El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha avanzado este lunes que las obras para evitar los vertidos de aguas residuales en la costa de Castro Urdiales comenzarán en mayo tras la adjudicación de la reparación y limpieza del emisario submarino del litoral castreño.

Según ha precisado Media, la actuación la acometerá la empresa especializada para este tipo de trabajos Marcor Xove SL, por un importe de 1,1 millones de euros, mientras que la dirección de la obra correrá a cargo de Ingeconsult, por 120.000 euros, por lo que la actuación supone 1,2 millones de euros.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 11 meses y “por fin se dará una solución definitiva a esos vertidos que se venían produciendo desde hace demasiados años”, ha asegurado Media.

El consejero, acompañado por la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha visitado unas obras declaradas de emergencia que su departamento está acometiendo en la carretera N-634 -en un tramo de titularidad municipal-, a la altura de la localidad Mioño, en la que las continuas borrascas provocaron a finales de febrero dos desprendimientos.

Esos trabajos de puesta a punto se prevé que finalicen en unos 15 días y fueron solicitados por el Ayuntamiento de Castro Urdiales con carácter de urgencia, dado que no podía hacerse cargo económicamente ni técnicamente de la reparación.

Si bien hasta que no finalicen no se sabrá con exactitud el coste de la actuación, Media ha estimado que la inversión rondará los 90.000 euros y permitirán dar estabilidad al paso de vehículos por esa vía.

La alcaldesa de Castro Urdiales ha explicado que la carretera conecta Cantabria con el País Vasco y tiene “mucha afluencia, sobre todo, los fines de semana”, porque supone una alternativa para acceder al municipio cuando se producen atascos en la A-8.

Herrán ha agradecido a la Consejería de Fomento la “máxima celeridad” para atender esta declaración de emergencia, tal y como ocurrió con el proyecto de adecuación de la carretera que da acceso a Sonabia tras registrarse, en 2024, un desprendimiento de rocas que afectó a la calzada y al corte parcial de la vía.

Respecto a la fecha de licitación de la carretera Santullán-Otañes, el consejero ha afirmado que se conocerá en cuanto se abran los presupuestos regionales, si bien ha explicado que la actuación ya tiene un montante modificado de 6,7 millones de euros en total dado que el coste será superior al previsto.

Carretera Seña-Laredo

En relación a los retrasos en la puesta a punto en la carretera CA-500, que une Laredo con la localidad de Seña, en Limpias, y cuyos vecinos se pusieron con sus propios medios a arreglar baches, Media ha achacado a los constantes episodios de lluvias el hecho de que no hayan finalizado los trabajos.

“Tenemos los meses de febrero y marzo más lluviosos de las últimas décadas y en la carretera Limpias ya sólo falta lo que es la capa de zahorra y los asfaltados últimos, y hasta que no deje de llover unos cuantos días seguidos, pues no hay manera”, ha justificado respecto a ese vial sobre el que se debatirá esta tarde en el pleno del Parlamento cántabro.

No obstante, el consejero ha asegurado que el arreglo de la carretera estará finalizado en junio, tal y como se comprometió, con una inversión de 3 millones de euros, y con un “retraso” que, según ha recordado, se remonta a 2018.

Algo no encaja en Tarragona. Los análisis de sus aguas residuales la sitúan como la segunda ciudad de Europa con mayor consumo de cocaína por habitante. Nadie, sin embargo, sabe explicar por qué.

Ante la falta de respuestas, el Ayuntamiento ha optado por dejar de facilitar datos para el estudio anual de la Agencia Europea sobre las Drogas (EUDA), que adelanta este miércoles elDiario.es en colaboración con la Urban Journalism Network tras analizar las cifras de 130 ciudades de 28 países.

“La realidad de la ciudad no se ve representada adecuadamente en el estudio”, sostienen desde la Empresa Mixta Municipal de Aguas de Tarragona (EMATSA), dependiente del consistorio y del grupo AGBAR. “Sitúa a la ciudad en un ránking incorrecto”, añaden.

Según los datos de 2023, 2024 y 2025, Tarragona (143.000 habitantes) solo aparece por detrás de Amberes (Bélgica) en consumo de cocaína por habitante, un ránking que ningún Ayuntamiento quiere encabezar. Desde el consistorio, no obstante, insisten en que la decisión de retirarse del estudio es “técnica” y lo atribuyen a la empresa municipal de aguas.

Los resultados han desconcertado tanto a responsables políticos como a los especialistas en drogodependencias. Todos, en algún momento, se han hecho la misma pregunta: ¿qué ocurre en Tarragona con la cocaína?

La primera reacción del Ayuntamiento, a través de la empresa de aguas, ha sido abandonar el estudio y cuestionar su metodología. “Las conclusiones que se extraen no cuentan con el rigor necesario en el ámbito geográfico ni en el muestreo”, señalan.

La compañía critica que los datos se basen únicamente en una de las dos depuradoras de la ciudad —la de mayor tamaño—, porque recoge aguas de municipios cercanos como Els Pallaresos (5.000 habitantes) y Constantí (7.000).

También cuestiona que hasta la fecha solo hayan participado cinco ciudades españolas y que algunos países, como Francia, no aporten datos en las ediciones previas (en 2026 sí se han analizado las aguas de París). Añaden que los laboratorios participantes no emplean exactamente los mismos métodos y por ello los resultados no son comparables. 

Los expertos avalan el estudio

“Por supuesto que el estudio es fiable”, afirma José Benito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. Explica que las muestras se recogen cada diez minutos, durante 24 horas y a lo largo de una semana, lo que permite obtener una fotografía representativa del consumo porque incluye a todos los perfiles que van al baño durante una jornada.

Los datos, además, se obtienen siempre en semanas sin grandes eventos o festividades, siempre en temporada baja turística, para que los resultados no estén distorsionados.

Rosa María Marcé, catedrática de la Universitat Rovira i Virgili y responsable del análisis de las aguas de Tarragona en años anteriores, también defiende el rigor del estudio y asegura que los resultados de los distintos laboratorios participantes son homologables. 

“Todos analizamos de manera preliminar una muestra ciega”, apunta. “Si el resultado encaja en el rango previsto, significa que estamos alineados con el resto de laboratorios”.

Desde la EUDA, el epidemiólogo João Pedro Matias también subraya la validez del procedimiento y descarta que el hecho de que la depuradora incluya aguas de municipios cercanos altere los datos porque tienen muy poca población comparada con la de Tarragona.

Un fenómeno difícil de medir

Analizar y obtener datos sobre el consumo de drogas nunca es sencillo. Las encuestas a la población siempre están sesgadas, porque dependen de lo que declaran los propios usuarios y los decomisos policiales solo ofrecen indicios parciales.

“Las aguas residuales son una de las pocas herramientas objetivas disponibles”, señala Claudio Vidal, director de Energy Control, organización pionera en España en reducción de riesgos asociados al consumo.

Otro indicador son las demandas de tratamiento por adicciones. En Tarragona, sin embargo, este dato no apunta a un consumo especialmente elevado de cocaína.

En 2024, el 24,8% de las solicitudes de tratamiento en el Centro de Atención a las Drogodependencias de Tarragona estaban relacionadas con la cocaína (173 casos). La cifra es similar a la media catalana (24,1%, 3.617 solicitudes) y muy inferior a la estatal (47,6%, 21.818 peticiones).

Antoni Llort, antropólogo de la Universitat Rovira i Virgili que ha estudiado durante años el consumo de drogas en la zona, tampoco ofrece una explicación concluyente sobre lo que ocurre en Tarragona con la cocaína.

Apunta, sin embargo, a varios factores. “Tarragona concentra muchas interacciones humanas: trabajadores de refinerías, transportistas que entran y salen continuamente…”, explica. También señala a la cantidad de droga que entra por la zona. “El acceso es directo, los precios son asequibles y la calidad suele ser superior a la de otras ciudades como Barcelona”, añade.

Para concluir, Llort también menciona un fenómeno más amplio: la normalización del consumo de cocaína en España. Los datos de este año del propio estudio lo reflejan: de las 130 ciudades analizadas, cuatro urbes españolas —Lleida, Granada, Santiago y Barcelona— figuran entre las quince con mayor consumo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas, pero sí suben rápido, hay una cierta preocupación entre quienes trabajan en la prevención de daños por el auge que se está detectando en el uso de esta droga, en Europa en general y en España en particular: su consumo ha crecido en Barcelona un 184% desde que se empezó a medir, en 2022.

Lo dicen los últimos datos de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), publicados este miércoles y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, que revela las últimas tendencias en el consumo de drogas en el continente a partir del análisis de aguas residuales en 130 ciudades de 28 países europeos. De España se han medido datos en Barcelona, Castellón, Granada, Lleida, Santiago y València en 2025. Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), ha decidido salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

En el siguiente mapa puedes consultar los últimos datos de la concentración de seis sustancias (cocaína, cannabis, anfetaminas, ketamina, metanfetaminas y MDMA) medida en las aguas residuales en cada una de las ciudades que han participado.

De un primer vistazo el estudio depara pocas sorpresas, evalúan los expertos: el consumo de cocaína en el continente está en niveles récord siguiendo la tendencia que traía, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, y España destaca entre los países más consumidores con cuatro ciudades en el top 15; la ketamina crece un 41% con carácter global y el éxtasis parece estar perdiendo popularidad, sustituido por otras drogas sintéticas que suelen tener una vida efímera, según el análisis de EUDA. El cannabis, la droga más consumida, ha caído ligeramente, pese a (o gracias a) que se ha regulado de alguna manera en varios países.

“Lo que vemos a través de distintos indicadores es que hay gente que no está dejando de consumir cocaína”, analiza Luis Sordo, médico epidemiólogo e investigador en el departamento de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), respecto de las cifras récord de la droga por excelencia. “Entran a consumir cocaína a una determinada edad, en un momento concreto de la vida por la razón que sea (por ejemplo, salir por la noche), pero luego algunos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, no lo dejan. Mi sensación es que hay más personas que no tienen hijos y al mismo tiempo ha habido un cambio y hay gente no siente que con 40, 45 o 50 años tenga que retirarse de nada”, elabora. Y siguen consumiendo.

Más atención está atrayendo la ketamina desde hace un tiempo, en auge actualmente en una tendencia que los expertos habían localizado y las grandes cifras de este estudio refrendan. “Se está poniendo de moda en ambientes recreativos”, explica Mireia Ventura, directora del Área Internacional de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), especializada en el trabajo de calle con consumidores. “Aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”, añade su colega Claudio Vidal, director del programa Energy Control de ABD.

El mayor estudio comparativo

Este el mayor informe comparativo de su tipo, que realiza la red científica europea SCORE en colaboración con laboratorios locales como IDEA-CSIC, la Universidad de Granada o la Universidad de Santiago de Compostela, y mide el consumo, por localidades, de cinco drogas estimulantes —anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina—, así como el cannabis. Los análisis no buscan la droga directamente en el agua, sino los metabolitos que produce y expele el cuerpo tras consumir para evitar contaminación en los datos si, por ejemplo, alguien tira una gran cantidad de drogas al váter.

Hay quien duda de la fiabilidad de analizar aguas residuales en busca de drogas porque es un indicador sin matices, sin explicar quién consume, cuándo o por qué, pero los científicos defienden la validez del método y explican que la alternativa son las encuestas, que tampoco son 100% fiables, y por eso se cruzan datos para obtener un panorama completo.

“La metodología está admitida a nivel internacional”, explica Rosa Maria Marcé, catedrática de Química Analítica en la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha participado durante años en el análisis de las muestras de Tarragona. “Las limitaciones del método son que no te da ninguna información sobre quién o cómo la consume, los perfiles o la pureza de la sustancia”.

“Sí que es un método fiable”, asegura Tito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. “Las muestras se toman cada diez minutos durante 24 horas para al final del día tener una muestra que sea representativa de toda la jornada, porque el caudal del agua residual varía mucho y el perfil de la gente que va al baño cambia durante el día. Así se hace durante una semana entera”.

Aun así, hay ciudades que se han salido de este tipo de estudios. El caso paradigmático quizá sea Tarragona, señalada hace años como la segunda ciudad de Europa en la que más cocaína se consume, que ha decidido dejar de aparecer porque cada año la ponía en el foco de manera injusta, cree el Ayuntamiento. El consistorio sostiene que el estudio tiene “debilidades” que “sitúan a Tarragona en un ranking incorrecto”. Específicamente, dicen las fuentes que los resultados del estudio a nivel europeo no son comparables y que “la realidad de la ciudad no está adecuadamente representada” porque la planta de tratamiento también atiende a otros municipios vecinos.

Cuatro ciudades en el top 15 del consumo de cocaína

Excluido el cannabis, la cocaína es la reina del consumo de drogas. De las 88 ciudades europeas con datos tanto de 2024 como de 2025, un total de 63 registraron un aumento en su uso. Su radio de acción se está expandiendo, explican desde EUDA: tradicionalmente, los niveles más altos de consumo se encuentran en Europa occidental y meridional, y los nuevos datos confirman esta tendencia, pero ya se pueden encontrar rastros de cocaína —y en muchos casos en aumento— también en ciudades de Europa del Este.

En España, Lleida aparece como la tercera ciudad europea donde más rastro había en las aguas residuales y Granada la quinta. Santiago y Barcelona también están cómodamente, y con datos récord de concentración, en el top 15 europeo, que lidera Middlesbrough (Reino Unido) y donde asoman en puestos altos localidades como Ámsterdam o Amberes. Ciudades, estas últimas, que tienen algo en común: son todas portuarias y sirven como puntos de entrada importantes para la cocaína desde América Latina hacia Europa.

“La cocaína no está socialmente penalizada, no hay sensación de peligro”, explica su popularidad el doctor Sordo, de la UCM. “Somos un país mucho más nocturno que otros y todo lo que signifique prolongar el día encuentra un aliado. El aumento en el consumo va ligado también a la cultura de la fiesta, los bares, y finalmente, y esto es importante para el análisis en aguas residuales, el turismo”, sostiene.

Más allá de los rastros en aguas residuales, otros datos a partir de encuestas demuestran que los datos de España no son casualidad. Somos el país europeo donde más personas han probado la cocaína, casi un 14% de la población, y ocupa el primer lugar en consumidores durante el último mes (1,4%), según el último informe europeo sobre drogas.

Desde ABD insisten en un factor que puede estar influyendo en la subida detectada: la droga que se mueve es cada vez más pura, un argumento que repiten varios expertos. Se puede aventurar teorías sobre por qué sube la pureza —hay una cierta coincidencia en que se debe a que el mercado está saturado y cortar la droga ha dejado de ser necesario—, pero no deja de ser una realidad. “Quizá no es necesario que consuman más personas o más cantidad y van a salir igualmente niveles más altos”, desliza Ventura.

Todas las fuentes consultadas están de acuerdo también en señalar el factor turismo como una pata importante de la situación. “España es un país de turismo, mucha gente viene a salir de fiesta. Ya no solo hay consumos de los locales, también hay que tener en cuenta este turismo, que además está todo el año”, reflexiona Ventura. Y luego están las circunstancias propias de la droga, que se mantiene inalterable a lo largo de los años: “Es quizá el único producto que se ha abaratado. Sigue siendo el mismo precio que antes y la pureza ha aumentado, lo que significa que ha bajado de precio. Es una sustancia más accesible”, explica la experta.

Ketamina, el problema que viene

A esos ambientes de ocio también ha llegado la ketamina, que sube en 47 de las 68 ciudades analizadas que tienen datos tanto esta edición como la anterior. “Se está poniendo mucho de moda en ambientes recreativos”, sostiene Ventura. “En principio se encontraba en espacios más alternativos, como fiestas rave (fiestas, normalmente al aire libre, con música electrónica y de larga duración), pero actualmente está muy esparcida en otros ambientes más mainstream”, explica la experta.

“La indicación más clara que ofrecen los datos de aguas residuales de que la ketamina se consume tanto de forma recreativa como médica es que las cantidades detectadas son más altas los fines de semana. Esto es similar a lo que se observa con otras drogas que se consumen en contextos recreativos, como la cocaína y el MDMA”, añade Andrew Cunningham, analista de la EUDA a preguntas de la Urban Journalism Network, que dirigió un reciente estudio de investigación sobre el consumo y el mercado de la ketamina.

En Barcelona conocen el fenómeno. La ciudad aparece entre las más consumidoras de esta droga desde que se busca en las aguas residuales, y cada vez hay más rastro: ha pasado de 29,4 mg por cada mil habitantes a 83,7 en 2025, casi el triple.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene usos en humanos y veterinaria, pero “por debajo de las dosis que producen anestesias produce un rango de efectos, que van desde los parecidos al alcohol hasta ligeros toques psicodélicos que aumentan según se aumenta la dosis y se puede entrar un viaje psicodélico importante”, cuenta Vidal, de Energy Control.

Con esta droga “se da una circunstancia quizá un poco particular”, continúa. “Por una parte tenemos cada vez mayor presencia de consumo de ketamina y por otra del tusi”, mal llamada cocaína rosa porque tiene ketamina, MDMA (éxtasis) y cafeína, y la aparición de este producto ha hecho que aumente el número de personas que consume ketamina sin saberlo“, explica.

Tanto uno como otra advierten de que puede haber un problema con esta droga. “El uso de ketamina es un problema del que oiremos hablar. En centroeuropa (Bélgica, Holanda, Reino Unido) hay problemas serios ya porque puede generar adicción y una tolerancia alta, por lo que rápidamente necesitas más. Y la concentración de ketamina es cada vez más grande, lo que quiere decir que está aumentando la tolerancia”, sostiene Ventura.

“Puede acarrear importantes problemas, sobre todo dos: el desarrollo de una dependencia con un patrón de consumo muy intensivo y la pérdida de control”, advierte Vidal. “En concreto, la aparición de problemas urinarios, porque la ketamina en su paso por el cuerpo va produciendo inflamación al eliminarse. Esto hace que aparezcan síntomas parecidos a la cistitis, que muchas personas pueden no relacionar con el consumo de ketamina, incluso profesionales sanitarios. Está bien documentado y puede ser bastante grave”, señala.

Anfetaminas, metanfetaminas y 'chemsex'

En España, los expertos también señalan el aumento en el uso de anfetaminas y metanfetaminas. “Lo raro es que no hubiera pasado antes porque son baratas y fáciles de producir”, apunta Fernando Caudevilla, médico familiar y experto en drogas. Este doctor explica que estas drogas se asocian al chemsex (sesiones largas de sexo con drogas), “y probablemente sea cierto, pero no es la única causa [del aumento]. Se va a seguir expandiendo y no veo motivos por los que vaya a ir a menos, aunque es cierto que cuando hay buenos mercados de droga la situación suele no cambiar mucho. Si a Galicia sigue entrando bien la cocaína la gente no se va a buscar anfetamina”, opina.

Sordo incide en que “en Barcelona hace tiempo que están preocupados con este aumento”, y ofrece un dato: entre 2020 y 2023 prácticamente se ha duplicado los ingresos para tratamiento, pasando de 580 a 1.085 en ese periodo. El especialista explica además que es habitual que cuando hay más disponibilidad de alguna droga, como está sucediendo con las anfetaminas, “se ofrece como producto. Pasó en EEUU con la crisis de adicción a los medicamentos. Cuando la gente dejó de poder comprarlos y apareció la heroína como producto alternativo, se empezó a ofrecer más”.

De Brístol a Praga

En Europa cada país lidia con sus propios problemas. Si España destaca en cocaína, Reino Unido lo hace en ketamina y la anfetamina es habitual en los países nórdicos y en República Checa y Eslovaquia en su forma de cristal.

Brístol (Reino Unido) es de largo la ciudad europea con más concentración de ketamina en sus aguas residuales. “Bristol es conocida por ser un centro de distribución de ketamina, así como una ciudad con una intensa economía nocturna. Es la ciudad con mayor consumo de ketamina del mundo”, sostiene Josh Torrance, criminólogo afincado en la ciudad. En conjunto en Reino Unido el número de adultos que inician tratamiento por problemas con la ketamina se ha más que triplicado desde 2021.

La ciudad checa de České Budějovice ha desbancado a otra ciudad checa, Ústí nad Labem, como la número uno en consumo de metanfetamina entre todas las ciudades europeas analizadas, con un aumento del 29% respecto al año anterior. El dominio checo con esta droga no tiene fisuras: ciudades checas ocupan los cinco primeros puestos del ranking de metanfetamina, incluida la capital, Praga, donde todas las sustancias medidas aumentaron respecto al año previo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

Un análisis de las aguas residuales en Madrid confirma que la cocaína y el cannabis siguen siendo las drogas ilegales más consumidas, pero ahora advierten de nuevos peligros. El Ayuntamiento acaba de hacer público un estudio para el que se han tomado muestras del alcantarillado y examinado las sustancias químicas que prevalecen desde el año 2023, cuando comenzaron a recopilar estos datos. Las conclusiones, anunciadas esta mañana por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, no solo apuntan a un abuso de estupefacientes: el peligro también se señala en dirección a algunos medicamenos, como la ketamina o las benzodiacepinas.

“Analizar las aguas residuales es una herramienta innovadora para estimar el consumo de drogas en las grandes ciudades”, ha asegurado Sanz en una visita al laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud acompañada del concejal de Hortaleza, David Pérez, y el gerente del organismo municipal a cargo del estudio y las muestras, Antonio Prieto. La investigación, desarrollada en colaboración con la Universidad Complutense, ha observado durante casi dos años los metabolitos de distintas drogas, unos compuestos que aparecen tras el consumo de sustancias y su eliminación posterior dentro el organismo.

Algo permite estimar los niveles de uso en la población de forma indirecta, sin depender únicamente de encuestas o declaraciones personales que puedan no coincidir con la realidad. Los resultados, que también se publicarán en el portal oficial de Madrid Salud, sitúan a la cocaína y el cannabis como las sustancias con mayor presencia en aguas residuales madrileñas. Se han estudiado 20 sustancias de interés, incluyendo drogas ilegales, algunos medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas.

En total, se identificaron hasta seis sustancias ilegales en las muestras, obtenidas entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado: cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis) y ketamina.En el resto de compuestos analizados se detectan niveles menores, aunque el estudio confirma su presencia en distintos momentos del año. Además, el estudio detectó restos de algunos fármacos con “potencial de abuso”, y entre ellos no solo se encontraba la ketamina.

Ansiolíticos, sedantes u otras sustancias con receta médica

También se advirtió de la presencia de determinadas benzodiacepinas con “potencial de abuso” como el lorazepam o lormetazepam, dos sustancias utilizadas habitualmente como ansiolíticos o sedantes que cada vez se extienden más entre la población. Sobre las drogas ilegales el análisis también permite observar patrones de consumo asociados al ocio. Mientras que el cannabis mantiene niveles relativamente estables a lo largo de la semana, los metabolitos de MDMA aumentan de forma notable durante los fines de semana, un comportamiento que los investigadores vinculan al consumo en contextos de ocio nocturno.

En datos absolutos, para el cannabis se detectaron 77,2 miligramos diarios en aguas residuales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de Lisboa (150,8), Barcelona (220,7) o Ámsterdam (319), pero delante de otras ciudades como Santiago (54,3) o París (53,9). En cuanto a la cocaína, de las ciudades europeas con las que se han comparado los datos, Madrid es la segunda con menos consumo, con 369 miligramos al día por cada 1.000 habitantes, superando sólo a Ámsterdam.

Por encima se sitúan Lisboa, Roma, Oporto y Milán. Los resultados del estudio sitúan a Madrid en niveles comparables a los de otras grandes ciudades europeas que participan en este tipo de programas de vigilancia epidemiológica. El Ayuntamiento considera que esta información puede servir para mejorar las políticas públicas de prevención y reducción de riesgos, así como para orientar campañas de salud pública dirigidas a los grupos con mayor exposición al consumo.

En este caso, el método para identificar las sustancias con más presencia es relativamente sencillo: después de su consumo, el organismo la elimina a través de la orina y su rastro termina llegando al alcantarillado urbano, primero, y a las estaciones depuradoras de aguas residuales después. Para esta investigación, desde Madrid Salud detallan haber recogido casi 400 muestras representativas a la entrada de las ocho estaciones depuradoras: La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia.

Ya tiene luz verde ambiental el proyecto de urbanización interior y de conexiones exteriores del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca, cuya promotora es la Diputación provincial. La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el proyecto es viable, pero establece decenas de medidas “correctoras” centradas en los residuos, el agua y la protección de la fauna.

Esta iniciativa, con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, se tramita como 'Plan de Singular Interés' (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Todo el expediente ha sido un “trabajo inmenso”, apunta el presidente de esta institución, Álvaro Martínez Chana. “Hemos tenido que lidiar con todas las administraciones, ha sido muy complejo y laborioso”, destaca.

Pero hasta el momento, el proyecto ha contado con el rechazo frontal Ecologistas en Acción y de la asociación 'Pueblos Vivos Cuenca', que recurrieron la aprobación definitiva del proyecto como PSI. Los argumentos plasmados en su recurso se basaban, sobre todo, en que se podría ocasionar un “perjuicio irreparable” sobre el espacio natural protegido de la Microrreserva del Valle del río Moscas, que además tiene una propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000.

Este espacio se encuentra a tan solo 452 metros del proyecto urbanístico por lo que el movimiento de tierras, la urbanización y las actividades que podrían ubicarse en él, “ponen en riesgo los valores naturales que merecieron la declaración de la microrreserva”, según advirtieron estos colectivos.

Según la declaración de impacto ambiental a la que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha, el uso global y mayoritario del futuro parque científico es el industrial. Atendiendo a la calificación y usos del suelo, cuenta con una superficie total de afección de más de 80 hectáreas, diferenciando dotaciones públicas, dotaciones privadas y suelo lucrativo.

En este documento se resumen las alegaciones y pormenores del proceso de autorización. Destaca que el pasado mes de junio, la Dirección General de Calidad Ambiental notificó a la Diputación que la documentación del expediente estaba incompleta, ya que no constaba el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  Con la misma fecha se realizó un requerimiento a este último órgano, que contestó en agosto autorizando el vertido de aguas residuales en el río Moscas.

En cuanto a las alegaciones, las de Ecologistas en Acción se centraron sobre la escasa descripción de las afecciones e impactos. Este colectivo criticaba que no apareciera “ni un solo impacto moderado, severo, ni crítico” a pesar de la presencia, en el ámbito de la actuación, de la mencionada Microrreserva Lagunar del río Moscas.

La Diputación replicó que en el estudio de impacto ambiental se analizan las posibles repercusiones o impactos ambientales que pueda provocar el proyecto de urbanización, diferenciándose la fase de construcción y la fase de funcionamiento. Así, el promotor destaca que los efectos negativos del proyecto resultan compatibles en todas las fases de la actividad, y solo se ha identificado un efecto de carácter moderado en fase de obra. “Tampoco se ha obtenido ningún impacto severo o crítico”, respondió.

Además, se apoya en los informes emitidos desde el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca para justificar que el estudio se ha diseñado y proyectado con el suficiente detalle de medidas preventivas y correctoras para que no afecte al conjunto de áreas protegidas, incluyendo la mencionada microrreserva.

¿Habrá afecciones en la fase de construcción y explotación?

Esos informes que menciona la Diputación se emitieron en septiembre de 2024 y afirman que no se produce “intercepción” de la microrreserva con el ámbito de la actuación, incluidas las conexiones exteriores, y que se mantienen 500 metros de separación entre el límite sur de la actuación urbanizadora, y unos 350 metros desde las actuaciones de restauración geomorfológica en la conexión de los arroyos del Rollo y del Llano.

No obstante, los informes manifiestan que pueden producirse afecciones tanto en la fase de construcción como en la de explotación, especialmente por el riesgo de alteración de la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas que alimentan la microrreserva, y que por este motivo deben cumplirse todas las medidas de diseño y de ejecución previstas en los proyectos y en el estudio de impacto ambiental “para evitar vertidos o alteraciones” al régimen de la dinámica natural de las aguas superficiales o subterráneas.

El Gobierno regional concluye que, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación, la Dirección General considera “viable” el proyecto desde el punto de vista ambiental, aunque añadiendo decenas de “condiciones y medidas” para “prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente”.

Entre ellas se encuentran las medidas destinadas a preservar la Red Natura 2000, donde destaca que en la fase de obras resulta “imprescindible” la prevención de posibles arrastres de partículas, sólidos o contaminantes por la escorrentía sobre las aguas superficiales y subterráneas.

Igualmente, establece que se deben adoptar todas las medidas necesarias para que cualquier acción del proyecto asociado a excavaciones, desmontes o movimientos de tierras no afecte al nivel freático y al conjunto de estos materiales del subsuelo, debiendo estar avalados todos los emplazamientos con estas acciones de excavación, por el correspondiente estudio geológico y geotécnico.

A todo ello añade la previsión de una ordenanza municipal específica de vertidos de aguas residuales con dos limitaciones: todo vertido industrial que se efectúe a la red de alcantarillado tendrá las características que lo hagan asimilable al agua residual doméstica; y se limitarán las descargas de vertidos no domésticos a la red de alcantarillado.

También incorpora la conducción de las aguas procedentes de la escorrentía de la Sierra de los Palancares hacia los cauces de los arroyos del Llano y del Rollo, habiéndose contemplado una actuación de restauración de los mismos, aguas arriba de las lagunas de Mohorte, “tratando de recuperar la morfología del cauce y la vegetación de ribera, prácticamente inexistente en los tramos de actuación”.

Para el caso de futuras instalaciones industriales, la dotación de agua requerida para sus procesos y para refrigeración de los mismos, se justificará “adecuadamente”: cualquier acción de su actividad relacionada con el consumo de agua “no debe afectar” al sistema hidrogeológico de las lagunas temporales y estacionales de Mohorte y río Moscas.

Medidas para la protección de la fauna

En referencia a las medidas específicas destinadas a la protección de la fauna, destaca la imposición de que el calendario de ejecución de los trabajos de construcción deberá estar condicionado al periodo menos sensible para la fauna detectada en la zona de estudio, no pudiendo interferir con el periodo reproductor, en especial, teniendo en cuenta las especies incluidas en el Catálogo Regional o Español de Especies Amenazadas. “Se aconseja proceder a la construcción ocupando el terreno de forma progresiva, no simultánea y evitando los trabajos nocturnos”, añade la declaración de impacto ambiental.  

Antes de las obras, debe realizarse también un “muestreo de campo exhaustivo” en la zona de actuación y su área de influencia (un kilómetro alrededor), así como en las masas forestales circundantes o de ribera con el fin de descartar la posible presencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna.

El informe incorpora también medidas para la protección del paisaje. Por ejemplo, pide que las construcciones se proyecten de manera “armonizada”, utilizando las “características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona” y empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan. Prohíbe además que realicen ajardinamientos en zonas susceptibles de albergar hábitats protegidos ni en las riberas y zonas adyacentes de los cursos de agua existentes, debiendo adoptar medidas para “ayudar a la revegetación natural o su máxima naturalización”.

Finalmente, la Dirección General establece medidas para la “minimización del consumo hídrico”. Entre ellas se encuentra la prohibición de la extracción de recursos hídricos subterráneos para el polígono industrial y cada una de las instalaciones que puedan emplazarse en él.

Otras medidas correctoras para ese uso del agua imponen realizar un “mantenimiento preventivo periódico” revisando el estado del conjunto de las instalaciones, la instalación de contadores independientes en los diferentes puntos del proceso productivo y la utilización de circuitos cerrados de agua.

La Administración autonómica hace referencia también a un informe de Aguas de Cuenca, S.A. que plantea que la construcción de la estación depuradora de agua (EDAR) del futuro parque científico debería licitarse con un periodo de puesta en marcha y explotación de, al menos, tres años. Así, alega, el contratista podría ajustar todos los equipos y realizar las modificaciones necesarias para que la planta funcione al cien por cien, se cumpla con la normativa en vigor en ese momento y el vertido cumpla con la autorización del organismo de cuenca. La Diputación ha dado el visto bueno a este procedimiento.

Aguas de Cuenca recomienda también que las poblaciones cercanas de La Melgosa y Mohorte, carentes de tratamientos adecuados de sus aguas residuales, acaben llevando sus aguas a la EDAR que contempla la actuación, una vez se encuentre en funcionamiento, dado que es la más cercana. Por este motivo, la EDAR proyectada debería realizar la obra civil de llegada y la instalación de elementos necesarios para acoger estos vertidos.

Otras de las correcciones se refieren a la protección del patrimonio cultural, las infraestructuras ya existentes o la adaptación al cambio climático, así como el establecimiento de un programa de vigilancia ambiental.

Reparcelación “forzosa”

El pasado mes de diciembre, tras esta declaración de impacto ambiental, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sometió a información pública el proyecto de reparcelación “forzosa” (es decir, mediante expropiaciones) del futuro parque científico, el primer paso para el inicio de su construcción conforme a los pasos que debe seguir como Plan de Singular Interés.

Este proceso se llevará a cabo sin perjuicio de que la Diputación Provincial de Cuenca, como entidad promotora del mismo, pudiera adquirir, por mutuo acuerdo, las fincas que sus titulares prefirieran enajenar.

El plazo para la presentación de alegaciones a esta reparcelación está a punto de culminar, por lo que es previsible que pueda llevarse a cabo en uno o dos meses. Así lo estima también el presidente de la institución promotora, Álvaro Martínez Chana, quien calcula que cuando finalice ese plazo, será “el pistoletazo de salida”.

A partir de ese momento, arrancará el proceso de licitación y con ello iniciar un nuevo plazo, el de la fase de las obras, donde las empresas comenzarán a adquirir los terrenos para la construcción del futuro parque científico. “Cuando vea la luz, podremos estar todos de enhorabuena y sobre todo la ciudad de Cuenca”, concluye e presidente de la Diputación, quien no ha entrado a valorar las correcciones ambientales del proyecto.

La Junta de Andalucía llevará hasta la última instancia judicial su intención de construir la gran depuradora para la zona norte de Málaga en Vega Mestanza, un terreno permeado por el río Guadalhorce que produce entre 1,5 y 2 millones de kilos de cítricos cada año desde hace casi un siglo. En el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la suspensión de la obra, razona que la falta de estudio del impacto ambiental que tendría la depuradora en las ubicaciones alternativas no puede suponer que se anule la decisión de ubicarla en Vega Mestanza.  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mandó parar máquinas cuando estas ya pisaban el terreno, el pasado junio, con el argumento de que la administración no se había tomado en serio la obligación de comparar el impacto ambiental que tendría la depuradora aquí con el que tendría en otros terrenos. Ahora, la Junta expone ante el Supremo que eso es un castigo demasiado grande, y que la ley no dice que haya que rechazar de plano un proyecto que no haya estudiado las alternativas desde el punto de vista ambiental.

Hacerlo es contrario al principio de proporcionalidad en la interpretación de la ley, dice la Junta en su recurso de casación, al que este medio ha tenido acceso. “Si los estudios preliminares sobre ubicación de una EDAR señalan una localización como la más idónea atendiendo a cualificadas exigencias técnicas de la misma, resulta de todo punto desproporcionada y carente de sentido la exigencia del análisis ambiental de cada una de las localizaciones descartables por su menor idoneidad técnica y por ende inviables”.

Una decisión tomada con criterios “exclusivamente económicos”

La sentencia dictada por el TSJA, el máximo órgano judicial andaluz, afeaba a la Junta que la decisión de colocar la depuradora en Vega Mestanza se tomara tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos”, ignorando en cambio el contraste desde el punto de vista ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga, cuando precisamente en esta materia prima la protección del medio ambiente.

Los magistrados subrayaban que se había omitido “todo estudio medio ambiental” de las otras ubicaciones posibles. Todas las alternativas se descartaban por razones relativas al coste de los colectores y las expropiaciones. “Debió completarse con un estudio de las alternativas posibles (...) que debe abarcar a si estas presentan desde el punto de vista medioambiental más o menos inconvenientes”.

La Junta se revuelve contra la consecuencia de la falta de comparativa ambiental aplicada por los jueces. Por el contrario, argumenta que la ley establece que la ubicación debe decidirse por “un análisis global multicriterio”, donde entran en juego aspectos económicos, sociales y ambientales, y que la falta de una comparativa ambiental no lleva necesariamente a la nulidad.

“La perspectiva medioambiental no constituye un criterio selectivo preferencial a imponer sobre cualquier otra consideración”, argumenta la letrada de la Junta, que concluye que, por tanto, no cabe consagrar “la necesidad, en todo caso y sin excepciones, de una comparativa desde dicha perspectiva de las distintas alternativas”.

Aguas residuales de 250.000 personas y multa de 1,3 millones al año

La depuradora de la zona norte de Málaga es esencial para cumplir con las obligaciones de depuración y dejar de verter aguas sucias al Guadalhorce. Está previsto que la EDAR Norte trate cada día alrededor de 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes. Una parte de ese volumen se derivará desde la depuradora del Guadalhorce, y otra parte se vierte actualmente sin depurar.

Esos vertidos están entre los que justifican la sanción impuesta a España por la Comisión Europea, ratificada por el Tribunal de Justicia Europeo en 2018. Cada año, Andalucía abona 1,3 millones de euros por incumplir las obligaciones de depuración aquí, en Barbate (Cádiz) y en Matalascañas (Huelva). “Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”, observó el consejero Ramón Fernández-Pacheco cuando comenzaron las expropiaciones.

Sin embargo, la necesidad de depuración ha topado con la resistencia para que se ponga aquí de vecinos y propietarios de la tierra, productiva y fértil. De la mano de una líder carismática e incansable, esgrimen argumentos económicos, de seguridad y ambientales para oponerse con todas sus fuerzas al proyecto. Es así como lograron la victoria ante el TSJA.

Es un desenlace insospechado hace cuatro años, cuando empezaron las movilizaciones de los vecinos. La suerte de Vega Mestanza parecía echada al menos desde 2009, cuando fue señalada por los alcaldes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Málaga, Cártama y Torremolinos como la ubicación idónea para una EDAR que dé servicio a la zona norte del área metropolitana de Málaga.

Tras años de parálisis, el Gobierno de Moreno retomó el proyecto, aprovechando los fondos recaudados con el canon del agua que los socialistas no habían gastado. Fue adjudicado por 106 millones de euros hace dos años a una UTE integrada por Sando, Dinotec y Aquambiente.

La Junta de Andalucía nunca ha escondido que la elección de la ubicación estaba tomada desde mucho antes del procedimiento de evaluación y en ella pesaban otros criterios distintos a los ambientales. “La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha subrayado hoy que la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Málaga Norte en el Cortijo Mestanza está decidida desde el año 2009 y cuenta con la aprobación en sesión plenaria de los cinco ayuntamientos afectados, ya que reúne las condiciones técnicas más adecuadas para ubicar esta EDAR”, señalaba en una nota de prensa de 2022.

Alhaurín de la Torre pide a la Junta que retire el recurso

El lugar, que se inunda en cada episodio de lluvias intensas, es una fértil vega de mandarinos, limones y naranjos, explotada por los descendientes directos de la familia Mestanza desde que la compraron a la familia Larios. Para evitar el agua, se contempla que la instalación, de 13 hectáreas, quede elevada en unos cinco metros.

La oposición a la obra ha concitado una inusitada mezcla de intereses: en las concentraciones previas a la paralización se daban cita ecologistas, activistas y partidos de izquierda, simpatizantes de Vox y creyentes en los chemtrails. La semana pasada, el Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (el municipio más afectado por cercanía, aunque la vega esté en Málaga) aprobó una moción para pedir a la Junta de Andalucía que retire el recurso. Votaron a favor el PSOE y Con Málaga, y se abstuvo el PP.

El recurso de casación está firmado por la letrada jefa de la delegación territorial de la Junta de Andalucía, y de cómo se resuelva dependerá no sólo lo que ocurra con esta depuradora, sino también el alcance que se le dé a un buen puñado de conceptos ambiguos (indeterminados) la Ley de Evaluación Ambiental, de 2013. Por ejemplo, la norma habla de “alternativas razonables estudiadas” o de “alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”, pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Hasta dónde llega la “razonabilidad”?

Cada 14 de marzo se celebra el Día Mundial de los Ríos, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia del agua dulce y la necesidad urgente de proteger los ecosistemas fluviales. Sin embargo, la realidad es alarmante: de los 500 principales ríos del planeta, la mitad están gravemente contaminados, según datos del WWF.

Vertidos industriales, pesticidas, basura urbana y aguas residuales han convertido muchos cauces en auténticas cloacas a cielo abierto. Y aunque algunos siguen siendo lugares sagrados o turísticos, la verdad es que bañarse en ellos sería una temeridad. Estos son cinco de los ríos más contaminados del mundo, donde jamás deberías darte un chapuzón.

Río Salween: el río más contaminado del planeta

Discurre por China, Birmania y Tailandia, y es considerado el río más contaminado del mundo. A lo largo de su cauce se vierten toneladas de plomo, mercurio, zinc y cobre procedentes de las industrias metalúrgicas que rodean su valle. Lo que antaño fue una fuente de vida para miles de comunidades hoy es un ecosistema enfermo: sus aguas son tóxicas incluso para la fauna local.

Río Danubio: del “río azul” al río gris de Europa

El Danubio, el segundo río más largo del continente europeo, atraviesa diez países y ha sido testigo de guerras, vertidos y desastres industriales. Tras los bombardeos de fábricas serbias durante los conflictos balcánicos en los 90, sus niveles de contaminación se dispararon. Hoy arrastra restos de pesticidas, productos químicos y aguas residuales. A pesar de los esfuerzos por limpiarlo, sigue siendo uno de los ríos más contaminados de Europa.

Río de la Plata: la frontera líquida entre Argentina y Uruguay

El majestuoso Río de la Plata, uno de los estuarios más amplios del planeta, es también uno de los más castigados por la actividad humana. Los vertidos domésticos e industriales de Buenos Aires y Montevideo, junto con la escorrentía agrícola, han dejado sus aguas cargadas de nitratos, fosfatos y desechos químicos. Aunque sus playas pueden parecer tranquilas, los expertos desaconsejan el baño en muchas zonas debido al riesgo sanitario.

Río Bravo (o Río Grande): la herida que separa México y Estados Unidos

El Río Bravo, que marca buena parte de la frontera entre México y Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo de la crisis ecológica norteamericana. Más de un centenar de presas han alterado su caudal y reducido su capacidad de regeneración natural. Las industrias químicas y textiles de ambos países vierten residuos directamente al agua, lo que lo convierte en uno de los ríos más contaminados de América.

Río Ganges: el río sagrado que muere lentamente

El Ganges, en el norte de la India, es mucho más que un río: es el corazón espiritual del hinduismo. Cada día, millones de personas se bañan en sus aguas para purificarse o depositan en él las cenizas de sus familiares. Pero esta devoción convive con una realidad trágica. El Ganges recibe a diario toneladas de basura, aguas residuales y restos humanos o animales incinerados. A pesar de los planes de limpieza del Gobierno indio, su nivel de contaminación sigue siendo alarmante.

La Junta de Andalucía tendrá que paralizar de inmediato las obras, que ya había comenzado, para construir en la Vega de Mestanza la gran depuradora del área metropolitana de Málaga, valorada en más de 106 millones de euros. Así lo ordena el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en una sentencia que da el alto a la administración por entender que el anteproyecto de la llamada “EDAR Norte de Málaga” nunca estudió si las posibles alternativas eran menos lesivas desde el punto de vista ambiental.

La resolución, fechada el pasado martes, da la razón a la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas en el recurso que interpusieron a finales de 2022 contra el anteproyecto de la depuradora, al que deja sin efecto, condenando a la Junta a parar y reiniciar el proceso. Aunque la Junta modificó ligeramente ese anteproyecto para reducir la huella de la infraestructura (que pasó de 20 a 13 hectáreas, la parte central en elevación de cuatro metros), los argumentos son de tal calado que dejan muy tocado el plan del Gobierno andaluz.

Los magistrados afean a los técnicos de la Junta que sólo hayan tenido en cuenta criterios “exclusivamente económicos” para elegir Vega de Mestanza, obviando un contraste ambiental con las alternativas que existían en otros lugares de la ciudad de Málaga, cuando precisamente en esta materia prima la protección del medio ambiente como otras razones.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, admite que el estudio de impacto ambiental cumple con su contenido mínimo (análisis de población, salud humana, flora, fauna, biodiversidad, paisaje, suelo...) formalmente, falla al comparar esta posible ubicación con las demás que se contemplan, despachadas sin profundidad alguna. “Debió completarse con un estudio de las alternativas posibles (...) que debe abarcar a si estas presentan desde el punto de vista medioambiental más o menos inconvenientes”, explican los magistrados, pero todas se descartaron por razones relativas al coste de los colectores y de las expropiaciones.

Los magistrados recuerdan que Vega de Mestanza es “punto estratégico” del Corredor Biológico Mundial al tratarse del Kilómetro Cero del Sur de Europa del Corredor Biológico Mundial, algo que al menos debió valorarse y comparar con otras opciones.

Además, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la cataloga como zona inundable de “alta probabilidad” de inundaciones, es decir, con una frecuencia previsible inferior a diez años, tal y como detalló este medio. Se pudo comprobar en las últimas lluvias torrenciales del otoño.

Está por ver si el Gobierno de Juan Manuel Moreno mantiene su intención de situar en una zona inundable, poblada hoy por miles de cítricos, una depuradora para tratar 75.000 metros cúbicos de aguas residuales de unos 250.000 habitantes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, parte de Málaga, Cártama y Torremolinos. Ocuparía unas 13 hectáreas. Otro gran interrogante que se abre ahora es qué pasa con la adjudicación millonaria del proyecto si este deviene imposible porque lo prohíben los jueces, y con las expropiaciones a unos 150 propietarios, la gran mayoría ya se han culminado con el pago del justiprecio.

En los últimos tiempos la oposición a la obra había generado una potente corrente de adhesión que trasciende la provincia de Málaga. Decenas de voluntarios acampan estos días entre los cítricos y documentan la presencia de coches con las matrículas tapadas, mientras las adjudicatarias (la UTE integrada por Sando, Dinotec y Aquambiente) denuncian coacciones a sus empleados.

La Junta advierte de las “consecuencias para la salud pública”

La sentencia del TSJA supone un correctivo al Gobierno andaluz, que había insistido en la conveniencia de colocar ahí la depuradora a pesar de la oposición frontal de los vecinos y las dudas ambientales y económicas que suscita el proyecto. El propio consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó las preocupaciones vecinales y el estudio de posibles alternativas al señalar que “lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas” en la zona norte del área metropolitana de Málaga. Esto supone que cada año la Junta de Andalucía deba abonar casi 1,3 millones de euros a la Comisión Europea en concepto de multa.

Ahora, la Junta dice que está preocupada por las consecuencias medioambientales de seguir vertiendo. “Esta decisión también tiene consecuencias para la salud pública de quienes viven en el entorno del río y un perjuicio económico para la Junta de Andalucía que va a seguir pagando sanciones por la no depuración de estas aguas residuales”, añade la administración, que insiste en que siempre actuó guiada por “criterios técnicos”, algo que la sentencia parece no compartir. La Junta valora ya si recurrirla ante el Tribunal Supremo.

Desde hace casi dos décadas, los alcaldes y la Junta saben de la necesidad de disponer de una nueva EDAR para esa zona, que vierte al Guadalhorce las aguas residuales de sus vecinos sin depurar. Sin embargo, el proyecto permaneció mucho tiempo latente, sin que la Junta (por entonces gobernada por los socialistas) lo abordara. El Gobierno de Moreno reactivó el proyecto a finales de 2020 tirando del canon del agua. Es la infraestructura de depuración más relevante de cuantas tiene asignadas la administración andaluza.

Toda la oposición en contra

Pronto comprobó que no tendría fácil vencer la resistencia vecinal, liderada por Mari Carmen Mestanza, heredera directa de los colonos que compraron la parcela a la familia Larios hace un siglo. Sembraron la vega y la convirtieron en un vergel de naranjos, limoneros y mandarinos, el último digno de tal nombre en Málaga capital, con capacidad para producir hasta dos millones de kilos de cítricos al año.

Mestanza comenzó a acudir a cada acto de cada político que pasaba por Málaga, a los que acudía armada de mandarinas para regalar y contar que construir allí era un atropello. A todos los ha invitado a la vega, y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, le prometió que iría, pero nunca lo hizo.

Todos los partidos que no son el PP se sumaron a su causa: primero, Los Verdes-Equo, en 2021. Después, los demás: Por Andalucía, PSOE (cuya europarlamentaria Lina Gálvez preguntó a la comisaria europea por el asunto) y, últimamente, Vox y hasta Alvise Pérez, cuya visita estaba programada para hoy. La presencia de estos grupos de ultraderecha está generando incomodidad en activistas ecologistas, que denuncian la instrumentalización política de la causa. Se pudo comprobar hace apenas dos semanas, con una discusión entre varios activistas y Manuel Gavira.

Tras completarse las expropiaciones de unos 150 propietarios, los trabajos comenzaron hace apenas un mes. Tras parar, hace siete días volvieron los operarios para, protegidos por antidisturbios, disponer un camino que permitiera a las máquinas vadear el río Guadalhorce. Después, volvieron a parar, asegurando en medios locales que habían sido amenazados. Este jueves volvían a rondar el lugar, según Mari Carmen Mestanza, que hacía guardia con una veintena de activistas: “Vienen, se asoman y se van”, dice, “pero hoy lo importante es que esto lo hemos parado”.

En paralelo, la asociación fue interponiendo todos los recursos posibles. En diciembre lograron la paralización cautelarísima de las expropiaciones, pero la alegría les duró pocos días. Ahora han logrado su victoria más relevante, aunque no saben si definitiva.

El Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha declarado “no apta para el consumo” el agua procedente de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales (ETAP) del Rancho del Feo, según ha comunicado a los vecinos el Ayuntamiento de Segovia mediante un Bando de Alcaldía firmado por el regidor municipal, José Mazarías.

Esta estación potabilizadora suministra agua a los barrios de Nueva Segovia, El Carmen, La Albuera, la Colonia de Pascual Marín, Ciudad y Tierra y el barrio incorporado de Hontoria, además de a los polígonos industriales de El Cerro, Hontoria y El Acueducto. Estas zonas de Segovia no podrán consumir el agua hasta que finalice el episodio de contaminación.

La calificación se produce tras empeorar la calidad del agua que entra al Rancho del Feo a lo largo de la mañana del lunes 10 de marzo, motivada por la turbidez que se ha producido en el lecho del embalse de Puente Alta (Revenga).

Esta circunstancia se ha producido al removerse los lodos de los fondos por la fuerza del agua durante la apertura del aliviadero con el fin de hacer descender el límite del embalse, que se ha llenado en estos días por las intensas lluvias caídas, y por el aumento de partículas arrastradas por el agua del Río Frío, caudal que alimenta al embalse y del que se toma el agua para la estación potabilizadora.

No apta para consumo

La turbidez ha superado la capacidad de limpieza del Rancho del Feo, por lo que la salida de agua hacia las zonas altas de la ciudad se produce con unos valores superiores a los límites establecidos para garantizar la salud.

La declaración de este agua como “no apta para el consumo humano” se mantendrá hasta que se recuperen las condiciones que la hacen apta para el consumo, lo que se comunicará oportunamente a los ciudadanos.

A pesar de que un sistema automatizado regula los reactivos necesarios para limpiar el agua en el Rancho del Feo, la gran turbidez procedente del embalse de Puente Alta ha sobrepasado la capacidad de este mecanismo y el agua turbia ha sobrepasado los controles de la planta y ha entrado en la red de distribución.

Esa turbiedad del agua se ha intensificado en las últimas horas motivando que la recomendación inicial de evitar el uso de ese suministro para el agua de boca haya pasado a primera hora de esta tarde a “no apta para el consumo” tras la declaración del Servicio Territorial de Sanidad.

En los domicilios y comercios del resto de los barrios de la ciudad, cuyo suministro procede de la ETAP de los Depósitos, que se alimenta del Pontón (Palazuelos), se mantienen los niveles adecuados para todos los usos, incluido el consumo humano.

Los terrenos de Vega Mestanza, unas 13 hectáreas (130.000 metros cuadrados) en Málaga capital hasta ahora dedicadas al cultivo de mandarinas, naranjas y limones, ya son de la Junta de Andalucía.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene decidido instalar allí la gran depuradora que se necesita para tratar las aguas residuales de los municipios al norte de la ciudad y, de paso, zanjar la multa de 634.000 euros que la Comisión Europea le impone cada seis meses por la falta de depuración en esta aglomeración urbana.

El primer paso es culminar la expropiación de los terrenos de unos 150 propietarios, en su mayoría tenedores de pequeñas parcelas de cítricos. Y ese es el paso que ya está dando esta semana. Fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural confirman la expropiación formal de los terrenos alegando que la depuradora está catalogada como obra de interés general de la comunidad andaluza.

El consejero del ramo, Ramón Fernández Pacheco, volvió a estudiar hace un año todas las ubicaciones posibles y los técnicos insistieron en que el emplazamiento elegido es el idóneo. El coste de la expropiación para las arcas públicas se aproxima al millón de euros. La Junta ha ajustado el precio del metro cuadrado a lo que marca la Junta Provincial de Arbitraje, pero varía en función del municipio en el que se encuentre. Los dueños de las parcelas expropiadas tienen ahora dos opciones: o aceptan el dinero o acuden a la Junta de Arbitraje a reclamar.

75.000 metros cúbicos

La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía), dando servicio a unas 600.000 personas. La obra fue adjudicada por 106,5 millones de euros a una unión de empresas (Sando, Dinotec y Aquambiente) y la actuación tiene un presupuesto total de 138 millones con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.

Para reducir su impacto, la Junta ya modificó el proyecto hace un par de años, tras ser denunciada ante los tribunales. Redujo su extensión, de 20,8 a 13 hectáreas, paradójicamente sin menguar su capacidad de tratamiento. Pero la modificación no es suficiente para quienes se oponen. Muchos de ellos se han unido en una asociación que lleva años pleiteando para lograr la reubicación de la futura instalación.

Alegan que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como volvió a quedar demostrado con las lluvias torrenciales del pasado otoño. Hasta ahora, nada ha servido.

Acta de ocupación y rechazo en Bruselas

El último jarro de agua fría lo recibieron el pasado lunes por partida doble. Acudieron por turnos a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, llevando DNI y título de propiedad, y allí les dijeron, uno a uno, que el terreno pasaba a ser de la administración, previo levantamiento del acta previa de “urgente ocupación”. Esa acta supone, en términos administrativos, que la expropiación ya se ha formalizado y que en las próximas semanas la Junta irá a vallar el terreno y a hacer las primeras catas.

“Nos dijeron que con este acto la Junta ya había tomado posesión y actuaría cuando creyera oportuno”, cuenta por teléfono Mari Carmen Mestanza. También les avanzaron que les queda otra cita para el pago del justiprecio, a seis euros el metro cuadrado. “No queremos ni seis ni 26, queremos seguir aquí y que no talen los árboles”. Unos 20.000 árboles pasarán por la motosierra, según sus cálculos.

Marcelino Abraira, abogado de la asociación, resta valor a la expropiación. “No tiene valor ninguno porque están supeditadas a lo que digan las sentencias. Si mañana nos dan la razón, ¿qué pasa?”, se pregunta, aludiendo a los pleitos que ha interpuesto contra el proyecto, aún pendientes de resolver.

El segundo mazazo vino de Bruselas. El mismo lunes se pronunció la Comisión Europea para decir que no tiene suficiente información para pronunciarse sobre el caso. El Ejecutivo comunitario había sido interpelado por la eurodiputada socialista Lina Gálvez, que quería saber si la construcción de la depuradora de aguas residuales en una zona agrícola inundable se alinea con la normativa y con los objetivos comunitarios en materia de riesgos, agricultura ecológica y restauración de sistemas agrícolas y zonas arbóreas.

En su respuesta, la comisaria Jessica Roswall subraya que este tipo de instalaciones deben contar con una evaluación de impacto sobre el paisaje o los riesgos de accidentes graves, y deriva el asunto a los tribunales nacionales, aunque se muestra abierta a “recibir más información sobre el proyecto y los procedimientos judiciales”.

Terreno inundable

Hasta ahora, nada ha detenido los planes de la administración, que tiene este proyecto sobre la mesa desde hace más de 15 años. Los alcaldes acordaron en el pasado ubicar la instalación en esta zona al noroeste de Málaga capital y, aunque después han mostrado en privado sus dudas de que sea la mejor ubicación, de ahí no se han movido.

La Junta de Andalucía desestimó en noviembre las más de 500 alegaciones al proyecto de los vecinos y propietarios. Según la Junta, el valor ambiental, paisajístico y agrícola de los terrenos es mínimo. Además, hace más de 15 años que el PGOU de Málaga contempla esta ubicación y descartó las alternativas, entre ellas la parcela junto a la actual depuradora de la capital. El Gobierno andaluz cree que el impacto sobre la biodiversidad en la zona, junto a la desembocadura del Guadalhorce (zona de especial conservación), quedaría compensado porque la depuradora va a limpiar, al fin, las aguas residuales que todavía se vierten sin tratar al río, unos 5.900 millones de litros al año

Respecto a la inundabilidad de los terrenos, la administración dice que es lo normal. “Debido a la tipología de este tipo de actuaciones, a la orografía y a la ubicación de los puntos de vertido que se quieren recoger (siempre en cotas bajas y próximos a cauces públicos), este tipo de infraestructuras, en muchos casos, están afectadas por la inundabilidad de los mismos cauces a los que vierten el agua ya depurada”.

El artículo 14 bis del Reglamento Hidráulico prohíbe la instalación de instalaciones sensibles, como depuradoras, en zonas inundables salvo que se certifique que no hay alternativa. La zona está catalogada como inundable de “alta probabilidad” en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, las inundaciones tienen una frecuencia previsible inferior a diez años. Los vecinos tienen un informe ambiental que la califica como “zona prácticamente de cauce activo de forma frecuentísima, cuando no casi anual”.

El pasado 30 de octubre, el desbordamiento del Guadalhorce volvió a ofrecer un ejemplo: las lluvias de aquel día, que causaron destrozos río arriba (en Valle de Abalajís, Pizarra, Álora y Cártama) se remansó al llegar a Vega Mestanza, 70 hectáreas de frutales que esponjan el caudal sobrante. Aquel día, las mandarinas tocaban el agua. La cota y la velocidad subirá cuando en mitad del terreno se coloque una isla de 30.000 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura.

El 7 de noviembre, apenas una semana del primer episodio de inundaciones, Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, recordó en Canal Sur que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ya prevé que en las zonas inundables “no se puede construir”. Sin embargo, no parece que vaya a aplicarse a Vega Mestanza. “Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”, había replicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco, cuando le preguntaron, días antes, por esta obra.

Recursos ante los tribunales

La única esperanza de los vecinos está puesta en los tribunales. Un juzgado estudia el recurso contra el anteproyecto original, que no analizaba las alternativas. Además, el 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizó de forma cautelarísima las expropiaciones. Sin embargo, tres días después levantó la medida y el proceso se retomó. El abogado ha recurrido también ese levantamiento, lo que podría paralizar de nuevo las expropiaciones.

En paralelo, la asociación mantiene abiertos media docena de pleitos contenciosos, y ha presentado una querella en vía penal contra responsables técnicos y políticos del proyecto. “La ubicación en el PGOU de Málaga es nula de pleno derecho,”, subraya Abraira, el abogado de la asociación.  

La otra vía es la pura insistencia personal de los vecinos y, en particular, de Mari Carmen Mestanza, quien acumula años de lucha incansable contra el proyecto. Como decenas de los expropiados, ella es descendiente directa de la familia que compró la vega hace un siglo y aún le da nombre. Ha perdido la cuenta de a cuántos plenos de los Ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la Torre ha acudido, de cuántos mítines se ha tragado, de a cuántos políticos, periodistas, asociaciones, académicos y ciudadanos ha invitado a lo que ella llama “el balcón de Mestanza”: un terreno en alto desde el que se divisa en toda su extensión la vega de frutales y, ya al fondo, el aeropuerto.

Hace apenas una semana lo volvió a intentar: se plantó a la puerta de la Subdelegación del Gobierno con una naranja en la mano para María Jesús Montero. Pese a su intento por zafarse, el despliegue policial impidió que le entregara la fruta e invitara a la ministra, que salió en coche, al balcón sobre la vega de frutales amenazada por la depuradora. 

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha retirado ya, desde las 21:15 horas de este domingo, la recomendación de no consumir agua en Erandio, Loiu y Zamudio, así como en Mungia, donde se habían detectado casos puntuales de turbidez. En un comunicado recogido por Europa Press, la sociedad de aguas ha informado de que, una vez realizados todos los controles, la situación se ha normalizado, por lo que se puede consumir agua en todas las zonas que han estado afectadas por turbidez.

En cualquier caso, ha indicado que la recomendación en todos los domicilios es dejar correr el agua y purgar la red doméstica, donde podría quedar algo de agua con turbidez residual. Desde el momento en que ayer se produjo la avería que desencadenó turbidez en el agua, la entidad ha llevado a cabo muestreos tanto en estos municipios como en localidades aledañas. Además, ha trabajado sobre el terreno con purgas continuas en la red.

El 9 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la mayoría de penas de cárcel para los condenados por el saqueo de 23 millones de euros de la depuradora de Pinedo (València) durante los años 2006 a 2011. Las penas de prisión fueron desde un año y cuatro meses para uno de los técnicos, a los 12 años y medio que el alto tribunal le impuso al exgerente de la empresa pública Emarsa Esteban Cuesta como principal responsable del fraude. Menos de cuatro años después, entre rejas solo quedan tres de los principales acusados: el propio Cuesta, el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y el que fuera director financiero Enrique Arnal. El resto ya goza del tercer grado o arresto domiciliario por buen comportamiento y tras haber cumplido, al menos, un tercio de la pena.

El último en salir ha sido José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), uno de los dos altos cargos de la Generalitat que fueron necesarios para montar la trama corrupta de Emarsa.

Morrenilla entró el 16 de noviembre de 2020 y salió el pasado mes de mayo tras cumplir tres años y ocho meses en la cárcel de Murcia de los nueve a los que fue condenado. En estos momentos se encuentra en tercer grado CIS (Centro de Inserción Social), es decir, que todavía va a dormir a la cárcel y no puede salir antes de las 9 de la mañana. Recientemente el que fuera mano derecha de los consellers del PP fallecidos Juan Cotino y José Ramón García Antón ha sufrido importantes problemas de salud.

Sebastián García Martínez, alias “Chanín”, fue condenado a 7 años de cárcel. Salió en enero de este año tras cumplir tres años y dos meses de reclusión. Chanín fue uno de los cerebros de la trama de gastos informáticos dentro de la causa Emarsa. Decidió pasar sus años a la sombra en la cárcel de Teruel, uno de los centros más indulgentes. En Teruel también estuvo el empresario Enrique Sena, quien cumplió un tercio de los seis años a los que fue condenado. En estos momentos se encuentra en régimen abierto. Las empresas de este conocido emprendedor de l'Horta Sud cobraron por servicios no realizados, según la sentencia.

El hermano de Enrique Sena y también empresario, José Luis, también ha salido de prisión. Por la gravedad de los hechos en los que participó al no querer colaborar con la justicia, ha cumplido tres de los cuatro años a los que fue condenado. No tiene la condicional, pero está en casa con pulsera de seguimiento por parte de las autoridades penitenciarias. El empresario Daniel Calzada, que entró en prisión porque fue detenido tras la sentencia, también ha cumplido su pena.

Jorge Ignacio Roca Samper, el “facturero” que ayudó a la trama a desviar hasta 13 millones de euros por el fraude con la contabilización de los fangos que generaba la depuradora estuvo en prisión varios años tras ser detenido en Moldavia. Estuvo fugado dos años y fue detenido gracias a la colaboración de la Interpol. Recientemente fue condenado a otros dos años de cárcel por el fraude en el IVA junto con Cuesta y Crespo.

La única mujer que entró a la cárcel por esta trama, Eva Marsal, cumplió dos años y medio en la prisión de Tenerife. Pareja de Enrique Arnal, se benefició con viajes y otros bienes del saqueo de la depuradora. Hubo otros condenados a prisión que no llegaron a entrar por no cumplir la mínima o que canjearon por multas.

Siguen en prisión Enrique Crespo, quien tiene que cumplir un total de 15 años. Diez por la sentencia del Supremo, tres por el fraude del IVA y dos por multa. En estos momentos lleva casi cuatro años en el módulo de Preventivos de la cárcel de Picassent. Arnal, que tiene que cumplir 10 años y medio, también se encuentra preso en Picassent, en este caso en el módulo de Penados.

Esteban Cuesta, el que mayor condena recibió, se enfrenta a 17,5 años a la sombra. Lleva casi cuatro años y eligió la cárcel de Albacete para cumplir la pena, que no serán menos de ocho años.

El Gobierno de Castilla-La Mancha está apoyando el proyecto del Grupo de Desarrollo Rural PRODESE para realizar un estudio que dé solución a la problemática de los vertidos de aguas residuales y disminuir el efecto contaminante mediante la implantación de filtros verdes para el tratamiento de las aguas residuales urbanas de ocho municipios cabecera del río Júcar.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha asistido en Tragacete a la presentación del proyecto, ha agradecido a PRODESE la puesta en marcha de este estudio cuya finalidad es dar respuesta a la preocupación de diferentes ayuntamientos de la comarca y el Parque Natural de la Serranía de Cuenca ante la necesidad de depurar las aguas residuales de los municipios.

Los trabajos a realizar para el estudio de viabilidad consistirán, entre otras cuestiones, en el diagnóstico individualizado de la situación actual en cada municipio en lo que respecta a cuestiones como el diseño y dimensionado de la depuración de aguas residuales urbanas en cada municipio; y la disponibilidad de parcelas para la ubicación de las instalaciones y elaboración de la propuesta más idónea para cada municipio.

También incluye la realización de mediciones, levantamientos topográficos y presupuesto estimado del coste de la solución adoptada en cada caso; una propuesta de un posible modelo para una gestión mancomunada del mantenimiento de instalaciones y la redacción de proyecto de los trabajos a realizar para las instalaciones o filtros.

Julián Martínez Lizán ha valorado “la implicación” de los ayuntamientos afectados, así como de otras entidades y administraciones, lo que hace que este proyecto sea un reflejo de la aplicación de la filosofía de trabajo LEADER que coincide con la Estrategias de Desarrollo Local Participativo desarrolladas tanto en el anterior período de programación como en el actual para conseguir los ODS marcados en la Agenda 2030.

Tras la presentación, se ha procedido a la firma de los acuerdos de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, PRODESE y los ayuntamientos de Tragacete, Valdemeca, Huélamo, Beamud, Uña, Portilla, Villalba de la Sierra y Palomera.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Tragacete, Diego Yuste; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; la presidenta del GDR PRODESE, Coral Pardo, así como representantes de los ayuntamientos que participan en esta iniciativa.

El trabajo de los GDR

Tras finalizar esta presentación, se ha informado sobre las tres convocatorias que puso en marcha PRODESE el pasado 2 de julio para el nuevo periodo de programación 2023-2027 cuyo plazo de presentación de solicitudes llegará hasta el 15 de agosto. Las convocatorias están dirigidas a autónomos, pymes y administraciones públicas y cuentan con un presupuesto total de 1,5 millones de euros.

A continuación, el consejero ha visitado uno de los proyectos que se han llevado a cabo en Tragacete financiados a través del periodo LEADER 2014-2022. Se trata de tres apartamentos rurales, 'El Capricho de la Serranía', en los que se ha hecho una inversión cercana a los 375.000 euros para lo que han contado con una ayuda de más de 113.000.

En total, en el periodo 2014/2022 a Tragacete se han destinado 661.500 euros para seis proyectos, con el fin de seguir apoyando iniciativas empresariales que ayudan a crear empleo y a fijar población en el medio rural, así como, a cubrir servicios básicos públicos en los municipios.

“Todos estos proyectos nos dan una idea de la diversificación en el trabajo que realizan los Grupos de Desarrollo Rural en los municipios de nuestra región, donde además de apoyar iniciativas empresariales que crean empleo y cubren servicios básicos, ayudan a la comunidad a mejorar las condiciones medioambientales del territorio y a proteger uno de los aspectos más sensibles para los ecosistemas del medio rural como es el cuidado del retorno del agua a su ciclo biológico natural en los cauces próximos a las poblaciones”.

La empresa Aqualia ha puesto en marcha en Mérida la mayor planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas de Europa, y una de las más grandes del mundo, cuya capacidad de depuración es de dos millones de litros al día, además de producir biomasa de alto valor.

La biofactoría, de 20.000 metros cuadrados de superficie, ha sido inaugurada este lunes en un acto en el que han intervenido directivos de Aqualia y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

El proyecto ha puesto una inversión superior a los 10 millones de euros, 8,8 millones de ellos de la Unión Europea y 1,5 millones de la empresa concesionaria del suministro de agua en Mérida. La planta cuenta con 665 paneles fotovoltaicos que generan el 75 % de la energía necesaria para el tratamiento y, además, se han instalado unas microturbinas que producen 770 kilovatios.

El director de la Zona 1 de Aqualia en España, Matías Loarca, ha destacado que esta instalación es un “ejemplo paradigmático” de la colaboración pública-privada. Y ha subrayado que esta tecnología supone una apuesta por la sostenibilidad en la depuración de las aguas residuales y, especialmente, una solución para los municipios de pequeño tamaño donde no existe ningún tipo de tratamiento.

El responsable del Área de Sostenibilidad del Departamento de Innovación y Tecnología de la empresa, Arbib Zouhayr, ha señalado que llevan doce años trabajando en la tecnología del tratamiento con microalgas. Zouhayr ha aclarado que el objetivo número uno de la instalación es depurar el agua de forma eficiente para 10.000 habitantes según los parámetros que marca la directiva de la Unión Europa.

Una vez que se han tratado las aguas residuales en las lagunas de algas y bacterias, y por medio de humedales artificiales, es el momento de extraer el valor añadido. Para biomasa obtenida, rica en el carbono, el nitrógeno y el fósforo que se ha eliminado con la depuración, tienen una línea dedicada a producir bioestimulantes de “altísimo valor agronómico”, según Zouhayr.

Además, tienen una segunda línea más simplificada para la gestión del fango, que se puede hacer “a los diez o los quince años” con la climatología que tiene Mérida, ha pronosticado.

Zouhayr ha explicado que gracias al oxígeno que producen las microalgas se puede eliminar el carbono, el nitrógeno y el fósforo simultáneamente en el mismo reactor -la planta tiene tres-, lo que permite ahorrar 200.000 kilovatios al año de energía en el tratamiento de las aguas residuales. Es decir, el consumo de 40 viviendas de cuatro miembros, ha puesto como ejemplo el directivo de Aqualia, que ha comentado que en futuro también podrá producir biometano.

El alcalde ha destacado que Mérida cuente con la mayor planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas más grande de Europa. Rodríguez Osuna ha comentado que esta solución pensada para los pequeños municipios está alineada con los objetivos del Gobierno de España y de los ODS para el tratamiento de las aguas residuales de una forma cada vez más sostenible, eficaz y natural. La “cesión no fue fácil” a la hora de justificar la implementación del servicio que presta Aqualia como empresa concesionaria, ha reconocido.

Tirar casi sin más las aguas sucias de una población al mar o al cauce del río es una práctica que a España se le ha convertido en un problema engordado a base de millones de euros en multas y juicios europeos. De momento, 87 millones pagados desde 2018  y dos procesos más pendientes de sentencia denunciados por Bruselas. 

Cuando termine este mes, la factura por tratamiento defectuoso de aguas residuales crecerá otros tres millones. Los que España está obligada a abonar cada semestre por no tener depuradoras adecuadas en Matalascañas, Barbate, Valle de Güimar y Alahurín el Grande ya que la sanción está viva. Mientras no se pongan en marcha, se pagará. 

En España se vierten cada año casi 22.000 hm3 de aguas residuales, según el último Censo Nacional de Vertidos. Equivale a más de un tercio de la capacidad de todos los embalses españoles. La mayoría, el 80%, son de origen industrial y el resto urbanos. 

El propio censo reseña que tal volumen hace “realmente difícil imaginar y visualizar la magnitud de esa cantidad”. La ley obliga a que, antes de verterse de nuevo a zonas costeras, acuíferos o ríos, deba depurarse lo suficiente para que no supongan un riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas. 

Y ahí es donde, como ha admitido el propio Ejecutivo, se ha acumulado un retraso “especialmente preocupante en materia de saneamiento y depuración” de aguas. Y, a pesar de que se ha pasado de 970 aglomeraciones urbanas (de un total de 2.059) inmersas en expedientes de infracción europeos en 2020 a 427 en la actualidad, aún hay dos casos ante los jueces europeos por aguas residuales mal tratadas en pequeñas poblaciones y por los vertidos en zonas sensibles. Ambos suman 278 poblaciones.   

Años por delante

Más allá de los expedientes, las aguas sucias siguen fluyendo.

Matalascañas (Almonte). En la linde con el Parque Nacional de Doñana. Allí, la población pasa de 2.300 habitantes censados a unos 300.000 durante el verano. Su estación depuradora no da abasto y a veces se desborda. En agosto y septiembre de 2021, sendos vertidos de aguas fecales alcanzaron el océano Atlántico. 

Alahurín el Grande (Málaga). Los vertidos residuales sin tratamiento adecuado que desde ahí se hacían al río Guadalhorce fueron parte de la investigación de la Guardia Civil en la llamada operación vastum de 2019.

A las depuradoras que deben limpiar la aguas en estas dos zonas (más otra más en Barbate) les queda todavía un periplo de no menos de 30 meses para funcionar, según sus proyectos de construcción y ejecución. Eso suma cinco semestres.   

La instalación de Valle de Güimar (Tenerife) sí está concluida, pero no ha echado a andar tras dos años desde el fin de las obras por cuestiones técnicas. Un grupo de alcaldes de la comarca va a ir a juicio por, según el auto judicial, “de forma consciente y voluntaria” omitir las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos desde el polígono industrial.

Estos cuatro casos son los que mantienen activada la multa que España paga cada semestre. La primera condena del Tribunal de Justicia Europeo sobre este expediente –por una decena de aglomeraciones urbanas– llegó en 2011. Tras siete años sin solucionarse, los magistrados de la UE multaron a España en 2018 por no cumplir con la primera sentencia. De esos incumplimientos, estos cuatro todavía colean.

Además, España afronta otros dos juicios por “no haber cumplido todas las obligaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales”, según la Comisión Europea. Dos de los expedientes por los que España está de nuevo a la cabeza de las infracciones ambientales en la Unión Europea.

Bruselas ha subrayado que fallar a la hora de depurar las aguas puede “poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas”. También indica que “la información recopilada por la Comisión ha puesto de manifiesto un incumplimiento generalizado” de esta normativa en España. 

En su remisión al Tribunal, la Comisión acepta que “se ha registrado algún progreso”, pero que sigue “sin solventarse por completo las deficiencias”. 

Con la convocatoria de elecciones generales en Reino Unido recién anunciada, la contaminación de ríos, lagos y costas se perfila como uno de los temas que más preocupa a los votantes junto con la sanidad pública, la crisis de precios y la inmigración. Las cifras hablan por sí solas. En el último año se contabilizaron 464.056 descargas de aguas residuales, lo que supone un incremento del 54% respecto a 2022. Para la Angling Trust, asociación que representa a los pescadores con caña, esto ha repercutido directamente en la muerte de más 200.000 peces en el último año, pero sobre todo existe una preocupación creciente por la salud pública. Las infecciones son muy habituales entre los aficionados a los deportes acuáticos y el riesgo de resistencia antimicrobiana por la presencia de fármacos en los caudales de agua naturales va en aumento.

En Reino Unido los vertidos de aguas residuales están permitidos solo cuando se producen lluvias torrenciales. El sistema de saneamiento no tiene capacidad para gestionar esos volúmenes de agua, que van por los mismos canales de desagüe que los vertidos domésticos (aguas fecales, de ducha, lavadoras), comerciales e industriales a las plantas de tratamiento, así que las compañías de agua abren las válvulas de desbordamiento en ríos, lagos y mar para evitar inundaciones en el sistema y, en consecuencia, vertidos en las viviendas. Los episodios de precipitaciones extremas son cada vez más habituales debido al cambio climático pero muchos se quejan de la frecuencia de vertidos no relacionados con fuertes lluvias.

SAS es una de las organizaciones ambientales, grupos de bañistas y colectivos de deportes acuáticos que hace unos días protestaban en playas y ríos del país para demandar una mejora en la calidad de las aguas. En la localidad costera Brighton, destino vacacional de turistas y estudiantes de inglés, se concentraron cientos de personas. El representante local de Surferos Contra Vertidos, Stuart Davies, aseguraba que este año ya han contabilizado 92 descargas en una playa cercana considerada apta para el baño, casi el doble de las que se produjeron el año pasado.

“La población de Brighton se cuadriplica en verano, lo cual supone una enorme presión en un sistema de saneamiento que se desmorona y no recibe financiación suficiente. Necesitamos un plan de inversión adecuado que investigue cómo y por qué se producen los vertidos, ponga el foco en la infraestructura y el alcantarillado y busque soluciones sostenibles con la naturaleza”. Esta organización critica la mala gestión de un complicado modelo y los beneficios millonarios a costa del contribuyente que acaban en los bolsillos de directivos y accionistas en lugar de financiar el mantenimiento y modernización de la necesitada infraestructura.

Una extraña película en el traje de neopreno

Josh y Yannic, amigos y residentes en la ciudad acudieron juntos al evento luciendo el mensaje “Sick of Shit” (hartos y enfermos de mierda) en sus camisetas. Tim, que lleva 30 años haciendo surf, comentó haber sufrido todo tipo de infecciones por la mala calidad del agua: otitis, conjuntivitis, gastroenteritis y el impétigo que le causó una llaga alrededor de la boca. “En los 90 había mucha contaminación por todas partes, después poco a poco fue mejorando y ahora ha empeorado otra vez. Hay más gente en el agua y se ve más el problema. Hay sistemas de desbordamiento combinado por todas partes y está constantemente vertiendo porque no puede abarcar las necesidades de la población”, comentaba.

Tim, que lleva 30 haciendo surf, dice haber sufrido todo tipo de infecciones por la mala calidad del agua: otitis, conjuntivitis, gastroenteritis y el impético que le causó una llaga alrededor de la boca. “En los 90 había mucha contaminación por todas partes, después poco a poco fue mejorando y ahora ha empeorado otra vez

Nicky siempre consulta las alertas de incidentes en la aplicación de SAS antes de bajar a la playa a nadar todos los viernes, una información sin la que no podría haber organizado un chapuzón para el Día Internacional de la Mujer en el que participaron 500 bañistas. “A veces sales del agua y notas una extraña película en el traje de neopreno que huele raro”, confesaba.

Tanto las aguas residuales como las depuradas contienen altas concentraciones de microorganismos fecales que acaban en los ríos, lagos y mares, pues las plantas de tratamiento no están diseñadas para eliminarlos, sino para reducir la materia orgánica y contaminantes sólidos –como las numerosas toallitas húmedas–, lo que puede suponer un riesgo para la salud por la exposición a bacterias como la salmonella o el E-coli, que pueden provocar diarreas y vómitos o, en casos más extremos, virus como la hepatitis A que puede causar infección de hígado.

Un nuevo informe del Centro Nacional de Políticas de Ingeniería que ofrece soluciones al gobierno y las empresas para reducir estos riesgos, indica la “desproporcionada exposición” en el agua de bacterias resistentes a los antibióticos pues “las alcantarillas son el principal foco desde el que liberamos organismos fecales resistentes”. El cuerpo humano no descompone totalmente los antibióticos ingeridos y las depuradoras tampoco están equipadas para eliminarlos, de manera que acaban en la naturaleza. La Organización Mundial de la Salud reconoce la resistencia antimicrobiana como una de las grandes amenazas de la actualidad.

Insecticidas, antibióticos, antiinflamatorios

La doctora española Helena Rapp Wright participó en un estudio de Imperial College de Londres publicado en 2023 para analizar cuáles son los químicos presentes en los ríos para después poder conocer su impacto sobre el medio ambiente. La mayoría de los compuestos que detectaron tras recoger muestras de 14 ríos y afluentes del Támesis a su paso por Londres y sus alrededores entrañaban un riesgo bajo de impacto. Pero encontraron tres en cauces próximos a las depuradoras que sí podrían suponer una amenaza para el entorno natural. El insecticida Imidacloprid, prohibido desde 2018, dio las concentraciones más altas, seguido por el antibiótico Azitromicina y el antiinflamatorio Diclofenaco.

¿Qué significan estos resultados? La presencia de pesticidas no es una buena noticia, pero en general la doctora Rapp Wright hace una lectura positiva: “Actualmente hay 204 millones de químicos registrados, de los cuales unos 350.000 tienen licencia de fabricación. Londres es una ciudad con millones de habitantes y el número de químicos que encontramos no me parece desorbitado”.

Estos resultados no se pueden extrapolar, dice la experta, porque el consumo de fármacos varía entre poblaciones, al igual que los tratamientos desinfectantes de las depuradoras, la reacción entre distintos compuestos químicos y el caudal de los cauces. La diferencia en infraestructura entre unas regiones y otras también juega un importante papel. Londres cuenta con cinco depuradoras y la empresa de agua Thames Water está construyendo un túnel de 25 kilómetros por debajo del río, que recogerá todas las aguas de desbordamiento.

Este mes se han anunciado 27 nuevas áreas aptas para el baño en Inglaterra, sumando un total de 451 puntos repartidos a lo largo de la costa y algunos ríos. Pero esto no es garantía de aguas más limpias, de hecho, el año pasado la organización SAS recibió información de casi 2.000 casos de infecciones y enfermedades después de utilizar zonas de baño clasificadas como ‘buenas’ o ‘excelentes’.

Andrew Thompson, doctor en ingeniería química y colaborador del informe del Centro Nacional de Políticas de Ingeniería, tampoco quiere hacer sonar la alarma. “La posibilidad de que estemos ante una crisis de salud pública inminente es discutible, pero lo que es evidente es que ahora es el momento adecuado para planear qué acciones tenemos que emprender, en lugar de tener que reaccionar a un brote de una enfermedad infecciosa. Esto no es solo un problema en Reino Unido sino que se tiene que abordar en muchos países”. Los ingenieros proponen medidas para mitigar el colapso del sistema, como sustituir las superficies impermeables que pavimentan muchas ciudades por sistemas de drenaje sostenible, y recomiendan robustecer los procesos de desinfección y monitorizar los recursos hídricos durante todo el año, entre otras medidas a corto plazo que podrían ser puestas en marcha en lugares con mayores riesgos para la salud pública.

Este mes se han anunciado 27 nuevas áreas aptas para el baño en Inglaterra, sumando un total de 451 puntos repartidos a lo largo de la costa y algunos ríos. Pero esto no es garantía de aguas más limpias. De hecho, el año pasado la organización SAS recibió información de casi 2.000 casos de infecciones y enfermedades después de utilizar zonas de baño clasificadas como ‘buenas’ o ‘excelentes’. Aún así, la directora de campañas Dani Jordan, aplaude la decisión. “Este estatus solo se otorga cuando ya hay gente utilizando ese cauce y supone que va a ser monitorizado en verano y que es obligatorio atajar cualquier contaminación que amenace la salud de los bañistas. Es una herramienta estupenda y un paso adelante para limpiar nuestros ríos y playas”, confirma.

La organización Amigos del Dart ha conseguido cuatro puntos designados aptos para el baño en el estuario del río, en el idílico condado de Devon. La estampa bucólica de este río surcando paisajes rurales y pueblos pintorescos contrasta con los altos niveles de E-coli y Enterococcus que en ocasiones han recogido los análisis de voluntarios

Este era el objetivo de la organización Amigos del Dart, que tras una campaña de 18 meses ha conseguido cuatro puntos designados aptos para el baño en el estuario del río, en el idílico condado de Devon. La estampa bucólica de este río surcando paisajes rurales y pueblos pintorescos contrasta con los altos niveles de E-coli y Enterococcus que en ocasiones han recogido los test de voluntarios y que evidencia, según Hannah Pearson, una de las fundadoras de la organización, la contaminación agrícola, otra de las grandes amenazas para los recursos hídricos.

Residente desde hace casi 30 años y nadadora habitual en estas aguas, Pearson sufrió recientemente una severa infección cutánea que desencadenó en principio de sepsis. Ya recuperada, se muestra motivada para lograr que el río sea saludable. “Nuestro foco como organización es remediar esta situación. No podemos continuar con el declive de los bancos de peces, la ecología del río”, cuenta. En los últimos ocho años sólo se han realizado dos análisis exhaustivos de los ríos y la nueva Oficina de Protección Ambiental no ve muestras de mejoría ante la falta de nuevas leyes sobre el agua que sustituyan la legislación europea.

El Departamento de Medio Ambiente ha contestado con una declaración escrita tras declinar una entrevista: “La contaminación de vertidos es inaceptable, por lo que estamos haciendo una consulta para prohibir pagos extra a los directivos cuando se ha incumplido la ley, multiplicando por cuatro las inspecciones a las compañías y proporcionando más financiación a los reguladores del agua”.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, cada vez son más los británicos que exigen, como dice Jordan, “un auténtico compromiso para limpiar” los recursos hídricos a la clase política.

“Un episodio puntual de contaminación bacteriana en las aguas”, era la explicación que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria daba hace, este viernes, justamente siete años para argumentar el cierre temporal al baño en la playa de El Confial. La Concejalía de Ciudad de Mar del Consistorio capitalino tomaba esta decisión el 26 de abril de 2017 después de que un análisis realizado por el Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias reflejase que las aguas de esta bahía superaban el límite establecido para la bacteria enterococos intestinal.

Desde la Corporación han intentado durante más de un lustro encontrar el foco de esa contaminación fecal, pero no se ha dado con el origen y se han seguido produciendo episodios de concentración elevada de este microbio. Por esta razón, una bandera roja se ha mantenido izada en esta playa de forma permanente a lo largo de estos años para alertar a los bañistas del peligro.

Las actuaciones para solventar este problema han sido diversas. Entre las primeras intervenciones que se realizaron, se encuentra la limpieza del foso de la Casa Roja, una antigua estación de bombeo ubicada en el paseo hacia El Confital, y de la galería de saneamiento que conecta este edificio con Los Nidillos. A esta actuación se le sumó la revisión de la caseta de la Cruz Roja de la playa para verificar que no se estuviese produciendo ninguna filtración, además de la comprobación por parte del Servicio de Aguas de que no se estuviesen provocando vertidos desde la red municipal.

Asimismo, se realizaron diversos estudios del subsuelo y se amplió la recogida de muestras de agua hacia mar abierto para averiguar si las mareas eran responsables de estos índices de bacteria. Todas estas investigaciones han permitido concluir que la contaminación viene de “aguas arriba” pero se ha calificado el origen como “difuso” al no haberse localizado un foco concreto.

Las Coloradas, posible epicentro del problema

El Ayuntamiento también ha barajado la posibilidad de que la contaminación fecal provenga de la red de saneamiento del barrio de Las Coloradas o de las infraestructuras de la zona militar de la Isleta. Aunque esta última ha transmitido al Consistorio que ha canalizado sus aguas residuales, según se ha informado a este periódico desde el Área de Ciudad de Mar de la Corporación.

Por su parte, en Las Coloradas a partir del pasado noviembre se ha llevado a cabo una primera fase de renovación de la red de saneamiento. La empresa a cargo de esta reforma ha sido Canaragua Concesiones por un valor de 272.636 euros. Esta obra es la primera que se realiza después de más de dos décadas y con ella el Ayuntamiento pretende reforzar las actuaciones en la zona alta de El Confital y de esta manera acabar con cualquier problema que esté ocasionado la proliferación de bacterias en el litoral.

Pérdida de consideración de zona de baño

El pasado mes de junio Sanidad Pública eliminó la playa de El Confital del listado de zonas de baño al considerar que había perdido esta condición al mantenerse en el tiempo los episodios de contaminación en sus aguas. Según los datos publicados por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (NAYADE), en esta parte del litoral entre 2021 y 2022 se superaron más de catorce veces los niveles óptimos de esta bacteria. La legislación establece que para que el agua tenga una calidad óptima los valores de enterococos intestinales tienen que estar en torno a los 200 UFC/100ml. En cambio, en los últimos años en la bahía de El Confital se ha superado este parámetro, llegando incluso a los 1700 UFC/100ml.

En Barcelona, el agua de la ducha ya no se perderá por el desagüe, sino que será reaprovechada para llenar las cisternas de los váteres. Así se establecerá en una ordenanza para el aprovechamiento de las aguas grises en la que el Ayuntamiento está trabajando y que obligará a los edificios de nueva construcción y a grandes rehabilitaciones a disponer de un sistema que permita recoger, tratar y recuperar para otros usos el agua que se se genera en ducharse o bañarse.

El aprovechamiento de las aguas grises puede ser una herramienta “esencial” para reducir el consumo de agua potable en el ámbito doméstico, tal como estacan desde el Ayuntamiento. Según cifras del consistorio, un hogar de cuatro personas genera unos 200 litros de aguas grises al día que, en caso de disponer de sistema de reaprovechamiento, se podrían reducir significativamente, teniendo en cuenta que cada persona gasta de media 35 litros al día en descargas del váter.

Esta normativa rebajará el consumo medio de agua, cuyo tope en estado de emergencia por sequía es de 200 litros por persona y día. A día de hoy, el 43% de los municipios catalanes siguen incumpliendo este umbral, aunque la mayoría de los que se encuentra en el Área Metropolitana de Barcelona están por debajo. Barcelona, concretamente, gasta 163 litros por habitante y día.

La normativa que prepara el Ayuntamiento establecerá los criterios necesarios para poder aprovechar las aguas grises de manera sostenible. Los estudios realizados previamente apuntan que el aprovechamiento es rentable en edificios de más de 16 viviendas o que tengan un consumo mínimo anual de 500m3. Aun así, desde el consistorio destacan que la inversión para este sistema es mínima, se recupera rápido y permite un ahorro directo de 90 euros al año en edificios de 16 viviendas y de hasta 170 euros en edificios con 50 viviendas.

Una consulta pública

Los trámites para poner en marcha la normativa han empezado con un proceso participativo abierto a la ciudadanía, que puede aportar dudas o ideas para el texto. La consulta pública contará con una comisión de seguimiento formada por empresas, organizaciones, instituciones, universidades y expertos y durará todo marzo y abril. Luego, se redactará un texto inicial y se llevará a debate y votación. La idea es aprobarla a finales de año.

Esta ordenanza, que se enmarca en el Plan de Recursos Hídricos Alternativos y en el Plan de acción por la emergencia climática, supondrá dar continuidad a una iniciativa que ya se lleva a cabo en las nuevas construcciones de Gràcia y el 22@, donde la Normativa del Plan General Metropolitano (MPGM) ya obliga a desarrollar sistemas de reaprovechamiento de aguas grises.

Igualmente, esta nueva ordenanza se suma a las acciones sobre recursos hídricos alternativos ya incluidas en el Pla Endreça, que invierte 14,4 millones de euros en la ampliación de la red de agua freática para dar servicio a puntos de mayor consumo y que permitirán aumentar en un 20% el volumen de agua freática, que es la que se usa para limpiar las calles o regar los árboles.

En cada lavadora que la científica Dominique Claveau puso entre junio y noviembre de 2021, apuntó todo tipo de datos: lavado con agua fría o caliente, programa y duración, tipo de ropa, de detergente, cuántos lavados al día. Después de unas cuatro o cinco lavadoras, hacía una maniobra que también realizaban otros 30 hogares, y que consistía en vaciar y limpiar el filtro de microplásticos que habían instalado para un experimento de ciencia ciudadana.

“Las fibras textiles son la principal fuente de contaminación de ríos y océanos por microplásticos, queríamos saber cuánto de esa polución se puede ahorrar deteniéndola donde se produce, en este caso, en la lavadora”, comenta Claveau por videoconferencia desde Montreal, donde trabaja como directora de proyectos en la Universidad Politécnica.

Las microfibras de la ropa representan el 35% de la contaminación por microplásticos, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Estas partículas, inferiores a 5 mm e invisibles al ojo humano, se desprenden por millones de los tejidos sintéticos con cada lavado; también se sueltan de los neumáticos de los vehículos con el rodamiento, o de los productos cosméticos. En definitiva, están por todas partes, llegando a ríos y océanos, al interior de los peces, y de los humanos. Ya es sabido que estamos comiendo plástico.

Las fibras textiles son la principal fuente de contaminación de ríos y océanos por microplásticos, queríamos saber cuánto de esa polución se puede ahorrar deteniéndola donde se produce, en este caso, en la lavadora

Dominique Claveau — Investigadora de la Universidad Politécnica de Montreal (Canadá)

A la académica Dominique Claveau la idea del experimento le llegó por Catherine Houbart, activista ambiental y directora de la organización conservacionista GRAME. Houbart había descubierto “con gran sorpresa” que el río San Lorenzo, uno de los principales ríos de Norteamérica y frontera natural entre Estados Unidos y Canadá en su primer tramo, es uno de los más contaminados por microplásticos del mundo; de modo que quería abordar el problema junto a la ciudadanía, en casas y con lavados reales, no haciendo girar una lavadora en un laboratorio. Una vez realizado el experimento necesitaría que la universidad analizara los datos.

Hacer visible lo invisible: 12,8 toneladas de plástico retenidas

La organización GRAME compró los filtros a un fabricante canadiense, y buscó voluntarios que, durante seis meses, fueron apuntando, igual que Dominique y que la propia Catherine, todos los detalles sobre sus lavados. Se les pidió que cada cierto tiempo limpiaran los filtros, instalados de forma externa y conectados a las lavadoras, y que aislaran la materia que salía de ellos. “Yo al principio usaba un filtro de café para tirar el agua que sobraba, no se podía desechar tal cual en el lavabo porque esta también contenía microplásticos”, apunta Claveau. Los voluntarios metían lo atrapado por el filtro en pequeñas bolsitas de plástico con cierre hermético, que algunos congelaban y otros secaban. Después, las enviaron por correo postal en dos tandas a la Universidad Politécnica de Montreal.

En el laboratorio, primero secaron y pesaron las muestras. A continuación, limpiaron la materia y dejaron fuera los tejidos naturales como el algodón. “Lo que obtuvimos era el reflejo de cómo está compuesta la ropa, que no siempre coincide con lo que marca la etiqueta”, explica la investigadora de la politécnica. Lo que salió es que el 32% de los tejidos recuperados eran plástico. “Con los datos en la mano, sacamos la calculadora”, como ha explicado Mohammed Abourich, autor del informe tras el experimento.

El estudio concluyó que el filtro atrapa el 87% de los microplásticos que se desprenden en cada lavado, y que un hogar canadiense medio podría desviar de los cursos de agua 16 gramos de materia plástica al año, el equivalente del peso de una botella de plástico de refresco de 500 ml. Extrapolado a la escala de la ciudad de Montreal, esto significa un potencial de 12,8 toneladas de plástico evitadas.

A Catherine Houbart de GRAME lo que más le sorprendió fue, por un lado, la cantidad de microfibras que se generan en un único hogar, “se hizo visible lo que suele ser invisible”, comenta por videoconferencia desde su oficina en Montreal. También, que el filtro debería estar dentro de la lavadora. “Muchos candidatos al final nos dijeron que no podían unirse al proyecto porque no tenían espacio donde colocar el filtro. No es realista que dejemos de consumir fibras sintéticas, lo mejor sería que estos filtros estuvieran integrados en las máquinas, como en Francia”, analiza.

En el país europeo será obligatorio a partir de 2025 la venta de lavadoras con filtros de microplásticos integrados, con el objetivo de reducir esta contaminación masiva. Mientras, queda pendiente qué hacer con los restos que se recogen. En este experimento canadiense se tiraron a la basura. “Es verdad que la materia no desaparece, lo que hacemos es moverla de sitio, pero creo que es mejor que soltarlos a lo bruto en el medio ambiente”, concluye la investigadora de la Universidad Politécnica de Montreal. 

En la tardía primavera inglesa, los ríos de Oxford se llenan de remadores, bañistas, pescadores y ocasionalmente voluntarios que recogen muestras de agua. Los análisis de esas muestras reflejan las descargas de aguas residuales que acaban en el Isis, el nombre que adopta aquí el Támesis, y en su afluente, el Cherwell. Casi todas las aguas donde se sumergen los nadadores están infectadas por niveles de bacterias que hasta triplican los máximos permitidos. Incluso en la única zona considerada segura se han tenido que suspender grupos de natación y remo a menudo por la insalubridad del agua.

Nadar en ríos y canales es aquí una costumbre más habitual que en otros países. Ahora también es parte del rito estar pendiente de los vertidos de aguas residuales. El grupo universitario de wild swimming (natación en la naturaleza) mira los mapas que dan algunos datos de las últimas descargas y aconseja no meter la cabeza debajo del agua. El grupo tiene más de 400 miembros. Nadan hasta en invierno en la orilla del Isis donde Lewis Carroll remaba y contaba cuentos a Alice Liddell, la niña que inspiró Alicia en el país de las maravillas. Está en Port Meadow, un prado que se ha conservado salvaje desde hace siglos, y donde los bañistas también suelen protestar.

Oxford es una de las ciudades inglesas que miden de manera constante la calidad de sus ríos gracias a un proyecto que ha juntado a científicos y voluntarios que recogen muestras y piden cuentas a las empresas privadas que gestionan el agua. “Esto es un movimiento que tiene como objetivo que los ríos en Oxford sean saludables. Hasta que no lo consigamos no vamos a parar”, dice a elDiario.es John Bryden, portavoz de Thames21, una organización dedicada a mejorar las aguas del Támesis y sus afluentes. Llevan más de dos años en ello y en noviembre van a relanzar otro proyecto en Oxford. “Los reguladores y los que contaminan no han empezado a invertir en soluciones porque piden más evidencias. Se están recogiendo, pero nos preocupa que el proceso sea tan lento”.

En 2022, hubo más de 300.000 descargas de aguas residuales, más de 800 de media al día. No hay datos oficiales sobre el volumen de cada una, pero un análisis de 30 plantas en 2020 muestra vertidos de al menos 11.000 millones de litros, el equivalente a 4.352 piscinas olímpicas. Sólo el 14% de las aguas de ríos y canales en el país tiene un “buen estatus ecológico” y ningún río tiene un “buen estatus químico”, es decir niveles aceptables de concentración de arsénico, hierro y otras sustancias químicas, según los últimos datos publicados por la agencia medioambiental británica.

Las aguas residuales vienen de las compañías que gestionan el agua del grifo y las descargas domésticas e industriales, y que en Inglaterra y Gales son todas privadas por una operación masiva que empezó el Gobierno de Margaret Thatcher. Es difícil encontrar otro país donde la propiedad y la gestión del agua sean completamente privadas.

“La forma de privatización aquí es muy diferente a la de otros países”, explica a elDiario.es Kate Bayliss, académica del Departamento de Economía de SOAS de la Universidad de Londres y experta en la propiedad de las empresas de agua. “En países como España la privatización toma la forma de una concesión. Todo es propiedad del municipio, pero las empresas tienen un contrato a largo plazo con el sector privado. Nuestra privatización es mucho más profunda que en otros países. Sólo Chile hizo algo similar y fue antes que nosotros... Así que nadie ha copiado nuestro modelo.”

Otra diferencia sustancial del modelo inglés es que no se trata de compañías municipales, sino de empresas que son monopolio en cada cuenca fluvial y tienen el control absoluto de lo que sucede en una amplia región, desde la extracción del agua hasta el tratamiento y la distribución a los hogares, y luego la eliminación y gestión de las aguas residuales.

Las llamadas a devolver al Estado todo o parte del sistema de agua han crecido tras décadas de infraestructuras en mal estado, descontrol en los residuos y costosas fugas. El verano pasado, cuando el Reino Unido superó los 40 grados de temperatura por primera vez en la historia desde que hay registros, el país sufrió meses de restricciones de agua por falta de reservas. Pero el gran debate nacional es sobre las aguas fecales y otros vertidos en los ríos.

El año pasado, el Ministerio de Sanidad británico advirtió de la “preocupación creciente” por las aguas residuales. “Cuando las bacterias de las heces humanas (coliformes) se ingieren, esto aumenta el riesgo de infecciones significativas incluyendo bacterias resistentes a los antibióticos”, explicaba el profesor Chris Whitty, el jefe médico de Inglaterra, en un texto firmado con los responsables de la agencia medioambiental y el organismo regulador del agua. “El agua del grifo en Reino Unido es segura. Nadie espera que el agua del río tenga un estándar para beber, pero allí donde la gente nada o los niños juegan no debería haber dosis significativas de coliformes”. El nivel de vertidos es “inaceptable”, según escriben, y “la principal responsabilidad pública” es de las empresas de agua y sus directivos. 

Tras años de presión popular que ha llegado a los políticos, hace unos días las compañías privadas de agua en Inglaterra pidieron perdón por las centenares de miles de descargas y se comprometieron a invertir unos 11.500 millones de euros para limpiar los ríos y cortar a la mitad las descargas para el final de la década. Lo harán subiendo las facturas a los consumidores mientras reparten dividendos estimados en 17.000 millones de euros esta década, según un análisis de David Hall, un investigador académico especialista en servicios públicos de la Universidad de Greenwich.

El cabreo por la contaminación de los ríos hizo que Sarah Bentley, la consejera delegada de Thames Water, la compañía que sirve a la cuenca del Támesis, y directivos de otras dos compañías rechazaran los bonus que les correspondían. Thames Water es una de las compañías que tiene avisos de la agencia medioambiental como una de las que “necesita mejorar” y dice que lleva años sin pagar dividendos a sus accionistas.

“Una estafa”

En enero, el Ayuntamiento de Oxford votó por unanimidad una moción para pedir que Thames Water vuelva a la gestión pública. La nacionalización temporal o permanente la puede decidir el Gobierno, como hizo a principios de mayo, por ejemplo, con una empresa ferroviaria en el norte del país por la mala calidad de su servicio y el número de cancelaciones.

“Durante 34 años, la gente por toda Inglaterra ha sufrido los desastrosos efectos de la propiedad privada de nuestro sistema de agua”, dijo Chris Jarvis, uno de los concejales del partido verde de Oxford que propuso la moción. “Hace mucho que está claro que la privatización ha sido un experimento fallido. Ahora está más claro que esto es un timo legalizado que sólo existe para beneficiar a los accionistas para detrimento de la gente y del planeta”.

La manera en la que se hizo la privatización es a menudo señalada como uno de los problemas incluso por personas favorables a privatizar parte de la gestión o que estuvieron presentes en el plan de Thatcher que se aplicó de forma parecida en varios sectores.

En 1989, el Gobierno conservador lanzó una campaña para vender acciones al público de manera masiva, con anuncios que mostraban tuberías saliendo de las aceras y los campos de fútbol o a un imaginario aguador repartiendo agua para la lavadora. El mensaje era mostrar el poderío del sector como un gran negocio. 

“Trabajé en la privatización del agua de Inglaterra en 1989. Fue una estafa organizada”, escribió hace unos meses Jonathan Portes, que era empleado del Tesoro en los 80 y ahora es profesor de Economía y Política Pública en el King’s College de Londres. “Las acciones se vendieron muy por debajo de su valor así que los contribuyentes perdieron, y los consumidores se han puesto hasta las cejas de pagar desde entonces”, escribió.

Más de dos millones y medio de personas se lanzaron a comprar pequeñas participaciones para convertir en privadas todas las compañías en Inglaterra y Gales. En Escocia gran parte de la gestión sigue siendo pública igual que en Irlanda del Norte.

Pese al éxito en el número de personas dispuestas a comprar acciones, la idea de privatizar toda la gestión del agua era entonces muy impopular. Tres décadas después lo sigue siendo: el agua es uno de los bienes que los británicos creen que debería estar gestionado por una autoridad pública. En 2017, sólo el 25% creía que las empresas encargadas del agua deben ser privadas, según una encuesta de YouGov. 

Uno de los problemas, en realidad, según señala Bayliss, la investigadora de la Universidad de Londres, es que la estructura de la propiedad fue cambiando a partir de 2000 y muchas de estas empresas ya no cotizan. “Al menos si están en bolsa hay un grado de escrutinio público. Cualquiera puede comprar una acción e ir a una reunión anual y hay reglas específicas de transparencia”, explica. Ahora las estructuras de propiedad son más complejas y más opacas. “Algunas de las empresas matrices cotizan en paraísos fiscales, por lo que hay una información limitada sobre quién es el propietario”, dice.

Se trata de compañías con mucha deuda y poco interés en quedarse más de la cuenta cuando el negocio va peor. Hasta donde se puede rastrear, la mayoría pertenecen a fondos de inversión extranjeros, fondos de pensiones y compañías que están radicadas en paraísos fiscales, según una investigación del Guardian. El periódico identificó el año pasado a más de 100 accionistas de nueve empresas grandes y otras seis pequeñas en Inglaterra. Según estos datos, al menos el 72% del sector está dominado por fondos de 17 países mientras que la propiedad británica ronda el 10%. 

Por ejemplo, entre los inversores con más acciones de Thames Water están el fondo estatal de China, la autoridad de inversión de Abu Dabi y dos fondos de pensiones canadienses. Otros accionistas prominentes del agua por toda Inglaterra son empresas públicas y privadas de Estados Unidos o Australia. 

Esta dependencia dificulta la regulación del sector. “Nuestro plan de infraestructura depende de tener mucha inversión privada en el Reino Unido, y por eso damos facilidades al capital global. Así que corremos el riesgo de molestar el flujo de capital global si tenemos una regulación más estricta”, explica Bayliss.

Qué hacer

Los laboristas del Parlamento nacional no se atreven a pedir la nacionalización y son tímidos a la hora de proponer regulación, pero las polémicas locales por las aguas residuales son un debate habitual que pone en apuros a los conservadores. El Gobierno se ha comprometido a obligar por ley a las compañías a que reduzcan los vertidos y limpien los ríos pero con plazos que llegan hasta 2050.

Las voces expertas consultadas no están seguras de si la gestión pública cambiaría la situación de las aguas residuales, pero sí subrayan que la eficiencia no es necesariamente una característica de las empresas de agua privada. La compañía nacional escocesa, que sigue siendo pública, es una de las de que suele tener mejor nota del país.

“Hay buenos argumentos para retirar las licencias y poner a empresas específicas bajo la administración pública. Pero eso no necesariamente significa renacionalizarlas. Las licencias se pueden vender a nuevos operadores”, explica a elDiario.es Dieter Helm, profesor de Política Económica en la Universidad de Oxford y uno de los grandes expertos del país en regulación, medioambiente y servicios públicos. “Los argumentos sobre la nacionalización van menos de si una compañía quiebra y van más de la financiación, el coste del capital y la búsqueda del beneficio más que un objetivo público más amplio. En el caso del Reino Unido, los mayores fallos han sido de regulación. Las compañías privadas se han regulado muy mal”.

Helm cita el caso de Southern Water, la empresa encargada de Sussex y otros condados del sur de Inglaterra, y cree que en su caso el Gobierno debería haber revocado la licencia. Southern Water está entre las que ofrecen peor servicio según el regulador y ya ha sido multada por contaminar las aguas locales. Sus clientes están boicoteándola dejando de pagar facturas en Sussex. Y hay protestas de manera habitual por los residuos que llegan al mar del Norte.

Según Francia, que comparte el canal de la Mancha con Reino Unido, la calidad del agua británica ha bajado por la falta de controles y estándares desde el Brexit. Hasta ahora ha estado en vigor el marco regulatorio de la UE, pero en 2021 el Parlamento británico aprobó una nueva ley medioambiental con nuevos objetivos. Según el profesor Helm, esos objetivos “son genéricos y bastante vagos, igual que las directivas de la UE”.