisprudencia y el Código Civil”, sostiene. Los reconocimientos de este tipo “despliegan toda su eficacia jurídica durante la vida, cesando los efectos jurídicos con el fallecimiento y extinguiéndose con la muerte”, añade.

El ejercicio de este derecho fundamental de petición está basado en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica estatal, que en su artículo 15.1 dice: “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Además, la legislación memorialista amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecuciones o violencia durante el mismo periodo.

Utrera Molina estaba imputado en la querella argentina que investiga los crímenes del franquismo por firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en marzo de 1974. La jueza María Servini llegó a pedir su extradición para juzgarle en Buenos Aires por delitos de lesa humanidad, algo que nunca ocurrió por los regates del Gobierno de España a la justicia del país austral.

La polémica por el Cara al sol cantado por un grupo de falangistas brazo en alto en el entierro el pasado fin de semana del exministro franquista José Utrera Molina en Nerja (Málaga) ha reabierto el debate sobre la memoria histórica para el que Andalucía cuenta además con su propia ley, en vigor desde no hace todavía un mes. Sobre todo, porque en este caso hay otro ingrediente: la delgada línea que separa lo ocurrido en un acto tan privado como un funeral y la ilegalidad de la exaltación del fascismo.

Si ya era complicado que los partidos se pusieran de acuerdo en dicha ley para superar fronteras como la del supuesto valor artístico de ciertos monumentos o grabados en edificios, mucho más en este suceso, donde los hechos en cuestión se produjeron en presencia del exministro de Justicia y yerno del fallecido, Alberto Ruiz Gallardón, lo que ha servido a sus rivales para ir contra un PP que no se siente cómodo con estos temas.

Es más, la cuestión es tan delicada que inicialmente fuerzas como Podemos e IU han reprochado “tibieza” a la Junta de Andalucía, a quien acusan de no salir al paso tras conocerse los hechos y producirse las primeras reacciones, e incluso este miércoles todavía había diputados del PSOE que no sabían muy bien cómo responder a la prensa sobre lo ocurrido y hablaban de no meterse “en un entierro”.

Con ley pero sin reglamentos

“Las administraciones de Andalucía, en el marco de sus competencias, prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron el golpe militar y la dictadura”, reza textualmente la Ley de Memoria Histórica de la comunidad autónoma.

Esto es, a juicio de Podemos e IU, suficiente para tomar medidas con lo ocurrido. No lo tiene tan claro la Junta de Andalucía, que primero ha remitido el caso al Gobierno de España y luego ha confirmado que se ha encargado a los servicios jurídicos un informe para ver qué se puede hacer dado que con una ley que no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hasta el pasado 28 de marzo ni siquiera está todavía su desarrollo reglamentario.

Por ello, ha sido este miércoles cuando la consejera de Cultura y por tanto responsable de memoria histórica ha decidido mostrar contundencia. Rosa Aguilar ha revelado también que se ha enviado una carta a la Subdelegación del Gobierno en Málaga para que les diga “si va a llevar a cabo alguna actuación al respecto, que desde nuestro punto de vista debiera hacerlo”. Desde su punto de vista, debería porque entiende que “se ha incumplido el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía”.

Las juventudes socialistas, los primeros

La diputada del PSOE María Márquez ha declarado que el partido respalda “todas las acciones que ha anunciado la consejera”. Como también ha hecho con la iniciativa que el mismo domingo tomó Juventudes Socialistas de España (JSE) con su intención de elevar los hechos a la fiscalía. “Ha sido la primera organización en España que se ha manifestado este tema para que la fiscalía nos diga si es un hecho constitutivo de delito o no”, ha apuntado tras conocerse este miércoles que Podemos anunciaba a su vez que también denunciaría en el ministerio público.

“Fue un insulto a la inteligencia colectiva en este país y el PP debe dejar de ponerse de perfil en situaciones que son gravísimas. Ya lo hizo cuando se abstuvo con la ley; luego con los Presupuestos Generales del Estado que por quinto año consecutivo destinan 0 euros para memoria histórica, metiendo la ley de 2007 en un cajón para evitar la reparación; y ahora con este tema. Debe salir públicamente a decir qué es lo que piensa y más cuando allí hay una persona que ha sido ministro del PP”, critica.

Con esto, el PSOE intenta que otras fuerzas, especialmente Podemos, no se le adelanten en la condena de los hechos, apuntando incluso a Susana Díaz. De hecho, a primera hora de este miércoles lo hacía el también diputado Jesús de Manuel: “Susana Díaz está muy preocupada por el auge de la extrema derecha en Francia mientras en Andalucía asiste impasible al incumplimiento de la ley”. No dudaba éste tampoco en recordar que Susana Díaz defendió la abstención para la investidura de Mariano Rajoy, líder de un PP con dirigentes que “hacen comprensible por qué en España no hay un auge de la ultraderecha” como en otros países de Europa.

Tanto estas afirmaciones como las palabras del líder de IU, Antonio Maíllo, pidiendo que la Junta de Andalucía “tome cartas en el asunto y que no chifle ni silbe” porque lo ocurrido “va contra la ley”, han molestado a los socialistas, que como se ha referido, han señalado hacia los populares y su silencio.

De hecho, la portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, respondía a la prensa sobre el asunto: “Estamos en lo que estamos, en los problemas reales que le preocupan a los andaluces”. Para luego corregirse tras la insistencia de los periodistas: “Lo que no quiere decir que éste no sea un problema adicional por el que nos tengamos que preocupar”.

Paradójicamente, la impasibilidad mostrada hasta el momento por la Delegación del Gobierno de Andalucía choca con la contundencia con la que su responsable, Antonio Sanz, actuó recientemente contra las banderas republicanas que izaron varios consistorios, comenzando por el Ayuntamiento de Cádiz gobernado por el alcalde de la fuerza alineada con Podemos, José María González.

Alberto Ruiz-Gallardón ha dedicado una necrológica a su suegro y exministro de Franco, José Utrera Molina, en una doble página de ABC.

“Me hubiera gustado escribir estas líneas contando únicamente las excepcionales cualidades humanas de Pepe Utrera, un hombre machadianamente bueno y cuyo desprendimiento y caballerosidad no ha podido desmentir nadie que le haya conocido” son las primeras palabras que el exministro de Justicia en el periódico.

Gallardón, que ayer acudió al funeral de su suegro donde se cantó el 'Cara al sol', ha escrito en ABC como miembro de la familia de Utrera Molina: “Su rica vida intelectual y familiar, de la que he tenido la fortuna de ser testigo y partícipe, pero también su propio sentido del saber estar, le pusieron a salvo de esos fantasmas. (...) En su caso el apego a unos principios no se transformó jamás en rencor hacia el adversario. 'Nunca viví estrangulado por la intolerancia', confesaba (Utrera Molina)”.

El hijo del exministro franquista, Luis Felipe, también le ha dedicado a su padre una carta a dos columnas: “Te has marchado en primavera. No podía ser de otra manera. Te has marchado como soñaste: cara al sol, mirando al mar y sin cambiar de bandera”.

También ha hecho referencia a la Ley de Memoria Histórica: “Podrán quitar tu nombre de las calles pero jamás la gratitud de tantas miles de familias a las que procuraste una vivienda digna, escuelas para sus hijos, y tantas y tantas cosas que no cabrían en un libro”.

Un grupo de falangistas entonó este sábado el 'Cara al sol' tras la misa funeral por José Utrera Molina, ministro y vicepresidente en diferentes gobiernos de Francisco Franco, fallecido a los 91 años.

En el cortejo fúnebre participaba entre otros, Alberto Ruiz-Gallardón, hijo político del fallecido. Este diario se ha puesto en contacto con el ex-alcalde y ex-ministro de Justicia con Mariano Rajoy para recabar su explicación en la participación de este acto de exaltación falangista. Ruiz-Gallardón ha rechazado dar explicaciones, “al no estar ya en política”.

Los hechos tuvieron lugar en la iglesia de San Miguel de Nerja (Málaga). Según publica Diario Sur, varios allegados, entre ellos Ruiz-Gallardón, portaron el ataúd entre la iglesia y el coche fúnebre para su posterior traslado al crematorio de Vélez-Málaga, donde será incinerado, según indica Efe de fuentes del tanatorio.

Entre los asistentes a la misa se encontraban la hija de Franco, Carmen Franco Polo, junto a uno de sus vástagos, así como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Bajo el cargo de vicepresidente del gobierno, Utrera Molina firmó la sentencia de muerte en marzo de 1974 de Salvador Puig Antich, el último preso ejecutado en España con garrote vil. Por ese hecho, fue imputado en 2014 por la justicia argentina, además de dictar una orden de extradición contra él.

Parte de la simbología franquista se eterniza en España sin aparentes problemas. Yugo y flechas en fachadas, estatuas… hasta un equipo de fútbol. En las antípodas subsiste la lenta reparación a las víctimas. Es la memoria inacabada. En Sevilla, como ejemplo, queda dibujado el caso de la avenida Utrera Molina frente a la calle Otto Engelhardt.

El rótulo dedicado al exministro de la dictadura seguía intacto casi un año después de que el Ayuntamiento aprobara esta medida en aplicación de la ley de Memoria Histórica. El descuido fue denunciado por IU y el Ayuntamiento enmendó el pasado lunes el olvido. Al mismo tiempo, la familia del cónsul alemán que trajo la luz y revolucionó el transporte público en la ciudad pide una calle a su nombre. 'Don Otto' fue ejecutado por los golpistas en 1936. La solicitud lleva la firma de su nieta, Ruth Engelhardt.

El homenaje al que fuera director de la Compañía Sevillana de Electricidad y de Tranvías de Sevilla está avalado por la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Una petición que apoyan numerosas asociaciones memorialistas y las delegaciones sindicales de UGT, CCOO y el Sindicato Andaluz de Trabajadores.

Otto, ejecutado por oponerse “al fascismo”

Como personaje antagónico al alto cargo de Franco aparece 'don Otto': “defensor de las libertades y los derechos humanos, que trajo la luz a la ciudad de Sevilla, así como la modernización del transporte urbano y con sus actuaciones como cónsul honorario alemán, fue garante de la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial”, escribe Ruth Engelhardt.

El lugar elegido para rotular una vía con su nombre es “el tramo de la calle Ronda de Triana” donde estuvieron “las cocheras de los tranvías”. Queda la decisión en manos del Ayuntamiento de Sevilla.

Otto tenía 70 años y una prolífica biografía truncada a balazos. Asesinado a manos rebeldes “por manifestar abiertamente sus ideas liberales y pacifistas y su oposición al fascismo”. Nacido en la Baja Sajonia, estudió ingeniería y ya en España fue asiduo colaborador de periódicos como El Liberal de Sevilla que dirigía su amigo José Laguillo.

Uno de los hitos de su intensa vida llegó el 13 de junio de 1931. Otto Engelhardt devolvía a su país todas las condecoraciones recibidas tras la 'Gran Guerra'. Un año después, la República le concede la nacionalidad española y renuncia a la alemana. Sus fervientes críticas al incipiente nazismo sirvieron para estar vigilado por la Alemania de Hitler y, a la postre, para firmar su sentencia de muerte. En la última etapa de su vida, y antes de la ejecución en septiembre del 36, llegó a fundar el laboratorio Sanavida en San Juan de Aznalfarache. Desde allí comercializó medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, el insomnio, trastornos nerviosos… y un remedio célebre: Ceregumil.

“Un personaje de infausto recuerdo” para Sevilla

En esta realidad tenaz de la memoria inacabada, a la que poco importan las décadas transcurridas desde la guerra civil, resiste una porción considerable de la parafernalia simbólica del franquismo. Caso de la avenida dedicada a José Utrera Molina.

La placa recordaba al ministro de Franco en una transitada zona del barrio San Pablo-Santa Justa, junto a un conocido centro comercial y un polígono industrial. IU, en un comunicado, lamentaba el fin de semana “que el Ayuntamiento siga sin quitar el rótulo casi un año después de aprobarse su retirada”. El lunes, operarios municipales suprimían ese rótulo de la vía pública “que se quedó atrás”, según fuentes municipales.

Ahora reza “avenida José María Javierre” donde antes ponía “avenida Utrera Molina”. En una vía dedicada al sacerdote, periodista y escrito, en reconocimiento a su defensa de la libertad de prensa y a su lucha contra la censura en tiempos de la dictadura. “Incomprensiblemente”, decía IU, un letrero franquista permaneció intacto durante meses en uno de los márgenes de la avenida.

La edil de IU Eva Oliva ha recriminado la “dejadez” municipal como una “grave ofensa” para las víctimas del franquismo. “Hablamos de un personaje de infausto recuerdo para muchos, que fue gobernador civil durante un periodo de la dictadura y que reprimió con especial intensidad a quienes entonces luchaban por las libertades democráticas en nuestra ciudad”, recuerda.

A Utrera Molina, imputado en la denominada Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, la Diputación de Sevilla retiró la medalla de oro de la provincia. En sus alegaciones, el suegro de Alberto Ruiz Gallardón se declaró “falangista”, elogió al dictador e hizo apología a favor “de una España grande y limpia”. Un alegato interpretable “como exaltación de la dictadura” y que entra en colisión con la ley de Memoria Histórica, según las servicios jurídicos de la institución.

No tira la toalla el exministro de Franco José Utrera Molina. El reconocido “falangista” acude a la justicia para frenar la retirada definitiva de la Medalla de Oro concedida en 1969 por la Diputación de Sevilla. La demanda pide la “nulidad” del acuerdo adoptado en la institución provincial (el pasado 29 de diciembre) con el voto a favor de PSOE, IU, Ciudadanos y Participa Sevilla y la abstención del PP.

Bajo el “interés legítimo” al que apela el suegro de Alberto Ruiz-Gallardón, el objeto del recurso contencioso administrativo es revocar la anulación del homenaje al político franquista. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, dice que el ente público adolece de “notoria falta de conformidad a derecho”.

La vía judicial abierta por Utrera Molina retuerce un lento proceso burocrático que arrancó en febrero de 2016. Saltaba a escena plenaria la supresión de la medalla al que fuera Gobernador Civil de Sevilla e imputado en la Querella Argentina que investiga crímenes del franquismo por genocidio y lesa humanidad. Un primer intento que fracasó, con fecha de caducidad en julio por el recurso del afectado y porque la veracidad de esta imputación “no ha sido acreditada”, según los servicios jurídicos provinciales.

Los partidos proponentes, IU y Participa, retomaron el procedimiento con idéntico fin pero sin aludir a la causa que sigue un juzgado del país austral. La nueva fundamentación aludía al artículo 15 de la ley de Memoria Histórica y a las “responsabilidades políticas” de Utrera Molina como alto cargo de Franco “responsable de la represión a centenares de hombres y mujeres de la provincia de Sevilla”. La retirada quedó de nuevo aprobada en septiembre.

La “exaltación de la dictadura” como defensa

El expolítico franquista presentaba alegaciones al nuevo acuerdo en el que se definía sin complejos como “falangista”. El suegro de Gallardón elogiaba además en su escrito al dictador Francisco Franco –“fue un hombre excepcional”– y al líder del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera como un ejemplo “de nobleza”.

Para Diputación, el alegato de Utrera Molina “incluye referencias que bien pueden interpretarse como exaltación de la dictadura surgida de la sublevación militar y mantenida por medio de la represión”. Entrando, por tanto, en colisión con la ley 52/2007 y reafirmando la evolución de la propuesta plenaria.

El “falangista” se limitaba “a desgranar un sentimiento herido (…) desde la perspectiva de quien no reniega de sus vinculaciones ideológicas y políticas”, afinaba la institución. A finales de diciembre, el pleno de Diputación de Sevilla volvía a confirmar la retirada de la medalla. En todo el proceso, con los votos favorables de los grupos políticos excepto el PP, anclado en la abstención.

La súplica presentada ahora por el abogado José Manuel Sánchez del Águila al Juzgado de lo Contencioso Administrativo en representación de José Utrera Molina pretende así impugnar y recurrir la decisión del ente provincial. El letrado reclama el expediente completo del proceso, incluido el acuerdo del pleno de Diputación que concedió la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en el año 69 por ser un documento “fundamental para esta defensa”. La demanda judicial, dicen, llega después de un “acto expreso de una Administración pública que pone fin a la vía administrativa”.

El exalto cargo franquista José Utrera Molina ha presentado un escrito de alegaciones ante la Diputación de Sevilla contra la retirada de la Medalla de Oro de la Provincia que le fue concedida en 1969. En el pliego de descargos, el suegro del exministro del PP Alberto Ruiz-Gallardón se define como “falangista”. Y elogia sin complejos al dictador Francisco Franco como “un hombre excepcional” y al que fuera líder del fascismo español, José Antonio Primo de Rivera, como ejemplo “de nobleza”.

La propuesta conjunta de Izquierda Unida y Participa Sevilla fue aprobada con los votos favorables de estas formaciones, del PSOE y Ciudadanos, y contó con la abstención del PP. Sería en un segundo intento, el 29 de septiembre, tras el recurso del afectado y anular los servicios jurídicos institucionales el acuerdo de febrero por los argumentos de aquella moción inicial.

La decisión “rezuma un odio visceral” y destila un “torrente” de “intolerancia”, en palabras de Utrera Molina. Un ensañamiento que deriva de una “actuación sectaria por motivos estrictamente políticos”. Ideas y “lealtades” de las que no reniega pese a estar “hoy a años luz de lo políticamente correcto”, matiza. “Podrán decir que no he cambiado de bandera y tendrán razón”, ejemplifica.

José Utrera Molina fue ministro del franquismo. Gobernador Civil de Sevilla del 14 de agosto de 1962 al 29 de octubre de 1969, condecorado el año de su destitución por “los mismos sillones desde los que ahora se me insulta”, lamenta. Crítico radical con la Ley de Memoria Histórica, está imputado en la Querella Argentina por el asesinato de Salvador Puig Antich, ejecutado a garrote vil el 2 de marzo de 1974. Es Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco desde 2012 junto al dictador chileno Augusto Pinochet en una ceremonia que titularon 'Derecho al alzamiento'.

Objetivo: “borrar la historia” del franquismo

¿Y qué pretende la medida? “Denigrar y borrar de la historia de Sevilla cuatro décadas” al dictar “una verdadera damnatio memoriae (traducción literal: 'condena de la memoria') sobre todo aquel que tuvo responsabilidades en el régimen nacido el 18 de julio de 1936”. Golpistas, entonces, a quienes en opinión del fascista “se insulta, calumnia y ofende de forma gratuita y con pavorosa impunidad”.

Ataques que llegan en el epílogo de su vida: “a mi edad sería ridícula vanidad aferrarme a mundanas distinciones”. Aunque, advierte, con la suerte divina de su lado: “Dios ha querido que yo permanezca aún en el mundo de los vivos, para defender la memoria de quienes ya no pueden hacerlo”.

Utrera Molina afea “que ni uno solo” de los diputados provinciales “haya tenido el coraje de denunciar” la afrenta “con su voto discrepante”. Y dibuja el retrato de su defensa de la “entrañable distinción” por la “deuda moral” contraída con un carrusel de acreedores del homenaje. De los “colaboradores” de la época a los “miles de sevillanos” que le ofrecen “gratitud”.

“Soy falangista”, escribe Utrera Molina

“Se me acusa también de falangista, como si el hecho de serlo me desacreditara públicamente”, cuenta el suegro del ex ministro del PP Alberto Ruiz Gallardón en su pliego de descargos. Y remata, sin complejos: “quiero afirmar, con orgullo y la cabeza bien alta, que ha sido, soy y seré mientras viva, falangista”.

Para el ex gobernador civil no existe “un ejemplo más limpio de nobleza en la política” que el líder del fascismo español, Primo de Rivera. Personaje añorado por Utrera Molina, capaz de superar “las hemiplejías de una derecha montaraz e insolidaria y de una izquierda marxista y revolucionaria”.

Y Franco, el militar golpista que sometió al país a 40 años de desmemoria. “Un hombre excepcional”, en palabras de ex alto cargo de la dictadura. “Uno de los mejores gobernantes que ha tenido España”, prosigue en su alegato, “dejando a su muerte una nación mucho mejor, más fuerte, justa y cohesionada que la España rota de la que tuvo que hacerse cargo en una de las horas más trágicas de su historia”.

Impidió la “detención” ilegal de opositores, dice

“Miente quien afirme que durante mi etapa como gobernador civil de la provincia se torturase, denigrase o detuviese impunemente a ningún sevillano por el hecho de ser demócrata o por motivos políticos o ideológicos”, asegura en su alegato. Una acusación “calumniosa” que los proponentes no respaldan con “nombres y apellidos, fechas y circunstancias”.

El expolítico se presenta como una suerte de defensor de los derechos humanos. Y cita ejemplos. “Con motivo de una visita del entonces Jefe del Estado (Franco) a la provincia, el jefe de policía me preguntó si debían proceder a la detención temporal” de opositores. “Debo confesar que me sorprendió” una oferta que, dice, rechazó.

Puestos en la diana, “individuos” destacados “por su oposición al régimen”. Y deja nombres como el “célebre militante socialista Urbano Orad”. Tan satisfecho quedó el preso político, cuenta, que pidió “audiencia” para agradecerle “personalmente” el gesto. En el texto acaba citando otros ejemplos de “respeto” a “comunistas” o sindicalistas como Eduardo Saborido, Fernando Soto y Francisco Acosta.

Utrera Molina niega además la comisión de crímenes contra la humanidad. Delitos por los que está imputado en la causa 4591/10 conocida como Querella Argentina. Un “supuesto proceso”, asegura, que no conoce “salvo por la prensa” instruido “por una juez argentina”, refiriéndose a la magistrada titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría.

Su etapa al frente del Gobierno Civil fue “ciertamente fructífera”, alega. Ahí fue posible “la transformación de una ciudad que adolecía aún de muchas y graves diferencias sociales”. Una lucha por los “trabajadores” y los sectores más desfavorecidos que el falangista resume en cifras: 10.491 viviendas “a gentes necesitadas”, más de 400 nuevas escuelas y erradicación de 34 núcleos chabolistas “insalubres”… y todo, reza, con la “meta” en la “verdadera justicia social”. “Esta era la clase de 'represión' que ejercíamos sobre los sevillanos”, escribe Utrera Molina.

José Utrera Molina se declara “en pública rebeldía” contra la ley de Memoria Histórica. Y el exministro con Franco, y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, no duda en hacer apología del franquismo para subrayar este objetivo como garante, dice, de quienes guardan “el recuerdo de una España grande y limpia”.

Esa “labor de limpieza” era el eufemismo usado por los golpistas para animar al exterminio del adversario ideológico y social. Una tarea que sembró el país de fosas comunes y definió la matanza fundacional del franquismo. El alto cargo franquista es uno de los 19 imputados por la jueza Servini en la denominada querella argentina.

Utrera Molina asocia además la situación política actual de España con la que movilizó a “la media España que no se resignó a ser pisoteada por el comunismo en 1936”. Escribe: “Hoy vuelven a estar de moda las corrientes más criminales y más canallescas de nuestra historia”, en un artículo publicado en Arriba (blog homónimo al periódico falangista) y reproducido en la web de la Fundación Franco, un espacio que ya usó para amenazar con denuncias a las víctimas de la represión fascista.

“Vuelven orgullosos y desafiantes los puños en alto y las banderas rojas se despliegan ufanas”, subraya. Ante “la cómoda indiferencia” de “los hijos y los nietos de tantos miles de españoles que dieron su vida por Dios y por España”. Una “mayoría silenciosa”, refiere el exministro franquista, que permanece “agazapados, silentes, consintiendo que se injurie públicamente la memoria de sus antepasados, que profanen sus tumbas y borren su recuerdo de la memoria colectiva”.

Un Franco decapitado para “alborozo” de “cobardes”

El propósito de la tribuna de José Utrera Molina, titulada El odio cabalga sin bridas, es cargar las tintas contra una ley que considera “sectaria”. Y uno de los detonantes de la diatriba es la “figura de un Franco decapitado” expuesta en Barcelona “para público aquelarre”, entiende, y “alborozo de unos pocos cobardes que dan rienda suelta a sus más bajas pasiones”.

“Todo esto tiene lugar ante la indiferencia de la mayoría”, dice, Una situación que resulta del “daño histórico y moral” que produce “todavía” la ley memorialista “alumbrada por (José Luis) Rodríguez Zapatero y mantenida por (Mariano) Rajoy”. Como los “cientos de monumentos o placas” alusivas a la España golpista que han sido retiradas u otros lugares, precisa, donde “se amenaza expresamente a ayuntamientos con la retirada de subvenciones haciendo oídos sordos a la voluntad de los vecinos de mantener su identidad y su historia”.

El suegro del exministro del PP Alberto Ruiz Gallardón dibuja un escenario casi apocalíptico que contrarresta con una decidida apuesta por la apología del franquismo. “Yo tengo ya demasiada edad para luchar solo contra esta tremenda injusticia”, declara.

“Pero mientras el pozo de odio está completo y vierte sus excrementos sobre la Historia, los que guardamos todavía el recuerdo de una España grande y limpia preferimos morir a contemplar con indiferencia y cobardía la victoria de la mentira y la escandalosa manipulación de nuestro pasado más reciente”. Por eso, concluye: “Yo me declaro en pública rebeldía contra esta ley sectaria que levanta muros entre hermanos y aventa (sic) de nuevo las arenas ensangrentadas de otro tiempo”.

El Ministerio de Justicia ha devuelto a Argentina la petición de interrogar en España a 19 imputados por crímenes del franquismo. Y lo hace con una reclamación: el pliego de preguntas a los que serán sometidos exministros de Franco como Utrera Molina o Martín Villa, entre otros encausados.

La respuesta llega en mitad del plazo requerido para las declaraciones, del 4 al 22 de abril. Esta circunstancia obliga a la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, a posponer el viaje previsto. Un propósito que retomará con el nuevo exhorto, una vez incorporadas las preguntas que pretende realizar a los investigados por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante el franquismo.

“Hay ánimo dilatorio, no hay ninguna voluntad de colaborar con la justicia argentina en esta causa”, asevera el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CeAQUA), Jacinto Lara. La comisión rogatoria fue entregada a las autoridades españolas el pasado día 9 de marzo.

“El Ministerio de Justicia está estudiando con detenimiento el exhorto y en breve dará contestación a las autoridades argentinas dentro de la máxima colaboración entre ambos países”, indicaban estos días a eldiario.es fuentes del propio gabinete encabezado por el ministro en funciones, Rafael Catalá. Habría una respuesta, añadían, pero “lo cierto es que el convenio bilateral (entre Argentina y España) no establece un plazo límite para la misma”. El ministerio ha confirmado a este periódico el envío de la réplica a Argentina.

Justicia tarda un mes en valorar el exhorto

“No hay plazos establecidos legalmente, pero las actuaciones judiciales deben desarrollarse en las fechas fijadas en el exhorto”, apunta Lara. Es decir, entre el 4 y el 22 de abril. “Resulta insólito y sorprendente que el Ministerio de Justicia haya tardado un mes en hacer una valoración de la comisión rogatoria”, dice.

Desde que Servini llamase a declarar a los imputados en la única causa judicial abierta en el mundo para investigar la dictadura franquista el Gobierno español “debería haber sido más ágil”, entiende el presidente de la APDHE. “Ahora es evidente que la jueza no puede viajar en ese plazo, aunque este movimiento lo único que supone es una demora porque el exhorto se volverá a enviar con los pliegos de preguntas”.

El retraso en la toma de declaraciones “podría ser de un par de meses, aunque esta fecha tiene carácter orientativo”. La propia respuesta del Gobierno español “aún no ha llegado a Argentina”, confirma Lara, “y de la Embajada debe ir a la Cancillería de Exteriores y de ahí al juzgado” de Buenos Aires que instruye la «causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977», conocida como querella argentina.

España “parece impedir” la investigación, dice AI

La lista de investigados vivos que Servini cita para declarar está encabezada por ministros franquistas como Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina (suegro de Alberto Ruiz Gallardón), Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez-Ventura Pascual y Fernando Suárez. Otros encausados son el abogado que redactó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, Carlos Rey González, el exfiscal del Tribunal Supremo Antonio Troncoso y el exjuez Jesús Cejas Mohedano.

Completan la lista de 19 imputados miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como el Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar y el excomisario Ricardo Algar Barrón. Además de varios expolicías, caso de Antonio González Pacheco alias 'Billy el Niño', Félix Criado Sanz, Ricardo Algar Barrón Pascual, Benjamín Solsona Cortés, Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y Jesús Quintana Saracibar, además del médico Abelardo García Belaguer.

“Llevamos años exigiendo a España que colabore con la justicia argentina para la detención, arresto, extradición y, en caso que corresponda, castigo de las personas presuntamente implicadas en la comisión de crímenes de derecho internacional”, declara el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. “Pero las autoridades españolas parecen empeñarse en impedir que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación”, añade. La organización incluso ha puesto en marcha una ciberacción para recordar “que ya es hora de que permitan avances en la querella argentina”.

Desde la apertura del proceso contra el franquismo, instituciones como Naciones Unidas han instado al Gobierno español a que investigue los posibles crímenes cometidos por los golpistas. Como señaló el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, la petición argentina de interrogar a los imputados en España “pone a prueba a las instituciones españolas, a la Justicia y al Estado, y veremos si responden positivamente o entran en algún punto cercano a la prevaricación”.

El exministro franquista José Utrera Molina está preocupado por la posibilidad de que haya una nueva guerra civil en España. Una supuesta situación de preconflicto de la que alerta en un artículo en el diario ABC, y que que estaría provocada por lo que denomina “un nuevo frente popular”, en referencia a los partidos de izquierda.

Utrera Molina, que ha sido reclamado por la Justicia argentina por su papel en el franquismo, asegura que cerca de sus 90 años tiene el temor de un “peligroso abismo que se abre en el horizonte cercano a mi patria”. Todo por las posibles consecuencias “que podrían producirse si volvemos a dejar que nuestra patria se envuelva de nuevo en el odio que rompió hace ochenta años en el alma de los españoles”.

“Preferiría mil veces morir antes que contemplar en lo que se puede convertir España por el terrible acoso de los que no han podido comprenderla y la incompetencia de quienes no han sabido defenderla”, continúa Utrera Molina en un artículo muy poético. Pero no da soluciones para evitar esta supuesta guerra civil que provocaría la izquierda. Solo espera que su texto cubra “una parte de la vergüenza que martillea sin cesar el corazón de muchos españoles”.

Pero Utrera Molina sí espera que haya tiempo para evitar la “liquidación de la esencia de España”. O como él lo denomina: “aún es posible impedir las lágrimas que están al acecho para brotar en nuestra retina y romper en nuestro corazón”.

El suegro del exministro Alberto Ruiz Gallardón sostiene que desde su posición siempre predicó “la reconciliación”, a pesar de que fue una de las cabezas visibles de la dictadura franquista y amenazó con denunciar a víctimas del régimen. Un cargo del que se siente orgulloso, ya que dice que tuvo “el honor de servir a España”, y desde el que insiste nunca tuvo utilizó “el resentimiento”.

Tras la petición de la jueza María Servini para extradir a José Utrera Molina junto a otros exministros franquistas como Rodolfo Martín Villa, la Justicia española archivó la petición tras la negativa del Gobierno a llevar a cabo la extradición.