La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, ha mostrado este lunes su satisfacción por la decisión de la Audiencia de Valencia de ordenar al juzgado instructor que reabra la causa del accidente de la Línea 1 de Metrovalencia, ocurrido el 3 de junio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, al ver indicios de delito. “Estamos muy contentos porque es lo que llevábamos pidiendo desde el día siguiente del accidente”, ha señalado en declaraciones Europa Press.

Garrote, que ha realizado las declaraciones junto al monolito al lado de la estación de Jesús en memoria a las víctimas, ha recordado que la asociación siempre ha querido “que se investiguen todas las posibles circunstancias del accidente y que no se ciña solo la investigación a la velocidad”, que es lo que, según ha recalcado, pretende la jueza de Instrucción, Nieves Molina. “Para ella ya estaba todo mirado referente a la velocidad y pensaba que no había nada más que mirar”, ha resaltado.

Sin embargo, ha insistido en que la AVM3J quiere “que se tengan en cuenta todos los factores como el estado de la vía, el de vagón, la preparación del maquinista, y la falta de medidas de seguridad en la vía” ya que “no había nada que impidiera ese exceso de velocidad” que alcanzó el convoy en la Línea 1.

Asimismo, ha mostrado su satisfacción por que la investigación se vaya a reabrir con la citación de los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) investigados por su posible responsabilidad, entre ellos la exgerente, Marisa Gracia.

“Es importante que se les cite porque, a parte de oír su testimonio para ver si de eso se deriva responsabilidad, de haberse archivado en instrucción sin citar a declarar, habría sido imposible achacarles ningún un delito”, ha precisado, para congratularse de que la Audiencia, pese al criterio de la jueza, “está por la labor de investigar y mirar otras posibles circunstancias”.

Garrote ha insistido en que hay testimonios y peritos que lo han ratificado en las dos comisiones parlamentarias creadas y expertos ferroviarios que sostienen que un accidente “tan brutal” y “exagerado” no ocurre “nunca” por una sola causa sino por una “concatenación”.

“Es muy importante señalar que la medida de seguridad (la baliza) no estaba instalada en la Línea 1” pero sí en el resto, ha dicho, para hacer hincapié en que “con esa medida se hubiera podido evitar el accidente”. “FGV disponía de ella, simplemente es que los directivos de FGV, no el conductor, decidieron no instalarla en la Línea 1, lo que hubiera hecho imposible un exceso de velocidad y el accidente hubiera sido imposible”, ha resumido.

El Jutjat d'Instrucció 21 de València ha acordat retornar a la Fiscalia el dictamen elaborat per la Comissió d'Investigació sobre l'accident de metro de València, ocorregut el 3 de juliol de 2006 i on van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides, perquè el cas està “sobresegut” i “no pot incorporar-ho al procediment”, segons ha argumentat la jutgessa instructora.

El dictamen, segons el tribunal, va ser remès al jutjat per la Fiscal Cap Provincial el 26 de juny, un any després de la seua aprovació, estant ja sobreseguda la causa judicial. La instructora creu que el processalment, estant el cas sobresegut, no pot incorporar-ho al procediment.

En la seua resolució, la jutgessa recorda que “les conclusions de la comissió parlamentària es reben en aquest jutjat un any després de la seua aprovació, quan la causa ha sigut sobreseguda provisionalment, s'han desestimat els recursos de reforma interposats per les parts, i havent expirat també el termini per a la interposició dels recursos d'apel·lació la resolució de la qual està pendent de l'Audiència Provincial”.

Subratlla, igualment, que “l'any transcorregut entre l'aprovació de les conclusions i la seua remissió al jutjat a través de la Fiscalia, cap part va demanar la seua incorporació a la causa, malgrat que en aqueix temps el procediment es trobava en tràmit” i s'han seguit practicant diligències.

La Fiscalia va demanar el passat 26 de juny que el dictamen de la comissió parlamentària de recerca s'incorporara a la causa “als efectes oportuns”. La magistrada entén que en el tramite actual, estant sobreseguda la causa des del 23 de maig i pendents de resoldre's els recursos d'apel·lació, no cap la unió d'aquest document a les diligències. Per aquest motiu, retorna el document al Ministeri Públic i demana que precise quins són els “efectes oportuns” als quals es refereix en l'escrit.

La resolució no és ferma. Pot ser recorreguda en reforma davant el propi Jutjat d'Instrucció.

Reacció de les víctimes

Després de conèixer aquesta decisió l'Associació de Víctimes del Metro 3J ha lamentat que “el dictamen de la comissió contradiu tota la instrucció, i aportaria els documents i testimoniatges que la jutgessa s'ha negat a tenir en compte”.

A més han afegit que “esperem que l'Audiència accepte els recursos contra l'arxiu i dictamine seguir investigant, i així poder aportar el dictamen de la Comissió”.

El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha acordado devolver a la Fiscalía el dictamen elaborado por la Comisión de Investigación sobre el accidente de metro de Valencia , ocurrido el 3 de julio de 2006 y donde murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, porque el caso está “sobreseído” y “no puede incorporarlo al procedimiento”, según ha argumentado la jueza instructora.

El dictamen, según el tribunal, fue remitido al juzgado por la Fiscal Jefa Provincial el 26 de junio, un año después de su aprobación, estando ya sobreseída la causa judicial. La instructora cree que procesalmente, estando el caso sobreseído, no puede incorporarlo al procedimiento.

En su resolución, la jueza recuerda que “las conclusiones de la comisión parlamentaria se reciben en este juzgado un año después de su aprobación, cuando la causa ha sido sobreseída provisionalmente, se han desestimado los recursos de reforma interpuestos por las partes, y habiendo expirado también el plazo para la interposición de los recursos de apelación cuya resolución está pendiente de la Audiencia Provincial”.

Subraya, igualmente, que “en el año transcurrido entre la aprobación de las conclusiones y su remisión al Juzgado a través de la Fiscalía, ninguna parte pidió su incorporación a la causa, pese a que en ese tiempo el procedimiento se encontraba en trámite” y se han seguido practicando diligencias.

La Fiscalía pidió el pasado 26 de junio que el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación se incorporara a la causa “a los efectos oportunos”. La magistrada entiende que en el tramite actual, estando sobreseída la causa desde el 23 de mayo y pendientes de resolverse los recursos de apelación, no cabe la unión de dicho documento a las diligencias. Por este motivo, devuelve el documento al Ministerio Público y pide que precise cuáles son los “efectos oportunos” a los que se refiere en el escrito.

La resolución no es firme. Puede ser recurrida en reforma ante el propio Juzgado de Instrucción.

Reacción de las víctimas

Tras conocer esta decisión la Asociación de Víctimas del Metro 3J ha lamentado que “el dictamen de la comisión contradice toda la instrucción, y aportaría los documentos y testimonios que la jueza se ha negado a tener en cuenta”.

Además han añadido que “esperemos que la Audiencia acepte los recursos contra el archivo y dictamine seguir investigando, y así poder aportar el dictamen de la Comisión”.

Las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006 en València, que costó la vida a 43 personas e hirió a otras 47, mantienen viva la esperanza de hallar responsables de la tragedia cuando este lunes se cumplirán once años de ella y el proceso judicial se enfrenta a la amenaza de un nuevo carpetazo.

La asociación de víctimas, según explica a EFE su portavoz, Rosa Garrote, sigue dispuesta a llamar a cuantas puertas judiciales sea necesario para determinar responsabilidades, pese a los vaivenes emocionales experimentados en los últimos meses.

Las tesis de buena parte de los familiares y amigos de los fallecidos en aquel accidente de la curva previa a la estación de Jesús de Metrovalencia se vieron respaldadas por las conclusiones aprobadas por la mayoría de las Corts en 2016 tras una segunda comisión de investigación, pero chocan frontalmente con la opinión de la jueza instructora, que sigue sin ver responsables penales.

Si las Corts concluyeron hace ahora un año que el accidente era previsible, que la Línea 1 no era segura y que FGV no invirtió lo necesario en seguridad, la jueza planteó en mayo el archivo de la investigación por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vagón o la vía. Esta decisión está recurrida tanto por la Fiscalía como por la asociación de víctimas.

“Es el tercer intento de archivo, pero hasta ahora la Audiencia Provincial siempre ha estado por la labor de investigar, de no dejar ningún resquicio de duda, en buena parte por respeto a las víctimas”, explica Garrote, quien confía en que se mantenga el criterio o, al menos, se abra juicio contra los ocho imputados “si es que se piensa que ya no hay nada más que investigar”.

Recurso al Supremo, al Constitucional, a Europa...

“Si la investigación se archivase acudiríamos al Supremo, al Constitucional, a Europa o al Tribunal de Derechos Humanos; hasta el último escalón, porque no nos vamos a conformar con que se eche la culpa al conductor -uno de los 43 muertos-. Los responsables de la empresa tenían la obligación de haber previsto ese riesgo y son los responsables de las muertes”, añade.

Actualmente constan como investigados (antes imputados) en la causa Marisa Gracia Giménez, exdirectora gerente de FGV; Juan J. Gimeno Barberá, director de Auditoría y Seguridad en la Explotación; Vicente Contreras Bónez, director adjunto de Explotación, y Manuel Sansano Muñoz, director de Operaciones.

También figuran Sebastián Argente Cuesta, jefe de la Línea 1; Francisco García Sigüenza, de la dirección técnica; Gonzalo Romero Salt, jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, y Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de Talleres de Valencia Sud.

García y Contreras fueron imputados a finales de 2014 y los otros seis en junio del año pasado, aunque según expuso la instructora esta decisión se tomó por mera precaución ante la posible prescripción de delitos ya que, a su juicio, los indicios que existen contra ellos son “frágiles”.

Vaivenes emocionales

A pesar del revés judicial que supone la petición de archivo, las víctimas admiten que en los últimos meses han visto materializadas muchas de sus aspiraciones.

“Hemos vivido muchos vaivenes emocionales. Momentos importantes que nos han dado ánimos, como cuando se reabrió el caso, se supo que se había manipulado la primera comisión parlamentaria o se ha avanzado en una Ley de Seguridad Ferroviaria que ya está en las Corts, pero también varapalos como la última petición de archivo”, admite Garrote.

A su juicio, resulta obvio que existe una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes, con lo que se podría tipificar un delito contra la seguridad de los trabajadores, 43 delitos de homicidio por imprudencia grave y 47 de lesiones por imprudencia grave.

La Fiscalía también se opone al archivo alegando que quedan diligencias por practicar, como nuevos informes sobre los mecanismos de prevención de riesgos laborales en FGV, la aptitud del conductor del convoy siniestrado, las actas del Comité de Seguridad o los marcos de las ventanas de los vagones.

Mientras esperan a que la Audiencia clarifique el camino judicial de esta causa, la asociación de víctimas mantiene el compromiso de buscar responsables en un esfuerzo que ha pasado factura.

“Nunca hemos llevado un censo de miembros de la asociación, siempre hemos acudido unos u otros en representación de las familias afectadas -relata Garrote-. En todo este tiempo ha habido quien ha tenido que dar un paso atrás para coger ánimos, o no ha podido acudir a alguna concentración por problemas psicológicos, pero aun así siempre nos han pedido que les mantengamos informados de todo”.

Entre noviembre de 2006 y julio de 2015, la entidad celebró 105 concentraciones en la plaza de la Virgen de València, las primeras con escaso apoyo social y las últimas con un gran eco mediático.

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y del Invassat (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo) realicen una ampliación de los informes emitidos tras la reapertura de la investigación por el accidente de Metro en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

El juzgado de Instrucción ya rechazó la petición formulada por el Ministerio Público 15 días después de que los dos peritos descartaran que hubiera existido infracción de la normativa en materia de seguridad laboral por parte de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valencia (FGV), cuya anterior cúpula directiva está imputada en la causa y ahora la Audiencia ratifica esta decisión.

Fiscalía solicitó un informe complementario sobre la prevención de riesgos laborales, la aptitud del conductor, las actas del Comité de Seguridad en la Circulación, los marcos de las ventanas de los vagones, la normativa sectorial aplicable y la baliza era reiterativa, y el juzgado consideró que excedía de las competencias de los peritos o abordaban cuestiones que ya habían sido debatidas y aclaradas por peritos y testigos.

Testificales innecesarias

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial respaldan también a la jueza instructora en su decisión de no aceptar la petición de la Fiscalía para que testificaran ocho personas (cinco de ellas eran trabajadores de FGV), que comparecieron en la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente ferroviario ocurrido en 2006.

Los extremos sobre los que depusieron en Les Corts (la existencia o pérdida del libro de averías, el cambio de ventanas del vagón siniestrado y las balizas) “han sido ya objeto de abundante prueba”, señala la Audiencia, que añade que “la relevancia y necesidad de la práctica en este momento de dichas declaraciones no está justificada por el Ministerio Público, cuyo planteamiento ”resulta claramente prospectivo“.

No hubo infracción de la normativa laboral

En la misma resolución la Audiencia subraya que “los informes de los técnicos de prevención de riesgos laborales han informado unánimemente que no existió infracción de la normativa que les es propia”, motivo por el que el Tribunal “comparte con la instructora la innecesariedad de la aportación del acta de la Inspección de Trabajo sobre el fallecimiento de la interventora”.

La Sección Segunda, como ya hiciera la titular del Juzgado de Instrucción 21, rechaza también la pretensión de la Fiscalía para que se incorporara a la investigación la documentación relativa al accidente de la línea de Paiporta-Picanya en el año 2005, “porque el perito que lo emitió fue el mismo que elaboró el informe del Invassat en esta causa y en la ratificación del mismo fue contundente en cuanto a la ausencia total de relación entre uno y otro accidente”.

Sólo diligencias pertinentes, necesarias y relevantes

En un auto notificado hoy a las partes, la Audiencia recuerda que en fase de instrucción han de practicarse únicamente las diligencias que son “útiles y pertinentes”; es decir, aquellas que pueden aportar información que puede influir en la decisión que el juez instructor tendrá que adoptar al finalizar la investigación: archivar el procedimiento o preparar la causa para el juicio.

L’Associació de Víctimes de l’Accident del Metro de València del 3 de juliol de 2006, en què van morir 43 persones i van resultar ferides 47, ha celebrat aquest dissabte el seu últim acte públic, amb l’obertura d’un monument sobre la corba on va ocórrer el sinistre, que busca ser un espai de memòria col·lectiva.

El monument, denominat “Prime time” i realitzat per l’artista alemanya establida a València Anja Krakowski, està compost per 43 rellotges blancs que assenyalen l’hora en què es va truncar la vida de 43 persones –les 13:03– i set rellotges negres que permeten enllaçar per Internet amb dades de l’accident i de la lluita de l’associació.

La presidenta de l’AVM3J, Rosa Garrote, ha assenyalat que amb aquest acte culmina una etapa, ja que una vegada aconseguit que hi haguera una nova investigació de l’accident –que va finalitzar en el desé aniversari del sinistre i els va portar a acomiadar-se de la plaça on cada mes es concentraven–, volien que hi haguera alguna cosa permanent per al record.

Per això, ha indicat que aquest monument, la idea del qual va sorgir el 2008 amb la “inquietud” que la memòria de l’accident no desapareguera, pretén ser un espai de consciència col·lectiva que perdure en el temps i, a més de recordar les víctimes, deixe patent que una cosa tan tràgica no pot tornar a passar.

A més, Garrote ha agraït el suport ciutadà i la presència d’autoritats en l’acte –hi estaven el president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, la consellera d’Obres Públiques, María José Salvador, i l’alcalde de València, Joan Ribó–, després d’anys de “oblit i menyspreu”.

Un projecte elegit en concurs públic

El primer president de l’AVM3J, Enric Chulio, ha recordat que es va obrir un concurs públic per a elegir projecte, en què va haver-hi 26 inscripcions i cinc projectes finalistes seleccionats per un comité compost per Manuel Borja Villel, Agustín Pérez Rubio, Vicent Todolí i José Luis Pérez Pont, a què es va sumar una votació popular en què van participar 1.153 persones.

L’artista, Anja Krakowski, ha indicat que ha buscat fer visible el que va ocórrer i que l’accident passara d’allò personal allò públic, per a la qual cosa ha recorregut a una línia de temps que es va truncar a les 13:03 hores del 3 de juliol de 2006, moment en què va començar també la lluita per la justícia i la reivindicació de responsabilitats polítiques de l’associació.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que s’obri un espai “espiritual laic” que té a veure amb la memòria d’aquelles persones que “mai no haurien d’haver mort” i a qui es deu un reconeixement, perquè la Generalitat els “va fallar”.

La Asociación de Víctimas del Accidente de Metro de Valencia del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y resultaron heridas 47, ha celebrado este sábado su último acto público, con la apertura de un monumento sobre la curva donde ocurrió el siniestro, que busca ser un espacio de memoria colectiva.

El monumento, denominado “Prime time” y realizado por la artista alemana afincada en Valencia Anja Krakowski, está compuesto por 43 relojes blancos que señalan la hora en que se truncó la vida de 43 personas -las 13:03- y siete relojes negros que permiten enlazar por internet con datos del accidente y de la lucha de la asociación.

La presidenta de la AVM3J, Rosa Garrote, ha señalado que con este acto culmina una etapa, ya que una vez conseguido que hubiera una nueva investigación del accidente -que finalizó en el décimo aniversario del siniestro y les llevó a despedirse de la plaza donde cada mes se concentraban-, querían que hubiera algo permanente para el recuerdo.

Por ello, ha indicado que este monumento, cuya idea surgió en 2008 con la “inquietud” de que la memoria del accidente no desapareciera, pretende ser un espacio de conciencia colectiva que perdure en el tiempo y, además de recordar a las víctimas, deje patente que algo tan trágico no puede volver a pasar.

Además, Garrote ha agradecido el apoyo ciudadano y la presencia de autoridades en el acto -estaban el president de la Generalitat, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó-, tras años de “olvido y desprecio”.

Un proyecto elegido en concurso público

El primer presidente de la AVM3J, Enric Chulió, ha recordado que se abrió un concurso público para elegir proyecto, en el que hubo 26 inscripciones y cinco proyectos finalistas seleccionados por un comité compuesto por Manuel Borja Villel, Agustín Pérez Rubio, Vicente Todolí y José Luis Pérez Pont, al que se sumó una votación popular en la que participaron 1.153 personas.

La artista, Anja Krakowski, ha indicado que ha buscado visibilizar lo ocurrido y que el accidente pasara de lo personal a lo público, para lo que ha recurrido a una línea de tiempo que se truncó a las 13:03 horas del 3 de julio de 2006, momento en que comenzó también la lucha por la justicia y la reivindicación de responsabilidades políticas de la asociación.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado que se abre un espacio “espiritual laico” que tiene que ver con la memoria de aquellas personas que “nunca debieron morir” y a las que se debe un reconocimiento, porque la Generalitat les “falló”.

El próximo sábado, 5 de noviembre, se inaugura el monumento homenaje a las víctimas del accidente de metro que el 3 de julio de 2006 provocó la muerte a 43 personas y causó heridas a otras 47. Como reconocen desde la asociación de víctimas AVM3J, la iniciativa surgió “como algo sencillo, simplemente una placa o cualquier cosa que los familiares pudiéramos llevar a cabo”.

Sin embargo, la idea maduró al hasta convertirse en el 'Proyecto Artístico 3 de Julio', que ha desembocado en una obra de la artista alemana afincada en Valencia Anja Krakowski ('Prime Time') que se ubicará en el jardín situado sobre la curva donde tuvo lugar el siniestro, en la esquina de las calles Roís de Corella y Mestre Sosa con Sant Vicent.

La obra consiste en un panel de 50 relojes, parados a las 13:03 horas, hora en la que sucedió el accidente. 43 relojes simbolizan a los fallecidos y los otros siete servirán de soporte multimedia, para contactar con la web 0responsables o con el blog de la asociación entre otros contenidos, de forma que ofrezcan información sobre el accidente o de la asociación, entre otras cuestiones.

Se trata, explican desde la AVM3J, de un proyecto “vivo, destinado a perdurar en el tiempo y en la memoria colectiva, con un monumento para la toda la sociedad valenciana, que nos recuerde el compromiso de construir una sociedad mejor”.

Una idea que surge en 2008

La iniciativa surgió en 2008 aunque fue en 2014, con la colaboración y supervisión de José Luis Pérez Pont -que ejerció de comisario del proyecto-, cuando la asociación de víctimas convocó el concurso artístico para seleccionar un proyecto de arte público de carácter pemanente.

El proyecto contó con el apoyo de Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (Avvac), la Associació Valenciana de Crítics d'Art (Avca) y la Plataforma Valenciana x la Cultura (PVxC) y como miembros del jurado contó con: Manuel Borja-Villel, Director del Museo Reina Sofía de Madrid; Agustín Pérez Rubio, Director Artístico del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); Vicent Todolí, Director de Hangar Bicocca de Milán; y el mencionado José Luis Pérez Pont, Presidente de la Associació Valenciana de Crítics d’Art (AVCA), y actual Director del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

El 3 de juliol de 2006 van morir 43 persones i 47 més en van resultar ferides en la línia 1 del metro de València en un dels accidents més greus de la història del transport públic a Europa. Al cap de 10 anys, el sinistre continua fent parlar. La investigació judicial del succés continua oberta, el Parlament valencià discutirà pròximament les seues conclusions sobre l’afer i la Generalitat té preparada una llei per a mirar d’evitar una catàstrofe que, segons molta gent, perviu en l’imaginari col·lectiu per la gestió inhumana i interessada que el PP en va fer.

El drama de la línia 1 està en aquest punt al cap d’una dècada:

Una investigació judicial infructuosa i controvertida

La instrucció del cas ha estat discutida permanentment per les víctimes. La jutgessa del cas, Nieves Molina, titular del Jutjat d’Instrucció número 21 de València, en va arxivar la causa el 2008. A parer seu, ha quedat acreditat que, com defensava la Generalitat governada pel PP, la seguretat de la infraestructura ferroviària era correcta i l’actuació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sobre aquest punt, adequada o, almenys, no negligent.

Per a la magistrada, l’accident es va deure a un excés de velocitat atribuïble al maquinista, mort el dia dels fets. Entre altres qüestions, Molina hi utilitza diversos arguments sobre la normativa, i uns quants de quantitatius: entre el 1988, data en què es va posar en funcionament, i el dia del sinistre havien passat pel revolt de l’accident prop de dos milions de trens “sense que hi conste cap incident”.

L’Audiència de València va forçar la jutgessa –que havia arxivat el cas– a prosseguir la investigació, que hi continua entre les crítiques de les víctimes, l’enuig de la Fiscalia i la descreença de la magistrada, que acaba fent enfadar a molts –Parlament valencià inclòs– amb l’intent d’imputar una metgessa que va acudir a l’estació de Jesús tan bon punt va tenir lloc el sinistre. Al cap de 10 anys, la via judicial, segons alguns, no ha projectat llum sobre el sinistre.

Els 11 culpables de les Corts Valencianes

L’accident va estar marcat per la visita del papa a València, que va tenir lloc al cap de tres dies del gravíssim accident. Segons molts, el PP, llavors amo i senyor de la política valenciana, va fer silenciar l’accident per no enterbolir la visita de Benet XVI. Eren els dies de vi i roses. D’ostentacions i grans esdeveniments. Potser, per això, les Corts Valencianes van despatxar la investigació parlamentària del tema en pocs dies i amb un dictamen autoexculpatori.

La nova majoria parlamentària ha arribat a conclusions diferents. Segons tots els partits amb representació parlamentària, excepte el PP, la línia 1 de Metro València no era segura, el govern del PP va ordir una trama per amagar la veritat i no va tractar amb dignitat les víctimes, i la televisió pública valenciana va tapar i va manipular la informació sobre el sinistre. El dictamen és demolidor.

El PP pensa que és resultat del sectarisme. Les gairebé 300 pàgines de l’informe, resultat de l’anàlisi de centenars de documents, 150 hores d’audiència, la compareixença de 73 persones i 20 sessions de treball, assenyala 11 responsables polítics de la tragèdia. Entre ells hi ha l’expresident de les Corts Valencianes, Juan Cotino, diversos responsables de Canal 9 i l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps, que es va negar, malgrat nombroses peticions, a reunir-se amb les víctimes del metro i escoltar les seues peticions o, almenys, el seu dolor.

Reparació a les víctimes i reforç de la seguretat

El Consell actual s’ha prodigat en gestos d’afecte i reconeixement a les víctimes. Aquest mateix dijous, al llindar del desé aniversari, el president de la Generalitat va començar la seua al·locució a les Corts demostrant el seu afecte a l’AVM3J. Tots els grups, inclòs el PP, van aplaudir les paraules de Ximo Puig.

Aquest, a més, va rebre les víctimes, com a gest de reparació i desgreuge davant del menyspreu [del Consell anterior] que Jordi Évole va mostrar en La Sexta a tot Espanya, en la seua primera recepció oficial com a president de la Generalitat. Al cap de poc temps, en el Nou d’Octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, l’AVM3J va rebre l’alta distinció de la Generalitat.

Una entitat marginada va passar de la nit al dia –gràcies a les eleccions del 25 de maig– a ser tractada amb tots els honors. A més, el Consell pretén comptar amb les víctimes, o almenys mantenir-les informades, en l’intent d’evitar sinistres com els del 3 de juliol de 2006. Aquesta mateixa setmana, es va informar l’AVM3J de la futura Llei de seguretat ferroviària, que el Govern valencià presenta com a pionera.

Pionera o no, si funciona, evitarà l’escena que s’ha repetit durant anys, el primer dijous de cada mes, a la plaça de la Mare de Déu de València: la concentració de centenars de persones que exigien respecte, veritat i justícia per als 43 morts i els 47 ferits a l’estació – que recupera el nom original– de Jesús.

Actes amb motiu del 10é aniversari de la tragèdia

El diumenge 3 de juliol tenen lloc diversos actes amb motiu del desé aniversari de l’accident. Des de les 13 hores els familiars recordaran les víctimes amb una actuació de muixeranga i depositant flors al jardí que queda dalt de la tràgica corba.

A més, s’instal·laran adorns de colors groc i negre (els que caracteritzen a l’associació) sobre els quals la gent podrà deixar missatges. A la vesprada, a Torrent, juntament amb l’Ajuntament de la localitat, s’inaugurarà un parc en memòria dels difunts. Serà a les 20 hores just darrere de l’estació de Torrent-Avinguda. A més, des del dijous una exposició recull un centenar d’imatges il·lustren els 10 anys de lluita de les víctimes del metro.

El 3 de julio de 2006 murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas en la línea 1 del metro de Valencia en uno de los accidentes más graves de la historia del transporte público en Europa. 10 años más tarde, el siniestro sigue dando que hablar. La investigación judicial del suceso sigue abierta, el parlamento valenciano discutirá en breve sus conclusiones sobre el asunto y la Generalitat tiene preparada una ley para intentar evitar una catástrofe que, según muchos, pervive en el imaginario colectivo por la gestión inhumana e interesada que el PP hizo del asunto.

Así está el drama de la línea 1 una década después:

Una investigación judicial infructuosa y controvertida

La instrucción del caso ha sido permanentemente discutida por las víctimas. La juez del caso, Nieves Molina, titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, archivó la causa en 2008. En su opinión, ha quedado acreditado que, como defendía la Generalitat gobernada por el PP, la seguridad de la infraestructura ferroviaria era correcta y la actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al respecto, adecuada o, al menos, no negligente.

Para la magistrada, el accidente se debió a un exceso de velocidad atribuible al maquinista, fallecido el dia de autos. Entre otras cuestiones, Molina utiliza varios argumentos sobre la normativa, y algunos cuantitativos: Entre 1988, fecha de la puesta en funcionamiento, y el día del siniestro, pasaron por la curva del accidente cerca de dos millones de trenes “sin que conste incidente alguno en la misma”.

La Audiencia de Valencia forzó a la juez -que había archivado el caso- a proseguir la investigación, que sigue, entre las críticas de las víctimas, el enojo de la Fiscalía y el descreímiento de la magistrada, que acaba de enfadar a muchos -parlamento valenciano incluido- con el intento de imputar a una médico que acudió a la estación de Jesús nada más producirse el siniestro. 10 años después, la vía judicial, según algunos, no ha arrojado luz sobre el siniestro.

Los 11 culpables de las Corts Valencianes

El accidente estuvo marcado por la visita del Papa a Valencia, producida tres días después de gravísimo accidente. Según muchos, el PP, entonces dueño y señor de la política valenciana, silenció el accidente para no enturbiar la visita de Benedicto XVI. Eran los días de vino y rosas. De fastos y grandes eventos. Tal vez por eso, las Corts Valencianes despacharon la investigación parlamentaria del asunto en pocos días y con un dictamen autoexculpatorio.

La nueva mayoría parlamentaria ha llegado a conclusiones diferentes. Según todos los partidos con representación parlamentaria excepto el PP, la línea 1 de Metro Valencia no era segura, el gobierno del PP urdió una trama para ocultar la verdad y no trató con dignidad a las víctimas y la televisión pública valenciana tapó y manipuló la información sobre el siniestro. El dictamen es demoledor.

El PP cree que es resultado del sectarismo. Las casi 300 páginas del informe, resultado del análisis de cientos de documentos, 150 horas de audiencia, la comparecencia de 73 personas y 20 sesiones de trabajo, señala a 11 responsables politicos de la tragedia. Entre ellos, el expresidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, varios responsables de Canal 9 y el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que se negó, pese a multiples peticiones, a reunirse con las víctimas del metro y escuchar sus peticiones o, al menos, su dolor.

Reparación a las víctimas y refuerzo de la seguridad

El actual Consell se ha prodigado en gestos de cariño y reconocimiento a las víctimas. Este mismo jueves, a las puertas del décimo aniversario, el presidente de la Generalitat empezó su alocución en las Corts demostrando su cariño a la AVM3J. Todos los grupos, incluido el PP, acompañaron de aplausos las palabras de Ximo Puig.

Éste, además, recibió a las víctimas, como gesto de reparación y desagravio ante el ninguneo que Jordi Évole mostró en La Sexta a toda España, en su primera recepción oficial como nuevo presidente de la Generalitat. Poco después, en el 9 d´Octubre, el día de la Comunidad Valenciana, la AVM3J recibió la alta distinción de la Generalitat.

Una entidad marginada pasó de la noche a la mañana -gracias a las elecciones del 25 de mayo- a ser tratada con todos los honores. Además, el Consell pretende contar con las víctimas, o al menos mantenerlas informadas, en su intento de evitar siniestros como los de 3 de julio de 2006. Esta misma semana, se informó a la AVM3J de la futura Ley de Seguridad Ferroviaria, que el gobierno valenciano presenta como pionera.

Pionera o no, de funcionar, evitará la escena que se ha repetido durante años, el tercer día de cada mes, en la Plaza de la Virgen de Valencia: la concentración de cientos personas que exigían respeto, verdad y justicia para los 43 muertos y 47 heridos en la estación - que recupera su nombre original- de Jesús.

Actos con motivo del 10 aniversario de la tragedia

El domingo 3 de julio tienen lugar diversos actos con motivo del décimo aniversario del accidente. Desde la 13 horas los familiares recordarán a las víctimas con una actuación de muixeranga y depositando flores en el jardín que queda sobre la trágica curva.

Además, se instalarán adornos de colores amarillo y negro (los que caracterizan a la asociación) sobre los que la gente podrá dejar mensajes. Por la tarde, en Torrent, junto al Ayuntamiento de la localidad se inaugurará un parque en memoria de los fallecidos. Será a las 20 horas justo detrás de la estación 'Torrent-Avinguda'. Además, desde el jueves una exposición recoge un centenar de imágenes que ilustran los 10 años de lucha de las víctimas del metro.

La Asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) ha valorado como “muy positivo” el dictamen y las conclusiones de la comisión parlamentaria que han hecho público este viernes PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos -el PP no comparte estos argumentos-. Como explica Rosa Garrote, presidenta del colectivo, quien ha destacado que no existe un interés partidista sino que simplemente se pretendía “realizar una exhaustiva investigación sobre el siniestro, sus causas y la gestión posterior”.

Así, han destacado que el funcionamiento de esta comisión “pone en evidencia la realizada en 2006”. En este sentido, recuerdan que se han producido 75 comparecencias frente a las 32 de hace una década; 73 jornadas de comparecencias frente a los 4 días de 2006; se ha escuchado a directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), a trabajadores, representantes sindicales, peritos, “y, por primera vez en diez años, a Francisco Camps, Juan Cotino, Víctor Campos y Serafín Castellano”, además de la AVM3J.

En cuanto al resultado de la investigación, el accidente fue “predecible y evitable”, lo que “no puede más que llenarnos de satisfacción, porque es lo que llevamos denunciando 10 años”. Y explican, predecible porque los sindicatos “lo habían denunciado en múltiples ocasiones”, además de pedir que se protegiese con una baliza. Y evitable “porque con el sistema ATP, que controla toda la vía, milímetro a milímetro, la velocidad en la vía hubiese estado controlada y el sistema hubiera frenado el tren”. Es más, insisten, ni siquiera era necesaria esa inversión, “bastaba con reprogramar la baliza ya existente”. De igual forma, se detalla el incumplimiento por parte de FGV de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: “No se puede dejar la seguridad de la circulación sólo en manos del conductor”.

Por lo que respecta a las responsabilidades de gestión, el colectivo de familiares y víctimas apunta que si los gestores de FGV no fueron capaces de garantizar la seguridad en el transporte debieron ser separados de sus puestos“. Y comentan que ya que el gobierno del PP no lo hizo, ”al menos que quede constancia de su mala gestión y que sus decisiones fueron las que permitieron a un tren de la línea 1 de MetroValencia alcanzar el doble de la velocidad permitida. Poner una señal en la pared no es una medida de seguridad efectiva“.

Sobre las responsabilidades políticas, consideran que los representantes del Consell de Camps “no estuvieron a la altura”, además de “participar o permitir la manipulación de la investigación y de las noticias emitidas por RTVV”. “No fomentaron ni exigieron una investigación del accidente ni cuestionaron en ningún momento la gestión de FGV tras el mayor accidente de metro ocurrido en España”, apunta Garrote, quien lamenta que “decidieron pasar página y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido”.

No sols va ser un “factòtum” en el presumpte falsejament de les contractacions de la visita del Papa en favor de les empreses de la trama Gürtel. L’expresident de les Corts Valencianes va actuar d’intermediari davant de les víctimes del metro de València del 2006 oferint faena “en una empresa de la seua família [beneficiària de diverses adjudicacions suculentes] o en una empresa pública”. I tot, pretesament, a canvi del silenci, que els familiars afectats no protestaren ni es personaren en la causa.

Així ho ha expressat aquest dilluns Francisco Manzanaro, que va perdre la seua dona en l’accident del metro de València del 2006, en la comissió d’investigació de les Corts, segons recull Europa Press. En aquesta comissió s’intenta trobar responsables polítics després de l’anterior comissió duta a terme durant els governs del PP, i que va acabar sent una farsa. Tant, que tots els càrrecs públics que hi van comparéixer van ser alliçonats per la consultora H&M Sanchis.

Manzanaro ha assenyalat que Cotino “sabia perfectament qui era i les possibles necessitats” de cada una de les víctimes de l’accident: “Sabia que jo treballava en la banca, que el meu fill havia acabat la llicenciatura d’ADE i que estava desocupat i em va dir que estava disposat a oferir-li una faena en una empresa de la seua família o en una empresa pública”. I ha assegurat que “va enllaçar” aquest tema amb el judicial preguntant si “ens personaríem en la causa”.

Segons el marit d’una de les persones mortes en l’accident, un dia li van telefonar, no recorda qui, per dir-li que Cotino volia passar per sa casa “a veure com estaven i què necessiten”. I ha destacat: “Hi vaig acceptar perquè estàvem embolicats amb el tema de la indemnització –contra la qual va recórrer– i creia que parlarien de temes burocràtics”.

L’exconseller, acompanyat pel regidor del PP de Torrent Santiago Miquel, segons el relat de Manzanaro, va començar dient que ell havia tingut algun familiar afectat per un accident i que “quan ocorre una cosa així es tendeix a buscar responsables, però moltes vegades no és així”, així que “d’alguna manera deia ‘no us equivoqueu’”.

“Cotino era el que portava la paraula, perquè Santiago Miquel només confirmava el que deia l’altre”, ha afirmat. Tot seguit, Manzanaro li va preguntar que “com era possible que amb els diners que s’havien gastat per a la visita del papa no hi haguera 3.600 euros per a posar una balisa de seguretat que hauria evitat l’accident”. I l’exconseller li va respondre que “la visita del pontífex s’havia pagat amb la venda de motxilles”.

“No em sembla ètic”

“L’actuació de Cotino em recorda els anys 20 d’un altre país, no el segle xxi en una democràcia”, ha criticat Manzanaro, que ha rematat: “Parlar de temes judicials i de llocs de treball quan fa dos mesos que has soterrat la dona no em sembla molt ètic”. També ha explicat que, quan va acudir a firmar el document per a la recepció de les ajudes, hi havia una clàusula que establia: “Mitjançant el cobrament d’aquest import, el receptor renuncia a emprendre qualsevol tipus d’acció penal o judicial”. Assegura aquest afectat per l’accident: “La majoria no ho vam acceptar fins que no van llevar aqueixa clàusula”.

En un altre moment de la seua intervenció ha ressaltat: “Si jo haguera estat jutge, hauria investigat molt més”. I ha criticat que “en aquest cas es van centrar en 80 quilòmetres per hora, la revolta i el conductor”. “Hui en dia, en aquest tema de l’accident, no crec en la justícia, no crec que s’hagen fet les coses com toca”, ha ressaltat. I ha criticat la comissió d’investigació de les Corts que es va celebrar el 2006: “No entendré mai que en quatre dies una comissió d’un accident d’aquestes característiques, en què s’ha de buscar moltíssima informació, es puga fer”, ha remarcat.

“El més prop que hem estat de Camps ha estat ací”

“El més prop que hem tingut Francisco Camps ha estat l’altre dia ací, a la sala de la comissió”, ha dit Manzanaro, que creu que l’actuació dels membres del Consell de llavors va ser “totalment nefasta”. “Van intentar fins i tot prohibir les concentracions a la plaça de la Mare de Déu”, ha conclòs.

Cuatro familiares de víctimas del accidente de la línea 1 de Metrovalencia de 2006 comparecerán este lunes en la comisión de las Corts Valencianes que investiga el siniestro y la gestión posterior que se hizo del mismo.

Patricio Monreal, familiar de una de las víctimas y miembro de la Asociación de las Víctimas de Metro de Valencia (AVM3J), será el primer en intervenir el lunes en esta comisión que trata de arrojar luz sobre el accidente de metro más grave de la historia de España, que dejó 43 fallecidos y 47 heridos.

Posteriormente, a las 12h, será el turno del que fuera presidente de la AVM3J Enric Chulio, quien se quedó viudo con su hijo de año y medio. A partir de las 13,30h intervendrá Francisco Manzanaro, cuya mujer también falleció en el accidente.

Manzanaro denunció que el entonces consejero de Agricultura, Juan Cotino, sabía que su hijo había terminado la carrera de ADE y le ofreció trabajo o “cualquier tipo de ayuda” que necesitara a cambio de no denunciar.

La comisión de investigación continuará por la tarde, a partir de las 16h, con la que fuera presidenta de la Asociación de las Víctimas de Metro de Valencia (AVM3J) Beatriz Garrote, cargo que actualmente ocupa su hermana Rosa. Ambas perdieron el 3 de julio de 2006 a una hermana, Maica, gemela de Rosa.

El pasado lunes tuvieron lugar dos de las comparecencias más esperadas en esta comisión de investigación, que se constituyó en las Corts el pasado 28 de septiembre. En concreto, fueron las del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exconsejero y expresidente de las Corts, Juan Cotino.

Camps aseguró que en la gestión del accidente del Metro de Valencia intentó hacer todo “de la mejor manera posible” y que no ha vetado “nada ni a nadie”, mientras que Cotino pidió “perdón” a las familias de las víctimas “por no haberlas atendido mejor”, pero dijo que siempre actuó “en conciencia”.

La asociación de víctimas del accidente de metro de 2006 ha calificado de “decepcionante” y “frustrante” las comparecencias de hoy del expresident de la Generalitat Francisco Camps y del exconseller Juan Cotino y ha lamentado que diez años después del siniestro no hayan hecho “examen de conciencia”.

Así lo ha declarado a los periodistas la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, quien ha señalado que aunque no esperaban otra cosa, les ha resultado “decepcionante y frustrante” que tras diez años no hayan hecho examen de conciencia ni tengan “la humanidad necesaria” para reconfortar a las víctimas.

Ha afirmado que necesitaban que los entonces dirigentes de la Generalitat reconocieran “que la gestión no había sido correcta y que las cosas no se habían hecho bien”, y aunque ha lamentado que no hayan sido capaces, les siguen “tendiendo la mano” para cuando quieran reconocer que no lo hicieron bien.

Garrote ha dicho que están satisfechos de que tanto Camps como Cotino hayan tenido que acudir a dar unas explicaciones que llevan diez años pidiendo, y ha señalado que lo que más le ha molestado ha sido que dijeran que habían estado siempre al lado de las víctimas y que desde el primer momento habían estado preocupados por su dolor.

La presidenta de la AVM3J ha dicho que el perdón planteado por Camps y Cotino no les vale, pues el perdón que esperaban las víctimas, ha dicho, era que reconocieran “que las cosas se han hecho mal”, que no se había hecho una investigación y que no les habían atendido.

Ha indicado que lo que Cotino entiende por “un trato humano” no es, a su juicio, “una atención correcta” a las víctimas, y ha asegurado que a un familiar de una víctima se le ofreció trabajo y luego le preguntaron si se iba a personar en la instrucción judicial del accidente.

“Eso nos hizo pensar que los ofrecimientos no era tan bien intencionados”, ha afirmado Rosa Garrote, para quien “no es ético ni correcto”, y puede ser “ilegal”, ir a una familia a ofrecerle un trabajo, incluso aunque sea “con buena intención”.

“Que se nos haya muerto un familiar no nos da derecho a pasar por delante, en un baremo o prestación, de cualquier ciudadano. Lo que nosotros demandábamos era que se creara una oficina de atención a las víctimas” y no se creó, ha manifestado.

Las “mismas mentiras”

Por su parte, la expresidenta de la asociación Beatriz Garrote ha afirmado que aunque se lo esperaba, es “muy decepcionante seguir oyendo las mismas mentiras” y ha reprochado a los dirigentes políticos que hayan dicho que estuvieron al lado de las víctimas y que se pusieron todos los medios a su alcance.

“Lo que está claro es que hubo una gestión caciquil de la tragedia y no hubo transparencia”, ha criticado Garrote, quien ha dicho que le ha dolido especialmente cuando Camps ha dicho que “todo su trabajo era mitigar el dolor de las víctimas” porque con su gestión, lo que ha hecho es “aumentar ese dolor hasta el infinito”.

Ha considerado “muy doloroso ver cómo se vuelve a desperdiciar una oportunidad más” y ha reclamado unas disculpas “claras y objetivas” por parte de Camps y Cotino pues la gestión, ha insistido, “fue totalmente deshonesta, parcial y caciquil”.

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el exconseller y expresidente de las Corts Juan Cotino comparecerán este lunes en la comisión del Parlamento valenciano en la que se investiga el accidente de metro del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Familiares de las víctimas han criticado en numerosas ocasiones el trato recibido por parte de la Generalitat, entonces presidiada por el 'popular' Francisco Camps, así como el hecho de que nunca les recibiera. Respecto a Cotino, familiares han denunciado que el entonces conseller de Agricultura acudió a casa de algunos de ellos para ofrecerles trabajo y otras ayudas a cambio de no personarse en el procedimiento judicial puesto en marcha.

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, destacó el pasado 15 de enero -día en que se iniciaron las comparecencias de la comisión de investigación- que espera que Francisco Camps y Juan Cotino “den la cara”.

Este lunes también están citados a comparecer en la comisión de investigación del accidente el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, que será el primero en intervenir a las 10,30h. A esta comparecencia seguirá la de Cotino y la de Camps.

Por la tarde, a las 16h, será el turno del que fuera conseller de Infraestructuras y Transporte Mario Flores, aunque no en el momento del accidente, ya que ocupaba esta cartera José Ramón García Antón, quien falleció en 2009. La jornada del lunes la cerrará el secretario judicial del Juzgado número 21 de Valencia el 3 de julio de 2006.

Esta comisión de investigación, que se constituyó en las Corts el pasado 28 de septiembre, tiene previsto finalizar las comparecencias a mediados del mes de junio, tras haber oído a cerca de 70 personas.

En la primera comisión de investigación sobre el mismo accidente del metro, que se celebró en 2006 y duró nueve jornadas -cuatro de comparecencias-, el dictamen que aprobó el PP en solitario consideraba que el accidente no era ni “previsible” ni “evitable” y se eximía al Consell de cualquier responsabilidad política.

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) ha solicitado al juzgado de instrucción número 21 de Valencia que cite a declarar como imputada a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) Marisa Gracia.

En el escrito presentado por la asociación de víctimas del accidente que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas se pide que se citen como investigados al exdirector de Seguridad de FGV Juan J. Gimeno, el exdirector de Operaciones Manuel Sansano, el exjefe de Mantenimiento Gonzalo Romero, el exjefe de Talleres Luis Miguel Alepuz y el exjefe de la Línea 1 Sebastián Argente.

A todos ellos, según la representación legal de las víctimas del accidente del metro, se les considera “legalmente obligados, según indica la Ley de Prevención de Riegos Laborales, a prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador” y a “garantizar la seguridad (...) en todos los aspectos relacionados con el trabajo”.

Con anterioridad a esta petición, la asociación solicitó a FGV que aportara “el análisis y valoración de Riesgos sobre el lugar de la Línea 1 donde se produjo el descarrilamiento el 3 de Julio de 2006, con anterioridad y posterioridad a la fecha del siniestro”, aunque la documentación entregada no analizaba “los riesgos sobre el lugar de la Línea 1 donde se produjo el accidente”.

En esos documentos de FGV tampoco se estudiaba “la geometría de la vía”, en concreto la curva del accidente, ni FGV aportaba “el análisis de riesgos en ese punto realizado con posterioridad al accidente”.

Según la asociación de víctimas del metro, “FGV incumplía la Ley de prevención de Riegos Laborales”, por lo que para establecer la responsabilidad de ese incumplimiento solicitan la investigación de los hechos y que se cite a declarar a las personas citadas, que integraban la dirección de FGV cuando sucedieron los hechos.

La asociación de Víctimas del Metro (AVM3J) ha remitido un escrito a la comisión de RTVV de las Corts en la que expresan su malestar e indignación por la propuesta del Partido Popular para que Juan José Braulio forme parte del Consejo Consultivo de la nueva Radio Televisión Valenciana. Así, apuntan que quien fue jefe de Informativos de Ràdio 9, “con un historial de censura y manipulación a sus espaldas”, en su opinión “no puede tener ninguna responsabilidad” en la formación del nuevo modelo de ente público.

A su juicio, el comportamiento de Braulio fue “desleal” con la ciudadanía, por lo que creen que debería estar “totalmente alejado” de los medios de comunicación públicos, “tanto en su fase de definición, como por supuesto de ejecución y desarrollo de los mismos”. De este modo, insisten en que el siniestro “demostró la falta de comportamientos democráticos en la gestión de dicho accidente”.

Desde la AVM3J insisten en la “manipulación, la censura, la falta de objetividad, y la opacidad” que consideran que fueron “las marcas” de RTVV a la hora de publicar las noticias relacionadas con el accidente de metro. Y van más allá al insistir en que la actitud del candidato popular en su etapa como jefe de Informativos de Ràdio 9 “puede comprobar en cualquiera de los informativos emitidos”, en los que “jamás se informó de la lucha que los familiares de las víctimas llevábamos a cabo ni se hizo un análisis profundo de las causas y consecuencias de un hecho tan grave”.

La asociación considera que el posible nombramiento de Braulio “es una burla a nuestro trabajo”, ya que “las mismas personas que en su día traicionaron su deber como trabajadores públicos no pueden volver a tener responsabilidades públicas, y el señor Braulio es un claro ejemplo de alguien que debería estar inhabilitado para ejercer ningún tipo de responsabilidad en una empresa pública”.

Y a mí me gustaría llamar la atención sobre la investigación del accidente de metro, que en 2006 costó la vida a 43 personas, y dejó heridas a otras 47.

A las pocas semanas tuvo lugar la Comisión Parlamentaria que concluyó que la Línea 1 era segura, y que había sido un accidente Imprevisible e Inevitable.

¿SEGURA? ¿Cómo se puede decir que es segura, cuando han muerto 43 personas?

¿INEVITABLE? Pero si en la Comisión se declaró que el sistema de frenado con el que contaban las Línea 3 y 5, ¿está especialmente diseñado para frenar un tren en caso de superar la velocidad permitida?

Esto no tiene sentido, no puede ser que por una parte se reconozca disponer de medidas para evitar un exceso de velocidad, y por otra se diga que fue inevitable.

Y como no podíamos conformarnos con estos resultados, empezamos a investigar.

Lo primero que llama la atención, es que no se esperara a la autoridad judicial para custodiar las pruebas, y se emprendieran acciones de retirado del vagón y reparación de las vías, sin que el perito hubiese inspeccionado el lugar del siniestro.

Así se entiende que meses más tarde, cuando la jueza llama al perito para que realice su informe, éste concluya que no hay indicios de fallos estructurales en la vía ni en el tren, por lo que la única causa a la que se puede achacar el descarrilo, es al exceso de velocidad.

Nos encontramos así, que realmente, no se hizo un estudio de las pruebas.

Años más tarde nos enteramos por los medios de comunicación, que en Informes internos de FGV, consta que ese mismo vagón ya había descarrilado en 3 ocasiones anteriores, una de ellas, por rotura del eje que sujeta el bogie (las ruedas) con la cabina del vagón, que es lo mismo que sucedió en 2006. Por lo que no es tan descabellado pensar, que sí pudieron existir fallos estructurales en el vagón. Vagón que quedó tan sumamente destrozado, que al perito le fue imposible revisar, debido a que fue imposible de reconstruir.

Este informe no se tuvo en cuenta en la Comisión de 2006, porque FGV dijo al perito que no existían descarrilamientos previos.

Otro dato que se ocultó a la investigación, fue el Informe que Vicente Contreras, Director Adjunto de Explotación, firmó en 2005, que decía que ese modelo de tren, era de tecnología obsoleta, y que habría que retirarlos ya.

Durante la Comisión Parlamentaria de 2006, se aludió varias veces a este supuesto, y en todas ellas fue negado por los directivos de FGV.

También decía el Informe, que tenían dificultad para encontrar piezas de repuesto, lo que era un problema para su mantenimiento.

Y si faltan piezas de repuesto, y resulta que el tren ya había sufrido varios siniestros, pudiera ser que, que el vagón que descarriló el 3 de Julio, sí sufriera daños estructurales.

Todos estos datos que no se aportaron a la investigación en 2006, tampoco se pudieron tener en cuenta en la Comisión Parlamentaria, motivo por el cual, la Asociación de Víctimas del Metro, lleva más de 9 años pidiendo se reabra la Investigación.

Tampoco se tuvo en cuenta en 2006, que FGV incumplía la Ley de Prevención del Riesgo Laboral. Y no se tuvo en cuenta, porque la empresa lo ocultó. Y no fue hasta 2011, bajo requerimiento de la Inspección de Trabajo, que FGV entregó a los Sindicatos el Informe de la Auditoría realizada en 2006 que le era “DESFAVORABLE”, entre otras cosas, porque no realizaba estudio de los accidentes sucedidos, sin subsanar las deficiencias para evitar accidentes futuros.

Y es por todo esto, que la AVM3J considera necesaria una Nueva Comisión de Investigación.

Porque hay mucha documentación que no se tuvo en cuenta en 2006, y porque hay muchas responsabilidades que depurar.

Las de antes del accidente, y las de después. Porque independientemente del resultado de la investigación, es necesario censurar el ocultamiento de estos informes.

Y censurar también, el comportamiento de Domingo Alepuz, Jefe de Talleres de Valencia Sud, que fue quien ordenó llevar la Caja Negra a las dependencias de FGV, contraviniendo la orden que tenía la policía, de trasladarla a la jefatura para custodiarla.

El motivo alegado por Alepuz, fue que los datos sólo se podían leer en un ordenador de las dependencias de Valencia Sud. Dato que ha sido desmentido en declaraciones en el Juzgado, por los propios trabajadores de FGV, y también por la empresa que fabrica dichos dispositivos.

Alepuz también dijo que los datos de la Caja Negra, se borraron como resultado del volcado de datos, lo que también ha sido desmentido por los trabajadores y por la empresa fabricante.

Lo que nos lleva a preguntarnos, qué es lo que el Sr. Alepuz no quería que viera el representante judicial….

Pero todavía hay más.

La Instrucción Judicial está aportando a la investigación mucha información.

Como por ejemplo, que FGV no tenía un Departamento de Seguridad, y que nunca se trataron los excesos de velocidad.

Vicente Contreras declaró que en ningún momento se pretendió proteger la geometría de la vía. (la curva). Y Francisco García Sigüenza, Director Técnico de FGV, afirmó que nunca se tuvo intención de proteger la velocidad en la Línea 1 con medios técnicos, y admitió que nunca se tuvo en cuenta la velocidad como factor de riesgo, que nunca se consideró un peligro.

Desgraciadamente, FGV se equivocó.

También hemos sabido, por declaraciones en el Juzgado, que la baliza situada entre Pz. España y Jesús comenzaba a actuar cuando el tren superaba los 80 km/h, sin tener en cuenta que la velocidad máxima permitida en todo el túnel era de 60 km/h, con restricciones muy inferiores en la zona del accidente: 40 km/h por la curva del accidente, y 30 por la intersección de L1 y L5.

Como se puede ver, hay muchos datos que no se tuvieron en cuenta en la Investigación de 2006, y que pueden ser determinantes para establecer las causas, y las responsabilidades por el accidente.

Por eso no se entiende que el Partido Popular Valenciano se empeñe en defender la actuación de 2006, y niegue la necesidad de una Nueva Investigación.

Muchas de estas irregularidades ya se las contamos a Alberto Fabra y a Isabel Bonig en la reunión que mantuvimos con ellos en 2011, pero no nos escucharon. Se limitaron a defender la gestión anterior.

Y perdieron la ocasión de actuar honestamente.

Perdieron la ocasión de darle un final digno al accidente de metro.

Eligieron ponerse del lado de la empresa, y en contra de los ciudadanos y ciudadanas.

Se equivocaron.

Mentir, ocultar informes, falta de medidas de seguridad…. Este comportamiento no se puede defender. No hay excusa posible.

Y si esta va a ser su forma de gobernar, no es lo que los ciudadanos y ciudadanas nos merecemos.

Creo que todos y todas debemos preguntarnos : ¿SON ESTOS LOS POLÍTICOS QUE QUEREMOS?

Yo desde luego NO.

Finalmente, nueve años después del siniestro que el 3 de julio de 2006 provocó la muerte de 43 personas y causó heridas a otras 47, este lunes se ha constituido en Les Corts Valencianes la comisión de investigación del accidente de metro de Valencia que intentará aclarar tanto el suceso como la gestión que se hizo posteriormente por parte del gobierno del Partido Popular, que abrió una gestión que se cerró en 26 días.

La comisión -aprobada el pasado 3 de julio con el único voto en contra por “coherencia” del PP- ha fijado para el próximo 8 de octubre la fecha para que los grupos presenten sus propuestas de comparecencia y peticiones de documentación.

Ciudadanos ya ha adelantado que propondrá llamar a Pedro García, exdirector general de RTVV, para que explique el “apagón informativo” que el ente público hizo del accidente, así como también consideran -al igual que el Partido Popular- que deben comparecer la juez instructora del caso y la fiscal.

Los populares también propondrán que el juzgado de instrucción número 21 de Valencia, que investiga esta causa, remita una copia íntegra de toda la documentación que posee, así como que Les Corts entreguen toda la información de la comisión celebrada en 2006, que “muchas veces se pone en duda sin haber leído absolutamente nada de lo que sucedió”.

Tal y como ha manifestado el diputado popular Alfredo Castelló, que ha aplaudido que “por fin” se haya reunido la comisión 88 días después de aprobarse en Les Corts,espera que arroje “más luz, si fuera posible” y que las víctimas “se sientan a gusto” sabiendo que sus representantes están dispuestos a valorar los hechos.

“Averiguar la verdad”

El PSPV ha anunciado que se opondrá a las comparecencias de la juez y la fiscal porque la causa sigue abierta y el objetivo de la comisión no es “fiscalizar” el trabajo judicial sino “averiguar la verdad” y las responsabilidades políticas del accidente y su gestión.

La socialista Ana Barceló también celebraba que acaban nueve años de “silencio” en los que el PP no ha puesto “ni los medios ni ha tenido la voluntad política” para esclarecer los hechos, ya que la anterior comisión fu “un trámite” para llevar al “oscurantismo” el accidente de metro más grave en Europa.

Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado que es “un día muy importante” en la “recuperación de la dignidad de las instituciones valencianas” y se inicia un “nuevo tiempo” en el que, desde el perdón y la reparación, hay que buscar también medidas para que nunca vuelva a producirse un accidente como este.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que la constitución de la nueva comisión de investigación del accidente de Metrovalencia de 2006 en el que murieron 43 personas supone “un día muy importante” en la “recuperación de la dignidad de las instituciones”.

Tras asistir en Les Corts Valencianes a la constitución de esa comisión, Puig ha dicho a los periodistas que es “necesario abrir un nuevo tiempo”, en el que haya “una gran parte de reparación de lo que ha sido el desprecio a muchas personas de esta Comunitat”.

En su opinión, es necesario “abrir este espacio de investigación y de estudio, desde la serenidad, desde el rigor”, y sobre todo pensando en las personas y en las familias que padecieron más directamente este accidente, y también en la prevención, para que en el futuro jamás vuelva a ocurrir un accidente de estas características.

Para ello, ha considerado que hay que mejorar un servicio público “fundamental”, como es el ferrocarril y el transporte metropolitano, ya que uno de los ejes básicos del Estado del bienestar es el transporte, y se tiene que “garantizar que cuando una persona sube a un transporte público tenga finalmente garantizada su seguridad”.

Puig ha admitido que es “muy difícil” garantizar “al 100 %” esa seguridad, pero ha aseverado que, en el caso del accidente de metro de hace nueve años, “lo peor es que la Generalitat, como proveedora de un servicio publico, falló” a las personas que viajaban en él, y por tanto “el perdón era exigible en todo caso”.

“Nosotros iniciamos este recorrido, este nuevo tiempo, desde el perdón y también desde la reparación, y buscando que jamás vuelva a ocurrir un accidente de estas características”, ha resaltado el president de la Generalitat.