El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que sería “profundamente injusto” que el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de su Gobierno, Juan José Sota (PSOE), dimitiera tras haber sido llamado a declarar como investigado por el caso 'Sogiese' ante el Tribunal Superior de Justicia, y marca para la supuesta marcha del socialista que el juez acuerde la apertura de juicio oral.

Así, el jefe del Ejecutivo ha pedido esperar a tal extremo, porque “lo normal” tras una denuncia es que se abra una investigación, como ha apuntado a preguntas de los periodistas a raíz de la declaración de Sota por supuestos pagos indebidos a trabajadores de esta empresa pública, encargada de gestionar proyectos europeos.

Revilla ha atendido a los medios de comunicación tras el acto de conmemoración de los 40 años de la Constitución Española en el Parlamento, donde ha reflexionado que no sería “justo” que se “llevaran por delante” a Sota si luego se sobresee el caso, archivo que ha pedido el Gobierno a través de sus servicios jurídicos. “No vamos a cesar a todo el mundo por una denuncia”, ha reflexionado, porque eso sería una “caza y captura contra todos”.

En este evento también han hablado del citado caso portavoces del PP y de Cs. De un lado, el diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha señalado que en su partido se ha enterado de la declaración de Sota por la Prensa, y ha apuntado al respecto que desde el Ejecutivo bipartito “nos tienen que dar y nos deben muchas explicaciones”, que esperan recibir a lo largo de esta jornada para analizarlas “con calma” y “detalladamente”, según ha agregado.

Hasta entonces, los naranjas -que acaban de firmar con PRC y PSOE el pacto para aprobar los presupuestos regionales de 2019 y que presumen de ser “contundentes” con las imputaciones por casos de corrupción- se muestran “cautos”, en relación también con el acuerdo para sacar adelante las cuentas del próximo año, acuerdo sobre el que Revilla no ve ninguna “razón” por ahora que le haga “peligrar”.

Buruaga cree que SOGIESE no es comparable a la “trama” del SCS

Y, de otro lado, la presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, tampoco ve “razones” para la destitución de Sota, ya que si bien su gestión ha podido ser “desafortunada” o incluso “incorrecta” desde el punto de vista legal, “en ningún caso” este asunto es comparable a la “trama organizada” en el propio seno de la administración -ha dicho- para las adjudicaciones irregulares en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), y por las que este partido y el resto de la oposición ha pedido el cese de la consejera de Sanidad, María Luisa Real.

A juicio de la extitular de este departamento y exvicepresidenta autonómica, el caso de Sota “es diferente” y “no es comparable” al de Real, por lo que el PP no ha pedido la marcha del responsable de Economía ni por ahora ve motivos para hacerlo. De hecho, ha destacado al respecto que el fiscal archivó la denuncia contra el consejero por 'Sogiese', interpuesta por OlaCantabria, el partido promovido por el diputado del grupo mixto y ex de Cs Juan Ramón Carrancio.

En cualquier caso, Buruaga cree que, a la espera de que la justicia determine si hay o no responsabilidades penales, es Revilla quien debe exigirlas desde el punto de vista político.

Cuando el Gobierno de Cantabria aprobó las cuentas públicas de 2018 las pasadas navidades a través del atajo de un diputado tránsfuga, casi de forma simultánea con la celebración del importante pellizco que la Lotería Nacional dejó en aquellas fechas en el bolsillo de un buen número de cántabros, la impresión generalizada en el hemiciclo es que aquellos serían los últimos presupuestos de la legislatura.

La cercanía electoral hacía presagiar a muchos que la siguiente negociación iba a ser una misión imposible de superar para el bipartito. Los comicios de 2019 estarían demasiado cerca como para que ningún grupo parlamentario estuviera dispuesto a dar aire al Ejecutivo formado por regionalistas y socialistas. La precampaña haría el resto, lo que abocaba a una casi segura prórroga de los presupuestos.

Sin embargo, aquel escenario parece ahora muy lejano. PRC y PSOE ultiman estos días los detalles de las cuentas del próximo año con mayor tranquilidad, sin los enfrentamientos públicos que protagonizaron en ocasiones anteriores ambos socios de Gobierno por el reparto de las distintas partidas económicas, y con la convicción de que de una forma u otra sumarán el voto que les falta para salvar su minoría en la Cámara.

Además, en los últimos días, se han encontrado con dos posibles 'aliados' inesperados, que no entraban en los planes del Gabinete presidido por Miguel Ángel Revilla antes de iniciar la negociación presupuestaria: primero Ciudadanos, y después el Partido Popular, han lanzado una oferta al Gobierno para sacar adelante las cuentas sin sobresaltos. Ambas propuestas tienen una característica común, y es que en los dos casos exigen una bajada generalizada de impuestos.

Desde el bipartito son conscientes de que son ofertas “envenenadas”, porque esa reducción de los tributos provocaría de forma inmediata una bajada en la recaudación, con el consiguiente recorte en el presupuesto y la dificultad añadida de asumir los gastos relativos a los servicios públicos de primera necesidad, comprometiendo por tanto algunas de las promesas pendientes en esta recta final de la legislatura.

Abstención del PP

En el caso del PP, María José Sáenz de Buruaga anunció este martes en rueda de prensa que su grupo parlamentario se abstendría en la votación de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2019, facilitando su aprobación, si el Gobierno PRC-PSOE “revierte las subidas impositivas efectuadas en esta legislatura, volviendo a la situación de 2015”.

Según ha dicho, su partido “no se plantea un escenario de posible negociación presupuestaria” con el Gobierno sobre unas cuentas que, aunque no conoce, cree que, por lo adelantado por los miembros del Ejecutivo, serán “irreales”, “imposibles” y “claramente insuficientes” para financiar el gasto.

“A diferencia del resto de los grupos parlamentarios que a lo largo de la legislatura han sido cooperadores necesarios de unos presupuestos inservibles, nosotros no confiamos en este Gobierno ni vamos a convertirnos en su cómplice. Nosotros no vamos a ser cómplices de una farsa”, ha expresado.

Con su petición de que se reviertan las subidas impositivas de esta legislatura, el PP exige una bajada en el tramo autonómico del IRPF; bajar el impuesto de actos jurídicos documentados; suprimir el impuesto de sucesiones; bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales, incluida la compraventa de vehículos; y revertir la subida del impuesto de patrimonio.

Apoyo de Ciudadanos

En la misma línea, Ciudadanos remitió la semana pasada una oferta a los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, PRC y PSOE, en la que mostraba su disposición a negociar los presupuestos de Cantabria para 2019 y planteaba cuatro medidas “irrenunciables”, con la bajada de impuestos, la racionalización del gasto público y la lucha contra la corrupción como prioridades.

Las cuatro medidas son la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y la bajada del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos; la aplicación de las medidas recogidas en el informe de la AIREF sobre las empresas y fundaciones del sector público de Cantabria en lo relativo a la gestión de los recursos humanos; la centralización de compras y eliminación de duplicidades, y la aprobación de la proposición de ley de protección integral de denunciantes de corrupción impulsada por Cs.

Negociaciones en marcha

A pesar de estos 'cantos de sirena' de las dos formaciones conservadoras en la Cámara, el bipartito sigue cerrando flecos del presupuesto y tiene previsto presentar las cuentas a los agentes sociales esta misma semana. Será un paso previo a su aprobación en el Consejo de Gobierno y su posterior presentación en el Parlamento para comenzar su tramitación legislativa.

PRC y PSOE han conseguido solventar todos los años estos escollos y poner en marcha su proyecto con los apoyos más dispares: en el primer ejercicio fue Podemos quién lo permitió, en el segundo contaron con el visto bueno de Ciudadanos, y el pasado invierno sumaron el voto del diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio, exdirigente de Cs, en lo que ha sido la operación más controvertida hasta la fecha.

De hecho, el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, intentó por todos los medios no tener que pasar por ese trago, pero finalmente sacrificó su compromiso ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos en el escaso margen de tiempo disponible.

Este año ha tratado de adelantarse a los acontecimientos e inició hace unas semanas las conversaciones con Rosana Alonso, líder autonómica de la formación morada, pero la convulsa situación interna que viven los de Pablo Iglesias en Cantabria lo ha dejado sin interlocutores válidos.

A la espera de que se resuelva el conflicto de los morados, todas las opciones están sobre la mesa del bipartito, que tanto en público como en privado manifiestan su seguridad de que, de una u otra forma, sumarán el preciado voto que les solvente la última papeleta de la legislatura para centrarse de lleno en la recta final antes de las elecciones. En estos casi cuatro años, la geometría variable a la que se encomiendan en cada pleno les ha dado resultado siempre positivos.

La tormenta política desatada en Cataluña tendrá consecuencias inmediatas en el resto de comunidades autónomas, una evidencia que ha confirmado el propio ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. El PP no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y el Gobierno de Rajoy los prorrogará hasta nueva orden, un hecho que pone en riesgo la aprobación de las cuentas públicas de Cantabria para el próximo año.

El bipartito PRC-PSOE está dando estos días los primeros pasos para diseñar su proyecto de ley, que se ha comprometido reiteradamente a tener aprobado de cara al 1 de enero, pero esta decisión del Estado obligará a los socios de Gobierno a negociar con una mano atada a la espalda, ya que no contarán con datos definitivos de la aportación del Ejecutivo central a Cantabria.

Si las relaciones entre regionalistas y socialistas no pasaban por su mejor momento, la puntilla dada por Montoro complica aún más las cosas. Ambos habían negociado una subida de alrededor del 5% para el presupuesto de 2018 “siempre que la situación económica lo permitiera”, tal y como rubricaron la semana pasada en la adenda al Pacto de Gobierno entre PRC y PSOE sus respectivos secretarios generales, Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga.

Sin embargo, la no aprobación en tiempo y forma de los Presupuestos Generales del Estado en el pasado ejercicio fue uno de los motivos esgrimidos por el bipartito para el retraso en sacar adelante sus propias cuentas, un procedimiento que se dilató varios meses por los tiras y aflojas entre los partidos que conforman el Gobierno y que complicó la búsqueda de apoyos entre la oposición, imprescindibles ante la minoría con la que se maneja el Ejecutivo esta legislatura.

Además, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y sus consejeros, intensificaron en los últimos meses una campaña contra el PP, al que culpan de “castigar” a la comunidad autónoma con la falta de inversiones y la demora del pago de compromisos adquiridos con esta tierra cercanos a los 90 millones de euros.

La ausencia de obra pública en la región, el pago de las obras de Valdecilla, la ruptura unilateral del convenio de la Fundación Comillas o la financiación de la Ley de Dependencia y de la LOMCE se encuentran entre las demandas más acuciantes de Cantabria, según han trasladado reiteradamente desde el Gobierno autonómico, que esperaba que todas esas deudas por saldar se reflejaran en el documento que Cristóbal Montoro ha guardado en el cajón.

“Malísima noticia para Cantabria”

Ante este hecho, Revilla ha manifestado este mismo miércoles que el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 es una “faena” y una “malísima noticia” y “mucho más” para Cantabria por la afección que ello podría tener en los compromisos del Estado con la comunidad y en las obras de infraestructuras pendientes.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, quien ha insistido en que se trata de una “muy mala noticia” para la comunidad que los PGE no entren en vigor el 1 de enero sino que se prorroguen las cuentas de 2017, con importantes carencias en la financiación de Cantabria.

Según ha recordado Sota, la cuentas públicas del Estado afectan directamente al presupuesto de la comunidad en varios aspectos, puesto que determinan el aumento salarial de los funcionarios, la oferta de empleo público o las entregas a cuenta, que de este modo y hasta que no se apruebe el documento del presente ejercicio, “serán cantidades de 2017 y no de 2018”, por lo que la comunidad ingresará “menos de lo que nos correspondería cobrar”.

Reunión con De la Serna

Precisamente esta será una de las cuestiones que Revilla planteará al exalcalde de Santander y ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la reunión que, según ha señalado, mantendrán el próximo 16 de octubre.

Además, el presidente se ha preguntado si este retraso en la aprobación de los PGE “va a suponer paralizar otra vez obras que tenían que estar ya acabadas hace años” según lo comprometido por el Gobierno central.

También ha aludido a que, sin presupuesto, “Cantabria está condenada a seguir sin recibir lo comprometido por el Estado” en torno a Valdecilla o la Fundación Comillas. “Ni lo atrasado, ni lo presente, ni lo futuro”, ha lamentado Revilla en declaraciones a los periodistas.

Parados de larga duración, menores de 30 años sin experiencia previa y mujeres mayores de 45 años son los tres colectivos que podrán beneficiarse de las ayudas para el fomento de la contratación indefinida. El nuevo decreto, que será aprobado por el Consejo de Gobierno durante este mes de abril, acaba con las subvenciones generalistas para favorecer a los grupos de personas que mayores dificultades tienen para acceder a un empleo estable y a jornada completa.

Otra de las novedades que incluye el borrador que ha elaborado el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) bajo la supervisión de la Consejería que dirige el socialista Juan José Sota es la ampliación de la cuantía de las subvenciones, que podrán alcanzar hasta un máximo de 11.000 euros por empleado, así como el incremento del tiempo obligatorio que debe permanecer en la empresa la persona contratada. En este caso, tal y como ya había anunciado, será de 36 meses frente a los 15 que establecía la anterior convocatoria.

En octubre del año pasado, la Consejería de Economía y Empleo derogó el decreto 29/2015 del 7 de mayo al considerar que las ayudas a la contratación indefinida puestas en marcha por el anterior Ejecutivo del PP no estaban cumpliendo con su objetivo, ya que la mayoría de empresas no mantenían a los trabajadores subvencionados pasados los 15 meses obligatorios. Aquella derogación, publicada el 6 de octubre en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y adelantada por este diario, pilló por sorpresa a los agentes sociales, que criticaron al Ejecutivo PRC-PSOE por no haber llevado previamente la decisión a la Mesa de Diálogo Social.  

Desde la Consejería de Economía aseguraron que ya habían planteado la necesidad de cambiar los criterios un año antes y adelantaron que estaban trabajando en un nuevo decreto que ahora está a punto de ver la luz. El nuevo sistema fue ultimado hace más de dos meses y desde entonces se encuentra a la espera de recibir el visto bueno de los servicios jurídicos, un trámite que se está demorando más de lo esperado aunque en principio no debe suponer ningún impedimento. 

Para este año, la línea de ayudas está dotada con 4,2 millones de euros, lo que supone un descenso de 1,2 millones respecto al ejercicio anterior. José Manuel Callejo, director del Servicio Cántabro de Empleo, justifica este recorte en el retraso en la aprobación del decreto -ya se ha perdido el primer trimestre del año-. No obstante, Callejo subraya que la partida es ampliable, de modo que en el caso de que el número de solicitudes superara el importe total del presupuesto, este podría crecer.

Colectivos especialmente vulnerables

La nueva orden de ayudas incluye tres programas distintos. El más importante es el que va a subvencionar contratos indefinidos iniciales a jornada completa en personas que estén en paro y que tengan un determinado perfil: jóvenes menores de 30 años que no tengan experiencia previa o sea inferior a tres meses; mujeres mayores de 45 años y personas en desempleo de larga duración. Son los tres colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a un empleo estable, según reflejan las estadísticas del EMCAN. 

Durante el año 2016, el 93% de todos los contratos de trabajos que se firmaron en Cantabria fueron temporales y el 38% a tiempo parcial. Es decir, solo 1 de cada 10 nuevos empleos son indefinidos y solo 6 de cada 10 a jornada completa.

La precariedad del mercado laboral que está marcando la modesta recuperación económica se agrava si desglosamos las cifras por género. En el caso de las mujeres, los contratos a tiempo parcial representan el 49% frente al 28% de los hombres, lo que supone una diferencia superior a los 20 puntos. Además, de los 44.000 parados registrados a 31 de diciembre de 2016 en las oficinas del antiguo INEM, 30.000 son de larga duración -casi el 70%-.

El segundo programa busca afianzar los contratos en prácticas y de formación, que en su mayor parte son copados por jóvenes. El director del EMCAN explica que este tipo de relaciones laborales “a veces se utilizan como una modalidad más del contrato temporal”. “La empresa invierte en la formación de ese trabajor pero después, al no tener un incentivo, la relación se extingue, puesto que en muchas ocasiones es más atractivo contratar una persona nueva en vez de apoyar ese capital humano ganado”, señala.

Finalmente, a diferencia de los dos anteriores, el tercer programa es de carácter transitorio: durante los seis meses siguientes a la publicación del decreto, el Gobierno subvencionará la conversión de cualquier contrato temporal en indefinido, independientemente de las características del trabajor. Con esta medida, el EMCAN pretende que las empresas no reemplezan a los empleados que actualmente se encuentran a tiempo parcial con el objetivo de beneficiarse del programa de ayudas cuando este entre en vigor. Quienes se acojan a esta línea podrán percibir una ayuda de hasta 3.000 euros. 

Cambio de filosofía

Desde la dirección del Servicio Cántabro de Empleo, Callejo explica que el anterior decreto era “más generalista”: subvencionaba cualquier tipo de transformación de contrato temporal en indefinido, lo que a su juicio tenía “escasa efectividad”.

“Si el empresario no tiene incentivos reales para contratar a aquellas personas que mayores dificultades tienen para acceder a un empleo, al final acaba produciendo lo que se conoce como el 'efecto peso muerto', que es beneficiar al que menos lo necesita”, sostiene.

“Si una empresa percibe 5.000 euros por contratar un hombre de entre 31 y 44 años -que es el perfil del desempleado con a priori mejores posibilidades para lograr un empleo- y le damos 7.000 si es joven o mujer, por esos 2.000 euros de diferencia la empresa no se va a decantar ni por el joven ni por la mujer”, apunta Callejo a modo de ejemplo.

Por eso, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, que financia el 50% del programa, se han introducido estos cambios. Para la contratación del resto de desempleados que no estén incluidos dentro de estos tres colectivos, las empresas podrán seguir beneficiándose de las ayudas estatales, que son las bonificaciones y las reducciones en las cuotas de la Seguridad Social. 

Por otro lado, siguiendo esa filosofía de a mayor dificultad, mayor bonificación, las  microempresas -menos de diez trabajadores-, las mujeres víctimas de violencia de género, los discapacitados y aquellos contratos que se realicen en la comarca del Besaya -catalogada como área de especial interés- tendrán un incremento adicional de la ayuda de 1.000 euros.

Una vez que se publique en el BOC, la convocatoria se mantendrá abierta de forma indefinida.

CEOE, en desacuerdo

El nuevo decreto ha sido negociado en la Mesa de Diálogo Social, donde ha encontrado el respaldo de los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- pero no así de la patronal, que ha cuestionado que sea “más restrictivo” que el anterior, según reconocen desde el EMCAN.

Otro de los objetivos que persigue la nueva norma, y con el que la CEOE tampoco estaba de acuerdo, es acabar con el 'efecto sustitución'. Con el anterior decreto, “una empresa podía despedir a un trabajador y al mismo tiempo contratar a uno más joven por un sueldo menor y además beneficiarse de la subvención del Gobierno”, cuestiona el máximo responsable del EMCAN.

“Nosotros hemos seguido las recomendaciones de la UE y también nuestra propia experiencia. No hay que subvencionar por subvencionar. Y además de que todo el mundo cumpla con la letra de la norma, también hay que velar para que se cumpla su espíritu”, concluye Callejo.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, acompañado por el director general del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, ha presentado este viernes la orden de ayudas a las Corporaciones Locales que este año contará con 31 millones de euros de presupuesto, con los que se podrá contratar, según sus estimaciones, a 3.240 personas.

El dirigente socialista ha señalado que este programa de colaboración tiene una “gran importancia social” dentro de las políticas activas de empleo para las corporaciones locales y, como novedad, ha destacado, además de seguir manteniendo como “objetivo primordial” la inserción de personas desempleadas de larga duración, “generar oportunidades de empleo para los jóvenes” en el marco del Plan de Garantía Juvenil.

“El perfil será mayoritariamente el de personas desempleadas de larga duración, priorizando a los mayores de 45 años que no perciban prestaciones ni subsidios de desempleo. Pero habrá una asignación de 4 millones de euros exclusivamente para la contratación de jóvenes menores de 30 años”, ha destacado Sota.

El consejero ha dicho que los 31 millones de euros se reparten en dos ejercicios (2017 y 2018) y se distribuirán en tres grupos de entidades: los municipios de la zona del Besaya, que como área de especial atención recibirá una asignación mayor que la que proporcionalmente le pudiera corresponder; el resto de municipios y las mancomunidades.

Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se abrirá un plazo de 10 días para presentar las solicitudes. Las entidades locales podrán presentar tres tipos de solicitudes, que van desde las que se destinan para proyectos a desempleados en general, de larga duración y para contratar exclusivamente a jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil. Y por cada solicitud se podrán desarrollar, después, hasta tres proyectos.

El consejero ha manifestado que, en un plazo de menos de dos meses, tras la publicación de la orden en los próximos días, el Gobierno resolverá la convocatoria y con el nuevo procedimiento no se exigirá que las entidades locales presenten los proyectos de obras y servicios junto con la solicitud. Además, ha añadido que antes del verano y en unos “plazos razonables” cabe esperar que se inicien las primeras contrataciones, que podrán sucederse hasta el 31 de mayo de 2018.

El programa de Corporaciones Locales consiste en la financiación de los costes laborales y de la Seguridad Social generados por las contrataciones de desempleados llevadas a cabo por las corporaciones locales o entidades vinculadas a una administración local que resulten beneficiarias, para la ejecución de obras o servicios de interés general o social.

Balance del pasado año

El consejero ha resaltado que en la convocatoria de 2016, la primera aprobada en la vigente legislatura, “los objetivos se han cumplido” ya que fueron contratadas un total de 3.378 personas desempleadas, siendo el 48% (1.628) de más de 45 años (de larga duración) que no percibían prestaciones ni subsidios de desempleo.

El 32% tuvo una edad comprendida entre 31 y 44 años (1.083) y el 20% fueron jóvenes (667), de los cuales 1.811 fueron mujeres y 2.197 hombres. La inmensa mayoría, 2.006 personas, el 59%, tenían estudios básicos, frente a un 4% que tenían el bachiller, un 20% con título de formación profesional y un 17% de titulados universitarios. De todos ellos, una mayoría del 44%, 1.473 personas, llevaban más de 12 meses seguidos, sin interrupción ninguna, en paro.

Sota ha remarcado que según la definición que utiliza el Estado de parado de larga duración, 2.340 personas (69,27%) se encontraban en esa situación, es decir, llevaban más de 360 días en paro en los últimos 18 meses anteriores al contrato. De esta cifra, 368 personas percibían algún tipo de subsidio, pero 1.972 personas no percibían ni prestaciones ni subsidios, es decir, 1.972 personas desempleadas de larga duración sin protección.

El consejero ha destacado que del total de las 3.378 personas contratadas, 2.662, un 78,8%, no estaban percibiendo prestaciones en el momento en que fueron seleccionadas y “habían perdido toda esperanza de volver a tener un empleo”, por eso, “las políticas del Gobierno de Cantabria están encaminadas a no dejar a nadie atrás en la salida de la crisis económica”.

Sota ha recalcado que este programa se ha visto reforzado con el asesoramiento del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a las entidades locales, lo que ha supuesto que al finalizar 2016 no se haya notificado ningún accidente calificado como grave, cuando en 2015 se habían contabilizado cuatro accidentes graves.

Hace unos días, el consejero Juan José Sota decía textualmente en una entrevista en este periódico: “Podemos ha pecado de una posición muy infantil”, en referencia a la petición de mi partido de cesar a Salvador Blanco al frente de Sodercan por su mala gestión al frente de la empresa pública, como dice el informe de la auditoria de esta empresa pública realizado por los servicios de Intervención del Gobierno de Cantabria.

Lejos de enfadarme y salir a dar respuesta inmediata por Twitter, algo a lo que les tengo acostumbrados, me hizo pensar en que quizás tenga razón y hayamos pecado de ser infantiles, pero no de la manera que él cree y valora, si no más bien de infantiles por creer, como creen los niños, como lo hacen mis dos hijos mellizos, que si el informe de Intervención de un Gobierno afirma con convicción y con pruebas que alguien está gestionando mal el dinero público de todos, debe ser relegado de su cargo inmediatamente.

Sí, es verdad que somos niños. Y lo somos porque no hemos perdido la capacidad de imaginar una Cantabria mejor. Sí, imaginar que podemos acabar con la corrupción en nuestra tierra; imaginar que podemos terminar con los desahucios de las familias cántabras; imaginar que podemos evitar que la gente pase frío; imaginar que podemos acabar con los especuladores que echan a los vecinos y vecinas de Santander de sus casas; imaginar que en esta comunidad se invierte en I+D+i y la gente comienza a encontrar empleos de calidad; imaginar que los dependientes tienen mejores ayudas; imaginar que la cuantía de la Renta Social Básica aumenta hasta superar el umbral de la pobreza; imaginar que acabamos con el fracking; imaginar que en vez de hacer más edificios se rehabilitan los que hay dando trabajo a nuestros albañiles, fontaneros y carpinteros;  imaginar que nuestros ganaderos tienen un futuro próspero en nuestros pueblos e imaginar una sanidad y educación sin recortes, de calidad y para todos y todas.

Ellos dirán que son adultos. La mayoría de los adultos carecen de imaginación y viven de acuerdo a sistemas cuadriculados en los que todo está muy claramente establecido: lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no. Por ello nunca tienen el valor de actuar fuera de este sistema, de ver más allá. Los adultos viven sin imaginación, repitiendo las mismas rutinas día tras día, mes tras mes, año tras año, dejándose llevar por los demás, aceptando las normas sociales ya establecidas, sin cuestionarse siquiera si son verdaderamente las correctas, sin tener iniciativa propia. Esta es una de las características más expandidas entre el ser humano, debidas quizás a la pereza, a la falta de ganas y, sobre todo, a la falta de imaginación. Y todo ello les lleva a estos adultos del Gobierno de Cantabria a permanecer impasibles y a reproducir los mismos modelos legislatura tras legislatura, y así nos va, claro.

Como niños que somos, seguiremos viviendo llenos de ilusión por cualquier pequeño logro que consigamos para nuestro pueblo. A pesar de la hostilidad que nos rodea, que quizás solo sea una visión causada por la pérdida de imaginación, en Podemos seguiremos imaginando, porque solo así tendremos la valentía de hacer de Cantabria una tierra mejor en la que vivir.

El Gobierno de Cantabria ya ha puesto en marcha la maquinaria para reducir el número de empresas y fundaciones públicas. El consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, ha mantenido un primer encuentro con representantes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el organismo que se encargará de hacer la criba.

La reducción de las entidades dependientes del Ejecutivo autonómico es fruto del acuerdo presupuestario alcanzado entre los partidos de gobierno -PRC y PSOE- con los dos diputados de Ciudadanos, que entre las 80 medidas que exigieron al bipartito para facilitar en el Parlamento la aprobación de las cuentas de 2017 figura la “reestructuración de las empresas y fundaciones públicas para evitar duplicidades y reducir costes”.

Aunque en el documento rubricado por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el portavoz de C's, Rubén Gómez, se establece el objetivo de alcanzar una reducción del 25%, será la AIReF quien determine hasta dónde hay que adelgazar la administración, tal y como se comprometieron en la negociación.

Este organismo, creado en el año 2013 por el Gobierno de España a iniciativa de la Unión Europea como mecanismo de control fiscal, ya tiene en sus manos un dossier sobre las 28 empresas públicas con las que cuenta el Gobierno autonómico, y cuya actividad es muy diversa. Entre esa casi treintena, figuran entes tan dispares como el teléfono de emergencias 112, el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla, MARE, Sodercan, Cantur, Gesvican o el ICAF. 

En este primer encuentro, que se celebró el pasado jueves en Madrid, han acordado que la AIReF presentará en los próximos días un presupuesto y los plazos para elaborar el estudio, que puede contemplar desde la eliminación de entidades públicas hasta su fusión. Pero antes de ponerse manos a la obra, la Cámara regional deberá dar el visto bueno a una enmienda parcial al presupuesto de Cantabria para incorporar una partida específica para este fin.

Posteriormente, a partir del próximo 24 de febrero, cuando quedarán aprobadas de forma definitiva las cuentas de 2017, se firmará un contrato o convenio -aún está por determinar la fórmula jurídica- entre la Consejería de Economía y la AIReF. Luego dependerá de lo que tarde este organismo en realizar el análisis, para lo cual todavía no hay plazos si bien la Consejería prevé que no se alargue en exceso.   

Juan José Sota (Madrid, 1954) es desde julio de 2015 consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la Administración pública. Durante dos décadas, entre 1983 y 2003, fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Santander -en dos ocasiones fue candidato a la alcaldía- y desde 2003 hasta 2009 desempeñó las funciones de director general de Administración Local, cargo que abandonó para subir un peldaño en el escalafón y asumir los mandos de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico en sustitución del dimitido Javier del Olmo.

Hombre de partido, ha gozado de la confianza tanto de Lola Gorostiaga como de Eva Díaz Tezanos, las dos últimas secretarias generales del PSOE en Cantabria. En esta nueva etapa tiene la difícil de tarea de conjugar el deseo de unos presupuestos inversores que generen empleo y que garanticen los servicios del Estado de Bienestar al tiempo que se cumple con el objetivo de déficit, algo que se presenta poco probable a tenor de los últimos datos.   

El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de dar el pistoletazo de salida a la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Cantabria tiene más que perder que ganar?

Se habla mucho de que en estos momentos Cantabria es una de las comunidades que tiene la financiación por habitante mayor de España, pero eso no es algo que haya sido una concesión o un privilegio, sino que nuestro punto de partida es que el coste de la sanidad en nuestra región es un 120% de la media de España, y eso es lo que hace que la financiación tenga que ser mayor.

El punto de partida es que nadie pierda, como se hizo en la etapa anterior, en 2009, en la época de Zapatero. No se puede partir de menos recursos porque estaríamos infrafinanciando los servicios públicos esenciales y Cantabria entraría en una situación muy delicada.

Ya ha comenzado la tramitación parlamentaria para la aprobación del presupuesto con las comparecencias de los consejeros, que han terminado esta semana. Lo lógico es que no haya novedades y que las cuentas de 2017 estén aprobadas el próximo 24 de febrero. ¿O hay posibilidad de sorpresas?

Al presupuesto del Gobierno hemos incorporado los acuerdos que se firmaron con Ciudadanos, por tanto, esa es la garantía que permitirá que las cuentas se puedan aprobar en tiempo y forma. No se ha visto en las comparecencias que haya habido ningún problema, lo cual quiere decir que los compromisos se han incorporado y no habrá más dificultades.

¿Cómo se han encajado esos compromisos con C's si no había una memoria económica en el acuerdo?si no había una memoria económica en el acuerdo?

El acuerdo ha supuesto unos menores ingresos, aproximadamente 20 millones de euros, y se han ajustado en pequeñas partidas de gasto en todas las consejerías y empresas públicas. También con los intereses de los derivados, que es una partida que tenemos dispuesta en el presupuesto para cuando hagamos la renegociación de la deuda. Como esa partida está yendo a la baja, hemos podido hacer frente al ajuste que llevaba el acuerdo. Y en algunos casos hemos puesto partidas ampliables que se pueden compensar con otras.

¿Tienen cuantificado cuánto han supuesto esos cambios?

Los cambios no han sido excesivos. Gran parte de las medidas son compromisos que en algunos casos no tienen efecto económico. Por ejemplo, incorporar a todos los grupos parlamentarios a los consejos de administración de las sociedades para dar mayor transparencia. Hay muchas de ese tipo, y otras que ya se contemplaban en el presupuesto y que podían ser mínimas en su retoque. Por ejemplo, en nuestro departamento, ampliar la 'tarifa plana' de autónomos de 6 a 18 meses. Teníamos previsto para ese capítulo ocho millones y hemos incorporado hasta nueve.

En la negociación de los presupuestos se ha escenificado una ruptura o alejamiento entre Podemos y el PRC. Dada la minoría de los partidos del Gobierno en el Parlamento, ¿puede condicionar esto el resto de la legislatura?

Eso lo tendremos que ver en el tiempo. Podemos planteó no sentarse a negociar con el Gobierno si no se daban unas condiciones que no tenían que ver con partidas del presupuesto, sino con ceses. Creo que eran conscientes de que el Gobierno no podía entrar a aceptar ese tipo de chantaje porque eso nos llevaría quizá a otros en el futuro. En mi opinión, Podemos ha pecado de una posición muy infantil.

A medida que había una mayor aproximación con Ciudadanos, porque ellos no ponían ninguna línea roja insalvable, Podemos se ha dado cuenta de que quedaba fuera del escenario político. Han sido ellos mismos los que han roto ese statu quo. Y por otra parte, hicieron un acuerdo de investidura con el presidente y con su partido, por tanto, si alguien ha roto algo no hemos sido nosotros [en referencia al PSOE].

Pero eso les influirá por ser un Gobierno en coalición.

En este periodo de sesiones ha habido una posición obsesiva de Podemos con una parte del Gobierno, la que gestiona el PSOE. Cualquier observador imparcial ha podido ver eso. Y creo que es un error, porque quien ejecuta las políticas sociales, en las que Podemos podría estar de acuerdo, es precisamente esa parte del Gobierno con la que está enfrentado.

Si Podemos no hubiera puesto como línea roja la dimisión de Salvador Blanco en Sodercan, ¿cree que hubiera sido posible lograr un acuerdo con ellos o las diferencias eran insalvables?

Estoy seguro de que hubiera sido posible. Nosotros somos un partido que defendemos la extensión de las políticas sociales y ahí hay una coincidencia fundamental. También en que debe existir un esfuerzo de contribución a través de los impuestos de quienes más tienen.

Las mayores críticas de la oposición se dirigen hacia el capítulo de ingresos. Según estima el PP, el presupuesto está inflado en 150 millones y eso producirá que haya que hacer recortes en el futuro.

El PP tiene muy poca autoridad para hablar de ingresos ficticios. ¿Por qué en Cantabria hemos tenido precisamente un déficit en el año 2014 de 198 millones y en el año 2015 de 195? Pues esa es en gran parte la explicación.

Este año ha habido una circunstancia muy excepcional. De hecho, a día de hoy, diez comunidades de las 17 tienen prorrogado el presupuesto. Hemos tenido un Gobierno en funciones que no podía facilitar datos esenciales, no solo los objetivos de déficit y de deuda, sino también lo más importante de todo, las entregas a cuenta. Nosotros hemos calculado esas entregas con un pequeño incremento debido a que es evidente que este año 2017 la actividad económica no va a bajar, y por tanto va a haber algo más de ingresos. Es una previsión, es evidente, y ahí es donde puede estar la discusión. En cuanto al resto de figuras tributarias no hay ninguna modificación sustancial. Ya lo dije en mi intervención en el Parlamento, el PP solo hace referencia al tema de los ingresos porque no es capaz de plantear una alternativa presupuestaria.

Pero, si no me equivoco, la previsión es que la recaudación de las tasas aumente un 18%, que no es un porcentaje menor.

Sí, porque hay alguna tasa nueva porque se crean nuevos servicios, y confiamos en que la Agencia Tributaria, que la estamos dotando de más medios, nos permitirá que la gestión de los ingresos sea mejor y que vayamos recuperando parte del retraso que nos hemos encontrado cuando hemos llegado al Gobierno, en algunos casos de más de dos años. Y reitero, el presupuesto es una previsión y la previsión la hacen los técnicos del Gobierno, que no son nuevos. Esa crítica creo que es para no dar una alternativa a lo que es importante: qué prioridades de gasto daría el PP si tuviera que plantear el presupuesto.

Hace pocos días hacía público el Informe de Coyuntura Económica y calificaba 2016 como “el año del inicio de la recuperación”. ¿Qué espera de este 2017?“el año del inicio de la recuperación”

Hay claroscuros, pero lo que nos dice ese informe es que vamos saliendo del túnel. Para el año 2017 esperamos la consolidación de la recuperación y, sobre todo, el empleo, que es el objetivo fundamental que persigue el presupuesto. Los otros dos objetivos fundamentales son, por un lado, la preservación y mejora de los servicios fundamentales que tienen que ver con el Estado de Bienestar y, por otro, medidas para reactivar la economía y dotarnos de un nuevo patrón de crecimiento.

Habla de claroscuros. Los datos de desempleo anuales en términos globales han sido buenos, con casi 5.500 parados menos que hace un año, un 11%, pero si rascamos la superficie vemos que más del 93% de los contratos son temporales, de escasa duración y con retribuciones bajas. ¿Qué está haciendo el Gobierno para revertir esa situación?casi 5.500 parados menos que hace un año, un 11%

La única forma de revertir esa calidad del empleo es tener un nuevo modelo de crecimiento. Cantabria ha sufrido la crisis con mayor intensidad que el conjunto de las comunidades autónomas y ahora nos cuesta más retomar la senda del crecimiento. ¿Por qué? Porque los dos sectores con mayor peso en nuestra actividad económica son los que más han sufrido, que son el sector industrial y el de la construcción. El sector servicios se ha recuperado mucho más rápido porque no necesita una infraestructura y en el momento que hay afluencia de turismo, crece y crea empleo. Pero no es estable. Eso es lo que tenemos que evitar, depender de servicios que son muy estacionales. Lo que pretendemos es que el sector industrial se consolide. En el último año hemos visto cómo se mantiene Sniace, cómo se ha mantenido Greyco, Forjas de Reinosa... Ahora esas empresas se tienen que adaptar al nuevo escenario.

¿Cuándo cree que se pueden empezar a ver los resultados?

El presupuesto crece en aquellas políticas que tienen una clarísima dirección de impulsar el empleo a través de la industria, de los servicios de calidad, también sectores como el agroalimentario y la inversión pública. Si eso lo hacemos bien y por otra parte hay una modificación de la legislación estatal, porque la reforma laboral hizo que haya una absoluta desrregulación del mercado, estoy seguro de que iremos poco a poco revirtiendo esa relación entre empleo estable y empleo precario.

Mencionaba antes el incumplimiento del déficit que hizo el anterior Gobierno del PP, pero los últimos datos de 2016, relativos a octubre, sitúan el déficit de Cantabria en el 1,2% del PIB. ¿Dan por hecho que van a superar el 1%?

En estos momentos tenemos un problema importante de ajuste en cuanto a la sanidad y a la educación. El gasto farmacéutico de nuevos medicamentos es algo que se escapa un poco a nuestra posibilidad de control. Ese es uno de los componentes importantes de la desviación del déficit, porque si vemos lo que corresponde a la propia administración, lo que los ciudadanos entenderían como al Gobierno, pues no solo no ha aumentado sino que ha ido a la baja porque hemos sido muy estrictos en el gasto. Es muy difícil poner puertas al campo en un asunto tan delicado como es el gasto sanitario.

Cantabria también se ha visto perjudicada en el año 2016 por unos menores ingresos, ya que hemos tenido que pagar la bajada de impuestos que el PP hizo en el año 2014. Y otra de las cuestiones que hemos tenido que hacer frente es a la paga extraordinaria, que han sido prácticamente 20 millones de euros más.

¿Qué pasará si se incumple el objetivo -0,7%? ¿Puede haber algún tipo de sanción?

No, si lo incumplimos nos obligarán a hacer un plan económico-financiero en el que tendremos que establecer un ritmo de rebaja del déficit para que lleguemos al objetivo. Lo mismo que le ha pasado al Gobierno de España, que ha tenido tres objetivos de déficit en 2016. El presupuesto se hizo con el 2,8; luego se pasó al 3,6 y luego ha acabado en el 4,6. Es decir, que ellos tampoco pueden dar ejemplo.

¿Cómo se van a articular los 4 millones de publicidad prometidos al Racing?4 millones de publicidad prometidos al Racing?

En eso no le puedo dar ninguna información. Lo que sí le puedo asegurar es que en el presupuesto no hay ninguna partida nominativa para el Racing. Quienes están en el Racing podrán o no participar si se hacen concursos públicos de publicidad, lo desconozco. En todo caso, yo no soy quien ha llevado ese tipo de negociación, eso corresponde a otro área del Gobierno y no sé qué tipos de compromisos se podrán expresar. Lo que sí hay es una voluntad política del Gobierno de apoyar al Racing, pero más allá no le puedo decir.

Pero ese compromiso se aprobó en Consejo de Gobierno y como consejero de Economía algún dato tendrá, ¿no? ¿Será a través de contratos o servicios, entonces?

Yo lo que digo es que nadie puede evitar que haya alguien que se presente a un concurso. Si hay concursos para publicidad, por ejemplo de Cantur, y alguien se presenta y tiene que ver algo con el Racing, es imposible que lo podamos prever ahora. Pero vamos, no hay ninguna decisión tomada porque tampoco se podría tomar, eso no se podría hacer desde el punto de vista legal.

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha registrado en el Parlamento el presupuesto para el 2017, que ascenderá a 2.601 millones de euros, un 5.6% más que los contemplados en 2016, cuando la cifra total alcalzó los 2.465 millones. Juan José Sota, consejero de Economía, Hacienda y Empleo, ha señalado que deben servir para “reorientar el patrón de crecimiento, mejorar los servicios públicos e impulsar el empleo estable y de calidad”.

El reciente acuerdo con Ciudadanos ha supuesto finalmente una diferencia de 20 millones de euros con respecto al proyecto inicial como consecuencia de la retirada de la reforma fiscal, condición impuesta por la formación naranja. La reducción presupuestaria se ha llevado a cabo en el departamento de Economía y en partidas destinadas para las empresas públicas.

Tal y como refleja el presupuesto, todas las consejerías ven incrementadas sus cifras exceptuando el área que dirige el propio Sota. En este caso, se verá reducida en un millón, pasando de 146 a 145. La cartera que nuevamente lidera el ranking de fondos es la de Sanidad, con un total de 825 millones frente a los 805 del pasado año.

Seguidamente se encuentra el departamento de Educación, Cultura y Deporte que encabeza el socialista Ramón Ruiz, con 477 millones, 15 más que en 2016. Por su parte, la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos gestionará 404 millones, en una macroconsejería para la que anteriormente dispuso de 396. El regionalista Rafael de la Sierra contará con cinco millones más, 104 respecto a los 99 que disponía en 2016 para Presidencia y Justicia.

Otra de las carteras que más ha visto incrementada su partida ha sido Medio Rural, Pesca y Alimentación, liderada por Jesús Oria, alcanzando los 83 millones de euros, mientras que la pasada campaña se destinaron 71. Sobre este dato, Sota ha destacado que esta Consejería fue una de las que “más ajuste tuvo” el año pasado, por lo que este año “se compensa”.

Asimismo, ha recalcado que lo mismo ocurre en el departamento de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, cuyo crecimiento ha sido de un 23,5%, alcanzando los 76 millones de presupuesto frente a los 61 millones anteriores. Finalmente, ha hecho hincapié en que la Consejería de Obras Públicas ha incrementado su partida en un 9,26%, con un presupuesto de 94 millones respecto a los 85 de 2016.

Objetivo de déficit

Pese a los incrementos presupuestarios, Cantabria cierra el año con un déficit del 1,2% en el último trimestre, muy por encima del 0,7% marcado para el cierre del ejercicio. Por este motivo, la partida presupuestaria destinada a la deuda pública se incrementa en 57 millones, 386 respecto a los 329 del pasado año. El Gobierno se ha marcado para 2017 alcanzar el 0,6%. “El presupuesto está hecho con ese objetivo, siempre es una previsión”, ha subrayado Sota.

De hecho, el consejero ha señalado como “uno de los principales problemas para cumplirlo el coste de la sanidad”. Concretamente, ha hecho referencia a las recetas médicas, “un gasto difícilmente controlable” puesto que los medicamentos “cada vez son más caros”.

En este sentido, Sota ha insistido en que no está de acuerdo con el sistema de financiación de la comunidad autónoma, sobre todo en este ámbito.“Cantabria partía de una sanidad con un coste de un 120% desde el inicio de la transferencia y la evolución del gasto ha sido importante, tratándose además de una autonomía pequeña”.

Contexto político

Los presupuestos se han presentado tras el acuerdo firmado el pasado lunes 26 de diciembre entre el bipartito PRC-PSOE y Ciudadanos, por el que se garantizaba la abstención de los dos diputados de la formación naranja a cambio de la retirada de la reforma fiscal y de la subida de impuestos prevista. Ante esta situación, Ciudadanos se postula como principal socio del Ejecutivo, desplazando de esta forma a Podemos, que facilitó la investidura de Miguel Ángel Revilla.

Sobre las dificultades para alcanzar un acuerdo que permitiera la aprobación de las cuentas públicas del año que viene, Sota ha recalcado que la elaboración del presupuesto se enmarca en un “contexto excepcional por la demora en la elección del nuevo Gobierno en España”, así como por los “cambios en los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto”.

El presupuesto ha sido primero objeto de negociación interna entre los socios de Gobierno y después con los grupos parlamentarios, dado que la coalición PRC-PSOE no tiene mayoría para sacarlo adelante en solitario y ha querido asegurarse su aprobación antes del trámite parlamentario.

Así las cosas, las cuentas de 2017 llegan al Parlamento con dos meses de retraso respecto al plazo legal -el 31 de octubre-, y por primera vez en 20 años no entrará en vigor el 1 de enero.

Prioridades para 2017

Como medidas concretas, Sota ha citado las líneas de ayuda INNOVA, subvenciones a la pesca y ayudas al emprendimiento y a la contratación indefinida, el plan de recuperación de la cuenca del Besaya, un proyecto piloto para escolarizar a niños de cero a un año, la gratuidad de la teleasistencia y un programa de acción para la prevención y erradicación de la violencia de género.

El consejero ha destacado también que el gasto social -que abarca las áreas de servicios sociales y promoción social, fomento del empleo, acceso a la vivienda y fomento de la edificación, sanidad, educación y cultura-, aumenta de casi 1.692 millones a 1.727 millones.

El Gobierno de Cantabria fulminó este lunes el decreto que regulaba el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a incentivar la estabilidad en el empleo y la contratación indefinida de personas en situación de desempleo en la comunidad autónoma, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige el socialista Juan José Sota tomó esta decisión, avalada por el Consejo de Gobierno el pasado 6 de octubre, ante el “riesgo de fraude” y al considerar “ineficaces” estas ayudas. De momento, trabaja en una alternativa que sustituya una línea de subvenciones puesta en marcha por el anterior Ejecutivo autonómico del PP y que durante 2015 tuvo un presupuesto cercano a los seis millones de euros.

Los agentes sociales que forman parte de la Mesa de Diálogo Social impulsada por el Gobierno de Cantabria -los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-Cepyme- no han sido informados de esta decisión y muestran su “malestar” por no ser consultados ante una medida de gran calado para la economía regional.

Todos ellos conocieron los detalles de esta derogación a través del texto publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, y es que el día en el que se aprobó definitivamente el Ejecutivo solo lo mencionó de pasada dentro de un comunicado de prensa que explicaba de forma mucho más extensa otros asuntos menores aprobados por el Consejo de Gobierno.

Desde el departamento que encabeza Juan José Sota explican que “la derogación responde a la necesidad de elaborar un nuevo decreto en el que las condiciones y obligaciones a cumplir por las empresas o personas beneficiarias sean similares a las comúnmente establecidas en los programas de fomento del empleo estable de ámbito estatal”.

El Decreto 29/2015 del 7 de mayo estaba dirigido a personas físicas o jurídicas, a las pequeñas y medianas empresas del sector privado, incluyendo autónomos y mutualistas de colegio profesional, así como las entidades privadas sin ánimo de lucro, y contemplaba dos programas distintos.

El primero de ellos subvencionada la contratación laboral estable de personas desempleadas e inscritas en el Servicio Cántabro de Empleo y el segundo subvencionaba la contratación indefinida a través de la conversión de contratos de duración determinada o temporales en indefinidos.

“La variación interanual del empleo indefinido en nuestra comunidad, según los datos del Observatorio cántabro, ha sufrido un descenso del 0,65%, lo que hace concluir que el indicado Decreto no ha producido los resultados prácticos que se esperaban”, sostienen desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Mientras tanto, para salvar este limbo legal en el que quedan las ayudas a la contratación en Cantabria, el Ejecutivo autonómico ha decidido que las contrataciones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor de la derogación dispondrán de un plazo de tres meses desde la fecha en que se haya producido el alta en Seguridad Social en el caso de las contrataciones indefinidas, o tres meses desde la transformación del contrato de duración determinada o temporal en indefinido, para la presentación de la solicitud de subvención que proceda.

Las ayudas contemplaban subvenciones directas a las empresas que iban desde los 3.000 a los 8.000 euros, dependiendo de las características sociales de las personas beneficiadas y del tipo de contratación que se llevara a cabo, y hubo alrededor de 3.000 contratos beneficiados por este programa de ayudas.

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ya tiene elaborado su primer presupuesto, que en 2016 ascenderá a 2.465 millones de euros con los que el bipartito pretende recuperar las políticas sociales tras los “recortes” llevados a cabo por el anterior Ejecutivo del PP, así como impulsar un nuevo modelo productivo que genere empleo “estable y de calidad”.

En lo que respecta al reparto de fondos entre los socios de Gobierno, los socialistas se han visto claramente beneficiados: casi tres de cuatro euros del presupuesto (73,77%) ha recaído en las áreas gestionadas por el PSOE, mientras que los regionalistas apenas tendrán el control del 12,84%. El resto (13,39%) irá a parar a los bancos para amortizar deuda.

Si traducimos estos porcentajes a dinero contante y sonante, supone que los departamentos del 'puño y la rosa' administrarán durante el próximo ejercicio 1.818 millones de euros frente a los 317 que quedarán en manos del PRC, partido que duplicó en votos a la candidatura del PSOE en las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo.

Así, pese a que la formación que lidera Miguel Ángel Revilla obtuvo 12 diputados por los 5 que logró su socio de Gobierno, el presupuesto de los socialistas multiplica casi por seis al que tendrán los regionalistas. Incluso, la cantidad que recibirán las entidades financieras -330 millones- es superior a la del conjunto de los consejeros del PRC.

Esta desigualdad también se ve reflejada en los presupuestos de cada consejería. Todas las carteras del PSOE tienen mayores partidas que sus compañeros de Gobierno. Lidera este ranking la Consejería de Sanidad de María Ruisa Real, que es con diferencia la que más fondos acapara -805 millones de euros-. Le sigue el departamento de Ramón Ruiz, Educación, Cultura y Deporte -462 millones- y cierra el podio la macroconsejería de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, que gestionará 396 millones. Por último, Juan José Sota, en Economía, Hacienda y Empleo, decidirá el destino de 146 millones.

Entre las filas regionalistas, la mano derecha de Revilla, Rafael de la Sierra, es quien contará con mayor presupuesto: 99 millones de euros para la Consejería de Presidencia y Justicia; el 'independiente' y exconsejero socialista Francisco Martín gestionará 61 millones en Innovación, Industria, Turismo y Comercio; el titular de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, 85 millones y, finalmente, Medio Rural, Pesca y Alimentación, de Jesús Oria, 71 millones, tal y como se puede observar en el gráfico elaborado por eldiario.es Cantabria.

En este reparto no figuran las sociedades públicas, como Cantur o Sodercan, que si bien reciben dinero público, cuentan con presupuestos al margen de las cuentas autonómicas.

Presente y futuro

El borrador del documento económico ha sido aprobado este mismo viernes en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo ha sido el encargado de registrar el presupuesto en el Parlamento de Cantabria, tras lo cual ha comparecido ante los medios de comunicación.

En rueda de prensa, ha afirmado que el nuevo Gobierno, “en un contexto difícil y complicado”, ha decidido priorizar el gasto social en detrimento de reducir las inversiones en nuevas infraestructuras. El consejero ha resaltado que las áreas de servicios sociales, empleo, educación, sanidad y acceso a la vivienda verán incrementadas sus partidas, mientras que el gasto de la Consejería de Obras Públicas disminuirá ligeramente.

El mayor recorte se lo ha llevado el capítulo de gasto financiero, es decir, el destinado a devolver los préstamos a las entidades bancarias. El motivo es la fuerte caída de los tipos de interés, según ha explicado Sota.

Herencia recibida

En su intervención, el consejero ha cargado contra la 'herencia recibida'. Según ha apuntado, durante la anterior legislatura, Cantabria ha sido “la segunda comunidad que más PIB ha perdido” y “las perspectivas para los dos próximos años es que crezca menos que la media española”. También ha criticado que los recursos que aportará el Estado en 2016 crecerán un 3,1% mientras que en el conjunto de la comunidades lo harán un 8,7%.

Para tratar de “revertir” esta situación, el titular de Economía ha enfatizado que el Gobierno se afanará en impulsar un cambio de modelo productivo que genere empleo “estable y de calidad”.

Impuestos

Por otro lado, la Ley de Acompañamiento que se aprobará junto a los presupuestos no modificará las tasas, tampoco el impuesto de sucesiones, que los socialistas se habían comprometido a recuperar para gravar las grandes fortunas. A este respecto, Sota ha justificado esta decisión en la proximidad de las elecciones generales y en un posible cambio de Gobierno que modifique el sistema fiscal hacia un modelo “más justo” y compartido por el conjunto de las autonomías.

“Vamos a ver qué pasa el año que viene”, ha espetado el consejero, para quien el sistema actual es “insostenible” y está “muy anticuado”. A preguntas de los periodistas, ha apuntado que si se recuperara el impuesto de sucesiones, el Gobierno recaudaría “unos 4 o 5 millones”. “Tampoco estamos hablando de una cantidad muy importante”, ha opinado.

El consejero también ha destacado la recuperación del fondo de cooperación local que reportará algo más de 15 millones de euros a los ayuntamientos y ha concluido remarcando que se trata de “unos presupuestos realistas, que miran al futuro afrontando el presente”.

Para aprobar este documento, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, el bipartito, que gobierna en minoría, tendrá que buscar el apoyo de, al menos, otro de los grupos políticos. En este sentido, Miguel Ángel Revilla, en una entrevista con este diario, ha manifestado que espera que “Podemos, sin aplausos, apoye los presupuestos”.

En ese mismo encuentro, el líder regionalista reconoció que algunos miembros de su partido habían cuestionado las concesiones realizadas a sus socios de Gobierno aunque afirmó que era “el único pacto posible”. “La coalición es sólida, ya hemos sido socios durante ocho años y ya nos conocemos. No miro qué consejero es de mi partido y cuál es del PSOE. Lo que pido es que funcionen y saquemos los temas adelante”, remachó el presidente.

Los nuevos responsables del Gobierno de Cantabria siguen abriendo cajones y analizando la situación económica en la que se encuentran sus respectivos departamentos. Este exhaustivo diagnóstico puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico apoyado por el bipartito PRC-PSOE para analizar la 'herencia recibida' del Gabinete liderado por Ignacio Diego ha destapado que el PP no ejecutó 31,6 millones de los 83,3 previstos para desarrollar en 2015 programas directos de formación, promoción e inserción laboral e intermediación.

Esta cifra supone casi el 38% del total de lo presupuestado para este cometido, en un escenario en el que Cantabria lidera los ránkings negativos de destrucción de empleo y cuenta con 44.495 desempleados en la comunidad autónoma, lo que ha provocado las críticas del actual responsable de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, que ha denunciado el “desmantelamiento” del Servicio Cántabro de Empleo durante la pasada legislatura.

Además, el consejero socialista ha tachado de “vergonzosa” la gestión del Ejecutivo de Ignacio Diego y ha alertado del “riesgo” de perder los fondos provenientes del Gobierno de España. Para evitarlo, Sota ha anunciado en rueda de prensa la intención del Gobierno de Cantabria de recuperar los programas de formación e inserción profesional, que el anterior Ejecutivo del PP  “hurtó” a Cantabria, al  no proceder a la convocatoria de las correspondientes órdenes en el ejercicio 2015.

También ha asegurado que “de aquí a final de año” se publicarán las convocatorias, se resolverán las mismas, y se anticipará a los centros de formación un 25% del importe para que inicien los procesos formativos a partir de enero de 2016, al objeto de “no perder la financiación” ligada al desarrollo de estos planes. El consejero ha señalado que el Ejecutivo regional ya ha aprobado los correspondientes expedientes de gasto plurianual, por importe superior a los 30 millones de euros, para que Cantabria recupere la formación prevista para este año.

Los programas más afectados por esta “inacción” del PP han sido, según ha explicado Sota, el programa de promoción del empleo e inserción laboral -que estaba dotado con 60 millones y hay resueltos, aunque no pagados, acciones por valor de 37 millones, en los que se incluyen los 28 de la orden de corporaciones locales- y el programa de formación, que contaba con 17,8 millones de los que hay 11 sin ejecutar.

“Era propaganda”

“Las medidas anunciadas por el Gobierno de PP no eran más que propaganda”, ha opinado el consejero, que ha advertido que las partidas sin ejecutar, varias provenientes del Ejecutivo central y ligadas a ayudas europeas, pueden poner “en riesgo” fondos para empleo para los años siguientes.

Entre las prioridades, y dentro del programa de formación, el bipartito quiere convocar las órdenes de subvenciones para las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo y también acciones de formación tanto para personas en desempleo como de ocupados. Y es que Sota ha asegurado que se han visto obligados a responder “de manera vergonzosa” a la Comisión Europea que la inversión de Cantabria en el Plan de Garantía Juvenil es “cero” con el “problema de desempleo juvenil que tiene Cantabria”.

La querella promovida por los trabajadores de Nestor Martin contra los promotores de la sociedad tendrá consecuencias de manera inminente. El cierre de la empresa, temporal o no, parece un hecho después de la presentación del concurso de acreedores y la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que enviará al paro esta misma semana a toda la plantilla de la fábrica de estufas.

Los actuales responsables del Ejecutivo autonómico dicen que son “conscientes de la desesperación” de los empleados de la factoría ante la situación de quiebra de la empresa, “apuesta personal del expresidente Ignacio Diego”, a dos días de cerrar sus puertas hasta que haya fondos para retomar la producción, pero insisten en que “no es responsable” invertir más dinero público de la comunidad autónoma en un proyecto que, a su juicio, es “fallido” y que “no tiene ningún futuro”. “Sería malgastarlo”, ha reconocido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Sin embargo, la situación de esta empresa, que la pasada legislatura recolocó a un centenar de trabajadores que fueron despedidos de Teka y que aportaron al capital social casi tres millones y medio de euros de sus finiquitos, tendrá recorrido también en los tribunales. De hecho, la opacidad en la concesión de ayudas públicas por valor de 18 millones ha acabado con la imputación de la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo (SCE) y de los dos gestores de la fábrica de estufas.

Todos ellos declararán el próximo 21 de septiembre ante la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, al estar acusados por su actuación en la empresa. Según ha adelantado Europa Press, los dos gestores estarían imputados por delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental; en tanto que la exdirectora del SCE lo estaría únicamente por este último delito, el de falsedad documental.

Preguntada sobre el asunto, la exconsejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria durante la pasada legislatura, Cristina Mazas, ha salido en defensa de su subordinada y ha reiterado que los 18 millones de euros de ayudas que recibió del Ejecutivo autonómico se hicieron “con todos los parabienes técnicos”. También ha reconocido implícitamente una de las principales sospechas de los trabajadores, que es la utilización de ese dinero público en actividades que se desarrollan fuera de la planta camarguesa.

“Cantabria está amenazada por una especie de troika”. Con estas palabras, el nuevo consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, ha querido reflejar la gravedad del hecho de que el anterior Ejecutivo del PP, presidido por Ignacio Diego, no elaborara el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero al que la Comunidad está obligado por haber incumplido el objetivo de déficit para el año 2014.

El consejero ha recriminado al PP que “ocultara” por “ventajismo político” la necesidad de elaborar dicho Plan y ha señalado que Cantabria se encuentra actualmente en una situación de “ilegalidad”, ya que, según ha recordado, tenía que haber sido presentado antes del 24 de mayo en el Ministerio de Hacienda. Por ello, el nuevo Gobierno PRC-PSOE está elaborando a marchas forzadas el documento económico, cuyo borrador espera poder presentar este mismo jueves.

El ajuste contable que deben afrontar los nuevos responsables de la Administración regional asciende a 110 millones de euros, tal y como ya avanzó la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. Según los datos de la Intervención general del Esado, Cantabria registró en 2014 un déficit del 1,62%, más de medio punto por encima del objetivo fijado por el Gobierno central -1%-. Esto supone que el Ejecutivo del PP gastó 198 millones de euros más de lo que ingresó. No obstante, el consejero ha asegurado que el Gobierno evitará “meter la tijera” en sanidad, educación y políticas sociales.

Sota ha comparecido este lunes, a petición propia, en la Comisión de Economía del Parlamento de Cantabria, y además de reprochar al PP su “irresponsabilidad” y de dibujar la “foto fija” de la situación económica de la región, ha asegurado que el nuevo Gobierno va a dar una “vuelta a las prioridades” en los próximos presupuestos autonómicos de 2016, que ya están elaborando y que esperan salgan adelante con “amplio apoyo”.

Durante su intervención, el consejero de Economía ha recordado que lo primero que se encontró cuando tomó posesión de su cargo fue una carta del secretario de Estado de Administraciones Públicas advirtiendo que había vencido el plazo sin que Cantabria hubiera presentado el Plan de Reesctruturación y que dicho incumplimiento podía suponer la aplicación de “medidas coercitivas”.

Al respecto, Sota ha destacado que el anterior Gobierno sabía “desde el 24 de abril” que había superado el objetivo de déficit. En su opinión, “esta ocultación evidencia la forma de actuar del PP, que antepuso su interés electoral sobre el interés general de Cantabria”. “El Gobierno del PP hizo dejación de sus obligaciones y decidió por electoralismo no presentar el Plan, porque aplicar más ajustes, contradecía el discurso triunfalista sobre la salida de la crisis”, ha reiterado.

“Un problema de 214 millones”

Además, ha señalado que el nuevo Gobierno debe afrontar “insuficiencias presupuestarias por importe de otros 64 millones de euros”, la mayoría en el capítulo I de gasto de personal -pago de nóminas en Sanidad y Educación-. También, ha añadido, en gasto farmacéutico, al tener que hacer frente al pago de las vacunas de la Hepatitis C -unos 17 millones- que iba a asumir el Ministerio de Sanidad.

Y a ello, ha sumado una “sobrevaloración de los ingresos financieros” en el presupuesto vigente por importe de casi 140 millones de euros, “lo que convierte a Cantabria en la segunda comunidad, después de Extremadura, que más ha inflado sus ingresos”, así como que el PP ha “duplicado” en sus cuatro años de gobierno la deuda, que a finales de 2015 alcanzará los 2.735 millones de euros.

Con todo ello, el Gobierno PRC-PSOE se enfrenta a “un problema de 214 millones de euros para gestionar seis meses del presupuesto”, lo que ha llevado al consejero a calificar de “calamitosa” la herencia recibida.

Podemos y Ciudadanos piden “soluciones”

La Comisión se ha prolongado por espacio de dos horas y las intervenciones de los portavoces parlamentarios se han convertido en un baile de cifras con lecturas bien distintas en función de quien las interprete. Mientras que a juicio de los grupos del bipartito, y también de Ciudadanos y Podemos, Cantabria se encuentra en una situación “complicada”, para los populares la región está en un punto de partida mucho mejor que el que ellos encontraron en 2011.

En este sentido, los portavoces de Ciudadanos y Podemos, Rubén Gómez y José Ramón Blanco, respectivamente, han coincidido con los grupos regionalista y socialista en reconocer que el escenario económico y social de la Comunidad no es bueno, si bien los nuevos partidos han 'apretado' y han exigido al Gobierno que deje a un lado el discurso de la herencia recibida y se centre en buscar “soluciones”.

En concreto, Gómez ha opinado que al nuevo Gobierno “no le puede pillar por sorpresa” los incumplimientos del PP y, al mismo tiempo, ha afirmado que existen “contradicciones” en el bipartito porque mientras denuncia las dificultades económicas en las cuentas públicas, “están en la fiesta de rellenar la Administración”. En esta misma línea, ha cuestionado que se vaya a patrocinar con entre 4 y 6 millones de euros al Racing, que milita en 2ª División B.

También Blanco ha dicho que la situación económica “no era desconocida” y, por tanto, ha reclamado al titular de Economía y al resto de consejeros que “no se escuden en un discurso cobarde, como hizo el PP”. Así, ha pedido “un cambio” y “no volver al 'y tú mas'”. Igualmente, ha confiado en que esas malas cifras no sean la “antesala a los recortes” y ha pedido que se incremente la inversión en políticas industriales y gasto social.

Para la portavoz socialista, Silvia Abascal, el PP ha dejado “una hemorragia” que “pone en peligro” a Cantabria, mientras que su homóloga regionalista, Rosa Valdéz, ha lamentado la “mala cosecha” del anterior Gobierno.

“Seis escalones”

Por su parte, la diputada del PP y exconsejera de Economía, Cristina Mazas, se ha defendido argumentado que la herencia que deja su partido es mejor que la que recibió hace cuatro años, una comparación que ha rechazado Sota, quien ha esgrimido que el panorama no es equiparable.

En cualquier caso, el consejero ha respondido que en 2011 los índices económicos de Cantabria eran mejores que la media nacional, mientras que ahora la Comunidad está peor que el conjunto de las comunidades autónomas. Para evidenciarlo, ha destacado que en estos cuatro años la región ha descendido en el ranking de la agencia Fich “seis escalones”, pasando de una calificación AA a BBB.

El Parlamento de Cantabria comienza así a retomar su actividad después del tradicional parón de agosto, en el que el protagonismo político lo han acaparado los nuevos responsables del Gobierno. La Cámara autonómica retomará a mediados de este mes los plenos, con un Gobierno en minoría y con la presencia de Ciudadanos y Podemos como principales novedades.

Cantabria se pondrá de “manera inmediata” a trabajar en la elaboración del Plan Económico Financiero (PEF) para presentarlo “en breve”, según ha asegurado este lunes el nuevo consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, tras reunirse con su antecesora en el cargo, Cristina Mazas, para oficializar el traspaso de poderes, que se ha efectuado “con total normalidad”.

Al término del encuentro, que se ha prolongado durante casi dos horas, el nuevo titular del departamento -que ya había hablado con su predecesora la semana pasada- ha indicado que van a analizar “en profundidad” los datos que tienen de cara a la realización del PEF 2015-2017, que ya se tenía que haber presentado. Pero, como ha explicado Mazas, el Ejecutivo saliente no lo elaboró por estar en funciones, para no “comprometer” con medidas y ajustes la situación de tres ejercicios (2015, 2016 y 2017).

Mazas ha detallado que el Plan se debe presentar por el incumplimiento del objetivo de déficit en 2014 por un ajuste de contabilidad a nivel nacional y por las obras del Hospital Valdecilla, de modo que, con los datos que hay sobre la mesa, el ajuste podría rondar “aproximadamente 30 millones” de euros.

No obstante, ha precisado que la cuantía final se conocerá cuando se realice el documento, para el que también se tendrán en cuenta los más de 20 millones que podría ingresar Cantabria por el ajuste de la liquidación de 2013 y otros importes derivados de la rebaja de intereses, así como las previsiones de gasto de los próximos tres años, de forma que se podría dar la circunstancia de que no hubiera que realizar ningún ajuste, tal y como han apuntado Mazas y Sota.

Reestructuración de la deuda

En la reunión, ambos también han abordado la reestructuración de la deuda, que el nuevo Ejecutivo va a llevar a cabo también de forma “inmediata” para dotar de una “mayor flexibilidad” a los recursos de Cantabria. Así, la idea es “ir acomodando” préstamos a tipos de interés elevado a la nueva situación, en la que la interés del Fondo de Liquidez Autonómica es del 0%.

Asimismo, en el traspaso de poderes la consejera saliente y el nuevo titular de Economía han repasado otras cuestiones, como la situación de las órdenes de empleo por las ayudas a las Corporaciones Locales o de las empresas públicas dependientes de la Consejería, caso del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) o el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).

Para finalizar, Sota ha trasladado la disposición de su equipo de ponerse a trabajar en la elaboración de los presupuestos generales de Cantabria para 2016.