El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur acaba de quedar paralizado en el Parlamento Europeo, tras más de veinte años de negociaciones y una aprobación muy difícil entre los Estados miembros. El episodio ha llamado la atención porque la votación no ha seguido las líneas ideológicas habituales: la mayoría de populares y socialdemócratas se han opuesto a frenar el acuerdo, mientras que casi toda la izquierda y también la extrema derecha han votado a favor de la paralización. A primera vista, la escena resulta confusa. ¿Cómo es posible que fuerzas políticas tan distintas coincidan en el rechazo? ¿Y por qué los grandes partidos europeos lo defienden con tanto empeño? 

Para entenderlo conviene empezar por situar el acuerdo. Firmado en 2019, el tratado UE-Mercosur es el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por la Unión Europea, tanto por población afectada como por volumen de comercio y reducción de aranceles. Forma parte de la familia de los acuerdos de libre comercio: pactos que buscan eliminar barreras al intercambio comercial y exponer a la competencia internacional sectores que hasta ahora estaban relativamente protegidos. Y todo ello en un momento especialmente delicado, en el que Estados Unidos ha girado hacia el proteccionismo y el uso explícito del poder económico. 

El problema es que un acuerdo de este tipo no puede evaluarse con un simple “a favor” o “en contra”, y mucho menos afirmar que tal conclusión se deriva de una valoración aséptica e incuestionable. Un acuerdo de libre comercio tiene efectos distintos según el sector, el país y el grupo social, por lo que no puede existir una valoración que sea compartida por todos. Dicho de otro modo: cualquier acuerdo de libre comercio genera ganadores y perdedores, lo que explica tanto la división política como la intensidad del debate. 

El enfoque económico: quién gana y quién pierde 

Desde el punto de vista económico, los acuerdos de libre comercio se basan en una idea sencilla: al abrir los mercados, las empresas más competitivas ganan terreno, los productos se abaratan y, en conjunto, la economía crece. Aunque haya pérdidas en otras empresas, estas serían compensadas de sobra por las ganancias. Esta lógica se apoya en una tradición teórica asociada al principio de la “ventaja comparativa”, formulado a comienzos del siglo XIX por David Ricardo. Según este planteamiento, todos los países salen ganando si cada uno se especializa en aquello que produce con menor coste relativo y compra fuera lo que produce peor.

Desde el principio ese razonamiento fue abrazado tanto a izquierda (el movimiento cobdenita fue importante en el siglo XIX) como a derecha, y se convirtió en dominante en Occidente especialmente desde la década de los ochenta del siglo pasado —bajo la hegemonía de Estados Unidos—. Existen muchas críticas a este planteamiento que procede desarrollar aquí, pero incluso si aceptamos que el resultado agregado de un acuerdo de libre comercio puede ser positivo, el proceso de ajuste no es neutro: algunas actividades crecen y otras desaparecen; algunos territorios prosperan y otros se vacían; algunos trabajadores se benefician y otros pierden su empleo. Y ese ajuste es mucho más duro cuando los países que comercian entre sí son muy distintos. 

Eso es precisamente lo que ocurre entre la Unión Europea y Mercosur. Europa exporta relativamente más bienes industriales: vehículos, maquinaria, productos químicos. En España, por ejemplo, más del 10% de las exportaciones son de vehículos terminados y de sus componentes. En cambio, países como Brasil o Argentina concentran una parte muy elevada de sus exportaciones en productos agrarios: soja, carne, azúcar, maíz o aves de corral. Solo la soja supone más del 13% de las exportaciones de Brasil, y el azúcar el 4%. Para hacerse una idea del contraste, el principal producto agrario de exportación español —el porcino—representa alrededor del 1% del total. 

Esta diferencia es clave. La lógica del libre comercio empuja a reforzar las especializaciones existentes, como sugiere el modelo convencional de Hecksher-Ohlin que se estudia en las facultades y como también denuncian economistas críticos de tradiciones como la marxista o la estructuralista. Incluso los autores neomercantilistas (en los que se inspira Trump, por cierto) estarían de acuerdo en este punto, ya que los ideólogos de la industrialización estadounidense o alemana del siglo XIX defendían medidas proteccionistas con carácter temporal: eran partidarios de que, una vez alcanzada la industrialización, se liberalizaran los mercados.

El acuerdo UE-Mercosur tendería, por tanto, a consolidar a Europa como exportadora industrial y a Mercosur como exportador agrario. Los modelos económicos que han simulado los efectos del acuerdo apuntan justamente en esa dirección. En Mercosur, los sectores agrarios serían los principales ganadores, mientras que los industriales saldrían perdiendo. En la UE, ocurriría lo contrario. Sobre el saldo neto —si el acuerdo aumenta o no el PIB y el empleo— hay más debate: muchos estudios predicen ganancias modestas para Europa, mientras otros cuestionan que existan siquiera pequeños beneficios en el corto plazo. Y eso tiene una explicación en los tiempos de aplicación del acuerdo.

Los países de Mercosur son plenamente conscientes de este dilema, razón por la cual han logrado incorporar en el texto final del acuerdo medidas importantes para mitigar el coste sobre sus industrias. De hecho, se prevé que el 85% de los productos europeos estén expuestos al libre comercio desde el primer día, pero en el caso de los países del Mercosur ese porcentaje será solo del 6%. Esto significa que los costes en Europa serán inmediatos, pero los beneficios serán de medio y largo plazo. De particular importancia es lo que sucede en el sector del automóvil, que preocupa al capital industrial brasileño porque es menos competitivo. Por esa razón, actualmente tiene aranceles del 35% en automóviles terminados y 18% en partes de automóviles, y estos irán retirándose gradualmente y sólo serán eliminados del todo transcurridos 18 años. De ese modo Brasil gana tiempo también para reconvertir su industria automovilística y desarrollar la del vehículo eléctrico, aspecto que de conseguirse pondría también en duda las ganancias europeas en ese plazo más distendido.

Política y alianzas sociales 

Así, los impactos sobre el capital agrario, capital industrial, capital financiero y sobre los trabajadores de cada uno de los sectores (además en su doble condición de trabajadores y consumidores) será diferente. Por otra parte, no todos los grupos sociales tienen la misma influencia sobre la política del gobierno. Por eso, aunque los grandes partidos europeos se apoyan en los modelos macroeconómicos que sugieren beneficios agregados para defender el tratado, la oposición no es irracional ni ideológica en abstracto: responde a intereses materiales muy concretos y a una visión diferente del comercio internacional. 

A finales de los ochenta el economista Ronald Rogowski desarrolló una teoría según la cual era posible predecir el tipo de alianzas políticas que tendrían lugar ante un escenario de acuerdo de libre comercio. Por ejemplo, en los países abundantes en capital (como España) tanto el capital como el trabajo se alinearían a favor del libre comercio, mientras que el sector agrario apoyaría el proteccionismo. Por el contrario, en los países abundantes en tierra (como Brasil o Argentina), los intereses agrarios serían defensores del libre comercio mientras que el trabajo se alinearía con el proteccionismo, quedando el capital dependiendo de su integración por sectores. Este modelo predice bastante bien lo que sucede en la mayoría de los casos, y ayuda a entender por qué el rechazo al acuerdo no sigue el eje clásico izquierda-derecha.

En Europa, el sector agrario —especialmente fuerte y bien organizado en países como Francia— ve el tratado como una amenaza directa. De ahí que haya gobiernos que hayan acabado alineándose con los agricultores para oponerse al acuerdo; el coste de no hacerlo podría ser inasumible desde el punto de vista electoral: pocos gobiernos son capaces de sobrevivir a una huelga continuada de tractores. En España, la extrema derecha también se ha lanzado a defender los intereses del sector agrario —porque construye su relato a partir de la caricatura que combina tradicionalismo y “mundo rural” frente a la izquierda-woke—. De hecho, esta presión por parte de la extrema derecha ha obligado a reaccionar a Díaz Ayuso, que se ha desmarcado del débil apoyo del PP nacional al acuerdo. En Mercosur, la situación es prácticamente inversa: los grandes intereses agrarios presionan a favor del acuerdo, mientras que sindicatos y sectores industriales lo miran con recelo. 

El enfoque geopolítico: autonomía o ilusión 

Más allá de la economía, el tratado tiene una clara dimensión geopolítica. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias y de enorme debilidad del vínculo transatlántico, la UE busca reforzar relaciones con América Latina —un continente disputado tanto por Estados Unidos como por China—. Desde este punto de vista, el acuerdo con Mercosur aparece correctamente como una oportunidad estratégica para una reubicación de la Unión Europea en la división internacional del trabajo. Algunos analistas de izquierdas le otorgan a este enfoque incluso más peso que al económico, lo que conduce a que defiendan su aprobación y despliegue inmediato.

Sin embargo, esta lectura enfrenta también límites notables. Por un lado, Argentina está hoy gobernada por un presidente alineado con Donald Trump, mientras que el futuro político de Brasil es incierto (Lula ganó por un estrecho margen en la última ocasión). Por otro lado, Brasil está desde hace años desplegando una estrategia comercial claramente orientada a su autonomía económica, lo que en gran medida le acerca a China (que absorbe ya cerca del 30% de sus exportaciones frente a un 10% destinado a Estados Unidos). No hay garantía de que el acuerdo refuerce la autonomía estratégica europea o que asegure un alineamiento político duradero. 

Esto último tiene una concreción en la política referida a los llamados minerales críticos y a otros recursos naturales. La Unión Europea ha logrado incorporar en el acuerdo ciertas previsiones que facilitan la compra de estos recursos (por ejemplo, prohibiendo aranceles o restricciones a la exportación). Hay que tener presente que Brasil es el primer país del mundo en la extracción y procesamiento de niobio (por encima del 90% en cuota global), el segundo en extracción de tántalo y hierro, o en fabricación de acero, y el tercero en extracción de vermiculita, talco, magnesita, grafito y refinamiento de aluminio. Argentina no es tan destacado, pero es el cuarto país del mundo en la explotación de litio, tan fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. 

Para la UE el abastecimiento de estos recursos es fundamental, ya que la interrupción de estos suministros pondría en serios problemas a las industrias y economías fuertemente dependientes de ellos. Sin embargo, la capacidad de inversión y financiación de las empresas chinas sigue siendo muy superior, de modo que las cadenas de valor seguirán lejos del control del capital europeo. Un aspecto fundamental que necesita la UE es política industrial, pero hacerlo en serio implicaría hablar de planificación, financiación y gestión pública.

Esta fotografía avala que la Unión Europea es actualmente más un miembro de la periferia internacional que del centro. La relación con el resto del mundo debería construirse a partir de esa premisa. Pero surge la pregunta de si la Unión Europea está preparada para mantener relaciones de igualdad con el Sur Global. 

El enfoque ecológico: el gran punto ciego 

Desde su firma en 2019, el acuerdo ha tenido que ser revisado y ampliado a causa de las críticas procedentes de países europeos que demandaban más atención a la cuestión ecológica y climática. Por ejemplo, se ha añadido una mención explícita al cumplimiento de los Acuerdos de París de 2015. Sin embargo, en el texto final estas nuevas disposiciones son débiles, carecen de mecanismos de control y sanción efectivos y no alteran la lógica de fondo que colisiona con los principios de la sostenibilidad. 

La mayoría de los modelos predicen unos incrementos moderados de las emisiones de dióxido de carbono, fundamentalmente debido a las ganancias de eficiencia que se esperan por la especialización. Sin embargo, los modelos no incorporan las emisiones provocadas por el transporte, que en este caso es un coste muy importante. Además, la especialización agraria de Mercosur supondría previsiblemente una expansión de la frontera agrícola, con riesgos evidentes de deforestación (algunos estudios hablan de un rango de 50.000 - 170.000 hectáreas). Estos cambios en el uso de la tierra no sólo implican pérdida de biodiversidad y otros impactos ecológicos, sino que afectan a la emisión de gases de efecto invernadero. La UE lleva años intentando asegurar que sus importaciones no procedan de zonas deforestadas, pero el acuerdo con Mercosur no puede garantizarlo de forma creíble. 

A esto se suma una cuestión cada vez más relevante: la seguridad alimentaria. En un contexto de crisis climática, energética y geopolítica, reforzar la dependencia de importaciones agrarias lejanas resulta, como mínimo, discutible. Desde una perspectiva ecosocial, externalizar la producción de alimentos básicos hacia cadenas globales intensivas en combustibles fósiles y vulnerables a tensiones políticas es una estrategia arriesgada. 

Conclusiones

La Unión Europea tiene que encontrar su lugar en el mundo, pero difícilmente lo hará firmando acuerdos diseñados para una realidad que ya no existe. Antes de negociar con el Sur Global, necesita resolver sus propias fragilidades: cohesión interna, finanzas comunes (comenzando con eurobonos) y una política industrial que planifique la transición ecológica en serio. Solo entonces podrá construir relaciones comerciales que no reproduzcan las asimetrías del pasado, ni hacia dentro ni hacia fuera.

Conviene empezar despejando una confusión habitual. En Paraguay, la “sopa paraguaya” no siempre es una sopa. De hecho, el plato que muchos conocen con ese nombre es un pastel salado de maíz. Pero cuando el foco está en cuchara, caldo y memoria, el protagonismo es para el vori vori, una receta que representa como pocas la gastronomía paraguaya y que ha logrado reconocimiento internacional al alzarse con el premio a mejor plato del mundo en la Feria Internacional de Turismo Gastronómico.

El sopa vori vori —porque así se le llama también— es un plato humilde, reconfortante y profundamente identitario. No hay trampas ni artificios: caldo, bolitas de maíz y queso, y una forma de entender la cocina como abrigo.

Qué es el vori vori y por qué es tan importante

El sopa vori vori es una sopa espesa elaborada a base de un caldo de carne —normalmente de pollo o vacuno— en el que flotan pequeñas bolas hechas con harina de maíz y queso paraguayo. “Vori” significa bola en guaraní, y la repetición del término no es un error, sino una forma de enfatizar: bolitas, muchas bolitas.

Más allá de la receta, el plato tradicional paraguayo tiene un valor simbólico enorme. Es comida de hogar, de infancia, de días frescos y reuniones familiares. No se sirve para impresionar, sino para cuidar. Y quizá por eso, cuando ha salido al mundo, ha sorprendido tanto.

Hablar del vori vori es hablar de mestizaje culinario, de la unión entre la herencia indígena —el maíz, el guaraní— y la influencia europea —el queso, el caldo largo— que define buena parte de la gastronomía paraguaya.

Un reconocimiento que mira a la tradición

Que una receta así haya sido premiada en la Feria Internacional de Turismo Gastronómico no es casual. En un contexto dominado por técnicas complejas y platos de autor, el vori vori destaca precisamente por lo contrario: su sencillez bien entendida. Es un plato tradicional paraguayo que no ha cambiado para adaptarse al jurado; ha sido el jurado el que ha tenido que mirarlo con otros ojos.

Ese reconocimiento internacional ha servido, además, para visibilizar una cocina poco presente en los grandes circuitos gastronómicos, pero rica en identidad y coherencia.

Cómo se hace la receta del vori vori paso a paso

La receta vori vori no es complicada, pero exige respeto por el producto y los tiempos. Primero, se prepara un caldo potente, a fuego lento, con carne, verduras básicas y sal. Ese caldo es la base de todo.

Mientras tanto, se elaboran las bolitas: harina de maíz, queso paraguayo rallado y un poco del propio caldo caliente para ligar la masa. Se amasa hasta obtener una textura firme pero tierna, se forman pequeñas bolas —ni demasiado grandes ni demasiado compactas— y se reservan.

Cuando el caldo está listo, se incorporan las bolas con cuidado y se deja cocinar hasta que estén hechas por dentro y hayan soltado parte de su almidón, espesan ligeramente el conjunto y aportan cuerpo. Ahí está la clave de la receta vori vori: no es solo una sopa con acompañamiento, es una sopa que se construye desde dentro.

El resultado es el sopa vori vori tal y como se entiende en Paraguay: caliente, denso, reconfortante y profundamente sabroso.

Un plato que explica un país

El vori vori no necesita reinterpretaciones para seguir vivo. Se cocina hoy igual que hace décadas porque sigue cumpliendo su función: alimentar y reunir. En ese sentido, es el ejemplo perfecto de plato tradicional paraguayo, uno que habla de territorio, lengua y memoria colectiva.

Que haya sido reconocido en la Feria Internacional de Turismo Gastronómico no lo convierte en algo nuevo, pero sí en algo visible. Y eso importa. Porque a veces, para entender una cultura, basta con sentarse a la mesa, coger una cuchara y dejar que el caldo haga el resto.

En Paraguay, el vori vori no es una moda ni una sorpresa. Es casa. Y ahora, también, mundo.

Hola, soy Roberto Sánchez (Peramento), y esta es la crónica del viaje que hice del 24 de septiembre al 1 de octubre de 2025 para asistir al tercer encuentro anual de la Liga Brasileña de Palindromistas.

Agarré el avión desde Madrid a São Paulo a las 23:55 del martes 23 de septiembre y, después de otro brinco, llegué a Foz do Iguaçu a eso de las nueve de la mañana (hora local). Subí a un autobús (subí no onibús) al centro y me planté en el hotel enseguida. Después de la ducha, salí a patear la ciudad, muy distinta a las europeas: cuadrada, de calles anchas, sin un centro histórico claro (acaba de cumplir 111 años), mucho arbolado, muchísimas farmacias (con viagra tirada de precio), muchas churrasquerías. Todo muy económico. No gasté más de 300 euros en siete noches de hotel; comer hasta reventar (hay numerosos bufés y restaurantes árabes) sale por no más de cinco euros, y un paquete de tabaco (sí, fumo algo cuando estoy de vacaciones) no valía más de dos eurillos. Esa misma tarde llegué paseando hasta una curiosa catedral dedicada a la Virgen de Guadalupe que tiene tres puertas, una hacia cada país de esa trifrontera: Paraguay, Brasil y Argentina. Un poco hortera.

La primera noche, la del miércoles, Fábio Aristimunho me invitó a cenar en casa de sus suegros, que estaba como a media hora a pie desde mi hotel. Les llamó mucho la atención que apareciera caminando, la costumbre local es tirar de taxi o Úber para cualquier cosa que no sea a la vuelta de la esquina. A la cena vino también Marcelo, palindromista y profesor de filosofía, su señora Katia y Leo Cunha, periodista y escritor, autor de una maravilla gráfica muy chula para niños llamada 'Osso nosso', con dibujos y palíndromos de perretes. 

En la casa de los suegros de Fábio había varias imágenes de Jesucristo y la señora bendijo la mesa y todo. Yo, como buen cobarde, agaché la cabeza fingiendo rezar. 

Casi se desmayan al terminar la cena cuando les comuniqué que me volvía caminando al hotel. No tuve en ningún momento sensación de inseguridad en esa ciudad.

Al día siguiente, jueves, salí a correr, me puse hasta las orejas en el bufé del desayuno y cogí un ónibus hasta Puerto Iguazú para ver las cataratas desde el lado argentino. El parque natural es precioso, es muy paseable y hay monicos, pájaros de todos los colores y unos animalicos muy gorrones y muy jetas, algo así como mapaches con sabrosura, llamados coatís. Las cataratas te dejan sin palabras por su dimensión y su ruido. Algo muy difícil de retratar o describir. La tarde la pasé en Puerto Iguazú porque habíamos quedado para cenar por allí los de la noche anterior y más gente recién llegada. Me encontré un supermercado llamado Capicúa, por cierto. Los recién llegados eran Gilberto y Ulisses de Curitiba (capital del mismo estado de Paraná en el que está Foz do Iguaçu), Fernando Cogan y su novia (de Porto Alegre) y Edson K, de São Paulo (¡había venido en ónibus desde allí, más de un día de viaje!). Edson y Gilberto son de ascendencia japonesa, pero muy distintos, y Ulisses es un señor ingeniero ingenioso y aposentado (así le llaman a la jubilación). Los de Curitiba me llevaron de vuelta en coche hasta el hotel y me hizo mucha gracia que el conductor, Gilberto, fuera tan patoso al volante, siendo como es policía de tráfico. Gente muy simpática y muy agradable.

Viernes. Salí a correr siguiendo el curso del río y llegué hasta la frontera paraguaya. Después de desayunar, me topé con Pablo Javier Alsina y señora —de Natal, en la otra punta de Brasil— en el hall de mi mismo hotel (efusivos abrazos). Aproveché la mañana para ir caminando a ver cómo era Ciudad del Este, en Paraguay. Muchísimos brasileños y argentinos haciendo compras, sobre todo de tecnología y productos importados. Trajín, ambiente de mercado en Hong Kong. Compré una botella de vino para llevar a la cena que tendríamos esa noche otra vez en casa de los suegros de Fábio. Pagarla fue toda una odisea de papeleos para que eximieran los impuestos. A la tarde, fui a visitar la trifrontera y me subí a una noria desde la que se ven los tres países. Había más trabajadores que turistas en la atracción. Por la noche, otra vez donde los suegros de Fábio, nuevas apariciones: Silvio Lourenço, el editor del club, y su esposa Carolina, corredora de maratones; André Araujo, logista y palindromista, persona adorable que me tiene en un altar, con su madre y su novia, y la muy dicharachera Jessie Vidal (Cassie J. en redes). Me hizo mucha ilusión desvirtualizarlos, especialmente a Jessie y a André. Les entregué los libros sobre Markos Gimeno ('101 Letrakartel', 'Pamiela') que me habían encargado. Entendieron el concepto del libro en cuanto abrieron y creo sinceramente que les gustó. Les solté algunas de mis pegatinas con bifrontes euskera/inglés para hacerme el guay.

Sábado, día del encuentro, que se celebró en el aula 313 de Uniguaçu, la universidad local (mi habitación de hotel, curiosamente, también era la 313). Compartí Úber con Pablo Alsina y señora (me vi medio obligado a bajarme y usar el Úber por primera vez en mi vida para devolverles el favor a la vuelta). La cosa empezaba alrededor de las ocho y media (dice el tópico que los horarios en esa parte del mundo son orientativos, y así es). Muy protocolario todo, entrega de acreditaciones, un stand de venta de libros, revistas y merchandising (camisetas y tazas), atendido en todo momento por uno u otro miembro de la Liga, y otro stand con material de exposición (libros antiguos, fanzines y revistas de palíndromos, material sobre Foz do Iguaçu...). En este último colocaron cosas de Markos y un ejemplar de 'Abere ba', de Bigara (Pamiela), que les había llevado para su archivo.

El comienzo de la jornada también fue protocolario: presentaciones del presidente de la Liga (Fábio) y de la rectora de la universidad. Inmediatamente después, se procedió a hacer una conexión con el encuentro del Club Palindromista Internacional que se estaba celebrando en Olot. Fue extraño y emotivo a partes iguales, y se apreciaba muy bien que el CPI está de capa caída y la Liga Ágil brasileña en plena eclosión. Después de la conexión, apareció Rommel Girão, otro al que tenía ganas de conocer en persona. Grande, de cara cuadrada, pero guapo. El más serio de todos, aunque de vez en cuando soltaba alguna sonrisa ladera. También conocí entonces a Ana Lia, de la que pienso que es la mejor poeta del grupo. Llevaba una kufiya sobre los hombros; le agradecí que fuera la única que hizo presente en el aula el elefante del genocidio regalándole una chapa con la bandera de Palestina que llevó puesta cada vez que la vi desde ese momento hasta nuestra despedida el lunes. Bueno, ahora que lo pienso, el día anterior Jessie también había aparecido a la cena con una camiseta del CF Palestino de Chile (a ella también le regalé unas pegatinas antisionistas que me agradeció muchísimo). 

Tras cerrar la conexión con Europa, se proyectaron vídeos enviados por los palindromistas ausentes (¡muchos!); me hizo ilusión que O Palindromista, Ricardo Cambraia, me saludara desde el suyo, y me gustó que uno de los que salió en pantalla relacionara los palíndromos con la insubordinación al orden establecido. Lo siguiente fueron dos mesas redondas muy sesudas y —para mi gusto— demasiado largas sobre los tópicos de la palindromía: si existe la autoría y si son arte, artesanato o juego. 

Entre esto y la entrega de premios, un hombre con acento extranjero en portugués (era irlandés) nos presentó, junto a la directora del mismo, el Parque das Aves de Foz y nos anunció que al día siguiente, domingo, ninguno de los presentes pagaríamos entrada. Sonoros vítores. Esto del parque tenía relación con los galardones: los premios eran pájaros mutum (típicos de la zona) impresos en 3D, con una plaquita especificando la categoría. Había múltiples categorías, pero no se hizo tedioso porque Ulisses y su bigotón tenían mucha gracia. A mí me dieron el premio al mejor palíndromo reivindicativo (Aparta,/sorete nuclear,/Sion asnil,/insano Israel,/cunetero sátrapa). Al terminar la ceremonia, Fábio, el presidente, me hizo entrega del diploma de miembro honorario de la Liga.

Antes de bajar a comer, aproveché para comprar todos los libros que había a la venta. Me llamó la atención lo bien editadas que estaban las revistas anuales ('Artsinistra') y los libros publicados por la Liga bajo el sello Palíndromo Popular Brasileño; ya van cinco, de André, Rommel, Edson, Ana Lia y Fábio Cajueiro (que debe ser todo un adonis, pero no pudo ir al encuentro). Todos —menos Fábio Cajueiro, claro— me dedicaron sus obras. Me abrumó ver mi entrevista a cinco páginas en el primer número de 'Artsinistra', quizá la vez que mayor importancia se me haya dado jamás.

Durante la comida —típica de comedor universitario— me senté junto a Silvio Lourenço y señora. Silvio —el editor de la Liga— estaba interesado en traducir y publicar en la revista de la Liga fragmentos de '101 Letrakartel' de Markos Gimeno. Le dije que si su familia y Sarri daban su permiso, yo mismo le ayudaría.

La tarde comenzó con unos minutos musicales. Me tragué mi vergüenza para cantar a coro con Jessie (a la que le encanta) aquel palíndromo que musiqué un día. Pablo Alsina cantó los suyos con más arte que yo, y me permití canturrear una cosilla sobre Palestina que nada tiene que ver con los palíndromos (no me lo afearon). 

La cosa continuó con un desafío palindrómico en directo, que tomó la forma de fase final de Mundial de fútbol, con los palíndromos enfrentándose entre sí para pasar a siguientes fases mediante un sistema de votación con una aplicación muy chula. Estuvo bien (ganó el presi), pero fue demasiado largo, restó tiempo a las presentaciones de libros, que era lo que quedaba. Para esa presentación nos sentaron en la palestra a Rommel, a Edson K. y a mí para hablar de lo nuestro. Ellos lo hicieron con sus respectivos libros en las manos y leyendo alguno de los palíndromos... y yo, que tenía una presentación-explicación-espectáculo de aproximadamente tres cuartos de hora del proyecto de cómic 'Palindrotiras' (Autsaider Cómics), tuve que morderme las ganas porque me cortaron irremediablemente a la media hora: no había más tiempo de ninguna de las maneras, y el personal ya estaba cansado. Pude explicar lo importante que es el dibujante José Pablo García, cómo nos conocimos él, Raúl Ortiz y yo, cómo comenzamos a colaborar y las distintas fases metamórficas del proceso. El PDF del borrador del cómic en sí apenas lo pude enseñar.

Hicieron una rapidísima asamblea anual (están maravillosamente de acuerdo en todo), y a las siete y media de la tarde cada mochuelo se fue yendo a su olivo antes de la quedada para socializar delante de unas cervezas. Estábamos todos tan cansados que en cuanto uno dijo en el chat que se rajaba por cansancio, hubo una reacción en cadena de más gente cansada que hizo que se cancelara la cita.

Al día siguiente, el plan era turístico: visita al Parque de las Aves y a las cataratas por el lado Brasileño. El parque estaba muy bien organizado y, si bien tenía mis reparos ante lo que más o menos era un zoo, he de reconocer que era espacioso y los hábitats no daban sensación de enjaulamiento. Conocimos al mutum en persona, nos hicimos varias fotos de grupo y vimos avecillas, pajarracos y mariposas de colores y tamaños de película. Durante el recorrido aprendí bastante sobre fútbol brasileño y se comentó la posibilidad de refundar/fundar una especie de Internacional Palindromista aprovechando la potente inercia brasileña.

Comimos en un bar cercano al parque (un pescado más bien malo en mi caso) y se despidieron los de Curitiba (Ulisses y Gilberto) y Fernando Cogan y su pareja, antes de que el resto fueramos a la entrada del complejo de las cataratas, que está al ladito del Parque das Aves. 

El lado argentino de las cataratas te “mete” en ellas y el brasileño te enseña una vista panorámica, aunque es menos salvaje. Merecen la pena ambos, acabas aturdido por tanta agua y semejantes dimensiones. Al terminar el recorrido, nos hicimos una foto colectiva con la estatua de Santos Dumont, pionero de la aviación y héroe nacional. Se despidieron todos, menos Silvio y su señora Carolina y Ana Lia y su hija Taís, que se quedaban dos días más por la zona. De Pablo Alsina y su mujer me despedí en el taxi de vuelta a nuestro hotel; su avión de vuelta salía el lunes de madrugada. Antes de meterme en el hotel, fui a cenar unas empanadas y a tomar dos cervezas (¡de litro!) a un restaurante cercano llamado Vitoria (me hice una foto con el cartel, por supuesto).

El día siguiente, lunes, me monté en un mototaxi para ir a una especie de parque temático muy comercial y de mal gusto en el que había varias zonas: un museo de cera —bizarro—, una exposición de motos — casi todo Harleys y réplicas sin carteles explicativos—, un “ecoparque” —cabras, vacas y cosas de esas—, un dinoparque —patético—... y lo mejor de todo: un bar metido en un congelador, que era una especie de reto: tenías media hora de barra libre (mojito, mangaroca, caipirinha y amarula) en vaso de hielo si aguantabas el frío; era exactamente lo que se siente al potear por Gasteiz en enero. Me hice amigo de una pareja de moteros y nos agarramos una tremenda merluza congelada en media hora delante de los ojos de pasmo del camarero, que iba abrigado como para subir al Himalaya. A la salida, después de exaltar mi amistad con los moteros, me volví paseando al hotel (casi dos horas de camino) para bajar la castaña.

Ese día lunes a la noche quedé a cenar con Silvio, Carolina y Ana Lia en un restaurante árabe (hay muchísimos en Foz, hay abundante población de origen libanés y sirio). Los tres —como todos los palindromistas brasileños— son antibolsonaristas, pero me enteré durante la sobremesa de que Silvio es cura presbiteriano. Dios está muy vivo en Brasil, por lo que parece. Me contó que ha tenido problemas con correligionarios por ser de izquierdas. Es muy buen tipo.

El martes 30 de septiembre fue mi último día en Foz. Había quedado el día anterior con Antonio, mi mototaxista de cabecera, para que me llevara a la presa binacional de Itaipú para hacer la visita larga. Es una obra de ingeniería que te deja tan boquiabierto como las cataratas: tiene veinte turbinas gigantescas y un tamaño de punta a punta que solo se aprecia desde bien lejos, y es un territorio que no pertenece ni a Paraguay ni a Brasil y tiene una legislación y una policía propias. El personal es escrupulosamente al cincuenta por ciento de cada nacionalidad, y los carteles están en portugués y castellano en la mitad más próxima a Brasil y en castellano y portugués en la otra. Esto y las cataratas son los imprescindibles de Foz do Iguaçu, a mi entender.

La última noche, la del martes, la reservé para invitar a cenar a Fábio Aristimunho y a su familia (eligieron también un restaurante árabe, con el miedo que le tengo yo al sésamo). Ana Júlia, la hija adolescente de Fábio, es una chavala muy inquieta intelectualmente y nos retamos a haber aprendido español y portugués respectivamente para cuando nos volvamos a ver en Río de Janeiro (el lugar del encuentro de 2026). Aproveché para que Fábio me firmara dos ejemplares de su libro 'Arara Rara', para mí y para Joseba Sarrionaindia. Firmó para él también un librillo con traducciones que había hecho en su día de poesías vascas de antes de la Guerra Civil. 

Fabio me ha incluido en el grupo oficial de WhatsApp de la Liga Ágil. En su descripción pone “GRUPO DE PALINDROMISTAS ANTIFASCISTAS”. Mola.

El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha instaurada en 1999 en recuerdo de la llamada 'Ley Palacios', la primera norma en el mundo contra la prostitución infantil, aprobada en Argentina en 1913. La efeméride busca visibilizar una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y menos denunciadas, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en todo el mundo.

También a finales de los años 90, un grupo de entidades en Cáceres, incluyendo a Adhex, comenzó a investigar el fenómeno de la prostitución de mujeres extranjeras en nuestra región. Este esfuerzo inicial culminó en 2002 con el informe 'Esclavas en Extremadura', un hito que marcó el inicio de su incidencia política. Con recursos limitados, pero con una inquebrantable voluntad, empezaron a dar respuesta a las primeras víctimas.

El año 2007 fue un punto de inflexión. La campaña SERVA PEREGRINA, financiada por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), acercó el debate a la sociedad extremeña de una forma audaz y directa. Con cuñas de radio, vídeos, cartelería y un mensaje de texto que interpelaba a la ciudadanía, la campaña generó una conciencia colectiva. Ese mismo año, el informe 'Mujeres sin rostro' profundizó en el problema con entrevistas a las propias víctimas, dando voz a quienes no la tenían nunca.

Consolidación y Atención Integral (2009-2016)

Entre 2009 y 2016, Adhex se centró en la atención integral a las víctimas. El Proyecto ASTERIA (luego ASTERIAenRED), en colaboración con el IMEX y el Ministerio de Sanidad, ofreció un apoyo crucial a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Durante este periodo, la incidencia política rindió frutos. Se aprobó el primer plan del gobierno central con propuestas de Adhex y se sentaron las bases para la Mesa contra la Trata y el protocolo extremeño, que finalmente se materializó en 2015. La asociación se mantuvo activa con campañas de sensibilización y la atención directa a quienes más lo necesitaban.

Formación y Campañas Focalizadas (2017-2024)

En este periodo, Adhex intensificó su labor formativa y de sensibilización. En 2017, publicó el Cuaderno 3 de la Guía orientativa para profesionales, una herramienta vital que capacitó a profesionales sanitarios. A partir de 2018, la organización se volcó en la población más joven con talleres y la guía Yo digo no. Guía joven contra la trata.

El Proyecto Zenobia (2019-2024) destacó por su curso online, que ha formado a más de 1.000 profesionales sobre el marco jurídico y los protocolos de trata, así como la relación entre la pornografía online, la prostitución y la trata. El proyecto también ha impulsado seminarios con expertas y campañas innovadoras como 'La buena vecindad', la única en España centrada en la trata en viviendas residenciales.

Proyectos Recientes y Cooperación Internacional (2020-2025)

El periodo más reciente ha estado marcado por la actualización del 'Protocolo extremeño contra la trata de seres humanos' en marzo de 2025, en la que Adhex jugó un papel imprescindible. También se han implementado proyectos clave como Aspasia y Shamsia, centrados en la prevención en centros educativos del ámbito rural, y el programa AIRIS, que ofrece acompañamiento social y jurídico a las víctimas.

Un hito emocionante en esta extensa trayectoria de lucha contra la trata, ha sido el proyecto de cooperación internacional Élida, desarrollado desde hace tres años en Paraguay. Para Adhex, llevar su experiencia a un país de origen y tránsito de víctimas de trata ha supuesto un paso enorme del que sentir gran satisfacción aun sabiendo que no es suficiente y es necesario seguir trabajando con más recursos.

Proyecto Élida: un puente de esperanza en Paraguay

El 'Diagnóstico de 2023' sobre la trata en el departamento de Caaguazú reveló una realidad alarmante, y Adhex, con el apoyo de la Diputación de Cáceres y la socia local paraguaya 'Luna Nueva', decidió actuar. Con una metodología integral y territorial, el proyecto se centró en dos líneas de acción complementarias: el fortalecimiento institucional y la articulación comunitaria.

Uno de los logros más significativos fue la reactivación de la Comisión Interinstitucional Departamental de Prevención y Combate a la Trata de Personas, que había dejado de operar. A través de capacitaciones técnicas, Adhex no solo transfirió conocimientos sobre la realidad de la trata, sino que también compartió la experiencia de las víctimas paraguayas en España, estableciendo un lazo de entendimiento y solidaridad y demostrando la dureza de las experiencias personales de las mujeres que viajan desde el país latino hasta Europa siendo víctimas de trata. El proyecto también ayudó a diseñar el Plan Departamental de Trata de Personas 2024-2028 y a crear las primeras comisiones municipales, hoy referentes nacionales.

Pero la lucha no se libró solo desde las instituciones. La otra gran apuesta fue construir redes de prevención junto a mujeres lideresas y organizaciones sociales locales. Desde un enfoque de participación y horizontalidad, se crearon rutas de actuación impresas que sirven como guía práctica. Gracias a este trabajo, se ha establecido una sólida red de mediación comunitaria, que ya ha comenzado a detectar y canalizar casos reales.

El proyecto Élida ha alcanzado a alrededor de 300 mujeres y adolescentes, pero su verdadero impacto va mucho más allá de las cifras. Ha convertido la lucha contra la trata en una tarea colectiva, uniendo a Estado, sociedad civil y comunidades. El éxito de este proyecto no solo se refleja en la mejora de las políticas públicas locales, sino en la creación de un espacio donde la dignidad y la justicia se construyen de la mano, forjando un futuro más esperanzador para las mujeres y niñas de Caaguazú.

Un futuro que se escribe con dignidad

La lucha contra la trata no se detiene. Con la evolución del Proyecto Zenobia, que abordará nuevas formas de explotación como la laboral, la reproductiva o los matrimonios forzosos, Adhex demuestra que está preparada para responder a los desafíos que emergen en un mundo cambiante y desafiante siempre para las mujeres.

En España, las cifras siguen alertando: solo en 2023 las fuerzas de seguridad rescataron a 1.466 víctimas de trata y explotación, un 24 % más que el año anterior. De ellas, casi 300 eran mujeres sometidas a redes de explotación sexual y más de 190 personas fueron forzadas a trabajos en condiciones de esclavitud. Organismos internacionales como el Consejo de Europa advierten, además, de la necesidad de reforzar las investigaciones en el ámbito laboral y garantizar compensaciones efectivas a las víctimas.

Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Extremadura hoy es una voz fuerte que atraviesa fronteras y que ha hecho de la defensa de las mujeres y niñas un compromiso irrenunciable. Adhex ha demostrado que la perseverancia y la empatía pueden transformar realidades.

Su labor no es solo un testimonio de resistencia, sino una promesa: la de que ninguna mujer ni niña será invisible, la de que cada historia silenciada encontrará eco, y la de que la justicia y la libertad siempre tendrán quien las defienda.

La presidenta de Adhex, Flor Fondón, afirma con contundencia: 'Las falsas ofertas de trabajo son uno de los principales motores de la trata, por lo que la prevención y la sensibilización resultan fundamentales. Insistimos, además, en que la prostitución no es un trabajo bajo ningún concepto, sino una forma de explotación que genera una vulnerabilidad extrema, razón por la cual defendemos su abolición“.

Adhex no es simplemente una organización. Es un faro. Y su luz ya ilumina algunos caminos que hasta hace muy poco tiempo, parecían intransitables.

El pasado 29 de septiembre se conmemoró el aniversario del fin de la Guerra del Chaco. Este conflicto enfrentó a Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal, una vasta región semidesértica, con temperaturas que llegan a los 40 grados en invierno y a 50 en verano. Fue una batalla “feroz” cuya estela aún permanece bajo tierra en forma de munición, armas y artillería.

Así lo han certificado Andrés San José Gutiérrez y Jorge Gutiérrez Pociña, de la Universidad de Alcalá (UAH), que lideran al equipo español que ha iniciado una campaña de excavaciones en el Fortín Boquerón, en Paraguay, con la participación de la Secretaría Nacional de Cultura de este país.

El Fortín Boquerón fue uno de los puntos estratégicos durante la Guerra del Chaco. Cuentan los arqueólogos que el paisaje inhóspito y el calor extremo se convirtieron en un “verdadero calvario” para los soldados, que lo bautizaron como “el infierno verde”.

Mientras la sed y la escasez de agua “exacerbaban la lucha diaria por sobrevivir”, la vegetación espinosa, las tormentas de polvo y la amenaza constante de enfermedades tropicales hicieron de este entorno un escenario “por el control del último espacio no explorado en América del Sur”.

De las municiones a los restos de una máscara de gas

Allí han encontrado municiones de la batalla que fueron vendidas a ambos bandos, provenientes de excedentes de la Primera Guerra Mundial y de la producción durante el preludio del conflicto. Incluso han descubierto balas de origen rumano y algunas fabricadas en el siglo XIX, que permanecieron almacenadas en Europa durante décadas antes de ser vendidas en los años previos a la guerra y utilizadas en el Fortín.

Por todo ello, han podido documentar que la batalla fue “feroz”, evidenciado por la constante presencia de restos de municiones en todas las áreas excavadas, tanto en las trincheras como en el patio de armas, e incluso en las zonas de vivienda (principalmente chozas), que “teóricamente deberían haber estado más protegidas del combate”.

El equipo de arqueólogos también ha observado que durante el sitio del Fortín por parte de las tropas paraguayas hubo bombardeos masivos con artillería y morteros, cuyos restos se encuentran dispersos por todas las áreas.

Uno de los hallazgos más interesantes, por su letalidad, ha sido la munición de mortero, así como restos de una máscara de gas. “Aunque las fuentes escritas confirman que nunca se utilizaron ataques químicos en la Guerra del Chaco, ambos bandos compraron o fabricaron máscaras debido al miedo a que se emplearan este tipo de armas”, detallan.

La denominada ‘Batalla de Boquerón’, librada en septiembre de 1932, se convirtió en una de las confrontaciones más significativas de la guerra. Durante más de tres semanas, las tropas paraguayas sitiaron el fortín, que estaba bajo control boliviano, hasta lograr su capitulación. “Esta victoria marcó un punto de inflexión en el conflicto, consolidando la resistencia paraguaya en una guerra que se prolongaría por otros tres años”.

Ahora, el proyecto arqueológico tiene como objetivo explorar en profundidad las áreas clave del Fortín, incluyendo las trincheras, los nidos de ametralladoras y los barracones donde los soldados vivían y combatían.

A través de una combinación de excavación tradicional y tecnología avanzada, como el uso de drones para realizar estudios aéreos, los investigadores esperan mapear y documentar el sitio de la primera gran batalla de la Guerra del Chaco. Esta labor permitirá a los historiadores y al público en general obtener una visión más detallada de las condiciones de vida y combate en el conflicto más sangriento del siglo XX en América Latina.

A nivel local, confían en que genere un impacto positivo en el turismo cultural de la región, la más aislada y poco poblada del Paraguay, y la economía local, a través de la preservación de su propia historia.

Esta batalla guarda ciertos vínculos con la Guerra Civil Española. Parte del armamento utilizado llegó desde Latinoamérica, y en el caso concreto del procedente de la Guerra del Chaco, ayudó a reforzar a ambos bandos en la primera etapa del conflicto español, cuando había escasez de equipo militar.

El armamento que llegó hasta la Guerra Civil Española

Andrés San José Gutiérrez cuenta, además, en relación a esta campaña de excavaciones, que Bolivia fue el país latinoamericano que más armamento tenía para exportar, ya que durante la Guerra del Chaco había invertido en adquirir armas modernas de Alemania, la antiguaChecoslovaquia, Bélgica y Estados Unidos, entre otros.

Paraguay por su parte, tras haber ganado la guerra, también tenía excedentes de armas y municiones. Sin embargo, sus recursos no eran tan grandes como los de Bolivia. aunque capturó mucho armamento abandonado por el ejército boliviano. Paraguay vendió grandes cantidades de municiones sobrantes de fusiles y artillería. Aunque en menor medida que Bolivia, Paraguay también exportó parte de su inventario de artillería ligera y fusiles de infantería.

El tráfico de armas desde Latinoamérica a España se realizó a través de intermediarios, generalmente empresas de armas europeas que actuaban como facilitadores. “Aunque las transacciones no siempre se realizaban de manera oficial, varios envíos lograron llegar a ambos bandos, si bien el ejército nacionalista, liderado por Franco, recibió la mayor parte del armamento latinoamericano gracias a su red de contactos con proveedores de armas internacionales”, precisa el arqueólogo.

“Este tráfico de armas es un ejemplo de cómo los conflictos regionales pueden tener consecuencias globales, ya que el armamento sobrante en un conflicto latinoamericano terminó alimentando un conflicto mucho más grande y devastador en Europa”.

Finalmente, otro paralelismo que establece con la Guerra Civil Española es la comprobación de que los objetos encontrados, aparte del material bélico, son escasos. “Esto recuerda al último periodo de la Guerra Civil, cuando el ejército republicano estaba quedándose sin recursos, y los hallazgos en sus trincheras son cada vez más limitados conforme nos acercamos al final del conflicto”.

El candidato a presidente de Paraguay por el gobernante Partido Colorado (derecha), Santiago Peña, logró este domingo una amplia victoria sobre el opositor Efraín Alegre, con 42,7% de los votos frente a 27,5%, con 99,9% de las mesas informadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El triunfo de este economista de 44 años ratifica la hegemonía del coloradismo en un contexto acuciante, producto de la agria disputa interna en la formación que gobernó Paraguay en las últimas siete décadas, con una única interrupción, entre 2008 y 2012.

Peña logró superar con creces la amenaza de derrota frente al postulante de centroizquierda Alegre, miembro del histórico Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cabeza de la amplia alianza Concertación Nacional. Otro dato saliente de la jornada fue el 22,9% de Paraguayo Cubas, candidato de Cruzada Nacional, un emergente de la derecha radical libertaria propenso al escándalo público, con marcada presencia en redes sociales.

El resultado pareció premiar la marcha macroeconómica de Paraguay, uno de los países latinoamericanos con crecimiento del PIB más sostenido en lo que va del siglo, basado sobre la exportación de soja en un marco de orden fiscal, bajo endeudamiento e inflación controlada. En el lado del debe, que hacía pensar en una elección más cerrada que la que finalmente de dio, Paraguay no logra superar carencias sociales históricas, que incluyen abismos entre clases, un mercado laboral con alta informalidad y precariedad en la cobertura de derechos, como salud y educación. Entre 2003 y 2019, el país sudamericano creció 4,4% en promedio y los pronósticos alumbran que este año volvería a esa senda tras un lustro signado por la sequía y la pandemia. Varios de los indicadores sociales más sensibles empeoraron en los últimos tiempos.

El voto de ayer marca también el declive probablemente definitivo del ciclo político del expresidente y exobispo Fernando Lugo, el único mandatario de izquierda en la historia democrática de Paraguay (2008-2012, derrocado por decisión parlamentaria). El Frente Guasú (Grande) de Lugo sólo habría consagrado un senador de los ocho que ponía en juego, y entre los no electos se encontraría el propio exsacerdote. Lugo, quien se recupera de un severo accidente cerebrovascular, se mostró cercano a la alianza de Alegre en algún momento de la campaña, pero finalmente evitó formalizar el aval.

Peña y su vice, Pedro Alliana, asumirán el próximo 15 de agosto por un período de cinco años y contarán, según el cómputo provisorio, con mayoría en ambas cámaras. Unos 4,8 millones de los 7,4 millones de paraguayos estaban habilitados para votar los cargos de presidente y vice, 45 senadores, 80 diputados y 17 gobernaciones. De ellas, los colorados ganaron 15. El porcentaje de participación fue de 63,2%, superior al de 2018.

El papel de Cartes

La victoria del postulante de la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del Partido Colorado) ratifica el papel decisivo en la política paraguaya de Horacio Cartes, expresidente 2013-2018, padrino político del futuro presidente. Peña y el Partido Colorado lidiaron durante la campaña con la sombra de la acusación del Departamento de Estado sobre Cartes como un político involucrado en casos de “corrupción significativa”, hecha pública en julio pasado. Años antes, Estados Unidos había puesto en la mira al político y empresario por sus supuestos nexos con el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos, según revelaron los cables de WikiLeaks.

Cartes, un millonario hombre de negocios con activos en la industria del tabaco, las bebidas, los frigoríficos y la soja, recuperó el control del partido gobernante en diciembre pasado al ganar con su facción, Honor Colorado, la misma elección primaria en que Peña obtuvo la candidatura presidencial. Esa instancia significó una derrota para el actual presidente, Mario Abdo, jefe de la línea interna Fuerza Republicana.

La amonestación de la Casa Blanca a Cartes llevó al Partido Colorado a jugar la carta contra “la agenda globalista” de la administración demócrata de Joseph Biden. La pulseada encerró peculiaridades, porque el opositor Efraín Alegre a todas luces no era el favorito de Washington. Un triunfo del postulante del PLRA habría significado un acercamiento a China, ya que Paraguay es la única nación sudamericana que reconoce a Taiwán y no tiene relaciones con Pekín, en una tradición con auspicio inequívoco de Estados Unidos. Las terminales de la Casa Blanca conectan con el sector de Abdo, quien, en el plano formal, apoyó a Peña.

Críticas al legado de Abdo

Aunque en las filas de Peña y en los medios afines —entre ellos diarios, portales, radios y canales de TV pertenecientes a Cartes— anoche hubo palabras airadas contra el presidente Abdo, el candidato ganador llamó a la unidad. “Ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias, para priorizar las causas comunes que nos unen como nación”, afirmó Peña al dirigirse a sus partidarios en Asunción. “Desde mañana empezaremos a diseñar el Paraguay que todos queremos, sin groseras desigualdades ni injustas asimetrías sociales”, agregó.

“Vamos a desterrar el fatalismo”, aventuró Peña. El mensaje pareció incluir una mala evaluación de Abdo en el Palacio gubernamental, al convocar a revertir “los últimos años de estancamiento económico, de déficit fiscal, con un preocupante índice de desocupados y el aumento de la pobreza extrema”.

En cambio, fue elocuente al agradecer a su mentor. “Gracias mi querido Partido Colorado, vamos a honrarte hasta el último segundo de nuestra gestión. Muchas gracias, mi querido presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Manuel Cartes Jara”. La afinidad con el expresidente no es sólo política. El mandatario electo integra el directorio del Banco Basa, cuya principal accionista es Sarah Cartes, hermana de Horacio.

Abdo, hijo de quien fue secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, no acudió al comando electoral en el que festejaron los cartesianos. Se limitó a reconocer el triunfo por Twitter con un lacónico mensaje.

El futuro presidente está casado con Leticia Ocampo y tiene dos hijos de 26 y 17 años. Es economista y desarrolló parte de su carrera profesional en el Banco Central de Paraguay. Estudió un posgrado en la universidad neoyorquina de Columbia y pasó a trabajar en la oficina de África del Fondo Monetario Internacional. Regresó a su país y fue designado en 2013 ministro de Economía por Cartes, con quien forjó una sólida alianza. Peña había intentado pelear la presidencia en 2017, pero perdió las primarias ante Abdo.

La desconfianza de Estados Unidos y la división del Partido Colorado representarán un desafío mayúsculo para el presidente electo. La batalla con el sector de Abdo fue apenas aparcada en el tramo final de la campaña. De todas maneras, en la historia de la formación fundada en 1887, que gobernó con la feroz dictadura de Stroessner (1954-1989) y con los gobiernos democráticos posteriores excepto en el interregno de Lugo, la rivalidad entre facciones no es un hecho novedoso, y con ella ha sabido convivir.

El plano regional

De Peña se espera distancia de los gobiernos de centroizquierda de América Latina como los de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina; Gabriel Boric, de Chile; Gustavo Pedro, de Colombia, y Luis Arce, de Bolivia. Tanto con Cartes como con Abdo, Paraguay adoptó la retórica más dura contra la Venezuela de Nicolás Maduro.

En cambio, Cartes tiene un vínculo personal, político y, probablemente, comercial con el expresidente argentino Mauricio Macri, que podría facilitar la relación de Peña con la Argentina si la alianza conservadora Juntos por el Cambio gana las elecciones en Argentina este año.

El PLRA, la formación que resistió a la dictadura de Stroessner y tiene una identidad que varía entre centroderecha y centroizquierda, afrontará ahora su propia crisis, tras un resultado inferior al esperado y uno de los peores desde 1989. No obstante, Alegre no se amilanó ante la adversidad de las urnas. “No vamos a renunciar, no somos de los que nos rendimos. La lucha continúa”, declaró anoche desde su residencia en la localidad de Lambaré, vecina a Asunción.

La jornada electoral transcurrió con relativa normalidad. Se registraron incidentes aislados en el momento de constitución de las mesas electorales, agresiones entre grupos políticos rivales y acciones proselitistas no autorizadas por la ley. Ninguna trifulca pasó a mayores.

Orden económico, crecimiento sostenido del PIB, profundas carencias sociales y una agria disputa interna en el gobernante Partido Colorado enmarcan las elecciones presidenciales de Paraguay de este domingo, en las que 4,8 millones de ciudadanos están habilitados para votar.

La disputa principal será entre dos candidatos, Santiago Peña, de la Asociación Nacional Republicana (ANR, nombre oficial del Partido Colorado, derecha), y Efraín Alegre, de la Concertación Nacional (una variopinta alianza que incluye a fuerzas de centroizquierda), que representan perfiles políticos y económicos muy diferenciados. Mientras algunas encuestas apuntan a un empate, otras atribuyen una ventaja considerable para Peña, aunque los errores pasados de los sondeos invitan a la cautela, lo que contribuye a una alta incertidumbre sobre el resultado.

Ambas candidaturas encierran particularidades. Peña pertenece al círculo más próximo al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), enemistado con el actual mandatario, Mario Abdo, quien a su vez venció al actual postulante en las primarias del Partido Colorado para las elecciones de 2018.

Peña, de 45 años, es un economista de corte ortodoxo. Pasó por el Banco Central de Paraguay, estudió en Estados Unidos y recaló como funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) para países africanos. Tras regresar a su país, se convirtió en ministro de Hacienda durante la presidencia de Cartes, en 2013. No tiene ADN colorado. De hecho, estuvo años afiliado al opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), según explicó, por herencia familiar.

Un documento filtrado por WikiLeaks mostró que, en 2010, el Departamento de Estado de EEUU consideraba que Cartes incurría en lavado de dinero del narcotráfico y el comercio ilegal de cigarrillos. En julio pasado, la acusación trascendió la mera filtración y Washington señaló oficialmente al expresidente por su participación en “corrupción significativa”, le congeló los bienes y le prohibió el ingreso al país.

El señalamiento de un país determinante en la vida política paraguaya significó un cimbronazo para el coloradismo, sobre el que Cartes sigue manteniendo alta influencia al mando de su fracción Honor Colorado. Tanta que Peña, su hombre, ganó las elecciones primarias de la ANR, en diciembre pasado, frente a la línea Fuerza Republicana, que conduce Abdo. El enfrentamiento entre las diferentes facciones de los colorados no ha excluido atribuciones de graves delitos, pero ello no es óbice para que, en el plano formal, Abdo apoye a Peña en estas elecciones.

El lastre de “corrupción significativa” había sido adosado antes al actual vicepresidente, Hugo Velázquez, quien era considerado el candidato para este turno, pero archivó su pretensión una vez que el Departamento de Estado emitió la amonestación. Los dictámenes lapidarios llegados desde Washington no solo formatearon las candidaturas del Partido Colorado sino que también dificultaron una de las principales tareas de Cartes: financiar la campaña.

La herencia de Lugo

Alegre, 60 años, abogado, se presenta como quien podría retomar el rumbo trazado por el exobispo y expresidente Fernando Lugo (2008-2012), cuya victoria hace 14 años marcó el fin a las primeras seis décadas de los colorados en el Palacio presidencial, 35 de los cuales habían sido bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Pero las cosas no están tan claras. Alegre fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones con Lugo, pertenece desde que era joven al tradicional PLRA, formación que, aliada al Partido Colorado, derrocó al exobispo de San Pedro por vía parlamentaria, mediante la utilización de una acusación amañada por una matanza en un enfrentamiento de policías con campesinos.

“Alegre y Lugo no son tan iguales, aunque el expresidente dejó claro su apoyo recientemente en un acto junto a (el expresidente uruguayo) Pepe Mujica. Lugo sigue siendo un elector importante y, detrás de él, un sector relevante de la izquierda se inscribe en la Concertación Nacional”, dice desde Asunción Idilio Méndez, analista y autor de Los herederos de Stroessner. “La fractura interna del Partido Colorado entre vertientes herederas del strossnerismo y la unidad opositora son las claves que permiten pensar en un escenario parecido al de 2008, cuando Lugo fue electo”, explica a elDiario.es.

Magdalena López, investigadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, delimita la dificultad en la que se encuentra el candidato del partido gubernamental: “Como Cartes ha quedado asociado al dinero espurio del narcotráfico, Peña necesita compensar la declaración de Estados Unidos, un país de enorme influencia en la política paraguaya, con el apoyo de todo el partido. Por eso exagera su coloradismo, pese a que estuvo muchos años afiliado al PLRA, para convencer a las otras facciones que no están con Cartes”.

El político del PLRA se enfrenta a su tercera candidatura presidencial tras haber sido superado por Cartes, en 2013, y por Abdo, en 2018. En esa ocasión, Alegre cosechó 42,7% de los votos frente a 46,4% del candidato colorado, una diferencia mucho más estrecha que la prevista, antecedente que lleva a la analista a ser escéptica con los sondeos que hoy señalan una ventaja nítida para Peña.

Crecimiento sin progreso

Las estadísticas ilustran el contraste de Paraguay. Con un crecimiento promedio anual de 4,4% entre 2003 y 2019, ritmo que retoma este año tras el período de pandemia y sequía, suele ser señalado como ejemplo sudamericano por la ortodoxia económica, en contraste con vecinos como Brasil y Argentina, que enfrentaron ciclos recientes de turbulencia. La inflación permanece bajo control y el Estado paraguayo tiene un bajo endeudamiento. Sin embargo, el índice de desarrollo humano de 2021 ubica a Paraguay en el puesto 105 entre 191 países medidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluso con un retroceso con respecto al año anterior. Este país de 7,4 millones de habitantes sigue siendo uno de los más pobres de América Latina.

“Lo que está en juego el domingo es una especie de perfil del Estado. Si prevalece una voluntad de privilegiar una macroeconomía muy estable, con un Estado con mínima intervención, que lleva a la absurda definición de la Singapur de América Latina, o si se va a un modelo más parecido al de Lugo de 2008, con más intervención en la distribución de recursos, que tienda a la protección social y mayor cobertura de salud, educativa y de adultos mayores, a riesgo de que se afecte la estabilidad macro”, dice López.

La investigadora explica las causas que bloquean el desarrollo social pese al sostenido crecimiento de Paraguay. “En un país con siete de cada 10 trabajadores en la informalidad e impuestos que se evaden en igual medida, no se produce ningún derrame más allá del sector directamente vinculado a la exportación del agro”.

La estadística oficial indica que la pobreza se ubicó en 24,7% en 2022, levemente inferior a la de 2013. El número es relativamente bajo para los propios términos históricos de Paraguay, aunque en parte obedece a un cambio metodológico en la forma de medición, dice Idilio Méndez. A su vez, no es un porcentaje comparable con la región, dado que cada país latinoamericano establece un umbral diferente para definir el ingreso de un hogar pobre.

Del régimen impositivo a las relaciones con Taiwán

Un desafío para el candidato opositor sería modificar el régimen impositivo, basado en el consumo —el IVA representa 50% de los ingresos del Estado—, con muy baja incidencia de gravámenes al patrimonio o la renta.

¿Afrontará Alegre la amenaza de la destitución si emprende reformas redistributivas, como le ocurrió a Lugo y a otros mandatarios latinoamericanos? “Alegre tiene una ventaja: es liberal. Él estuvo a favor de destituir a Lugo en 2012, cuando asumió el vicepresidente Federico Franco. Ahora difícilmente el PLRA va a tratar de destituirse a sí mismo”, desliza López.

El PLRA es un partido nacido en el siglo XIX que encabezó diversos gobiernos y protagonizó la vida pública hasta 1940. Las dictaduras de Higinio Morínigo y Stroessner detuvieron, secuestraron y enviaron al exilio a decenas de miles de dirigentes, militantes y afines de la formación liberal. Con el derrocamiento de Stroessner, en 1989, el PLRA volvió a la escena oficial y alberga una identidad política que varía entre la centroderecha y la centroizquierda. 

Un capítulo colateral de las elecciones es cómo quedará la relación con China, principal destino de exportaciones de varios países latinoamericanos. Paraguay es el único en Sudamérica que reconoce a Taiwán, para disgusto de Pekín. Alegre ya avisó de que, como mínimo, aspira a rediscutir los términos de esa relación. En su lógica, si Paraguay, un eminente exportador de soja, maíz y carne, paga el costo de no tener relaciones con China, debe ser compensado por Taiwán, isla que hace apenas un mes perdió la adhesión de Honduras, otro de los países que había establecido ese reconocimiento, en un revés para Washington.

Una eventual ruptura con Taiwán y recomposición de relaciones con China sería, para Idilio Méndez, “el final del tutelaje de Estados Unidos en los asuntos internos y de la política exterior de Paraguay”, pero no será un paso sencillo. El analista dice que Lugo no pudo resistir la presión de Washington y mantuvo el estatus heredado.

La Casa Blanca tiene asuntos de interés en Paraguay. Por un lado, el territorio paraguayo y, sobre todo, sus ríos cumplen un papel crucial en el tráfico de cocaína proveniente de Perú, Colombia y Bolivia. A su vez, la mirada de Departamento de Estado y de la CIA posan hace décadas en la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, donde Estados Unidos cree que operan terroristas yihadistas, algo nunca probado, pero que da lugar a la presencia de agentes de Inteligencia y ejercicios militares con anuencia de Asunción.

Aunque la Casa Blanca aplicó un veto a la línea de Cartes en el Partido Colorado, su vínculo con el sector de Abdo se ha mantenido muy engrasado. La asociación comercial con China que podría habilitar Alegre no estará exenta de consecuencias en otros asuntos geopolíticos.

Otras candidaturas

Más allá de los dos principales contendientes, está Fernando Lugo, quien a sus 71 años se repone de un severo accidente cerebrovascular. No obstante, participa en las elecciones como candidato al Senado por la alianza de izquierda Frente Guasu, con la que ganó en 2013 un escaño en la Cámara Alta.

Dentro de la vertiente de derecha dura que se presenta como antisistema, heredera del trazo de Jair Bolsonaro en Brasil, Paraguayo Cubas, del Partido Cruzada Nacional, se hace fuerte en redes sociales con propuestas como la pena de muerte. También se postulan Euclides Acevedo Candia, excanciller del Gobierno de Abdo, por Nueva República, y el exportero de la selección paraguaya de fútbol José Luis Chilavert, por el Partido de la Juventud, también de derecha.

Además de presidente y vicepresidente, se elige la totalidad de la Cámara de Diputados (80 asientos), el Senado (45) y 17 gobernadores.

Una playa de arena blanca y aguas turquesas en la Isla de Barú, en el Caribe colombiano, se convirtió el 10 de mayo en un trágico escenario. Ni la presencia de turistas ni el momento del día –eran las 10.30 de la mañana– impidieron que dos hombres armados asesinaran a tiros al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien se encontraba junto a su esposa, la periodista Claudia Aguilera, disfrutando de su luna de miel.

Pecci, de 45 años, era el fiscal especializado en la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo en Paraguay, y uno de los fiscales más respetados en el país. 

La semana pasada el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, aseguró que cuentan con “más de 120 evidencias y elementos materiales probatorios” que les ayudarán no solo a dar con los autores materiales del crimen, sino también con quienes dieron la orden de asesinar a Pecci. El mismo día del asesinato, el Gobierno colombiano ofreció una recompensa de unos 475.000 euros a cambio de información que ayude a dar con el paradero de los dos sicarios.

Llamó especialmente la atención que el funcionario paraguayo viajara a Colombia sin escoltas, pero su mujer aseguró a la prensa que no había recibido ningún tipo de amenazas y que se sentía seguro. 

En Paraguay, a diferencia de otros países latinoamericanos, “el tema de la seguridad no se toma muy en serio y uno puede entrar en la oficina de un cargo importante sin mucho requerimiento”, según dice a elDiario.es el abogado Jorge Rolón Luna, exdirector del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.

A su juicio, el hecho de que el fiscal antimafia viajara a Colombia sin seguridad “es una falla tremenda de los servicios de Inteligencia paraguayos y del Ministerio Público por no tener un protocolo de seguridad básico”.

“La decisión del fiscal de ir a Colombia y la información que se dio del viaje facilitaron la labor de los sicarios, si bien es cierto que tampoco en Paraguay se toma en serio la seguridad de funcionarios de alto perfil y de trabajos de riesgo como Pecci”, dice Luna.

La investigación colombiana

La principal hipótesis que baraja la policía colombiana, que trabaja junto a autoridades de Paraguay y Estados Unidos, es que Pecci fue asesinado debido a su trabajo como fiscal, aunque todas las vías de investigación están abiertas. Entre otros casos complejos, el fiscal estuvo al frente de “A Ultranza PY”, considerado el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero en la historia de Paraguay.

La operación puso al descubierto una red criminal que desde el país transportaba cocaína en contenedores de productos agrícolas hacia diferentes puertos de Europa. Si bien las investigaciones comenzaron a finales de 2019, el despliegue más visible comenzó en febrero y desde entonces se han incautado bienes valorados en más de 95 millones de euros. También hay 24 personas imputadas y ocho detenidas por supuestos vínculos con el narcotráfico, entre las que se encuentran empresarios y políticos del gobernante Partido Colorado (conservador), como es el caso de Juan Carlos Ozorio, quien renunció como diputado.

El fiscal Pecci también había asumido la investigación del tiroteo ocurrido en enero en un festival de música en la ciudad de San Bernardino, donde varios hombres armados dispararon y causaron la muerte a dos personas –entre ellas la influencer Cristina “Vita” Aranda– e hirieron a otras cinco. En realidad, el ataque era un ajuste de cuentas entre dos bandas de narcotraficantes y el objetivo era acabar precisamente con uno de los heridos.  

Otras de las investigaciones en las que recientemente participó Pecci fue por el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, a quien mataron a tiros frente a su casa en septiembre del año pasado, así como el crimen de Haylee Acevedo, hija del gobernador del departamento fronterizo de Amambay, ocurrido en octubre en plena víspera de las elecciones municipales. 

Amedrentar a quienes investigan

Luna considera, sin embargo, que el crimen del fiscal antidrogas “es más una advertencia, una amenaza a futuro para quienes quieran investigar a fondo en estos temas, para decirles que ni siquiera van a poder viajar tranquilos”. El abogado y docente recuerda que, si bien ha habido asesinatos de policías, alcaldes y concejales en Paraguay, esta es la primera vez que matan a un fiscal en ejercicio de sus funciones. 

Por otro lado, indica Luna, el Ministerio Público es una institución “muy desacreditada en Paraguay, debido a temas de corrupción, complicidad con el poder y un doble estándar a la hora de actuar, pues a ciertos actores les caen con todo el peso de la ley y a otros no les ocurre nada”. El experto pone de ejemplo el operativo “A Ultranza PY”, donde “algunos actores importantes ni siquiera han sido imputados a pesar de que estaba claro que tenían nexos con estos negocios ilícitos”, como es el caso del diputado colorado Erico Galeano.

“Nadie cree en la independencia y autonomía de la fiscalía, que además está muy ligada al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), a su vez muy ligado a negocios turbios que van desde la evasión de divisas y lavado de dinero al narcotráfico”, añade.

Un país de paso para la cocaína

Los asesinatos por encargo no son algo nuevo en Paraguay, sobre todo en lugares de frontera, pero en los últimos años los casos han aumentado en todo el ámbito geográfico, explica el investigador, que ante la falta de estadísticas oficiales ha recopilado datos en base a fuentes periodísticas.

Según esas cifras, el departamento de Amambay (noreste) es el más violento del país, al acumular 29 ataques perpetrados por sicarios durante los primeros cuatro meses de este año, casi uno cada cuatro días. Le siguen los departamentos de Concepción (13 ataques), Central (9) y Canindeyú (8). Los datos evidencian que los ataques han aumentado respecto al mismo periodo del año anterior y que el fenómeno del sicariato se está extendiendo más allá de la frontera tradicional como Amambay.

“Existe una unión entre el importante aumento de la violencia de las organizaciones criminales, que se expresan especialmente en el sicariato, y la creciente importancia del tráfico de cocaína en el país como un eslabón dentro de la cadena internacional del narcotráfico”, dice Luna, y eso en Paraguay se evidencia en la gran cantidad de droga decomisada tanto en el propio territorio como en Europa. En febrero de 2021 se incautaron 23 toneladas de cocaína en Alemania y Bélgica procedentes de Paraguay, la mayor cantidad de esta droga encontrada en Europa hasta el momento y que ascendía a varios miles de millones de euros.  

El papel de Paraguay en ese mapa mundial del tráfico de drogas siempre ha estado vinculado a la marihuana –las primeras plantaciones aparecieron en los años 60– y de hecho es el mayor productor de cannabis de Sudamérica y en uno de los mayores distribuidores del mundo. Pero ese negocio tradicional “se ha transformado por la cocaína”, una droga que genera mayores ganancias que la marihuana y que ha cobrado una importante relevancia en los últimos años. 

“La ubicación geográfica de Paraguay influye mucho en este nuevo rol, ya que es la puerta de salida de la cocaína andina (de Perú, Bolivia y Colombia) hacia el mercado brasileño, el segundo consumidor mundial de esta sustancia”, explica Luna. Además, también se utilizan las rutas fluviales paraguayas para mover cocaína hacia el Atlántico, con destino a África Occidental y Europa. 

Todo ese negocio ha generado nuevos actores, por fuera de los tradicionales de la frontera con Brasil. “Hay nuevos actores en la región metropolitana y en los alrededores de Asunción –la capital paraguaya–, que involucran a organizaciones brasileñas y también a actores de mafias europeas con los que se acuerda la entrada de esas sustancias a Europa”, añade el abogado.

El Estado “es cómplice”

La proliferación del narcotráfico en Paraguay no habría sido posible “sin la complicidad del Estado y el empresariado privado”, sostiene el experto, pues a su juicio, los pilares de este negocio, como son el cultivo y la producción, el transporte de la mercadería, el narcomenudeo y el lavado de dinero, “solo funcionan a base de redes de macro criminalidad en las que participan actores estatales”.

Luna recuerda además que el narcotráfico comenzó en Paraguay durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner, quien gobernó el país entre 1954 y 1989 a base de una dura represión policial, escuadrones de la muerte y una ley marcial, lo que provocó una profunda desigualdad en el país que es palpable a día de hoy. Tanto generales como otros actores importantes del régimen, sostiene, iniciaron este negocio ilícito en el país y fueron por tanto “quienes empezaron a hacer que el narcotráfico sea lo que es hoy”. “Hoy en día sufrimos la metástasis de lo que se inició en la dictadura”, critica. 

En la actualidad, asegura Luna, “hay vastos sectores del partido de gobierno metidos en el negocio, sobre todo en zonas de frontera, o bien están metidos directamente o son financiados con el dinero del narco”, y de hecho en los últimos años se han producido varios asesinatos de alcaldes y concejales en esas zonas. “También hay políticos en ámbitos nacionales vinculados a estos negocios, al igual que actores de la oposición, pero en menor proporción”, apunta.

El ministro del Interior, Federico González, admitió recientemente ante la prensa local que Paraguay no cuenta con los recursos económicos suficientes para hacer frente al crimen organizado, aunque sí “voluntad y decisión firme”. Sin embargo, más que un problema de presupuestos, considera Luna, se trata de que la política paraguaya y las fuerzas de seguridad “están infectadas por el virus del narcotráfico” y el país debería “depurarlas”. 

Desde luego, al leer el informe 'NIÑAS NO MADRES' uno no puede dejar de preguntarse ¿Cómo es posible, Paraguay? ¿Cómo es posible que un país de la espalda a una problemática tan cruel para la infancia? A través de las campañas en las que trabaja Amnistía Internacional tenemos conocimiento de una muy interesante que nos ha llevado a solicitar el trabajo en alianza.

Cada 16 de agosto celebran el Día del niño y la niña en Paraguay en honor a los niños-as soldados masacrados-as en la batalla Acosta Ñu de la Triple Alianza hace 153 años, que es ya conocida como una de las más cruentas batallas militares de América latina. 

En palabras de una historiadora alemana que documento la tragedia, el único punto en común entre los observadores e historiadores de todos los bandos era “el valor y coraje de la lucha de los paraguayos, inclusive los niños soldados”, que hoy en día sirve para “fomentar por todos los medios la difusión e intensificación del sentimiento nacionalista por los grandes recuerdos del pasado”.

Pero Paraguay parece haber olvidado esta parte tan importante de su historia, o simplemente ha decidido mirar hacia otros paisajes, para no observar lo que sucede en la proximidad de algunos hogares, donde existen niñas provenientes de contextos de marginalidad que son particularmente vulnerables a sufrir abusos, así como también la especial vulnerabilidad de las niñas indígenas.

Pasamos de los niños héroes al criadazgo de hoy en día (se trata de niñas de entornos económicamente desfavorecidos, procedentes en su mayoría de zonas rurales que realizan trabajos domésticos en casas de familias con rentas más altas a cambio de comida y alojamiento, y una promesa de ir a la escuela que muchas veces no se cumple). En este contexto, lejos de su familia y su comunidad, las niñas pueden verse más expuestas a la violencia, la explotación y a la feminización de la pobreza.

La crisis es alarmante. Solo en 2019, el Ministerio Público recibió un promedio de 12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día. En 2020 el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia recibió 3.809 denuncias de malos tratos físicos y psicológicos y 1.032 de abusos sexuales, las expertas estiman que por cada dos casos que se hacen público, pueden existir al menos otros 10 que no se conocen.

De hecho, más de 1.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz en Paraguay entre 2019 y finales de 2020. Y el mismo año dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, unas cifras impactantes. Estas terminan viviendo en hogares infantiles y estos suelen estar gestionados por instituciones religiosas privadas que no son supervisadas de forma efectiva por el Estado, lo que pone a las niñas en grave peligro de sufrir violaciones adicionales de derechos humanos.

Frente a un caso de abuso, el Estado se enfoca en el embarazo y, solo en algunos casos, en la contención emocional de la víctima, en lugar de escuchar su opinión desde el inicio. Este abordaje refleja que tratan a las sobrevivientes casi exclusivamente como objetos de prueba para procedimientos legales. Lo que a su vez deja claro que los esfuerzos del Estado por abordar las arraigadas creencias culturales que justifican y/o facilitan el crimen de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes han resultado inadecuados.

Paraguay sigue teniendo algunas de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal. La interrupción del embarazo es un delito penado con privación de la libertad, con la excepción de los casos cuando la vida de la gestante corre peligro. Por lo que las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años representan una de cada diez muertes maternas, y el 13% son causadas por abortos inseguros. Tres de cada diez mujeres que mueren de preeclampsia (problema médico caracterizado por la hipertensión arterial durante el embarazo) son adolescentes.

Este informe revela que Paraguay no cuenta con un sistema adecuado para prevenir la violencia sexual y proteger a quienes sobreviven a ella. La Ley Núm. 6202 adoptada en 2018, que tiene por objeto la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, prometió rectificar algunos de estos arraigados problemas. Pero a tres años de su adopción, todavía espera ser puesta en práctica.

Al mismo tiempo, los currículos educativos todavía no cuentan con una Educación Integral de la Sexualidad (EIS), un elemento clave para brindar conocimientos y aptitudes de niños, niñas y adolescentes para reclamar sus derechos, detectar conductas inapropiadas y gozar de una protección frente a la violencia.

Teniendo en cuenta que en Paraguay, la gran mayoría de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene lugar en un contexto cercano y familiar, es esencial que esta educación se proporcione en entornos educativos. Generar concientización sobre la violencia sexual es una estrategia clave para prevenir abusos o al menos detectarlos a tiempo. 

Lo que incluye información científica basada en derechos sobre la sexualidad, las relaciones y la salud sexual y reproductiva de acuerdo con cada edad, es clave a la hora de mejorar la salud y el bienestar de las personas jóvenes y de prevenir la violencia sexual.  

Se necesita un futuro en el que el gobierno paraguayo priorice la Educación Integral de la Sexualidad como forma de prevención, de justicia reparatoria y transformadora a largo plazo. Un lugar donde todas las niñas puedan ser niñas y soñar con un proyecto de vida a futuro, sin opresores donde reinen la unión e igualdad para poder cumplirlos.

Todas las víctimas contaron una historia muy similar. Sus vidas precarias en su Paraguay natal cambiaron cuando recibieron una oferta de una compatriota que vivía en España: viajarían a Madrid para prostituirse y ganarían entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Pero ellas elegirían su jornada, sus clientes y controlarían sus ingresos. El relato también es unánime cuando llegaron a nuestro país: la mujer que les había prometido una vida mejor les quitó el pasaporte, las encerró en una casa y fueron obligadas a prostituirse y someterse a todo lo que quisieran los clientes. La Justicia madrileña acaba de confirmar la pena de 33 años y cuatro meses de cárcel para la cabecilla del grupo, que llegó a ordenar que quemaran la casa de sus padres en Paraguay cuando supo que se había escapado.

Tanto las cinco mujeres como la proxeneta eran de Paraguay, uno de los países que, según los datos del Ministerio del Interior, más víctimas de trata aportan a las estadísticas en nuestro país junto con Colombia y Rumanía. Eran mujeres, según la Justicia, “desarraigadas e indefensas” que aceptaban prostituirse en España para ayudar en sus familias y enviar dinero a su país de origen. Una vez en Madrid, descubrían la realidad que su proxeneta había ocultado: les retiró el pasaporte alegando una deuda inexistente de miles de euros, fueron encerradas en una casa y obligadas a prostituirse “de lunes a lunes 24 horas” según dijo una de ellas. Algunas explicaron cómo llegaban a estar con más de una decena de hombres cada día y cómo a sus bolsillos llegaba una cantidad mínima del dinero que ganaban. Todo se lo quedaba la cabecilla.

Si alguna mostraba su disconformidad con la situación, se quejaba o intentaba escaparse, era amenazada. La mujer conocía a sus familias y se preocupaba de que todas supieran de lo que era capaz. Una de las víctimas, según su testimonio, fue claramente amenazada nada más fugarse: su familia de Paraguay iba a sufrir las consecuencias. Efectivamente, según consta en una denuncia del sumario, poco después varios hombres asaltaron a su familia en su país de origen e intentaron prender fuego a su casa. Una de las víctimas fue testigo directo de la amenaza y eso servía, según la Justicia, para “tenerlas bajo su control”. Otra de las chicas llegó embarazada a España y abortó cuando recibió la presión de la proxeneta: “Si no abortas, tienes que volverte a Paraguay”.

Según declara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la mujer condenada había empezado a explotar sexualmente a sus compatriotas en 2014 y estas cinco mujeres llegaron a España entre 2016 y 2019. Primero eran trasladadas a la capital pero después eran explotadas sexualmente en Alicante, Burgos o Salamanca. La causa arrancó, de hecho, en la Brigada de Extranjería de Palencia de la Policía Nacional, los primeros en contactar con ellas.

El TSJ de la capital, según ha podido comprobar elDiario.es, acaba de confirmar la condena que la Audiencia Provincial impuso a esta mujer en primera instancia: un total de 33 años y cuatro meses de prisión por cinco delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro más contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Una condena todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, que también implica siete años de libertad vigilada e indemnizaciones de 30.000 euros para cada una de sus cinco víctimas. La Fiscalía llegó a pedir más de 45 años de prisión para ella.

Los magistrados avalan la declaración de las víctimas como testigos protegidos para cimentar la condena de la proxeneta. Unas declaraciones que la Audiencia de Madrid definió como “coherentes y sólidas” frente a la versión exculpatoria de la condenada, que intentó convencer a los jueces sin éxito de que ella era otra mujer prostituida y que el verdadero cabecilla de todo era un hombre que había sufrido un ictus recientemente. Tiene “singular peso”, según el TSJM, el “testimonio de las víctimas, en que narran su esclavitud sexual, corroborado por elementos de carácter objetivo” como por ejemplo la información bancaria de la acusada o la agresión a la familia de una de las víctimas en Paraguay.

Un taxista, un fotógrafo y más víctimas

Las dos sentencias de este caso, pendientes de ratificación por parte del Tribunal Supremo, dejan claro que la mujer condenada era la cabecilla pero no era la única que sabía lo que pasaba en esos pisos de la ciudad de Madrid. Su hermana, a quien todas las víctimas apuntan como la persona que organizaba y facilitaba sus viajes desde Paraguay a España, no se sentó en el banquillo, al estar residiendo en su país de origen en un lugar indeterminado. Tampoco fueron identificadas todas las víctimas ya que, tal y como dijo una de ellas, en el chalet de Madrid estaba la proxeneta y “unas doce chicas, todas de Paraguay aproximadamente”. Según relató uno de los policías, “se identifican a más víctimas y algunas no quisieron declarar por miedo a la tratante”.

Hubo más víctimas y hubo más personas que sabían lo que pasaba en esa casa. Todas las víctimas hablaron de varias personas más que participaban en el engranaje de la explotación sexual, la más destacada un cliente que llegó a estar imputado pero que compareció en el juicio como testigo después de que la causa se archivara contra él. Este hombre, según los testimonios de las víctimas, era quien más exigía a las chicas: que consumieran cocaína, que practicaran sexo cualquier hora “incluso enfermas” y que estuvieran “hasta 32 horas” con él. Según dijo una de ellas, este testigo “las maltrataba psicológicamente, las humillaba”. Incluso intentó que dos de las mujeres, hermanas, mantuvieran relaciones con él simultáneamente.

Un inspector de Policía Nacional explicó lo que le trasladaron las víctimas sobre este cliente que no llegó a ser juzgado: “Excepto una chica, todas le tenían un miedo atroz, las humillaba, las amenazaba con tirarlas contra la ventana (sic), que había encargado el asesinato del hermano de una de ellas, las obligaba a drogarse”, explicó en el juicio. El hombre, denominado “cliente VIP” por unas de ellas, compareció en el juicio, pero su testimonio después de evitar el banquillo no sirvió de gran cosa: “Parece más preocupado por excusar su comportamiento que por aclarar lo que sucedía”, dijo la Audiencia de Madrid.

El proceso también afloró la figura de un taxista que no era cliente de la red de explotación sexual pero que sí transportaba a las chicas desde el aeropuerto o incluso entre ciudades cuando la proxeneta ordenaba su desplazamiento. “Alguna vez llevé a las chicas a casas y las recogía del aeropuerto, nunca me dijeron que estaban obligadas, o secuestradas”, explicó en el juicio. Una de las vías que la proxeneta usaba para llegar a más clientes era colgar fotos de las chicas en una página web, y algunas de las fotos eran hechas por ella misma, pero otras eran realizadas por un “fotógrafo profesional”, según declararon varias de ellas. Ese “fotógrafo profesional” que sacaba fotos de las mujeres no ha sido identificado en el juicio.

Esta sentencia sigue la tendencia establecida por el Tribunal Supremo en esta resolución que reveló elDiario.es a principios del mes de enero: se debe condenar a una proxeneta por trata de seres humanos aunque las víctimas sepan que vienen a nuestro país a prostituirse, y además cada mujer explotada sexualmente debe suponer un delito, lo que aumenta considerablemente las condenas de cárcel. Los datos del Ministerio del Interior revelan que en 2020 fueron liberadas 269 víctimas de trata en España, y los datos del Registro Central de Penados revelan que en 2019 los tribunales condenaron a 105 personas por trata de seres humanos.

En noviembre de 2019, Tania Tamara Villalba viajó desde la provincia de Misiones —donde vive—, a Yby Yaú, Departamento de Concepción, en el norte de Paraguay. Fue, junto a cuatro primas y una tía, a conocer a sus familiares que integran la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pasaron allí el verano —“Estuvimos tiempo con nuestros familiares y nos dedicamos a leer, estudiar, compartir con ellos, cosíamos mucho”, dijo a este diario—, y cuando quisieron emprender el regreso la pandemia de coronavirus las obligó a quedarse.

El 2 de septiembre de 2020, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que integran la Policía y el Ejército de Paraguay atacó el campamento del EPP y mató a Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos de las primas de Tania, niñas argentinas de 11 años.

Tania pudo escapar junto a su tía Laura y sus primas Ana y Carmen Elizabeth, Lichita. Mientras Laura fue detenida y Lichita permanece desaparecida, Tania y Ana pasaron más de tres meses escondidas en la selva, huyendo de nuevos ataques de las fuerzas de seguridad. Sobrevivieron comiendo cocos, víboras y sapos.

A fines de diciembre pasado, Tania logró regresar a Argentina y declaró ante la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Su testimonio es clave en el caso que tensa la relación diplomática entre ambos países. Los reclamos del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Felipe Solá, no encontraron eco ni respuesta en las autoridades paraguayas. Dos días después de que trascendieran los asesinatos de las niñas y que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, calificase como “un éxito” el operativo, el canciller Solá “demandó” al Gobierno paraguayo el “esclarecimiento y la identificación de responsables” de las muertes.

El comunicado de la Cancillería argentina del pasado 4 de septiembre cuestionó también los dichos del General Héctor Grau, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quien había acusado a la Argentina de convertirse en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”.

La Cancillería rechazó esas “expresiones injustificadas” y recordó que “el Gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación”.

Desde su casa en Misiones, junto a su familia, e intentando “rehacer su vida”, Tania habló con elDiarioAR. 

¿En noviembre de 2019 viajaste al norte de Paraguay a ver a tus familiares del EPP?

Sí. Los padres de Lilian y María son mis tíos, son militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.

¿Cómo fue la estancia?

Nosotros pasamos tiempo con nuestros familiares y nos dedicamos a leer, estudiar, compartir con ellos, cosíamos mucho. Ese tiempo pasó muy rápido. Fue un momento muy emocionante para nosotros, muy feliz.

¿Por qué emocionante?

Nosotros siempre anhelábamos conocer a nuestros familiares, somos una familia que siempre solemos ayudarnos los unos a los otros.

Tania tenía 7 años cuando parte de su familia se fue de Paraguay, escapando de lo que denunciaron como una “persecución política” contra familiares del EPP. Los Villalba, en su mayoría mujeres, se instalaron en la ciudad de Puerto Rico, Misiones. Allí Tania cursó escuela la primaria y la secundaria. Ahora tiene 19 años y está retomando los estudios. “Acá estamos muy bien; alejadas de todo eso”, dice en relación a la lucha armada que desarrolla parte de su familia en el norte de Paraguay. 

Entonces, se quedaron en el campamento del EPP...

Sí, hasta el 2 de septiembre. Ese día, a la mañana, recuerdo que terminamos de desayunar todos, y empezamos a realizar las actividades. Yo me estaba yendo con mi prima Ana. Estábamos todos dispersos, en su mayoría mujeres y empiezan los disparos. En ningún momento hubo un alteamiento (voz de “alto”), nada, los disparos vienen de lejos. Cuando intento escapar alcanzo a ver cómo llevan a Lilita (Lilian Mariana) y escuchábamos que decían “regalo, regalo” y “barrera”.

¿Regalo?

Sí. Lilita se encontraba sola y alejada de nosotras. A ella la llevaron, vimos cómo se la llevaban y de María escuchamos los gritos de socorro —Tania, llora al recordar el momento—, no nos queremos imaginar todo lo que les pudieron llegar a hacer. Es evidente que las torturaron muy mal.

¿Ustedes escaparon entre los disparos?

Ese día nosotros caminamos y los helicópteros pasaban arriba nuestro.

¿Con quién escapaste?

Lichita se encontraba con mi tía Laura. Yo me fui con Anita y algunos militantes del EPP. De ahí pudimos salir. Unos días adelante nos volvimos a encontrar con mi tía Laura y vimos que Lichita estaba herida en la pierna izquierda, en la parte de la pantorrilla, tenía una herida muy grande, estaba totalmente pálida, muy amarillenta y tenía los ojos negrazos. Perdió mucha sangre. Nosotras nos enfocamos en el cuidado de Lichita, tratamos de buscar la manera de volver a casa, en todo momento. Lichita es muy fuerte, a pesar de la poca alimentación, la falta de agua, de medicamentos, ella se recompuso muy rápido con la ayuda de mi tía Laura. En todo momento estuvo cuidándola a ella.

¿Dónde dormían, cómo se alimentaban, les dieron refugio?

 Nosotros nos dormíamos en el suelo, porque en el campamento se quedaron nuestras hamacas. Esa es una zona donde trabajan marihuaneros y tienen sus ranchos, y de esos ranchos reciclábamos materiales para realizar algunas cosas para poder usar, como una carpita, una hamaca. La idea era salir del lugar.

Tania mezcla verbos en pasado y presente para contar lo que vivió. Hace largos silencios, espera previsibles avales silenciosos de la familia, y se quiebra cuando recuerda a sus primas.

¿Qué pasó el 20 de noviembre?

Ahí nuevamente fuimos atacados. Los tres militantes del EPP que nos estaban acompañando que murieron ese día. Anita, Lichita, mi tía Laura y yo, nos escondimos. Los disparos venían todos de arriba. Estábamos saliendo del monte, y ahí los disparos venían de los cerros, y nosotras estábamos en el campo pelado, sin posibilidad de nada. Con mis primas y mi tía nosotras rodamos y rodamos, y llegamos a un montecito finito, donde permanecimos ahí durante 15 días esperando a que algo pase, no sabíamos qué hacer, nada, esperamos simplemente, sin comida, y por dos días estuvimos sin hablar ni siquiera entre nosotras sin comunicarnos, sentadas en el agua. Era tremendo porque uno se imaginaba que detrás tuyo están los militares, se estaban acercando, escuchando qué movimientos hacíamos para ubicarnos, o inclusive olíamos el olor a cigarrillo, los gritos eran constantes, los disparos que hacían eran infernales. Los que más temíamos era volver a encontrarnos con ellos porque sabíamos que no íbamos a salir de esa. Que íbamos a correr la misma suerte de Lilian y María.

Salimos de ese montecito y entramos nuevamente al cerro Guazú y ahí es donde esa tarde con Anita decidimos que tenemos que ir a buscar agua y comida nosotras dos, porque Lichita ya estaba muy debilitada. Te cuento que nosotras nos parábamos y de repente se nos nublaba la vista, se nos volvía todo negro y nos caíamos, ya estábamos en una condiciones muy malas. Y Lichita, el esfuerzo que ella hacía era más que sobrehumano porque gateaba para avanzar más rápido, perdió sus muletas el 20 de noviembre para desplazarse más rápido, y ese día recibió un refilón (de un disparo) al lado de la cara.

Nosotras escuchamos ladridos de perros, cantos de gallinas y vamos detrás de los sonidos, y nos vamos alejando y alejando, hasta que ya perdimos la noción de dónde estábamos y dónde estaban ellas, y ya nunca más pudimos volver con ellas, a medida que tratábamos de acercarnos más nos alejábamos.

Todo eso sucedió después del ataque del 20 de noviembre...

Fue a principios de diciembre, no me acuerdo bien la fecha. Ahí con Anita padecimos muchas cosas, no teníamos cómo cubrirnos de la lluvia, pasábamos mucho frío, muchísima hambre, y también el problema del agua que en ese lugar no había. El único lugar que conocíamos que había agua era ese montecito finito, cerca de donde ocurrió el hecho y por eso nos daba miedo volver. Durante la noche se escuchaban los disparos constantes y los gritos de los militares; y si salíamos cerca de un alambrado que encontramos, había unas lucecitas blancas que cuando nos acercábamos se volvían rojas y empezaban los disparos. Con Anita comíamos coco, a veces tomamos nuestro orín, comimos víboras, sapos, cactus. Estuvimos 30 días así, comiendo eso.

Seguimos buscando a Lichita y a mi tía Laura, hasta que el 15 de diciembre a la tarde, ya desesperadas sin saber qué hacer, reconocemos una cuantas bolsitas y hojas tiradas, y una bolsita de agua también, y quedamos felices porque pensamos que ya las encontramos, que ellas estaban cerca y que iban a volver. Pero Anita empieza a leer las hojas y era el diario de Lichita y ahí nos percatamos que Lichita estuvo en ese lugar por tres días sola, y hacía doce días que se había retirado del lugar, que fue a buscar algo para comer. En todo momento se preocupaba mucho por su hermanita (Anita) y por mí, también estaba preocupada por mi tía Laura que fue a buscarnos a nosotras. En todo momento decía que si conseguía agua y resistía algún día la íbamos a encontrar.

No nos encontrábamos bien de salud y decidimos buscar la forma de seguir y volver a casa, porque ya no teníamos la menor idea dónde buscar a Lichita. Fue algo increíble que podamos volver, porque nunca pensamos que íbamos a poder salir de ahí. Volvimos a salir por el campo, nos mudamos a otro montecito que tenía un río al costado, y seguimos caminando junto a la corriente, porque decíamos que cerca del agua seguro iba a haber alguna persona, pescando, un puente, algo; en ese lugar tuvimos más suerte porque había frutitos para comer. Y después de andar cinco días por ese lugar llegamos a un casa, y nos dieron comida y nos pusieron ropa y nos ayudaron a salir del lugar, y llegamos a Argentina el 23 de diciembre.

¿Pudieron pasar por la frontera, tenían los documentos para pasar?

Eso no me gustaría responder. Cruzamos y llegamos a nuestra casa con la esperanza de que íbamos a encontrar acá a Lichita y a mi tía Laura, pero no estaban, y nos enteramos que mi prima estaba desaparecida y mi tía había sido detenida. Lo más triste para mí fue venir y ver el rostro de María y Lilita en flyer, en murales, en toda la campaña. Teníamos la idea de por lo menos poder ir a visitar el cementerio, por lo menos eso, saber que estaban descansando en paz.

El pasado 2 de marzo Ana cumplió 15 años. También los cumplió Lichita, su melliza, pero la familia no sabe dónde o si pudo recordarlo. “Es el primer cumpleaños que Anita pasa sin su hermana”, dice Tania acongojada.

¿El Estado paraguayo está buscando a Lichita?

Lo único que Paraguay hace es culpar a mi tía Laura, o a la mamá de María Carmen como traficante de niños, como que ella fue la que secuestró a María Carmen y Lilita. Como que ella fue la culpable de lo que hizo el Ejército militar paraguayo, que las torturaron a Lilita y María —vuelve a hacer silencio y llora— y después que las ejecutaron.

¿Cómo estás ahora, después de lo que viviste?

Estoy tratando de sobrellevarlo y estoy empezando con los estudios. Tengo una familia muy amorosa, y eso es muy reconfortante. Y también el apoyo inmenso que nos está dando la militancia, nos hace sentir bien.

 ¿Qué piensas de que parte de tu familia integre el Ejército del Pueblo Paraguayo?

Ellos luchan por los pobres. Nosotros venimos de una familia pobre y sabemos lo que es la injusticia social.

El Gobierno de Paraguay asegura que el EPP adoctrina menores y los incorpora a la lucha armada…

Ellos dicen que mi tía Laura es terrorista, dicen que Lichita es terrorista…— hace silencio.

¿Y vosotras qué decís?

Ay, por favor. Lo que yo sé es que a Lilita y María las torturaron vivas. Que Lichita tiene 14 años y se encuentra desaparecida. Laura tiene cuatro hijos acá en Argentina, estudió enfermería y estaba ejerciendo su profesión acá en Misiones... ¿cómo van a ser terroristas?

Amnistía Internacional ha denunciado en un nuevo informe que las autoridades de Venezuela, El Salvador y Paraguay han trasladado a miles de personas a centros de cuarentena gestionados por el Estado “inadecuados” y “sin garantías suficientes frente a violaciones de derechos humanos”. Esta política, señala la organización, afecta desproporcionadamente a comunidades de migrantes retornados y a personas de bajos ingresos. En el informe, titulado, 'Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas', la organización denuncia “condiciones insalubres y a veces inhumanas”.

“Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

Cuando la cuarentena se lleva a cabo en instalaciones estatales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estipula que las personas internadas deberán estar en “habitaciones individuales espaciosas y con ventilación suficiente y baños incorporados” que permitan la higiene de manos e inodoros, o al menos habitaciones bien ventiladas y con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad. Además, el alojamiento debería incluir comida, agua e instalaciones de higiene y tratamiento médico. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que en los tres países ha habido personas “en entornos antihigiénicos y no preparados” a veces “sin acceso a alimentos adecuados, agua apta para el consumo o electricidad”.

El ejemplo “más inquietante de campaña de estigma y discriminación” llega de Venezuela, según el informe. “Altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro han utilizado en reiteradas ocasiones un lenguaje estigmatizador hacia los venezolanos y venezolanas que han retornado al país”. Algunos de ellos, denuncia la organización, han llegado a calificar a las personas que han vuelto de Colombia de “armas biológicas” enviadas para infectar a la población venezolana.

A finales de agosto, 90.000 personas que no tuvieron otra opción más que regresar al país, han pasado por centros de cuarentena del Estado, según cifras oficiales del Gobierno recogidas por Amnistía Internacional. Para mediados de julio, se habían establecido aproximadamente 105 centros de cuarentena en los estados fronterizos. “Las condiciones en estos centros son tan inadecuadas que se podrían poder a las personas en riesgo de contagio en lugar de prevenirlo”, sostiene el informe.

“En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen”, dice Guevara Rosas.

A finales de agosto, el Gobierno salvadoreño tenía a más de 16.780 personas sometidas a cuarentena, entre ellas las acusadas de incumplir el confinamiento obligatorio nacional, las que volvían del extranjero y las sospechosas de haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19. Tras múltiples recursos judiciales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró que las autoridades carecían de fundamento jurídico para recluir a personas en estos centros como forma de castigo.

Entre marzo y mayo, se presentaron ante el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador 1.300 quejas relacionadas con las situaciones derivadas de la emergencia sanitaria. El ministro de Justicia y Seguridad Pública advirtió en abril que las personas que incumplieran el confinamiento nacional serían enviadas a un “centro de contención”. El ministro llegó a afirmar que allí estarían “lejos de sus familias y corriendo el riesgo en estos centros de cuarentena de contraer inclusive el virus”.

“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dice Ana Cristina a Amnistía Internacional tras describir los 40 días que había pasado durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue conducida allí a mediados de abril por unos agentes de policía que la acusaron de saltarse el confinamiento nacional cuando estaba comprando comida y medicamentos, actividad permitida y considerada esencial en el momento de su detención.

En Paraguay, por su parte, se establecieron 84 centros de cuarentena, la mayoría de ellos en almacenes y otros edificios públicos, como escuelas. “A finales de junio, las autoridades habían impuesto la cuarentena obligatoria a alrededor de 8.000 personas, en su mayoría paraguayos y paraguayas que trabajaban en el sector informal en la vecina Brasil que habían perdido su empleo tras la imposición de confinamientos por la COVID-19 y que habían regresado al país”, sostiene el informe.

Una de esas personas fue Daniel, ciudadano paraguayo de 21 años que trabajaba en São Paulo, Brasil, en una fábrica de costura y que perdió su empleo con la pandemia. A principios de abril, viajó hasta la frontera con Paraguay con su pareja y su hijo de año y medio. Tras pasar una cuarentena de 46 días –su familia, de 15–, pudo marcharse. Aunque cuenta que no está en contra de las cuarentenas obligatorias y que incluso iría a trabajar como voluntario a un centro en el futuro, cree que las condiciones de los centros y, sobre todo, la comunicación y el acceso a la información, deben mejorar. 

En este sentido, la entidad ha constatado que las personas trasladadas a estos centros no tenían suficiente acceso a información sobre el tiempo que iban a permanecer allí ni sobre los criterios científicos que se aplicarían en un momento dado para decidir su alta de la cuarentena o el aislamiento.

Para la elaboración del informe, de 46 páginas, Amnistía Internacional ha examinado y verificado decenas de vídeos disponibles en redes sociales o enviados directamente a la organización, en su mayoría grabados por personas recluidas en centros de confinamiento obligatorio, incluidos almacenes, polideportivos y otras instalaciones, y en los que describen sus condiciones de alojamiento. Además, ha realizado 14 entrevistas telefónicas y se ha puesto en contacto con las autoridades pertinentes de los tres países, sin obtener respuesta de Venezuela ni El Salvador.

Muy poco ha faltado para que el Parlamento paraguayo invocase el artículo 225 de la Constitución Federal, ese que describe los procedimientos de juicio político a los dirigentes del Estado. El delito: traición a la patria. Los acusados: el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez. Todo por un acta bilateral secreta entre Paraguay y Brasil relacionada con la contratación de potencia de la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú, de soberanía compartida.

Una comisión bicameral de investigación está interrogando a todos los implicados. Este martes 27 de agosto ha pasado por allí Hugo Saguier Caballero, hasta hace unos días embajador de Paraguay en Brasil, y una de las primeras bajas colaterales del tumulto, cuando lo secreto se hizo público. Saguier fue el que firmó el acta en representación de Paraguay. El acuerdo obligaba a Paraguay a comprar más potencia de la energía más cara y así generar un excedente de la más barata del que se podrían aprovechar las empresas brasileñas.

Antecedentes históricos de un tratado desigual 

Itaipú, en el río Paraná, frontera natural entre Brasil y Paraguay, supuso, en los años sesenta y setenta, la materialización de un proyecto mastodóntico nacido de la necesidad brasileña y de una invasión militar previa. Paraguay arrastraba todavía las heridas de las guerras del pasado, fatídicas para ellos, y el fantasma del dominio brasileño amenazaba con regresar y perpetuarse, sobre todo con el golpe de Estado de 1964 y el inicio del régimen militar. El general Stroessner ya gobernaba Paraguay.

La creciente demanda energética de Brasil requería medidas drásticas. Puerto Renato fue el origen de la actual contienda. Con el objetivo estratégico de controlar los denominados Saltos del Guairá, en el río Paraná, las Fuerzas Armadas brasileñas enviaron un destacamento a un territorio aún en disputa diplomática, no definido, o definido ambiguamente, por los tratados internacionales. Allí construiría Brasil la solución a su necesidad energética. La intervención de Estados Unidos, en cambio, propició el acuerdo de 1973 para que la hidroeléctrica, finalmente ubicada en la zona de Itaipú, en el mismo río Paraná, naciera como un proyecto compartido.

Las evidentes diferencias entre ambos países y la forma violenta de encajar la solución originaria generaron un documento desigual. Por decreto ambas naciones son dueñas del 50% de la potencia garantizada –energía más cara, pero cuya cantidad puede conocerse de antemano y es fija– y del 50% de la no garantizada –más barata porque depende de incrementos que provocan factores externos–. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de la energía (más del 90%) viaja rumbo a Brasil, debido a la mayor demanda. Paraguay –mediante la Administración Nacional de Electricidad paraguaya, ANDE– le vende su excedente a la estatal brasileña Electrobras, pero no a precio de mercado, sino a uno mucho menor, con las consiguientes pérdidas para Paraguay.

Por otra parte, Brasil señala que Paraguay, aprovechándose de la preferencia que le otorga un acta firmada en 2007, divide sus compras entre potencia garantizada y potencia no garantizada para ahorrarse gastos. Brasil, en el acta secreta que ha desatado la polémica, presiona para que Paraguay aumente los niveles de compra de potencia garantizada hasta 2022, fijando previamente los valores (y reduzca los de la potencia no garantizada). Esto supondría, según ANDE, un gasto extra a Paraguay de 250 millones de dólares cada año por aprovechar su propia energía.

Presión, irresponsabilidades, dimisiones

Ante una modificación tan sustancial del Tratado de Itaipú todo ha apuntado hacia el presidente paraguayo y su vicepresidente. Acorralados, Abdo Benítez y Velázquez han desviado las culpas hacia su ministro de Exteriores, Luis Castiglioni –que ya no está en el cargo–, y este a su vez hacia el mencionado exembajador de Paraguay en Brasil. Los dirigentes de la ANDE fueron testigos también de la presencia en las reuniones de un consultor independiente que decía representar al vicepresidente. Irresponsabilidades en cadena que desembocaron en dimisiones grupales de altos cargos.

Pedro Ferreira, que dimitió como presidente de ANDE, no se cansa de repetir que avisó al presidente Abdo Benítez, al vicepresidente, al canciller y al embajador de Paraguay en Brasil, de que el documento del acuerdo era nocivo para los intereses paraguayos y no se debería firmar. El aumento de costes y de tarifas para Paraguay y el encorsetamiento eran notorios. Recomendaba además añadir un punto en el que Paraguay pudiera vender libremente la potencia sobrante a precios de mercado. El punto jamás fue incluido en el acta. Los empresarios brasileños estaban esperando los resultados, ansiosos de hacerse con esta energía sobrante, que además es más barata, para comercializarla en Brasil.

El equipo diplomático brasileño en las negociaciones estuvo capitaneado por el canciller Ernesto Araújo y por el embajador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretario de negociaciones bilaterales y regionales en las Américas. Sus movimientos resultaron implacables. “Estaban presentes la delegación de Brasil y la delegación de Paraguay, y se me hace muy difícil entender que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo el respeto, eso no es un problema de Brasil”, se puede escuchar desde la parte brasileña en una de las últimas conversaciones filtradas, ante las excusas de los técnicos paraguayos, que decían no haber visto nunca antes el acta definitiva.

El acta bilateral, por petición expresa del Ejecutivo paraguayo a Jair Bolsonaro, quedó anulada. Un favor impagable. Pero la lista de favores pendientes de Abdo Benítez no termina ahí. Su futuro político ha pendido de un hilo durante semanas debido a la falta de apoyo de una de las vertientes del Partido Colorado, precisamente la que controla el expresidente Horacio Cartes, el 'Honor Colorado'. Los votos de esa mitad de su propia agrupación le hubieran empujado sin freno hacia el juicio político, para satisfacción de la oposición. En el último momento, sin embargo, Cartes le ha levantado la condena. Ahora nadie duda que esa inestimable ayuda le pasará factura a Abdo Benítez, quedando los tres años que restan de legislatura a expensas del exmandatario, que maneja el poder entre bambalinas.

Las calles tardarán algo más en perdonar a Abdo Benítez. La población no admite lo que considera toda una cesión de soberanía, una muestra de entreguismo y un oscuro negocio a espaldas de la nación.

Días atrás, cinco de los países del gran club de la (extrema) derecha de América Latina, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil enviaron un comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigida a su secretario general Paulo Abrao, para según ellos “proponerle respetuosamente” que este tribunal no interfiera más en los asuntos internos de los países firmantes cuando de violación de DDHH y reparación se trata.

Este club de los cinco mencionan que la CIDH al “momento de decretar medidas de reparación deben guardar una debida proporcionalidad y respetar los ordenamientos constitucionales y las exigencias propias del Estado de Derecho”. Es decir, que el sistema de protección a los Derechos Humanos no puede “sobrepasar” la autonomía de los Estados.

Son varias las sorpresas que resultan de esta solicitud:

1) Si existe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es precisamente porque estos países que se autodenominan como Estados de Derecho no parecen haber salvaguardado en todo momento los Derechos Humanos y libertades de sus ciudadanos como deberían. Este sistema es pues la última esperanza con la que cuentan los ciudadanos. Porque, aunque en muchas ocasiones, los Estados no llegan ni a cumplir con los fallos de la Corte, estas sentencias sí resultan un gran respaldo que empodera a las víctimas en su lucha por la justicia.

2) Los cinco países piden que no se intervenga en asuntos de reparación que tenga que ver con individuos, que ya de por si son vulnerables frente al poder del Estados, pero, sobre reparación a empresas, que en muchas ocasiones realizan reclamaciones poniendo en tela de juicio políticas públicas establecidas en beneficio de los ciudadanos y cuyas reparaciones son cuantiosas, no se hace mención alguna.

3) Estos mismos países que tienen la desfachatez de firmar esta carta critican hoy fuertemente a Venezuela por la violación de DDHH en la que está incurriendo el gobierno de Maduro (algo cierto) y dicen estar muy preocupados por el pueblo venezolano, pero al mismo tiempo desaprueban que un tribunal internacional, ratificado en su momento por ellos mismos y con esta función, les señale o exija reparar a sus propios ciudadanos, cuando son estos Estados los que atentan. Se creen con la autoridad moral para criticar la violación de DDHH del país vecino, pero rechazan que quien realmente tiene la potestad para hacerlo, los juzgue a ellos y montan un club para reducir la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano.

Se dice que cuando un caso llega a la CIDH es porque los recursos judiciales internos del país están agotados, pero, en muchos casos, la realidad es que estos recursos ni siquiera existen, o mejor, no se ponen a disposición de muchas personas a quienes se les niega hasta los más básicos derechos, incluido tener derecho a dichos recursos. Quitarles la esperanza que ofrece la CIDH, como última instancia, es dejar a los ciudadanos aún más desamparados y vulnerables de lo que ya están.

De manera socarrona y cínica, esta carta sigue la misma línea que regímenes como el de Fujimori (1999), o el de Chávez/Maduro (2012) en su postura frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando se sienten incomodados en lo que consideran su derecho natural para, violar, torturar, desparecer y ejecutar, sin rendir cuentas por ellos. Ahí entonces denuncia y deciden retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es imposible entender la osadía de este ramillete de países con su gran cúmulo de atentados a la libertad individual y los derechos humanos a cuestas.

Brasil, de Bolsonaro, con sus afirmaciones abiertamente a favor de la tortura; Argentina, de Macri, con su persecución política a través del poder judicial y multitudinarias manifestaciones sociales; Chile, de Piñeras y su manera de manejar los conflictos con los Mapuches que reivindican sus derechos a la tierra; Colombia, de Uribe/Duque, con la falta de control y esclarecimiento a los asesinatos masivos a líderes sociales y gestores de paz, así como su firme oposición a la Jurisdicción Especial para la paz; o Paraguay, que no hace nada para proteger a las comunidades indígenas Yakye axa, Sawhoyamaxa, de terceros que se apropian de sus tierras ancestrales para plantaciones de Soya, etc.

Que estos cinco pretendan que la Comisión y la Corte Interamericana deje de intervenir y más aún les dé palmaditas por sus grandes esfuerzos en la consolidación del Estado de derecho, reafirma simplemente sus políticas represoras y de impunidad.

Puedes ver aquí la carta.

Ruth González tenía 44 años y trabajaba como docente en una escuela en Ñemby, una localidad de la periferia de Asunción, la capital de Paraguay. Su expareja, de 50 años y también docente, la asesinó este miércoles con un arma blanca, y luego intentó quitarse la vida.

El asesinato de Ruth se produjo solo seis días después de que se encontrara el cuerpo de Carolina Salinas, una mujer de 30 años, en una carretera del Gran Asunción. Carolina pertenecía a una comunidad indígena maká, uno de los cerca de veinte pueblos originarios que viven en Paraguay. Estaba embarazada, fue abusada sexualmente, y murió de un golpe en la cabeza.

Antes de ellas, el pasado 2 de septiembre, Basilia Echeverría, de 51 años, fue apuñalada en la pierna por su pareja, y murió desangrada, también en el Gran Asunción.

Los tres casos han despertado indignación, pero son una constante en Paraguay, un país de apenas siete millones de habitantes que registra más de un feminicidio a la semana en lo que va de año. Hasta ahora se han producido ya 44 feminicidios en 2018, según el recuento del Centro de Documentación y Estudios (CDE), una organización de la sociedad civil. En 2017, fueron 53.

“Vivimos en una sociedad muy violenta, y los feminicidios son la condensación de esa violencia que en Paraguay es muy explícita, con un discurso que culpa a las mujeres”, dijo a eldiario.es Clemen Bareiro Gaona, activista de laArticulación 8M, que reúne a varias organizaciones por los derechos de las mujeres, y que se ha declarado “en movilización permanente” a raíz de los últimos casos de violencia machista.

Transfemicidios, odio e impunidad

En la misma semana, otro nombre se sumó a la lista de mujeres asesinadas: el deNaomi Gomes, una mujer trans de 29 años, que vivía cerca de la ciudad de Piribebuy (a unos 100 kilómetros de Asunción). Naomi trabajaba en una dependencia del Ministerio de Agricultura y vivía con sus familiares, que denunciaron su desaparición. Días más tarde, un hombre de 19 años confesó que la había matado a machetazos, y condujo a la policía al lugar donde estaba enterrada.

Como Naomi, otras 59 personas trans han sido asesinadas en Paraguay desde que terminó la dictadura de Alfredo Stroessner –la más larga de Sudamérica– en 1989. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por estos crímenes de odio. Pero, en los últimos casos de transfemicidios, se ha logrado detener a los presuntos autores.

Así sucedió en octubre de 2017, cuandoRomina Vargas, de 28 años, fue asesinada en San Lorenzo (Gran Asunción). Un hombre fue detenido con el cuchillo ensangrentado con el que la apuñaló, y ya en comisaría fue entrevistado por varias cadenas de televisión. Sonriente y orgulloso, confesó que había matado a Romina por “odio a las travestis”, y declaró que, si le fuera posible, “mataría a todas”. Hoy permanece en prisión preventiva, a la espera de que el caso sea elevado a juicio.

En el caso de Andrea González, una mujer trans de 20 años, también hubo detenciones. Andrea padecía una discapacidad auditiva y vivía en Ciudad del Este (frontera entre Brasil y Paraguay). En diciembre de 2016, fue acribillada a balazos por un hombre que fue identificado y detenido. La jueza encargada del caso, sin embargo, le otorgó medidas sustitutivas a la prisión, y el detenido quedó en libertad. Hoy está prófugo.

Andrea se dedicaba al trabajo sexual, que representa la principal actividad económica para el 86% de la población trans de Paraguay. La discriminación les impide el acceso a otras opciones laborales. Lo dice un estudio del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (Cedostalc). El documento, que se titula “Esperando la muerte”, fue presentado este jueves en Asunción, y ofrece una radiografía de la situación de la comunidad trans en Paraguay.

Advierte, por ejemplo, de que en los casos de vulneración de derechos, asesinatos o torturas contra personas trans “se observa un patrón de impunidad”.

“Las trans recibimos violencia, desde verbal hasta física, cuando salimos de nuestras casas, cuando vamos a buscar un trabajo, cuando queremos acceder a la educación o a cualquiera de nuestros derechos”, expresó a eldiario.es Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Redlactrans).

La activista habla de “un genocidio” contra la población trans en la región, que viene no solo marcado por los asesinatos y crímenes de odio, sino también por las precarias condiciones de vida y la falta de atención sanitaria que padece el colectivo. Y deja un dato demoledor: la esperanza de vida promedio de una persona trans en América Latina es de 35 años, la mitad que para una persona cisgénero.

Abusos sexuales: la “manada paraguaya”

Si las mujeres adultas son víctimas de feminicidios, las niñas y adolescentes en Paraguay están siendo objeto de abusos sexuales y violaciones en cifras alarmantes. Cada día, un promedio de seis niños, niñas y adolescentes sufren abusos sexuales en el país, según cifras oficiales. La mayor parte de los autores de estos abusos son personas del entorno familiar, como padres o padrastros. Sin embargo, uno de los últimos casos de abuso conocidos ha tenido como protagonistas a agentes del Estado.

Ocurrió en el cuartel de la Marina paraguaya en Asunción. Una adolescente de 13 años, fue engañada para que acudiera a las instalaciones militares. Una vez allí, fue alcoholizada y sometida sexualmente por al menos 25 militares, trece de los cuales ya se encuentran en prisión preventiva. La agresión fue registrada en vídeo y compartida en redes sociales.

El abogado defensor de uno de los militares detenidos, que ya son conocidos como “la manada paraguaya”, argumentó que la adolescente se hacía pasar por mayor de edad en sus perfiles de redes sociales, y se refirió a la agresión como un “juego sexual”.

Pero para Cintia Escurra, activista de la organización juvenil Somos Pytyvohara (“acompañantes”, en guaraní), no existen excusas posibles. “Nada justifica el hecho de que una mujer sea violentada sexualmente, tenga catorce o sesenta años. No hay posibilidad de que una persona dé su consentimiento para ser violentada por 25 militares. Debemos dejar de colocar la responsabilidad y la culpa en las víctimas”, declaró a eldiario.es.

La activista, cuya organización promueve la educación integral de la sexualidad para los adolescentes, no duda en señalar al Estado para lamentar la falta de políticas públicas de prevención de los abusos sexuales. En el último año, la educación sexual ha enfrentado un grave retroceso en Paraguay: una resolución del Ministerio de Educación, firmada en octubre de 2017, prohíbe “la difusión y utilización de materiales educativos referentes a la teoría y/o ideología de género” en las instituciones educativas públicas de todo el país.

La resolución fue publicada al calor de una multitudinaria manifestación de grupos ultraconservadores, autodenominados “pro-familia” y fervientemente en contra de los reclamos feministas –a los que se refieren como “ideología de género”. No es un fenómeno exclusivo de Paraguay: en toda América Latina, estas organizaciones están levantando la voz contra medidas como la legalización del aborto en Argentina, o la ley de identidad de género en Chile. Al mismo tiempo, crecen los reclamos que exigen que la Iglesia y el Estado sean “asuntos separados”.

“Es cada vez más urgente la necesidad de un Estado laico”, dijo a eldiario.es Dina Cabañas, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, una red cuyas integrantes practican la religión católica al tiempo que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Es hora de hacer entender a los operadores de justicia que deben legislar para todos, y dejar a un lado las creencias. En eso, Paraguay tiene aún mucho déficit”, agregó.

Aborto ilegal y maternidad infantil forzada

La influencia de las creencias religiosas sobre las instituciones del Estado paraguayo impide, por ejemplo, cualquier forma de despenalización del aborto. La propia Constitución paraguaya protege el derecho a la vida desde la concepción, y la interrupción voluntaria del embarazo está penada con hasta cinco años de prisión. Solo se permite interrumpir un embarazo cuando está en un riesgo muy elevado la vida de la madre. Ni siquiera en los casos de violaciones está permitido abortar.

La suma de altas tasas de abuso sexual contra menores de edad y la prohibición casi total del aborto tiene un resultado: la maternidad infantil forzada. A diario, un promedio de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz bebés vivos en Paraguay. La cifra no tiene en cuenta a las niñas que mueren por complicaciones en el embarazo, o en el parto, o derivadas de abortos naturales o clandestinos. Pero en esta franja de edad –por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual–, todas ellas tienen algo en común: quedaron embarazadas como producto de abusos sexuales.

Este jueves, una niña de 12 años acudió a consultar a un hospital de la localidad de San Antonio, próxima a Asunción. Se quejaba de una infección urinaria pero, al examinarla, los médicos descubrieron algo más: estaba embarazada de ocho semanas. Aunque en un embarazo infantil la niña gestante tiene un riesgo de mortalidad cuatro veces mayor al de una mujer adulta, en Paraguay no suele considerarse como una causal para un aborto no penado.

“Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante”, advierte el Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), en un informe de 2016. “En aquellos países donde se prohíbe la interrupción del embarazo, el control de los cuerpos de las niñas se traslada al Estado, que continúa ejerciendo sobre ellas la violencia patriarcal, hasta lograr que sean madres. Luego, quedan libradas a su suerte”.

Los vecinos Paraguay y Brasil comparten aspectos culturales, realidad sociales y, mal que les pese, los virus endémicos provocados por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Ambos países además pasan por etapas políticas y económicas similares, que incluyen recortes allí donde sería más importante invertir: investigación.

“La situación de la investigación médica en Brasil es desesperante. La situación de la ciencia, en general”, protesta Patrícia Carvalho de Sequeira, investigadora de la Fundación Oswaldo Cruz. Quejas similares llegan desde tierras paraguayas, justo cuando el dengue ha vuelto a golpear.

Fiocruz, en funcionamiento desde 1900, es uno de los principales centros de investigación médica y científica de Suramérica. Les acaban de comunicar oficialmente que el Gobierno de Michel Temer recorta el presupuesto de la entidad en 5,2 millones de reales (1,1 millones de euros). “Puede afectar directamente a nuestro trabajo, principalmente ahora con la fiebre amarilla”, reconoce a este diario la doctora Carvalho de Sequeira. “El zika ha bajado, pero los arbovirus están siempre ahí: si no es fiebre amarilla, va a ser chikungunya o dengue. Este tipo de recorte es grave, afecta directamente a nuestra capacidad de respuesta”.

Más allá de los límites de los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná, en el país contiguo, el Gobierno de Paraguay está de salida en las próximas semanas. A mediados de agosto asumirá el cargo de nuevo presidente Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, que ganó las elecciones de abril. El presidente saliente, Horacio Cartes, del mismo partido, acaba de repasar sus hitos al frente de la nación. Los éxitos que proclama, incluyendo gasto en salud pública –sobre todo en infraestructuras– no coinciden con la percepción que tienen los especialistas sobre el terreno.

La directora de investigaciones de la Universidad Nacional de Asunción, Inocencia Peralta, lo avisaba el año pasado en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de la UNA: “Ahora más jóvenes quieren hacerse investigadores, están entusiasmados porque ven los resultados y el éxito, por ejemplo, de estas jornadas, pero tenemos presupuesto limitado porque cada año el Gobierno recorta los fondos para las universidades públicas”.

La advertencia no era en vano, poco meses después llegaron los paros en el Hospital de Clínicas, en la capital paraguaya, por falta de recursos. Y este mismo año ha llegado la declaración de emergencia por dengue, con hospitales colapsados de pacientes con dolores de cabeza y musculares, fiebre muy elevada y náuseas.

Denuncias de recortes

La Universidad Nacional de Asunción denunció un recorte de 54.000 millones de guaraníes –más de ocho millones de euros–, que impactaba de lleno en las labores de investigación, y en el Hospital de Clínicas se concentraron y manifestaron por culpa de una disminución presupuestaria de 14.700 millones de guaraníes –2,2 millones de euros–. Cuando la Dirección de Vigilancia de la Salud del gobierno paraguayo declaró el nivel de alerta por “incremento de notificaciones de síndrome febril agudo a nivel Asunción y Central, y riesgo del dispersión del virus del dengue, zika y chukungunya a nivel nacional”, se comenzaron a liberar algunas partidas presupuestarias especiales, pero siempre corriendo por detrás de las dolencias. En mayo ya se habían diagnosticado más de 3.000 casos de dengue y 56 de chikungunya en Paraguay.

De vuelta a Brasil, como recuerda Patrícia Carvalho de Sequeira, el daño económico comenzó a agudizarse con el recorte  de “136 millones de reales (casi 30 millones de euros) en el programa de fortalecimiento del Sistema Único de Salud (la sanidad pública brasileña) 2017”.

El panorama no es el más esperanzador porque para ayudar a controlar al vector de todos estos arbovirus, los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, según la investigadora, habría que diseñar una “acción multifactorial: políticas públicas de saneamiento, higienización y limpieza de áreas públicas, todo eso unido a que la población ponga de su parte también evitando aguas estancadas y prestando atención a esos depósitos de agua de encima de las casas.”

Si el presupuesto fuera el necesario en la Fundación Oswaldo Cruz, se podría avanzar con estudios como el coordinado por el doctor Luciano Moreira, que ya ha tenido éxito en Australia, Indonesia y Vietnam. Se trata de la liberación de cientos de miles de mosquitos Aedes aegypti con la bacteria Wolbachia incorporada, para que se mezclen con los ya existentes, reduciendo la acción de contagio de dengue.

“Estos estudios de control biológico del vector tendrían un impacto muy importante y merecerían contar con inventivos, incluso más que los de desarrollo de vacunas y medicamentos”, asegura Carvalho de Sequeira.

Paraguay se fija en Brasil en este aspecto. La doctora Inocencia Peralta siempre ha reconocido que “la idea es tener un infectario” para aumentar la capacidad de estudio de estas enfermedades. “El estudio de vectores permitirá probar diferentes tipos de insecticidas naturales que existen para reducir la población de mosquitos, y también permitiría ver si existe mutación del virus, saber qué ocurre en el ciclo de vida del vector.”

Durante la conversación con eldiario.es, la doctora Carvalho de Sequeira repasa boletines epidemiológicos de la Secretaría de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Sanidad brasileño. Son decenas de tablas que confirman 51.930 casos de dengue, 14.261 de chikungunya y 1.174 de zika, solo en los tres primeros meses del año.

“Con la epidemia de zika, se quitó el foco sobre el dengue”, dice, “pero el dengue nunca paró de circular, y el dengue mata”. Analiza algunos de los gráficos incluidos en los informes, y comparando con la temporalidad de otros años, adelanta que lo siguiente que le se viene encima a Brasil es un nuevo brote de chikungunya.

Paseando por las avenidas que forman el vasto recinto de la Fundación Oswaldo Cruz –autobuses internos van conectando cada uno de los módulos– se hace difícil aceptar que un país como Brasil no consiga controlar estas enfermedades víricas. Permitir que se asfixie la investigación médica y científica a nivel nacional se sitúa en lo alto de la lista de malas noticias.

La española Carla Suárez, con una fácil victoria ante la paraguaya Verónica Cepede, a la que endosó un doble 6-2, ha dado a España el primer punto ante Paraguay, en la eliminatoria por la permanencia en el grupo II mundial de la Copa Federación, que ambos disputan en La Manga Club (Cartagena).

La grancanaria, número 2 del conjunto español y 25 del mundo, venció a la número 1 de las paraguayas, una Cepede que ocupa el puesto 86 del ránking WTA y que estuvo lejos de poner en duda la victoria de la insular, ante unas gradas llenas con cerca de 1.500 espectadores.

El encuentro, no obstante, comenzó con el primer juego a favor de la sudamericana, pero Suárez enseguida empezó a llevar la iniciativa y cobró ventaja con el 2-1 que obtuvo rompiendo el saque de su rival en blanco.

La solidez de la española y los muchos fallos no forzados cometidos por Cepede dispararon el marcador a favor de Suárez, quien, pese a perder su servicio para el 4-2, puso la directa y se anotó el set de forma clara en apenas 37 minutos (6-2) y con tres rupturas de saque consecutivas.

Este parcial estuvo marcado por el viento que dificultó la tarea de servir a ambas jugadoras, y ello provocó demasiadas dobles faltas, algo que se solucionó en parte en el segundo set.

Suárez parecía dispuesta a no dar ninguna concesión de su oponente y, aunque Cepede elevó algo el nivel de su tenis le faltó consistencia. La que sí tuvo la canaria, quien no aflojó y volvió a imponerse por 6-2 cerrando el juego con un juego en blanco a su favor y tras la media hora que duró esta manga.

La ola antiestablishment que recorrió gran parte del planeta podría llegar a América Latina en 2018. Unos 350 millones de votantes acudirán a las urnas en Brasil, Colombia, México, Venezuela, Costa Rica y Paraguay para elegir nuevos presidentes y quizá reanimar sus agonizantes sistemas políticos.

“Sería un error intentar comprender el significado de estas elecciones basándonos en la división izquierda-derecha,” explica Christopher Sabatini, experto en América Latina en la Universidad de Columbia. “Lo más probable es que veamos una reacción popular contra la corrupción.”

México estará en los titulares en julio, cuando Andrés Manuel López Obrador, el eterno candidato de la izquierda, se enfrente a José Antonio Meade, el tecnócrata que busca suceder a Enrique Peña Nieto. Pocos echaran de menos al presidente saliente, cuyo mandato ha estado marcado por su fracaso a la hora de reducir la desorbitada tasa de asesinatos y la corrupción generalizada, en la que también está implicada la pareja presidencial.

Si bien López Obrador, de 64 años, exalcalde de Ciudad de México, no es tan radical como sus detractores lo pintan, sus promesas de luchar contra la corrupción y la pobreza le dan en los sondeos ventajas que van de cinco a quince puntos por encima de sus rivales. Sin embargo, sus propios errores, como el haber sugerido un indulto a los criminales, y el miedo al cambio pueden hacer que los votantes decidan dejar las cosas como están.

Mientras tanto, en Brasil, Michel Temer seguramente vea con envidia las tristes cifras de aprobación de Peña Nieto. Temer, un político de derechas de 77 años que formó parte el año pasado del polémico proceso de destitución de Dilma Rousseff, ha visto su nivel de aprobación desplomarse hasta un mísero 3% en medio de acusaciones de corrupción que por momentos parecen implicar a toda la clase política brasileña.

La vuelta de Lula da Silva

Es probable que en las elecciones presidenciales de octubre, el ganador sea el expresidente de izquierdas Luiz Inácio Lula da Silva, a quien actualmente los sondeos dan un 36% de intención de voto, aunque él también se enfrenta a acusaciones de corrupción que podrían impedir que se presente como candidato. Mientras tanto, el homófobo de extrema derecha Jair Bolsonaro (que tiene un 15% en los sondeos) está cobrando fuerza a pesar de –o quizás gracias a– su simpatía por la dictadura militar brasileña.

“En Brasil y en México, ganará el candidato que pueda presentarse como el más limpio”, asegura Sabatini.

En toda América Latina, los votantes se guiarán no tanto por la ideología sino por cuestiones como la petición de gobiernos honestos, el rechazo a grupos políticos atrincherados en el poder, o –en el caso de Colombia– la preocupación sobre el proceso de paz con los rebeldes de izquierda de las FARC.

En la vecina Venezuela, algunos dudan de que lleguen a celebrarse las elecciones convocadas para diciembre, especialmente después de la amenaza de Nicolás Maduro de prohibir a los principales partidos políticos de la oposición. Si logran tener elecciones libres y justas, probablemente los venezolanos elijan un cambio. Pero la dividida oposición no logra convencer a la suficiente cantidad de gente de ser una opción mejor frente a la hiperinflación, la escasez de productos básicos y el crimen desenfrenado.

Sin elecciones, pero con problemas

La democracia también estará en el punto de mira en otros sitios. Evo Morales, en Bolivia, seguramente llevará adelante sus planes de presentarse a un cuarto mandato en 2019, después de que jueces obedientes eliminaran la limitación de mandatos. Aquí también los votantes se están cansando del presidente, pero no encuentran aún una alternativa viable.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua desde 2017, seguramente tome medidas para extender su gobierno antiliberal, y quizá dar aún más poder a su esposa (y vicepresidenta) Rosario Murillo. Honduras podría verse aún más agitada después de las graves acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de diciembre contra el presidente de derechas Juan Orlando Hernández. El líder cubano, Raúl Castro, presentará la renuncia, pero no se espera que esto traiga cambios políticos o económicos a la isla.

Incluso la estable Chile se enfrenta a un panorama de incertidumbre. El empresario conservador y expresidente Sebastián Piñera ganó las elecciones presidenciales de diciembre tras sugerir que deportaría a todos los inmigrantes sin papeles y aprovecharse del temor a que el país caiga en un caos al estilo de Venezuela si ganaba su rival de centroizquierda.

Pero su segundo mandato será más difícil que el primero, ya que los partidos de la oposición tienen más escaños en el Congreso, incluida la coalición de izquierdas Frente Amplio, que en noviembre logró romper con 30 años de bipartidismo en Chile.

Sin embargo, para la mayoría de la población de América Latina, las contiendas electorales no son ni por asomo una de sus principales preocupaciones. Las economías de toda la región siguen aletargadas, el empleo escasea y los salarios son bajos.

A muchos votantes les preocupa más la corrupción, la seguridad y el crimen. A pesar de los esfuerzos por erradicarlo, el cultivo de coca –la materia prima de la cocaína– sigue en alza y los cárteles continúan operando con impunidad a través de las fronteras.

Más allá de algún experimento con la legalización de la marihuana, pocos políticos admiten que hace falta un cambio. Probablemente siga la guerra militarizada –con el respaldo de Estados Unidos– contra el narcotráfico en México, Colombia y América Central.

La violencia, la impunidad y la corrupción financiada por los cárteles seguirán obligando a la gente a huir de Honduras, El Salvador y Guatemala, y los esfuerzos de México por proteger sus fronteras, junto con los de Estados Unidos de reforzar la suya con México, llevarán a los migrantes a elegir caminos cada vez más peligrosos para llegar a un lugar a salvo.

La mayoría de los latinoamericanos no vivirán hundidos en la violencia y la pobreza. La clase media seguirá creciendo, aunque no al ritmo abrumador con que creció a principios de este siglo. Decenas de millones de personas se pegarán a los televisores a mirar a sus selecciones competir por el Mundial de fútbol de Rusia.

Cuando el árbitro pite para poner fin a la final, el 15 de julio, Colombia, México, Paraguay y Costa Rica ya tendrán presidentes nuevos, mientras que todo seguirá en juego en Brasil y Venezuela para mejor o para peor.

Traducido por Lucía Balducci

Mientras crece económicamente a un ritmo espectacular, Paraguay revive una historia muy conocida en América Latina durante el siglo pasado: depender de un monocultivo. En este caso, el de la soja, con muchas propiedades alimenticias, pero cuyos cultivos sufren una sobrecarga de pesticidas. El país suramericano es el cuarto exportador mundial y entre el 60% y el 80% de su tierra está entregada a la fiebre del oro verde. El resto se dedica al ganado, y ya queda poco espacio para nada ni nadie más. ¿Qué presente y fututo le espera al país guaraní con este modelo y un tercio de sus siete millones de habitantes en la pobreza?

La fortaleza de Paraguay está en sus recursos naturales. El agua alimenta las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, que comparte con Brasil y Argentina, respectivamente. Pero alrededor del 60% de la riqueza proviene de la agroindustria. Básicamente, la soja y, en menor medida, el ganado, con Rusia y la Unión Europea como sus primeros clientes. 

En Asunción, la pujante avenida Santa Teresa experimenta un boom inmobiliario de oficinas, viviendas y centros comerciales. Según el Banco Mundial, durante la última década la economía paraguaya creció a un ritmo anual del 5%, uno de los más altos de la región.  La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) pronostica que Paraguay gozará del segundo crecimiento más alto el próximo año.

Por otro lado, junto al flamante paseo fluvial de la Costanera, a espaldas del Palacio Legislativo y la catedral, se extienden cientos y cientos de chabolas que evidencian la otra cara de un Paraguay muy desigual. Sólo en Los Bañados, en los barrios inundables de la orilla del río, viven 120.000 personas a lo largo de 17 kilómetros. Muchos sobreviven en casas que no aguantan ese nombre. 

Allí vive el Pa’i Oliva (padre Oliva), un jesuita hispanoparaguayo a quien el dictador Alfredo Stroessner forzó al exilio por trabajar junto a los jóvenes en la formación en valores y la transformación de su realidad. Cuenta que la primera generación que fue a vivir allí estuvo, en su gran mayoría, formada por campesinos. Venían del interior de este país pequeño y sin mar, pero pionero y próspero en algunos momentos de su historia, frente a sus enormes vecinos Brasil, Argentina y Bolivia.  Actualmente viven tres generaciones de familias en Los Bañados y, como dice el Pa’i, “ya no se trata de una cultura campesina, ni tampoco urbana, porque la ciudad no termina de aceptar o integrar a los bañadenses. La ciudad quiere mirar al río desde el paseo, pero no a los pobres del río.” 

Hoy en día, los desalojos violentos continúan siendo una sangrienta realidad en la zona rural del país. El cultivo del oro verde supone una presión enorme contra comunidades que apenas pueden defenderse ante la avalancha de los propietarios de grandes latifundios. 

El trabajo de la soja está altamente mecanizado, por lo que apenas genera mano de obra directa. Junto al ganado, este sector requiere grandes extensiones de terreno (más de 3,3 millones de hectáreas se dedican a la soja), pasto y agua. 

Según el informe de la distribución de la tierra en Paraguay, realizado por Oxfam, este es el país más desigual del mundo en este aspecto. Se estima que menos del 2% de la población paraguaya tiene la propiedad del 80% de las tierras del país. Es una cifra alarmante que constata, de nuevo, la vieja historia. 

Un modelo de crecimiento basado en el monocultivo ocurrió de forma similar en los países latinoamericanos que dedicaron la tierra a la producción del algodón durante los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. Cuando el producto perdió su valor, aquellos países dejaron unas cuantas familias enriquecidas y cientos de miles sin tierra ni futuro. 

Actualmente, casi un tercio de la población paraguaya sigue sin poder cubrir sus necesidades más básicas, según cifras oficiales. El análisis del intercambio comercial entre los países de la Unión Europea y de Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) revela lo difícil que supone buscar alternativas cuando el negocio consiste en que se fortalezca el statu quo basado en las exportaciones de materia prima desde el Mercosur, y de las de maquinaria, productos químicos, farmacéuticos y vehículos desde la UE. 

Entre los grandes beneficiados de las exportaciones de materia prima de un país como Paraguay, sin duda, están los terratenientes. Según el estudio Campesino rape, realizado por el economista Luis Rojas en noviembre del pasado año, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, o un entorno vinculado a él, sería el segundo mayor propietario de tierras, tras la secta Moon, en Paraguay. Rojas aclara que es muy difícil, “casi imposible” a veces, comprobar la verdadera propiedad de algunos latifundios “porque los registros no son muy transparentes o porque los verdaderos dueños los adquieren a nombre de segundos o terceros”. 

Matanza de campesinos

A mediados de 2012, un grupo de campesinos que reclamaban su derecho a la tierra fueron acorralados por fuerzas policiales fuertemente armadas. Once campesinos resultaron muertos y (más extraño) también murieron seis policías, sin haberse aclarado todavía cómo pudo ocurrir eso frente a campesinos sin capacidad de fuego semejante. Varios campesinos han sido condenados por muchos años, de manera totalmente injusta, según un consenso mayoritario de analistas. El juicio se caracterizó por irregularidades graves y pruebas perdidas. 

La masacre produjo además la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, pese a que había significado el primer intento real y democrático de alejarse de las esferas de poder de la anterior dictadura de Stroessner. Hoy ha vuelto al gobierno el partido Colorado, que sostuvo a la dictadura.

¿Está Paraguay repitiendo la historia fallida de muchos países de América Latina? Mientras crezca al ritmo de la soja y el ganado, la riqueza concentrada en los latifundistas y productores dejará algunas migajas entre los más pobres.  

En marzo de 1999, miles de jóvenes se lanzaron a las calles y consiguieron dar un giro democrático a Paraguay. Costó mucha sangre. El Pa’i Oliva fue uno de los sacerdotes que oficiaron misas multitudinarias durante el llamado Marzo Paraguayo, frente a las amenazas de carga del ejército y la policía. 

A día de hoy, cabe la pregunta: ¿valió la pena todo aquel sacrificio? El Pa’i siempre contesta con el lema de un revolucionario: “venceremos”.  Cuando dice eso, se fija en las caras de incredulidad que le pone la gente. “Entiendo que esa victoria no es un momento, sino una lucha continua, toda una vida. Mientras, riendo o llorando, pero siempre caminando”, dice convencido.

Son historias, palabras y luchas enraizadas en el pasado de América Latina y que, sin embargo, reviven hoy frente a un mundo para el que Paraguay, de momento, es un buen negocio. El país crece, pero basta mirar gran parte de su pueblo y de su tierra para exigir que se responda al menos a esto: ¿a costa de qué y de quién? 

[Este artículo ha sido publicado en el número de septiembre de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El Ministerio de Asuntos Exteriores, con Alfonso Dastis a la cabeza, condecora este martes a Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. El político latinoamericano será premiado por su contribución a “favorecer las relaciones de amistad de la nación española con el resto de la comunidad internacional”, además de “por su larga trayectoria profesional”. Pero varias asociaciones cuestionan este galardón por su papel en la dictadura paraguaya. Una hoja de servicios entre la que se encuentra su participación en la expulsión de misioneros españoles contrarios al régimen Stronista y por sus vínculos con la extrema derecha.

Las organizaciónes de víctimas de las dictadura paraguaya defienden la nula idoneidad de tal alta distinción, al señalar la participación de Loizaga durante la dictadura y en momentos de la Operación Cóndor. Entre ellas, destaca el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista, que denuncia sus actos en los diferentes cargos que ocupó en el Ministerio de Asuntos de Exteriores.

Apoyándose en documentos, la asociación señala su participación en la represión y expulsión de varios misioneros españoles destacados por su defensa de los derechos humanos. Incluso recoge el puesto que Loizaga ocupó el 22 de marzo de 1979 durante la Reunión de Coordinación para preparar el 12º Congreso de la Liga Mundial Anticomunista, organización de ultraderecha en donde participaron algunos dictadores y que según varias investigaciones también se implicó en la operación Cóndor.

Entre las casi veinte resoluciones que se tomaron ese día, la “ampliación, actualización y corrección del trabajo 'Principios y Métodos para combatir el Comunismo” es el más relevante. En dicho documento, el régimen señala las bases políticas, sociales y culturales en las que se debían apoyar los paraguayos para luchar contra el comunismo. Además, enumera las distintas etapas de acción de la “doctrina apátrida, totalitaria y dictatorial”. 

El Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista destaca la participación de Loizaga en la difusión y el señalamiento de varios misioneros españoles. En el Punto 14 del anterior documento, se llega a identificar con nombre y apellidos a extranjeros “sacerdotes aspirantes a guerrilleros”, equiparándoles con “Judas modernos” y con peligrosos marxistas. Se les acusa de “traicionar a Cristo”, predicar “la crítica de todo desde sus púlpitos” para preparar la lucha de clases y movilizar a estudiantes, obreros y campesinos. 

Entre los religiosos incitadores de “bandoleros inadaptados” destacan diversos jesuitas españoles, que fueron expulsados del país por la dictadura y que ahora son símbolos de la libertad paraguaya. Son los casos del padre Francisco de Paula Oliva, acusado por abrir los ojos a la juventud y deportado en 1969; y del padre Bartomeu Melià, expulsado en 1976.

Ante los documentos aportados, desde la asociación, el aviso es claro: “España va a condecorar a una persona que se vanagloriaba y difundía como un mérito la represión contra destacados misioneros españoles”. Además, señala como la “mayor de las paradojas” que el mismo Ministerio de Asuntos Exteriores que va a premiar a Loizaga, condecorase en 2010 al propio padre Melià por su lucha del pueblo indígena contra la dictadura paraguaya.