Representantes de 17 asociaciones de agricultores de distintas zonas afectadas por los daños de fauna silvestre, especialmente los provocados por conejos, han pedido más medidas para hacer frente a la superpoblación de conejos, “que amenaza seriamente la próxima campaña agrícola, especialmente la vendimia, tras las lluvias registradas en primavera”.

Los agricultores se han reunido con el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres, y el jefe de servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, Ángel Aurelio Martínez. A este encuentro también han asistido los miembros de las organizaciones agrarias Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo, Antonio Ruiz de COAG Santa Cruz de la Zarza y Julián Morcillo, secretario general de UPA Castilla-La Mancha, según han informado las organizaciones en nota de prensa.

Durante la reunión de trabajo, los agricultores han expuesto la “crítica” situación que atraviesan muchas explotaciones agrícolas debido a la creciente población de conejos, así como un paquete de propuestas para hacer frente a esta plaga.

Las asociaciones agrícolas procedentes de municipios como Corral de Almaguer, Lillo, Santa Cruz de la Zarza, La Puebla de Almoradiel, La Villa de Don Fadrique o Quero, junto con las organizaciones agrarias, han presentado una batería de propuestas “lógicas, razonadas y consensuadas” con agricultores y cazadores de las distintas comarcas afectadas.

Entre las medidas planteadas se encuentran adecuación de la condicionalidad de la PAC respecto a elementos del paisaje que los conejos utilizan como madrigueras; limpieza y vallado de zonas sensibles, como acequias, ríos y lagunas; control poblacional mediante caza nocturna (con permisos y supervisión) y captura con jaulas, una vía ya explorada por la propia Administración en algunos cotos; revisión del estado de infraestructuras como la AP-36 y del AVE junto a la A-40, que podrían estar dañadas por madrigueras, suponiendo un riesgo adicional.

También se aboga por la creación de brigadas de cazadores profesionales y bicheadores, además de la posible ampliación de permisos de caza en las zonas más afectadas; reducción de distancias de seguridad en áreas concretas, proponiendo un radio de actuación de hasta 100 metros; y posibilidad de excluir al conejo del listado de especies cinegéticas protegidas en las zonas declaradas de emergencia cinegética.

Según las organización, el delegado de Desarrollo Sostenible ha mostrado una especial sensibilidad hacia la problemática planteada y ha valorado positivamente la creación de un grupo de trabajo conjunto para evaluar la situación real de daños, definir zonas afectadas y analizar la viabilidad de las medidas propuestas. Además, se ha comprometido a trasladar esta preocupación a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Los responsables de las organizaciones agrarias presentes en la reunión han recordado que varias de las medidas propuestas ya fueron aprobadas por el Gobierno regional hace años para atajar una situación similar en puntos críticos por sobrepoblación de conejos, por lo que debería ser viable su puesta en marcha también ahora.

Esta reunión marca el inicio del trabajo conjunto con el nuevo delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres, a quien los agricultores trasladaron su preocupación por el futuro inmediato de sus explotaciones. “La situación requiere una actuación urgente, coordinada y dentro del marco legal, para garantizar la viabilidad de la agricultura en Castilla-La Mancha”, han señalado.

Varios medios están atribuyendo a Felipe VI las palabras “Madrid ha sido una liberación” que el monarca no ha pronunciado. El rey se ha reunido este viernes a primera hora con Pedro Sánchez y las cuatro vicepresidentas del Ejecutivo para conocer el Plan de Recuperación. En una charla informal previa, captada por los micrófonos, Felipe VI comentaba su reciente visita al Teatro Real, el pasado 2 de mayo, para ver la ópera Peter Grimes, de Bejamin Britten. En este contexto, y refiriéndose al personal que ha participado en ese montaje operístico, el monarca ha dicho literalmente “poder trabajar y poder actuar en esta época...”. Ahí ha interrumpido la frase que luego, tras las intervenciones de dos vicepresidentas, ha retomado para añadir “para ellos ha sido una liberación”.

No ha habido pues, pese a lo que publican varios medios, ninguna alusión directa del monarca a la ciudad Madrid. Estos titulares equívocos llegan precisamente días después de que el Partido Popular se impusiera en las elecciones celebradas el pasado martes en la Comunidad de Madrid con el eslogan “Libertad”. Algún medio llega incluso a afirmar que el rey ha metido “el dedo en el ojo” a Sánchez.

La conversación distendida, en la que esa frase literal no ha sido pronunciada por el rey, han intervenido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien ha afirmado “es un oasis España para todo el mundo de la lírica” y a continuación ha tomado la palabra la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: “Es que el Teatro Real es el único gran teatro lírico que se ha mantenido abierto”. Entonces el rey le ha recordado que el Teatre del Liceu, en Barcelona, también ha abierto durante la pandemia. Como así ha sido: lo ha hecho intermitentemente y aplicando restricciones de aforo.

Contagios en el Teatro Real

El Teatro Real de Madrid ha sido noticia en las últimas semanas por las protestas del público al no respetarse las distancias de seguridad y por la ocultación de una veintena de contagios entre el equipo artístico, precisamente durante los ensayos de la ópera que vieron los reyes y sus hijas el domingo pasado.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno de “ocultar a los muertos para ocultar su incompetencia”. “¿Cómo es posible que según el Instituto Público Sanitario Carlos III haya 43.000 víctimas y que usted solo reconozca 28.000?”, peguntaba el jefe de la oposición desde la tribuna de oradores.

Los 43.000 muertos a los que hace referencia Pablo Casado son los fallecidos que no esperábamos esta primavera, que se registran en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad ('MoMo'), los informes que elabora desde hace años el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que tiene una doble dependencia: del ministerio de Ciencia e Innovación y del propio ministerio de Sanidad. Es decir, el dato que utiliza el líder de la oposición para acusar al Gobierno de “ocultar a los muertos” está sacado de un organismo dependiente del propio Gobierno.

La epidemióloga responsable del equipo que elabora los MoMo, la doctora Amparo Larrauri, indicaba en una entrevista a eldiario.es que esas 43.000 muertes “son los resultados de la vigilancia de mortalidad diaria por todas las causas” y que “significan la diferencia entre las defunciones que observamos para un periodo de tiempo -con información de los registros civiles-, y la mortalidad esperada a partir de las series históricas en España de los últimos diez años”, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Es decir, el 'MoMo' estima un exceso de muertes por todas las causas, y no solo por coronavirus, como da a entender Pablo Casado. “Es muy lógico suponer que parte de la mortalidad en exceso corresponde directamente a la COVID-19. También es lógico pensar que las defunciones reales por COVID-19 han sido un número mayor del que proporciona el Ministerio de Sanidad, puesto que son cifras oficiales procedentes de las comunidades autónomas que no pueden cubrir la totalidad, solo las defunciones confirmadas microbiológicamente”, señalaba la experta. 

Es decir, el Gobierno no “oculta a los muertos”, como acusa Casado, ya que da los datos confirmados que recibe de las comunidades autónomas: 27.127 en el informe que facilitó Sanidad este martes. En cualquier caso, la responsable del MoMo ya indicaba que este desajuste entre sus datos y los de Sanidad “no es nada anormal ni contradictorio: son estudios que no se contraponen sino que se complementan para establecer cuál ha sido el verdadero impacto de la pandemia. Lo anormal sería que fueran iguales”. El Instituto Nacional de Estadística también da datos sobre defunciones y causas de muerte, y entre todos los resultados estimarán “con mayor precisión el impacto de la pandemia de COVID-19 en la mortalidad”.

Circula por internet la imagen de un falso tuit atribuido al director de eldiario.es, Ignacio Escolar. El texto del supuesto mensaje afirma: “Decisión tomada, ha ganado la corriente de Pablo Iglesias que apostaba por una bajada entre un 8% y 12% de sueldo para los funcionarios. Solo queda decidir la fecha. Apunten para septiembre”.

El propio Ignacio Escolar, en su perfil oficial de Twitter, ha desmontado el engaño: “Están moviendo en redes y grupos de WhatsApp una captura falsificada de este supuesto tuit que me atribuyen, pero que yo nunca he escrito. Es falso. No hay ningún recorte de sueldo de funcionarios previsto ni me consta que se esté discutiendo algo así”.

Los perfiles oficiales de Twitter van acompañados de una insignia azul, que no aparece en la captura difundida de manera maliciosa en redes sociales.

El pasado 24 de marzo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya negó que el Ejecutivo estuviera estudiando bajar el salario a los empleados públicos por la crisis del coronavirus. La ministra desmentía informaciones aparecidas en esas fechas y las enmarcó en una “estrategia de confusión, de bulo y de mentira”.

El agitador de la extrema derecha conocido en redes como Alvise Pérez ha vuelto a lanzar un nuevo bulo, en este caso referido a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez. En un tuit, el exasesor de Ciudadanos asegura que la consultora de Redondo cobró subvenciones cuando ya trabajaba para el presidente del Gobierno.

Alvise acompaña su tuit de dos pantallazos del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la administración que asegura que concedió esas subvenciones. En uno de ellos consta un supuesto pago de 3.000 euros efectuado el 25 de septiembre de 2018 a Redondo y Asociados Consultores Políticos. En el segundo pantallazo, consta otro supuesto pago por la misma cantidad en fecha de 7 de junio de 2018.

Sin embargo, fuentes de la empresa desmienten esta información. Aseguran que la consultora se acogió en enero de 2018 “al derecho de solicitud de la subvención para la incentivación de empleo que otorgaba en ese momento la Comunidad de Madrid”. Según la empresa, desde la solicitud de esa subvención hasta su efectiva concesión pasa un tiempo de seis meses.

Antes de que se concediera se produjo la moción de censura en mayo de 2018, tras la que Iván Redondo es nombrado jefe de Gabinete de Moncloa. Justo antes de ese nombramiento, Redondo se desvincula de su empresa.

La Comunidad de Madrid concede en junio la subvención solicitada en febrero, pero el 3 de agosto la empresa presenta un escrito para renunciar a ella. Así lo recoge el BOCM del 27 de noviembre.

De hecho, en ese Boletín que Alvise ha tuiteado se observa en la cuarta columna un signo negativo (-) que corresponde a que ese montante ha sido devuelto por la empresa. Alvise tampoco menciona en su tuit que todo ese proceso se dio bajo una administración dirigida por el PP.

El agitador de la alt-right Luis Pérez, conocido como Alvise, ha promocionado este fin de semana en sus redes sociales una campaña que ha venido a definir como “experimento social contra Pedro Sánchez”. Se trata de un vídeo en el que recoge la supuesta reacción de varios ciudadanos al encontrarse en una marquesina con un cartel con la imagen del presidente y el mensaje: “Confía en tu Gobierno. Un buen ciudadano obedece”.

El vídeo que se ha movido por redes sociales finaliza con cinco afirmaciones del influencer y consultor sevillano que son falsas.

“Ha encerrado a millones de españoles sanos en sus casas por su incapacidad para hacernos test”. El objetivo principal del confinamiento era frenar la reducción de contagios para evitar el colapso del sistema sanitario. Ya antes de decretarse el estado de alarma se habían tomado una serie de medidas orientadas a ese fin. Desde la creación de un Plan de Contingencia conjunto entre todas las UCI españolas por parte de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, hasta un llamamiento global a la responsabilidad de las personas para aplanar la curva. De hecho, uno de los requisitos que deben cumplir las provincias para pasar a la fase uno de la desescalada es contar con entre 1,5 y dos camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos libres por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote.

En el Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria, en el que se establece por primera vez desde el inicio de la pandemia la limitación de la libertad de circulación de las personas, el Ejecutivo indica que “las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Este texto contó con un amplio respaldo parlamentario.

A fecha de 30 de abril, se habían realizado en España 1.932.455 pruebas diagnósticas. De ellas, 1.351.130 eran pruebas PCR, que miden la presencia del virus en el organismo, y 581.325 eran los llamados 'test rápidos' o de anticuerpos. “Estamos hablando de un esfuerzo extraordinario del conjunto de las administraciones públicas. Quiero reconocer ese esfuerzo, no solo del Gobierno sino por parte de las comunidades autónomas”, afirmó este sábado el presidente del Gobierno.

“Ha amordazado a toda la oposición de este país y eliminado los plazos del control del Parlamento español”. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, suspendió el 19 de marzo en pleno estallido de la pandemia los plazos administrativos para la contestación por parte del Gobierno de las preguntas parlamentarias de los grupos así como de la presentación de enmiendas a los distintos proyectos legislativos. Ante las críticas de PP y Vox, la Mesa decidió el 7 de abril levantar esas suspensión a partir del día 13. Desde entonces, el PP ha pedido prorrogar los plazos de enmiendas para numerosas iniciativas legislativas que están en tramitación.

Otra de las críticas de la oposición fue la falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno en el Congreso. Dos días antes de la declaración del estado de alarma se suspendió una comparecencia prevista de Salavdor Illa después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo en la prueba de la COVID-19 obligando al resto del gabinete a someterse al test.

Desde entonces, la actividad parlamentaria quedó limitada. Sánchez compareció el 18 de marzo para dar cuenta del decreto del estado de alarma y una semana más tarde para solicitar la primera prórroga. Ese debate se repite quincenalmente en las sucesivas prórrogas que ha planteado el Consejo de Ministros. Por su parte, Salvador Illa ha comparecido semanalmente en la Comisión de Sanidad. Esos plenos, en los que también se debatieron varios decretos ley, se produjeron en semanas en las que no había previstas sesiones plenarias previamente (por la celebración de las elecciones vascas y gallegas que luego se suspendieron y por la Semana Santa).

Meritxell Batet también propuso la celebración de un Pleno el 15 de abril, que inicialmente no estaba habilitado con la primera sesión de control al Gobierno, que desde entonces se han celebrado como estaba estipulado en el calendario de sesiones. Esta semana, que tampoco estaba habilitada, se celebrará un nuevo debate de la prórroga del estado de alarma.

“Ha sobornado a los grandes medios de comunicación”. Lo que realmente aprobó el Gobierno el pasado 1 de abril un Decreto Ley que, entre otras medidas, incluía una subvención de 15 millones de euros para las televisiones privadas de ámbito estatal a las que considera “servicio esencial”. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) se trata de una “compensación” de “parte” de los costes derivados de “mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” en un contexto de “brusca caída de sus ingresos” por la cancelación de campañas publicitarias.

“Nos amenazan con leyes de hasta cinco años de prisión para los que intentemos opinar en libertad”. Es falso que “opinar con libertad” esté penado en España con cinco años de cárcel. Esta afirmación supone una manipulación de un informe en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) analiza los delitos en los que se puede incurrir con la difusión de “fake news” o noticias falsas. Entre ellos, el de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.3 del Código Penal) para los casos en los que desinformación vaya acompañada de revelación de datos personales auténticos. Este tipo, castigado con entre dos y cinco años de prisión, es el que cuenta con una pena más alta de todos los que se citan en el informe que la FGE difundió a los medios el pasado 17 de abril.

“La Delegación del Gobierno prohibió sin motivo la #caravanagobiernodimisión. Han eliminado un derecho fundamental no contemplado en estado de alarma”. Alvise ha compartido en su Twitter la supuesta prohibición de la manifestación en coche en las inmediaciones de Colón este domingo. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid confirman a eldiario.es que la manifestación sí se prohibió, pero advierten que el documento difundido por Pérez es falso.

El Constitucional sentó doctrina el pasado jueves sobre la realización de manifestaciones en coche en una situación como la actual. El tribunal de garantías validó la prohibición de una marcha sindical en coche en Vigo con el argumento de que la relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación por la que, ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de “máximo contagio”, ha de primar el primer derecho. No obstante, el Constitucional resalta que su aval a la prohibición de esa manifestación se produce “dejando al margen el contenido del decreto de declaración del estado de alarma”, pues la limitación del derecho de reunión no tiene que ver con este mecanismo de excepción, sino con su colisión con el “derecho a la salud”.

Se llama Jonathon James y no es un ex alto cargo de Vodafone, como asegura en un vídeo de YouTube de 38 minutos en el que denuncia que las antenas 5G (y no el coronavirus) son las causantes de las muertes por COVID-19. Jonathon James es un cura británico, un pastor evangelista de Luton, que por alguna razón ha decidido convertirse en uno de los principales difusores de esta teoría de la conspiración sobre la enfermedad, que en varios países ha llevado incluso a la quema de estas infraestructuras de telefonía por parte de gente que le ha creído.

El medio británico The Guardian ha destapado a James este viernes, que tras difundir la supuesta la relación entre la COVID-19 y las antenas 5G sin ninguna prueba, ahora está centrado en convencer a los ciudadanos de Zimbabue de que abandonen el dinero local y se pasen a las criptomonedas.

La teoría de la conspiración del 5G se extendió a finales de marzo por todo el mundo. El vídeo de James no fue el primero que intentó relacionar la implantación de esta tecnología con las muertes de COVID-19, pero sí uno de los que más impacto tuvo. Sus elucubraciones llegaron a millones de usuarios, tanto a través del vídeo original de YouTube como en extractos enviados por los sistemas de mensajería. “El coronavirus no es lo que está matando a las personas. Está claro, categórica e inequívocamente probado que las radiofrecuencias a las que estamos expuestos es lo que está matando a las personas”, afirma en el vídeo sin ninguna evidencia.

“Nuestros cuerpos están reaccionando a la radiación de radiofrecuencia”, continúa en la grabación: “Están utilizando coronavirus para tratar de ocultar el hecho de que las personas mueren por la frecuencia 5G”.“ Dios me ha bendecido con la capacidad de reunir piezas dispares de información que reúnen el rompecabezas y le dan sentido”, asevera el pastor evangelista, que suele dar sermones en la comarca de Bedfordshire, unos 80 kilómetros al norte de Londres.

Ningún informe científico avala esta tesis. Los expertos explican que es físicamente imposible la interacción entre las ondas de las redes de telecomunicaciones y un virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no encuentra efectos adversos en el 5G. Reguladores de todo el mundo, como el Comité Científico y Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) español, han declarado que las frecuencias que usa esta tecnología son seguras para el ser humano y se encuentran entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los niveles máximos permitidos por la ley.

YouTube ha eliminado muchas copias del vídeo de James por infringir su política de desinformación peligrosa, nuevas versiones siguen estando disponibles. También continúa circulando en WhatsApp. No obstante hasta ahora se desconocía la identidad del autor, que afirma en la grabación ser el ex jefe de la unidad de negocios de Vodafone, donde supuestamente accedió a informes sobre la peligrosidad del 5G.

Fuentes de Vodafone han explicado a The Guardian que es cierto que James trabajó para la compañía, pero que trabajó menos de un año como comercial en 2014. Según estas fuentes, el 5G no era una prioridad para la compañía en ese momento y es poco probable que el trabajo de James tuviera alguna relación con esta tecnología.

A pesar de esto, muchos de los principales grupos anti-5G y defensores de la teoría de la conspiración usan como argumento la supuesta censura de un “ex jefe de Vodafone” como una fuente clave que respalda sus creencias.

La teoría de la conspiración llegó a España

En Reino Unido han llegado incluso a quemar hasta 60 antenas de telefonía 5G por su impacto en el cuerpo humano y en la propagación del coronavirus, según la BBC. Según el periódico británico Financial Times, Irlanda también ha registrado dos ataques contra estas instalaciones, al igual que en Chipre, donde 18 personas vandalizaron otra antena. Países Bajos ha registrado al menos dos incendios en antenas de telefonía y 11 intentos de sabotaje similares bajo la premisa de que el 5G ha contribuido a que el brote de coronavirus sea una pandemia mundial.

En España no se ha detectado este tipo de vandalismo, aunque sí intentos de difusión de la teoría. El biólogo y pintor Bartomeu Payeras afirma en un supuesto estudio la “clara y estrecha relación entre el índice de casos de coronavirus y la ubicación en el mundo de las antenas de tecnología 5G”. Además en un vídeo donde explica sus conclusiones añade que el virus “tiene un efecto frontera porque parece que no sabe pasar las fronteras políticas” entre países. Otro de los ejemplos que pone es el caso de San Marino, un país dentro de territorio italiano donde la densidad de población es de 577 habitantes por kilómetro cuadrado, y donde el coronavirus ha tenido un gran impacto. Según su estudio esta fuerte incidencia en este microestado también tiene que ver con el 5G.

Payeras cita un artículo de Expansión en el que se explica que San Marino sería el primer país en implantar esta tecnología, aunque finalmente fue Corea del Sur. Otra de sus pruebas es otro artículo de El Confidencial en el que se explica que es uno de los países con mayor número de infectados y muertos por millón de habitantes por su condición de microestado, además de que las medidas de confinamiento llegaron tarde, solamente cuenta con un hospital y se han realizado pocos tests. En ningún momento se cita al 5G.

Desde hace varias semanas circulan en varios países bulos en los que se vincula el uso de antenas de tecnología 5G con la propagación del coronavirus. Desde que el virus comenzara a expandirse desde la ciudad china de Wuhan por todo el mundo, han surgido varias teorías en las que se dice que Wuhan fue el foco de la pandemia porque “habían (sic) instaladas cerca de 10.000 antenas 5G para implantar esta red inteligente en la ciudad”. Pero no hay ninguna evidencia de ello.

Este bulo surge de un supuesto científico estadounidense, Thomas Cowan, y se ha propagado rápidamente por el mundo. En Reino Unido han llegado incluso a quemar hasta 60 antenas de telefonía 5G por su impacto en el cuerpo humano y en la propagación del coronavirus. Algo que las autoridades británicas han tachado como peligroso y sin sentido, según la BBC.

Unas acciones que se han extendido por Europa. Según el periódico británico Financial Times, Irlanda también ha registrado dos ataques contra estas instalaciones, al igual que en Chipre, donde 18 personas vanzalizaron otra antena. Países Bajos, desde el pasado lunes 13, ha registrado dos incendios en antenas de telefonía y 11 intentos de sabotaje similares bajo la premisa de que el 5G ha contribuido a que el brote de coronavirus sea una pandemia mundial.

El Comité Científico y Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), junto con Maldita.es, ha desmentido estas afirmaciones puesto que “el tamaño de un virus es de alrededor de 100 nanómetros (0,1 micras o la diezmilésima parte de un milímetro (0,0001 mm))” mientras que “la longitud de onda de la radiación de radiofrecuencia usadas por los teléfonos móviles, también por el 5G, incluso para frecuencias elevadas de 26GHz, no supera el orden de los milímetros”.

Ningún informe científico avala esta tesis. Los expertos explican que es físicamente imposible la interacción entre las ondas de las redes de telecomunicaciones y un virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no encuentra efectos adversos en el 5G. Además, varios científicos han publicado un comunicado en la revista médica The Lancet donde argumentan el origen natural del virus.

“Efecto frontera”

Ahora estas teorías también han llegado a España. El biólogo y pintor Bartomeu Payeras afirma en un supuesto estudio la “clara y estrecha relación entre el índice de casos de coronavirus y la ubicación en el mundo de las antenas de tecnología 5G”. Además en un vídeo donde explica sus conclusiones añade que el virus “tiene un efecto frontera porque parece que no sabe pasar las fronteras políticas” entre países.

Otro de los ejemplos que pone es el caso de San Marino, un país dentro de territorio italiano donde la densidad de población es de 577 habitantes por kilómetro cuadrado, y donde el coronavirus ha tenido un gran impacto. Según su estudio esta fuerte incidencia en este microestado también tiene que ver con el 5G.

Payeras cita un artículo de Expansión en el que se explica que San Marino sería el primer país en implantar esta tecnología, aunque finalmente fue Corea del Sur. Otra de sus pruebas es otro artículo de El Confidencial en el que se explica que es uno de los países con mayor número de infectados y muertos por millón de habitantes por su condición de microestado, además de que las medidas de confinamiento llegaron tarde, solamente cuenta con un hospital y se han realizado pocos tests. En ningún momento se cita al 5G.

CCARS también se ha hecho eco de otro bulo en el que se afirma que un operario trabaja en una “antena 5G” con un “traje contra la radiación”. Una vez más, el comité ha explicado que la imagen es falsa. Puesto que la antena es de 4G, e incluso para trabajar cerca de una antena 5G tampoco se necesitan este tipo de trajes porque la radiación emitida está “entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los niveles máximos permitidos” y cuando se manipulan se desconectan.

Vox continúa con su campaña contra los medios de verificación de contenidos españoles difundiendo otro bulo. “Esta es la persona que decide lo que es verdad y lo que no en Facebook y Twitter”, ha publicado el partido liderado por Santiago Abascal en referencia a la periodista Ana Pastor.

La formación política exige a las redes sociales “verificadores independientes”, pero lo cierto es que Twitter no cuenta con un equipo ajeno a ellos mismos para verificar el contenido. Es la propia empresa la que decide quién infringe alguna de las reglas establecidas tras recibir la denuncia de un tuit y, por ejemplo, evitar situaciones de abuso o acoso.

La única vez que esta red social se pronunció con respecto a la información falsa fue durante el proceso de votación en las elecciones europeas de 2019, donde se añadió una opción de denuncia de tuits para reportar información engañosa en lo referido a este plebiscito. Pero es la propia compañía la que decide qué eliminar y no un tercero. Es el mismo mecanismo por el que la cuenta de Vox estuvo suspendida durante varias semanas antes de la llegada de la pandemia: Twitter exigía al partido de extrema derecha borrar un mensaje que incumplía sus normas.

El nuevo bulo de Vox se suma a otro difundido la semana pasada en el que se atribuía a Newtral, el proyecto fundado por la periodista Ana Pastor, la última decisión de Whatsapp de limitar el reenvío de mensajes (un cambio que se ha producido a nivel global, para los más de 2.000 millones de usuarios de la app). Según esta teoría conspirativa falsa, detrás de la decisión se escondería una intención de controlar “qué contenido es nocivo para el discurso público afín a PSOE-Podemos”.

La situación llevó a WhatsApp a tener que desmentir la campaña de desinformación de la extrema derecha dirigida contra los medios de verificación de contenidos españoles – Newtral y Maldita.es– y contra su propia plataforma “Es 100% falso”, señalaba en un comunicado oficial que adelantó eldiario.es. “Queremos aclarar los hechos”, señala la compañía, propiedad de Facebook y con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, tras detectar estos “rumores falsos” en España.

La única colaboración entre los medios verificadores es con la propia red social de Facebook y no afecta a los contenidos personales sino que se trata de detectar enlaces que lleven a páginas de bulos. Después de esto, la extrema derecha ha decidido hacer un llamamiento para mudarse a otra app de mensajería que no cuenta con restricciones para el reenvío de mensajes: Telegram.

La epidemia del coronavirus y las medidas de confinamiento decretadas, que han incrementado el uso Internet, se han convertido en un perfecto campo de cultivo para la difusión de bulos, según alerta de forma reiterada la Policía Nacional. Uno de los últimos vídeos que se ha viralizado es el de un supuesto transportista que muestra un almacén con cajas en las que asegura que hay material sanitario que se va a enviar a Francia por el Gobierno español “no paga” por este material. “¿Material para los hospitales? Todo el que quieras, aquí. Vamos, lo estoy cargando yo”, asegura. “España tendrá guantes y cosas cuando las pague”, añade después el autor dejando caer que esa afirmación proviene de un supuesto proveedor. 

Sin embargo, se trata de un bulo, según ha confirmado este martes en rueda de prensa el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, en la comparecencia diaria en la Moncloa, tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus. “Es un bulo y lo que se enseña en el vídeo son cajas de folios”, ha subrayado. La urgencia por encontrar material sanitario está poniendo a prueba al Gobierno, las comunidades autónomas y la red comercial.

Según publicó eldiario.es, las administraciones tratan a la desesperada de comprar protecciones para el personal sanitario en un mercado global donde pujan todos los países y crece la especulación. 

Este martes, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha alabado en una entrevista en El Programa de Ana Rosa (Telecinco) la transparencia de su partido. En su intervención ha asegurado que en la página web de la formación se puede tener acceso a todas las donaciones que ha recibido el partido e incluso ha señalado que en esa información llegan a detallar el nombre y el DNI de los particulares que realizan alguna aportación. Esto no es cierto.

Sobre este tema ha ido más allá, reseñando que esta actuación no lo “pueden hacer” otros partidos. Tampoco es verdad. Las cuatro formaciones que ya cuentan con representación en el Congreso tienen memorias más amplias que las publicadas por la formación de extrema derecha. Así sucede en la web del Partido Popular, en la del PSOE, en la de Ciudadanos y en la de Podemos.

“Ustedes, tienen las cuentas al acceso de todos en la web y están auditadas. Si pueden analizarlas y verán que hay donaciones de particulares con su DNI y su nombre, ¿qué más pueden pedir?”, señaló Monasterio en Telecinco. Esto no es cierto.

Ni en el apartado que tienen destinado en su página web a publicar las cuentas del partido ni en el crowfunding que ha iniciado el partido para recabar apoyos electorales se identifica a las personas que han realizado alguna aportación del partido.

La única información que se incluye en las memorias económicas de la formación que tienen publicadas en su portal (2015, 2016 y 2017) se limita a la cantidad total anual que han recibido en concepto de donaciones. En 2014, obtuvieron 235.287 euros; en 2015, 208.00 euros; en 2016, 233.758 euros y en 2017, 272.275 euros. En las cuentas del 2018, que todavía no están disponibles en este apartado, se limitan a incorporar un gráfico con porcentajes de tramos económicos de las aportaciones.

Esta redacción ha solicitado en reiteradas ocasiones a la formación de Abascal un desglose de las aportaciones que han realizado sus seguidores, pero Vox no ha aportado esta información. Por lo tanto, ni la formación facilita públicamente ni a los medios de comunicación esta información de la que alardea Monasterio forma detallada.

La portavoz del partido ha intervenido en este programa, donde le han preguntado sobre el camuflaje de donaciones de empresarios a través de testaferros ordenado por la dirección de Vox, según los testimonios de tres ex altos cargos de la formación de Santiago Abascal, recogidos por la Cadena Ser.

“Usted, entre en la página web y vea la auditoría de las cuentas de Vox”, ha insistido Monasterio cuando le han recordado que en la web de Vox no aparece ese desglose de las donaciones. 

“Tres chicas, dos de ellas menores de edad, han sido agredidas esta mañana por un grupo de feministas radicales en Servera, Mallorca. La agresión ha venido motivada porque no han querido ponerse un lazo morado”. Así comenzó Vox a propagar un bulo contra el feminismo el mismo día que las mujeres se movilizaban para conmemorar el 8M y reivindicar los derechos de las mujeres.

La Guardia Civil en Baleares ha confirmado a eldiario.es que no existe ninguna denuncia sobre dicho suceso, a pesar de que Vox comentó en Twitter que la “paliza” a las dos menores (13 y 15 años) y a la joven (18 años) por “negarse a ponerse un lazo morado durante la movilización feminista de hoy” había sido denunciada ante la Guardia Civil.

Además, como ha adelantado Diario de Mallorca, una militante de Vox en Son Servera se inventó los hechos aportando un parte médico de su hija del pasado mes de febrero.

El partido ha reconocido en una nota de prensa que ha difundido un bulo y ha pedido, sin éxito, explicaciones a la supuesta madre denunciante, contra quien han anunciado acciones legales: “Entenderemos que todo ha sido una mentira por su parte, urdida con la intención de obtener un afán de protagonismo menoscabando la credibilidad de nuestro partido o bien, por motivos que desconocemos, ha querido perjudicar al partido”.

Fracturas y magulladuras

En sus mensaje de Twitter, Vox llegó a comentar que una de las menores agredidas por las seis “feministas radicales” se encontraba en observación por “una posible fractura de mandíbula” y la otra menor “presenta magulladuras al haber sido golpeada y arrastrada por el suelo”.

El montaje ha sido difundido por el presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, por políticos de Ciudadanos, como Xavier Pericay (líder de Ciudadanos en Baleares) y por periódicos como OKDiario.

Vox Baleares concurrirá en las próximas elecciones autonómicas con la antigua formación de extrema derecha Círculo Balear, reconvertida ahora en el partido Actúa, distinto a la formación de izquierdas impulsada, entre otros, por Baltasar Garzón o Gaspar Llamazares.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha aparecido en un vídeo difundo en directo en su cuenta de Instagram para denunciar que la exministra de Sanidad Carmen Montón vaya a cobrar “durante años” una indemnización, cuando solo lo hizo durante tres meses.

“La exministra de Sanidad, Montón, que dimitió hace unos meses después de 94 días en el cargo, va a cobrar durante varios años la no despreciable cantidad de 4.500 euros mensuales en concepto de indemnización por haber sido ministra durante apenas 90 días”, asegura Cifuentes en el directo, grabado en la calle durante la noche del jueves.

“Estoy en la calle, hace un poquito de frío”, aclara la expresidenta madrileña antes de relatar esta información que le han “preocupado mucho y que además provoca mucha alarma social en cualquier ciudadano que lo escuche”.

La indemnización de Montón

Tras su dimisión, Carmen Montón solicitó la pensión indemnizatoria por haber ejercido el cargo de ministra, por lo que recibió una cantidad cercana a los 4.700 euros, pero no lo va a “cobrar durante varios años”, como asegura Cristina Cifuentes, sino durante tres meses.

Al finalizar las funciones públicas, la ley incluye una retribución del 80% del sueldo para los ministros de todos los colores políticos, incluidos los del PP, por un tiempo equivalente al que han estado en funciones, y por un plazo máximo de dos años.

Esta pensión se debe solicitar y está contemplada por la Ley de Incompatibilidades para los excargos públicos, que no pueden desempeñarse en actividades privadas relacionadas con su función pública durante los dos años posteriores al cargo en la Administración.

De esta forma, Montón cobró esta cifra desde su salida del Gobierno, en septiembre, hasta diciembre del año pasado.

“No todos los políticos somos iguales”

“Quiero hacer una aclaración, porque ya ha habido un par de personas que me han dicho la tan manida frase de 'todos los políticos son unos sinvergüenzas'. No todos los políticos somos iguales”, asegura en la grabación Cifuentes, que dimitió de sus cargos tras salir a la luz el escándalo de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y las grabaciones sobre un pequeño hurto en un supermercado.

“¿Sabéis, por ejemplo, cuánto cobro yo después de haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante casi tres años y después de haber sido delegada del Gobierno durante más de tres? Cero euros”, prosigue la expresidenta, para luego añadir que “es como tiene que ser” y que no quiere que “se hagan generalizaciones”.

Cifuentes recuerda a sus seguidores que fue ella quien, en 2015, aprobó mientras era presidenta de la Comunidad de Madrid, la “eliminación del Consejo Consultivo, que suponía un lugar de 'retiro'”. Este órgano fue suprimido por el acuerdo de investidura firmado entre la entonces presidenta madrileña y Ciudadanos.

A través del Consejo, los expresidentes regionales Joaquín Leguina, Alberto Ruíz Gallardón e Ignacio González cobraban unos 5.500 euros netos mensuales.

“Lo que os quiero decir es que hay políticos honrados y hay políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos, de nuestro cargo”, insiste, para luego cargar contra los medios de comunicación, porque “silencian” estas noticias, por lo que es “difícil que se conozcan”.

“A la izquierda casi todo se le permite”, sentencia, antes de despedirse (sin aclarar que también lo cobran exministros de derechas) y asegurar que este vídeo ha sido un “aquí te pillo aquí te mato” que no ha podido evitar porque la información falsa que difunde le ha “indignado bastante”.

“Con este tipo de cosas al final lo que se produce es una desafección de los ciudadanos hacia los políticos. Lo que os quiero decir es que hay políticos honrados y hay políticos que no se aprovechan, que no nos aprovechamos, de nuestro cargo”, zanja.

Archivo parcial del caso máster

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este viernes el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, a excepción de Cristina Cifuentes y de otros tres procesados más, que serán juzgados por falsedad documental. Se trata de la falsificación del acta con la que la expresidenta pretendía justificar la defensa de su Trabajo Final de Máster, ante las sospechas de que había obtenido el título sin asistir a clase y sin examinarse.

Cuando eldiario.es publicó la información sobre las irregularidades de su máster, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes grabó otro vídeo en directo –casualmente con una chaqueta del mismo color– para desmentir la noticia y asegurar que no dimitiría. 35 días después presentaba públicamente su dimisión.

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El aceite de oliva no va a ser equiparado con la comida basura por el Ayuntamiento de Londres. A pesar de lo que han publicado algunos medios españoles, el consistorio de la capital de Reino Unido ha desmentido a eldiario.es estas informaciones.

Varios medios como El País y La Vanguardia han publicado este viernes un noticia en la que afirman que el Ayuntamiento de Londres piensa prohibir anuncios de aceite de oliva en el transporte de la ciudad, en el marco de una campaña contra la comida basura.

En conversación con eldiario.es, el ayuntamiento londinense ha desmentido las informaciones por vía telefónica: “no es el caso”. “Se trata de una campaña enfocada a la obesidad infantil, que es un problema grave en Londres”, han aclarado desde la oficina de prensa. “Los niños no beben aceite de oliva”, ha añadido el responsable de prensa entre risas.

“Las publicidades de aceite de oliva no están enfocada a niños”, ha insistido. La medida, que apunta al peligro para la salud infantil, prohibirá anuncios que fomenten el consumo de comidas bebidas con alto contenido en grasa, azúcar o sal. Para discriminar qué publicidades serán prohibidas, se aplicará el “sentido común”, ha subrayado.

Tras difundirse la noticia falsa, Sergio Ferrer, periodista freelance de ciencia ha publicado un hilo en Twitter para desmentir las afirmaciones. “Alguien ha compartido la noticia de La Voz de Galicia y me ha parecido raro, porque el aceite de oliva no es un producto que se consuma habitualmente en Londres”, ha contado Ferrer a eldiario.es.

Después de buscar información en la Red, Ferrer ha visto que el origen de esta supuesta prohibición de los anuncios de aceite de oliva venía de algo que “había dicho un político, poniéndolo como ejemplo, pero la página oficial no lo anuncia explícitamente”, ha explicado.

A raíz del desmentido, medios como El País han borrado la noticia.

El aceite de oliva no preocupa a los expertos en salud

“Es cierto que las aceitunas tienen un notable contenido en grasas, pero eso no significa que sean alimentos en los que abunden nutrientes como el colesterol o las grasas saturadas”, informan desde la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Y añaden que “ni las grasas ni las calorías de las aceitunas preocupan a los expertos en salud pública”. En primer lugar, porque estas grasas son insaturadas y, en segundo, por su “reconocido papel en la prevención de enfermedades crónicas”.

Desde el mismo sitio web, recomiendan el consumo diario de entre 30 y 60 ml de aceite de oliva.

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones andaluzas, se ha conjeturado mucho sobre el origen del voto a Vox. El interés en este sentido no responde solo a conocer los focos de los que se ha nutrido la extrema derecha, sino quiénes les han impulsado: si los que tienen una posición acomodada, o los trabajadores con una situación menos estable. Saber si los que menos tienen votan a un partido con posiciones machistas, xenófobas u homófobas da siempre mucho juego. Y hay hasta quien se inventa que eso ha ocurrido.

Es lo que ha pasado con 'las 3.000 viviendas' de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España, del que se ha dicho que votó a Vox mayoritariamente. Algo que desmienten los datos de los resultados de las mesas electorales.

El politólogo Manuel Buñuel ha sido uno de los que ha ayudado a desmontar el bulo. Para ello, ha recopilado los datos de cada mesa y ha indicado a qué zona sevillana corresponde cada uno. Estos muestran una victoria incontestable del PSOE en prácticamente toda la zona, con Adelante Andalucía como segunda fuerza. Un análisis que coincide con el realizado por eldiario.es de los resultados del 2 de diciembre por secciones censales.

En el gráfico de Buñuel se ve que la participación en las mesas correspondientes a 'las 3.000 viviendas' ha sido especialmente baja.

Ha habido secciones censales en esta zona con una participación del 8%; una, en concreto, con 48 votos de 585 censados. Otras en las que hubo poco más de 100 votantes en zonas donde estaban censados más de 600. Pero también ha habido excepciones, como ocurre en algunas correspondientes a Martínez Montañés, con una participación de más del 60%.

Lo que sí es cierto es que Vox ha competido por completo con PP y Ciudadanos, a los que ha arrebatado el tercer lugar en algunas secciones censales. Pero no ha pasado de ahí, ni ha sido clave en este barrio.

En base a los datos existentes, eldiario.es ha comprobado que Vox ha tenido mucho más apoyo en lugares donde la derecha ya era fuerte en 2015. Donde no le ha ido tan bien ha sido en los feudos del PSOE en las anteriores elecciones autonómicas.

3.200 euros por haber haber trabajado entre 1990 y 2018. Es el falso mensaje que se hace pasar por una comunicación del Ministerio de Trabajo y que está circulando por Whatsapp. El Gobierno y la Guardia Civil han advertido del timo a través de las redes sociales y llaman a la ciudadanía a no abrir el enlace que acompaña al texto, ya que parece una vía para “captar datos” de los afectados.

El mensaje que circula por los chats, con una imagen del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, es el siguiente: “Aquellos que trabajaron entre 1990 y 2018 tienen el derecho de retirar 3200 Euro de Ministerio de Trabajo España (Mitramiss). Verifique si su nombre figura en la lista de aquellos que tienen derecho a retirar estos fundos”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que “se trata de una navegación privada” y no pasa por los sistemas de seguridad del Ministerio, “pero consideramos que a nivel interno no ha tenido impacto alguno en nuestros equipos”. Desde el ministerio que dirige Magdalena Valerio lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil y se solicitó la baja del dominio involucrado en la campaña fraudulenta distribuida.

Amaral ha sido Trending Topic otra vez por su canción de 2002 Sin ti no soy nada. El motivo han sido titulares en prensa informando de que el Gobierno de Navarra (sustentado por Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra) “censura” canciones del grupo zaragozano, de El Canto del Loco o de Shakira por “machistas”. Un diputado de UPN, Carlos Salvador, había compartido unas horas antes una actividad educativa del programa Skolae llamada 'No me cantes violencias' en las que se enumeraba un listado de temas “que promueven sexismo”, “que promueven violencia de género” o “que denuncian la violencia de género”.

Esa ficha forma parte de un programa que promueve la educación en igualdad dirigido a centros escolares, Skolae, que cuenta con un total de 210. Lo confirman desde el Departamento de Educación de Navarra a eldiario.es, desde donde niegan “rotundamente” que se censuren esas canciones en clase. “Es rotundamente falso que propongamos la prohibición de escucharlas”, explican, “se utilizan contenidos de canciones para cuestionar el modelo de hombre y mujer que muestran, si es el que queremos, sano y saludable”.

Desde Educación manifiestan que el programa que lo incluye no es nuevo sino que se implantó como experiencia piloto en 16 centros escolares de la comunidad el curso pasado, y se ha ampliado el presente a otros 100. Se trata de lo que describen como parte de un “material educativo” adaptado a edades. En la ficha que compartía en Twitter el diputado de UPN se especifica que esta en concreto está pensada para chicos y chicas de 12 a 16 años, es decir, estudiantes de la ESO.

La actividad consistiría en analizar letras de canciones para detectar “el mito del amor romántico, de las medias naranjas, de personas que te complementan, de que sin novio no tienes valor... en las que aparecen en el texto y en mil más que hemos cantado. Es material educativo para acompañar a la atención, para hacer ver al alumnado qué escucha, y si están o no de acuerdo. Avanzar en el desarrollo de capacidad crítica frente a la desigualdad como forma de prevenir la violencia”. En la ficha se define esto como “analizar el machismo e incluso la violencia que puede reproducirse” en las canciones, indicando que pensar que solo el reaggetón lo hace “es un error”.

Declaran además en Educación que las listadas no son las canciones que necesariamente se tratan en clase si se realiza esa actividad, sino que son solo ejemplos. “Se puede trabajar con esas o con las que se proponga, preguntar qué canción se usa o se escucha ahora y vamos a ver”, apuntan, como forma de llevar al aula contenidos que los adolescentes integran en su vida diaria, más actuales.

Algunas de las canciones son incluso de otras generaciones: Te espero sentada es de un disco de Shakira del año 1995, y La Mataré, de 1987, la retiró de sus directos durante años su intérprete, Loquillo, por las diversas polémicas. Desde Educación informan de que es porque son cogidas de otros documentos educativos de otras comunidades que se remontan a 2013. Aseguran que “se han utilizado también en Canarias o Comunidad Valenciana”, aunque en las respectivas Consejerías no aparece referenciado.

Amaral se ha pronunciado varias veces sobre las acusaciones a la letra de Sin ti no soy nada por tóxica desde que el tema fuera número 1 hace 16 años. Eva Amaral decía en una entrevista en Público en 2017 que le resultaba “muy difícil” “poder considerarla machista”, aunque sí habla “de un sentimiento muy extremo de dependencia emocional”. En una propuesta educativa del Ayuntamiento de Valencia de 2013 utilizaban otra canción del grupo, Salir Corriendo, pero como ejemplo de lucha contra la violencia machista

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este viernes en una entrevista en el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid que, aunque respeta las decisiones judiciales, le da “mucha pena” que el expresidente de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato “vaya a la cárcel por 90.000 euros”. Esa es la cantidad que gastó con su tarjeta 'black', pero la condena no se circunscribe a sus gastos en bolsos o alcohol.

La pena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional le impuso a Rato y que luego un fallo del Tribunal Supremo ratificó, por apropiación indebida continuada en el caso de las tarjetas 'black', es una decisión que a Aguirre le apena. La expresidenta no cree que las cárceles estén “para 90.000 euros”.

Pero Rodrigo Rato no va a ir a la cárcel por gastar con su tarjeta black 99.054,59 euros. La sentencia atribuye a Rato y a Miguel Blesa -su predecesor en el cargo- el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de Caja Madrid y Bankia “disponer a su antojo” del dinero de la Caja, rescatada luego con 22.000 millones de dinero público, para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. No tenían que justificar nada y esa retribución no se declaraba a Hacienda.

La devolución del dinero fue un atenuante para alguno de los 64 condenados, pero no para Rato, que aunque devolvió el dinero que utilizó con su tarjeta, su responsabilidad alcanzaría una cantidad muy superior, el total de las cantidades fijadas para el resto de los acusados. Cabe recordar también que los hechos anteriores al exdirector de la entidad no se juzgaron por estar prescritos.

La llegada de Rodrigo Rato al frente de Bankia en el año 2010 continuó con el proceder anterior. El fallo asegura que el que fuera vicepresidente del Gobierno de España y director del FMI heredó un sistema mantenido por Miguel Blesa, que se instauró incluso antes de la presidencia de éste, en 1988, y que ya estaba “pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”. El origen primero de las tarjetas black era incrementar el sueldo de los consejeros, una práctica imposible legalmente. La Sala recuerda que utilizó una tarjeta en provecho propio, “a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el Consejero delegado Francisc Verdú, cuando rechazó la tarjeta que se le entregó”.

El exdirector de la entidad fue informado del sistema al suceder a Blesa y no solo lo “mantuvo” sino que también se lo aseguró para sí mismo y “lo amplió” a Jose Manuel Fernández Norniella e Ildefonso Sánchez Barcoj, relata el fallo. Según la sentencia, cuando le informaron de las tarjetas “mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos ya expuestos, atribuyéndose una sin amparo en su paquete retributivo, evidenciando además por las condiciones de uso, lo que no le impidió el empleo que le dio contra el caudal de la entidad, el detrimento del mismo, junto al que sabía que se originaba con las que seguía operativas de la etapa de su predecesor en el cargo”.

Entre los gastos realizados por Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid y Bankia se encuentran cargos abultados como: 3.547 euros bajo el concepto “venta bebidas alcohólicas”; casi 2.500 euros en una tienda “Bazar”; cerca de 1.500 euros en un billete de Spanair o un cargo por más de 2.000 euros en una agencia de viajes especializada en viajes de esquí; 1.300 euros en una tienda de lámparas de diseño del madrileño barrio de Salamanca o más de 800 euros en una marisquería. También hay cargos por un total de 2.276 euros bajo el epígrafe de “Club, Salas, Fiesta, Pub, Discoteca” que se reparten a lo largo de cinco días consecutivos. De la época de Caja Madrid, Rato gastó un total de 44.200 euros y al frente de Bankia, 54.837 euros. 

Los padres castellanohablantes cuyos hijos estudian en la Escola Marià Fortuny no necesitan un traductor de catalán para acudir a las reuniones escolares. En este centro público de Reus (Tarragona), esta sugerencia de la dirección del colegio solo se dirige a los padres que no hablan ni castellano ni catalán. Algo que ocurre con algunas familias de origen magrebí o chino, por poner ejemplos.

Varios medios han publicado en los últimos días que este colegio “exigía traductor a los padres castellanohablantes” o que “pese a que el profesor sabe castellano y podrían hablar en el mismo idioma, el centro ve necesario que acuda un traductor”. Una información que se basaba en una circular del propio centro, en la que se dice: “Si no habla o entiende el catalán hay que asistir a la entrevista acompañados de una persona que pueda traducir. Si no conocen a una persona que os pueda hacer de traductor informe al tutor o tutora”.

Las mayores críticas al centro llegaron desde Twitter. Especialmente desde cuentas vinculadas al movimiento de Tabarnia o desde Ciudadanos. Incluso Albert Rivera se pronunció al respecto.

La directora del centro, Núria Sabaté, admite en conversación con eldiario.es que han cometido un error y que van a corregir ese texto para que quede más claro que la instrucción es para los padres que no conocen las lenguas cooficiales por venir de otros países. Pero niega rotundamente que sea aplicable para aquellos que solo hablen castellano y no catalán.

“Tenemos muchas familias que son de fuera, especialmente magrebíes, y no entienden ni castellano ni catalán, y por eso incluimos ese texto en las notas para los padres. Hablamos normalmente en castellano por eso precisamente, y dimos por hecho que con esa circular se nos entendía perfectamente. Pero ya lo hemos modificado en la web”, aclara Sabaté.

Además de las explicaciones de su directora, que asegura que ningún medio se ha puesto en contacto con ella para contrastar lo que decía ese texto, la escuela Marià Fortuny ha emitido otro comunicado aclaratorio. “Hace tres años se optó por añadir esta frase debido al alto número de padres y/o madres que venían a las entrevistas y no hablaban ninguno de los dos idiomas oficiales. Obviamente, hay un error y la dirección la enmendará”, explica el centro.

En la web de Ciudadanos, la biografía de Albert Rivera contiene un dato que ha sido puesto en cuestión: que es doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Una parte de su currículum que no se corresponde con la realidad, ya que Rivera no está matriculado en los estudios de doctorado ni ha entregado la tesis.

Sí es cierto que Rivera estuvo matriculado en varios cursos de doctorado. Pero finalmente los abandonó, sin cumplir con los requisitos que le habrían valido el título de doctor. Unos datos que ha confirmado la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Margarita Arboix.

En declaraciones a Catalunya Radio, Arboix ha señalado que “consta que no hizo la tesis, y por lo tanto solo tiene algunos cursos de doctorado”. Si estuviera matriculado, Rivera tendría que “pasar un seguimiento”, que es evaluado por “una comisión externa y su director tiene que presentar un informe. Si no se avanza, se le suspende”, ha aclarado la rectora.

El que sí está correcto es el currículum que el líder de Ciudadanos tiene en la web del Congreso. Un CV que ha sido actualizado esta misma semana, después de que se haya añadido a su licenciatura en Derecho que Rivera cursó un máster.

Desde Ciudadanos han rechazado en un comunicado las palabras de la rectora de la UAB, y defienden que Rivera sí es doctorando por haber cursado durante un tiempo esos estudios. Una afirmación que no encaja con la legislación vigente, que señala que esa categoría pertenece a quien “previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente real decreto, ha sido admitido a un programa de Doctorado y se ha matriculado en el mismo”. Es decir, que tendría que estar matriculado para que se le pudiese considerar así.

Además, han destacado el presidente del partido “decidió no iniciar la tesis doctoral por su dedicación exclusiva a la actividad política, como él mismo ha manifestado públicamente”.

En las redes sociales se ha compartido en las últimas horas un tercer perfil de Rivera en el Cercle D'Economia de 2015 en el que aparece que es doctor un año después de acabar el máster: el posgrado lo acabó en 2002 y consta como doctor en 2003. Según El Periódico, el partido explica que se trata de un error del Cercle. En esa biografía también se señala que el curso en Washington es un máster.