El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha reconocido este viernes que no se van a acometer “enormes inversiones” en materia hidráulica, aunque ha defendido los proyectos en marcha para mejorar la depuración y reutilizar agua en el sector agrícola.

Cabe señalar que Canarias tiene más de 403 puntos de vertidos al mar, de los que mas de la mitad carecen de autorización. Por este motivo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó en 2025 a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. Concretamente, la sentencia se refería al incorrecto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife.

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre las actuaciones para reducir las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento y los resultados cuantificables obtenidos durante esta legislatura, Miranda ha explicado que el Gobierno se ha centrado inicialmente en garantizar el suministro para consumo humano y afrontar la emergencia hídrica en determinadas islas, especialmente las orientales.

El consejero ha señalado que el Ejecutivo también trabaja para mejorar la capacidad y la eficiencia de las depuradoras, con el objetivo de evitar que el agua tratada se vierta al mar a través de los emisarios y aprovecharla para el sector primario.

Como ejemplo, ha citado la licitación de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, así como proyectos previstos en Tenerife y Lanzarote para aumentar la capacidad de depuración y favorecer la reutilización del agua.

Miranda ha destacado que en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote ya se utiliza agua depurada para el riego agrícola, mientras que otras islas mantienen carencias en las infraestructuras necesarias para regenerar y aprovechar este recurso.

En el caso de Fuerteventura, ha señalado que existen proyectos de balsas y depósitos para facilitar el uso agrícola del agua regenerada, una iniciativa que, a su juicio, puede dar un impulso al sector primario.

El consejero ha reconocido que no puede ofrecer “grandes noticias” en materia de inversiones, pero ha asegurado que el Gobierno está trabajando en proyectos que permitirán mejorar la depuración y regeneración del agua y sentar las bases para su aprovechamiento futuro.

Miranda ha defendido que existe una mayor conciencia entre los consejos insulares y los ayuntamientos sobre la necesidad de aprovechar el agua depurada y evitar vertidos al mar, especialmente cuando podría destinarse a usos agrícolas.

Israel se enfrenta a semanas de escasez de agua después de que una proliferación excepcional de algas paralizara una parte importante de sus plantas de desalinización. Según los científicos, la crisis hídrica es consecuencia de los ataques israelíes contra gran parte de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Gaza. Al destruirlas, se ha producido un vertido al mar gigantesco de aguas residuales sin tratar.

“La contaminación no reconoce fronteras políticas”, dice la Asociación Medioambiental Zalul, una ONG israelí que defiende la protección de los mares y costas israelíes. “El vertido de aguas residuales sin tratar desde la Franja de Gaza al mar está agravando la crisis que afecta a las instalaciones israelíes de desalinización”, añade. “Las aguas residuales contienen nutrientes que alimentan a las microalgas y a las cianobacterias, como fósforo y nitrógeno, y pueden propiciar su proliferación”.

La Franja de Gaza sigue sumida en una grave crisis de agua y saneamiento pese al alto al fuego negociado por Estados Unidos en 2025. Desde que Israel destruyó las plantas de tratamiento, el litoral palestino se ha visto inundado por aguas residuales y su territorio por ratas.

Al otro lado de la frontera, una extensa floración de microalgas de hasta 100 kilómetros de longitud ha obstruido los filtros en cinco de las seis principales plantas de desalinización de Israel. Tras pasar días cerradas, estas plantas funcionan ahora por debajo de su capacidad.

Según los expertos, las consecuencias medioambientales de los casi tres años de guerra y destrucción en Gaza están afectando ahora a Israel. “El vertido de aguas residuales sin tratar desde Gaza al mar aumenta la vulnerabilidad de la infraestructura de producción de agua de Israel en la costa sur del Mediterráneo”, dice Jack Gilron, catedrático emérito y experto en desalinización del Instituto Zuckerberg de Investigación del Agua en la Universidad Ben-Gurión. “Lo que está pasando ahora refuerza la necesidad de prepararse por las amenazas que penden sobre una de las principales fuentes de agua potable de Israel”.

Crisis hídrica en Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023, los bombardeos israelíes han destruido el 90% de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza, con ataques directos contra pozos, tuberías, embalses y plantas desalinizadoras, según un informe de Médicos Sin Fronteras.

La crisis hídrica de Gaza sigue siendo acuciante. Antes de la guerra, el 80% del suministro de agua provenía de un acuífero bajo la franja costera que ahora está contaminado por agua marina y aguas residuales y no es apto para el consumo humano. La mayor parte del agua potable de Gaza venía de plantas desalinizadoras y de tres conductos controlados por la autoridad israelí del agua. Al inicio de la guerra fueron cortados y han sido reabiertos solo de modo parcial.

Cargamos recipientes pesados caminando, o hacemos cola durante horas, gran parte del agua no es potable, y los niños sufren infecciones estomacales recurrentes, diarrea y erupciones cutáneas

Nas al-Barawi — Residente en Beit Lahia

Los daños en las redes de distribución, o su destrucción, han provocado que gran parte de la población dependa ahora de los camiones cisterna. Para muchos, esa dependencia significa tener que elegir entre beber un vaso de agua o guardar esa agua para lavarse las manos y evitar enfermedades. La diarrea aguda está entre las principales.

“Transportamos el agua en bidones”, dice Nas al-Barawi, madre de cinco hijos y residente en Beit Lahia. “Cargamos recipientes pesados caminando, o hacemos cola durante horas, gran parte del agua no es potable, y los niños sufren infecciones estomacales recurrentes, diarrea y erupciones cutáneas”, añade la mujer de 34 años. “Los daños en el alcantarillado y las averías en las bombas han hecho que las aguas residuales fluyan entre las tiendas de campaña y en las zonas de las casas”.

El mar está muy contaminado y los primeros afectados son los residentes de Gaza y los desplazados, en contacto directo con las mayores concentraciones de aguas residuales

Omar Shatat — Subdirector de la Empresa de Abastecimiento de Agua de los Municipios Costeros de Gaza

Las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales de la Franja están ahora mismo fuera de servicio, dice Omar Shatat, subdirector de la Empresa de Abastecimiento de Agua de los Municipios Costeros de Gaza. Es decir, que cada día se vierten al Mediterráneo 45.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar. Además de eso están los 15.000 metros cúbicos de aguas residuales sin tratar que se filtran todos los días a las aguas subterráneas desde las fosas de absorción, especialmente en los campamentos informales de al-Mawasi.

“Es una situación catastrófica desde un punto de vista medioambiental y de salud pública”, dice Shatat. “El mar está muy contaminado y los primeros afectados son los residentes de Gaza y los desplazados, en contacto directo con las mayores concentraciones de aguas residuales”.

Según Pat Griffiths, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, lo más probable es que la situación empeore con el invierno. “Los palestinos viven rodeados de aguas residuales: están por todas partes, en los lugares donde comen, donde se abastecen de agua, donde caminan”, dice.

“No tenemos dónde verter el agua que usamos para lavar los platos y la ropa, tenemos que dejarla correr a la calle, lo que provoca que se formen charcos de agua estancada”, dice Shaimaa al-Katari, desplazada de 37 años en el campamento de al-Mawasi. “Alrededor proliferan mosquitos y algas, y las calles se ensucian; sufrimos malos olores, mosquitos por la noche y moscas durante el día, además de roedores”.

Plaga de ratas

Hace meses que las ratas infestan algunas partes de Gaza, prosperando entre aguas residuales sin tratar y pilas de basura acumulada alrededor de campamentos superpoblados de desplazados.

Las localidades israelíes cercanas a la frontera con la Franja también se han enfrentado a una inédita plaga de ratas invadiendo sus hogares y jardines.

Cuando el medio marino se contamina, tanto las personas como la naturaleza sufren, independientemente del lado de la frontera en el que se encuentren

Zalul — ONG medioambiental

“Las consecuencias [de la guerra] no se detienen en la frontera”, dice Nada Majdalani, directora para Palestina de la ONG medioambiental y por la paz EcoPeace Middle East. “Ya estamos observando un aumento en los casos de hepatitis A en Gaza, creo que estamos al borde de una catástrofe, y un brote grave en Gaza no tiene por qué limitarse a las fronteras de Gaza”.

En Israel, las autoridades están pidiendo que la población haga un consumo “moderado” de agua hasta que se recupere el sistema. En el sur del país se ha reducido el suministro y los agricultores tienen órdenes de suspender el riego, lo que podría encarecer los alimentos.

Las ONG Zalul y EcoPeace han pedido a Cogat, la agencia israelí encargada de administrar Gaza, que contribuya a recuperar el sistema de alcantarillado de la Franja y permita el tratamiento de sus aguas residuales en zonas controladas por Israel. Cogat no respondió a la solicitud de comentarios que le hizo The Guardian.

“Si sigue la contaminación, el impacto puede acabar sintiéndose en todo el país”, dice la ONG Zalul. “Cuando el medio marino se contamina, tanto las personas como la naturaleza sufren, independientemente del lado de la frontera en el que se encuentren”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El problema de los vertidos de aguas residuales en Canarias no es nuevo. Desde hace décadas se lleva arrastrando una crisis estructural que ha terminado por hacer mella en la tolerancia social. El colapso de las infraestructuras por un sistema de saneamiento incompleto ha hecho que más de 60 playas estén cerradas al baño actualmente. Un dato que ahora se podrá saber con precisión gracias a la creación de un mapa en tiempo real de los análisis oficiales del litoral.

Aunque Tenerife sigue saliendo mal parada -con 33 playas clausuradas-, el resto de islas tampoco se libra. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro concentran otras 29 banderas rojas y 110 amarillas, una cifra que da buena cuenta de la magnitud de un problema que se extiende por todo el Archipiélago.

Ahora, a través de Vertidos Canarias, cualquier persona puede consultar en qué posición del semáforo se encuentra cada playa. La plataforma ha sido creada por el biólogo Romén Herrera, que decidió desarrollar esta herramienta después de comprobar de cerca un problema de salud pública que, asegura a este periódico, “no se está tratando como una prioridad en Canarias”.

El mapa permite conocer, para cada playa, la fecha de la última muestra disponible, recogida del último análisis oficial publicado por Sanidad en NÁYADE, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, así como su resultado y los valores registrados de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales, dos de los principales indicadores microbiológicos utilizados para controlar la calidad sanitaria de las aguas de baño.

A través de un semáforo de tres colores, la herramienta permite visualizar en qué estado se encuentra cada playa del Archipiélago. El rojo indica que la playa está pegada a un vertido y que, en ese momento, la lluvia, el viento o las corrientes están favoreciendo que llegue hasta ella. El amarillo señala que existe un vertido cerca, aunque las condiciones no estén contribuyendo tanto a su propagación.

El verde, por su parte, indica que no se localiza ningún vertido conocido cerca o que las condiciones no están favoreciendo que llegue hasta la playa. Pero hay una precisión que cabe destacar. Estar en verde no significa necesariamente que sea un “agua analizada y limpia”, resalta Romén. Dicho semáforo refleja la situación de los vertidos conocidos y las condiciones que pueden favorecer que alcancen la costa, pero no sustituye a los análisis sanitarios oficiales.

Qué diferencia hay entre Vertidos Canarias y los análisis de NÁYADE

Y ahí está precisamente una de las diferencias entre ambas herramientas. NÁYADE ofrece una medición sanitaria real, pero no en tiempo real, mientras que Vertidos Canarias trata de anticipar un riesgo que el laboratorio todavía puede no haber detectado. Las analíticas del sistema de información de la Consejería de Sanidad se realizan entre 9 y 21 veces al año, con una frecuencia quincenal o mensual, dependiendo de la temporada, y el cultivo de las muestras tarda uno o dos días. Esto introduce una limitación evidente respecto a la nueva plataforma, y es que puede no reflejar con exactitud las condiciones del agua en ese momento, sino las que presentaba cuando se tomó la muestra.

La plataforma de Herrera funciona de otra manera. Su modelo incorpora distintas variables, entre ellas, corrientes, viento y localización de los puntos de vertido, para calcular hacia dónde puede desplazarse la contaminación. Bajo la herramienta de pluma moderada, se puede observar un mapa de calor que prevé la dirección que está tomando ese vertido y su posible afección sobre la costa. También señala los límites legales establecidos para cada bacteria: 500 UFC por cada 100 mililitros para Escherichia coli (E. coli) y 185 UFC por cada 100 mililitros para los enterococos intestinales.

El mapa también muestra los vertidos y emisarios autorizados

Esa información que no aparece en NÁYADE y ahora sí lo hace en Vertidos Canarias se recoge de Grafcan, el sistema cartográfico del Gobierno de Canarias, que permite identificar qué vertidos y emisarios están registrados en cada momento y muestra también si cada uno de esos puntos cuenta o no con autorización.

A NÁYADE se suma además otra controversia. El sistema recoge las aguas de baño incluidas en el censo oficial, pero no todas las playas, calas o zonas de baño del Archipiélago forman parte de ese registro. La normativa concentra los controles en aquellas zonas en las que se prevé una afluencia importante de bañistas, de manera que existen espacios del litoral que quedan fuera de la vigilancia periódica. Si una zona no está censada, tampoco existe la misma obligación de someterla a controles sanitarios rutinarios. El resultado es un punto ciego en la vigilancia de la calidad del agua que Vertidos Canarias trata precisamente de cubrir.

Es por ello que un vertido puede producirse entre dos muestreos y no aparecer en ninguno de ellos. También puede ocurrir que el punto donde se toma la muestra no coincida con el lugar en el que se está produciendo el vertido.

El objetivo de Herrera es que esa información sirva también para conocer qué ocurre fuera de los controles sanitarios periódicos. No solo en las playas que están cerradas, sino en aquellas que no forman parte del censo, en los periodos entre dos análisis y en las zonas próximas a puntos de vertido.

Los últimos cierres por contaminación evidencian el problema

Los episodios recientes demuestran que no se trata únicamente de un problema heredado. Durante los últimos meses, distintas zonas del litoral canario han vuelto a quedar temporalmente fuera del uso recreativo por problemas de contaminación. Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, se ha mantenido entre una apertura y cierre intermitentes desde agosto. Ese mismo mes, la playa de Bajamar, en La Laguna, fue clausurada durante 24 horas tras detectarse un episodio de contaminación por enterococos.

Y el problema ha seguido apareciendo en septiembre. El pasado 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Yaiza ordenó el cierre temporal de la playa pequeña de Playa Blanca, en Lanzarote, después de detectar un vertido de aguas residuales provocado por una avería en una estación de bombeo próxima a la costa. Precisamente hoy, 11 de septiembre, otra playa de Tenerife, playa El Cabezo, se ha cerrado por contaminación fecal. Las reaperturas quedan condicionadas a los resultados de las muestras de Salud Pública. Casos como este evidencian que la contaminación del litoral no es un fenómeno puntual ni circunscrito a una isla concreta, sino un problema que continúa aflorando y que obliga a combinar los controles sanitarios con herramientas capaces de anticipar dónde y cuándo puede producirse un episodio de contaminación.

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) ha abierto un expediente sancionador por delitos contra el medio ambiente a la empresa titular del circo instalado junto a la Vía Medular, a la que se acusa de verter aguas fecales al subsuelo, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad.

Los agentes que acudieron al lugar alertados por las quejas de los vecinos sobre los malos olores que despedía el circo descubrieron que sus empleados habían abierto una zanja en esa parcela y allí arrojaban las aguas residuales de sus caravanas e instalaciones.

La Policía recuerda que, junto a la Vía Medular y el barrio de Las Salinas, la ciudad de Arrecife dispone de una amplia red de saneamiento.

“Contraviniendo las normas, la empresa del circo desplegó una red de tuberías para sus aguas fecales que son arrojadas al subsuelo de la parcela donde están instalados”, recalca.

La Policía Local considera que el circo, propiedad de una empresa de Telde (Gran Canaria), ha infringido tres apartados a la Ley de Residuos de Canarias, en los artículos 38.2 C., 38 2.d, y 38.2.e, en donde se especifica “el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos, el abandono, vertido o eliminación incontroladas de residuos que por su volumen o peligrosidad supongan un daño grave a los recursos naturales”.

La instalación de este circo, en una parcela de titularidad privada, se localiza en las proximidades del edificio central de los juzgados en la capital de Lanzarote.

“Ante la gravedad de estos vertidos, que pudieran ser reincidentes, el Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Policía Local, lo comunicará al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) para la posible responsabilidad penal del autor o autores, además de las sanciones de carácter administrativo sean impuesta por el Área de Infracciones y Sanciones del Ayuntamiento de Arrecife”, añade el Consistorio.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha pedido este viernes ampliar los plazos de la aplicación de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración, que rebaja de 2.000 a 1.000 habitantes el umbral de población a partir del cual será obligatorio disponer de estas infraestructuras.

Miranda, en el Parlamento de Canarias, ha reclamado que los plazos y la financiación para cumplir los nuevos requisitos sean “realistas”, y ha advertido de que Canarias no podrá resolver todas las necesidades existentes en un periodo de diez años.

Hay que recordar que en la actualidad Canarias, cuya población supera los 2,2 millones de habitantes y que el pasado año recibió más de 18 millones de turistas, tiene contabilizados 403 puntos de vertido desde tierra al mar (212 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 191 en la de Las Palmas). Del total de puntos censados, solo 112 cuentan con autorización vigente.

Miranda ha insistido en la “importante complejidad” que supondrá para el archipiélago la aplicación de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración, al tiempo que ha señalado en el Parlamento de Canarias que esta modificación afectará “prácticamente a la mayoría de los ayuntamientos” del archipiélago y tendrá una especial incidencia en los municipios pequeños, cuyas capacidades técnicas y administrativas son más limitadas.

El consejero ha explicado que la nueva normativa europea, actualmente en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español, también exigirá una mejora de los rendimientos económicos y energéticos de los sistemas de saneamiento y depuración.

El Gobierno de Canarias comparte los objetivos de protección ambiental establecidos en la directiva, ha asegurado Miranda, pero considera necesario que su aplicación tenga en cuenta las singularidades del archipiélago, como la fragmentación territorial, la compleja orografía, la escasez de recursos hídricos, la dependencia energética y la elevada superficie protegida.

Por ello, el Ejecutivo canario ha trasladado al Gobierno central una serie de propuestas para que la transposición de la directiva contemple las especificidades derivadas de la condición de Canarias como región ultraperiférica.

Entre ellas, Miranda ha citado la inclusión de una disposición específica que reconozca estas singularidades y la elaboración de un plan canario de adaptación a la nueva normativa.

El Gobierno autonómico también plantea que se permita recurrir a sistemas individuales de depuración en aquellos territorios donde la dispersión de la población, la orografía o la protección ambiental hagan poco viable la construcción de grandes redes de saneamiento y bombeo.

“No parece muy lógico” obligar a desarrollar grandes infraestructuras en todos los casos en un territorio con las características de Canarias, ha argumentado el consejero.

El Gobierno canario ya trabaja con los consejos insulares de aguas, especialmente con los de Tenerife y Gran Canaria, las islas que por su población se verán más afectadas por la ampliación de las obligaciones.

Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo estudia la creación de una oficina de apoyo a los ayuntamientos para facilitar su adaptación a la normativa europea, ante las dificultades que tendrán especialmente los municipios pequeños para elaborar proyectos y tramitar los expedientes necesarios.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife), por orden de Salud Pública, ha vuelto a prohibir el baño en Playa Jardín. Las muestras del agua de baño tomadas el lunes 10 de agosto en la zona de Punta Brava revelaron índices de E.coli (Escherichia coli) muy superiores a los que establece la normativa europea sobre la calidad de las aguas de baño. Un escrito del área de Salud de Tenerife concluye que la zona de playa grande no es apta para el baño. La prohibición coincide con el eclipse solar de este 12 de agosto, el mayor acontecimiento astronómico de los últimos años y que podrá disfrutarse en Canarias.

El resultado de la muestra tomada el 10 de agosto en el PM4 (Punto de Muestreo) revela valores de E.coli de 470 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) por cada 100 mL (mililitros). En este mismo punto se tomó una segunda muestra al día siguiente, este martes 11 de agosto. Los resultados fueron más alarmantes, ya que los niveles de esta bacteria fecal ascendieron a 850 UFC/100mL.

Tanto la cifra del lunes como la del martes superan los parámetros que establece la directiva europea para calificar como excelente la calidad del agua. En aguas costeras y de transición, estos valores no deben superar los 250 UFC por cada 100mL. Para que la calidad del agua pueda considerarse buena o suficiente, el dato puede elevarse a 500 UFC/100mL).

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha asegurado que el cierre preventivo de la zona de baño de Punta Brava atiende a una petición ''comunicada oficialmente por Salud Pública'' este miércoles a mediodía, después de que las analíticas realizadas arrojaran un resultado no favorable. La corporación municipal insiste en que ''se trata de un único resultado no favorable frente a más de 200 analíticas con resultados satisfactorios efectuadas en el conjunto de los controles''.

Según reconoce el propio Ayuntamiento en la nota de prensa, encargó a la empresa Aqualia la realización de cinco muestras en la zona afectada de forma paralela, y asegura que todas ellas han arrojado ''resultados óptimos para el baño en el mismo periodo que el análisis de Salud Pública''.

Por esta razón, han solicitado que se contrasten los datos ''con la mayor rapidez posible'' porque existe una diferencia entre el resultado de Salud Pública y las muestras encargadas por el municipio. El alcalde, Leopoldo Afonso, ha asegurado que la ciudadanía ''puede tener la tranquilidad'' de que se mantendrá un seguimiento permanente y de que la restricción se prolongará ''únicamente durante el tiempo estrictamente necesario''.

La nota de prensa del Ayuntamiento también recuerda que, de manera complementaria, desde el lunes pasado se trabaja en la limpieza y acondicionamiento de la arena para mantener la playa en condiciones adecuadas y afirma que estas labores continuarán durante el periodo de cierre preventivo.

La polémica de San Juan

Este nuevo cierre de Playa Jardín se ha ordenado pocas semanas después de que una polémica estallara en el municipio. La plataforma Stop Vertidos al Mar y el PSOE de Puerto de la Cruz denunciaron que la zona de El Charcón, una de las tres calas en las que se divide Playa Jardín, permaneció abierta durante las fiestas de San Juan a pesar de estar contaminada por E.Coli.

El alcalde, Leopoldo Afonso (PP), compareció en una rueda de prensa mostrando un certificado emitido por la Secretaría accidental del Ayuntamiento en el que hacía constar que los días 22 y 23 de junio “no tuvo entrada en el consistorio ninguna comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín”.

Consultada por esta redacción, el área de Salud Pública del Gobierno de Canarias desmintió estas afirmaciones y aseguró que los resultados de las analíticas que indicaban contaminación microbiológica de corta duración se comunicaron el 23 de junio al Ayuntamiento “por los cauces habituales”, “llamada telefónica y correo electrónico”. Además, se le indicó que prohibiera el baño de forma temporal en el punto de muestreo Playa Jardín PM5, comúnmente conocida como El Charcón.

Pocos días después, el alcalde y el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, se dieron un chapuzón en Playa Jardín, lo grabaron en vídeo y lo publicaron en sus respectivas cuentas de Facebook para intentar recuperar la confianza de los bañistas.

Més d’una desena d’entitats —socials, ecologistes, veïnals i en defensa de l’aigua— han denunciat aquest divendres els abocaments d’aigües residuals i bacteris fecals procedents de la depuradora de l’Aeroport d’Eivissa cap al Torrent de sa Font, un curs d’aigua que desemboca directament al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.

La contaminació supera fins a 17 i 12 vegades els límits legals, respectivament, segons quatre mostrejos realitzats per l’Aliança per l’Aigua, una entitat que advoca per millorar la política hídrica de les Pitiüses. Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

L’Aliança per l’Aigua explica que la denúncia es basa en els resultats de quatre preses de mostres realitzades entre el 12 de juny i el 22 de juliol per un laboratori autoritzat per la Conselleria de Salut del Govern balear.

Les entitats han anunciat, a més, que remetran l’informe i els resultats de les anàlisis a la Fiscalia de Medi Ambient i al Seprona de la Guàrdia Civil perquè investiguin els presumptes incompliments detectats. Així mateix, reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics i de la Conselleria de Salut per avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del Parc Natural de ses Salines.

Ses Salines d’Eivissa i Formentera constitueixen un exemple paradigmàtic de riquesa de l’ecosistema mediterrani. La seva singularitat rau en el fet que és una àrea de descans i nidificació per a les aus, com els flamencs, així com un espai d’especial interès pels seus valors ecològics, paisatgístics, històrics i culturals.

Els resultats evidencien l’incompliment del Reial decret 509/1996 —que transposa la Directiva Europea sobre el tractament d’aigües residuals urbanes— i dels paràmetres de qualitat exigits pel Reial decret 1620/2007 per a la reutilització d’aigües depurades en el reg de zones verdes, que és precisament un dels usos que l’aeroport fa del seu efluent. En cap de les quatre campanyes l’efluent de la depuradora va complir cap de les dues normatives.

“Els incompliments són especialment greus”

“Els incompliments detectats són especialment greus”, sostenen les organitzacions denunciants, ja que les anàlisis reflecteixen un problema ambiental greu. La normativa fixa uns límits màxims de contaminació permesos en l’aigua depurada, però la depuradora de l’aeroport els va superar en les quatre mostres recollides per l’Aliança per l’Aigua i analitzades per un laboratori independent. “La situació presenta diversos incompliments. D’una banda, l’aqüífer està salinitzat i aquesta salinització està provocant un procés de desnitrificació i la generació de salmorra sense que sapiguem on acaba. Tot això s’està fent, a més, sense l’autorització corresponent”, explica a elDiario.es Rafa Tur, membre de l’Aliança per l’Aigua.

Tur, que també està vinculat a l’associacionisme veïnal i a la gestió forestal, argumenta que la depuradora de l’aeroport es va dissenyar per atendre un volum d’uns cinc o sis milions de passatgers l’any, però ara l’aeroport ja en gestiona nou milions. “La instal·lació està clarament sobrepassada”, lamenta, i afegeix que part de l’aigua depurada es reutilitza per regar els jardins de l’aeroport, però que no compleix els paràmetres exigits per la normativa per a la reutilització d’aigües regenerades.

“A això s’hi suma un tercer problema: s’estan fent abocaments d’aigües insuficientment depurades a l’entorn d’un parc natural”, resumeix. Malgrat tot, Tur recorda que AENA preveu destinar 230 milions d’euros a una ampliació de l’aeroport que promou, entre altres qüestions, una sala VIP més gran. “Nosaltres diem que menys sala VIP —que ja ens n’estan afartant— i més complir la normativa i adaptar les infraestructures a les necessitats actuals. Si volen ampliar la capacitat de l’aeroport fins als 11 milions de passatgers, abans haurien de garantir que les instal·lacions bàsiques, com la depuradora, funcionen correctament i compleixen la legislació”, adverteix.

Hazel Morgan, portaveu de l’associació ecologista Amics de la Terra, ha qualificat de “vergonyós” que AENA no sàpiga gestionar els recursos necessaris per a la terminal i ha considerat que el que està fent la gestora aeroportuària és “totalment il·legal”: “Pretenen fer l’ampliació sense fixar-se en aquestes qüestions; si necessiten més espai per als països no Schengen, que eliminin les botigues Duty Free per guanyar-lo”, afegeix Morgan.

Fonts d’AENA responen aelDiario.es que, d’acord amb les autoritzacions vigents atorgades per les autoritats competents, l’Aeroport d’Eivissa s’abasteix “exclusivament mitjançant els seus cinc pous propis autoritzats, la recollida d’aigua pluvial i l’optimització de l’ús d’aigua regenerada”. “Els volums de captació es mantenen en tot moment dins dels límits autoritzats per les administracions corresponents”, assenyalen.

Així mateix, indiquen que totes les dades relatives a l’extracció i al consum d’aigua, així com les analítiques i els informes que siguin d’aplicació, són comunicats periòdicament per l’aeroport als organismes competents, entre ells la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern; la Direcció General de Recursos Hídrics i l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), davant la qual es declara el volum d’aigua extreta per a la liquidació del cànon corresponent. “Tot això es fa en compliment de les obligacions administratives i legals establertes”, afirmen, i afegeixen que l’aeroport està autoritzat per Recursos Hídrics “a utilitzar l’aigua sortint de la depuradora per al reg de jardins i zones verdes pròpies”.

Risc sanitari

Dels mostrejos promoguts per l’Aliança per l’Aigua es desprèn que el pitjor resultat es va registrar el 8 de juliol, quan la contaminació orgànica va assolir un nivell 17 vegades superior al permès i els sòlids en suspensió van arribar a multiplicar per 18 el límit legal. Les anàlisis realitzades el 12 i el 25 de juny i el 22 de juliol també van detectar incompliments, sense que s’hi apreciés cap millora. Les entitats adverteixen que el problema és especialment preocupant perquè l’aigua tractada s’aboca al Torrent de sa Font, que desemboca al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, un espai protegit per la Xarxa Natura 2000.

El Torrent de sa Font neix a la serra Grossa, a uns 160 metres d’altitud, i recorre prop de nou quilòmetres fins a desembocar a la platja des Codolar. En el seu recorregut travessa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, s’uneix a un altre torrent i voreja les instal·lacions de l’aeroport abans d’arribar a la mar. En aquest darrer tram, conegut com a torrent des Rafal, la llera travessa una zona pràcticament plana fins a desembocar a l’entorn del parc natural.

Les anàlisis també posen el focus en el risc sanitari. La normativa permet un màxim de 200 unitats del bacteri E. coli per cada 100 mil·lilitres d’aigua quan aquesta es reutilitza per regar parcs i jardins, un ús que l’aeroport dona a part de l’aigua tractada. Tanmateix, en les mostres recollides les anàlisis van superar les 2.420 unitats per cada 100 mil·lilitres, el màxim que el mètode emprat era capaç de mesurar. Això significa que la concentració real podria ser encara més elevada, lamenten les entitats. En qualsevol cas, insisteixen que els resultats multipliquen per almenys dotze el límit legal.

Descarten que siguin fets aïllats

Les organitzacions adverteixen que l’aigua abocada acaba al Torrent de sa Font i, des d’allí, a la platja des Codolar, per la qual cosa temen que la contaminació fecal pugui arribar a una zona de bany i suposar un risc per a la salut pública. Per això reclamen que se suspengui cautelarment la reutilització d’aquesta aigua per al reg fins que se’n garanteixi la qualitat i que les administracions duguin a terme controls urgents tant als jardins de l’aeroport com a les aigües de bany des Codolar.

Els resultats descarten que es tracti d’un episodi aïllat, apunta l’Aliança per l’Aigua. Els incompliments es van repetir en les quatre campanyes realitzades entre juny i juliol, sense que les anàlisis reflecteixin cap millora, fet que, al seu parer, apunta a “un problema estructural de la depuradora més que no a una avaria puntual”. L’entitat sosté que la instal·lació ja és incapaç de tractar correctament el volum actual d’aigües residuals, una situació que considera especialment preocupant davant l’ampliació de l’aeroport projectada per AENA.

La denúncia arriba, a més, en un moment de creixent contestació social al projecte d’ampliació de la infraestructura aeroportuària. En les darreres setmanes, nombroses organitzacions ecologistes i veïnals han signat un manifest contra els plans d’AENA i el grup ecologista GEN-GOB també ha demanat a la Guàrdia Civil que investigui l’abastiment d’aigua potable de l’aeroport per presumptes extraccions il·legals d’un pou. A parer de l’Aliança per l’Aigua, les noves anàlisis evidencien que les infraestructures ambientals de l’aeroport ja presenten mancances amb la capacitat actual.

Les entitats exigeixen ara a AENA que faci públiques les dades tècniques de la depuradora, com la seva capacitat de tractament, el volum d’aigua que processa i el cabal que aboca, a més d’acreditar que disposa de les autoritzacions necessàries per a l’abocament i la reutilització de l’aigua. També reclamen la intervenció urgent de la Direcció General de Recursos Hídrics —dependent de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua— i de la Conselleria de Salut per “avaluar l’impacte dels abocaments i garantir que no existeixi risc per als usuaris de la platja des Codolar ni per a l’entorn del parc natural”.

Más de una decena de entidades –sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua– han denunciado este viernes los vertidos de aguas residuales y bacterias fecales procedentes de la depuradora del Aeropuerto de Eivissa hacia el Torrent de sa Font, un curso de agua que desemboca directamente en el Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La contaminación supera en hasta 17 y 12 veces los límites legales, respectivamente, según cuatro muestreos realizados por la Alianza por el Agua, una entidad que aboga por mejorar la política hídrica de las Pitiüses. Ses Salines de Eivissa y Formentera constituyen un ejemplo paradigmático de riqueza del ecosistema mediterráneo. Su singularidad radica en que es un área de descanso y nidificación para las aves, como los flamencos, así como un espacio de especial interés por sus valores ecológicos, paisajísticos, históricos y culturales.

La Alianza por el Agua explica que la denuncia se basa en los resultados de cuatro tomas de muestras realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear.

Las entidades han anunciado además que remitirán el informe y los resultados de los análisis a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil para que investiguen los presuntos incumplimientos detectados. Asimismo, reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos y de la Conselleria de Salud para evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de Es Codolar ni para el entorno del Parc Natural de ses Salines.

Los resultados evidencian el incumplimiento del Real Decreto 509/1996 –que transpone la Directiva Europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas– y de los parámetros de calidad exigidos por el Real Decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes, que es precisamente uno de los usos que el aeropuerto hace de su efluente. En ninguna de las cuatro campañas el efluente de la depuradora cumplió ninguna de las dos normativas.

“Los incumplimientos son especialmente graves”

“Los incumplimientos detectados son especialmente graves”, sostienen las organizaciones denunciantes, ya que los análisis reflejan un problema ambiental grave. La normativa fija unos límites máximos de contaminación permitido en el agua depurada pero la depuradora del aeropuerto los superó en las cuatro muestras recogidas por la Alianza por el Agua y analizadas por un laboratorio independiente. “La situación presenta varios incumplimientos. Por un lado, el acuífero está salinizado y esa salinización está provocando un proceso de desnitrificación y la generación de salmuera sin que sepamos dónde acaba. Todo ello se está haciendo, además, sin la autorización correspondiente”, explica a elDiario.es Rafa Tur, miembro de la Alianza por el Agua.

Tur, que está vinculado también al asociacionismo vecinal y la gestión forestal, argumenta que la depuradora del aeropuerto se diseñó para atender un volumen de unos cinco o seis millones de pasajeros al año, pero ahora el aeropuerto ya gestiona los nueve millones. “La instalación está claramente sobrepasada”, lamenta y añade que parte del agua depurada se reutiliza para regar los jardines del aeropuerto, pero que no cumple los parámetros exigidos por la normativa para la reutilización de aguas regeneradas.

“A eso se suma un tercer problema: se están realizando vertidos de aguas insuficientemente depuradas en el entorno de un parque natural”, resume. Pese a todo, Tur recuerda que AENA prevé destinar 230 millones de euros en una ampliación del aeropuerto que promueve, entre otras cuestiones, una sala VIP más grande. “Nosotros decimos que menos sala VIP –que ya nos están hartando– y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales. Si quieren ampliar la capacidad del aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros, antes deberían garantizar que las instalaciones básicas, como la depuradora, funcionan correctamente y cumplen la legislación”, advierte.

Fuentes de AENA responden a elDiario.es que, en base a las autorizaciones vigentes otorgadas por las autoridades competentes, el Aeropuerto de Eivissa se abastece “exclusivamente mediante sus cinco pozos propios autorizados, la recogida de agua pluvial y la optimización del uso de agua regenerada”. “Los volúmenes de captación se mantienen en todo momento dentro de los límites autorizados por las administraciones correspondientes”, señalan.

Asimismo, indican que todos los datos relativos a la extracción y el consumo de agua, así como las analíticas y reportes que resultan de aplicación, son comunicados periódicamente por el aeropuerto a los organismos competentes, entre ellos la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern; la Dirección General de Recursos Hídricos y la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB), ante la que se declara el volumen de agua extraída para la liquidación del correspondiente canon. “Todo ello se realiza en cumplimiento de las obligaciones administrativas y legales establecidas”, afirman y añaden que el aeropuerto está autorizado por Recursos Hídricos “para usar el agua saliente de la depuradora en riego de jardines y zonas verdes propias”.

Riesgo sanitario

De los muestreos promovidos por la Alianza por el Agua se desprende que el peor resultado se registró el 8 de julio, cuando la contaminación orgánica alcanzó un nivel 17 veces superior al permitido y los sólidos en suspensión llegaron a multiplicar por 18 el límite legal. Los análisis realizados el 12 y el 25 de junio y el 22 de julio también detectaron incumplimientos, sin que se apreciara ninguna mejora. Las entidades advierten de que el problema es especialmente preocupante porque el agua tratada se vierte al Torrent de sa Font, que desemboca en el Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera, un espacio protegido por la Red Natura 2000.

El Torrent de sa Font nace en la serra Grossa, a unos 160 metros de altitud, y recorre cerca de nueve kilómetros hasta desembocar en la playa de es Codolar. En su camino atraviesa la carretera de Sant Josep de sa Talaia, se une a otro torrente y bordea las instalaciones del aeropuerto antes de llegar al mar. En ese último tramo, conocido como torrent des Rafal, el cauce atraviesa una zona prácticamente llana hasta desembocar en el entorno del parque natural.

Los análisis también ponen el foco en el riesgo sanitario. La normativa permite un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros de agua cuando esta se reutiliza para regar parques y jardines, un uso que el aeropuerto da a parte del agua tratada. Sin embargo, en las tomas de muestras recogidas los análisis superaron las 2.420 unidades por cada 100 mililitros, el máximo que el método empleado era capaz de medir. Esto significa que la concentración real podría ser todavía mayor, lamentan las entidades. En cualquier caso, insisten en que los resultados multiplican por al menos doce el límite legal.

Descartan que sean hechos aislados

Las organizaciones advierten de que el agua vertida acaba en el Torrent de sa Font y, desde allí, en la playa de es Codolar, por lo que temen que la contaminación fecal pueda llegar a una zona de baño y suponer un riesgo para la salud pública. Por ello reclaman que se suspenda cautelarmente la reutilización de esta agua para riego hasta que se garantice su calidad y que las administraciones realicen controles urgentes tanto en los jardines del aeropuerto como en las aguas de baño de es Codolar.

Los resultados descartan que se trate de un episodio aislado, apunta la Alianza por el Agua. Los incumplimientos se repitieron en las cuatro campañas realizadas entre junio y julio, sin que los análisis reflejen ninguna mejora, lo que, a su juicio, apunta a “un problema estructural de la depuradora más que a una avería puntual”. La entidad sostiene que la instalación ya es incapaz de tratar correctamente el volumen actual de aguas residuales, una situación que considera especialmente preocupante ante la ampliación del aeropuerto proyectada por AENA.

La denuncia llega, además, en un momento de creciente contestación social al proyecto de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto contra los planes de AENA y el grupo ecologista GEN-GOB también ha pedido a la Guardia Civil que investigue el abastecimiento de agua potable del aeropuerto por presuntas extracciones ilegales de un pozo. A juicio de la Alianza por el Agua, los nuevos análisis evidencian que las infraestructuras ambientales del aeropuerto ya presentan carencias con la capacidad actual.

Las entidades exigen ahora a AENA que haga públicos los datos técnicos de la depuradora, como su capacidad de tratamiento, el volumen de agua que procesa y el caudal que vierte, además de acreditar que dispone de las autorizaciones necesarias para el vertido y la reutilización del agua. También reclaman la intervención urgente de la Dirección General de Recursos Hídricos –dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua– y de la Conselleria de Salud para “evaluar el impacto de los vertidos y garantizar que no exista riesgo para los usuarios de la playa de es Codolar ni para el entorno del parque natural”.

Unas obras de emergencia para sustituir el colector del Teatro Pérez Galdós, por el que transitan el 85 % de las aguas residuales de Las Palmas de Gran Canaria, obligarán desde mediados de este mes al cierre de la estación de guaguas, cabecera de decenas de líneas municipales, y a cortar el tráfico en la avenida Rafael Cabrera.

Los trabajos coinciden con el cierre temporal de la GC-3, por las obras de impermeabilización del viaducto del Guiniguada, que dio comienzo este pasado domingo, y que está provocando el colapso en la capital al haber aumentado significativamente el tráfico en varios puntos de la ciudad, sobre todo en la GC-1, al derivarse la mayoría del tráfico al entorno de los túneles de Julio Luengo.

Las obras en el entorno del Teatro se deben a una grave obstrucción en este colector que recoge las aguas residuales de la ciudad para llevarlas hasta la estación de bombeo de la zona, que las impulsa hasta la depuradora de Barranco Seco, y que empeoró la borrasca Therese del pasado mes de marzo, provocando una situación potencialmente peligrosa.

Es por ello que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado a Emalsa por la vía de emergencia unos trabajos por valor de 3,58 millones de euros que ya han comenzado en el entorno del Teatro Pérez Galdós, y que se extenderán, si todo va bien con los plazos y la llegada de materiales que ahora mismo están en duda por su escasez a escala global, hasta finales de noviembre, según la previsión inicial.

Estas obras se dividirán en tres fases, la primera de las cuales obliga a recolocar desde mediados de este mes de agosto las paradas de guaguas que hay en el Teatro, bajo las cuales se encuentra esa estación de bombeo, si bien no será hasta mediados de septiembre, ya con la segunda fase en marcha, que se procederá a cortar al tráfico un tramo de Rafael Cabrera.

El Ayuntamiento trabaja ya en el plan de movilidad para responder a estas obras, que ha calificado de “imprescindibles” aunque prevea que generarán “problemas” a la ciudadanía, pero ha asegurado que no existe “otra opción”.

Aunque será presentado más adelante, la idea inicial es desviar el tráfico que entra hacia Rafael Cabrera tanto por el norte como por el sur hacia la carretera GC-110, o carretera del Centro, para después incorporarse por la calle Muro, pasar a General Bravo junto al Gabinete Literario y bajar por Malteses para reincorporarse otra vez a Rafael Cabrera una vez pasada ya la estación.

La principal dificultad de la obra

La obra para sustituir el colector, que tiene 17 metros y transcurre bajo la avenida Rafael Cabrera entre la plaza Stagno y la estación de guaguas, radica en que se ha de construir zanjas de hasta seis metros de profundidad cuando solo existen cuatro metros antes de llegar al agua del mar, en una zona que se ganó al océano hace décadas.

Ello provocará que unos dos metros de profundidad sean en el lecho marino, por lo que se tendrán que colocar bombas de achique.

También, para que las aguas residuales sigan discurriendo hacia la estación de bombeo, y de ella a la depuradora de Barranco Seco, mientras duran las obras, se colocará una suerte de 'bypass' con otras bombas temporales que se encargarán de hacer discurrir estas aguas.

Dichas bombas van a encapsularse para evitar al máximo posible los ruidos que provocan, según los responsables de ejecutar esta obra.

Los trabajos en sí consistirán en sustituir el actual colector de hormigón por otro de plástico, que tendrá un diámetro de entre 1,6 y 1,8 metros, y que cuenta con una esperanza de vida estimado en 30 años.

Debido al volumen de este material, el colector viene en tramos de seis metros, lo máximo que permite un contenedor marítimo tipo.

Además, también se ha especificado que se aprovechará esta obra para hacer cambios en el entorno de la estación de bombeo del Teatro y que ello facilite el mantenimiento de sus unidades en el futuro, con la intención de poder evitar otra vez los inconvenientes respecto al tráfico y el transporte que supondrán estos trabajos.

El poeta y dramaturgo Álvaro Cunqueiro solía decir de su tierra, Galicia, que era el país de los mil ríos. Y no lo decía porque, efectivamente, hubiera tantos ríos –aunque el catálogo oficial de cauces supere los cientos–, sino por la vinculación histórica y sentimental de la región con el agua. El río Miño, el Sil, el Tambre, los lagos de As Pontes y Meirama… Galicia es una tierra de agua y sus paisajes, su identidad y hasta su economía se vinculan a ella de formas sorprendentes.

Galicia es un territorio especialmente rico en recursos naturales, y en un contexto de grandes retos medioambientales, la protección y aprovechamiento sostenible de dichos recursos es un asunto clave. Bien lo sabe Veolia, empresa líder en servicios medioambientales para la gestión del agua, que cumple más de 50 años operando en Galicia, una tierra a la que le unen tradición, historia y futuro. Medio siglo de gestión eficiente y sostenible de recursos esenciales trabajando en estrecha colaboración con administraciones públicas y entidades locales para favorecer el desarrollo económico, social y medioambiental del territorio gallego.

Con un equipo de más de 18.000 personas en España, Veolia ha afianzado un modelo de trabajo en el que la escala global y el conocimiento local dialogan para abordar los desafíos de Galicia. Y a lo largo de cinco décadas, la compañía ha pasado de la gestión tradicional de servicios urbanos hasta posicionarse como un referente global en la transformación ecológica a través de la gestión eficiente del agua, la valorización de los residuos y la optimización energética, pilares de un desarrollo sostenible necesario en la comunidad.

Innovación y digitalización al servicio del agua

Ejemplos podríamos poner muchos, pero uno de los mayores hitos recientes surgido del vínculo entre Veolia y Galicia es el impulso a la digitalización del ciclo del agua a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Es el caso del proyecto ‘OU-Inteligente: La provincia del agua’, liderado por Aquaourense, la sociedad mixta integrada por la Diputación de Ourense y Veolia, que cuenta con una inversión superior a los 13 millones de euros para modernizar la gestión hídrica en 81 municipios ourensanos, permitiendo una monitorización en tiempo real de la gestión de recursos. El objetivo es dotar a cada consistorio, por pequeño y rural que sea, de tecnologías de vanguardia que aseguren que cada gota de agua gallega se gestione con la máxima eficiencia.

En paralelo, la ciudad de Ourense avanza hacia un modelo de ciudad verde y digital. Gracias a una inversión de 4,5 millones de euros y a la alianza entre Veolia y Plexus Tech, se están instalando miles de contadores inteligentes y sensores en tiempo real. Un sistema que no solo permite detectar fugas de forma casi instantánea, sino que integra la producción de energía renovable en instalaciones como la depuradora de Reza, que ya cuenta con una planta fotovoltaica para reducir su huella de carbono.

La capacidad de innovación de Veolia en la región también se canaliza a través de Cetaqua Galicia, el único centro tecnológico del agua en la comunidad. Creado en 2011 en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el CSIC, Cetaqua es el corazón de la I+D+i aplicada al territorio. Desde Santiago de Compostela, este centro desarrolla soluciones punteras en economía circular y descarbonización. Proyectos como CIGAT Biofactoría o CONSERVAL son ejemplos tangibles de cómo las aguas residuales, tradicionalmente consideradas un desecho, pueden transformarse en fuentes de recursos de alto valor añadido para la industria conservera y otros sectores clave de la economía gallega.

Soluciones basadas en la naturaleza por un futuro compartido

Desde hace muchos años, la transformación ecológica gallega se lleva a cabo con infraestructuras verdes participadas por Veolia. El Humedal de Viladesuso sería un ejemplo de ello: es el primer proyecto de compensación de huella hídrica certificado en Galicia. Un proyecto pionero de colaboración público-privada diseñado para mejorar la calidad del agua en el embalse de Cecebre, demostrando que la tecnología puede proteger la biodiversidad de nuestros ecosistemas.

En el ámbito rural, el Proyecto RUAGUA en Valdeorras es un referente de adaptación al cambio climático. Coordinado por AquaOurense, Cetaqua y el Consorcio de Augas de Valdeorras, esta iniciativa promueve la simbiosis rural-industrial. Mediante la reutilización de agua regenerada para servicios públicos y la producción de compost de alta calidad, RUAGUA combate el estrés hídrico y fomenta el residuo cero en municipios como A Rúa de Valdeorras.

Tras medio siglo de historia compartida, la experiencia de Veolia en Galicia demuestra que la colaboración público-privada es clave para construir territorios más resilientes y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Al combinar la eficiencia operativa con la digitalización y la sostenibilidad, la compañía no solo protege los recursos de hoy, sino que garantiza que las generaciones futuras de gallegos hereden una tierra como la de Cunqueiro. Un país de mil ríos, también los próximos 50 años.

Las analíticas realizadas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias junto a la playa de El Reducto, en Arrecife (Lanzarote), han detectado parámetros elevados de contaminación en la zona del aliviadero de la red de saneamiento del Consorcio Insular de Aguas en la Punta del Camello, según ha informado este martes el Ayuntamiento de la ciudad.

El Consistorio explica que había solicitado a Salud Pública que realizara análisis de las aguas en ese enclave del litoral al detectarse durante el pasado fin de semana vertidos de aguas residuales junto a ese aliviadero.

La Policía Local de Arrecife constató esos vertidos y levantó acta.

La concejal de Playas y de Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha requerido a los responsables del Consorcio del Agua que verifiquen las bombas de impulsión que tienen en las zonas próximas al edificio del Cabildo de Lanzarote y en la calle Portugal.

La edil considera que la presencia de aguas residuales en esa zona pueden ser producto de la reciente rotura de la tubería de impulsión de las aguas de saneamiento en el barrio de Argana Alta, que bombea las aguas procedentes de Playa Honda y la zona baja de Arrecife hacia la depuradora en Montaña Mina.

El Ayuntamiento de Arrecife ha requerido al Consorcio que chequee el estado de estas estaciones de bombeo en la Punta del Camello y calle Portugal y verifique las causas de esos vertidos por el aliviadero en la Punta del Camello.

Ante esta confirmación de Sanidad, la Concejalía de Playas de Arrecife mantiene activado el protocolo y sigue desaconsejando el baño en las aguas de esta zona del litoral de Arrecife. La bandera roja permanece izada.

Tras el inicio de la investigación de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para esclarecer la autoría por la muerte de cientos de peces en el transcurso del río Pisueña, en los Valles Pasiegos, el líder del partido Cantabristas, Paulu Lobete, ha advertido de que “no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes y tampoco es la única zona donde podemos encontrar aguas contaminadas en Cantabria”.

Lobete ha señalado que está a la espera de seguir conociendo datos de la investigación sobre los supuestos vertidos que habrían provocado la contaminación del agua que partía del arroyo de Saro, un afluente del Pisueña, en el que flotaban un elevado número de piscardos, truchas, anguilas y pintos muertos muertos.

En la investigación, han participado agentes del Medio Natural del Gobierno de Cantabria desde que la Guardia Civil recibiera un aviso el pasado viernes. Desde entonces, efectivos de ambas instituciones han inspeccionado la zona y recogido muestras durante el fin de semana. Este lunes, desde la Consejería de Ganadería y Pesca se ha informado a elDiario.es de que “podría aportar algún dato sobre la afección” que ha llevado al Seprona a presentar una denuncia, mientras Ganadería también ha recogido cientos de ejemplares muertos.

El líder de Cantabristas ha señalado que el Gobierno de Cantabria “debería involucrarse en casos como este, o el de la ría del Asón o la playa de Galizano, por poner ejemplos, que llevan años soportando vertidos residuales”. En el caso del Asón, se han producido episodios de vertidos durante años y en el de Galizano, en 2025, se produjo un brote de gastroenteritis con, al menos, catorce casos confirmados de infección por rotavirus.

“La salud de nuestras aguas es también responsabilidad pública y debemos tomárnoslo en serio, si queremos proteger y velar por el bienestar de nuestros ecosistemas”, ha dicho Lobete.

Disfrutar del mar en Canarias ya no es tan sencillo. A la sombra de las playas vírgenes de agua cristalina que copan los anuncios de las islas se esconden dos problemas crecientes que alejan a los isleños del litoral: la masificación y la contaminación fecal. Alba Domínguez tiene 27 años y es vecina de El Sauzal, un municipio rural de Tenerife. El pueblo en el que vive registró máximas de 36 grados en junio, pero encontrar en la isla un tramo de costa en el que refrescarse se ha convertido con los años en una odisea. ''Lo primero que tengo en cuenta antes de elegir la playa es que no haya avisos por contaminación y que no esté cerca de zonas que hayan estado cerradas por esto mismo'', cuenta.

Cuando era pequeña, Alba y su familia pasaban casi todo el verano en las playas de El Médano, en el sur de Tenerife. ''Ahora es una de las zonas a las que no voy a bañarme ni de broma, descartadísimo'', asevera. Precisamente, la última playa que ha cerrado en Canarias por contaminación fecal ha sido la Leocadio Machado, situada en esta localidad. El 6 de julio el Ayuntamiento restringió el baño por los altos niveles de E.coli detectados en el agua. Según los resultados de las muestras consultados por este periódico, se detectaron 800 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) de esta bacteria por cada 100 mL (mililitros) de agua.

Esta cifra supera con mucho los parámetros establecidos por la directiva europea para calificar como excelente la calidad del agua. En aguas costeras y de transición, los niveles de Escherichia coli no deben superar las 250 UFC por cada 100 mL. El 6 de julio, en esta playa de El Médano los índices de la bacteria ni siquiera cumplían con los mínimos establecidos por Europa para que la calidad del agua pueda considerarse buena o suficiente (500 UFC/100mL). Desde el Ayuntamiento responden a esta redacción que “se desconoce” por qué se contaminó la playa, que reabrió al baño el 9 de julio.

Un problema de salud pública

La presión urbanística y turística, así como los déficits históricos en infraestructuras de saneamiento y depuración han favorecido los vertidos al mar en Canarias. ''Se trata de un problema muy grave de salud pública'', advierte el presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), Juan Rumeu. Esta asociación recibe cada mes denuncias de personas que van a la playa y acaban en urgencias con virus derivados de bacterias fecales. ''Ocurre con más frecuencia de lo que creemos'', asevera.

Además, critican que se intente eliminar la contaminación “cometiendo otra irregularidad”: desinfectando con hipocloritos que ''generan otros elementos perjudiciales para la salud'' por la reacción del cloro con la materia orgánica. AECCM ha pedido a la administración pública que explique en qué evidencias científicas se basan estos métodos de tratamiento.

ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) también ha alertado ya de que ''bañarse en Canarias es un riesgo sanitario''. La asociación ha exigido transparencia, con avisos inmediatos y cierres preventivos. ''Hasta que el resultado de la analítica está, pasan días. ¿Qué pasa las 72 horas antes de que una playa cierre? ¿Qué pasa con toda esa gente que se ha bañado antes?'', cuestiona Rumeu.

Las aguas residuales sin tratar o insuficientemente tratadas son, según un informe consultado por este periódico, un ''vector de transmisión de agentes patógenos y contaminantes químicos'', con un potencial impacto en la salud humana. Por ello, la AECCM ha afeado en reiteradas ocasiones a las administraciones públicas la falta de transparencia en esta materia.

El presidente de la asociación señala que no solo la E.coli y los Enterococos impactan en la población, aunque estas sean las dos bacterias que se analizan en las muestras de acuerdo con la normativa europea. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una guía con directrices sobre la calidad del agua recreativa en la que cita diferentes virus y bacterias que pueden aparecer en aguas residuales brutas, como el Rotavirus, el Enterovirus, la Hepatitis A o la Salmonella. La exposición a estos microorganismos, tal y como recoge la OMS, puede provocar en las personas diarreas, fiebre, vómitos, enfermedades respiratorias e infecciones cutáneas, entre otras.

''Luto'' por la pérdida del mar

No poder disfrutar del mar con tranquilidad genera en la población canaria ''un sentimiento de pérdida'' y la lleva a vivir ''una especie de luto'', explica la profesora del departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna (ULL) Yurena González. ''El mar tiene connotaciones identitarias dentro de la memoria colectiva que se han traspasado de generación en generación. Es un espacio de desahogo, y cuando empezamos a perder todo esto se genera una sensación de frustración, malestar y rabia'', cuenta la experta.

También se transforman los hábitos y aparece, por ejemplo, la tendencia al uso de piscinas. Una vecina de Santa Cruz de Tenerife, que prefiere no dar su nombre, cuenta que ella y su familia han optado por ir a sitios con piscina privada. ''Así te garantizas aparcar y cierta tranquilidad y comodidad, sin masificaciones'', cuenta. En esta línea coincide Alba Domínguez, que baraja instalar una piscina en su casa. ''Da pena, porque vivir en una isla debería significar poder disfrutar de sus playas con tranquilidad y confianza, tenemos la ''ventaja'' de vivir rodeados de mar y tendríamos que poder aprovecharlo'', concluye.

En este punto, la docente y también miembro del Centro de Estudios Ecosociales de la ULL añade un elemento clave: los altos índices de pobreza que arrastra Canarias desde hace décadas, con más de un 30% de la población en riesgo de exclusión social. ''Esos espacios públicos de acceso gratuito nos son casi denegados, y frente a eso usamos espacios privados, donde hay que pagar para tener una piscina o agua en condiciones saludables'', incide.

El impacto de la contaminación de las aguas de baño también tiene una vertiente económica y perjudica a la economía local. Yurena González pone como ejemplo el caso de Playa Jardín (Puerto de la Cruz), una de las principales playas del norte de Tenerife que estuvo casi un año cerrada por bacterias fecales. El caso está en los tribunales y la justicia investiga a altos cargos públicos por un posible delito contra el medio ambiente.

El problema no es exclusivo de Tenerife. En Lanzarote, la principal playa de la capital estuvo cerrada seis meses por contaminación fecal. En el núcleo turístico de Playa Blanca, en el sur de la isla, otra playa cerró en junio por la misma causa. En Gran Canaria, los episodios de contaminación fecal se han enquistado en la playa de El Confital durante más de ocho años y el baño permane prohibido temporalmente, según los últimos muestreos publicados en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no comparte las conclusiones de los expertos. Reconoce que la isla “tiene un problema en El Confital”, pero asegura que el resto de las playas “cumple con los parámetros sanitarios con holgura. Esa generalización nos hace un enorme daño”. Preguntado por los problemas detectados en las playas de Telde, admite que los ha habido pero que en ningún caso han afectado a la salubridad del agua de baño. Gran Canaria “no tiene los mismos problemas que Tenerife”.

La presión sobre el territorio y el cierre de playas son algunas de las razones por las que Canarias ha sido incluida este año en la Fodor 's No List, el listado de la prestigiosa guía de viajes estadounidense que recoge los destinos de viajes a ''reconsiderar''. La publicación subraya que 100 millones de litros de aguas residuales no tratadas o apenas tratadas se vierten al mar ''todos los días''.

Playas masificadas

La masificación turística de las costas también ha llevado a los residentes a renunciar a determinados enclaves. ''Muchas veces prefiero ir a la montaña en lugar de ir a una playa donde no sé si el agua está en buenas condiciones o que sé que va a estar llena'', añade Alba Domínguez. ''Hay más basura, más ruido y más presión sobre un espacio que tiene sus límites. Intento ir entre semana o buscar playas menos conocidas, aunque cada vez es más difícil encontrar sitios tranquilos por el aumento del turismo y del uso del territorio sin control'', continúa.

Por su parte, la vecina de Santa Cruz de Tenerife antes frecuentaba la playa urbana de Las Teresitas ''por cercanía y comodidad'' para ir con niños. ''Ya casi no vamos. Desde que el Ayuntamiento cambió los aparcamientos se ha vuelto insoportable ir, sobre todo, si vas a media mañana te toca un atasco importante y la playa suele estar muy llena'', apostilla.

Esta es una de las playas que ha recibido la bandera negra de Ecologistas en Acción este año por ''gestión negligente''. La asociación denuncia el ''abandono severo planificado'' que sufre Las Teresitas ''desde hace décadas'', en un escenario marcado por “vertidos incontrolados de residuos urbanos, privatización, invasión de espacios públicos y problemas de accesibilidad''.

Ecologistas en Acción también ha dado la bandera negra al macroproyecto turístico Cuna del Alma en el Puertito de Adeje, uno de los últimos rincones que quedaban sin edificar en Tenerife; a la contaminación que provocan los cruceros en islas como Lanzarote; y a Telde, por los episodios de contaminación que provocaron la muerte de peces y el cierre temporal de más de una decena de playas.

Impacto ambiental

Según el censo de vertidos actualizado por el Gobierno de Canarias, las islas cuentan con 403 puntos de vertido de tierra a mar. De ellos, 361 están en activo y 216 no tienen autorización para su funcionamiento. Tenerife es la isla con más puntos de vertidos, con 180, seguida de Gran Canaria, con 115. Esto significa que las dos islas capitalinas concentran 295 emisarios de tierra a mar (un 81,72% del total). Muchos de estos puntos afectan a aguas marinas protegidas, según ha alertado el informe SOS Costas Canarias, elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad.

En el caso de Tenerife, el área más afectada es la Franja Marina Teno-Rasca, donde se encuentran 39 puntos de vertidos. En Gran Canaria, otros 39 emisarios inciden de forma directa en las aguas de la Red Natura 2000 y, en concreto, sobre la ZEC Franja Marina de Mogán. En su mayoría, según este estudio, se trata de aguas residuales urbanas y salmueras.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España por incumplir sus obligaciones en el tratamiento de aguas residuales urbanas. La sentencia, emitida este 18 de diciembre, concluye que el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el correcto tratamiento de las aguas residuales en diferentes puntos del país, la mayoría en Tenerife, antes de verterse al mar.

En concreto, los doce enclaves de Tenerife a los que hace referencia el TJUE en su sentencia son Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul y Valle de la Orotava.

Para revertir el problema, son necesarias ''políticas valientes'', plantea Yurena González. ''Lo que se está observando son las consecuencias más manifiestas de este modelo de desarrollo que se ha ejecutado sin planificación. Las islas son islas, son limitadas. Cuando tú creces más de lo que el espacio te da, se producen todos estos desastres, y los sufre la población local, que se queda aquí, no se va'', concluye.

Nueva Canarias ha pedido este martes explicaciones y la depuración de responsabilidades tras la denuncia realizada por la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm) sobre el presunto uso de compuestos derivados del cloro para el tratamiento de las aguas afectadas por los vertidos en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Se trata de la misma playa que permaneció cerrada durante un año por vertidos fecales en sus aguas.

Según expone la formación, la asociación ha alertado del posible empleo de compuestos organoclorados, entre ellos trihalometanos y otros subproductos de la cloración, para el tratamiento de las aguas de baño.

Nueva Canarias advierte de que estas sustancias, si se estuvieran utilizando, podrían representar un riesgo para la salud pública y el medio ambiente por su potencial toxicidad y reclama que cualquier actuación esté avalada por criterios científicos, técnicos y sanitarios.

El portavoz de NC-BC en Tenerife, Valentín Correa, ha pedido a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que aclare los procedimientos aplicados y publique la información técnica que los respalda, al tiempo que ha solicitado que se depuren responsabilidades si se confirma el uso de estos compuestos.

La formación considera que esta situación vuelve a poner de manifiesto la gravedad de la crisis de los vertidos que afecta desde hace años al litoral de Puerto de la Cruz y sostiene que el problema responde a décadas de insuficiencia de inversiones en las infraestructuras de saneamiento y depuración.

Asimismo, NC-BC ha reclamado al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz que impulsen soluciones definitivas para acabar con una situación que, además de afectar al medio ambiente y a la salud pública, perjudica la imagen turística del municipio y la actividad económica vinculada al sector.

Playa Jardín permanece afectada por problemas de contaminación derivados de los vertidos de aguas residuales, una situación que ha motivado cierres al baño y distintas actuaciones de las administraciones para tratar de recuperar la calidad de sus aguas.

Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de este municipio del norte de Tenerife. De hecho, en la costa de toda la isla hay numerosos vertidos de aguas residuales sin autorización, que representan menos de un tercino del total, según ha denunciado este mismo martes la Fundación Canarina.

Fundación Canarina ha alertado este martes de que los cierres de playas en Canarias por contaminación fecal ya no son “episodios aislados, sino el síntoma de un sistema de saneamiento que continúa ”incompleto“.

“Cada playa que se cierra por contaminación no representa un incidente aislado, sino la manifestación visible de un sistema de saneamiento que todavía presenta importantes carencias, mientras no se complete la red de depuración y todos los vertidos estén correctamente autorizados y controlados, estos episodios seguirán repitiéndose”, detalla la organización.

La Fundación señala, por ejemplo, que Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, reabrió en 2025 tras casi un año cerrada por contaminación fecal, pero en 2026 “ha vuelto la polémica por el supuesto uso de hipoclorito [lejía] en el tratamiento de aguas residuales”.

Este mes de junio, prosigue, era la Playa del Pueblo, en Playa Blanca (Yaiza, Lanzarote), la que clausuraba el baño de forma preventiva tras un vertido de aguas residuales provocado por un atasco en la red de saneamiento.

Apenas unos días después, el 7 de julio, la playa de Leocadio Machado, en El Médano (Granadilla de Abona), volvía a cerrarse al detectarse una concentración de Escherichia coli (una bacteria que se encuentra en las heces humanas) superior a los límites permitidos.

Según el Censo de Vertidos Tierra-Mar del Gobierno de Canarias, actualizado en 2025, el archipiélago registra 403 puntos de vertido al mar, de los que 291 (el 72%) carecen de autorización vigente.

Tenerife, la isla con más vertidos incontrolados

Tenerife concentra la situación más preocupante pues reúne 180 puntos de vertido, casi la mitad del total de Canarias, y únicamente 59 cuentan con autorización.

Los mismos datos ponen además de manifiesto una importante carencia técnica ya que solo el 13% de los puntos de vertido utilizan emisarios submarinos, la infraestructura adecuada para favorecer la dispersión de los efluentes, mientras que más del 70% descarga mediante sistemas que no ofrecen las condiciones óptimas de evacuación.

Este déficit se encuentra detrás de algunos de los episodios que han obligado a cerrar playas como Playa Jardín o Leocadio Machado.

La gravedad del problema, remarca la Fundación, quedó “refrendada” por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre de 2025 condenó a España por incumplir la normativa comunitaria sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Así, la sentencia identifica expresamente varios sistemas de depuración de Tenerife, entre ellos Añaza, Candelaria-Casco, Adeje-Arona y La Laguna-Santa Cruz, como instalaciones que no cumplían las obligaciones de depuración antes del vertido al mar.

La Fundación apunta también que 94 puntos de vertido descargan directamente sobre 10 de las 24 Zonas de Especial Conservación (ZEC) marinas del archipiélago, poniendo de manifiesto que la presión sobre espacios protegidos forma parte de un “problema estructural y no de casos puntuales”.

No en vano, indica, “la reiteración de estos episodios resulta especialmente evidente en municipios como Adeje, donde playas como Troya o El Puertito registran cierres por contaminación bacteriológica prácticamente cada verano”.

Convenio de ACUAES

En la isla de Tenerife, la Comisión de Seguimiento integrada por ACUAES, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular de Aguas certificó en mayo que las actuaciones previstas en el convenio de saneamiento alcanzan ya un 67% de ejecución, con 158 millones de euros ejecutados de los 233,5 millones previstos.

Sin embargo, buena parte de las infraestructuras necesarias para completar el sistema siguen pendientes, recuerda la Fundación.

Aunque algunas depuradoras ya se encuentran terminadas o en fase de pruebas, todavía faltan colectores, estaciones de bombeo, conexiones y otras actuaciones imprescindibles para que toda la red funcione de forma integrada -el sistema de Acentejo, por ejemplo, sigue en fase de redacción de proyectos-.

“Mientras estas infraestructuras no se completen, los episodios de contaminación y los cierres preventivos de playas seguirán repitiéndose, especialmente durante los meses de mayor presión turística”, señala.

El informe SOS Costas Canarias, elaborado por la Fundación Canaria y el Observatorio de la Sostenibilidad, plantea, entre otras medidas prioritarias, acelerar la modernización de las infraestructuras de saneamiento, completar las redes pendientes, garantizar la autorización y el control efectivo de todos los puntos de vertido y reforzar la vigilancia sobre aquellos que afectan a espacios marinos protegidos.

El director del Instituto Universitario ECOAQUA, Ricardo Haroun, ha advertido de las “graves consecuencias de los vertidos de aguas residuales y de las salmueras en la fauna y flora marina de las islas” de Canarias. A su juicio, la pérdida de la calidad de las aguas costeras canarias “no solo afecta a la biodiversidad y a los beneficios que generan los hábitats marinos”, sino que también “puede tener consecuencias en la salud de los bañistas, tanto en los locales como en los numerosos turistas que utilizan nuestro litoral” por lo que considera “acuciante” poner este asunto sobre la mesa de la agenda política.

Por ello, ha instado a las administraciones competentes a impulsar, de “forma urgente”, modelos de gestión “más eficaces y sostenidos en el tiempo”.

Este asunto se constató en el I Encuentro Regional de los Consejos Científicos de las Reservas de la Biosfera de Canarias, celebrado recientemente en Puerto del Rosario (Fuerteventura), auspiciado por la Red Canaria de Reservas de la Biosfera (RCRB) del Gobierno de Canarias, donde uno de los asuntos más destacados fue precisamente la preocupación general por la pérdida de biodiversidad, especialmente en el ámbito marino.

En esa reunión de intercambio de experiencias a diferentes niveles de gestión, los representantes de los Consejos Científicos de las siete Reservas de la Biosfera de Canarias, junto con técnicos de dichas reservas y representantes del gobierno regional e insular, pudieron compartir reflexiones, experiencias y propuestas sobre los principales desafíos que afrontan las Reservas en el contexto regional actual.

En este contexto, se abordaron cuestiones vinculadas a la gestión “poco efectiva” de las aguas residuales “agravadas por el continuo aumento de los vertidos de salmuera desde diferentes tipos de desaladoras”.

Para el director de ECOAQUA, entre los retos de gestión ambiental, el tratamiento de las aguas residuales y, de forma paralela, de las salmueras, es un “asunto transversal” que “requiere ponerlo, de forma inmediata, en la palestra pública para lograr un compromiso de nuestros gestores y políticos con el fin de abordar con diligencia esta problemática más pronto que tarde”.

“De forma creciente, -sostiene-, y sin que veamos mecanismos de control o de mitigación efectiva, se están produciendo vertidos de aguas residuales, en ocasiones también aguas industriales, no tratadas de forma adecuada”.

Al mismo tiempo, “también estamos constatando un incremento de los vertidos de salmueras derivadas de las desaladoras que generan cada vez un volumen mayor a lo largo del litoral canario. Todos esos vertidos, algunos legales y otros ilegales, provocan impactos ambientales graves, con pérdida de biodiversidad y de hábitats emblemáticos como son los sebadales”, indica en la nota.

Haroun afirma que “una parte importante de nuestros sebadales históricos han desaparecido en las últimas décadas como consecuencia de los impactos generados por vertidos de aguas residuales y, más recientemente, por el incremento en el vertido de salmueras desde desaladoras costeras”.

“Esos sebadales -asegura-, al igual que otros hábitats de vegetación bentónica, son áreas de cría y refugio de muchas especies marinas, algunas de ellas de interés comercial en las pesquerías artesanales”.

Es en este contexto, señala, “empieza a ser urgente que las administraciones canarias concernidas puedan desarrollar propuestas y contribuir al diseño de medidas que permitan reducir impactos ambientales, avanzando hacia modelos de gestión ambiental más sostenibles y resilientes”.

Para la mejora de la situación actual en la gestión de aguas residuales y vertidos de salmuera, asevera el investigador, “existen respuestas técnicas adecuadas e innovadoras que, al mismo tiempo, pueden contribuir a generar puestos de trabajo azules en las propias islas. Además, existen fondos, tanto de programas europeos como de capital privado, que permitirían llevar a cabo esas transformaciones tecnológicas que mitiguen e, incluso, eliminen por completo los vertidos al mar”.

El Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) ha informado este viernes del cierre temporal y preventivo de la playa del pueblo de Playa Blanca como consecuencia de un vertido de aguas residuales debido a un atasco en una arqueta de la red de saneamiento situada en la zona del Parque Mediterráneo.

La playa permanecerá cerrada al baño y al acceso hasta que los análisis microbiológicos confirmen que el agua reúne las condiciones sanitarias adecuadas para su uso, ha anunciado el Ayuntamiento.

La decisión de mantener cerrada la playa responde a las indicaciones trasladadas por la Inspección Sanitaria del Servicio Canario de la Salud, que propone mantener la prohibición de acceso y de baño, además de las medidas de señalización e información al público, hasta disponer de los resultados de las muestras que determinen la calidad del agua.

Las muestras de agua se tomarán previsiblemente este domingo, una vez transcurrido el periodo establecido por el protocolo sanitario, y los resultados analíticos estarán disponibles el lunes.

Si los parámetros microbiológicos son favorables, el Ayuntamiento procederá a reabrir la playa al baño y al uso público. 

La respuesta dada este 24 de junio por parte del director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, a unas alegaciones presentadas a la modificación de la autorización del vertido desde tierra al mar de las aguas residuales urbanas depuradas en la EDAR de Puerto de la Cruz (que abarca al Valle de La Orotava y Santa Úrsula) han permitido difundir una nueva fecha para la conclusión de las obras de rehabilitación del emisario submarino de la zona.

Estos trabajos, envueltos en la polémica del consejo público de no bañarse en Playa Jardín desde julio de 2024, se adjudicaron en junio de 2025 por 2,7 millones de euros a la empresa Ferrovial y se recalcó que tendrían un plazo ejecutorio de 16 meses. Sin embargo, en la citada respuesta de la dirección, dependiente de la consejería regional de Transición Ecológica y Energía, se apunta que, “tras la obtención de los necesarios permisos”, se prevé que la conclusión de las obras tenga lugar, “de manera aproximada, en diciembre de 2027”.

Esta actuación comenzó tras los trabajos ejecutados en los pozos filtrantes. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila (CC), y el vicepresidente, Lope Afonso (PP), se trasladaron al Puerto de la Cruz para detallar esta actuación en el emisario y recalcaron que se invertiría un total de 30 millones para “acabar con los vertidos, proteger el litoral y garantizar un tratamiento adecuado del agua”, cifra que incluye la nueva estación depuradora y esta reforma del emisario que, sin embargo, va a incumplir el plazo anunciado entonces de 16 meses por un total de 28.

Las obras del emisario consisten en la sustitución de la instalación submarina en el barrio de Punta Brava en un tramo que presentaba poliéster reforzado con fibra de vidrio y en el que se situaba la fisura hallada. El nuevo material es de polietileno de alta densidad, lo que, según el proyecto, mejorará la situación actual del vertido, aparte de que se repondrán las tapas en este tramo, “en el que los bloques prefabricados, que funcionan como muertos de anclaje de la conducción, las han perdido, así como el fondeo de nuevos bloques de lastre para la zona de difusores”.

Estas obras, presentadas como una clara apuesta por resolver el problema de las aguas residuales en la comarca del Valle, se completan con la construcción de la nueva EDAE, con una inversión prevista de 25 millones de euros. Una depuradora prevista para unos 100.000 residentes de La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos y Santa Úrsula.

Además, se invirtieron dos millones en la instalación del sistema terciario de la actual depuradora, con el fin de disponer de un caudal adicional de agua regenerada para riego, que se impulsa desde la EDAR hasta la balsa de La Cruz Santa, en Los Realejos, reforzando el suministro agrícola en la comarca.

Por otro lado, quedan pendientes también las obras de mejora del alcantarillado de las viviendas de Punta Brava, con una inversión de un millón para disponer de una red de saneamiento moderna que evite vertidos.

Amigos de la Tierra La Rioja ha presentado una cuarta denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por los continuados vertidos de aguas residuales sin depurar al río Najerilla a su paso por Nájera. La organización lleva denunciando esta situación desde el año 2021 (agosto de 2021, mayo de 2024 y noviembre de 2024) y, pese a ello, los vertidos siguen produciéndose con total normalidad.

Tras la primera denuncia, la CHE abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Nájera que se saldó con una multa de 2.500 euros, posteriormente reducida a 1.500 euros por pronto pago. Sin embargo, estas sanciones no han servido para resolver el problema y el vertido de aguas residuales al Najerilla continúa ocurriendo de manera reiterada.

Según denuncia la organización, el origen de esta situación se encuentra “en el nulo funcionamiento de una estación de bombeo de aguas residuales situada en la margen izquierda del río, aguas arriba del puente de la N-120”, lo que provoca, según aseguran, el vertido directo de aguas sin depurar al cauce del Najerilla. “Consideramos especialmente grave el impacto ambiental que estos vertidos generan sobre el ecosistema fluvial y sobre especies protegidas como el visón europeo, la nutria y diversas especies piscícolas”, resaltan, a lo que suma “posibles riesgos sanitarios” porque los veridos son aguas residuales urbanas provenientes de Nájera.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja subrayan que no buscan nuevas sanciones económicas, sino que exigen que la Confederación Hidrográfica del Ebro y las administraciones responsables “actúen de manera eficaz para poner fin definitivamente a estos vertidos”. “No tiene sentido imponer pequeñas multas mientras el problema persiste año tras año y el río sigue contaminándose” y tachan de “inaceptable” que, más de tres años después de nuestra primera denuncia, continúe incumpliéndose la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.

Las aguas residuales sin tratar de casi 40.000 personas y empresas se vierten directamente al mar porque el territorio británico de ultramar de Gibraltar no cuenta, ni ha contado nunca, con una planta de tratamiento de aguas residuales.

Durante décadas, las aguas sin tratar se han vertido al Mediterráneo desde el extremo sur de la península, Punta Europa (Europa Point), un lugar estratégico donde el mar Mediterráneo se une con el océano Atlántico y en el que Gobierno de Gibraltar afirma que existen “altos niveles de dispersión natural”.

Se supone que la zona está protegida para la fauna silvestre, pero a menudo hay “toallitas húmedas y residuos plásticos enredados en las algas y por todas las rocas”, afirma Lewis Stagnetto, del Proyecto Nautilus, una ONG medioambiental local.

La contaminación por aguas sin tratar puede provocar floraciones de algas tóxicas que privan al agua de oxígeno, asfixiando la vida acuática. Expone a peces y mamíferos a una mezcla de productos químicos y plásticos que pueden alterar la reproducción y dañar la salud, y pone en riesgo a las personas al propagar patógenos y genes resistentes a los antibióticos.

A diferencia de Gran Bretaña, el sistema de alcantarillado de Gibraltar utiliza agua de mar, y el agua potable procede de la desalinización. El Gobierno de Gibraltar afirma que la salinidad “ha planteado históricamente retos que no se dan en otras plantas de tratamiento de aguas residuales de todo el mundo”. También alega que las toallitas húmedas “que aparecen ocasionalmente en nuestras playas proceden de puntos de venta de España”.

Intentos fallidos

En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el Reino Unido infringía la legislación sobre aguas residuales al no tratar las aguas residuales del territorio, pero la Comisión Europea perdió toda competencia para tomar medidas tras el Brexit.

Los intentos de solucionar el problema han fracasado repetidamente. En 2018, el Gobierno de Gibraltar adjudicó un contrato a una empresa conjunta entre NWG Commercial Services (Northumbrian Water) y Modern Water para diseñar, construir y operar una planta de tratamiento, pero el acuerdo se vino abajo después de que una filial de Modern Water entrara en liquidación.

“Esto tuvo un impacto significativo en la ejecución de este proyecto vital”, dice un portavoz del Gobierno de Gibraltar. Las conversaciones preliminares con el Banco Europeo de Inversiones también “fracasaron como consecuencia directa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea”, añade.

En junio de 2025, el Gobierno de Gibraltar adjudicó un contrato de 25 años a Eco Waters para construir una planta de tratamiento de aguas residuales en Punta Europa. Se han iniciado los trabajos preliminares sobre el diseño y los aspectos geotécnicos de la planta, y en marzo de 2026 se presentó una solicitud de planificación.

Northumbrian Water, que colaboró con el Gobierno desde 2003 hasta 2024 a través de una empresa conjunta llamada AquaGib, se ha desmarcado de los fallos en el sistema de alcantarillado. Afirma que sus operaciones “se centraban en el suministro de agua potable” y que no era responsable de las operaciones cotidianas.

“Northumbrian Water nunca fue responsable en modo alguno de las operaciones de aguas residuales en Gibraltar”, declara un portavoz. Su “participación fue como accionista y socio estratégico, no como operador ni regulador. Todas las decisiones relativas a la gestión de las aguas residuales las tomó el Gobierno de Gibraltar”.

AquaGib afirma que gestionaba varias estaciones de bombeo que transportan las aguas residuales de las zonas bajas al alcantarillado principal de Gibraltar, pero que “no es responsable” del alcantarillado principal ni del tratamiento de las aguas“.

Falta de inversión

La propia red de alcantarillado parece estar en mal estado. El año pasado, el partido de la oposición, los Socialdemócratas de Gibraltar (GSD), describió “zonas turísticas muy frecuentadas [...] vergonzosamente sometidas al hedor de las aguas residuales sin tratar”, con residuos “filtrándose directamente a través de las murallas de la ciudad [...] causando daños al ecosistema marino”. 

El Gobierno achaca el problema a décadas de falta de inversión, incluidos los años en que el GSD estuvo en el poder, y afirma que había un “gran proyecto en marcha para instalar nuevas tuberías por fases, una inversión de 15 millones de libras”, así como “varios proyectos de revestimiento que [...] han dado lugar al refuerzo y la mejora de la red principal de alcantarillado dentro de las murallas de la ciudad”.

En cuanto a las playas, el Gobierno dice: “La calidad bacteriológica del agua se mide de forma rutinaria en todas las playas de Gibraltar [...] y los últimos resultados indican que todas las zonas de baño alcanzan una excelente calidad de las aguas”.

El año pasado, las empresas de agua de Inglaterra vertieron aguas residuales sin tratar en ríos, lagos y mares casi 300.000 veces, a pesar de contar con plantas de tratamiento de aguas residuales.

La ciudadanía está indignada porque nuestros ríos y mares se tratan como un vertedero

Hugo Tagholm — Director de la ONG Oceana UK

Hugo Tagholm, director de la ONG Oceana UK, dice: “La ciudadanía está indignada porque nuestros ríos y mares se tratan como un vertedero. Es una injusticia medioambiental y económica, con la huella de las grandes empresas por todas partes”.

“El Gobierno –según él– debe ponerse las pilas tanto a nivel nacional como internacional: nuestros mares necesitan una protección adecuada contra la contaminación por aguas residuales y plásticos. Ya es hora de que pongan fin a esta indignación y dejen de verter al mar Mediterráneo”.