A finales del pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha sacaba adelante el proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad autónoma. Un texto muy esperado debido a que incluía en su articulado, entre otras medidas, un conjunto de soluciones destinadas a hacer “más asequible” el acceso de las personas jóvenes de la región a su primera vivienda.

Sin embargo, una de esas medidas todavía no está en marcha. Se trata de la que contemplaba la concesión de préstamos a tipo cero para cubrir la parte que no financiada por las entidades bancarias cuando se compra una vivienda -lo que se conoce comúnmente como 'la entrada'-. ¿A qué se debe ese retraso?

Negativa de los bancos

En declaraciones concedidas a elDiario.es Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, detalla que, durante las negociaciones para definir la medida antes de aprobar la ley, las entidades financieras mostraron su rechazo a estos préstamos tipo 0 porque tenían “muy mala experiencia” con los avales del ICO. Esta es una línea de ayudas estatales para la compra de una vivienda en la que el Gobierno de España aporta hasta el 20% del valor del inmueble, pero, según el consejero, les supuso a los bancos una “enorme carga burocrática”, por lo que se mostraron reticentes a la propuesta regional.

“Cuando convencimos a las entidades financieras de que los requisitos que íbamos a exigir eran mucho menos burocráticos que los que pedía el ICO, la ley ya estaba tramitándose”, apunta Ruiz Molina. Una situación que impedía introducir cambios en el texto o añadir nuevas enmiendas ordinarias. Por ello, asegura que el Gobierno regional intentó, durante el debate del texto en las Cortes regionales, sacar adelante una enmienda transaccional a una del Partido Popular que permitiera que “no solamente pudiéramos conceder préstamos, sino también dar ayudas o garantías”.

Dicha enmienda no salió adelante debido al rechazo del PP, por lo que la Ley se aprobó, pero sin incluir las garantías exigidas por las entidades financieras para conceder préstamos tipo 0.

Espera que la nueva vía esté lista en un mes

Por ello, este aspecto de las ayudas se vio retrasado y ahora se opta por una nueva vía. “Vamos a presentar una proposición de ley precisamente para modificar ese artículo, de tal manera que con ese dinero podamos no solamente otorgar préstamos, sino también avales. El convenio que vamos a firmar con las entidades financieras es de aval, mientras que a la persona interesada le daremos una subvención equivalente a los intereses que tendría que pagar por esa parte no financiada por los bancos”, detalla Ruiz Molina.

El consejero espera que dicha ley esté aprobada en el plazo de un mes, un periodo de tiempo en el que seguirán ultimando con las entidades financieras el convenio de colaboración. De momento, la Junta está hablando con algunos bancos, entre los que ha mencionado al Santander, Eurocaja Rural, Globalcaja o Caixabank, pero explica que podrá adherirse cualquier entidad que lo solicite.

Sobre la compatibilidad de esta ayuda regional para la entrada de una vivienda con la subvención para el mismo fin que otorga el Gobierno de España a través del ICO, Ruiz Molina asegura que “no tiene sentido” porque al banco “le interesa conceder la mayor cuantía posible”, por lo que la persona interesada tendría que optar por una de las dos opciones. “No vamos a hablar de exclusión porque son dos caminos diferentes, pero yo creo que funciona uno o funciona otro”, aclara.

Las condiciones de aplicación de estos préstamos tipo 0 regionales son las siguientes: irán dirigidos a jóvenes menores de 36 años y familias con hijos/as para cubrir el 20% de la entrada inicial para la compra de la primera vivienda habitual. La ayuda máxima será de 48.000 euros y se aplicará a viviendas con un precio máximo de 240.000 euros, siendo preciso un empadronamiento previo de 2 años -salvo en municipios que estén situados en zonas de extrema despoblación-. El programa se desarrollará entre 2026 y 2030.

Las otras ayudas del Gobierno regional para la vivienda

Por otra parte, el consejero ha asegurado que el resto de medidas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de Castila-La Mancha que se incluían en la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha sí están ya vigentes. Son estas:

Este jueves, 9 de abril, arranca la Campaña de la Renta de 2025 en Navarra, que finalizará el próximo 25 de junio. Durante algo más de tres meses los contribuyentes podrán hacer su declaración el IRPF correspondiente al año pasado mediante tres modalidades: online, telefónica o presencial. Entre las principales novedades de la declaración del 2025 destacan las deducciones por alquiler de vivienda permanente o las deducciones para pensionistas, entre otras. El lema de la campaña de este año es “Si yo pude, tú también” con el que se pretende “romper la barrera del miedo” de realizar la declaración, así como animar a la ciudadanía a decantarse por las modalidades online y telefónica para realizar la declaración.

Según ha informado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, la Hacienda Foral de Navarra ha elaborado este año 221.446 propuestas de declaración que los contribuyentes podrán revisar desde este día 8 en la web www.renta.navarra.es y también se enviarán a los domicilios de las personas mayores de 65 años. De ellas, 134.661 propuestas son a devolver, un 60,8%. Según los cálculos, serán 115,6 millones de euros los que la Hacienda Foral comenzará a devolver a partir del 15 de abril. Las 86.785 propuestas restantes son a pagar, una cantidad estimada de 62,1 millones de euros.

Será a partir del 9 de abril cuando se abrirá el plazo para realizar la declaración a través de internet. Según ha apuntado el consejero, desde el año 2020 está modalidad “ha crecido mucho” y el año asado ya representó el 35% del total de las declaraciones. Además, 221.444 contribuyentes tendrán ya una propuesta de declaración elaborada por Hacienda. El 13 de abril empezará la renta telefónica. Si se opta por esta modalidad, han informado desde el Gobierno, solamente será necesario recopilar la documentación necesaria y esperar la correspondiente llamada en el día y a la hora reservada para que el personal de Hacienda la confeccione como si de una renta presencial se tratara.

Unos días después, el 20 de abril, se iniciará la renta presencial en las oficinas, para la cual se podrá reservar cita desde el día 16. Por primera vez este año y como experiencia piloto, Hacienda incorporará la Oficina Móvil de Renta. El objetivo es facilitar el trámite de la declaración a los habitantes de tres zonas de la geografía foral en las que no hay en un radio cercano una oficina de Hacienda. Del 27 de abril al 15 de mayo estará en Sangüesa, del 18 de mayo al 5 de junio en San Adrián y del 8 al 25 de junio en Alsasua. La reserva de cita se realiza exactamente igual que en la presencial, pero seleccionando la localidad correspondiente. “Es otra manera más de facilitar al máximo a las personas contribuyentes que puedan llevar a cabo este trámite. Entendemos que hay a quien le da más seguridad un trámite guiado y esta es otra manera de ofrecerlo, sobre todo, allá donde resulta más complicado, en núcleos rurales”, ha expuesto José Luis Arasti.

Según las estimaciones de la Hacienda Foral, este año se agendarán unas 24.000 citas presenciales para realizar la declaración de la renta y unas 10.000 por vía telefónica.

Novedades tributarias: vivienda, pensiones y donaciones

Entre las novedades tributarias de la declaración de la renta del 2025 en Navarra destaca las deducciones por el alquiler de vivienda permanente, especialmente de aquellas que se encuentran en zonas declaradas zonas de mercado tensionado. La reducción en estos casos será del 50% sobre el rendimiento neto positivo. Asimismo, se contempla la reducción del 70% para arrendamientos intermediados por la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa y una reducción del 90%, si la vivienda está en la bolsa de alquiler de Nasuvinsa y además se encuentra en una zona de mercado residencial tensionado. Todavía no hay estimaciones de cuantas personas se acogerán a estas deducciones tras la declaración de zonas tensionadas en mayo del 2025.

Otra novedad es la referente a las pensiones. Se trata del aumento de las deducciones por pensiones de viudedad y jubilación contributivas. Así, se elevan para el año 2025 los importes de las deducciones por pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación, una medida que tendrá un coste estimado de 16,7 millones de euros.

También habrá deducciones por la compra de vehículos eléctricos con un aumento del límite base de deducción a 35.000 euros; un aumento del umbral para tributar en EDE para contribuyentes del sector primario de 300.000 a 350.000 euros; y una deducción del 80% hasta 250 euros y del 40% a partir de esa cantidad en las donaciones por mecenazgo.

“La fiscalidad es ideología y por eso la apuesta de Navarra en materia fiscal siempre es la progresividad y el reparto de la riqueza para alcanzar el mayor estado de bienestar común”, ha destacado el consejero de Economía y Hacienda. “Muchas miradas interesadas ponen el foco en nuestro tipo máximo, pero poco hablan de que el mínimo es, con diferencia, el más bajo de todo el país; tenemos un tipo mínimo agregado del 13%”, ha añadido.

El consejero Arasti también ha avanzado que si la inflación cierra el 2026 por encima del 2% , el Gobierno de Navarra llevará a la mesa de fiscalidad una propuesta para la deflactación del IRPF para “corregir los efectos al alza sobre los precios por la propia guerra de Irán”. La mesa de fiscalidad se convocará en la segunda quincena de abril, según ha apuntado el consejero.

Ya está aquí la campaña de la Renta 2025. Este miércoles 8 de abril empieza el periodo para presentar la Declaración de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cual se prolongará hasta el próximo 30 de junio.

Coincidiendo con este arranque, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes su Campaña de la Renta 2025, que contempla un total de 27 desgravaciones para el tramo autonómico del IRPF y que se espera que beneficie a unos 215.000 contribuyentes de la región, con un impacto de 71 millones de euros.

Las novedades: deducciones en vivienda y por gastos veterinarios

Dentro de la casi treintena de desgravaciones, se incluyen las nuevas deducciones aprobadas en materia de vivienda:

Por otra parte, la otra desgravación novedosa de esta campaña es una deducción del 30% por los gastos derivados de los controles veterinarios y la vacunación en los casos de tenencia de perros de asistencia para personas con discapacidad, hasta un máximo de 100 euros por contribuyente.

Beneficios fiscales para familias y jóvenes

En cuanto al resto de beneficios fiscales, continúa presente el bloque de medidas para adecuar el esfuerzo fiscal a las situaciones de familias y jóvenes entre las que se encuentran las reducciones de entre 100 y 900 euros por nacimiento o adopción de hijos, de 200 euros por familia numerosa o familia monoparental, por discapacidad del contribuyente o de sus ascendientes o descendientes y, por último, las destinadas a contribuyentes mayores de 75 años.

Además, las familias también pueden acogerse a un segundo bloque de medidas enfocadas a determinados gastos, entre las que se encuentran las contempladas para guardería o centros de educación infantil (deducción del 30%), los gastos relacionados con la educación (hasta 300 euros), por cuidado de ascendientes mayores de 75 años (de 150 euros), por acogimiento no remunerado de menores, para mayores de 65 y personas con discapacidad y la compensación por incremento del tipo de interés en préstamos hipotecarios para la adquisición de primera vivienda en menores de 40 años.

Reto demográfico e inversión empresarial

A estas se suman las deducciones para potenciar la lucha contra el reto demográfico, que son de hasta un 25% para personas con residencia en zonas escasamente pobladas; de hasta el 15% por gastos de adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual; y de 500 euros por el traslado de vivienda por motivos laborales a zonas escasamente pobladas.

Finalmente, el último paquete de desgravaciones se centra en incentivar la inversión empresarial, concediendo deducciones de un 20% en las cantidades invertidas en la constitución o ampliación de capital en sociedades mercantiles y otra más por inversión en entidades de economía social.

Se beneficiarán el 20% de los contribuyentes

“Estamos ante un conjunto de deducciones muy importantes”, ha realzado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es “una de las comunidades autónomas con la presión fiscal más baja y la cuarta con el menor IRPF” dentro de las incluidas en el Régimen Común.

Así, ha explicado que esos 215.000 contribuyentes que pueden beneficiarse son “prácticamente el 20%” del total de personas que cada año hacen la declaración de la Renta en la región. Además, de ellos, ha especificado el consejero, unos 18.000 podrían disfrutar de desgravaciones fiscales en relación con la vivienda.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a certificar en solo tres minutos las solicitudes que sean realizadas por la ciudadanía en materia de Tesorería a través de la implantación de la certificación automatizada e inmediata, así como el sello electrónico.

Se trata de documentos administrativos que constatan la existencia de determinados pagos realizados o retenciones prácticas en concepto de IRPF, dentro de procedimientos administrativos. Hasta ahora, la emisión y comunicación de dichos certificados tenía un plazo de unos cinco días desde la recepción de la solicitud.

Así se recoge en la orden de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), mediante la cual se aprueba el sello electrónico de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, así como su uso, superpuesto al código seguro de verificación para la firma y emisión, de manera automatizada, de documentos administrativos de constancia y se atribuyen las competencias que permiten generar dichos documentos y su contenido.

De este modo, se aprueba una medida que “facilita a las personas la obtención de certificados en el ámbito de la Tesorería, gracias a la implantación de la certificación automatizada e inmediata”. Así, ese trámite será emitido y comunicado en el plazo de tres minutos desde que se registre la solicitud por parte del ciudadano o la ciudadana. Además, los certificados serán interoperables con otras administraciones, lo que, a su vez, garantiza el derecho del que dispone la ciudadanía de no tener que aportar documentos que ya obren en poder de otra administración.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha apuntan que “se mejora la eficacia y la productividad de los empleados públicos” a partir de la aplicación de la tecnología a trabajos que antes requerían la intervención funcionarios en los procesos. Ahora, se reducen “de manera esencial” los tiempos de respuesta a la vez que se reduce la burocracia.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Coordinación del FEDER, a la que, a su vez está adscrita la unidad de la Tesorería General, ha confeccionado el contenido de los certificados, así como su emisión automatizada, garantizando la identificación electrónica del órgano firmante, la integridad del certificado, su verificación mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional y su interoperabilidad con otras administraciones.

2.000 certificados al año

Para obtener los mismos, las personas interesadas, alrededor de 2.000, presentaban una solicitud en la sede electrónica de la Administración regional que, posteriormente, era gestionada por empleados públicos que, accediendo al sistema informático de gestión económica, extraían los datos y confeccionaban los certificados en un soporte electrónico, que posteriormente era firmado de manera electrónica por el responsable de la Dirección General y, finalmente, comunicado, por dichos empleados, a la persona interesada.

Con la orden aprobada y hoy publicada en el DOCM se implementan las Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) y se elimina la participación de empleados públicos en el proceso de elaboración, firma y comunicación, ya que mediante la interconexión de la sede electrónica, donde se presenta la solicitud con la plataforma que gestiona el sistema informático que contiene los datos económicos y de identificación de la persona solicitante, se va a generar de manera automática e inmediata el certificado requerido, que además será firmado y comunicado al solicitante, también de manera automática, en el correo electrónico que haya indicado en su solicitud. Todo ello en el plazo de tres minutos.

Esta AAA garantiza la identificación electrónica del órgano firmante, así como la integridad del certificado emitido pudiendo, además, verificarse su contenido mediante el acceso a la sede electrónica de la Administración regional mediante un código único de identificación para cada certificado.

La superposición del sello electrónico a dicho certificado garantiza también la interoperabilidad de este, lo que permitirá que se pueda remitir directamente a otras Administraciones Públicas, sin que sea la ciudadanía la que lo tenga que aportar ante otras administraciones cuando estas lo requieran, ya que“ al ser interoperable” la persona interesada podrá porque sea remitido directamente entre dichas administraciones.

La reacción de la Junta de Extremadura a la propuesta de financiación autonómica del Gobierno, conocida este viernes, ha sido lo contundente que se esperaba. “Basta ya”, ha dicho la consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano, que ha rechazado el modelo e incluso ha avanzado que se plantea un recurso de inconstitucionalidad al considerar que el nuevo reparto “aniquila” las posibilidades de crecimiento de la región porque no recibirá “ni un céntimo más”.

“Ni Cantabria ni Extremadura van a recibir un céntimo más en el sistema de financiación autonómica. Es una auténtica aberración que aniquila el crecimiento de nuestra comunidad autónoma por esa percepción de ingresos que sí van a recibir otros territorios, 4.700 millones de euros paga Sánchez para mantenerse en el poder. Consagra un principio inconstitucional, el principio de ordinalidad que territorializa los ingresos”, ha subrayado Manzano, que el miércoles participará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se explicará a los Gobiernos regionales la propuesta del modelo de financiación autonómica.

Manzano ha explicado que Extremadura seguirá recibiendo los 4.700 millones de euros que ingresa ahora, y solo se prevé un aumento de 216 millones a través del Fondo de Compensación Interterritorial, que establecerá un tramo específico para las que están por debajo de la media en financiación por habitante. De esta forma, la comunidad, junto con Cantabria, que recibirá 46 millones a través de ese fondo, serán las dos únicas regiones que no verán incrementado sus recursos respecto al modelo vigente de financiación, mientras que, por ejemplo, Catalunya recibirá 4.686 millones más; la Comunitat Valenciana ingresará 3.669 más, y Madrid, 2.555 millones más, ha detallado la consejera.

Así las cosas, Manzano ha recordado que ese fondo de compensación “lo que tiene que hacer es corregir desequilibrios interterritoriales, no garantizar la suficiencia financiera autonómica”. “Yo quiero recursos suficientes. Y recursos suficientes no tengo a día de hoy. No los tenemos”, ha aseverado la responsable extremeña en funciones, que ha señalado que Extremadura defenderá “los principios de justicia y de igualdad y de solidaridad”.

“Vamos a exigir una financiación suficiente para Extremadura y que después el Fondo de Compensación Interterritorial realice el principio de solidaridad, pero a través de ese fondo no se va a suplir el hecho de no recibir ni un céntimo”, ha subrayado en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres.

La responsable extremeña de Hacienda ha subrayado que el modelo propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez “es una verdadera injusticia” que va a lastrar el crecimiento de Extremadura, “al que sí tienen derecho otras comunidades autónomas”. Por eso, “nosotros no nos vamos a conformar. Han sido muchos años de una financiación insuficiente. Han sido muchos años de mirar siempre a los mismos territorios. Han sido muchos años de falta de inversión, de infraestructuras en nuestra región, de conectarnos con el resto del territorio, de poder crecer”, se ha lamentado Manzano, que no ha descartado la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que el modelo salga adelante.

Y es que, según ha explicado, en la Constitución Española “se habla de igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, de que podemos elegir vivir aquí, de que podemos elegir vivir en Extremadura”, algo que se dificulta con la nueva financiación en la que tampoco se tiene en cuenta la extensión del territorio en una región como la extremeña en la que la prestación de servicios tiene un coste mayor por la dispersión de la población.

Este cálculo solo muestra el aumento de los recursos de cada comunidad autónoma por habitante entre el total de población cada territorio, según el nuevo modelo del Gobierno. No pondera variables que influyen en el coste de los servicios como la superficie, la dispersión de la población, la estructura demográfica o la insularidad, que se incluyen en los cálculos para determinar las necesidades de cada territorio en el modelo de financiación autonómica.

Por ello, ha pedido un reparto “más justo” de los 325.000 millones de euros que recauda el Estado en este año, que “es el doble de lo que recaudaba en el año 2009”, que es cuando se aprueba el otro modelo de financiación autonómica.

Recurso de constitucionalidad

Si el nuevo modelo sale adelante, Extremadura planteará “todos los medios legales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente para defender la igualdad de los extremeños”. “Este Gobierno actúa y va a reivindicarlo siempre, por supuesto también en los tribunales”, ha asegurado Elena Mano, que también ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que, según ha dicho, “le importa muy poco el ordenamiento jurídico vigente, le importa muy poco la Constitución que ha jurado cumplir, le importa muy poco lo que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y le importa muy poco lo que dice la ley reguladora del sistema de financiación autonómica”.

Respecto a las formas, también se ha referido a la reunión de Sánchez con Oriol Junqueras, que “no representa a una comunidad autónoma”. “Es un señor que está inhabilitado, que no representa a ningún territorio, aunque defiende muy bien los intereses de ese separatismo catalán, para pactar algo que nos afecta a todas las comunidades autónomas, para negociar con el dinero de todos los españoles”.

“El modelo de financiación autonómica, tal y como dice la Constitución y la LOFCA, tiene que pactarse en el seno de un órgano multilateral, tiene que abordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien tiene la competencia para aprobar ese modelo, para regular, para proponer ese modelo”, ha defendido. Por ello, Manzano ha afeado que no se haya trasladado primero a las comunidades las líneas generales de ese modelo de financiación que tiene que plasmarse en una ley orgánica, establecer un articulado que modifique la LOFCA y aprobarse en el Congreso de los Diputados.

“Tendríamos que haber conocido el modelo mucho antes, porque así se respetan las instituciones y así se respeta lo que representa el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, ha concluido Manzano que ha rechazado que “frontalmente” que de los 21.000 millones de euros que repartirá el nuevo sistema de financiación, Extremadura no reciba “ni un céntimo de euro más” por un modelo “pactado” de forma “bilateral” con Catalunya.

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha contará en 2026 con un presupuesto global de 341 millones de euros, lo que representa un aumento con respecto al ejercicio anterior del 12,5%, es decir 38 millones de euros más.

Así lo ha destacado el titular de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, antes de participar en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha comparecido para informar de las cuentas de su departamento para 2026, acompañado por la secretaria general, Macarena Sáiz y el director general de Presupuestos, Isidro Hernández. Con su comparecencia concluye la ronda que hace una semana iniciaron los miembros del Consejo de Gobierno.

Más dinero para “emergencias extraordinarias” y Protección Civil

En 2026 este departamento tendrá dos áreas “prioritarias”. Una de ellas tiene que ver con la Protección Ciudadana. Ruiz Molina ha explicado que se va a “continuar con la renovación profunda” de los servicios que se prestan en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para que este sistema “siga estando a la altura de las circunstancias” ante futuras situaciones de “emergencias extraordinarias”, que cada vez son “más intensas y graves”.

Para ello, ha continuado, en este año se va a incrementar el presupuesto de Protección Ciudadana un 74,5 por ciento, siendo el área que más crece, hasta alcanzar los 26,5 millones, y que va a permitir seguir financiando, entre otras, dos obras fundamentales en el ámbito de las emergencia, por un importe de 16,2 millones de euros, como es la terminación de las obras de construcción del nuevo edificio para el Servicio de Emergencias 1-1-2 Castilla-La Mancha, y el inicio de la construcción de la nueva Escuela de Protección Ciudadana, para adecuarlo a las necesidades formativas.

Habrá nuevos equipamientos para las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil; se seguirá con las ayudas a los ayuntamientos para la elaboración de sus planes municipales y con la mejora de la oferta formativa de las Escuela de Protección Ciudadana para los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha.

Transformación Digital y salud digital

El segundo eje estratégico del presupuesto al que ha hecho referencia el consejero va a ser la transformación digital, a través de la Agencia de Transformación Digital, que para 2026 va a contar con 191 millones, 15,5 más que en 2025, lo que va a permitir seguir desplegando la Estrategia Digital de Castilla-La Mancha y avanzar en la digitalización plena de la Administración, para acercar los servicios públicos que se prestan de manera personalizada a toda la ciudadanía, independientemente de donde residan; promover el “uso seguro de la tecnología, invirtiendo en ciberseguridad”, así como la capacitación digital; y garantizar la conectividad en la región hasta alcanzar al cien por cien de la población.

Además, y como prioridad para este ejercicio, Juan Alfonso Ruiz Molina ha señalado que se va a seguir “facilitando la labor de los profesionales sanitarios y mejorar la atención que se presta a la ciudadanía” a través de la inversión en salud digital. Un área a la que, como ha explicado, se va a destinar aproximadamente el 50 por ciento del presupuesto de la Agencia, un total de 80 millones, con el objetivo de optimizar al máximo la implantación de las nuevas tecnologías en la salud, para que “contribuya a dotar a la región de un sistema sanitario público cada vez más innovador, accesible, predictivo y eficiente”.

Un presupuesto para 2026 en materia de salud digital, que va a reforzar la “capacidad resolutiva de nuestro sistema sanitario”, que ya cuenta con un nivel de madurez tecnológico muy alto. Y ha señalado que “son objetivos muy ambiciosos” que según ha indicado el consejero “se van a poder alcanzar porque disponemos de recursos financieros para ello”, y más importante, “disponemos de un equipo de recursos humanos perfectamente preparado para llevarlos a cabo”.

Grado de ejecución del presupuesto, un 18,7 por ciento más

En otro orden de cosas, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha referido al grado de ejecución del presupuesto vigente, que “suscita dudas y críticas por parte de la oposición”, y ha aportado algunos datos aclaratorios, no sin antes recordar que el ejercicio 2024 se ha terminado con un nivel de ejecución en términos de obligaciones reconocidas del 93,74 por ciento, y en relación con el estado de ingresos del 97,53 por ciento.

Y ya para el presente ejercicio, en el apartado de gastos, el consejero ha concretado que, a fecha de 31 de octubre se han reconocido obligaciones por importe de 11.134 millones, lo que representa una ejecución del 77,7 por ciento del presupuesto definitivo; mientras que, si se compara con el ejecutado a esta misma fecha en 2024, se han gastado un 18,7 por ciento más.

Y si se compara con el mes anterior, el incremento es de 1.320 millones, lo que pone de manifiesto el incremento del ritmo en la ejecución en los meses finales de año, que es cuando “se culmina todo el proceso administrativo que la ejecución de las cuentas autonómicas lleva consigo”. Datos, que según ha remarcado, “reflejan una buena gestión de los recursos públicos que están a disposición de la Administración regional”, aprovechando este escenario para “felicitar a los empleados y empleadas públicas, por el alto nivel de ejecución del presupuesto”

Y con respecto al estado de ingresos, el consejero ha señalado que, a fecha de 31 de octubre, se han ingresado 10.816 millones, es decir más del 75 por ciento de la previsión definitiva, y ha remarcado que, si se tiene en cuenta que muchos de los ingresos, principalmente los que proceden de la administración del Estado o de la Unión Europea, se liquidan al final del ejercicio, se pone de manifiesto que “las estimaciones realizadas cuando se elaboró el presupuestos para 2025, se ajustaban a la realidad”.

El PP denuncia “errores” y una “enmienda encubierta”

De su lado, desde el PP, el parlamentario Santiago Serrano ha señalado que su grupo ha recibido “una corrección de errores materiales” por parte de la Junta en el que se advierten de errores al articulado “a áreas tan importantes en el presupuesto de gastos como fomento, educación o agricultura”, según informa Europa Press.

Estos “errores habían sido advertidos por el Grupo Parlamentario Popular”, ha afirmado Serrano, afeando que la corrección se remita “hoy” por parte del Gobierno regional, “último día de comparecencias en las comisiones de presupuestos”.

Interpelará el PP al consejero de Hacienda por esta cuestión, al tiempo que ha acusado a la Junta de “realizar una enmienda encubierta en toda regla que escapa al control parlamentario de las Cortes regionales”.

Asimismo, Serrano ha mostrado su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Castilla-La Mancha “siga completamente cerrado a cualquier planteamiento” de “disminuir la presión fiscal de bajar impuestos para los ciudadanos”.

Así, ha descrito que los ingresos tributarios totales para el año 2026 crecerán un 6,8% y habrá un incremento de los impuestos directos en un 8,8%, así como de los impuestos indirectos, que aumentan un 13,2%, según el PP, “dentro de una recaudación récord que supondrá un incremento global de 500 millones de euros”.

Vox, preocupado por el precio del turrón

Del lado de Vox, el parlamentario Francisco Cobos ha mostrado su preocupación por que esta Navidad comprar turrón va a suponer un “lujo” para los castellanomanchegos. “Estos presupuestos no alivian, exprimen”.

Ha puesto “tres ejemplos de despilfarros” en el área que dirige Ruiz Molina, tales como “el aumento de sueldos, la agencia de transformación digital o la ampliación de la flota de coches”.

Por ello, se ha preguntado qué respuesta da este gobierno “a quienes sostienen esta región”, afirmando que no existe ninguna y afeando al PSOE por aumentar la recaudación, mientras “las familias viven peor que nunca”.

El PSOE destaca avances en todas las áreas

De su parte, la socialista Silvia Fernández ha destacado el incremento en más de 15 millones de euros para servicios digitales, avances en ciberseguridad, plataformas digitales para el turismo y el sector agroalimentario.

Los 'hubs' de innovación, el bono social de conectividad para más de 10.000 hogares vulnerables o la reducción de deuda respecto al PIB en la región son otros de los aspectos clave en las cuentas de la Consejería de Hacienda, tal y como ha afirmado la diputada del PSOE.

Además, según Fernández, en 2026 se prevén aprobar otras 3.000 plazas en la oferta de empleo público y se seguirá avanzando en simplificación administrativa, lo que se suma a los 84 millones en desgravaciones para la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones en ayudas para personas con discapacidad.

Por último, ha hecho alusión al área de Protección Ciudadana, en la que en “otras comunidades se recorta personal o recursos”, y en Castilla-La Mancha se refuerza con un incremento del 80 por ciento.

El presupuesto que Castilla-La Mancha dispondrá el año que viene crecerá hasta los 12.903 millones de euros, un 1,5% más respecto a 2025. De esa cifra, el 72% será destinada a gastos relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así lo ha manifestado este martes el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2026, que ha explicado que las cuentas tienen el objetivo de “consolidar el gasto social, mantener el equilibrio presupuestario renunciando a la compra de más deuda y reducir la presión fiscal a los sectores más desfavorecidos”.

Para el consejero, los presupuestos comparten los objetivos del “fortalecimiento de la cohesión social, la incentivación del crecimiento económico, el impulso de la sostenibilidad y competitividad de las empresas y el avance en la ducha en la lucha contra la despoblación”.

Ruiz Molina también se ha referido a la consistencia de unas cuentas públicas que vienen avaladas por la “normalidad y estabilidad política e institucional” en Castilla-La Mancha, en contraste con la “incertidumbre nacional”, en un contexto en el que aún no se ha concretado Presupuesto General del Estado ni los objetivos de déficit.

Tras la presentación, el consejero de Hacienda se ha desplazado hasta la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha para registrar las cuentas y entregar una copia del borrador al presidente de la Cámara Autonómica, Pablo Bellido, esta misma mañana. Con este acto, los presupuestos inician su tramitación parlamentaria con la aspiración de que entren en vigor el 1 de enero de 2026.

A partir de ahora, la calificación en la próxima sesión de la Mesa dará vía libre a los siguientes pasos, entre ellos la apertura de un plazo para enmiendas por parte de los grupos y la ronda de comparecencias del Consejo de Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos, en un proceso que se lleva a cabo con vistas a la aprobación de las cuentas para su entrada en vigor a tiempo con el inicio del próximo año.

Ruiz Molina ha confesado sentirse “especialmente orgulloso” de unas cuentas para las que espera contar también con las “aportaciones” de Partido Popular y Vox, ha concluido.

Inversiones en gasto social por un total de 7.555 millones de euros

Desgranando con más detalle los presupuestos, y en referencia al área vinculada al gasto social, el proyecto contempla inversiones por un total de 7.555 millones de euros, lo que supone un incremento de 3.054 millones desde 2015, mientras que el gasto en desarrollo económico asciende a 3.232 millones, lo que suma 1.356 millones más desde 2015.

El consejero ha destacado así que las cuentas de 2026 “permitirán la incorporación de más profesionales, infraestructuras, equipamientos, servicios y ayudas”, toda vez que los apartados destinados a sanidad, educación y servicios sociales suponen el 72% del presupuesto, de los cuales el 38,9% corresponde a Sanidad, el 23,4% a educación, cultura y deportes y el 9,7% a servicios sociales.

Sanidad contará con un presupuesto de 4.058 millones de euros, un 7,5% más, con la aspiración de ampliar las plantillas, impulsar el plan de infraestructuras sanitarias en proyectos vinculados al nuevo hospital de Puertollano o las áreas asistenciales de Albacete y Guadalajara, potenciar la capacidad resolutiva de la atención primaria, impulsar la red de atención en salud mental y apostar por la prevención, incrementando el calendario de vacunas y el cribado neonatal.

Para educación se han reservado 2.487 millones de euros, un 5,3% más, “con el objetivo de bajar las ratios y mejorar el horario lectivo, ampliar la gratuidad de dos a tres años, crear más plazas de transporte escolar, abrir nuevos centros y enseñanzas, e impulsar la FP y la inclusión educativa”.

En lo que atañe a los servicios sociales, se han presupuestado 1.010 millones de euros, un 7,7% más, “para incrementar la red de recursos asistenciales, potenciar la atención a la dependencia, consolidar el plan de autonomía digital, ampliar el número de servicios de atención temprana, o incrementar las plazas de termalismo y turismo social”.

3.232 millones para generación de riqueza y empleo

Ruiz Molina también ha destacado la importancia que se ha dado al área para la generación de riqueza y empleo, para la cual se han reservado 3.232 millones, con el fin de fomentar la actividad empresarial, modernizar el tejido productivo, impulsar el empleo, apoyar el sector primario, acelerar la transición ecológica y la transformación digital, facilitar la movilidad y promover un parque inmobiliario asequible para los jóvenes.

En este sentido cobran especial protagonismo las “políticas transversales” contra la despoblación, para las que se han reservado 2.116 millones de euros, de los cuales la mayor parte se los llevan los servicios públicos y el ámbito económico, gracias a una inversión que se ha incrementado un 23,5% desde el año 2023, lo que supone 402 millones más, ha puntualizado el consejero.

Respecto a los gastos por capítulos, descontados los fondos de la UE, Ruiz Molina ha destacado que el 42,8% están reservados a gastos de personal, que ascenderán a 4.464,5 millones de euros, mientras que las operaciones de capital, que ascienden a 1.560 millones, permitirán “un mayor volumen de inversión en infraestructuras y sectores productivos, ya que se ha incrementado el esfuerzo en 950 millones más desde 2015, 2,5 veces más”.

Sin más deuda

En alusión al gasto por secciones, el consejero ha destacado el incremento de las partidas destinadas a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a la Consejería de Economía y Empresas y a la Consejería de Fomento, mientras que el total de ingresos no financieros está previsto que ascienda a 11.494 millones de euros, incluido un 68% proveniente del sistema de financiación autonómica, con una reducción del 31% de pasivos financieros, ya que no está previsto acudir a más préstamos, al margen de la refinanciación de la deuda pública existente.

Por otra parte, ha destacado el esfuerzo en deducciones que permitan un ahorro fiscal de 390 millones de euros para los sectores de la población más desfavorecidos. Así, ha destacado que las desgravaciones y el ahorro fiscal supondrán un total de 84 millones de euros en facilidades de acceso a la vivienda, 60 millones en incentivos contra la despoblación y 22 millones de euros para ayudas a personas con discapacidad. “Desde 2015 se han invertido 211 millones más, lo que supone un incremento del 118,5%”, ha destacado el consejero.

 La agencia estadounidense Moody´s ha elevado la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a 'grado de inversión', según ha informado la Consejería de Hacienda, que señala que eso “demuestra el elevado nivel de confianza que despierta la región en el mercado de deuda” y que es algo que se traduce “en menores costes por los créditos adquiridos o los que se puedan adquirir en el futuro y, en definitiva, mayor capacidad de gasto en educación, sanidad y servicios sociales”. Este departamento del Gobierno castellanomanchego lo relaciona con la situación macroeconómica de la región y de la salud de las finanzas regionales.

Esta mejora de la calificación, según Hacienda, “refleja las buenas condiciones fiscales de la región en 2024”, con “mejores saldos operativos primarios y una menor carga de deuda”; una situación que según ha recogido la agencia estadounidense en su informe va a continuar mejorando la situación financiera y fiscal durante los próximos años, con un saldo operativo positivo para la región.

Desde el Gobierno regional se ha valorado “muy positivamente” esta calificación y alude al “clima de estabilidad política” que vive Castilla-La Mancha.

La publicación coincide con los últimos datos publicados por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestre de 2025, en los que Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su PIB desde 2015, por detrás de Navarra e Islas Baleares, pasando de 35,4 por ciento de junio de 2015 a 28,5 por ciento en junio de 2025, lo que se traduce en una reducción total de 6,9 puntos porcentuales, superando en más de cuatro puntos a la media nacional.

El Gobierno de Navarra ha aproado en una sesión extraordiaria el techo de gasto para los presupuestos del 2026, que se incrementará un 5,5% respecto al presupuesto aprobado en 2025. Así, el Ejecutivo foral ha previsto de cara a 2026 un gasto máximo de 6.315,1 millones de euros, lo que supone un incremento de 328,6 millones frente a lo contemplado para 2025, un 5,5% más. 

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha reconocido que incrementar la cifra de límite de gasto resulta cada vez más complicado “dadas las exigencias que se afrontan y los compromisos adquiridos”, pero ha resaltado que “un año más” el Gobierno navarro ha logrado incrementar el gasto.

De los 6.315,1 millones del gasto aprobado, Navarra deberá descontar la aportación que realiza al Estado merced al Convenio Económico y que, en estos momentos, está estimada en 932 millones de euros. La presidenta, María Chivite, anunció que en próximas fechas se tendrá una reunión con el Ministerio de Hacienda para negociar una “compensación” a la comunidad foral en el pago de esta aportación por la condonación de la deuda a otras autonomías. También se restará el Fondo de Haciendas Locales (345 millones de euros), lo que sitúa la cifra del límite de gasto no financiero en 5.038,1 millones, un 5,4% superior al de 2025.

Para fijar el techo de gasto el Ejecutivo navarro ha contado con una previsión de ingresos no financieros de 6.142 millones de euros, estimada por los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra y en particular la Hacienda Foral de Navarra respecto a los ingresos tributarios y el impacto de las medidas fiscales. También el objetivo de déficit, que tras un acuerdo entre Navarra y el Estado se fijó en el 0,3% del PIB de la comunidad foral, alrededor de los 88 millones.

“Alcanzar un techo de gasto de más de 6.300 millones de euros es un hito que se va a traducir en una mejora o, como mínimo, mantenimiento de las condiciones de vida de todas y todos los navarros”, ha celebrado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.

Una vez aprobado el techo de gasto, serán los distintos departamentos del Ejecutivo los que deberán realizar sus presupuestos para conformar el anteproyecto de Presupuestos Generales de Navarra 2026. El próximo lunes se aprobará y remitirá a los departamentos la Orden Foral con el reparto del techo de gasto y las directrices económicas y técnicas para su elaboración.

Este proceso interno concluirá en la primera quincena de octubre con la aprobación del anteproyecto por parte del Gobierno de Navarra, según se ha informado desde el Ejecutivo foral.

Una vez que el anteproyecto sea una realidad, el texto se remitirá entonces al Consejo Económico y Social de Navarra, al Consejo de Medio Ambiente y a la Comisión Foral de Régimen Local para su dictamen, paso previo a la aprobación del texto como proyecto de Ley Foral en sesión de Gobierno y posterior remisión al Parlamento de Navarra para su debate.

Otro año más, el Gobierno navarro, una coalición de PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), deberá buscar el apoyo externo de Eh Bildu para la aprobación de los presupuestos por ser un Ejecutivo en minoría Parlamentaria. La coalición abertzale ha apoyado hasta el momento todos los presupuestos del Gobierno desde que la socialista María Chivite llegó al Palacio de Navarra en 2019.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que pide explicaciones sobre por qué Extremadura va a recibir menos dinero de entregas a cuenta en 2025 que el comunicado el año pasado.

En la misiva, señala que los importes de las entregas a cuenta para el año 2025 comunicados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ascendían a 4.198 millones de euros mientras que el importe trasladado a la Consejería tras la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 6/2025 de 17 de junio de 2025 sobre la actualización de las entregas a cuenta es de 4.187 millones.

“Tras revisar esta circunstancia hemos detectado una minoración de recursos de algo más de 11 millones de euros, un 0,26% menos, en la cuantía correspondiente a las entregas a cuenta del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales”, ha explicado.

En este sentido, según ha informado el Gobierno regional en una nota, la consejera ha indicado que mientras que en Extremadura la subida no alcanza el 8%, en otras regiones como Cataluña supera el 10,2%. “El incremento de las entregas a cuenta de esa Comunidad Autónoma supera 8 veces el que se produce en Extremadura”, ha subrayado al tiempo que ha explicado que no entiende esta situación cuando la economía extremeña está “más fuerte” y se registran “cada vez mejores datos de recaudación reales”.

Los propios informes de recaudación mensual de la Agencia Tributaria avalan este crecimiento, ha alegado la consejera. “Crecemos y ese crecimiento debe reflejarse en las entregas a cuenta”, ha insistido Manzano, por lo que ha solicitado información y las razones de esta minoración.

Diez representantes de los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF y Suatea han iniciado este martes un encierro en la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias para exigir una negociación real que de respuesta por parte del Ejecutivo autonómico a las demandas de los docentes y que ponga fin a la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria.

El representante de Suatea Miguel Laria ha detallado que los cinco sindicatos docentes han tomado la decisión de llevar a cabo esta acción y de hacer un llamamiento a que sea imitado en otros centros educativos del Principado por la falta de propuestas del Gobierno regional ante las demandas del profesorado asturiano.

Secundar el llamamiento sindical

Laria ha explicado que los sindicatos han hecho “una propuesta de centros” para realizar encierros y un llamamiento al profesorado a unirse a ellos, si bien ha asegurado que esto no significa que no se puedan realizar estas acciones en otros centros, si así lo deciden las asambleas locales de docentes.

Además, ha indicado que, ante la falta de propuestas por parte de los nuevos interlocutores del Principado, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez; y la vicepresidenta, Gimena Llamedo, es necesario “aumentar la presión” para que vean que el conflicto sindical “va en serio”.

Una maniobra “dilatoria”

Preguntado por la promesa de Peláez de llevar “compromisos presupuestarios importantes” a la reunión de mañana, miércoles, Laria ha afirmado que los sindicatos están “encantados de negociar” y que fueron los consejeros los que se levantaron de la mesa ayer aduciendo que tenían que estudiar la propuesta de las organizaciones docentes, algo que éstas calificaron de “maniobra dilatoria” para desgastar a los huelguistas.

Los sindicatos de docentes asturianos están protagonizando numerosos actos de protesta, que están siendo secundados masivamente. Una muestra se pudo ver el pasado domingo en una multitudinaria manifestación en la capital asturiana.

Manifestaciones multitudinarias

La protesta partió de la estación de Renfe hasta la plaza de la Escandalera, con una pancarta inicial que reivindicaba 'Pola escuela pública y les sos trabayadores' exigiendo al presidente del Principado “Soluciones y dimisiones”.

La manifestación es el culmen de una semana de desencuentros entre los representantes sindicales, que recuperaron la unidad de acción, y la hasta ayer consejera de Educación, Lydia Espina, a la que consideraron “desconectada de la realidad”.

Otra concentración se producía ayer, martes, ante la misma sede de la Consejería de Educación, en la Plaza de España de Oviedo, una vez conocida ya la carta de dimisión “irrevocable” de Lydia Espina.

Los cinco sindicatos convocantes de la huelga indefinida suben un escalón más en las acciones de protesta con el encierro que acaban de iniciar este grupo de profesores que les representa.

Los gobiernos central y navarro han alcanzado un preacuerdo, que se ratificará el próximo viernes, por el que el Estado cederá a la Hacienda foral más competencias de recaudación de impuestos de nueva creación. Entre las nuevas figuras impositivas que pasará a gestionar y recaudar Navarra destacan el Impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha celebrado el preacuerdo alcanzado para una nueva modificación del Convenio Económico que tiene Navarra con el Estado y ha destacado que supone “un nuevo impulso al autogobierno” de la comunidad foral. Según ha apuntado con esta nueva modificación, serán ya siete a las que se ha sometido la ley, tres de ella en los últimos años (2022, 2023 y 2025).

El detalle del acuerdo alcanzado entre los ejecutivos recoge la modificación de 22 artículos, una disposición adicional y tres transitorias. Algunas de las modificaciones, además de las dos nuevas figuras impositivas, tienen que ver con la ampliación de la competencia normativa para Navarra en el Impuesto sobre la renta de no residentes; la elevación de 10 a 12 millones de euros del volumen de operaciones para tributar en cifra relativa en el Impuesto sobre Sociedades, en el IVA y en el impuesto del juego o la aplicación del régimen de diferimiento del ingreso del IVA a la importación para las empresas navarras.

Mientras tanto en la parte financiera, el acuerdo recoge un nuevo ajuste fiscal del Impuesto Especial de fabricación sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco.

La parte navarra de la Comisión Negociadora del Convenio Económico ha tenido conocimiento este martes de los detalles del acuerdo, que se firmará el viernes 11 de abril. Para ello tendrán que reunirse tanto de Comisión Negociadora como la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, dos de los órganos de coordinación entre administraciones y en los que hay representación de Navarra y del Estado.

Una vez que se produzca la firma, el acuerdo tendrá que ser refrendado por el Parlamento de Navarra antes de pasar a su tramitación en las Cortes Generales, donde deberá ser aprobado para su entrada en vigor definitiva.

El lunes 7 de abril comienza la campaña de la renta 2024 en Navarra. Hacienda Foral de Navarra ya ha elaborado 221.894 propuestas de declaración que estarán a disposición de las personas contribuyentes desde este lunes para su consulta, tanto a través de la web www.renta.navarra.es como físicamente gracias a los envíos a domicilios de contribuyentes mayores de 65 años.

Del total de propuestas elaboradas, más del 64,5% arrojan un resultado a devolver al contribuyente. En total suponen 172,7 millones de euros por los 53,7 millones de euros con resultado a ingresar o a cero.

Desde este viernes 4 de abril pueden ser consultados los datos fiscales de las personas contribuyentes. Será el 7 cuando dará inicio la campaña con la consulta de las propuestas elaboradas por la Hacienda Foral en la modalidad de renta online. Además, se abrirá el plazo para solicitar cita previa para la modalidad de renta telefónica, que comenzará el próximo 14 de abril.

El 15 de abril llegarán las devoluciones de las propuestas elaboradas por la Hacienda foral y además, se podrá empezar a solicitar cita previa para la modalidad  de renta presencial, que dará inicio en las diferentes oficinas de Hacienda Foral de Navarra en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella-Lizarra y Doneztebe/Santesteban el día 22 de abril. La campaña se extenderá hasta el próximo 26 de junio y están contempladas dos fechas para que las personas contribuyentes realicen los pagos que les corresponden, el 4 de julio y el 20 de noviembre.

Principales deducciones

Entre las principales deducciones que se pueden aplicar en Navarra se encuentra la deflactación de la tarifa un 3% para 2024, medida que conlleva un coste estimado de 24,3 millones de euros para las arcas forales, según ha apuntado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. El Gobierno de Navarra justificó esta medida señalando que busca “paliar el llamado por muchos el impuesto silencioso, como es la inflación y evitar que la subida de precios desemboque en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Otra de las novedades es el aumento del 3% de las deducciones por mínimos personales y familiares. Según los cáculos de Hacienda esta medida tendrá un coste estimado de 25 millones de euros.

Por otro lado existe la deducción extraordinaria entre los años 2020 y 2023 y la reducción a aplicar en la Renta de 2024 para las personas mutualistas. Según ha señalado Arasti “el coste de ambas medidas ronda los 145 millones de euros y se enmarcan en la decisión impulsada por el Gobierno de Navarra y sustentada por el Parlamento de Navarra de equiparar la situación fiscal en materia del impuesto de IRPF de este colectivo con el resto del país”. Arasti ha avanzado que “más de 62.000 personas verán reflejada en sus declaraciones esa deducción correspondiente a los años 2020-2023. De ellos, quienes no tengan propuesta elaborada por Hacienda verán la deducción automáticamente reflejada cuando presenten la declaración”.

 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha nombrado a María Castaño Gómez como nueva delegada provincial en Toledo de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, cuyo titular es Juan Alfonso Ruiz Molina; tal y como publica hoy, miércoles, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

Sustituye en el cargo a Silvia Fernández, que el pasado día 6 de marzo tomó posesión como nueva diputada regional, por la provincia de Toledo, en las Cortes regionales.

La nueva delegada provincial es natural y residente en Toledo. Es Licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Historia Contemporánea (UCM), Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, especialidad Geografía e Historia (UCLM), y Máster en Igualdad de Género (UCLM).

Desde el año 2019 es funcionaria de carrera (A1) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Ha ejercido como profesora de Historia, de Historia en secciones bilingües de francés y del Programa ‘Bachibac’. Igualmente, ha ocupado el puesto de directora adjunta del Área de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Toledo (2019-2023) y de asesora técnico docente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Delegación provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (2023-2024).

Hasta la fecha, ejercía como profesora de Geografía e Historia en el IES ‘El Greco’ (Toledo).

El Gobierno del Principado considera que la propuesta de condonación presentada ayer por el Ministerio de Hacienda sitúa Asturias entre las comunidades con mayor reducción de deuda y permitirá reforzar los servicios públicos.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha ofrecido este martes una rueda de prensa para informar sobre la posición que el Ejecutivo autonómico mantendrá mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en Madrid y en la que se abordará este asunto.

Según ha subrayado Peláez, el plan del Gobierno de España cumple con las condiciones que se fijaron desde Asturias ante la posibilidad de la condonación: que la quita fuera para todas las comunidades, que no se limitara a cubrir únicamente la deuda generada por las autonomías con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también la deuda con las entidades bancarias, y que el reparto se efectuará en función de un criterio objetivo y equitativo.

Con las cifras conocidas ayer, Asturias reducirá su deuda más de un 36 por ciento, lo que permitirá recuperar capacidad financiera y regresar a los niveles de endeudamiento previos a la crisis de 2011. “Con esta propuesta de condonación de 1.508 millones, somos la tercera comunidad del país a la que más se le reduce la deuda. Es un importe muy relevante, muy notable”, ha valorado el consejero.

Según las primeras estimaciones de Hacienda, el ahorro para las arcas públicas que conllevará la quita rondará los 30 millones anuales en concepto de intereses. Además, la deuda en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) pasará a situarse en el 9,6 por ciento y se atajará así la “infrafinanciación” que afectó a las comunidades durante la crisis financiera.

“Por tanto, en defensa de los intereses de Asturias, por la notable mejora que supone esta propuesta para nuestras finanzas, aceptamos esa condonación de 1.508 millones de deuda”, ha precisado el titular de Hacienda.

Peláez ha afirmado que los criterios utilizados para el reparto, “en su mayor parte” benefician a Asturias, ya que se ha utilizado la variable de población ajustada, “la más justa posible”, dado que supone una ponderación de la población en función del coste de la prestación de los servicios públicos fundamentales. No obstante, ha reconocido que el Principado hubiera preferido que ese criterio tuviera todavía más peso en el reparto global de la quita.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado la decisión de la Junta por el nombramiento de José Luis Escudero como Comisionado para la Accesibilidad. Escudero ejerció como delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara y ahora ha sido elegido para este cargo que, desde este sindicato, califican de “dudosa utilidad y clara connotación política”.

El nombramiento, subraya CSIF, coincide además con la “grave situación de carencia de personal” por la que atraviesa la Administración regional. ¿El motivo? La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital “se niega a cubrir plazas esenciales” en un momento en el que “miles de ciudadanos ven cómo los servicios públicos están al borde del colapso por la falta de empleados públicos en sectores clave” y mientras “el Gobierno regional decide crear 'ex profeso' y asignar un cargo político sin un proceso de selección transparente ni criterios objetivos”, apuntan desde CSIF.

CSIF pone el foco en el gasto anual en el sueldo del alto cargo, con rango de viceconsejero, 77.000 euros anuales. Este sindicato cree que “la accesibilidad es un reto crucial que requiere compromiso real, recursos y planificación, no sólo la creación de cargos a medida”. Y en este sentido incide en que la ciudadanía de Castilla-La Mancha “merece una administración eficaz que priorice el refuerzo de su plantilla en lugar de destinar fondos a designaciones de dudosa utilidad y de clara connotación política”.

El nombramiento coincide con la “amenaza” de despido de 2.500 funcionarios

“Es más, este nombramiento coincide con la amenaza de Emiliano García-Page sobre el despido de 2.500 empleados públicos en la región si no se aprueba el techo de gasto por parte del Gobierno central. Para CSIF, es contradictorio, y demagógico, amenazar con destruir empleo público mientras se crean altos cargos a medida.

La central sindical exige a la Junta de Comunidades que revierta esta decisión y que priorice la cobertura de plazas esenciales para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, “en lugar de continuar con una política de nombramientos a dedo que mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Su posición contrasta con la expresada por el gerente de CERMI y presidente de la Mesa del Tercer Sector Social, José Antonio Romero, quien en declaraciones a elDiarioclm.es vio con buenos ojos el nombramiento, aunque pidió “ambición y agilidad” para renovar la ley de accesibilidad de Castilla-La Mancha que data de 1994.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un proyecto de ley para “reforzar las políticas sociales y dotar de mayor eficiencia a los servicios públicos”. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que esta iniciativa tiene como finalidad “garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos por la Junta”.

Ruiz Molina ha añadido que la Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2025 supone modificar de “forma puntual doce leyes regionales”. El consejero ha señalado que es “oportuno incluir todas estas modificaciones en un único texto legal”.

Educación

Entre las medidas que regula dicho texto legislativo y que afectan al ámbito de diversas consejerías y organismos autónomos de la Administración regional, se encuentra la modificación de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, para incluir la gratuidad de la prestación del servicio de transporte escolar para el alumnado de bachillerato residente en zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación. De esta manera se “garantiza” la igualdad de oportunidades en el acceso educativo y aliviando la carga económica de las familias.

También se modifica la Ley 3/2007, de 8 de marzo, de Participación Social en la Educación de la región, para que la representación en el consejo escolar corresponda a los padres y madres del alumnado, y a los propios alumnos y alumnas y no a través de representantes de estos colectivos “que puede que no cumplan esa condición”.

Servicios sociales y empleo público

En lo que se refiere a servicios sociales, esta ley modificará la 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección de la Infancia y la Adolescencia en la región. En concreto, el artículo 10, relativo al permiso a los letrados del Gabinete jurídico a continuar ejerciendo acciones judiciales en defensa de las personas tuteladas por la Junta, cuando alcancen la mayoría de edad, ampliando así su protección más allá del ámbito penal.

Se incluyen también medidas en materia de empleo público, como la supresión de la aplicación de los porcentajes en la distribución de plazas vacantes del personal estatutario del SESCAM. De esta manera, se permite convocar todas las plazas disponibles en oposiciones y concursos, en vez de estar limitados a un tercio de las vacantes en los concursos de traslados y dos tercios en las oposiciones, agilizando así los procesos selectivos.

En cuanto al ámbito cultural, se ampliarán los beneficios fiscales del mecenazgo cultural de carácter privado al ámbito deportivo, con el propósito de fomentar la actividad física y el deporte entre toda la ciudadanía, modificando el título de la Ley de Mecenazgo Cultural que pasará a denominarse Ley de Mecenazgo Cultural y Deportivo.

Seguridad jurídica

En cuanto a las actuaciones que dotarán de “mayor seguridad jurídica” a las consejerías y organismos, se modificará “puntualmente” la Ley 5/2021, de 23 de julio, de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de Castilla-La Mancha, por el cual, se excluye de su ámbito de aplicación aquellos juegos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), que se celebren en fechas concretas.

Por otro lado, se incluye en la misma ley la regulación del acceso a los salones de juego mediante huella dactilar o reconocimiento facial, adaptándolo a la normativa europea de recopilación y tratamiento de datos biométricos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al sector, y que si el visitante al salón no da su consentimiento a este tratamiento biométrico, pueda acceder mostrando el DNI.

Ruiz Molina también ha resaltado actuaciones en el ámbito del patrimonio. De esta manera, se mejora la regulación del canon urbanístico para lograr un reparto más equitativo de los ingresos entre los municipios afectados por las actuaciones urbanísticas supramunicipales. Además, se suprime en la LOTAU la obligación de reservar todas las administraciones, desde la Junta, a las diputaciones y ayuntamientos, un cinco por ciento del presupuesto anual de inversiones a la adquisición de suelo público.

Inclusión del paisaje cultural como máxima figura de protección

En cuanto al patrimonio cultural, se incluye el paisaje cultural como nueva categoría dentro de la máxima figura de protección del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la figura de Evaluación de Impacto Patrimonial, como elemento para la evaluación de los impactos y afecciones de determinados proyectos sobre los BIC, como método eficaz para la conservación y protección de esos bienes.

Y, por último, desde el punto de vista de la gestión administrativa, Ruiz Molina ha explicado que la primera actuación es permitir que las entidades del sector público local pueden ser asistidas por el Gabinete Jurídico de la Junta, para promover una unidad de doctrina jurídica entre las administraciones públicas de la región. La segunda, se modifica la Ley 4/2024, de 19 de julio de Integridad Pública, para acomodar la normativa regional a la legislación de la Seguridad Social con relación al abono de las prestaciones por desempleo de los altos cargos cesados que no puedan reincorporarse a su puesto de trabajo.

Y la tercera, con el objeto de mejorar la técnica presupuestaria se detalla el momento a incorporar al documento presupuestario los diferentes informes de impacto (de género, Agenda 2023 e infancia o adolescencia), que se incorporarán en la fase de proyecto de ley, una vez cerradas las cifras del presupuesto y fijados los objetivos y actividades, y no en la fase de anteproyecto.

Ruiz Molina ha concluido explicando que el proyecto va a “reforzar las políticas sociales; a dotar de mayor seguridad jurídica a determinadas actuaciones que realiza la Administración regional” con el propósito de “mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos”, y que su tramitación es posible gracias a la “situación de normalidad que tenemos en comunidad autónoma”.

Una vez aprobado en Consejo de Gobierno, el proyecto se remitirá a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria, a fin de que pueda ser aprobado y entren en vigor las modificaciones normativas recogidas en el texto.

La Junta de Andalucía ha formalizado este lunes su plan de rescate a la Universidad de Málaga (UMA), que atraviesa una crisis económica sin precedentes en el sistema universitario andaluz. El Gobierno autonómico ha concedido a la institución académica un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, al 1% de interés y a devolver en 21 años (con tres de carencia) para que pueda salir a flote de las deudas que arrastra en los últimos años, y que la han ahogado por los impagos a las constructoras de las obras en las que se embarcó.

Según han informado este lunes la Junta de Andalucía y la propia universidad, el crédito supone un 'balón de oxígeno' para salvar a la UMA de una situación de asfixia económica marcada por un déficit que supera los 45 millones. De la trascendencia del momento daba cuenta el hecho de que estuvieran presentes en el acto de presentación dos consejeros: el de Universidad, José Carlos Villamandos, y la de Hacienda (encargada de dar el visto bueno al desembolso económico), Carolina España. Pero también el batallón de decanos de los que se ha hecho acompañar el rector Teodomiro López: nada menos que 14 de 17.

A España y Villamandos se los veía relajados, en contraste con el rictus tenso y un punto mohíno del rector, que en su primer año al frente de la universidad se ha encontrado con una caja llena de telarañas. “Estoy convencido de que va a permitir a la universidad entrar en un nuevo modelo de gestión más eficiente”, ha celebrado Villamandos, deslizando que mucho ha de cambiar la gestión de la UMA a partir de ahora. Fuentes de la institución malagueña reconocen que el plan de ajuste irá en esa línea: se trata no solo de aumentar los ingresos, como han incidido todos, sino de contener el gasto de personal, cuya partida apuntaba hasta ahora a un crecimiento en próximos ejercicios. 

El plan de rescate se ha anunciado en un contexto en el que los rectores de las universidades públicas están denunciando los “incumplimientos reiterados” de la Junta en materia de financiación. De acuerdo con esta denuncia, el Gobierno autonómico “adeuda” 25 millones de euros a las instituciones públicas y en caso de no abonarlos antes de final de año cerrarán 2024 “en déficit”. Petición que han hecho ya varias veces y que ha sido “sistemáticamente desatendida” por el Gobierno andaluz, según reprochan las universidades públicas. Los sindicatos CCOO y UGT también tienen en marcha un calendario de protestas para exigir el cumplimiento del acuerdo sobre complementos autonómicos para el Personal Docente e Investigador (PDI).

Cómo se ha llegado hasta aquí

Los consejeros y el rector de la UMA han pintado una situación catastrófica. Tan escuálida estaría la universidad que Carolina España ha celebrado que pueda abrir la persiana cada día. “[El préstamo] supone que pueda seguir prestando día a día los servicios”, ha apuntado, antes de añadir que la Universidad de Málaga “se merece dar sus enseñanzas con normalidad”.

En pleno debate abierto sobre la financiación de las universidades públicas andaluzas, la clave política radica en el cómo se ha llegado hasta aquí. La Junta de Andalucía lo atribuye a la irresponsabilidad de la UMA al meterse a las bravas en obras que la superaron financieramente, más aún cuando la pandemia lo trastocó todo. En ese sentido, fuentes de la Consejería de Universidad aluden a “una mala gestión del anterior equipo de gobierno” relacionada con “un aumento exacerbado de gastos, especialmente en materia financiera”.

A la administración autonómica le beneficia este relato porque difumina el contexto de insuficiencia financiera general que vienen denunciando los rectores de las universidades públicas. También al actual equipo de gobierno de la UMA le resulta conveniente porque descarga en el anterior equipo de gobierno (liderado por Ángel Narváez, pero en el que también estaba el actual rector) la responsabilidad de una situación que los actuales gestores heredaron al asumir el cargo hace apenas medio año. No obstante, diversas fuentes insisten también en señalar un lastre estructural: el desajuste entre los gastos corrientes y de personal, y las transferencias de la Junta que se reciben por este concepto, y que ha acabado consumiendo el remanente con el que se contaba hace una década, hasta dejar a la tesorería tiritando. 

Esa es la razón por la que fuentes de CCOO consultadas por este periódico achacan la responsabilidad a la propia administración autonómica, que en 2020 reclamó a la UMA que aportara 36 millones euros de sus remanentes a los Fondos COVID, una reserva que la universidad tenía previsto destinar a las obras que ya tenía licitadas. A ojos del portavoz del PSOE en la Comisión de Universidades, Antonio Ruiz, en la raíz de la crisis de la UMA subyace un problema de infrafinanciación en el plan de infraestructuras universitarias del que adolece todo el sistema universitario público andaluz. “Si están en esta situación es porque, en el fondo, existe un déficit en el programa para renovar edificios que, en muchos casos, son inmuebles muy deteriorados con más de 40 años de antigüedad”, subraya.

El consejero de Universidad, por su parte, ha dicho no entender el “juego” de las universidades públicas andaluzas, que han reclamado recientemente por carta a la Junta más financiación, pues, con “los números que nos dan las propias universidades”, resulta que “están en superávit”. En el caso de la UMA, el departamento de Villamandos asegura que lleva desde septiembre de 2022 advirtiendo a la Universidad de Málaga de la necesidad de sanear sus cuentas, pero la universidad “hizo caso omiso”. Como resultado, explican desde la Consejería del ramo, la institución académica ya no es capaz de afrontar sus deudas “con la financiación que tienen, que es la mejor de su historia”.

De 192 millones de remanentes a 45 millones de deuda

La crítica salud financiera de la UMA en la actualidad contrasta con la época de bonanza de hace apenas una década. En 2015, la UMA contaba con un remanente de tesorería de 192 millones de euros. La administración autonómica pone el foco en los gastos extraordinarios asumidos por la universidad, singularmente, tres obras millonarias que decidió afrontar por su cuenta y riesgo, y a las que atravesó la crisis generada por la pandemia: el nuevo Pabellón de Gobierno, la nueva Facultad de Psicología en la ampliación del campus y, en particular, la prolongación y renovación del bulevar Louis Pasteur con ambicioso proyecto capaz de combinar tecnología y espacios de socialización con criterios medioambientales.

Esas obras y sus correspondientes certificaciones han dado lugar a varios procedimientos judiciales de reclamación de cantidad por un total de 26 millones de euros más intereses de demora, que aumentarán a medida que se emitan nuevas certificaciones, según fuentes del Consejo Social de la UMA. La obra del bulevar, tres nuevos kilómetros para conectar todo el campus con un presupuesto inicial de 20 millones de euros, quedó paralizada a finales del año pasado, sumando nuevos plazos a los dos años de retraso y varios añadidos presupuestarios que acumulaba por las desavenencias con la contratista, la constructora Vías.

Pero estas obras no explicarían el alcance del agujero, capaz de comerse cerca de 200 millones de euros de remanente. Tras la evaporación de ese dinero estaría, antes que nada, la infrafinanciación de la universidad, según Fernando Cubillo, secretario general de CCOO Málaga. Cubillo, que conoce al detalle las cifras como miembro del Consejo Social de la UMA, asegura que desde 2015 la Junta ha dejado de abonar 206 millones de euros en concepto de gasto de personal y gastos corrientes.

Abrir la universidad, pagar salarios y los gastos corrientes son conceptos asumidos por la administración andaluza. Según las cifras que se aportaron al Consejo Social, el gasto por estos capítulos fue aumentando (de 182 en 2015 a 259 millones en 2023) a mayor ritmo que la financiación autonómica. La brecha pasó de ocho millones anuales en 2015 a 28 en 2023, dando un salto gigantesco en 2019, con la llegada del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Ese año la UMA gastó 25 millones en personal y gastos corrientes, 25 millones más de lo que le ingresó la Junta. Al año siguiente, 50 más. En 2022, 24 más, y en 2022, 35 millones más.

A ello se añade el ajuste obligado de la pandemia, y la entrega de un excedente de 36 millones de euros a los Fondos COVID para paliar sus efectos. “Se ha pedido que se devuelvan”, asegura Cubillo, que explica también el esfuerzo de ajuste que ahora sí estaría realizando la institución. Por ejemplo, se ha salido de la compra centralizada de energía eléctrica y se ha reforzado el autoconsumo para reducir el gasto de tres millones anuales, que llegaron a ser nueve en plena subida de precios por la guerra de Ucrania. 

La crisis económica de la Universidad de Málaga se intensificó especialmente desde el curso pasado. El balance económico de 2023, el último bajo la dirección del exrector José Ángel Narváez, reflejó un déficit de 27 millones de euros y una deuda adicional de 18 millones (un total de 45 millones). De hecho, al asumir el cargo, el actual rector, reconoció que la situación económica era “peor” de lo que se esperaba.

Condiciones del plan de rescate

El plan de rescate anunciado este lunes condicionará los presupuestos de la UMA, que deben aprobarse antes de final de año. El consejero de Universidad ha hablado incluso de ajustes “trimestrales”, un dato que refuerza la idea del control que ejercerá la Junta. “Espero que no suponga un lastre excesivo, no es eso lo que se pretende”, ha apuntalado la titular de Hacienda.

La Universidad de Málaga dispondrá de 21 años para devolver el préstamo, con un periodo de carencia inicial de tres y un tipo de interés fijo del 1%, unas condiciones muy favorables que no ocultan que el aceite de ricino se esconde en los recortes de gastos del obligado plan de ajuste. Sobre este punto, el rector Teodomiro López apenas ha dado unas pinceladas, escudándose en que antes tiene que informar a su Consejo de Gobierno, que se reunirá este martes.

Entre los aspectos que están sobre la mesa, el pretendido aumento de los ingresos (a cuenta de la futura residencia o el subarriendo del mastodóntico pabellón de Gobierno) y un recorte de gastos que necesariamente debe pasar por el capítulo de personal. La cuestión es que ni siquiera ahora se renuncia del todo a concluir las obras que ha conducido a la universidad quiebra, con la esperanza de completarlas a medio plazo gracias a los planes de infraestructuras que aportarían músculo financiero. “Lo que nos garantiza este préstamo es que tendremos la capacidad de afrontar esas obras que son importantísimas en la Universidad de Málaga en los próximos años”, ha concluido el rector de la UMA.

El informe de la Cámara de Comptos sobre las cuentas generales de Navarra de 2023 destaca la “buena evolución” de los indicadores económicos respecto a 2022, y advierte de que la reactivación de las reglas fiscales limitará la política expansiva del gasto público de los últimos años.

La Cámara de Comptos ha publicado el informe sobre las cuentas generales de Navarra de 2023, que ofrece una visión general de la situación económico-financiera de la Administración foral. El año pasado, gastó 5.782 millones e ingresó 5.925. Respecto al ejercicio anterior, el gasto aumentó un 3%, mientras que la cifra de ingresos se mantuvo prácticamente igual.

El capítulo de gasto más importante, con 2.300 millones, corresponde a las transferencias corrientes; las retribuciones del personal son el segundo capítulo, con 1.700 millones; y el gasto en bienes y servicios suma 900 millones.

Por actividad, el gasto más importante corresponde a sanidad, con 1.400 millones. Educación supone 936 millones y el gasto del Convenio Económico con el Estado 912 millones. Respecto a los ingresos, los impuestos directos suman 2.740 millones y los indirectos 2.400. Entre los directos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas supuso 2.100 millones, el de Sociedades 532 millones y el de Sucesiones y Donaciones casi 60 millones. Por lo que respecta a los indirectos, el IVA supone 1.756 millones y los especiales (alcohol, hidrocarburos, tabaco) 524 millones.

El informe ofrece también datos sobre la ejecución de ingresos y gastos de los fondos Next Generation. En este sentido, el año pasado la Administración foral recibió 165 millones de los que gastó 114 millones.

Analizadas las cuentas, la Cámara de Comptos apunta algunas salvedades respecto a la opinión, tanto financiera como de legalidad. Son cuestiones relacionadas con la gestión contable, contratación y la justificación de creación de sociedades públicas, en concreto Bidean y Nafarbide.

Apunta también el informe el crecimiento de las subvenciones nominativas en los Presupuestos de Navarra, algo de lo que ya advirtió la Cámara de Comptos en el informe sobre las cuentas de 2022.

Evolución positiva de los indicadores económicos

En el periodo 2015-2023, el gasto presupuestario de la Administración foral ha pasado de 3.900 a casi 5.800 millones, al tiempo que el número de empleados públicos aumentaba de 23.000 a 32.000. El informe destaca que “la reactivación de las reglas fiscales en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera va a limitar la política expansiva del gasto público” de los últimos años.

El informe subraya la buena evolución de los indicadores económicos respecto a 2022. En este sentido, cita el saldo presupuestario no financiero, que pasa de 304 a 329 millones; el ahorro neto (ahorro descontada la carga financiera) ha aumentado notablemente, de 128 a 421 millones; en cuento a la deuda, ha disminuido un 6%, situándose en 2.695 millones.

El informe también analiza la situación del personal, cuyo gasto aumentó un 8% respecto a 2022. A finales de 2023, la Administración foral tenía 32.500 empleados. Del total de empleados, algo más de 17.211 son fijos (53%) y 15.236 (47%) temporales. Respecto a 2022, la temporalidad ha disminuido en Educación y, sobre todo, en el Servicio Navarro de Salud.

En cuanto a las sociedades públicas, la Administración foral participa mayoritariamente en el capital de 19 empresas. En 2023 se han creado Bidean y Nafarbide, dedicadas al transporte sanitario y al mantenimiento y gestión de carreteras, respectivamente. El informe se refiere también a la creación del Instituto Navarro de Inversiones (INI) en 2022. En opinión de la Cámara de Comptos, su objeto social ya está previsto en la sociedad pública Sodena. Las sociedades públicas de Navarra cuentan con una plantilla de 1.600 profesionales.

La Hacienda navarra va a devolver entre este jueves y el viernes más de 8,6 millones de euros a jubilados navarros que cotizaron a mutualidades antes del año 1979. Se trata del 50% de las 30.515 reclamaciones recogidas por la Hacienda correspondientes a las declaraciones de la renta del año 2019 y, según ha apuntado el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, se trabaja “intensamente” para resolver el resto de solicitudes de devolución.

“Las personas cuyas solicitudes han sido revisadas y con resultado a devolver van a recibir el pago en la cuenta bancaria correspondiente y, en los próximos días, todas aquellas personas cuyas solicitudes han sido resueltas recibirán una notificación postal también de las liquidaciones realizadas”, ha explicado el consejero.

En cuanto al resto de reclamaciones pendientes, ha afirmado que la Hacienda Foral “sigue trabajando intensamente para su resolución”. En este sentido, ha precisado que se tratan, por un lado, de “casos que deben ser revisados de manera individual porque su casuística es distinta a la del grueso de devoluciones ya realizadas” y, por otro lado, de reclamaciones “que deben ser desestimadas por diferentes razones entre las que se encuentran reclamaciones de personas que no estaban jubiladas en el año 2019 o que no realizaron aportaciones al régimen de mutualidades”.

Arasti ha recordado que en la próxima campaña de la Renta 2024 se llevará a cabo “el reembolso de oficio” a través de una deducción extraordinaria aprobada por la Ley Foral 16/2024, de 30 de octubre, de las reducciones de la tributación de las pensiones de mutualistas correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Una ley que “equipara con efectos desde 2024 la situación fiscal en materia del impuesto del IRPF de las personas mutualistas navarras con el resto del país”.

Asimismo, ha informado de que en la oficina de Hacienda situada en la calle Esquíroz de Pamplona “se ha reforzado desde el pasado viernes el personal especializado en atención a las cuestiones relacionadas con la tributación del IRPF de pensionistas que cotizaron a mutualidades”.