El Tribunal Supremo ha decidido avalar una información periodística basada en la conocida como 'lista Falciani' y relativa a una antigua alto cargo de los laboratorios Gilead. Los jueces de lo civil rechazan el último recurso de una ejecutiva de la empresa farmacéutica, a quien los tribunales llegaron a reconocer una indemnización de 120.000 euros por un reportaje emitido en La Sexta. En la información se hablaba de que la ejecutiva tenía una cuenta familiar en el banco suizo HSBC, conocida gracias a la lista de evasores fiscales entregada a las autoridades españolas por el informático Hervé Falciani y que, por la vía penal, ha sido aceptada como prueba varias veces.

El informático Hervé Falciani llegó en 2013 a España con datos de miles de clientes del banco HSBC, entre los que se encontraban potenciales evasores fiscales en España. La Justicia de nuestro país rechazó entregarle a las autoridades helvéticas y, mientras, las españolas empezaron a usar los datos de la 'lista Falciani' para perseguir en los tribunales a quienes durante años habían escondido sus fortunas en Suiza a espaldas de Hacienda.

Los nombres de esa lista terminaron por trascender y en febrero de 2015 los informativos de La Sexta emitieron un reportaje sobre una cuenta en Suiza con casi 2,7 millones de euros ligados a la familia de una ejecutiva de los laboratorios Gilead, comercializador del medicamento Sovaldi contra la Hepatitis C. Una información publicada en pleno polémica sobre la distribución de este medicamento por parte de las autoridades sanitarias en nuestro país.

La información de la cadena de televisión explicaba que María Coronado Galdós era 'senior product manager' en Gilead, encargada de los medicamentos relacionados con la Hepatitis. También señalaba que “ella, su padre y sus hermanos tuvieron 2,6 millones de euros en el HSBC a través de una sociedad panameña” que abrió su padre y que regularizó la ejecutiva con sus hermanos años antes. Finalmente, el reportaje destacó que en ese momento la empresa Gilead se negaba a bajar el precio del medicamento necesario para los enfermos de Hepatitis C.

La aludida llevó el caso hasta los tribunales alegando que la información emitida por la cadena no era veraz, que había relacionado su puesto en Gilead con ese dinero y esa cuenta bancaria suiza y que, finalmente, había revelado datos personales tanto de ella como de su familia. Y en un primer momento, el juzgado 35 de Madrid le dio la razón y condenó a la televisión del grupo AtresMedia a pagar una indemnización de 120.000 euros.

Ya en segunda instancia, la Audiencia Provincial de Madrid anuló esta condena económica. En junio de 2021, los jueces ya explicaron que la información procedente de la 'lista Falciani' era veraz y de interés público. “Nos encontramos ante unas informaciones que ostentaban relevancia pública”, dijo la Audiencia de Madrid. Entre otros factores, destaca, en ese momento había gran cantidad de noticias sobre los españoles que formaban parte de esa misma lista, su saldo en las cuentas, la polémica por si la regularización era o no una amnistía fiscal, o también las actuaciones judiciales al respecto.

Esa segunda sentencia no encontró tampoco que la información hubiera sido manipulada o que los titulares hubieran sido “desproporcionados”, así como que tampoco hubiera existido una invasión de la intimidad de la recurrente o sus familiares. Una decisión que acaba de confirmar la sala de lo civil del Tribunal Supremo tras rechazar, con el apoyo de la Fiscalía, el último recurso de Coronado, que todavía puede llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional.

La noticia que emitió La Sexta, ratifica el Supremo, era de interés general. “La información relacionada con la lista Falciani, con la titularidad de una cuenta con un elevado saldo en un banco suizo de la que era titular una empresa radicada en un paraíso fiscal y de la que la demandante y sus familiares eran beneficiarios, presenta interés general. La recurrente lo admite y la cuestión no precisa de explicaciones suplementarias, por su obviedad”, zanja la sala de lo civil con Rafael Sarazá como ponente.

Sobre su condición de ejecutiva o directiva de Gilead en ese momento, explica el Supremo que la cadena de televisión obtuvo su información profesional de LinkedIn y que esa información “se basa en los datos que esa persona ha incorporado a una web destinada justamente a informar sobre los aspectos profesionales de quienes en ella aparecen” por lo que “ha cumplido razonablemente su deber de diligencia”.

Prueba válida para juicios

Esta no es la primera ocasión en que la lista de potenciales evasores fiscales revelada por Hervé Falciani pasa por manos de distintas salas del Tribunal Supremo. La sala de lo penal, por ejemplo, avaló en su momento que esta información fuera considerada como prueba lícita en un juicio por fraude fiscal. Los jueces confirmaron en 2017 una condena de seis años de cárcel para un empresario español que ocultó más de 10 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza a espaldas del fisco español. La 'lista Falciani' facilitó que la Agencia Tributaria pusiera la lupa sobre sus cuentas y descubriera el fraude.

El Supremo reconoció en esta sentencia la ilicitud del origen de estos datos, obtenidos por Falciani de manera ilegal en Suiza mientras trabajaba en el HSBC, pero concluyó que eso no invalidaba su valor como prueba. Cuando el informático sacó todos esos archivos del banco, dijo la sentencia, “no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales. Tampoco se trataba de ficheros informáticos cuya entrega hubiera sido negociada entre el transgresor y los agentes españoles”.

Esa decisión fue ratificada dos años más tarde por el Tribunal Constitucional mientras los jueces seguían confirmando sanciones y condenas a los evasores fiscales que salían en esa lista. Pero el documento traído a España por Hervé Falciani también había sido avalada desde el punto de vista de una de las ramificaciones de la información: el derecho al olvido. La misma sala de lo civil del Tribunal Supremo rechazó aplicar el derecho al olvido digital al exasesor fiscal de la familia Pujol por un delito de 1991, por el que fue indultado en 2009.

Esta sentencia, dictada en 2018, explicaba que el protagonista de estas informaciones que casi tres décadas después eran accesibles a través de una búsqueda en Google pero que no habían dejado de ser de interés público. Los jueces tuvieron en cuenta, por ejemplo, que había comparecido en una comisión de investigación sobre fraude fiscal en el Parlament de Catalunya, y que además su inclusión en la 'lista Falciani' “le puso nuevamente en el punto de vista público”.

¿Es legal que se juzgue a alguien mediante pruebas obtenidas de forma ilícita? Depende de las particularidades de cada caso. En el de la lista Falciani, la sentencia emitida este martes por el Tribunal Constitucional responde de forma afirmativa, pero sus numerosas peculiaridades siembran dudas entre los expertos sobre la jurisprudencia que establece para otras denuncias de fraude en las que se haya obtenido información por canales irregulares. Eso sí, el periplo judicial de este listado de defraudadores fiscales que escondían su dinero en suiza ha concluido ya, después de más de una década en los tribunales.

Los inicios de esta historia se remontan hace más de 10 años, cuando Hervé Falciani era un ingeniero informático con nacionalidad italofrancesa que trabajaba en la sede banco HSBC en Suiza. Allí aprovechó su posición para, entre 2006 y 2008, extraer los datos de cerca de 120.000 clientes de todo el mundo que tenían cuentas opacas en el país helvético y cuyo fraude podría alcanzar los 300.000 millones de euros. Según su versión, expuesta durante su vista en la Audiencia Nacional en 2013, Falciani acudió a Líbano con una colaboradora para visitar, con un nombre falso (Ruben Al-Chidiak), la sede de una filial del HSBC en el país y “crear una alerta que pusiera en marcha en Suiza una investigación sobre un posible riesgo del secreto bancario”.

Así fue. Se generó una alerta y las autoridades suizas no tardaron en descubrir que era este informático el que estaba detrás de aquel suceso. Además, le acusaron de haber intentado vender esos datos, algo que el que fuera trabajador del HSBC siempre ha negado y que no se ha podido demostrar ante la justicia de Suiza. Falciani huyó a Francia al día siguiente de su detención -y posterior liberación- en el país helvético, que desde entonces -diciembre de 2008- ha emitido varias órdenes de extradición contra él.

El ingeniero llegó a la localidad francesa de Niza (sur), donde fue detenido apenas un mes más tarde por la Policía de este país, en colaboración con la suiza. Allí, en un pendrive, las autoridades encontraron lo que hoy se conoce como lista Falciani, que contenía entre otros los nombres de 3.000 franceses con cuentas opacas en el HSBC, y deciden investigar a los defraudadores.

Un año después, y tras la petición de Suiza, Francia devuelve el archivo sustraído por el informático, pero antes hace copias y las envía a las autoridades judiciales de países afectados. Uno de ellos es España, que recibe la lista a través de un CD en mayo de 2010 y encuentra más de 600 nombres de españoles -con unas tres mil cuentas- que habrían estado defraudando a Hacienda al ocultar su patrimonio en Suiza.

La Agencia Tributaria ofreció la regularización de su situación fiscal a todos los afectados para evitar la vía penal, pero solo aceptaron la mitad, lo que supuso el ingreso de facto de cerca de 300 millones de euros en el erario público. Era 2012 y Falciani ya colaboraba con las autoridades judiciales de distintos países, incluido España, donde se entregó a la Justicia y fue a prisión preventiva durante seis meses. Aunque pesaba sobre él la petición de extradición solicitada por Suiza, la Audiencia Nacional decide dejarle en libertad, alegando la inexistencia del secreto bancario en España, por un lado, y su colaboración con casos de fraude y blanqueo, incluyendo el caso Gürtel, por otro. “España se ha beneficiado de esa colaboración de una forma histórica”, llegó a afirmar durante la vista la entonces fiscal Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, que cifró el fraude revelado en una cantidad que oscilaría “entre el 2 y el 2,5% del PIB de la Unión Europea”.

También hubo quien prefirió iniciar la batalla judicial para declarar la nulidad de las pruebas por su obtención ilegal. Uno de ellos fue el ingeniero –ya jubilado- y bodeguero canario Sixto Delgado de la Coba, que fue de los primeros condenados por la Justicia española gracias a la información de la lista Falciani.

En abril de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid le impuso una pena de seis años de cárcel e inhabilitación para el sufragio pasivo por dos delitos contra la Hacienda Pública. Consideraban probado el fraude en la declaración del IRPF en los años 2005 y 2006, pues “no declaró ser titular de diversas cuentas bancarias y activos financieros de los que disponía en Suiza en la entidad bancaria HSBC”. A esto se sumaba la responsabilidad civil con Hacienda de 2,8 millones de euros y una multa de 11,37 millones de euros (prácticamente el cuádruple de lo defraudado).

El bodeguero recurrió ante el Supremo, aludiendo a una presunta vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Sin éxito en el Alto Tribunal, interpuso un recurso de amparo al Constitucional, pues entendía que lo aparecido en la lista Falciani “había sido obtenida ilegítimamente y de forma no autorizada”, lo que se conoce como la “regla de la exclusión”. Entre medias de los dos fallos, en abril del pasado año, Falciani fue detenido de nuevo a petición de Suiza debido a que ese país le había juzgado y condenado en ausencia por el robo de los datos. La Audiencia Nacional volvió a denegar su extradición.

En la sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, se establece que hay que tener en cuenta “las circunstancias e intereses en juego en cada caso” ya que no tiene una “validez general”. Respecto a la lista Falciani, se destaca que el ingeniero no tenía “vinculación alguna” con las autoridades españolas cuando sustrajo la información en cuestión, que “más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría”. “No existe una obligación de proteger instrumentalmente un sistema de este tipo, aunque pueda existir en otros Estados”, dice el Constitucional sobre el secreto bancario suizo.

“Una vuelta a los orígenes históricos de la prueba ilícita”

Para Javier Zaragoza Tejada, fiscal adscrito a la Unión Progresista de Fiscales y especialista en cibercrimen, la decisión del Constitucional “es relevante porque supone una vuelta a los orígenes históricos que la prueba ilícita tiene en nuestro ordenamiento jurídico, establecidos por la sentencia 114/1984”. En conversación con eldiario.es, este fiscal -que ha estudiado y publicado varios artículos sobre la lista Falciani en los últimos años- aprecia que la sentencia del Constitucional se diferencia de la del Supremo en que no hace una distinción entre las pruebas obtenidas por particulares y organismos estatales mediante vulneración de derechos -“a efectos procesales, no cabe hacer una distinción entre unas y otras”-, aunque el resultado sea el mismo.

En este sentido, destaca que lo establecido por el TC viene a afirmar “que no toda vulneración de un derecho fundamental conlleva la nulidad de la prueba, siendo necesario que produzca un efecto en el derecho a la tutela judicial efectiva”. Este experto señala, además, que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo suponía “una aproximación a la jurisprudencia norteamericana, donde la razón de ser de la prueba ilícita es disuadir a los organismos estatales de realizar de realizar actos ilícitos en la investigación de hechos delictivos, a diferencia del sistema europeo-continental, en el que la finalidad es la protección de los derechos fundamentales”.

Zaragoza Tejada también reseña que se haga “explícita referencia al principio de ponderación”, que alude a que se valore “el interés social existente en la persecución de la conducta y la gravedad de la injerencia producida en el derecho fundamental”. Ahí se explica que la regla general es la exclusión, pero también que el órgano judicial puede valorar “casos excepcionales” –como el de Falciani- en los que “la injerencia en el derecho fundamental es mínima”. “Los datos a los que se accedió eran meros datos económicos que no reflejaban aspectos esenciales de la privacidad del defraudador, por lo que prevalecía el interés social”, apunta.

El fiscal recuerda que, de hecho, esta fue la solución adoptada por el Tribunal Constitucional Alemán en un caso similar, el de Global Trust Liechenstein, donde se siguió la teoría de las esferas enarbolada por ese mismo órgano judicial. Según esta, hay distintas capas alrededor de cada derecho fundamental. Un núcleo central “que comprende lo más secreto del individuo”; una segunda esfera, “que estaría integrada por la vida personal y las relaciones personales y familiares”; y una tercera y última esfera más externa “que estaría compuesta por determinados aspectos del individuo asociados al derecho a la intimidad, pero también al derecho al honor y a la propia imagen”.

Para la jurisprudencia alemana, la exclusión de pruebas “no se daría cuando la invasión en el derecho a la intimidad no afectará al núcleo esencial sino a aspectos comprendidos, más bien, en la segunda y tercera esfera”, casos en los que explica Zaragoza Tejada, “se exigiría una resolución judicial habilitante que ponderara adecuadamente la gravedad del delito, el interés social en la persecución de la conducta y la gravedad de la injerencia, no siendo ni siquiera necesaria autorización judicial cuando la conducta intromisiva afectase a la esfera más externa”. Sobre esta última, subraya que “es donde se produce el conflicto entre lo público y lo privado en lo que al individuo se refiere”.

En cualquier caso, Zaragoza Tejada prefiere no valorar si va a sentar jurisprudencia para futuros caso ya que “hay que atender a las particularidades de cada caso concreto para determinar si existe un nexo jurídico entre la vulneración del derecho fundamental en cuestión y la posible afectación del principio de igualdad de partes”. Eso sí, destaca que con esta sentencia del TC, “se está reconociendo explícitamente la validez procesal de pruebas obtenidas violentando directamente derechos fundamentales”. Por último recuerda que, hasta ahora y salvo un precedente del TC en 2003, “las excepciones a la regla de exclusión probatoria se limitaban, exclusivamente, a la prueba derivada de la ilícitamente obtenida”.

“La opacidad institucional obliga a abrir canales alternativos”

En la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) prefieren no entrar en el análisis jurídico de la sentencia, de la que destacan que “reconocer la validez probatoria de la lista Falciani demuestra el interés público de la información desvelada y el derecho de la ciudadanía a conocerla”. En declaraciones a este periódico, su portavoz Yolanda Quintana, afea “la opacidad de las instituciones, que con frecuencia roza el amparo de comportamientos irregulares, y obliga a establecer canales alternativos, como los buzones seguros para filtraciones, para que este derecho sea realmente efectivo”.

Esta periodista resalta la importancia de “proteger a quien filtra documentos a fin de evitar posibles represalias”, recordando la detención de Falciani hace un año, “y cualquier acción posterior de sanción, ya sea en el ámbito público o privado”. Es más, recuerda que tanto los filtradores como los periodistas y medios de comunicación que trabajen con su material, se siguen enfrentando “a serias amenazas legales”. En España no existe una ley que aluda directamente a los filtradores. Ciudadanos presentó una proposición hace ya tres años y, desde entonces, Moncloa la ha dejado en un cajón. Para esta plataforma, el texto presentado es insuficiente: consideran que “excluye” casos de denunciantes como Falciani, Edward Snowden o Bradley Manning, pues estarían “fuera de los supuestos que contemplaba ese proyecto”.

Unas razones que llevan a la PDLI a insistir en su propuesta de protección y amparo de los denunciantes que “revelan información de interés público”, donde estarían también, “con las cautelas oportunas”, los datos “sobre irregularidades o comportamientos ilícitos, mediante el acceso a sistemas informáticos o a dispositivos”. De hecho, defienden que sería un paso que acercaría España “a los países más garantes del derecho a la libertad de información que ya cuentan con ella y en línea con la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo hace unos meses”.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la conocida como 'lista Falciani' --documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC-- al entender que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia, según informa Europa Press.

El tribunal de garantías ha adelantado este martes el fallo de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, en la que desestima el recurso de amparo interpuesto por el ingeniero español Sixto D.C contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó seis años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública por ocultar más de cinco millones de euros.

La sentencia del TC, la primera que analiza este asunto y de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, señala que no existe en el caso enjuiciado vulneración de los derechos fundamentales a un proceso con todas las garantías ni a la presunción de inocencia por la obtención de datos bancarios de la 'lista Falciani'.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una sentencia a finales de febrero de 2017 en la que validó como prueba el conocido listado. En esta ocasión también se estudiaba el caso del ingeniero, cuyo nombre figuraba junto al de más de 500 contribuyentes españoles en los documentos sustraídos por el exempleado del banco británico Hervé Falciani, que dieron origen a la inspección de la Agencia Tributaria española.

La sentencia del alto tribunal, cuya ponencia fue del magistrado Manuel Marchena, distinguió dos formas de obtención ilícita de datos a terceros. En este sentido, aclaró que si la prueba la obtiene la Policía no se considera válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales.

No obstante si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro, sí puede tener validez. Así, el Supremo explicó que los ficheros bancarios que consiguió Falciani consistían en “información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales”.

Una “unidad ‘anticloacas’ del Estado”. Esta es una de las propuestas electorales que Jaume Asens, candidato de En Comú Podem por Barcelona, ha lanzado este viernes de la mano de Hervé Falciani, el ingeniero que desveló una lista de cientos de defraudadores con información sustraída del banco suizo HSBC.

A la espera de que se conozca el alcance de los trabajos de la policía patriótica que creó el Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP, los 'comuns' plantean una “unidad anticloacas que persiga, desactive y sancione a los responsables del espionaje y la fabricación de pruebas falsas”, ha expresado Asens.

Este órgano, según los 'comuns', debería ser independiente de la Policía pero depender del Ministerio del Interior. Estaría integrado por expertos, entre los cuales este partido propondría a Falciani, que ha asegurado mostrarse “siempre en disposición de ayudar a los espacios que luchan contra la corrupción”.

El ingeniero y activista ha acompañado a Asens en un debate que le ha servido al candidato para presentar propuestas no sólo de lucha contra la corrupción, sino también de buen gobierno y transparencia. De hecho, desde el Ayuntamiento de Barcelona ya habían trabajado anteriormente con Falciani como asesor de su Buzón Ético para recabar denuncias sobre corrupción.

“La calidad democrática de toda una sociedad se degrada cuando se utilizan recursos públicos para impedir que una opción política legítima pueda acceder al poder”, ha expresado Asens, en referencia a los informes elaborados y difundidos por la brigada política para acusar a Podemos de financiación irregular.

Para Asens, estas actuaciones policiales forman parte de una “guerra sucia de unos pocos contra el resto”. “Sabemos que el objetivo ha sido impedir que el espacio político del cambio pudiera llegar al Gobierno”, ha añadido en referencia a la candidatura de Unidos Podemos y sus confluencias.

En materia de Transparencia, En Comú Podem ha propuesto “prohibir” las puertas giratorias fijando un mínimo de cinco años antes de que cualquier miembro del Gobierno vuelva al sector privado si puede haber conflicto de intereses. También ha planteado publicar “de manera detallada y accesible” los viajes y gastos de los cargos públicos y crear un registro de lobbies.

Hervé Falciani (Montecarlo, 1972) recuerda, diez años después de recopilar más de 100.000 casos de fraude fiscal, que pudo enfrentarse a “gigantes de las finanzas” y “poderes enormes” gracias “al poder de la colaboración”. Fue en 2008 cuando el ingeniero informático franco-italiano decidió fugarse de Suiza con los datos de miles evasores que había recopilado desde 2006 en la filial suiza del banco Hong Kong Shanghai Bank (HSBC), donde trabajaba. Su revelación recibió la denominación de lista Falciani, gracias a la cual 28 países han iniciado investigaciones judiciales en contra del fraude fiscal, entre ellos España.

Una década después reside en España, donde vive desde 2012. A pesar de haber sido detenido en varias ocasiones por las autoridades nacionales tras la petición suiza de extraditarlo, la conclusión de la Audiencia Nacional ha sido la misma: el rechazo a entregar a Falciani a las autoridades del país helvético. Ahora, tras otra victoria judicial, considera “lógico” que el Tribunal Constitucional haya avalado la utilización de la lista contra el fraude fiscal, al denegar el amparo solicitado por Sixto Delgado, ingeniero condenado a seis años de cárcel por ocultar 10 millones de euros en Suiza después de que su nombre apareciera en la documentación de Falciani. “Es un ejemplo de cómo en España se ha conseguido lo que ha costado mucho más esfuerzo en otros países a todos los niveles”, ha comentado.

Este jueves 29 de noviembre, Falciani ha impartido una conferencia en Las Palmas de Gran Canaria enmarcada en unas jornadas sobre economía colaborativa organizadas por el Cabildo. Durante una entrevista con Canarias Ahora reitera constantemente el valor del trabajo colectivo, una de las principales enseñanzas de su “aventura”, como él mismo la llama. Y es que ahora, además de seguir asesorando a administraciones, colabora estrechamente con la asociación Tactical Whistlebower, que promociona Taboow, un proyecto con el que busca democratizar las finanzas a través de la tecnología Blockchain.

Hace ya diez años desde que decidiera revelar el fraude fiscal de más de 100.000 evasores y seis desde que viajara a Barcelona. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

Mi vida ahora, obviamente, es diferente a la que tenía antes. Es una nueva vida. Pero sigue bajo los mismos intereses. Yo en el HSBC tenía interés por la innovación, por lo que tenía que servir más al cliente, a la persona. Y en el banco no encontré el modo de cumplir con mis valores o principios. Pero el objetivo que persigo ahora sigue siendo el mismo que tenía entonces. Y siempre ha sido un recorrido colaborativo, tanto con administraciones como con asociaciones. Sin la colaboración con varios estados no se podría haber llegado a ningún sitio contra el fraude fiscal. En el ámbito asociativo se concreta aún más con experiencias que ofrecen alternativas a los obstáculos.

¿Qué ha aprendido de este recorrido?

Sobre todo la capacidad que ofrece la colaboración. Un pequeño grupo de personas consiguió equilibrar la relación con gigantes de las finanzas. Poder enfrentarse a poderes enormes fue posible gracias al poder de la colaboración.

¿Considera que merece la pena seguir luchando después de todo lo que ha pasado?

Yo no considero que esto sea una lucha. No lo he vivido así. Esta es la ventaja de la colaboración. Lo he vivido como una experiencia común, como una aventura, un reto, un desafío con sus riesgos. Pero así es la vida. Y si tengo que reconocer algo es que tengo suerte, mucha suerte, de poder haber contribuido en lo que se hizo y de poder continuar estando en varios proyectos muy interesantes.

¿Qué sintió cuando, a punto de participar en debate en la Universidad Potificia de Comillas, fue detenido por segunda vez en España?

Nada especial. Fue un elemento más que se ha incorporado en nuestros proyectos. Parece difícil de entender y es posible que lo sea, pero cuando tenemos objetivos, podemos incorporar todo lo que se presente. Y es lo que hemos hecho: incorporamos el tirón mediático para nuestros proyectos.

Dentro de las grandes diferencias, existen algunos paralelismos con Julian Assange ¿Qué opinión tiene de este caso?

Ese caso se puede tratar desde infinidad de puntos de vista. Como activista, lo que ha sido, lo que ha hecho, su compromiso, su dedicación, su forma de comunicarse; todo lo ha puesto en una situación muy difícil. Si vamos concretamente a lo que hizo, se tiene que matizar; su estrategia tiene algunos fallos a mi juicio pero, quizá, porque no podemos hacer nada perfecto. Pero él ha demostrado que una persona puede tener muchas oportunidades de actuación en el ámbito del activismo. Si se hizo bien o mal, eso es otro tema. 

Su charla en Gran Canaria ha tratado sobre la democratización de las finanzas con tecnología Blockchain, ¿qué es la tecnología Blockchain?

Es como explicar una tecnología bancaria o contable. Es una tecnología de almacenamiento de información. Los bancos, presuntamente, están capacitados para almacenar datos de modo fiable. Es decir, si yo tengo una cantidad de dinero determinada en un banco, espero que no desaparezca mañana sin motivo. Un banco es una herramienta tecnológica de preservación de información y en la que tenemos confianza, porque almacenamos información de manera leal. El blockchain es parecido, solo que no se fía de una entidad: se fía de una comunidad. Es como si un banco deja de ser un banco y pasa a ser una comunidad de bancos que gestionan una misma cuenta. El blockchain tiene la capacidad de que una información se ejecute en todos los bancos al mismo tiempo. Y haciendo esto se permite que un banco no pueda actuar de forma aislada, bajo sus intereses. Blockchain es la buena práctica a nivel de gestión de la información para disminuir el riesgo del conflicto de intereses.

¿Cómo nace la idea de aprovechar el blockchain para democratizar las finanzas?

Ha sido mi dedicación y mi carrera profesional: encontrar las innovaciones tecnológicas que permitían un servicio financiero nuevo, mejorado. Se ha producido muy naturalmente desde el principio, desde los primeros meses. La he seguido personalmente y he encontrado una comunidad a la que me he unido, que es Tactical Whistleblower, con la que proponemos disminuir los riesgos que vemos en el Big Data o en la banca privada.

¿Qué es Taboow?Taboow

El tabú es una invitación a ser conscientes de cuáles son nuestros límites sociales que nos impiden evolucionar al ritmo de nuestra realidad. El proyecto, en sí, tiene que poner el foco en la criptomoneda, pero no como está siendo utilizada hoy en día, que es una barbaridad. El tabú mira y dice que esto es peligroso y, al mismo tiempo, dice: este riesgo es una oportunidad. ¿Cómo vamos a ser capaces de aprovecharlo? Si encontramos ese modo, entramos en una nueva era y los que lo consigan serán los primeros.

¿Qué le parece que se realicen eventos como Gran Canaria Colaborativa?

Fantástico. Tiene un potencial tremendo y es una oportunidad que se tiene que aprovechar. El planteamiento y la posición estratégica que tienen las islas expone a todos el hecho de que no es un territorio aislado, sino cercano a varios continentes. Y eso para mí es lo que resulta más contundente.

La Audiencia Nacional ha rechazado por segunda vez extraditar a Suiza al informático Hervé Falciani, que se llevó del banco HSBC datos de 120.000 clientes con cuentas en ese paraíso fiscal. El argumento del tribunal es precisamente que esa petición de extradición ya fue rechazada hace cinco años, con la única diferencia de que ahora hay una sentencia, e insiste en que su actuación no está castigada por las leyes españolas.

Falciani fue detenido el pasado 4 de abril por agentes de la Policía Nacional, después de que las autoridades suizas hubiesen emitido una orden de busca y captura para que el informático cumpliese la condena en firme a cinco años de cárcel. Falciani reside en nuestro país y colabora con las autoridades en las investigaciones abiertas a raíz de los datos que se llevó del HSBC.

Tras la detención, la Audiencia Nacional le dejó en libertad pero sometido a estrictas medidas de vigilancia: no podía salir de la localidad española en la que reside sin comunicárselo a un juez y la policía municipal vigilaría su domicilio. Ahora, la Sección Segunda de la Sala Penal considera que no se le debe entregar a Suiza.

En el auto que firman los magistrados María Riera, Julio de Diego y Nicolás Poveda se recoge que los hechos por los que se le reclama ya fueron valorados por la Audiencia Nacional y se rechazó la extradición porque no se daba el principio de doble incriminación. Es decir, los delitos por los que le reclamaba Suiza no estaban castigados por el Código Penal español.

La solicitud de extradición “es en realidad la misma” que se rechazó hace cinco años, destacan los jueces, y citan como prueba que las autoridades suizas descuentan en la pena de prisión “el período de tiempo que el señor Falciani estuvo privado de libertad como consecuencia de la primera solicitud de extradición denegada”.

“Debido a ello, y dado que la resolución dictada el 8 de marzo de 2013 alcanzó firmeza en su día por no ser recurrida por ninguna de las partes, se han de reconocer claros efectos de cosa juzgada a la primera de las resoluciones dictadas, como también sostiene el Ministerio Fiscal, y, consiguientemente, denegar la nueva solicitud de extradición al ser una cuestión ya resuelta”, sostiene el auto.

Lo que hizo Falciani no es delito en España

Pero más allá de que sea la misma solicitud que se rechazó en 2013, los jueces deciden entrar en su escrito al fondo del asunto. Falciani fue condenado en Suiza por “espionaje financiero agravado”. Los tres jueces entienden que ese delito no está recogido en el ordenamiento jurídico español, que castiga la revelación de datos confidenciales pero no “el intento de acceder o descubrir el secreto” al que se refieren los jueces suizos.

Se detienen los magistrados en este punto para concluir que la sentencia concluye que el reclamado accedió a información no accesible al público en general, la copió y la procesó al objeto de concluir perfiles de los clientes de la entidad financiera, determinando el conocimiento de datos más precisos de los que el propio HSBC disponía“.

El delito imputable en nuestro país es la revelación de esos secretos, pero la Audiencia Nacional entiende que lo único que hizo Falciani fue transmitir esos datos a “las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales”. Esas autoridades iniciaron, gracias a esos datos, iniciaron diversos procedimientos judiciales para perseguir casos de fraude fiscal. De hecho, la conocida como Lista Falciani ha permitido perseguir a 659 evasores fiscales y recuperar 300 millones de euros.

Hervé Falciani puso panza arriba la lucha contra el fraude fiscal en 2008 cuando se fugó de Suiza con los datos de más de 100.000 evasores que había ido copiando durante su trabajo como informático en la filial del banco británico HSBC. La famosa “lista Falciani” fue difundida por Francia a todos los países con los que mantenía acuerdos de colaboración fiscal. Desde entonces 28 países han iniciado investigaciones judiciales, con muchas de las cuales ha colaborado el informático, y se han recuperado miles de millones (al menos 300 en España).

El propio Falciani recordaba algunos de estos datos este martes en la Audiencia Nacional. Este tribunal estudia la petición de extradición de Falciani a Suiza, que no ha cesado de perseguirle estos años. Desde que llegó a Barcelona en 2012, Falciani ha sido detenido y puesto en libertad en varias ocasiones, y ha llegado a pasar seis meses en prisión preventiva. El pasado abril la Fiscalía volvía a reclamar su encarcelamiento, un movimiento sorprendente que se interpretó en el contexto de la huida a Ginebra de la líder independentista catalana Anna Gabriel. Desde entonces, el ministerio fiscal ha vuelto por sus fueros y ahora rechaza la entrega a las autoridades helvéticas.

Además de afrontar estos procesos judiciales, durante los años que lleva afincado en España el monegasco (nació en ese principado en 1972) ha participado en política, y ahora acaba de dar a conocer un proyecto de la asociación Tactical Whistleblower que promociona 'tabu', una criptomoneda sostenible. “Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad”, explica en una breve entrevista telefónica con eldiario.es realizada este miércoles.

Este martes se celebró la vista definitiva sobre la extradición, la Fiscalía se ha opuesto por segunda vez ¿está tranquilo?

Sí, bueno, ya lo estaba la primera vez, lo diferente de verdad es cómo la Fiscalía ha podido cambiar de opinión de un momento a otro. Ha sido incomprensible.

¿Qué ha podido pasar para que pasemos de que la policía le detenga y la Fiscalía pida prisión a que ahora rechace la extradición a Suiza?

No soy yo el que tiene que dar explicaciones. Muchos elementos son públicos, cada uno puede sacar sus conclusiones. Hay algo que no comprendo y es que el Consejo de Ministros no haya cumplido su responsabilidad de rechazar lo que no tenía ningún sentido judicial. Es un aparato legal muy antiguo, el procedimiento de extradición e Interpol, y este aparato en manos equivocadas puede llevar a usos equivocados. Estamos fuera de la lógica y de la consistencia jurídica. No es una sentencia filosófica, tiene que basarse en las leyes, que no son leyes divinas. 

¿Cree que el cambio en la Fiscalía puede tener que ver con el cambio de Gobierno y del clima político?

Creo que solo tiene que ver con la lógica. No tenía sentido. Hace cinco años no se pudieron judicializar los hechos (su filtración de datos del HSBC), porque hubo decisiones políticas en multitud de países para pararlo. En Francia, Italia…se paró. En España, el Tribunal Supremo validó el uso de las informaciones. En Bélgica investigaron casos por 6.000 millones de dólares. Hasta en el Cantón de Ginebra, en Suiza, se investigó por primera vez, aunque el banco acabó pagando 60 millones para evitar que continuaran.

No creo que el cambio de clima político lo explique. Yo lo veo más una vuelta a la realidad. Se puede intentar engañar a nivel político, luego tenemos que ver hasta donde llega. La separación de poderes está más protegida en España que en otros países que conozco. 

Su sensación entonces es que sí podía haber un criterio político cuando se pedía la extradición y se le detuvo, pero no ahora

Sí, a nivel de procedimiento de extradición, hay dos patas: la política, vigente hasta que el Consejo de Ministros decide, y la judicial. Durante la pata política es cuando puede existir el humo, el sinsentido. Y es lo que ha pasado. Este tiempo político no tenía ningún fundamento lógico, estaba orientado hacia otros fines.

¿Cree que quizá la situación en Catalunya podía estar relacionada?

Sí, al 100%. Las visitas a Suiza del ministro de Asuntos Exteriores, muchos elementos son evidentes. Era una posición política, que no tenía ningún sentido lógico ni judicial, solo un sentido político.

 ¿Le mantienen medidas cautelares?

Sí, hasta que los jueces decidan y redacten sus autos.

¿Cuánto tiempo cree que tardarán?

No tengo ni idea. Pero por lo que vi ayer se trataba casi más de un procedimiento administrativo. Todo ha sido muy rápido y creo que podría haber resolución en los próximos días.

¿Colabora en la actualidad con la Agencia Tributaria en sus investigaciones sobre fraude fiscal?

No, aunque siempre colaboro indirectamente con todos los órganos que investigan. Ayer mismo estaba al teléfono con una persona que trabaja en una administración y hace investigaciones. No pasa mucho tiempo sin participar en investigaciones, aunque evidentemente no puedo hablar mucho de ello. 

¿A su juicio han mejorado la lucha contra la evasión y elusión desde que se produjo su filtración de datos?

Ha mejorado es a nivel social, la gente lo conoce. Cuando se habla de fraude fiscal no se habla del fontanero, se habla de mucho más, de otra magnitud. Eso es lo que ha cambiado que veo importante. Por otro lado, se ha investigado, pero el problema sigue vigente. La lucha contra contra el blanqueo y el fraude fiscal ha fracasado por falta de medios y también de estrategia, que necesita una colaboración de la industria financiera.

Además, la lucha contra el blanqueo necesitaría una acción particular. Se sabe cómo se podría poner en marcha y aún lo esperamos. Estamos intentándolo. Hemos iniciado una asociación en España, “Taboow” que se basa en tecnología normalmente de criptomoneda. Se trata de un sistema de identificación y seguimiento del dinero. Es un sistema de seguimiento del perfil de los clientes colaborativo, sin exponer la privacidad. Si yo meto un millón de euros en el banco en un país, otro millón en otro, otro millón en otro...estoy haciendo trampa, y eso es lo que se debe poder rastrear.

El exinformático del banco suizo HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes en la vista por su extradición a Suiza en la Audiencia Nacional que sin este tribunal español, que denegó hace cinco años su entrega al país helvético, no habría sido posible que “28 países” judicializaran el resultado de los datos de miles de defraudadores que él mismo extrajo de la entidad financiera en la que trabajaba. La Fiscalía se opone a la entrega.

“Hace cinco años se decidió (rechazar la petición de Suiza) y eso permitió la judicialización en múltiples países del conocido como caso HSBC y por eso, esta corte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han sido fundamentales en la ayuda a la justicia”, ha apuntado, para incidir en que si el tribunal le hubiese extraditado, “no se habría podido judicializar el caso, habría sido sólo administrativo”.

Falciani se ha expresado así al tomar la palabra ante el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este martes presidía María Riera, en una vista que no ha durado más de 20 minutos y en la que el exinformático ha destacado que “los últimos que se han beneficiado” de la decisión del tribunal que le permitió quedarse en España han sido las autoridades francesas, “que han pactado 300 millones de euros de multa a la banca” y las belgas, que investigan “3.000 millones de dinero del mercado de diamantes”.

“Hasta países como Francia tienen que dar las gracias y reconocer lo que se hizo aquí rechazando las alegaciones suizas”, ha comentado después en declaraciones a los medios, para destacar además que en un contexto de “guerra económica” global, para defender los intereses económicos de un país, a sus empresas y sus ciudadanos “se tiene que defender a los delatores” porque es su información “la que permite que estos casos no acaben sin consecuencias”.

En España no habría cometido “delito alguno”

Durante la vista, la fiscal María Sandoval ha expresado su posición contraria a la extradición del exinformático por entender que el caso ya fue juzgado y las razones por las que entonces se denegó siguen vigentes, ya que lo único que ha cambiado es que en aquel momento había sido imputado por la justicia helvética y ahora ya ha sido condenado (cuatro años y 195 días de cárcel) pero el caso es el mismo.

Según ha detallado, los delitos por los que ha sido allí sentenciado (espionaje económico con agravantes) no tienen equivalencia en el Código Penal y de hecho, que extrajese datos de potenciales delincuentes económicos y los pusiera a disposición de las autoridades judiciales y administrativas, que “no de particulares”, “no es constitutivo de delito alguno” en España.

“Lo único que ha habido aquí ha sido una revelación de información a las autoridades judiciales, provinciales y la Hacienda Pública con el fin de reprimir conductas delictivas”, ha resumido el abogado de Falciani, Juan Ballarat, quien al término de la vista se mostraba confiado en que prevalezca en la sala el criterio de la Fiscalía y Falciani, tampoco en esta ocasión, sea entregado a Suiza. Espera tener un auto de la sala en un plazo de unos quince días.

Falciani fue detenido por primera vez en territorio español el 1 de julio de 2012 en Barcelona debido a que pendía sobre él una orden de extradición emitida por Suiza en 2009. Sin embargo, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó extraditarle en mayo de 2013, al entender que su conducta había consistido en denunciar “actividades sospechosas de ilegalidad” que no debían ser objeto de protección.

Por su parte, Suiza condenó a Falciani en noviembre de 2015 a cuatro años y 195 días de cárcel y una vez la sentencia alcanzó firmeza, sus autoridades emitieron una nueva orden internacional contra él que fue renovada en mayo de 2017 e incorporada al sistema español que gestiona estos procesos en marzo de 2018. El pasado 4 de abril fue detenido en Madrid y puesto en libertad con medidas cautelares para garantizar que estuviese localizable.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se acaba de oponer a la entrega del ingeniero informático Hervé Falciani a Suiza, país que le reclama para que cumpla una condena de cinco años que le impuso en rebeldía por robar millones de datos del HSBC, el banco en el que trabajaba.

El tribunal español ya rechazó su entrega en 2013. A pesar de ello, la Policía detuvo a Falciani el pasado abril, respondiendo a una petición del país helvético cursada un año antes. El fiscal Miguel Ángel Carballo solicitó entonces que Falciani aguardara la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en prisión preventiva. El juez Diego de Egea lo rechazó.

El Ministerio Público alega ahora que no se produce en el caso de Falciani el principio de doble incriminación, esto es, el delito por el que se le reclama no está penado en España. Fuentes jurídicas aseguran que la Fiscalía se ha pronunciado en los mismos términos que el auto por el que la Audiencia Nacional rechazó la entrega a Suiza en 2013.

En aquel auto, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal aludía a que los delitos que le imputaba la justicia suiza (espionaje financiero, secreto bancario, secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes) y concluyó: “En nuestro derecho no existe una protección penal específica del secreto bancario como tal, y menos tratando su quebrantamiento como un mero delito formal”.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal destacaba que la información desvelada por Falciani “se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección”. Gracias a la información de Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles, se consiguieron regularizar en España 300 millones de euros.

Los magistrados Julio de Diego, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada -éste último como ponente-, reprobaban la “permisividad o complacencia de facto” del banco “con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e incluso de financiación de terrorismo”.

Ahora corresponde a la Sección Segunda volver a pronunciarse sobre la petición de extradición de Suiza, motivada por la condena a cinco años de cárcel por espionaje industrial que dictó un tribunal de aquel país el 2 de mayo de 2016. En los procedimientos de extradición no es necesario que la Fiscalía se pronuncie a favor para que ésta se acabe produciendo. En el improbable caso de que la Audiencia Nacional cambie su criterio, la defensa del ingeniero informático siempre podrá elevar un recurso de súplica que resolverá el pleno de la Sala de lo Penal, que preside Concepción Espejel.

Suiza dictó una orden de detención casi un año después de la condena, el 24 de febrero 2017, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017 a las 15 horas, 46 minutos y 52 segundos, según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene. En ese mismo documento figura a pie de página: “Fecha de emisión: 19/03/2018”. Un portavoz del Ministerio del Interior asegura que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención.

La misma tarde del arresto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional trasladó a los medios que, sin entrar al fondo del asunto, parecía que los hechos por los que Suiza reclama a Falciani son “cosa juzgada”, esto es, que coinciden con los mismos que fueron analizados en 2013. Después de declarar ante el juez, la Fiscalía afirmó en un comunicado que existía “una novedad” respecto a 2013 y es que “la reciente OID suiza genera un riesgo de fuga hasta ahora inexistente en persona con acreditada capacidad de eludir la acción de la Justicia y de nacionalidad no española”.

“Dada la complejidad del asunto, (es necesario) estudiar en profundidad la documentación extradicional una vez que se cuente con ella, la cual, es la que determina auténticamente el objeto de la reclamación. Otra decisión puede resultar precipitada dado que las autoridades suizas solicitan colaboración para ejecutar una pena de entidad”, añadía la nota.

Se da la circunstancia de que Falciani tiene domicilio conocido en España y que la unidad policial que lo detuvo se había encargado de darle cobertura y esconderle durante el proceso de extradición frustrado en 2013. Falciani ha sido un habitual de las dependencias policiales y de la Fiscalía Anticorrupción en su colaboración antifraude con las autoridades españolas.

Todo ello dio pie a especulaciones sobre la maniobra del Ministerio del Interior de detenerle sin que juez ni Fiscalía lo conocieran. Suiza acogía ya entonces a dos procesadas por la causa del 1 de octubre: Marta Rovira y Anna Gabriel. El juez De Egea le impuso unas medidas cautelares muy restrictivas y poco habituales. Solo para dejar la localidad del levante español donde reside, Falciani debería informar antes a la justicia.

El Ministerio del Interior asegura que comenzó los trámites para detener al informático Hervé Falciani en cuanto Suiza se lo pidió. El Ejecutivo afirma que el país helvético requirió al informático en marzo de 2018 -aunque la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) está fechada un año antes- y descarta así que fuese un gesto con el país en el que se refugia la dirigente de ERC Marta Rovira, procesada por el Tribunal Supremo en la causa del procés.

La explicación de los trámites y fechas está contenida en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha dado a Joan Comorera, senador de En Comú Podem. La detención se produjo con el Gobierno del PP y esta respuesta parte ya del Ejecutivo del PSOE.

Comorera preguntó por qué se había detenido a Falciani en abril de 2018 si la OEDE tiene fecha de marzo de 2017, y si este hecho buscaba “la reciprocidad por parte del Estado suizo en otras causas ajenas a las del informático francoitaliano”, en referencia a la presencia de Rovira en Suiza. En ese país se encuentra también la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, aunque sobre ella no pesa una orden de detención.

Según recoge la respuesta del Gobierno, la OEDE quedó registrada en el sistema Sirene el 19 de marzo de 2018 y “verificado dicho formulario, y constatada la orden de detención sobre el citado individuo, se iniciaron las pesquisas para su localización desde el mismo día 20 de marzo”.

Falciani fue finalmente detenido el 4 de abril. El Ejecutivo justifica la tardanza en que en un primer momento “las diferentes gestiones practicadas resultaron infructuosas, no siendo localizado el huido, ni averiguado su paradero”. El informático fue detenido por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, los mismos que se habían encargado de protegerle.

Primero paradero y luego detención

El Gobierno afirma que se le detuvo cuando “se tuvo conocimiento de que el individuo iba a comparecer en la Universidad Pontificia de Comillas el día 4 de abril a las 18:00 horas, al objeto de participar en una conferencia”.

Según el Ejecutivo, las autoridades Suizas no formalizaron la OEDE hasta el 19 de marzo. Lo que existía antes era una orden de Averiguación de Domicilio y Paradero (ADP): “Como quiera que el sujeto se registró en un hotel de Madrid con ocasión de una conferencia que impartió a primeros del mes de marzo, se cruzó dicha requisitoria con la información de su alojamiento”. Fue en ese instante cuando Suiza transformó la ADP en OEDE, dice el Gobierno.

La detención de Falciani causó desconcierto en la Audiencia Nacional, porque su extradición ya se había denegado en 2013 y porque la fecha que figuraba en el documento de detención era mayo de 2017. La OEDE emitida por Suiza está motivada porque desde el 2 de mayo de 2016 hay una sentencia firme contra Falciani, que tuvo que ser juzgado y condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial.

Suiza dictó una orden de detención casi un año después, el 24 de febrero, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017 a las 15 horas, 46 minutos y 52 segundos, según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene. En ese mismo documento figura a pie de página: “Fecha de emisión: 19/03/2018”. Un portavoz del Ministerio del Interior aseguró a eldiario.es que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención.

“Las casualidades no acostumbran a pasar en política”

El senador de En Comú ve sospechosa la detención y su coincidencia con la huida a Suiza de Marta Rovira. “A pesar de la cronología de la respuesta nos resulta sospechoso que con una orden de búsqueda del 3 de mayo de 2017 de las autoridades suizas se pusiera en marcha el procedimiento de reclamación de extradición el 19 de marzo de 2018, por una petición que se centra en los mismos motivos que ya fueron rechazados por la Audiencia Nacional para entregar a Hervé Falciani en 2013”, sostiene Comorera. Además, asegura que “las casualidades no acostumbran a pasar en política”.

Comorera también apunta que “la detención de Falciani corrobora la débil protección de la que gozan en España los 'whistleblowers', es decir las personas que alertan de supuestos de corrupción y especialmente de casos de blanqueo de capitales y delitos fiscales”. Falciani, en libertad con medidas cautelares, está pendiente de que la Audiencia Nacional resuelva esta nueva petición de extradición por parte de Suiza.

El ingeniero suizo Hervé Falciani ha dado este martes un paso adelante para intentar evitar su extradición a Suiza, que ha vuelto a reclamarle por desvelar datos de clientes del HSBC que incurrían en elusión y fraude fiscal. Falciani, que tras meses de silencio ha venido concediendo diversas entrevistas en las últimas semanas, ha decidido acudir personalmente al Congreso de los Diputados. Ha asistido al registro de una proposición no de ley de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea en la que se se solicita su no extradición a Suiza para su debate en Pleno, y a continuación ha hecho declaraciones a los medios de comunicación frente a la fachada de los leones.

Preguntado por si teme ser moneda de cambio con los líderes independentistas catalanes que se han trasladado al país helvético, Falciani ha confesado: “Me veo en un juego donde se mezclan intereses fundamentales que son diversos, entre asuntos interiores e internacionales”.

“Ahora el juego es a nivel diplomático”, ha añadido, recordando que “a nivel político externo se ha dicho que no se va a opinar en los casos de los soberanistas, lo han dicho claramente a nivel alemán o suizo”. 

A su juicio, la nueva petición de extradición “es un tema político evidente y por supuesto el riesgo es que los juegos políticos mezclen intereses contrarios”. Al mismo tiempo ha recalcado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no tiene el poder” de entregarle. “Tras la decisión del Gobierno tendrá siempre la palabra la Justicia”.

En todo caso, según Falciani, el Gobierno español tiene una oportunidad para enviar “un mensaje histórico” si deniega su extradición, expresando “una oposición clara a la impunidad bancaria offshore”. El suizo ha recordado que el debate sobre la evasión fiscal y el papel de los informadores ha llegado al G–20 y a la OCDE. “El Gobierno tiene la oportunidad única de defender a los alertadores”, ha insistido.

“No se pueden defender asuntos interiores con hechos y delitos financieros muy graves. Hablamos del banco que más ha pagado como pacto para no ir a juicio de la historia”, ha dicho Falciani, para quien es una “paradoja” que la misma entidad que consiguió evitar un juicio pretenda llevarle dos veces a él. 

Miguel Urbán, eurodiputado y portavoz de Podemos en Europa; Gloria Elizo, secretaria de Acción Institucional de Podemos, y Àngela Ballester, portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Unidos Podemos, han acompañado a Falciani.

El eurodiputado ha recordado que varios miembros del Parlamento Europeo han reclamado por carta a Rajoy que frene la extradición de Falciani. Ha añadido que sin la labor de colaboración de los filtradores de información no habría sido posible efectuar operaciones muy importantes contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal y ha pedido protección para estas figuras. “No puede ser que el Gobierno del PP le utilice como moneda de cambio”, ha advertido.

Unidos Podemos pide su protección

En su propuesta parlamentaria, Unidos Podemos reclama denegar la extradición reclamada por las autoridades suizas en caso de que la Audiencia Nacional acordara concederla, y recuerdan que Falcianil ha “colaborado eficazmente en la investigación y persecución de conductas presuntamente delictivas, lo que le hace acreedor a la protección de la que son merecedores los alertadores de corrupción”.

Añaden que la orden está relacionada con una condena en ausencia a cinco años de cárcel pronunciada por la Justicia helvética en relación con los datos revelados en la llamada Lista Falciani. Pero por estos mismos hechos, la Audiencia Nacional ya había declarado la improcedencia de la extradición por parte de España el 8 de mayo de 2013. “Recordemos que se trata de hechos por los que esta persona ya había sufrido privación de libertad, y por los que ha sido nuevamente detenida el día 4 de abril de 2018, siendo puesta en libertad al día siguiente bajo vigilancia y con adopción de las correspondientes medidas cautelares, en contra de la petición de prisión de la Fiscalía, a la espera de que se resuelva sobre su extradición”.

Falciani es conocido a nivel internacional al atribuírsele la distribución de la llamada Lista Falciani, un listado de clientes del banco suizo HSBC (the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que ha permitido a la Justicia de varios países no sólo perseguir a evasores fiscales, sino conocer datos bancarios y financieros relacionados con otras actividades delictivas como el terrorismo. La filial suiza contaba con 106.000 clientes de 203 países del mundo que habrían ocultado a las haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares. En España, en la lista de alrededor de 700 evasores fiscales en el HSBC hemos encontrado a conocidos políticos, pero también a banqueros y empresarios, entre los que se encontraba la familia Botín o Masaveu, recalca la formación.

La Conselleria de Transparencia de la Generalitat valenciana está preparando una ley de transparencia y prevención de la corrupción. La norma pretende ser un cambio de paradigma entre la relación de los gobernantes y los gobernados, según ha anunciado el conseller del ramo Manuel Alcaraz. Entre los puntos más destacados de esta pionera legislación se encuentra el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (SATAN), una aplicación informática que debe avisar prácticamente en tiempo real cuando se esté produciendo una mala práctica en los procesos de contratación de la administración valenciana.

El analista informático Hervé Falciani, quien destapó una trama de evasores fiscales de todo el mundo en la división del HSBC en Suiza, ha asesorado a la Conselleria de Transparencia en la configuración de este sistema informático que, como ha dicho el subsecretario de Transparencia Alfons Puncel, “no pretende mirar hacia el pasado sino alertar de las malas prácticas en el presente”. Falciani lleva varios años ayudando al departamento valenciano a configurar sus diferentes sistemas de transparencia para blindar a la administración de casos de corrupción en el futuro.

SATAN está en este momento en pruebas y se pondrá en marcha a finales de año cuando se apruebe en las Corts la futura ley de Transparencia de la Comunitat Valenciana. La Inspección General de Servicios será el departamento encargado de controlar la aplicación informática. SATAN cruzará los datos de los expedientes de contratación con el Registro Mercantil y los Registros de la propiedad para evitar corruptelas y revisará los expedientes de contratación de una administración con 17.000 millones de presupuesto.

Por ejemplo, el sistema alertará si algún alto cargo o funcionario está adjudicando contratos a empresas de las que sea administrador o propietario. También permite avisar a los inspectores de los posibles fraccionamientos de contratos en las diferentes consellerias, una práctica utilizada frecuentemente para evitar los contratos públicos. Eso sí, esta herramienta servirá para alertar, pero posteriormente se deberá confirmar que la mala práctica sea real antes de empezar cualquier expediente sancionador o realizar recomendaciones.

Auditoría ciudadana y pacto de integridad

La directora general de Transparencia, Aitana Mas, ha aprovechado también la reunión con periodistas de este miércoles para presentar la auditoría ciudadana y el primer pacto de integridad que suscribe un Gobierno autonómico y que en España solo se ha puesto en práctica en la ciudad de Madrid. Se trata de contratar unos “monitores” externos para que sigan y fiscalicen todo el proceso de contratación de una obra pública. En este caso se supervisará la construcción de un colegio en Aldaia (Valencia).

Para ello la dirección general de Transparencia y Participación ha licitado un contrato de 16.456 euros con Transparencia Internacional para la prestación del servicio de de supervisión y seguimiento de la ciudadanía. La ONG ha elegido a un arquitecto y una jurista que seguirán todo el proceso, desde la justificación de la necesidad de la obra a la adjudicación.

Mas ha justificado que se haya arrancado en la construcción de un colegio porque en la Comunitat Valenciana se produjo “el escándalo Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que acabó con una deuda de 1.700 millones”. Esta sociedad pública está siendo investigada dentro de la instrucción del caso Taula.

Hervé Falciani ha pedido este martes al Gobierno español que rechace la nueva petición de extradición de las autoridades suizas que provocó su detención y posterior puesta en libertad vigilada a principios de abril. El informático suizo que extrajo miles de datos de evasores fiscales del banco HSBC ha concedido una entrevista en el programa de La Sexta “Al Rojo Vivo” recogida por eldiario.es. Ha defendido que el Consejo de Ministros, que en principio deberá decidir si da curso a la reclamación de Ginebra, lanzaría así un mensaje político de compromiso en la lucha contra la evasión fiscal.

Preguntado por si teme que la nueva petición (en 2013 la audiencia Nacional ya rechazó la extradición a Suiza) pueda ser un intento de “intercambiar cromos” y de que de este modo las autoridades helvéticas faciliten la entrega a España de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, Falciani ha evitado pronunciarse. “No son casos similares”, ha zanjado, circunscribiendo además la petición de extradición al ámbito judicial. Ha diferenciado este ámbito del político, en el que en su opinión el Gobierno español debe retratarse: “la evasión fiscal no es un asunto interno de Suiza”, ha defendido. Afirma que este país quiere “cambiar los hechos y reescribir la Historia”.

“Esto no es solo un asunto judicial, tiene una parte política, la elusión y la evasión fiscal tienen que ver con la política”, ha defendido.

Falciani ha afirmado que cree en la separación de poderes en España y que en este país existen “instituciones muy fiables”. Por el contrario, ha asegurado que no confía en la justicia suiza, que según afirma “defiende los intereses” de un país que “se aprovecha de los fallos de los demás”. “No hay día que no aparezca en los periódicos alguna información sobre Suiza relacionada con el blanqueo o el fraude fiscal”, ha defendido.

En cuanto a si sigue colaborando con la Fiscalía Anticorrupción (Falciani ha ayudado a España a recuperar al menos 300 millones de euros de evasores, más de 1.000 a distintos países europeos), el suizo ha asegurado que como testigo protegido “siempre está a la disposición” de las autoridades. “Ahora mismo colaboro con varias administraciones”, ha asegurado, sin querer entrar en más detalles.

La reciente detención y posterior puesta en libertad con medidas cautelares de Hervé Falciani, que filtró datos sobre evasión fiscal del banco HSBC, ha generado una ola de preocupación en determinados sectores y ámbitos políticos que temen la posibilidad de que acabe siendo entregado a su país de origen, Suiza, donde, aseguran, no contaría con la protección necesaria.

Por ello, un grupo de eurodiputados componentes de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales del Parlamento Europeo han enviado una carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en la que le reclaman que frene la extradición del informático suizo, ya que en último término tendría que ser aprobada por el Consejo de Ministros. En la misiva, presentada este miércoles en Estrasburgo por algunos de los firmantes, recuerdan que “la evasión fiscal es uno de los principales problemas que aquejan a las arcas públicas europeas” y que “según estimaciones del Parlamento Europeo, la pérdida de ingresos anuales corresponde a un billón de euros anuales”.

“Las administraciones enfrentan dificultades para combatir esta lacra debido al secreto bancario y la falta de colaboración de ciertos países, auténticos paraísos fiscales en el corazón de Europa. Por ello, la persecución de la evasión fiscal ha sido facilitada enormemente por numerosos filtradores que han hecho públicas informaciones sobre estos actos ilícitos”, añaden.

Los eurodiputados recalcan que la llamada Lista Falciani sacó a la luz la evasión fiscal de numerosas grandes fortunas en toda Europa, y ha facilitado numerosas investigaciones “que han permitido hacer aflorar miles de millones de euros” y ha colaborado con el ministerio fiscal de diversos países, entre ellos EEUU, Francia y España, “facilitando el trabajo de estas administraciones en la persecución de la evasión fiscal”. 

En el caso concreto de España, como ha recordado el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, las revelaciones de Falciani han facilitado la recuperación de al menos 300 millones de euros (más todo el dinero recaudado posteriormente a través de los capitales aflorados).

“Consideramos fundamental que a nivel europeo y en los Estados miembro se establezcan legislaciones efectivas de protección a filtradores, tal como solicita el reciente informe de la Comisión PANA del Parlamento Europeo”, añaden los eurodiputados.

Además, recuerdan que el caso fue examinado por la justicia española en 2013, con su subsecuente liberación. “El hecho de que se le reclamara por un delito que no existe en España es un hecho incontrovertible que justificó jurídicamente esta decisión (...) Que se le procese de nuevo por estos hechos podría suponer una vulneración clara del principio jurídico de non bis in ídem (no volver a ser procesado por un delito del que se ha sido absuelto).

El Gobierno defiende que la colaboración de Hervé Falciani con la Justicia española no le otorga “ninguna impunidad”. Así se ha pronunciado el ministro Rafael Catalá sobre la orden de extradición que ha tramitado el Gobierno a instancias de Suiza y que provocó la detención del informático y su puesta en libertad por la Audiencia Nacional bajo estrictas medidas cautelares mientras se estudia esa orden de extradición. La extradición de Falciani ya fue denegada en 2013 por la Audiencia Nacional.

Catalá ha afeado Unidos Podemos durante la sesión de control al Gobierno que insinúe que hay un “oscuro intercambio de favores” o un “intercambio de rehenes” que afectaría a Falciani y a políticos independentistas que se encuentran en el país helvético y ha asegurado que España se ha limitado a cumplir con su obligación. “”Menos películas, menos El Puente de los Espías o Liberad a Willy y mucha más aplicación del derecho internacional“, ha expresado el titular de Justicia.

“Imagino que no estará insinuando que, si fuese verdad lo que ha dicho de que el señor Falciani ha colaborado tanto con la Justicia eso le genera ninguna impunidad –ha contestado Catalá al diputado Txema Guijarro–. Si Suiza dice, después de una sentencia, que pide una extradición, la obligación de un país leal y amigo como España es promover eso y asistir a lo que dicen los tribunales”.

Suiza solicita la extradición por una sentencia firme contra Falciani, que tuvo que ser juzgado y condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial al hacerse con datos del banco HSBC en el que trabajaba. Falciani ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción en casos de evasión fiscal. La Agencia Tributaria consiguió regularizar en España 300 millones de euros gracias a la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles facilitados por el informático en 2010.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha solicitado la comparecencia de los ministros de Interior, Justicia y Hacienda para que expliquen en el Congreso las circunstancias de la detención del informático Hervé Falciani, ahora mismo en libertad sin fianza pero con medidas cautelares. El informático fue detenido este miércoles en la Universidad de Comillas cuando se disponía a participar en un acto público.

Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea quiere que Rafael Catalá aclare ante la Comisión de Justicia si la detención “justo ahora” tiene algún tipo de relación “con la búsqueda de reciprocidad por parte del Estado suizo en otras causas ajenas a las del informático francoitaliano”, en referencia a las dirigentes independentistas Marta Rovira y Anna Gabriel, ambas refugiadas en Suiza y procesadas por el Tribunal Supremo. La dirigente de la CUP, procesada por desobediencia pero sin orden internacional de búsqueda, huyó a Suiza el pasado 20 de febrero y Rovira, contra quien sí pesa una orden, hizo lo mismo el 23 de marzo.

Al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le piden que explique si el arresto de Falciani, experto en sistemas de información y exempleado de banca al que se le atribuye la difusión de la “lista Falciani” con nombres de clientes del banco suizo HSBC, “significa otro hito en la estrategia inconstitucional de amnistía fiscal” del Gobierno. Finalmente, solicita la comparecencia del titular de Interior, José Ignacio Zoido, para explicar todos los detalles de la detención.

Izquierda Unida ha emitido una nota de prensa en la que aseguran que es “cuanto menos curioso” que las autoridades españolas aleguen que la reclamación de extradición que solicita Suiza no quedó registrada por la Policía Nacional en el sistema Sirene hasta el pasado 19 de marzo.

Según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene, Suiza dictó una orden de detención el 24 de febrero, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017. En ese mismo documento figura como fecha de emisión el 19 de marzo y un portavoz del Ministerio del Interior asegura que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención. Las autoridades suizas han confirmado este jueves que la fecha difusión de la orden internacional es del 3 de mayo de 2017.

Condenado a cinco años de cárcel

La orden de detención, emitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra, señala que Falciani fue condenado a cinco años de cárcel el 27 de noviembre de 2015, una sentencia los tribunales suizos declararon firme el 2 de mayo de 2016. El documento recuerda que el informático se llevó del HSBC datos bancarios de 20.000 empresas y 107.181 particulares. Con esa información y bajo una identidad falsa -Rubén Alchidiack, jefe de ventas de la empresa ficticia Parlova, con sede en Hong Kong-, se trasladó a Líbano en 2008 para tratar de vendérsela a varios bancos.

Lo que vendía Falciani era “un buen producto con información de clientes con alto potencial financiero”. Es decir, ofreció a bancos como Byblos Bank, Societè Genérale o BNP detalles como la fortuna o el perfil inversor de potenciales clientes para esas entidades. Las autoridades suizas inciden en que, además de ofrecer información a empresas privadas, contactó con organismos estatales para ofrecerles el acceso a esos datos confidenciales. La orden de detención califica esos hechos como un delito de espionaje industrial.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad a Herve Falciani con estrictas medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencias semanales en el juzgado y que comunique cualquier desplazamiento de la localidad española en la que reside, aunque sea un desplazamiento nacional, para que un juez lo autorice.

El magistrado oficia también al alcalde de su lugar de residencia para que la Policía Municipal realice “una vigilancia diaria” de su domicilio. De Egea remacha con una orden para que los embajadores de Francia e Italia en España para que “no remuevan ni faciliten ningún documento que permita la salida de España del reclamado”. Falciani tiene doble nacionalidad franco-italiana.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, había solicitado prisión incondicional para Hervé Falciani mientras se resuelve la petición de extradición de Suiza. En el caso de no ser acordada, el fiscal había pedido que se acordaran medidas cautelares, según asegura la nota de la Fiscalía. Sin embargo, el auto del juez solo recoge una única petición de la Fiscalía, la prisión incondicional.

En su auto, el juez De Ega -que hace labores de apoyo en el Juzgado Central de Instrucción número 6- recuerda que un auto del 8 de mayo de 2013 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya rechazó la extradición a Suiza de Falciani. Por esta circunstancia, sumada a que el el ingeniero informático tiene domicilio en España, “procede por lo tanto la libertad provisional con las medidas de carácter cautelar” que se mencionan, dice en su resolución razonada.

El fiscal Carballo había alegado ante Falciani, su defensa y el juez Diego de Egea que existe riesgo de fuga del ingeniero informático y la necesidad de estudiar el expediente. Falciani tiene comunicado un domicilio en España, según su defensa. En caso de que el juez no dictara prisión, el fiscal ha propuesto otras medidas cautelares, que pueden ser comparecencias en el juzgado o retirada de pasaporte.

El letrado Manuel Ollé, que ha asistido a Falciani, ha recordado al juez que su defendido ha colaborado intensamente con las “administraciones”. Entre estas, y según trascendió en su momento, está la propia Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional trasladó a los medios en la tarde del miércoles que, sin entrar al fondo del asunto, parecía que los hechos por los que Suiza reclama a Falciani son “cosa juzgada”, esto es, que coinciden con los mismos que fueron analizados en 2013. La Audiencia Nacional, de acuerdo con la Fiscalía de la que ahora Carballo es su número dos, apoyó entonces que no fuera entregado.

En un comunicado hecho público esta mañana, la Fiscalía dice que hay “una novedad” respecto a 2013 y es que “la reciente OID suiza genera un riesgo de fuga hasta ahora inexistente en persona con acreditada capacidad de eludir la acción de la Justicia y de nacionalidad no española”.

“Dada la complejidad del asunto, (es necesario) estudiar en profundidad la documentación extradicional una vez que se cuente con ella, la cual, es la que determina auténticamente el objeto de la reclamación. Otra decisión puede resultar precipitada dado que las autoridades suizas solicitan colaboración para ejecutar una pena de entidad”, añade la nota.

La orden de detención emitida por la Confederación Helvética está motivada porque desde el 2 de mayo de 2016 hay una sentencia firme contra Falciani, que tuvo que ser juzgado y condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial. El experto informático fue detenido en la tarde del miércoles en Madrid cuando se disponía a participar en un acto en la Universidad de Comillas.

Suiza dictó una orden de detención casi un año después, el 24 de febrero, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017 a las 15 horas, 46 minutos y 52 segundos, según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene, al que ha tenido acceso eldiario.es. En ese mismo documento figura a pie de página: “Fecha de emisión: 19/03/2018”.

Un portavoz del Ministerio del Interior asegura que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención. El Departamento Federal de Justicia de Suiza ha confirmado este jueves a Efe que la fecha difusión de la orden internacional es del 3 de mayo de 2017.

La fecha en la que España recibe la orden de detención y decide ejecutarla cobra más relevancia si se atiende a las especulaciones que la detención de Falciani, un aliado de la justicia española y de Hacienda, tuviera que ver con el deseo de las autoridades españolas de que Anna Gabriel y Marta Rovira sean extraditadas desde Suiza. La información facilitada por Falciani sobre las cuentas del HSBC, el banco en el que trabajaba en Suiza, han permitido a España recuperar 300 millones de euros defraudados al fisco y peseguir a 659 personas.

Hervé Falciani considera que su detención es ilegal, así que ha presentado un habeas corpus, un recurso judicial para que un juez decida si su arresto es contrario a la ley y le deje en libertad. El exempleado del HSCB pasará este jueves a disposición judicial después de que Suiza haya reclamado su extradición para que cumpla una pena de cinco años de prisión.

Según un comunicado emitido por el bufete de Baltasar Garzón “los motivos de dicha detención, así como la solicitud por parte del país helvético, son los mismos por los que fue juzgado y puesto en libertad en 2013”. Ese año la Audiencia Nacional decidió rechazar su extradición por considerar que los delitos de los que le acusaba Suiza no tenían reflejo en el código penal español.

“Se trata de una detención improcedente que incumple la jurisprudencia española y asume el principio non bis in ídem por el cual una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces”, añade el comunicado. El despacho de Garzón incide en que es “inexplicable” que la Policía no conozca esa circunstancia y recalca que es una detención innecesaria porque Falciani tiene un domicilio conocido, “notorio” para la propia Policía.

“La colaboración de Hervé Falciani en múltiples casos de corrupción en diferentes países ha sido fundamental, entre ellos en España. El mismo Tribunal Supremo ha validado esta colaboración y no se puede utilizar a alguien para que colabore y que luego se le detenga”, recuerdan. Esta será parte de la argumentación que los abogados expondrán esta mañana, en la vista que se celebrará en la Audiencia Nacional para decidir si Falciani queda en libertad o es enviado a prisión mientras se decide sobre su extradición para cumplir condena.

La orden de detención suiza, emitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra, señala que Falciani fue condenado a cinco años de cárcel el 27 de noviembre de 2015, una sentencia los tribunales suizos declararon firme el 2 de mayo de 2016. El documento recuerda que el informático se llevó del HSBC datos bancarios de 20.000 empresas y 107.181 particulares. Con esa información y bajo una identidad falsa -Rubén Alchidiack, jefe de ventas de la empresa ficticia Parlova, con sede en Hong Kong-, se trasladó a Líbano en 2008 para tratar de vendérsela a varios bancos.

Lo que vendía Falciani era “un buen producto con información de clientes con alto potencial financiero”. Es decir, ofreció a bancos como Byblos Bank, Societè Genérale o BNP detalles como la fortuna o el perfil inversor de potenciales clientes para esas entidades. Las autoridades suizas inciden en que, además de ofrecer información a empresas privadas, contactó con organismos estatales para ofrecerles el acceso a esos datos confidenciales. La orden de detención califica esos hechos como un delito de espionaje industrial.

El caso Falciani era caso cerrado hasta este miércoles. Así estaba asentado en la Audiencia Nacional desde que el 8 de mayo de 2013, fecha en que su Sala de lo Penal dictó un auto en el que rechazaba la solicitud de extradición de Suiza con el argumento de que los delitos por los que le reclamaba no existen en España. Para sorpresa de la Fiscalía, que se opuso a aquella entrega, y del tribunal que lo rechazó, la Policía detuvo este miércioles a Falciani en la Universidad de Comillas cuando se disponía a participar en un acto público.

El argumento del Ministerio del Interior es que la Policía recibió una orden internacional de detención el pasado 19 de marzo y que llevaba buscando desde entonces al informático. Fueron agentes de la Comisaría General de Policía Judicial quienes ejecutaron el arresto. Esa misma estructura policial fue una de las encargadas de ocultar y proteger a Falciani mientras se resolvía la petición de extradición a Suiza y tiempo después.

Falciani será puesto a disposición judicial este jueves. Comparecerá ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ya que su antecesor, Eloy Velasco, atendió la solicitud de extradición de Suiza que al final fue rechazada. Fuentes de la Sala de lo Penal mostraron ayer su sorpresa y extrañeza por que la Policía haya ejecutado una orden de detención, una medida que afecta a un derecho fundamental, pese a saber que la posible extradición es “cosa juzgada”.

La orden de detención emitida por la Confederación Helvética está motivada porque desde el 2 de mayo de 2016 hay una sentencia firme contra Falciani, que tuvo que ser juzgado y condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial.

Suiza dictó una orden de detención casi un año después, el 24 de febrero, y su oficina policial la cursó a todos los países del espacio Schengen el 3 de mayo de 2017 a las 15 horas, 46 minutos y 52 segundos, según consta en un documento de la oficina de cooperación internacional de la Policía española, Sirene, al que ha tenido acceso eldiario.es. En ese mismo documento figura a pie de página: “Fecha de emisión: 19/03/2018”. Un portavoz del Ministerio del Interior asegura que esa es la fecha en la que se recibió en España la orden internacional de detención.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional conoció la detención de Falciani este miércoles por los medios de comunicación. Fuentes de la misma advertieron de que si la orden se había cursado por los mismos hechos que la de 2013, que ya fue rechazada, la Fiscalía se opondrá a que Falciani sea entregado a las autoridades suizas. Alegan que ya hay una decisión de la Audiencia Nacional sobre este caso, que sostiene que los hechos no son delito en España, por lo que no cabe tomar una decisión distinta sobre una “cosa juzgada”.

Podemos vincula la detención con “un favor” a Suiza

El Juzgado Central de Instrucción número 1, de guardia, tampoco conoció el arresto hasta después de haberse producido. La explicación de Interior es que la Policía se limitó a cumplir con la orden de detención internacional. El eurodiputado de Podemos Miguel Urban se preguntó en su cuenta de Twitter si la detención del ingeniero informático Hervé Falciani es “un favor de España para pedir la extradición de Anna Gabriel y otras personas exiliadas políticas” que se encuentran en ese país.

La orden de detención, emitida por la Fiscalía del Cantón de Ginebra, señala que Falciani fue condenado a cinco años de cárcel el 27 de noviembre de 2015, una sentencia los tribunales suizos declararon firme el 2 de mayo de 2016. El documento recuerda que el informático se llevó del HSBC datos bancarios de 20.000 empresas y 107.181 particulares. Con esa información y bajo una identidad falsa -Rubén Alchidiack, jefe de ventas de la empresa ficticia Parlova, con sede en Hong Kong-, se trasladó a Líbano en 2008 para tratar de vendérsela a varios bancos.

Lo que vendía Falciani era “un buen producto con información de clientes con alto potencial financiero”. Es decir, ofreció a bancos como Byblos Bank, Societè Genérale o BNP detalles como la fortuna o el perfil inversor de potenciales clientes para esas entidades. Las autoridades suizas inciden en que, además de ofrecer información a empresas privadas, contactó con organismos estatales para ofrecerles el acceso a esos datos confidenciales. La orden de detención califica esos hechos como un delito de espionaje industrial.

La negativa de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional, sin embargo, desestimó esos argumentos en 2013. En el auto, que firman Julio de Diego, Ángel Hurtado y José Ricardo de Prada -éste último como ponente-, los magistrados reprueban la “permisividad o complacencia de facto” del banco “con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e incluso de financiación de terrorismo”.

Para rechazar la extradición, el auto destaca que la información desvelada por Falciani “se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección”. Gracias a la información de Falciani, que llegó a la Agencia Tributaria en mayo de 2010 y que sacó a la luz la identidad de 659 defraudadores fiscales españoles, se consiguieron regularizar en España 300 millones de euros.

La sala hizo suyos los argumentos que expuso la fiscal Dolores Delgado para argumentar que no concurre el requisito de la doble incriminación (que los delitos por los que se pide la entrega tengan su equivalencia en el ordenamiento jurídico español). En ese sentido detalla los cuatro delitos que le imputa la justicia suiza (espionaje financiero, secreto bancario, secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes) para concluir que “en nuestro derecho no existe una protección penal específica del secreto bancario como tal, y menos tratando su quebrantamiento como un mero delito formal”.

Hervé Falciani ha sido detenido por la Unidad de Fugitivos de la Policía. Estaba a punto de participar este miércoles en un debate con periodistas y expertos en paraísos fiscales en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. El debate lo habían titulado: “Cuando decir la verdad es un acto heroico”. Hervé Falciani lleva fugado de la justicia suiza desde 2008 por sacar del país un listado de más de 100.000 nombres de evasores de impuestos que usaban la banca suiza para ocultar su fraude.

La detención de Falciani, según la Policía, obedece a una petición de extradición emitida por Suiza. Lo peculiar de este caso es que la Audiencia Nacional ya tumbó en 2013 una petición previa de extradición por el robo y difusión de los datos de la entidad bancaria. Sin Falciani presente, el juicio siguió y se dictó en 2016 condena firme a cinco años de cárcel. Suiza cursa entonces una nueva petición de extradición a España, en 2017. Tal y como cuenta hoy eldiario.es, Interior asegura que la recibe el 19 de marzo de 2018 y eso desencadena el arresto de este miércoles. Todo este proceso está causando confusión en la Audiencia Nacional.

Falciani, condenado por ladrón en Suiza, sin embargo no ha vivido ni mucho menos como un fugitivo en España.

El francoitaliano llega al puerto de Barcelona en julio de 2012 y es detenido en un control policial: las alarmas en la frontera saltan inmediatamente por la orden de detención internacional cursada por Suiza, que reclama su extradición desde que en 2008 Falciani sacara de la sede en Ginebra del HSBC lo que siempre se conocería ya como 'la lista Falciani'. Son nombres que pasaban cada día ante sus ojos de supervisor informático del banco. Entre 2006 y 2008, día a día y en secreto, Falciani hace una copia de esos movimientos fraudulentos secretos. Una enorme base de datos descargada en su portátil. 

Después de que se denegara su extradición y se le pusiera en libertad en 2013, Falciani ha estado trabajando durante años compartiendo su conocimiento con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda con el objetivo de cazar a los cientos de españoles que aparecían en la lista que Falciani sacó del HSBC. De hecho, Falciani ha llegado a desarrollar un software para la Fiscalía Anticorrupción para cruzar bases de datos y facilitar la localización de esos fraudes, tal y como explicó él mismo en una entrevista en Le Monde en 2014.

El ahora detenido ha estado viviendo durante meses con escolta de la Policía Nacional, que entre la protección y el marcaje le acompañaban en su total libertad de movimientos. O casi total: eldiario.es tuvo constancia en 2013 de cómo a última hora la escolta policial abortó “por seguridad” una reunión de Falciani con activistas y representantes políticos, entre ellos Alberto Garzón.

De hecho, Falciani incluso ha sido candidato en unas elecciones en España. Se presentó como cabeza de lista del Partido X para las elecciones europeas de 2014, aunque no obtuvo representación como eurodiputado. Posteriormente, ha colaborado con Podemos y ha participado en eventos públicos con iniciativas políticas locales y organizaciones sociales anticorrupción. 

No era la primera vez que Falciani trabaja con las autoridades. El 20 de marzo de 2008, la banca suiza denuncia que alguien está intentando vender bases de datos de clientes de HSCBC en Líbano. Tras un nombre falso, acompañado de una mujer y usando una empresa fantasma, la justicia suiza asegura que Falciani intentó sacar partido económico de su increíble hallazgo. El informático es detenido e interrogado y, sin embargo, queda libre.

Al día siguiente huye a Francia, que acaba convirtiéndose en su mejor aliado: las autoridades francesas ni detienen ni extraditan a Falciani, sino que requisan los datos del secreto bancario para abrir investigaciones judiciales contra los evasores. 

eldiario.es entrevistó a Hervé Falciani en varias ocasiones; fue el primer medio en entrevistarle en España. En largas conversaciones, Falciani explicaba cómo funcionan las redes financieras internacionales de dinero negro, dejando un retrato crudo y escandaloso de evasión multimillonaria. En 2015, siete años después de su fuga de Suiza, el listado con sus nombres vio la luz. La lista, publicada tras una investigación coordinada por Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que participan 60 medios de todo el mundo –en España, El Confidencial y La Sexta–, incluye los nombres de 106.000 personas físicas y jurídicas residentes en 203 países. Sus cuentas en la filial suiza sumaban entre 2006 y 2007, años a los que pertenecía esa filtración, más de 100.000 millones de dólares, 78.000 millones de euros.

Entre quienes contaban con cuentas en la filial helvética del banco figuran nombres como los de Emilio Botín, Mohamed VI de Marruecos, Abdalá II de Jordania, el futbolista uruguayo Diego Forlán, el magnate de la fórmula 1 Flavio Briatore, el piloto de motos Valentino Rossi, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quinto secretario general de la ONU, los cantantes David Bowie y Tina Turner o la modelo Elle MacPherson. La lista demuestra que el secreto bancario suizo protegía también los fondos de traficantes de drogas y armas o de señores de la guerra.

En España, se ponen en marcha numerosas investigaciones judiciales y detenciones gracias a la información aportada por Falciani, en la que aparecen unos 4.000 españoles. Las más destacadas son contra la red de blanqueo de dinero del magnate chino Gao Ping, y por otro, para el caso Pujol, con la presencia de la familia del expresident catalán con una cuenta abierta en 1994. Según un cálculo de El Confidencial, los españoles de la lista Falciani tenían 1.800 millones de euros opacos en Suiza. La cantidad de dinero que España ha recuperado del fraude fiscal está por encima de los 300 millones de euros y la sola amenaza de la existencia de la lista multiplicó las regularizaciones espontáneas y declaraciones complementarias. En Argentina, Francia, Suiza, los datos de su lista ponen contra las cuerdas a fortunas locales, además de a la cúpula del HSBC en varios países. 

Hervé Falciani, condenado por ladrón en Suiza, ha prestado sus servicios a las autoridades españolas, como también ha hecho con las francesas o las belgas, que le han protegido contra la orden de detención que ahora se activa de nuevo entre las dudas judiciales en el seno de la Audiencia Nacional.