El Ministerio de Hacienda saca adelante su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo ha hecho con el voto a favor de Catalunya, liderada por el PSC, y de Canarias, donde Coalición Canaria gobierna con el PP, a pesar del rechazo del resto de comunidades populares y, también, las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias.

Previamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedía al ministro de Hacienda, Arcadi España, que se abstuviese en la votación con el objetivo de que el resultado reflejase “el sentir” de las comunidades autónomas de “un modelo impuesto”.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación reiteraba que este modelo de financiación, “se ha negociado exclusivamente” con un partido político, ERC, al que se ha sumado posteriormente el Partido Socialista de Cataluña; y que, por tanto, al ser un modelo que se ha negociado de “manera unilateral con Cataluña, la mayor beneficiada es esta comunidad autónoma”.

Un modelo en el que prima el principio de ordinalidad

Como segunda razón, en cuanto al fondo, Ruiz Molina ha situado que en el modelo propuesto prima el “principio de ordinalidad”, según el cual, “aquellas comunidades autónomas que tengan más acumulación de habitantes con rentas altas tienen derecho a mayor financiación, es decir, que quien paga más impuestos tiene derecho a mayores servicios públicos”.

Para Castilla-La Mancha, ha explicado, la financiación autonómica debe garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los mismos servicios públicos y con el mismo nivel de calidad, con independencia de dónde vivan y de la capacidad económica de su territorio.

Y una tercera razón, según el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, es el efecto concreto que este nuevo sistema de financiación tendría sobre Castilla-La Mancha. En este sentido ha asegurado que, con el modelo propuesto, la región empeora su posición relativa respecto al sistema actual, pasando a ser, “la peor financiada en términos relativos”.

Por ello, ha subrayado que el debate no se limita a una cuestión de principios, sino también de cómo queda la región y de los recursos con los que contará Castilla-La Mancha para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y el resto de los servicios públicos que presta a la ciudadanía. Y ha reiterado, que su presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha para “defender los intereses de la ciudadanía de la región”.

La aprobación del CPFF es el primer paso necesario para que el proyecto de ley ahora pase por la mesa del Consejo de Ministros, solo en primera vuelta, y después se enviará al Congreso de los Diputados, donde su recorrido es incierto por la oposición de Junts.

La votación al nuevo modelo de financiación autonómica este 4 de septiembre no lo emitirá finalmente la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, del Partido Popular, sino la de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que, cuestionado por este hecho, ha hecho especial hincapié en que no existe ningún tipo de choque en el seno del Ejecutivo por este asunto. “El Gobierno de Canarias va a estar a favor si se cumplen los requisitos. Y cuando digo el Gobierno de Canarias, digo el Gobierno de Canarias en su conjunto”, aseguró.

Ya el pasado julio, ante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que debía celebrarse a finales de mes, y que fue aplazado para este 4 de septiembre, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, firmó un decreto de sustitución obligado por las circunstancias políticas, donde Asián se vería obligada a desobedecer una orden de Alberto Núñez Feijóo de votar en contra de la propuesta, a pesar de los 1.300 millones de euros adicionales que se consignarán mediante ese nuevo sistema para Canarias, por lo que la titular del departamento decidió cogerse unos días de vacaciones para justificar su ausencia.

En otro orden, Alfonso Cabello aseguró que Canarias votará a favor del nuevo sistema de financiación autonómica este miércoles, al considerar que la propuesta técnica cumple con las principales reivindicaciones de las islas.

El portavoz del Ejecutivo autonómico explicó que el planteamiento que se someterá al CPFF deja fuera del nuevo modelo los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF), una condición que calificó prácticamente como “una línea roja” para Canarias.

Además, Cabello destacó que la propuesta mejora los planteamientos iniciales del Gobierno de España respecto a las asignaciones correspondientes a la CCAA y supone también una “mejora significativa” respecto al anterior sistema de financiación autonómica.

En concreto, señaló que la propuesta contempla actualmente unos 1.337 millones de euros para Canarias dentro del nuevo sistema de financiación, una cifra que, a su juicio, supone una “financiación muy importante” para la comunidad autónoma.

“Por lo tanto, si se cumplen esos requisitos Canarias votará a favor de ese sistema de financiación”, dijo el portavoz.

El Gobierno de Canarias ha garantizado este lunes que cumplirá el acuerdo alcanzado con el Gobierno de España y votará a favor del nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre si se respetan las condiciones pactadas, con independencia de quién represente al Ejecutivo en la reunión.

El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha evitado confirmar si acudirá la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), actualmente de vacaciones, después de la polémica surgida en julio, cuando la titular del departamento solicitó tres días libres coincidiendo con la fecha inicialmente prevista para votar la reforma.

En aquella ocasión, el Ejecutivo había anunciado ya su respaldo al nuevo modelo, pese a que Asián había mantenido hasta entonces una posición crítica similar a la de los responsables autonómicos del PP.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC), iba a sustituirla en el Consejo, aunque finalmente el Ministerio de Hacienda aplazó la reunión al 4 de septiembre a petición de las comunidades gobernadas por el PP.

Preguntado este lunes por si Asián acudirá a la nueva convocatoria y por cuál será su posición ante el rechazo expresado por otras comunidades del PP, Cabello ha señalado que no ha tenido oportunidad de hablar con ella porque se encuentra de vacaciones y ha preferido centrar la cuestión en la posición oficial del Gobierno.

“Canarias va a cumplir con su acuerdo”, ha afirmado el portavoz, que ha recalcado que el archipiélago apoyará el nuevo sistema si la propuesta cumple las dos condiciones negociadas con el Gobierno de España.

La primera es que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias queden fuera del cálculo del sistema de financiación autonómica y la segunda, que el nuevo modelo proporcione a las islas unos 1.300 millones de euros adicionales cada año.

“Si se cumplen esas dos premisas de partida, Canarias va a estar a favor, independientemente de quién sea quien esté presente”, ha insistido Cabello.

El viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Gabriel Megías Martínez sí declaró en 2024 su vinculación con varias empresas familiares. Esta declaración, no obstante, no aparece en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, pero fue presentada por Megías ante el Ejecutivo Regional.

Según el documento (al que ha tenido acceso Canarias Ahora extraoficialmente porque la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, liderada por Matilde Asián, PP, no lo facilita), Megías pertenece al consejo de administración de Pastas La Isleña, Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A., la sociedad que gestiona la cadena hotelera Cordial y Flomar 2000, SL, una empresa del sector inmobialiario.

Este periódico ha preguntado a la Consejería de Hacienda si el viceconsejero había informado en el Portal del Transparencia sobre su vinculación empresarial con estas dos entidades, pero no obtuvo respuesta entonces y este jueves volvió a preguntar y tampoco han respondido desde el área.

En el Portal de Transparencia y en su declaración de 2024 figuran aspectos de su currículum como que fue gerente del Instituto Tecnológico de Canarias, gerente de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias (julio 2007 – marzo 2010) entre otros.

El periódico Diario de Avisos adelantó este miércoles la vinculación con al menos dos de las empresas y la oposición le acusó de un posible conflicto de intereses entre su cargo político y su vinculación con las empresas. Y en este sentido, se aludió a una resolución vinculante que obliga a los hoteles de toda Canarias a pagar el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) por los bombones y chocolatinas de bienvenida que no proceden de producción canaria.

El PSOE ha exigido este miércoles explicaciones inmediatas al Partido Popular de Canarias y a su presidente y vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez. Y Nueva Canarias habla de “crisis” en el Ejecutivo de Fernando Clavijo.

La consejera de Hacienda de Ceuta, Kissy Chandiramani, y el diputado no adscrito Mohammed Navil Rahal, exparlamentario del PSOE que rompió con su partido y posteriormente ha respaldado al Gobierno del PP de Juan Vivas, tendrán que declarar como investigados el próximo 22 de septiembre por la adjudicación de los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. La causa judicial, impulsada por la Fundación Abogados Cristianos, examina posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en un contrato de 2.313.131 euros adjudicado a Herederos de M. Jimena S.L., una empresa administrada por la esposa de Rahal. Ella también comparecerá, aunque en su caso como testigo.

La investigación judicial llega después de una trayectoria política de Rahal que ha tenido consecuencias directas en la aritmética de la Asamblea de Ceuta. El diputado abandonó el PSOE después de romper la disciplina de voto de su formación y pasó al grupo de los no adscritos. Desde entonces, sus apoyos han resultado relevantes para el Ejecutivo de Juan Vivas, incluido el respaldo a los presupuestos de la Ciudad, mientras empresas vinculadas a su entorno familiar han continuado recibiendo contratos de la Administración local.

De diputado del PSOE a apoyo parlamentario del PP

Rahal formaba parte del grupo socialista de la Asamblea junto a otros diputados que posteriormente también acabarían fuera de las filas del PSOE. A mediados de 2024, él y Fidda Mustafa se saltaron la disciplina de voto de su partido al apoyar una iniciativa del Gobierno de la Ciudad. Ambos fueron expulsados de la formación y pasaron a engrosar el grupo de los no adscritos.

La salida de Rahal del PSOE alteró el equilibrio político de una Asamblea en la que los diputados sin partido fueron ganando peso hasta convertirse en un grupo determinante para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo. La ruptura se produjo además en un momento en el que el PP necesitaba apoyos para sacar adelante sus cuentas y otras decisiones relevantes de la legislatura.

Ese nuevo escenario tuvo una de sus expresiones más claras en la aprobación de los presupuestos para 2026. Rahal votó a favor de las cuentas del Gobierno de Juan Vivas y pasó así a formar parte de la mayoría parlamentaria que permitió al Ejecutivo popular sacarlas adelante. Entre las modificaciones introducidas durante la tramitación se encontraba precisamente el aumento de la partida destinada a los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio.

El proyecto inicial reservaba 377.180 euros para este servicio, pero una enmienda elevó la cantidad hasta 580.896 euros. El incremento adquirió relevancia por la relación existente entre el diputado y el entramado empresarial que venía prestando el servicio y por el hecho de que Rahal había respaldado las cuentas municipales en las que se produjo ese aumento.

Las relaciones contractuales del entorno del diputado con la Administración local ya habían generado críticas de sus antiguos compañeros socialistas, que llegaron a acusar al PP de “comprar voluntades” y a Rahal de transfuguismo. El Gobierno de Vivas ha defendido, por su parte, la legalidad de los contratos y el propio presidente de la Ciudad negó haber sido el artífice de la configuración de la actual mayoría de diputados no adscritos.

Contratos en la órbita familiar de Rahal

La empresa que ahora se encuentra en el centro de la investigación judicial, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por la esposa de Rahal. La sociedad resultó adjudicataria del contrato para instalar y gestionar los mataderos portátiles durante la Fiesta del Sacrificio por 578.282,75 euros anuales, hasta alcanzar los 2.313.131 euros durante los cuatro años de vigencia, impuestos incluidos. Los pliegos contemplan además una posible prórroga de un año.

No se trata, sin embargo, del primer contrato relacionado con los mataderos que recae en el entorno empresarial del diputado. Entre 2022 y 2025 el servicio fue prestado por R&B Sebta, una sociedad vinculada a su entorno familiar y de la que Rahal fue apoderado. Aquel contrato alcanzó aproximadamente 1,5 millones de euros, unos 375.000 euros por cada ejercicio.

A esas adjudicaciones se suman otros encargos de la Administración local a empresas relacionadas con la familia o el entorno empresarial del ex diputado socialista. Academia Rahal S.L., administrada por su hermano y en la que el propio parlamentario había figurado anteriormente como apoderado, recibió de la empresa pública Acemsa un contrato menor de 41.270 euros para la reconstrucción de un muro de contención.

También Quarry Urban Developments, administrada por la nuera del socio de Rahal en el negocio de los mataderos portátiles, acumuló cinco contratos menores de la Administración local entre 2024 y 2025 por un importe conjunto de 174.117 euros. Entre ellos figura uno para la adecuación de espacios de la barriada Príncipe Alfonso en materia de accesibilidad universal y salubridad.

No fue la oferta más barata, pero sí la ganadora

La nueva licitación elevó considerablemente la cuantía respecto al contrato anterior. La Ciudad planteó un servicio por 2,3 millones de euros durante cuatro años, con siete mataderos portátiles, dos más que en el periodo anterior al incorporarse nuevos emplazamientos en Benzú y Hadú a los de Pozo Rayo, Loma Colmenar, Príncipe Alfonso, Estación del Ferrocarril y Miramar.

La oferta más barata del procedimiento no fue la que acabó resultando adjudicataria. Global Rochis Group S.L. había planteado realizar el servicio por unos 370.800 euros anuales, pero la mesa de contratación consideró que podía encontrarse en situación de baja anormal. Tras analizar la justificación presentada, la propuesta fue descartada y el contrato acabó recayendo en Herederos de M. Jimena S.L., que había presentado una oferta de 578.282,75 euros al año.

La nueva cantidad guarda además relación con el incremento presupuestario producido durante la tramitación de las cuentas de la Ciudad. La partida pasó de 377.180 a 580.896 euros, una cifra muy próxima a la anualidad por la que finalmente se adjudicó el servicio. El contrato también supone un incremento respecto al anterior, aunque amplía de cinco a siete el número de mataderos y actualiza las condiciones económicas del servicio.

Es precisamente la combinación de estos elementos —la relación empresarial y familiar de la adjudicataria con Rahal, el respaldo del diputado a los presupuestos y el incremento de la partida— la que Abogados Cristianos incorporó a sus argumentos al acudir a los tribunales.

La supuesta participación de Chandiramani en el procedimiento

La investigación alcanza también a Kissy Chandiramani en su condición de responsable del área de Hacienda de la Ciudad. La consejera tendrá que declarar como investigada por la posible participación que se le atribuye en la tramitación relacionada con el contrato de los mataderos portátiles.

La popular ha defendido públicamente la actuación administrativa y ha mostrado su disposición a entregar al órgano judicial toda la documentación relativa al expediente. Preguntada por su citación, la consejera aseguró a elDiario.es que mantiene respeto hacia las decisiones judiciales y que colaborará con la investigación.

“Respeto a las resoluciones judiciales”, afirmó Chandiramani, antes de añadir que desde la Administración se aportará “el expediente completo”. La consejera precisó además que el procedimiento “no ha tenido ningún recurso en la vía administrativa”.

Así las cosas, la comparecencia de Chandiramani y Rahal está prevista para el 22 de septiembre. La esposa del diputado, administradora de Herederos de M. Jimena S.L., también tendrá que acudir al juzgado, aunque en su caso lo hará en calidad de testigo y no como investigada.

Una denuncia que parte de Abogados Cristianos

Abogados Cristianos presentó actuaciones judiciales contra la adjudicación al considerar que el procedimiento podía contener indicios de distintas irregularidades. La organización sostiene que podrían haberse cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación, además de haber planteado inicialmente la existencia de posibles responsabilidades relacionadas con el tráfico de influencias.

Uno de los argumentos de la fundación está relacionado con la tramitación administrativa del contrato. Según su interpretación, la licitación se formalizó cuando permanecía pendiente un recurso cuya presentación implicaba la suspensión automática del procedimiento.

Abogados Cristianos también ha cuestionado la motivación de la adjudicación, determinados elementos económicos del procedimiento y posibles incumplimientos de normativa nacional y europea relacionada con el bienestar animal. Por ello, además de recurrir la adjudicación, solicitó que se adoptaran medidas cautelares sobre las contrataciones previstas para los siguientes ejercicios.

La fundación ha relacionado asimismo la adjudicación con la posición política de Rahal durante la aprobación de los presupuestos. Según sostiene, el voto del diputado fue decisivo para sacar adelante unas cuentas que incrementaron la partida destinada a los mataderos, mientras la empresa finalmente adjudicataria estaba administrada por su esposa.

Son precisamente esas circunstancias las que han acabado formando parte de las diligencias judiciales. La citación como investigados de Rahal y Chandiramani, sin embargo, no supone que los delitos denunciados hayan quedado acreditados ni que exista una condena, sino que ambos tendrán que comparecer ante el juzgado para dar cuenta de su eventual participación en los hechos que se investigan.

El Gobierno de Canarias ha solicitado una línea de crédito a corto plazo por un importe máximo de 300 millones de euros y un plazo de hasta un año como herramienta preventiva para optimizar la gestión de la tesorería autonómica.

Así lo ha anunciado en un comunicado la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Ejecutivo regional, donde ha señalado que este tipo de operaciones está en consonancia con la gestión habitual de la tesorería de la mayoría de las comunidades autónomas y permiten acompasar de forma “eficiente” los flujos de cobros y pagos.

Tras un periodo de elevada liquidez sostenido principalmente por la captación y el avance en la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que evitó recurrir a financiación externa en los últimos años, la tesorería autonómica afronta ahora una normalización de sus saldos ordinarios y una progresiva reducción de dichos fondos europeos, según ha señalado la consejera del área, Matilde Asián.

Ante la progresiva reducción de estos fondos europeos y el incremento estacional del volumen de pagos previsto para el segundo semestre, el Ejecutivo canario considera que estas líneas de crédito temporales permitirán resolver desfases puntuales de liquidez y garantizar la continuidad de los pagos a proveedores.

El Gobierno canario ha recalcado que la operación no afecta a la solvencia financiera de Canarias ni a la confianza de los mercados y ha recordado que en junio la comunidad completó su primera emisión sostenible por 500 millones de euros, que recibió peticiones por un importe cuatro veces superior a la oferta.

Asimismo, ha precisado que el último informe de Standard & Poor’s mantiene la calificación crediticia de la comunidad autónoma en A+ con una perspectiva estable.

Según asegura el Gobierno regional, la agencia sitúa a la comunidad “entre las regiones con mejor perfil crediticio del sistema autonómico, por su desempeño presupuestario, su baja carga de deuda y su posición de liquidez”, concluye.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha pedido al presidente regional del PP, Paco Núñez, que aclare “qué modelo de financiación autonómica” defiende su partido.

Lo ha hecho después de que el secretario general del PP catalán, Juan Fernández, manifestase en una entrevista publicada este domingo en El Periódico que “Catalunya necesita una mejor financiación, debe recibir tanto dinero como aporta y tiene derecho a recibir más dinero que el resto si aporta mucho más”. Unas declaraciones que para Ruiz Molina suponen una “defensa” del principio de ordinalidad que en numerosas ocasiones han criticado desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha el responsable del departamento de Hacienda en la comunidad, ha vuelto a insistir en el “rechazo” a la propuesta de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda, que califica de “chantaje” e incide en que no favorece la igualdad de oportunidades en los territorios de todo el país.

Ha reclamado “transparencia” y “objetividad” al Gobierno de España en relación con esta propuesta y todo ello a las puertas de la reunión técnica que se va a celebrar este martes para preparar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio en el que se hablará, de nuevo, de financiación autonómica. El nuevo modelo sigue atascado, sin acuerdo, desde hace más de una década.

Un “contrato de adhesión que privilegia a una comunidad”

Ruiz Molina ha vuelto a mostrarse escéptico de que las reuniones que se vienen manteniendo, sean o no bilaterales, vayan a servir para incluir modificaciones a propuesta de las autonomías al plan del Gobierno de Pedro Sánchez ya que, según ha afirmado, “el acuerdo está cerrado y certificado” por el presidente del Ejecutivo nacional y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras tras la reunión que ambos mantuvieron en enero.

“Estamos ante un contrato de adhesión que es profundamente injusto porque es un modelo de financiación que privilegia a una comunidad autónoma y agravia a las demás”, ha añadido el consejero.

Ruiz Molina ha hablado de “falta de transparencia” que, a su juicio, “no se corresponde en absoluto con ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades autónomas” y, por ese motivo, ha pedido al ministro de Hacienda que Castilla-La Mancha tenga acceso a los mismos datos y a la misma información en relación con este modelo que pudiera tener la Generalitat de Catalunya o ERC.

También ha querido dejar claro que, a su entender, este modelo se articula “como un chantaje”, de tal forma que aquellas comunidades autónomas que no se acogan al nuevo modelo, que espera que “no salga adelante”, continuarían con el modelo anterior y, por lo tanto, no se podrían beneficiar de los “famosos” 21.000 millones que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las comunidades autónomas.

Pone en duda que lleguen 1.248 millones más

El consejero también se ha mostrado escéptico con que el nuevo modelo otorgue a Castilla-La Mancha 1.248 millones de euros más de los que está recibiendo con la actual financiación. “En la Consejería de Hacienda somos incapaces de llegar a esa cifra. No sabemos ni con qué la están comparando ni cómo se ha llegado a ella”, ha criticado. No obstante, ha tomado esa cifra como referencia para añadir que, según sus cálculos, Castilla-La Mancha “quiere tener” un 10% más sobre ella para salvar “separación” que se produce con Catalunya.

Sobre la petición que hizo en los medios de comunicación García-Page pidiendo a Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el asunto 'de tú a tú', Ruiz Molina no le “consta” que su Gobierno haya pedido formalmente ese encuentro.

Las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Canarias, se han opuesto a la propuesta de 0,1% de objetivo de déficit y un techo de gasto del 4% en 2027 que les ha hecho en la mañana de este lunes el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los consejeros económicos de las distintas comunidades autónomas han acudido a la sede del Ministerio de Hacienda para el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el ministro Arcadi España les ha comunicado las metas del déficit de las administraciones regionales para el ejercicio próximo, un paso previo a la aprobación de los presupuestos.

En palabras de la consejera madrileña, Rocío Albert López-Ibor, “la mayoría de las comunidades autónomas, todas, salvo Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha” (gobernadas por el PSOE), “hemos votado en contra, pero sobre unos objetivos que son completamente irrelevantes, como son los objetivos del déficit y de la deuda”.

Respecto al techo de gasto, varios consejeros del PP se han quejado de es un objetivo imposible de cumplir por las obligaciones que el gobierno les impone.

“No disponemos de recursos suficientes. Extremadura pide un modelo que garantice que todos somos iguales, como recoge la Constitución. En este contexto..., ¿cómo vamos a cumplir?”, ha declarado la consejera extremeña, Elena Manzano.

Las comunidades gobernadas por el PP han restado relevancia a este paso previo para la presentación de los presupuestos, al considerar que no tienen posibilidades de ser aprobados.

“No es creíble, dijeron lo mismo en el 2024, en el 2025, en el 2026, nada ha cambiado y por tanto lo que hoy se nos presenta en el 2027, pues sabemos que es solo una tapadera, una cortina de humo para tratar de pasar de pantalla y tapar la corrupción”, ha dicho la consejera madrileña.

Los consejeros socialistas han mantenido una actitud más constructiva, y así, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha pedido al PP que apoye la senda de estabilidad para que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado, mientras que el de Asturias, Guillermo Peláez, ha exigido reformar la regla de gasto.

La consellera de Economía y Finanzas catalana, la también socialista Alicia Romero, también ha sido constructiva, y ha celebrado que se inicie el proceso para aprobar presupuestos generales del Estado con el CPFF de esta mañana.

Además, ha lanzado la propuesta de que, para próximos ejercicios, se estudie la propuesta de acordar un déficit asimétrico, propuesta que han rechazado varios consejeros populares.

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a las comunidades autónomas un margen de déficit público equivalente a una décima de PIB anual en cada uno de los ejercicios 2027, 2028 y 2029, con lo que no tendrían que hacer ningún esfuerzo fiscal en ese periodo, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

Arcadi España ha comunicado además a las comunidades autónomas que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto hoy a insistir en su posición sobre el nuevo modelo de financiación autonómica con un “rechazo absoluto” a la propuesta presentada por el Ejecutivo central. El consejero de Hacienda Juan Alfonso Ruiz Mlina ha reiterado que la razón estriba en que se defiende el principio de ordinalidad que trata de “dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras”, en alusión a Catalunya.

Poca novedad en este sentido tras la reunión este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el primero que ha presidido el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. La reunión bilateral mantenida hace unos días con el ministerio no ha supuesto avances.

Ruiz Molina reclamaba minutos antes de comenzar el encuentro entre Gobierno central y todas las comunidades autónomas que la reforma del sistema de financiación autonómico debe abordarse desde el consenso y desde la negociación multilateral. También lamentaba las “manifestaciones imprudentes” por parte de la consejera de Hacienda de Catalunya en las que da por hecho que se va a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, previsiblemente en el siguiente consejo, a finales de julio.

Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, el modelo se ha pactado de forma “unilateral” y con una sola comunidad autónoma.

A colación de este asunto, se ha preguntado para qué han servido las reuniones bilaterales en las que han participado algunas comunidades autónomas y donde se ha puesto de manifiesto el modelo que se defiende, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. En este contexto, ha deseado que estos encuentros “no hayan sido un paripé” y ha echado de menos que el Gobierno central no haya desmentido a la consejera catalana, generando incertidumbre sobre el proceso de negociación.

Objetivos de estabilidad y margen presupuestario para 2027

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se van abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con especial atención al ejercicio 2027, ya que de ellos depende el “margen de maniobra del que disponemos para poder afrontar el presupuesto del próximo año, al menos aquellas comunidades que elaboran y aprueban sus cuentas en tiempo y forma cada ejercicio, como es el caso de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico queremos disponer de un mayor margen de maniobra para afrontar las cuentas del próximo ejercicio y, por ello, ha reclamado al Partido Popular que permita la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, ha indicado que es positivo que el Gobierno de España presente su propuesta para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria.

Asimismo, ha defendido que el nivel de déficit autorizado para las comunidades autónomas no debería ser un elemento de discusión si existiera un sistema de financiación autonómica que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios. Un modelo de financiación suficiente, que según ha remarcado, “reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos”.

Se había fijado la cita este lunes para una reunión bilateral entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Hacienda de cara a volver a hablar del nuevo modelo de financiación autonómica y el encuentro ha dejado poco margen para la sorpresa. Ningún resultado en un dilatado compás de espera sobre una cuestión que se prolonga ya durante más de una década.

Hoy el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha reiterado su “rechazo frontal” a la propuesta impulsada por el Ejecutivo central porque cree que se trata de “un modelo diseñado al margen del conjunto de las comunidades autónomas, basado en el principio de ordinalidad y orientado a consolidar privilegios territoriales incompatibles con la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas”.

Lo ha explicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, al salir de la reunión con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Mónica García, en la que ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Una reunión más, “tardía” y por “lealtad institucional y educación”

Ya lo había avanzado el presidente regional Emiliano García-Page el viernes. No habría “nada de lo que hablar” si de la propuesta no se retiran “las cesiones al independentismo”. Así que la reunión de hoy pasa por ser una más, sin resultados positivos y el enésimo fracaso en los últimos años.

Ruiz Molina ha cuestionado incluso la utilidad de una reunión que, a su juicio, ha sido “tardía”, ya que se produce “cuando las principales decisiones ya han sido adoptadas”. El consejero cree que los encuentros 'bis a bis' con cada uno de los territorios deberían haberse celebrado “antes” de que el Gobierno central cerrara una propuesta de financiación “con una comunidad autónoma concreta”, aludiendo a Catalunya, y antes de su presentación pública.

En este aspecto ha afeado que no se hayan contrastado las distintas “sensibilidades territoriales” y el consejero de Hacienda ha comentado que si se ha mantenido esta reunión con el Gobierno central ha sido por pura “lealtad institucional y por educación” y que eso es algo que “no ha tenido el Gobierno de nación”.

Castilla-La Mancha reitera su rechazo al principio de ordinalidad

Una de las cuestiones que mantienen enfrentadas las posturas entre el Gobierno castellanomanchego y el Ministerio de Hacienda tienen que ver con el hecho de que esta comunidad autónoma se opone al llamado 'principio de ordinalidad“ en el reparto de los fondos para los territorios.

Este, dice Ruiz Molina, es un criterio que sigue presente en la propuesta planteada por el Ejecutivo central, y que en su opinión “supone que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantengan una posición privilegiada en términos de financiación, lo que contradice los principios de igualdad y solidaridad que deben regir el sistema”.

A juicio de Ruiz Molina, trasladar ese criterio al funcionamiento de los servicios públicos equivaldría a asumir que los ciudadanos que residen en territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores servicios públicos o que las comunidades con una mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior.

En definitiva, señala el consejero, supone defender que “quien más tiene debe recibir más”, y por ello, cree que resulta difícil comprender cómo “un Gobierno que se define como progresista abogue por este planteamiento”.

¿Qué propone Castilla-La Mancha?

Frente a esa propuesta, el responsable de Hacienda ha defendido nuevamente un modelo de financiación sustentado “en el principio de igualdad y en el coste real que nos supone a las comunidades autónomas para prestar los servicios públicos de nuestra competencia”, es decir, que el sistema tenga en cuenta factores que incrementan el coste de los servicios públicos, como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico.

Como ejemplo, el consejero ha recordado que en una ciudad como Fuenlabrada, que tiene una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, la prestación de la Atención Primaria se realiza con siete centros de salud, mientras que en la provincia conquense son necesarios 32.

Por ello, Castilla-La Mancha defiende que el nuevo modelo garantice recursos suficientes para cubrir el coste efectivo de los servicios públicos fundamentales y asegurar que “todos los ciudadanos con independencia de su capacidad económica o de la capacidad económica de la región en la que vivan, tienen derecho al mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos”.

Un modelo “injusto” que “no debe salir adelante”

El consejero califica la propuesta que el Ministerio de Hacienda pone sobre la mesa como un modelo “injusto” que, a su juicio, insiste en que “busca satisfacer las exigencias de una Comunidad Autónoma concreta”.

Por eso considera que este es un “modelo que no debe salir adelante”, ya que “ni siquiera cuenta con el favor de algunos independentistas que no quieren más financiación, sino que lo que buscan es tener más financiación que los demás”.

Ha advertido de que “el principal daño de este debate es el mensaje que se traslada a la sociedad, de que los territorios con mayor capacidad económica tienen derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a disponer de mejores servicios” y de ahí el rechazo por parte del Gobierno castellanomanchego.

El Gobierno de Canarias prevé en su Plan Presupuestario a Medio Plazo 2027-29 (PPMP) una reducción de inversiones (capítulos 6 y 7) de casi 700 millones de euros en las cuentas del año próximo. Ese plan plurianual, aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de abril pasado, aminora el gasto total no financiero en 309 millones de euros en 2027, pero, en ese año electoral, mientras que el gasto corriente sube en 375 millones (3,5%), las operaciones de capital bajan en 684 millones (32,4%). Pero luego está que el capítulo de personal (1) se eleva en 412 millones (8,1%), pese al recorte general del 2,5% respecto al presupuesto inicial de 2026.

En el PPMP 2027-2029 de Canarias, se prevé para 2027, el año que viene, un gasto no financiero (la suma de los capítulos del 1 al 7) inferior en 309,1 millones de euros (menos 2,5%) al presupuesto inicial de este año, 2026.

Si se estudian todos los PPMP aprobados desde 2021 (el que hace la primera estimación para el año 2022, es decir, el año n+1), se observa que siempre el gasto no financiero había crecido, al menos para el año n+1, algo que en 2027 no se espera, según lo descrito en el PPMP más reciente, el señalado.

Pero además hay que destacar que en el PPMP 2027-2029, aprobado a pesar de reducir el gasto no financiero en 309,1 millones de euros (2,5%), el gasto corriente sí aumenta en 375,2 millones (+3,5%), pero lo que se reduce sobremanera son las operaciones de capital, en 684,3 millones (-32,4%) sobre lo contemplado en el presupuesto inicial de 2026 para esos mismos capítulos (6 y 7). Pero, ojo, el capítulo I de personal aumenta en 2027, año electoral, nada menos que 412,4 millones de euros (+8,1%) en un presupuesto general no financiero que se estrecha el 2,5% (309,1 millones).

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una respuesta reciente al portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento autonómico, Luis Campos, indicó que esa reducción de 684 millones de euros en inversiones se debía a que en 2027 ya no existirán los fondos europeos del Next Generation y su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), algo que es cierto pues este régimen especial de subvenciones de la UE muere a finales de agosto de 2026. Así es, pero también es verdad que para sostener esa caída nada se hace con la asignación de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias

En el PPMP 2027-2029, además se reconoce, como ya hacía el Plan Económico Financiero (PEF) presentado ante la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se incumpliría en 2025 la regla de gasto, como así mismo ya ha sido reconocido por el propio Ministerio de Hacienda estos días (algo previamente confirmado para el año 2024).

Del PPMP 2027-29 se desprendía que el exceso de gasto computable reconocido sería de 158,9 millones en 2025, lo que implicaba un aumento del gasto computable del 4,8%, con la tasa autorizada para ese ejercicio en el 3,2% (1,6 puntos porcentuales más).

Por su parte, la AIReF, en su Informe 29/26, de seguimiento del PFEMP 2025-2028, con previsiones de medio plazo de la comunidad autónoma de Canarias (CAC) y publicado el 14 de mayo de 2026, elevaba el incremento del gasto computable para el año 2025 al 8%, muy por encima del límite autorizado del 3,2%.

Al final no acertaron ni unos ni otros, pues el Ministerio de Hacienda ha establecido el gasto computable en el 9,1% (566 millones de euros que habrá que recortar entre 2026 y 2027).

No hay, por ahora, ningún informe de la AIReF sobre los presupuestos canarios elaborados por el Gobierno de CC-PP (2024, 2025 y 2026), o previstos en aquel PPMP (2027-29) de la Autoridad Independiente, en que se cumpla con la regla de gasto. La pregunta que se plantea NC es entonces: “¿Se ha declarado el Gobierno de CC y PP en insumisión respecto a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en vigor?”.

Como el Ministerio de Hacienda esta semana ya confirmó al alza la previsión de la AIReF para el año 2025 sobre la regla de gasto, con el incremento hasta el 9,1% (lejos del 3,2% de referencia), el Gobierno de Fernando Clavijo deberá elaborar ahora otro Plan de Ajuste, el segundo en lo que va de legislatura, para reducir ese exceso de gasto en los presupuestos de 2026 y 2027 (566 millones por 2025 más 445 por 2024).

A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha sacaba adelante el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma. Un texto muy esperado debido a que incluía en su articulado, entre otras medidas, un conjunto de soluciones destinadas a hacer “más asequible” el acceso de las personas jóvenes de la región a su primera vivienda.

Sin embargo, una de esas medidas todavía no está en marcha. Se trata de la que contemplaba la concesión de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no financiada por las entidades bancarias cuando se compra una vivienda -lo que se conoce comúnmente como 'la entrada'-. ¿A qué se debe ese retraso?

Negativa de los bancos

En declaraciones concedidas a elDiario.es Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalla que, durante las negociaciones para definir la medida antes de aprobar la ley, las entidades financieras mostraron su rechazo a estos préstamos tipo 0 porque tenían “muy mala experiencia” con los avales del ICO. Esta es una línea de ayudas estatales para la compra de una vivienda en la que el Gobierno de España aporta hasta el 20% del valor del inmueble, pero, según el consejero, les supuso a los bancos una “enorme carga burocrática”, por lo que se mostraron reticentes a la propuesta regional.

“Cuando convencimos a las entidades financieras de que los requisitos que íbamos a exigir eran mucho menos burocráticos que los que pedía el ICO, la ley ya estaba tramitándose”, apunta Ruiz Molina. Una situación que impedía introducir cambios en el texto o añadir nuevas enmiendas ordinarias. Por ello, asegura que el Gobierno regional intentó, durante el debate del texto en las Cortes regionales, sacar adelante una enmienda transaccional a una del Partido Popular que permitiera que “no solamente pudiéramos conceder préstamos, sino también dar ayudas o garantías”.

Dicha enmienda no salió adelante debido al rechazo del PP, por lo que la Ley se aprobó, pero sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras para conceder préstamos tipo 0.

Espera que la nueva vía esté lista en un mes

Por ello, este aspecto de las ayudas se vio retrasado y ahora se opta por una nueva vía. “Vamos a presentar una proposición de ley precisamente para modificar ese artículo, de tal manera que con ese dinero podamos no solamente otorgar préstamos, sino también avales. El convenio que vamos a firmar con las entidades financieras es de aval, mientras que a la persona interesada le daremos una subvención equivalente a los intereses que tendría que pagar por esa parte no financiada por los bancos”, detalla Ruiz Molina.

El consejero espera que dicha ley esté aprobada en el plazo de un mes, un periodo de tiempo en el que seguirán ultimando con las entidades financieras el convenio de colaboración. De momento, la Junta está hablando con algunos bancos, entre los que ha mencionado al Santander, Eurocaja Rural, Globalcaja o Caixabank, pero explica que podrá adherirse cualquier entidad que lo solicite.

Sobre la compatibilidad de esta ayuda regional para la entrada de una vivienda con la subvención para el mismo fin que otorga el Gobierno de España a través del ICO, Ruiz Molina asegura que “no tiene sentido” porque al banco “le interesa conceder la mayor cuantía posible”, por lo que la persona interesada tendría que optar por una de las dos opciones. “No vamos a hablar de exclusión porque son dos caminos diferentes, pero yo creo que funciona uno o funciona otro”, aclara.

Las condiciones de aplicación de estos préstamos tipo 0 regionales son las siguientes: irán dirigidos a jóvenes menores de 36 años y familias con hijos/as para cubrir el 20% de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual. La ayuda máxima será de 48.000 euros y se aplicará a viviendas con un precio máximo de 240.000 euros, siendo preciso un empadronamiento previo de 2 años -salvo en municipios que estén situados en zonas de extrema despoblación-. El programa se desarrollará entre 2026 y 2030.

Las otras ayudas del Gobierno regional para la vivienda

Por otra parte, el consejero ha asegurado que el resto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de Castila-La Mancha que se incluían en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha sí están ya vigentes. Son estas:

Este jueves, 9 de abril, arranca la Campaña de la Renta de 2025 en Navarra, que finalizará el próximo 25 de junio. Durante algo más de tres meses los contribuyentes podrán hacer su declaración el IRPF correspondiente al año pasado mediante tres modalidades: online, telefónica o presencial. Entre las principales novedades de la declaración del 2025 destacan las deducciones por alquiler de vivienda permanente o las deducciones para pensionistas, entre otras. El lema de la campaña de este año es “Si yo pude, tú también” con el que se pretende “romper la barrera del miedo” de realizar la declaración, así como animar a la ciudadanía a decantarse por las modalidades online y telefónica para realizar la declaración.

Según ha informado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, la Hacienda Foral de Navarra ha elaborado este año 221.446 propuestas de declaración que los contribuyentes podrán revisar desde este día 8 en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De ellas, 134.661 propuestas son a devolver, un 60,8%. Según los cálculos, serán 115,6 millones de euros los que la Hacienda Foral comenzará a devolver a partir del 15 de abril. Las 86.785 propuestas restantes son a pagar, una cantidad estimada de 62,1 millones de euros.

Será a partir del 9 de abril cuando se abrirá el plazo para realizar la declaración a través de internet. Según ha apuntado el consejero, desde el año 2020 está modalidad “ha crecido mucho” y el año asado ya representó el 35% del total de las declaraciones. Además, 221.444 contribuyentes tendrán ya una propuesta de declaración elaborada por Hacienda. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, han informado desde el Gobierno, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara.

Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. “Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales”, ha expuesto José Luis Arasti.

Según las estimaciones de la Hacienda Foral, este año se agendarán unas 24.000 citas presenciales para realizar la declaración de la renta y unas 10.000 por vía telefónica.

Novedades tributarias: vivienda, pensiones y donaciones

Entre las novedades tributarias de la declaración de la renta del 2025 en Navarra destaca las deducciones por el alquiler de vivienda permanente, especialmente de aquellas que se encuentran en zonas declaradas zonas de mercado tensionado. La reducción en estos casos será del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Asimismo, se contempla la reducción del 70% para arrendamientos intermediados por la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa y una reducción del 90%, si la vivienda está en la bolsa de alquiler de Nasuvinsa y además se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado. Todavía no hay estimaciones de cuantas personas se acogerán a estas deducciones tras la declaración de zonas tensionadas en mayo del 2025.

Otra novedad es la referente a las pensiones. Se trata del aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación contributivas. Así, se elevan para el año 2025 los importes de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, una medida que tendrá un coste estimado de 16,7 millones de euros.

También habrá deducciones por la compra de vehículos eléctricos con un aumento del límite base de deducción a 35.000 euros; un aumento del umbral para tributar en EDE para contribuyentes del sector primario de 300.000 a 350.000 euros; y una deducción del 80% hasta 250 euros y del 40% a partir de esa cantidad en las donaciones por mecenazgo.

“La fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común”, ha destacado el consejero de Economía y Hacienda. “Muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo, pero poco hablan de que el mínimo es, con diferencia, el más bajo de todo el país; tenemos un tipo mínimo agregado del 13%”, ha añadido.

El consejero Arasti también ha avanzado que si la inflación cierra el 2026 por encima del 2% , el Gobierno de Navarra llevará a la mesa de fiscalidad una propuesta para la deflactación del IRPF para “corregir los efectos al alza sobre los precios por la propia guerra de Irán”. La mesa de fiscalidad se convocará en la segunda quincena de abril, según ha apuntado el consejero.

Ya está aquí la campaña de la Renta 2025. Este miércoles 8 de abril empieza el periodo para presentar la Declaración de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cual se prolongará hasta el próximo 30 de junio.

Coincidiendo con este arranque, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes su Campaña de la Renta 2025, que contempla un total de 27 desgravaciones para el tramo autonómico del IRPF y que se espera que beneficie a unos 215.000 contribuyentes de la región, con un impacto de 71 millones de euros.

Las novedades: deducciones en vivienda y por gastos veterinarios

Dentro de la casi treintena de desgravaciones, se incluyen las nuevas deducciones aprobadas en materia de vivienda:

Por otra parte, la otra desgravación novedosa de esta campaña es una deducción del 30% por los gastos derivados de los controles veterinarios y la vacunación en los casos de tenencia de perros de asistencia para personas con discapacidad, hasta un máximo de 100 euros por contribuyente.

Beneficios fiscales para familias y jóvenes

En cuanto al resto de beneficios fiscales, continúa presente el bloque de medidas para adecuar el esfuerzo fiscal a las situaciones de familias y jóvenes entre las que se encuentran las reducciones de entre 100 y 900 euros por nacimiento o adopción de hijos, de 200 euros por familia numerosa o familia monoparental, por discapacidad del contribuyente o de sus ascendientes o descendientes y, por último, las destinadas a contribuyentes mayores de 75 años.

Además, las familias también pueden acogerse a un segundo bloque de medidas enfocadas a determinados gastos, entre las que se encuentran las contempladas para guardería o centros de educación infantil (deducción del 30%), los gastos relacionados con la educación (hasta 300 euros), por cuidado de ascendientes mayores de 75 años (de 150 euros), por acogimiento no remunerado de menores, para mayores de 65 y personas con discapacidad y la compensación por incremento del tipo de interés en préstamos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda en menores de 40 años.

Reto demográfico e inversión empresarial

A estas se suman las deducciones para potenciar la lucha contra el reto demográfico, que son de hasta un 25% para personas con residencia en zonas escasamente pobladas; de hasta el 15% por gastos de adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual; y de 500 euros por el traslado de vivienda por motivos laborales a zonas escasamente pobladas.

Finalmente, el último paquete de desgravaciones se centra en incentivar la inversión empresarial, concediendo deducciones de un 20% en las cantidades invertidas en la constitución o ampliación de capital en sociedades mercantiles y otra más por inversión en entidades de economía social.

Se beneficiarán el 20% de los contribuyentes

“Estamos ante un conjunto de deducciones muy importantes”, ha realzado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es “una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja y la cuarta con el menor IRPF” dentro de las incluidas en el Régimen Común.

Así, ha explicado que esos 215.000 contribuyentes que pueden beneficiarse son “prácticamente el 20%” del total de personas que cada año hacen la declaración de la Renta en la región. Además, de ellos, ha especificado el consejero, unos 18.000 podrían disfrutar de desgravaciones fiscales en relación con la vivienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a certificar en solo tres minutos las solicitudes que sean realizadas por la ciudadanía en materia de Tesorería a través de la implantación de la certificación automatizada e inmediata, así como el sello electrónico.

Se trata de documentos administrativos que constatan la existencia de determinados pagos realizados o retenciones prácticas en concepto de IRPF, dentro de procedimientos administrativos. Hasta ahora, la emisión y comunicación de dichos certificados tenía un plazo de unos cinco días desde la recepción de la solicitud.

Así se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), mediante la cual se aprueba el sello electrónico de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, así como su uso, superpuesto al código seguro de verificación para la firma y emisión, de manera automatizada, de documentos administrativos de constancia y se atribuyen las competencias que permiten generar dichos documentos y su contenido.

De este modo, se aprueba una medida que “facilita a las personas la obtención de certificados en el ámbito de la Tesorería, gracias a la implantación de la certificación automatizada e inmediata”. Así, ese trámite será emitido y comunicado en el plazo de tres minutos desde que se registre la solicitud por parte del ciudadano o la ciudadana. Además, los certificados serán interoperables con otras administraciones, lo que, a su vez, garantiza el derecho del que dispone la ciudadanía de no tener que aportar documentos que ya obren en poder de otra administración.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha apuntan que “se mejora la eficacia y la productividad de los empleados públicos” a partir de la aplicación de la tecnología a trabajos que antes requerían la intervención funcionarios en los procesos. Ahora, se reducen “de manera esencial” los tiempos de respuesta a la vez que se reduce la burocracia.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, a la que, a su vez está adscrita la unidad de la Tesorería General, ha confeccionado el contenido de los certificados, así como su emisión automatizada, garantizando la identificación electrónica del órgano firmante, la integridad del certificado, su verificación mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional y su interoperabilidad con otras administraciones.

2.000 certificados al año

Para obtener los mismos, las personas interesadas, alrededor de 2.000, presentaban una solicitud en la sede electrónica de la Administración regional que, posteriormente, era gestionada por empleados públicos que, accediendo al sistema informático de gestión económica, extraían los datos y confeccionaban los certificados en un soporte electrónico, que posteriormente era firmado de manera electrónica por el responsable de la Dirección General y, finalmente, comunicado, por dichos empleados, a la persona interesada.

Con la orden aprobada y hoy publicada en el DOCM se implementan las Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) y se elimina la participación de empleados públicos en el proceso de elaboración, firma y comunicación, ya que mediante la interconexión de la sede electrónica, donde se presenta la solicitud con la plataforma que gestiona el sistema informático que contiene los datos económicos y de identificación de la persona solicitante, se va a generar de manera automática e inmediata el certificado requerido, que además será firmado y comunicado al solicitante, también de manera automática, en el correo electrónico que haya indicado en su solicitud. Todo ello en el plazo de tres minutos.

Esta AAA garantiza la identificación electrónica del órgano firmante, así como la integridad del certificado emitido pudiendo, además, verificarse su contenido mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional mediante un código único de identificación para cada certificado.

La superposición del sello electrónico a dicho certificado garantiza también la interoperabilidad de este, lo que permitirá que se pueda remitir directamente a otras Administraciones Públicas, sin que sea la ciudadanía la que lo tenga que aportar ante otras administraciones cuando estas lo requieran, ya que“ al ser interoperable” la persona interesada podrá porque sea remitido directamente entre dichas administraciones.

La reacción de la Junta de Extremadura a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno, conocida este viernes, ha sido lo contundente que se esperaba. “Basta ya”, ha dicho la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, que ha rechazado el modelo e incluso ha avanzado que se plantea un recurso de inconstitucionalidad al considerar que el nuevo reparto “aniquila” las posibilidades de crecimiento de la región porque no recibirá “ni un céntimo más”.

“Ni Cantabria ni Extremadura van a recibir un céntimo más en el sistema de financiación autonómica. Es una auténtica aberración que aniquila el crecimiento de nuestra comunidad autónoma por esa percepción de ingresos que sí van a recibir otros territorios, 4.700 millones de euros paga Sánchez para mantenerse en el poder. Consagra un principio inconstitucional, el principio de ordinalidad que territorializa los ingresos”, ha subrayado Manzano, que el miércoles participará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se explicará a los Gobiernos regionales la propuesta del modelo de financiación autonómica.

Manzano ha explicado que Extremadura seguirá recibiendo los 4.700 millones de euros que ingresa ahora, y solo se prevé un aumento de 216 millones a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que establecerá un tramo específico para las que están por debajo de la media en financiación por habitante. De esta forma, la comunidad, junto con Cantabria, que recibirá 46 millones a través de ese fondo, serán las dos únicas regiones que no verán incrementado sus recursos respecto al modelo vigente de financiación, mientras que, por ejemplo, Catalunya recibirá 4.686 millones más; la Comunitat Valenciana ingresará 3.669 más, y Madrid, 2.555 millones más, ha detallado la consejera.

Así las cosas, Manzano ha recordado que ese fondo de compensación “lo que tiene que hacer es corregir desequilibrios interterritoriales, no garantizar la suficiencia financiera autonómica”. “Yo quiero recursos suficientes. Y recursos suficientes no tengo a día de hoy. No los tenemos”, ha aseverado la responsable extremeña en funciones, que ha señalado que Extremadura defenderá “los principios de justicia y de igualdad y de solidaridad”.

“Vamos a exigir una financiación suficiente para Extremadura y que después el Fondo de Compensación Interterritorial realice el principio de solidaridad, pero a través de ese fondo no se va a suplir el hecho de no recibir ni un céntimo”, ha subrayado en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres.

La responsable extremeña de Hacienda ha subrayado que el modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez “es una verdadera injusticia” que va a lastrar el crecimiento de Extremadura, “al que sí tienen derecho otras comunidades autónomas”. Por eso, “nosotros no nos vamos a conformar. Han sido muchos años de una financiación insuficiente. Han sido muchos años de mirar siempre a los mismos territorios. Han sido muchos años de falta de inversión, de infraestructuras en nuestra región, de conectarnos con el resto del territorio, de poder crecer”, se ha lamentado Manzano, que no ha descartado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que el modelo salga adelante.

Y es que, según ha explicado, en la Constitución Española “se habla de igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, de que podemos elegir vivir aquí, de que podemos elegir vivir en Extremadura”, algo que se dificulta con la nueva financiación en la que tampoco se tiene en cuenta la extensión del territorio en una región como la extremeña en la que la prestación de servicios tiene un coste mayor por la dispersión de la población.

Este cálculo solo muestra el aumento de los recursos de cada comunidad autónoma por habitante entre el total de población cada territorio, según el nuevo modelo del Gobierno. No pondera variables que influyen en el coste de los servicios como la superficie, la dispersión de la población, la estructura demográfica o la insularidad, que se incluyen en los cálculos para determinar las necesidades de cada territorio en el modelo de financiación autonómica.

Por ello, ha pedido un reparto “más justo” de los 325.000 millones de euros que recauda el Estado en este año, que “es el doble de lo que recaudaba en el año 2009”, que es cuando se aprueba el otro modelo de financiación autonómica.

Recurso de constitucionalidad

Si el nuevo modelo sale adelante, Extremadura planteará “todos los medios legales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente para defender la igualdad de los extremeños”. “Este Gobierno actúa y va a reivindicarlo siempre, por supuesto también en los tribunales”, ha asegurado Elena Mano, que también ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, según ha dicho, “le importa muy poco el ordenamiento jurídico vigente, le importa muy poco la Constitución que ha jurado cumplir, le importa muy poco lo que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y le importa muy poco lo que dice la ley reguladora del sistema de financiación autonómica”.

Respecto a las formas, también se ha referido a la reunión de Sánchez con Oriol Junqueras, que “no representa a una comunidad autónoma”. “Es un señor que está inhabilitado, que no representa a ningún territorio, aunque defiende muy bien los intereses de ese separatismo catalán, para pactar algo que nos afecta a todas las comunidades autónomas, para negociar con el dinero de todos los españoles”.

“El modelo de financiación autonómica, tal y como dice la Constitución y la LOFCA, tiene que pactarse en el seno de un órgano multilateral, tiene que abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien tiene la competencia para aprobar ese modelo, para regular, para proponer ese modelo”, ha defendido. Por ello, Manzano ha afeado que no se haya trasladado primero a las comunidades las líneas generales de ese modelo de financiación que tiene que plasmarse en una ley orgánica, establecer un articulado que modifique la LOFCA y aprobarse en el Congreso de los Diputados.

“Tendríamos que haber conocido el modelo mucho antes, porque así se respetan las instituciones y así se respeta lo que representa el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha concluido Manzano que ha rechazado que “frontalmente” que de los 21.000 millones de euros que repartirá el nuevo sistema de financiación, Extremadura no reciba “ni un céntimo de euro más” por un modelo “pactado” de forma “bilateral” con Catalunya.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha contará en 2026 con un presupuesto global de 341 millones de euros, lo que representa un aumento con respecto al ejercicio anterior del 12,5%, es decir 38 millones de euros más.

Así lo ha destacado el titular de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, antes de participar en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha comparecido para informar de las cuentas de su departamento para 2026, acompañado por la secretaria general, Macarena Sáiz y el director general de Presupuestos, Isidro Hernández. Con su comparecencia concluye la ronda que hace una semana iniciaron los miembros del Consejo de Gobierno.

Más dinero para “emergencias extraordinarias” y Protección Civil

En 2026 este departamento tendrá dos áreas “prioritarias”. Una de ellas tiene que ver con la Protección Ciudadana. Ruiz Molina ha explicado que se va a “continuar con la renovación profunda” de los servicios que se prestan en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para que este sistema “siga estando a la altura de las circunstancias” ante futuras situaciones de “emergencias extraordinarias”, que cada vez son “más intensas y graves”.

Para ello, ha continuado, en este año se va a incrementar el presupuesto de Protección Ciudadana un 74,5 por ciento, siendo el área que más crece, hasta alcanzar los 26,5 millones, y que va a permitir seguir financiando, entre otras, dos obras fundamentales en el ámbito de las emergencia, por un importe de 16,2 millones de euros, como es la terminación de las obras de construcción del nuevo edificio para el Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla-La Mancha, y el inicio de la construcción de la nueva Escuela de Protección Ciudadana, para adecuarlo a las necesidades formativas.

Habrá nuevos equipamientos para las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil; se seguirá con las ayudas a los ayuntamientos para la elaboración de sus planes municipales y con la mejora de la oferta formativa de las Escuela de Protección Ciudadana para los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha.

Transformación Digital y salud digital

El segundo eje estratégico del presupuesto al que ha hecho referencia el consejero va a ser la transformación digital, a través de la Agencia de Transformación Digital, que para 2026 va a contar con 191 millones, 15,5 más que en 2025, lo que va a permitir seguir desplegando la Estrategia Digital de Castilla-La Mancha y avanzar en la digitalización plena de la Administración, para acercar los servicios públicos que se prestan de manera personalizada a toda la ciudadanía, independientemente de donde residan; promover el “uso seguro de la tecnología, invirtiendo en ciberseguridad”, así como la capacitación digital; y garantizar la conectividad en la región hasta alcanzar al cien por cien de la población.

Además, y como prioridad para este ejercicio, Juan Alfonso Ruiz Molina ha señalado que se va a seguir “facilitando la labor de los profesionales sanitarios y mejorar la atención que se presta a la ciudadanía” a través de la inversión en salud digital. Un área a la que, como ha explicado, se va a destinar aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto de la Agencia, un total de 80 millones, con el objetivo de optimizar al máximo la implantación de las nuevas tecnologías en la salud, para que “contribuya a dotar a la región de un sistema sanitario público cada vez más innovador, accesible, predictivo y eficiente”.

Un presupuesto para 2026 en materia de salud digital, que va a reforzar la “capacidad resolutiva de nuestro sistema sanitario”, que ya cuenta con un nivel de madurez tecnológico muy alto. Y ha señalado que “son objetivos muy ambiciosos” que según ha indicado el consejero “se van a poder alcanzar porque disponemos de recursos financieros para ello”, y más importante, “disponemos de un equipo de recursos humanos perfectamente preparado para llevarlos a cabo”.

Grado de ejecución del presupuesto, un 18,7 por ciento más

En otro orden de cosas, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha referido al grado de ejecución del presupuesto vigente, que “suscita dudas y críticas por parte de la oposición”, y ha aportado algunos datos aclaratorios, no sin antes recordar que el ejercicio 2024 se ha terminado con un nivel de ejecución en términos de obligaciones reconocidas del 93,74 por ciento, y en relación con el estado de ingresos del 97,53 por ciento.

Y ya para el presente ejercicio, en el apartado de gastos, el consejero ha concretado que, a fecha de 31 de octubre se han reconocido obligaciones por importe de 11.134 millones, lo que representa una ejecución del 77,7 por ciento del presupuesto definitivo; mientras que, si se compara con el ejecutado a esta misma fecha en 2024, se han gastado un 18,7 por ciento más.

Y si se compara con el mes anterior, el incremento es de 1.320 millones, lo que pone de manifiesto el incremento del ritmo en la ejecución en los meses finales de año, que es cuando “se culmina todo el proceso administrativo que la ejecución de las cuentas autonómicas lleva consigo”. Datos, que según ha remarcado, “reflejan una buena gestión de los recursos públicos que están a disposición de la Administración regional”, aprovechando este escenario para “felicitar a los empleados y empleadas públicas, por el alto nivel de ejecución del presupuesto”

Y con respecto al estado de ingresos, el consejero ha señalado que, a fecha de 31 de octubre, se han ingresado 10.816 millones, es decir más del 75 por ciento de la previsión definitiva, y ha remarcado que, si se tiene en cuenta que muchos de los ingresos, principalmente los que proceden de la administración del Estado o de la Unión Europea, se liquidan al final del ejercicio, se pone de manifiesto que “las estimaciones realizadas cuando se elaboró el presupuestos para 2025, se ajustaban a la realidad”.

El PP denuncia “errores” y una “enmienda encubierta”

De su lado, desde el PP, el parlamentario Santiago Serrano ha señalado que su grupo ha recibido “una corrección de errores materiales” por parte de la Junta en el que se advierten de errores al articulado “a áreas tan importantes en el presupuesto de gastos como fomento, educación o agricultura”, según informa Europa Press.

Estos “errores habían sido advertidos por el Grupo Parlamentario Popular”, ha afirmado Serrano, afeando que la corrección se remita “hoy” por parte del Gobierno regional, “último día de comparecencias en las comisiones de presupuestos”.

Interpelará el PP al consejero de Hacienda por esta cuestión, al tiempo que ha acusado a la Junta de “realizar una enmienda encubierta en toda regla que escapa al control parlamentario de las Cortes regionales”.

Asimismo, Serrano ha mostrado su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Castilla-La Mancha “siga completamente cerrado a cualquier planteamiento” de “disminuir la presión fiscal de bajar impuestos para los ciudadanos”.

Así, ha descrito que los ingresos tributarios totales para el año 2026 crecerán un 6,8% y habrá un incremento de los impuestos directos en un 8,8%, así como de los impuestos indirectos, que aumentan un 13,2%, según el PP, “dentro de una recaudación récord que supondrá un incremento global de 500 millones de euros”.

Vox, preocupado por el precio del turrón

Del lado de Vox, el parlamentario Francisco Cobos ha mostrado su preocupación por que esta Navidad comprar turrón va a suponer un “lujo” para los castellanomanchegos. “Estos presupuestos no alivian, exprimen”.

Ha puesto “tres ejemplos de despilfarros” en el área que dirige Ruiz Molina, tales como “el aumento de sueldos, la agencia de transformación digital o la ampliación de la flota de coches”.

Por ello, se ha preguntado qué respuesta da este gobierno “a quienes sostienen esta región”, afirmando que no existe ninguna y afeando al PSOE por aumentar la recaudación, mientras “las familias viven peor que nunca”.

El PSOE destaca avances en todas las áreas

De su parte, la socialista Silvia Fernández ha destacado el incremento en más de 15 millones de euros para servicios digitales, avances en ciberseguridad, plataformas digitales para el turismo y el sector agroalimentario.

Los 'hubs' de innovación, el bono social de conectividad para más de 10.000 hogares vulnerables o la reducción de deuda respecto al PIB en la región son otros de los aspectos clave en las cuentas de la Consejería de Hacienda, tal y como ha afirmado la diputada del PSOE.

Además, según Fernández, en 2026 se prevén aprobar otras 3.000 plazas en la oferta de empleo público y se seguirá avanzando en simplificación administrativa, lo que se suma a los 84 millones en desgravaciones para la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones en ayudas para personas con discapacidad.

Por último, ha hecho alusión al área de Protección Ciudadana, en la que en “otras comunidades se recorta personal o recursos”, y en Castilla-La Mancha se refuerza con un incremento del 80 por ciento.

El presupuesto que Castilla-La Mancha dispondrá el año que viene crecerá hasta los 12.903 millones de euros, un 1,5% más respecto a 2025. De esa cifra, el 72% será destinada a gastos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que ha explicado que las cuentas tienen el objetivo de “consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la compra de más deuda y reducir la presión fiscal a los sectores más desfavorecidos”.

Para el consejero, los presupuestos comparten los objetivos del “fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y competitividad de las empresas y el avance en la ducha en la lucha contra la despoblación”.

Ruiz Molina también se ha referido a la consistencia de unas cuentas públicas que vienen avaladas por la “normalidad y estabilidad política e institucional” en Castilla-La Mancha, en contraste con la “incertidumbre nacional”, en un contexto en el que aún no se ha concretado Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.

Tras la presentación, el consejero de Hacienda se ha desplazado hasta la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha para registrar las cuentas y entregar una copia del borrador al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, esta misma mañana. Con este acto, los presupuestos inician su tramitación parlamentaria con la aspiración de que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

A partir de ahora, la calificación en la próxima sesión de la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos, en un proceso que se lleva a cabo con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.

Ruiz Molina ha confesado sentirse “especialmente orgulloso” de unas cuentas para las que espera contar también con las “aportaciones” de Partido Popular y Vox, ha concluido.

Inversiones en gasto social por un total de 7.555 millones de euros

Desgranando con más detalle los presupuestos, y en referencia al área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015, mientras que el gasto en desarrollo económico asciende a 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.

El consejero ha destacado así que las cuentas de 2026 “permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas”, toda vez que los apartados destinados a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 72% del presupuesto, de los cuales el 38,9% corresponde a Sanidad, el 23,4% a educación, cultura y deportes y el 9,7% a servicios sociales.

Sanidad contará con un presupuesto de 4.058 millones de euros, un 7,5% más, con la aspiración de ampliar las plantillas, impulsar el plan de infraestructuras sanitarias en proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano o las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, impulsar la red de atención en salud mental y apostar por la prevención, incrementando el calendario de vacunas y el cribado neonatal.

Para educación se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, “con el objetivo de bajar las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros y enseñanzas, e impulsar la FP y la inclusión educativa”.

En lo que atañe a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, un 7,7% más, “para incrementar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana, o incrementar las plazas de termalismo y turismo social”.

3.232 millones para generación de riqueza y empleo

Ruiz Molina también ha destacado la importancia que se ha dado al área para la generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones, con el fin de fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.

En este sentido cobran especial protagonismo las “políticas transversales” contra la despoblación, para las que se han reservado 2.116 millones de euros, de los cuales la mayor parte se los llevan los servicios públicos y el ámbito económico, gracias a una inversión que se ha incrementado un 23,5% desde el año 2023, lo que supone 402 millones más, ha puntualizado el consejero.

Respecto a los gastos por capítulos, descontados los fondos de la UE, Ruiz Molina ha destacado que el 42,8% están reservados a gastos de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros, mientras que las operaciones de capital, que ascienden a 1.560 millones, permitirán “un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, ya que se ha incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, 2,5 veces más”.

Sin más deuda

En alusión al gasto por secciones, el consejero ha destacado el incremento de las partidas destinadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas y a la Consejería de Fomento, mientras que el total de ingresos no financieros está previsto que ascienda a 11.494 millones de euros, incluido un 68% proveniente del sistema de financiación autonómica, con una reducción del 31% de pasivos financieros, ya que no está previsto acudir a más préstamos, al margen de la refinanciación de la deuda pública existente.

Por otra parte, ha destacado el esfuerzo en deducciones que permitan un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores de la población más desfavorecidos. Así, ha destacado que las desgravaciones y el ahorro fiscal supondrán un total de 84 millones de euros en facilidades de acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. “Desde 2015 se han invertido 211 millones más, lo que supone un incremento del 118,5%”, ha destacado el consejero.

 La agencia estadounidense Moody´s ha elevado la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a 'grado de inversión', según ha informado la Consejería de Hacienda, que señala que eso “demuestra el elevado nivel de confianza que despierta la región en el mercado de deuda” y que es algo que se traduce “en menores costes por los créditos adquiridos o los que se puedan adquirir en el futuro y, en definitiva, mayor capacidad de gasto en educación, sanidad y servicios sociales”. Este departamento del Gobierno castellanomanchego lo relaciona con la situación macroeconómica de la región y de la salud de las finanzas regionales.

Esta mejora de la calificación, según Hacienda, “refleja las buenas condiciones fiscales de la región en 2024”, con “mejores saldos operativos primarios y una menor carga de deuda”; una situación que según ha recogido la agencia estadounidense en su informe va a continuar mejorando la situación financiera y fiscal durante los próximos años, con un saldo operativo positivo para la región.

Desde el Gobierno regional se ha valorado “muy positivamente” esta calificación y alude al “clima de estabilidad política” que vive Castilla-La Mancha.

La publicación coincide con los últimos datos publicados por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestre de 2025, en los que Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su PIB desde 2015, por detrás de Navarra e Islas Baleares, pasando de 35,4 por ciento de junio de 2015 a 28,5 por ciento en junio de 2025, lo que se traduce en una reducción total de 6,9 puntos porcentuales, superando en más de cuatro puntos a la media nacional.

El Gobierno de Navarra ha aproado en una sesión extraordiaria el techo de gasto para los presupuestos del 2026, que se incrementará un 5,5% respecto al presupuesto aprobado en 2025. Así, el Ejecutivo foral ha previsto de cara a 2026 un gasto máximo de 6.315,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 328,6 millones frente a lo contemplado para 2025, un 5,5% más. 

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha reconocido que incrementar la cifra de límite de gasto resulta cada vez más complicado “dadas las exigencias que se afrontan y los compromisos adquiridos”, pero ha resaltado que “un año más” el Gobierno navarro ha logrado incrementar el gasto.

De los 6.315,1 millones del gasto aprobado, Navarra deberá descontar la aportación que realiza al Estado merced al Convenio Económico y que, en estos momentos, está estimada en 932 millones de euros. La presidenta, María Chivite, anunció que en próximas fechas se tendrá una reunión con el Ministerio de Hacienda para negociar una “compensación” a la comunidad foral en el pago de esta aportación por la condonación de la deuda a otras autonomías. También se restará el Fondo de Haciendas Locales (345 millones de euros), lo que sitúa la cifra del límite de gasto no financiero en 5.038,1 millones, un 5,4% superior al de 2025.

Para fijar el techo de gasto el Ejecutivo navarro ha contado con una previsión de ingresos no financieros de 6.142 millones de euros, estimada por los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y en particular la Hacienda Foral de Navarra respecto a los ingresos tributarios y el impacto de las medidas fiscales. También el objetivo de déficit, que tras un acuerdo entre Navarra y el Estado se fijó en el 0,3% del PIB de la comunidad foral, alrededor de los 88 millones.

“Alcanzar un techo de gasto de más de 6.300 millones de euros es un hito que se va a traducir en una mejora o, como mínimo, mantenimiento de las condiciones de vida de todas y todos los navarros”, ha celebrado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.

Una vez aprobado el techo de gasto, serán los distintos departamentos del Ejecutivo los que deberán realizar sus presupuestos para conformar el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2026. El próximo lunes se aprobará y remitirá a los departamentos la Orden Foral con el reparto del techo de gasto y las directrices económicas y técnicas para su elaboración.

Este proceso interno concluirá en la primera quincena de octubre con la aprobación del anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra, según se ha informado desde el Ejecutivo foral.

Una vez que el anteproyecto sea una realidad, el texto se remitirá entonces al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión Foral de Régimen Local para su dictamen, paso previo a la aprobación del texto como proyecto de Ley Foral en sesión de Gobierno y posterior remisión al Parlamento de Navarra para su debate.

Otro año más, el Gobierno navarro, una coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), deberá buscar el apoyo externo de Eh Bildu para la aprobación de los presupuestos por ser un Ejecutivo en minoría Parlamentaria. La coalición abertzale ha apoyado hasta el momento todos los presupuestos del Gobierno desde que la socialista María Chivite llegó al Palacio de Navarra en 2019.