El decreto que regula el nuevo régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la Administración pública en Castilla-La Mancha entra en vigor hoy, 20 de agosto, después de que el Consejo de Gobierno lo aprobara el 28 de julio.

Esta norma forma parte de la controvertida Ley de Simplificación Administrativa de la comunidad autónoma, que ratificaron PP y PSOE con el voto en contra de Vox, y con críticas por parte de Podemos, CCOO o el sindicato STAS, entre otros. Advirtieron que en la práctica esta figura supondrá “privatizar servicios públicos”.

STAS aludió a lo que calificó de “demoledor” informe del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en el que el órgano lamentaba la “gran indefinición” en la Ley de Simplificación Administrativa a la hora de fijar las funciones que ejercerán estas llamadas “entidades colaboradoras de la Administración regional”.

Se trata de una nueva figura que podrá realizar determinados procedimientos administrativos de índole pública

El Gobierno regional ha negado siempre que el objetivo sea la privatización de los servicios públicos. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, defendió en su momento que el objetivo de la ley “no es otro que avanzar hacia una Administración regional más moderna, dinámica, digitalizada y proactiva, además de más cercana a los ciudadanos” y que estas entidades colaboradoras prestarán servicio “en momentos puntuales, cuando razones de urgencia o necesidad lo hagan necesario”.

Ahora se oficializa su régimen jurídico, y a partir de este momento aquellas entidades privadas interesadas en convertirse en colaboradoras deben solicitar su acreditación. Se trata, insiste el Gobierno regional en “agilizar la tramitación, reducir cargas burocráticas y facilitar la relación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración pública”.

La norma establece, además, un periodo de adaptación que permitirá la implantación progresiva del sistema. Todo ello a través de un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.

El Gobierno regional defiende de nuevo que su regulación “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.

Las funciones de estas entidades colaboradoras privadas

Las entidades colaboradoras desarrollarán “exclusivamente”, según el Gobierno regional, funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública, y su uso será de carácter voluntario.

Las entidades que finalmente puedan inscribirse en el registro regional podrán actuar en los ámbitos de urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular o la evaluación ambiental.

Son competencias que despertaron en su momento las suspicacias de distintos agentes sociales y políticos, teniendo en cuenta que serán empresas privadas las que supervisen cuestiones de otras empresas privadas. Las funciones que se les atribuyen son “técnicas”, según el Ejecutivo regional, relativas a comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Para el Gobierno de Page, “uno de los principales objetivos de la regularización de las entidades colaboradoras con la Administración es que sea un instrumento también para los ayuntamientos de la región, pero especialmente para aquellos pequeños municipios de las zonas rurales”. En estos casos, recuerdan, muchos “carecen de personal técnico suficiente para tramitar proyectos urbanísticos o expedientes complejos, lo que provoca retrasos durante meses e incluso años”.

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este lunes la estructura de costes para la futura concesión de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con los votos favorables de PSOE y Vox, la oposición de PP Podemos e IU y la abstención de la Plataforma Vecinal de La Fresneda.

El trámite resulta preceptivo por la cuantía y duración del contrato en virtud de una ley de 2015 que eliminó las revisiones automáticas ligadas al IPC y obliga a fijar los precios según la evolución de los costes reales del servicio.

Frente a las peticiones de aplazamiento de la votación planteadas durante el pleno por los grupos que se oponen a la privatización, que reclamaban que se incorporasen informes de Secretaría e Intervención, el alcalde Ángel García 'Cepi' ha defendido la legalidad y agilidad del procedimiento municipal y ha asegurado que éste cuenta con todas las garantías e informes necesarios para seguir adelante.

Sin embargo, la portavoz de IU en Siero, Tersa Álvarez, ha señalado que lo ocurrido hoy en el pleno “vuelve a poner de manifiesto las prisas” con las que el gobierno está conduciendo un proceso sobre el que la formación viene reclamando desde el principio más transparencia y más garantías.

IU mantiene su rechazo frontal a la privatización de la gestión del agua impulsada por el PSOE con el apoyo de Vox porque, aunque Siero necesita inversiones en las redes, en los depósitos y en el abastecimiento, eso no puede utilizarse “para justificar la entrega de un servicio público esencial a una empresa privada durante décadas”.

El regidor socialista ha justificado la elección de un modelo de gestión indirecta mediante concesión privada en estudios técnicos municipales que reflejan que habrá un menor impacto económico en la tarifa para los vecinos que si se hiciese una gestión directa por parte del Ayuntamiento.

El alcalde anunció a finales del pasado diciembre que se cambiaría el modelo de gestión del servicio de agua y se externalizaría como parte de un plan para movilizar 75 millones de euros en materia de agua y saneamiento durante una década.

El plan contempla la inversión de 40 millones de euros en saneamiento, con el objetivo de que todos los núcleos cuenten con este servicio, y 25 millones en agua, destinados a renovar y ampliar las infraestructuras existentes.

A estos 65 millones de euros hay que sumar otras obras adicionales no cuantificadas que se ejecutarán de forma escalonada durante la concesión, por un valor aproximado de nueve millones de euros.

Las obras de saneamiento se financiarán con recursos municipales, mientras que la inversión en agua se abordará mediante un cambio en el modelo de gestión con la externalización del servicio.

La medida busca modernizar las redes de distribución del concejo y garantizar el suministro necesario ante el crecimiento progresivo de población y la implantación de nuevas empresas en el municipio.

A pesar del verano que estamos sufriendo, en el que los registros de calor nos indican que el cambio de clima ya es una realidad, las dos derechas municipales (por acción o por omisión) se empeñan en convencernos que estas cosas ya pasaban en el Pleistoceno y por eso deciden no tomar ninguna medida. Y se quedan tan anchos.

Eso sí, olvidan decir que aquellos cambios climáticos tardaban siglos en producirse y había capacidad de adaptación de la flora y la fauna (y los homínidos cuando los hubo) y ahora, año tras año, rompemos las estadísticas que no quieren escuchar. Esta tendencia de aumento de la temperatura tiene una primera consecuencia directa: un mayor consumo de agua.

Este elemento, desde 2010 considerado por la ONU como un derecho humano esencial para la vida, tenemos que decidir si lo gestionamos como un instrumento mercantil más con el que las empresas privadas aumenten sus beneficiarios, o lo sacamos de la cadena de los beneficios empresariales para garantizar su acceso universal y asequible.

Toledo decidió allá por 1996, y no ha querido nunca cambiar su modelo, que es el de considerar el agua como un negocio privado. Las distintas corporaciones han considerado el agua como una oportunidad de negocio.

Desde esta perspectiva, no es de extrañar que hoy pensemos en el agua solo desde la perspectiva de la gestión de la satisfacción de la demanda. La empresa que lo gestiona y hace negocio, obtiene así más beneficios cuanto más consumimos y las decisiones que se toman en el Ayuntamiento no quieren buscar un modelo de gestión que reduzca necesariamente el consumo. Todo lo contrario.

Si pensamos en satisfacer la demanda, el agua solo será el instrumento útil que garantice, por ejemplo, que el modelo de turismo cuantitativo esté garantizado. Garantizará, porque así lo ha permitido el Gobierno regional, que el parque temático de las afueras de Toledo pueda gastar más de 180 millones de litros de agua al año en las nuevas instalaciones hosteleras en su parcela de negocio que las administraciones vamos a seguir alentando regalando entradas con cualquier burda excusa.

Mientras tanto, a pesar de la obligación que tienen los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Toledo no tiene aprobado su plan de sequía. Tampoco ningún programa de eficiencia de consumo, pero esto no lo hará mientras la empresa privada se lucre con un mayor consumo de agua.

Eso sí, algunos aprueban sin despeinarse Planes de Ordenación Municipal, como en el año 2006, para incrementar la población hasta los 200.000 habitantes; seguimos aprobando planes parciales que amplían la nómina de construcciones; y seguimos sin poner coto a un exceso de turismo que es ya insostenible (por eso hablamos tanto de buscar un turismo sostenible).

Necesitamos planes para consumir menos y para consumir mejor.

Necesitamos que el Tajo sea la vía azul que garantice una biodiversidad diversa, aunque para ello tengamos que terminar con un Trasvase que solo tiene como objetivo hacer de regadío (y más rentable) una zona del país que es de secano a costa de esquilmar los recursos a la región y de la ciudad.

Necesitamos que el agua deje de ser pensada como elemento empresarial y se convierta en esencial para la vida.

Toledo necesita políticas audaces y valientes que cambien el modelo de desarrollo económico basado solo en un turismo depredador, y cambiar a un modelo productivo que deje de ser extractivo de recursos para caminar a otro modelo de consumo que reduzca la huella humana.

No querer cambiarlo sí que nos acercará más al Pleistoceno que al momento histórico que necesitamos.

Cada día reciben a miles de personas que cruzan las puertas de la Alhambra. Resuelven dudas, orientan a quienes se pierden entre palacios y jardines, traducen incidencias a visitantes llegados de todo el mundo y acompañan a decenas de miles de escolares en los programas educativos del monumento. Son, en palabras del propio Patronato, los “anfitriones” de la ciudad palatina. Sin embargo, quienes sostienen esa primera y última imagen que millones de personas se llevan del conjunto nazarí denuncian que lo hacen desde la precariedad.

Las trabajadoras del Servicio de Información y Atención al Visitante y del programa Alhambra Educa, ambos externalizados a través de la empresa Sedena, han decidido romper el silencio tras más de un año de negociaciones infructuosas con la adjudicataria. Denuncian jornadas parciales que, aseguran, dejan a parte de la plantilla por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dificultades para conciliar, falta de reconocimiento de los idiomas que utilizan a diario y la ausencia de protocolos específicos frente al calor extremo. Un conflicto laboral que vuelve a poner el foco sobre un debate que sobrevuela desde hace años el principal monumento andaluz: la creciente externalización de servicios que antes asumía directamente el Patronato de la Alhambra y Generalife.

El conflicto estalló públicamente el pasado 17 de julio, cuando una parte de la plantilla convocó una concentración a las puertas del Palacio de Carlos V de la mano de la CNT. El sindicato sostiene que la protesta llega después de más de un año de reuniones, propuestas y negociaciones sin avances con Sedena, la empresa navarra que gestiona tanto el Servicio de Información y Atención al Visitante como el programa Alhambra Educa mediante adjudicación pública. “La movilización no surge porque hayamos rechazado la negociación. Más bien al contrario: llevamos mucho tiempo intentando negociar sin obtener respuestas satisfactorias”, resume Laura, una de las trabajadoras del servicio de información.

Sueldos y condiciones precarias

La principal reivindicación gira en torno a las jornadas parciales que, según denuncian, impiden que parte de la plantilla alcance siquiera el salario mínimo. A ello suman la falta de reconocimiento económico del uso habitual de idiomas –una herramienta imprescindible para atender a visitantes de todo el mundo–, la pérdida de flexibilidad para conciliar la vida laboral y familiar, la ausencia de compensaciones por transporte en una ciudad donde el precio de la vivienda obliga a muchas trabajadoras a vivir cada vez más lejos del monumento y la reclamación de cantidades pendientes derivadas de la actualización salarial del convenio durante la prórroga extraordinaria del contrato en 2025.

“No somos guías turísticos”, insiste Laura. “Nuestra función consiste en informar, orientar y resolver incidencias. Somos el punto de referencia permanente para quienes visitan la Alhambra”. Además de atender consultas o coordinarse con otros servicios del recinto, las informadoras actúan con frecuencia como intérpretes entre visitantes extranjeros y el personal del monumento. “Somos la primera persona con la que se encuentra el visitante cuando llega y, en muchas ocasiones, la última con la que habla antes de marcharse”, resume.

La otra gran pata del servicio externalizado la conforma Alhambra Educa, el programa con el que el Patronato acerca el conjunto monumental a colegios, familias y colectivos sociales mediante visitas didácticas, talleres y actividades educativas. Solo en 2023 participaron en estas iniciativas más de 40.000 escolares, además de cientos de personas atendidas a través de programas desarrollados en hospitales, centros penitenciarios, centros de día y otros recursos sociales. Aunque se trata de plantillas distintas, ambas comparten empresa adjudicataria y denuncian problemas comunes relacionados con las condiciones laborales, la prevención de riesgos y la organización del trabajo.

Entre esas preocupaciones figura también la exposición a las altas temperaturas. Las trabajadoras aseguran que desarrollan buena parte de su jornada en el exterior y denuncian la inexistencia de protocolos específicos que adapten la organización del trabajo durante episodios de calor extremo. Una reclamación que cobra especial relevancia en Granada, donde las alertas por altas temperaturas se han convertido en habituales durante los meses de verano.

La Alhambra y la empresa se ponen de perfil

El Patronato de la Alhambra y Generalife, dependiente del Gobierno andaluz, evita entrar en el fondo del conflicto y recuerda que las relaciones laborales corresponden exclusivamente a la empresa adjudicataria. No obstante, sostiene que ha favorecido el diálogo entre las partes y que el director del monumento, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ha mantenido contactos tanto con la representación sindical como con Sedena para propiciar una solución. La institución también asegura que durante el último año ha impulsado mejoras materiales en los puestos de trabajo, como la creación de zonas de sombra, la instalación de ventiladores, la reubicación de algunos espacios de atención al público y la habilitación de nuevas áreas de descanso.

Sedena, por su parte, se limita a asegurar que “en todo momento mantenemos una constante comunicación directa con la representación legal de todas las personas trabajadoras de la empresa, al respecto de las condiciones laborales y los convenios colectivos laborales de aplicación”. Pese a la insistencia de este medio, la empresa no ha respondido, sin embargo, a las cuestiones planteadas sobre las jornadas parciales, las reclamaciones salariales, las medidas de conciliación o las denuncias relativas a la prevención de riesgos laborales.

El conflicto llega además en un momento en el que el modelo de gestión de la Alhambra vuelve a estar bajo la lupa de parte de su plantilla. En los últimos años, trabajadores del propio Patronato han alertado en distintas ocasiones de una progresiva externalización de servicios y de la pérdida de personal propio en áreas consideradas estratégicas, desde la conservación del patrimonio hasta la atención al público. Este conflicto se desarrolla precisamente en uno de esos servicios ya externalizados y vuelve a situar sobre la mesa el debate sobre quién sostiene el funcionamiento cotidiano del monumento más visitado de España junto con la Sagrada Familia y bajo qué condiciones lo hace.

L’arribada a Cala Gració ofereix una vista panoràmica de la platja, amb una extensa àrea d’arena ara ocupada per llits balinesos que han substituït les tradicionals hamaques. “Abans anàvem al xiringuito amb la meva família a menjar peix, que era dels més barats i bons de l’illa”, explica Laura Prats, de 28 anys i natural de Sant Antoni. Ara continuen anant gairebé cada dia a la cala, però s’instal·len a la part rocosa, al costat de les tradicionals casetes de pescadors, des d’on es banyen sense consumir. El motiu: l’antic xiringuito ha donat pas a un negoci orientat al turisme d’alt poder adquisitiu i consumir-hi ha deixat d’estar a l’abast de molts residents.

Cala Gració i Cala Gracioneta estan connectades per mar i també per un petit camí de terra que serpenteja per la part superior del penya-segat que les separa. En l’imaginari col·lectiu eivissenc existeix una pràctica no escrita, però àmpliament compartida: travessar nedant des de la primera fins a la segona, més petita, recòndita i d’aigües encara més turqueses i cristal·lines. Des de fa temps, però, la germana petita d’aquestes dues cales ha deixat de ser un lloc per seure a menjar o prendre alguna cosa si un no està disposat a assumir els preus del restaurant.

Grupo Mambo va adquirir l’antic xiringuito fa més d’una dècada i avui ofereix una carta de còctels i gastronomia orientada a un client molt diferent. El negoci es ven a la seva pàgina web com “el restaurant de platja ideal per a aquells que pensen que els estius sense xiringuito són menys estiu” i també com un enclavament per celebrar bodes davant la mar, esdeveniments corporatius o celebracions privades. Ara, l’ocupació del litoral per part del grup empresarial s’estén també a la cala veïna, fins fa poc un dels refugis habituals per a moltes famílies residents.

“Abans buscàvem crancs”

“Quan érem petits, els meus amics i jo cercàvem crancs, jugàvem a futbol i ens refugiàvem sota l’ombra dels arbres”, recorda Laura. També rememora com, quan anaven a dinar a l’antic xiringuito, el propietari s’acostava taula per taula per explicar-los quin peix havia comprat aquell matí al mercat.

Quan érem petits, els meus amics i jo buscàvem crancs, jugàvem al futbol i ens refugiàvem sota l'ombra dels arbres

Laura Prats — Oriünda de Sant Antoni

Gabriel Pizzuto, de 29 anys i també d’Eivissa, conserva records semblants. Durant la Primària anava amb l’escola d’excursió a Cala Gracioneta i, ja d’adolescent, hi tornava moltes vegades amb els seus amics. Aquest privilegi per als residents va desaparèixer la temporada passada amb el canvi de model del negoci i avui queda reservat, en gran mesura, a aquells que es poden permetre consumir-hi.

Els preus reflecteixen aquest gir. Les postres arriben als 20 euros, una ració de calamars a l’andalusa costa 30 i un coco importat de països pròxims al tròpic, 16. Segons les darreres dades disponibles de l’Agència Tributària, corresponents a 2023, la renda bruta mitjana dels residents de Sant Antoni va ser de 32.668 euros. Després d’impostos i cotitzacions, cada declarant disposa d’una renda neta mitjana de 26.294 euros anuals, la més baixa de tota Eivissa. A l’extrem oposat se situa Sant Joan, amb una renda neta mitjana 7.258 euros superior —al voltant d’un 22 % més—. Darrere hi figuren, per aquest ordre, Santa Eulària, Sant Josep i Vila.

Del turisme de masses al turisme premium

Fa aproximadament un lustre que els allotjaments i bona part de la restauració de Sant Antoni experimenten una pujada general de categoria. Fins i tot al nucli històric del municipi, tradicionalment associat al turisme de masses estranger —especialment britànic, tot i que també francès, alemany i neerlandès— han proliferat els hotels boutique. Molts d’aquests establiments acollien fins fa pocs anys un perfil de visitant molt diferent: el que arribava a l’illa atret per l’oci nocturn de baix cost i que l’Ajuntament intenta ara substituir per un altre de major poder adquisitiu. El canvi no es limita als hotels, sinó que també afecta el paisatge urbà, els negocis i la manera de consumir al municipi.

Fa aproximadament un lustre que els allotjaments i bona part de la restauració de Sant Antoni experimenten una pujada general de categoria. Fins i tot en el centre històric del municipi, tradicionalment associat al turisme de masses estranger -especialment britànic, encara que també francès, alemany i neerlandès- han proliferat els hotels 'boutique'

Les dècades dels vuitanta i noranta van marcar l’expansió de la cultura LGTBIQ+ a Eivissa i van consolidar Sant Antoni com un dels grans centres de la vida nocturna de l’illa. En aquest context van néixer espais com Café del Mar o Café Mambo, convertits amb el pas del temps en icones internacionals de les postes de sol i de la música electrònica. Tots dos negocis van ajudar a construir una part de l’imaginari turístic d’Eivissa que encara avui es continua venent dins i fora de l’illa.

A pocs quilòmetres, un altre dels símbols d’aquella època també travessa un moment de transformació. La discoteca Amnesia —fundada pel filòsof Antonio Escohotado amb el nom de Taller del Olvido— ha perdut part del protagonisme que va mantenir durant dècades després de l’obertura d’UNVRS, el nou hyperclub impulsat per The Night League al mateix municipi i situat davant de l’antiga Privilege, abans Ku.

La nova postal de Cala Gració

El gir cap a un turisme de major capacitat econòmica també s’aprecia a l’entorn de Cala Gració. El triangle hoteler situat darrere la platja ha experimentat un profund procés de renovació en els darrers anys. El 2021 va obrir OKU Ibiza i, un any després, TRS Hotel Ibiza va ampliar l’aposta pel segment premium. A aquests s’hi suma Cubanito Ibiza Suites, inaugurat el 2018 després de la reforma integral dels antics apartaments El Coto. L’establiment, propietat de Concept Hotel Group, recrea l’estètica de l’Havana dels anys cinquanta i forma part de l’estratègia del grup empresarial de convertir cadascun dels seus hotels en una experiència temàtica.

El circuit es completa ara amb l’arribada de Pomelo Playa, l’antic xiringuito de Cala Gració adquirit per Grupo Mambo. L’empresa ha declinat respondre les preguntes d’elDiario.es sobre l’operació i sobre el canvi de model aplicat a l’establiment.

L’Ajuntament de Sant Antoni sosté que el nombre d’elements autoritzats sobre la platja no ha variat respecte d’anys anteriors: cent llits i cinquanta para-sols. Però els llits balinesos ocupen una superfície considerablement més gran que les antigues hamaques, reduint l’espai disponible per a aquells que acudeixen a la platja amb el seu propi equip.

L'Ajuntament de Sant Antoni sosté que el nombre d'elements autoritzats sobre la platja no ha variat respecte a anys anteriors: cent llits i cinquanta para-sols. No obstant això, els llits balinesos ocupen una superfície considerablement major que les antigues hamaques, reduint l'espai disponible per als qui acudeixen a la platja amb el seu propi equip

Les dades de la Plataforma de Contractació del Sector Públic mostren que l’explotació dels serveis desmuntables de platja va ser adjudicada per al període 2023-2026 per un pressupost base de licitació de 33.303,67 euros anuals, fet que eleva el valor estimat del contracte fins als 133.214,68 euros. En la concessió anterior, corresponent al període 2021-2022, l’import ascendia a 86.584,88 euros. Durant l’any de la pandèmia, el contracte es va adjudicar per via d’urgència per 46.517,68 euros.

L’entorn de Cala Gracioneta ja havia estat objecte de controvèrsia el 2023, quan una macrofesta organitzada per Grupo Mambo juntament amb el col·lectiu alemany Keinemusik —i prevista per a unes 5.000 persones— va estendre l’aforament del xiringuito —d’unes 400— per tota la superfície d’arena fins a l’orla, dificultant l’accés habitual a la petita cala.

L'entorn de Cala Gracioneta ja va ser objecte de controvèrsia en 2023, quan una macrofesta organitzada per Grupo Mambo al costat del col·lectiu alemany Keinemusik va ampliar l'aforament del quiosquet -unes 400 persones- fins a ocupar tota la superfície de sorra de la cala

Colonització del litoral

La història de Cala Gració no és una excepció. Es repeteix, amb diferents matisos, al llarg de bona part del litoral eivissenc, on els preus augmenten temporada rere temporada i l’espai disponible per a l’ús quotidià de residents i visitants es redueix progressivament.

Les concessions públiques per explotar serveis de platja han acabat, en molts casos, en mans d’empreses amb una capacitat econòmica difícil d’igualar. El resultat és un model de negoci orientat cada vegada més cap a un visitant d’alt poder adquisitiu, mentre que per a bona part de la població local seure a menjar o prendre alguna cosa davant la mar es converteix en una opció cada vegada menys accessible.

Les concessions públiques per a explotar serveis de platja han acabat, en molts casos, en mans d'empreses amb una capacitat econòmica difícil d'igualar. El resultat és un model de negoci orientat cada vegada més cap a un visitant d'alt poder adquisitiu

L’estiu passat, veïns del litoral de Sant Josep denunciaven precisament aquesta sensació de pèrdua de l’espai públic. Residents d’enclavaments com Cala Espart o Cala Molí criticaven l’ocupació creixent de les platges per part de vil·les de luxe properes i de beach clubs que, segons asseguraven, havien transformat completament l’ús tradicional d’aquests espais.

“La platja és un espai públic”, van traslladar aleshores als treballadors de diverses d’aquestes mansions, denunciant pràctiques que, al seu parer, restringien l’accés al litoral. La normativa estableix que qualsevol activitat comercial de lloguer d’hamaques o para-sols requereix una concessió administrativa. Quan la platja té caràcter urbà, la competència correspon a l’ajuntament; quan forma part del domini públic maritimoterrestre, depèn del Govern balear, a través de la Direcció General de Costes.

L'estiu passat, veïns del litoral de Sant Josep denunciaven la pèrdua de l'espai públic. Residents d'enclavaments com a Cala Espart o Cala Molí criticaven l'ocupació creixent de les platges per part de viles de luxe pròximes i de 'beach clubs' que havien transformat per complet l'ús tradicional d'aquests espais

al com va comprovar elDiario.es l’estiu passat durant l’elaboració d’un altre reportatge, els preus regulats en moltes concessions no sempre es respecten. Alguns establiments condicionen l’accés a hamaques i para-sols a un consum mínim, una pràctica que, tot i permetre mantenir formalment el preu fixat per a cada element —deu euros per hamaca i deu per para-sol—, acaba elevant considerablement el cost real per als usuaris.

“A mi m’agradava el xiringuito perquè podies seure i recolzar els peus damunt l’arena”, explica Laura, que rutinàriament encara s’encamina cap a la platja on va passar la seva infància, sense poder gaudir-ne ja de la mateixa manera.

La llegada a Cala Gració ofrece una vista panorámica de la playa, con una extensa área de arena ahora ocupada por camas balinesas que han sustituido a las tradicionales hamacas. “Antes íbamos al chiringuito con mi familia a comer pescado, que era de los más baratos y buenos de la isla”, explica Laura Prats, de 28 años y oriunda de Sant Antoni. Ahora, siguen yendo casi cada día a la cala, pero se instalan en la parte rocosa, junto a las tradicionales casetas de pescadores, desde donde se bañan sin consumir. ¿El motivo? El antiguo chiringuito ha dado paso a un negocio orientado al turismo de alto poder adquisitivo y consumir allí ha dejado de estar al alcance de muchos residentes.

Cala Gració y Cala Gracioneta están conectadas por mar y también por un pequeño camino de tierra que serpentea por la parte superior del acantilado que las separa. En el imaginario colectivo ibicenco existe una práctica no escrita, pero ampliamente compartida: cruzar a nado desde la primera hasta la segunda, más pequeña, recóndita y de aguas todavía más turquesas y cristalinas. Desde hace tiempo, sin embargo, la hermana pequeña de estas dos calas ha dejado de ser un lugar para sentarse a comer o tomar algo si uno no está dispuesto a asumir los precios del restaurante.

Grupo Mambo adquirió el antiguo chiringuito hace más de una década y hoy ofrece una carta de cócteles y gastronomía orientada a un cliente muy distinto. El negocio se vende en su página web como “el restaurante de playa ideal para quienes piensan que los veranos sin chiringuito son menos verano” y también como un enclave para celebrar bodas frente al mar, eventos corporativos o celebraciones privadas. Ahora, la ocupación del litoral por parte del grupo empresarial se extiende también a la cala vecina, hasta hace poco uno de los refugios habituales para muchas familias residentes.

“Antes buscábamos cangrejos”

“Cuando éramos pequeños, mis amigos y yo buscábamos cangrejos, jugábamos al fútbol y nos refugiábamos bajo la sombra de los árboles”, recuerda Laura. También rememora cómo, cuando iban a comer al antiguo chiringuito, el propietario se acercaba mesa por mesa para explicarles qué pescado había comprado aquella mañana en el mercado.

Cuando éramos pequeños, mis amigos y yo buscábamos cangrejos, jugábamos al fútbol y nos refugiábamos bajo la sombra de los árboles

Laura Prats — Oriunda de Sant Antoni

Gabriel Pizzuto, de 29 años y también de Eivissa, conserva recuerdos parecidos. Durante la Primaria acudía con el colegio de excursión a Cala Gracioneta y, ya de adolescente, volvía muchas veces con sus amigos. Este privilegio para los residentes desapareció la temporada pasada con el cambio de modelo del negocio y hoy queda reservado, en gran medida, a quienes pueden permitirse consumir allí.

Los precios reflejan ese viraje. Los postres alcanzan los 20 euros, una ración de calamares a la andaluza cuesta 30 y un coco importado de países próximos al trópico, 16. Según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, la renta bruta media de los residentes de Sant Antoni fue de 32.668 euros. Tras impuestos y cotizaciones, cada declarante dispone de una renta neta media de 26.294 euros anuales, la más baja de toda Eivissa. En el extremo opuesto se sitúa Sant Joan, con una renta neta media 7.258 euros superior –alrededor de un 22 % más–. Por detrás figuran, por este orden, Santa Eulària, Sant Josep y Vila.

Del turismo de masas al turismo premium

Hace aproximadamente un lustro que los alojamientos y buena parte de la restauración de Sant Antoni experimentan una subida general de categoría. Incluso en el casco histórico del municipio, tradicionalmente asociado al turismo de masas extranjero –especialmente británico, aunque también francés, alemán y neerlandés– han proliferado los hoteles boutique. Muchos de esos establecimientos acogían hasta hace pocos años a un perfil de visitante muy distinto: el que llegaba a la isla atraído por el ocio nocturno de bajo coste y que el Ayuntamiento intenta ahora sustituir por otro de mayor poder adquisitivo. El cambio no se limita a los hoteles, sino que también afecta al paisaje urbano, a los negocios y a la forma de consumir en el municipio.

Hace aproximadamente un lustro que los alojamientos y buena parte de la restauración de Sant Antoni experimentan una subida general de categoría. Incluso en el casco histórico del municipio, tradicionalmente asociado al turismo de masas extranjero -especialmente británico, aunque también francés, alemán y neerlandés- han proliferado los hoteles 'boutique'

Las décadas de los ochenta y noventa marcaron la expansión de la cultura LGTBIQ+ en Eivissa y consolidaron Sant Antoni como uno de los grandes centros de la vida nocturna de la isla. En ese contexto nacieron espacios como Café del Mar o Café Mambo, convertidos con el paso del tiempo en iconos internacionales de las puestas de sol y de la música electrónica. Ambos negocios ayudaron a construir una parte del imaginario turístico de Ibiza que todavía sigue vendiéndose dentro y fuera de la isla.

A pocos kilómetros, otro de los símbolos de aquella época también atraviesa un momento de transformación. La discoteca Amnesia –fundada por el filósofo Antonio Escohotado bajo el nombre de Taller del Olvido– ha perdido parte del protagonismo que mantuvo durante décadas tras la apertura de UNVRS, el nuevo hyperclub impulsado por The Night League en el mismo municipio y situado frente a la antigua Privilege, antes Ku.

La nueva postal de Cala Gració

El viraje hacia un turismo de mayor capacidad económica también se aprecia en el entorno de Cala Gració. El triángulo hotelero situado detrás de la playa ha experimentado un profundo proceso de renovación en los últimos años. En 2021, abrió OKU Ibiza y, un año después, TRS Hotel Ibiza amplió la apuesta por el segmento premium. A ellos se suma Cubanito Ibiza Suites, inaugurado en 2018 tras la reforma integral de los antiguos apartamentos El Coto. El establecimiento, propiedad de Concept Hotel Group, recrea la estética de la Habana de los años cincuenta y forma parte de la estrategia del grupo empresarial de convertir cada uno de sus hoteles en una experiencia temática.

El circuito se completa ahora con la llegada de Pomelo Playa, el antiguo chiringuito de Cala Gració adquirido por Grupo Mambo. La empresa ha declinado responder a las preguntas de elDiario.es sobre la operación y sobre el cambio de modelo aplicado al establecimiento.

El Ayuntamiento de Sant Antoni sostiene que el número de elementos autorizados sobre la playa no ha variado respecto a años anteriores: cien camas y cincuenta parasoles. Sin embargo, las camas balinesas ocupan una superficie considerablemente mayor que las antiguas hamacas, reduciendo el espacio disponible para quienes acuden a la playa con su propio equipo.

El Ayuntamiento de Sant Antoni sostiene que el número de elementos autorizados sobre la playa no ha variado respecto a años anteriores: cien camas y cincuenta parasoles. Sin embargo, las camas balinesas ocupan una superficie considerablemente mayor que las antiguas hamacas, reduciendo el espacio disponible para quienes acuden a la playa con su propio equipo

Los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público muestran que la explotación de los servicios desmontables de playa fue adjudicada para el periodo 2023-2026 por un presupuesto base de licitación de 33.303,67 euros anuales, lo que eleva el valor estimado del contrato hasta 133.214,68 euros. En la concesión anterior, correspondiente al periodo 2021-2022, el importe ascendía a 86.584,88 euros. Durante el año de la pandemia, el contrato se adjudicó por vía de urgencia por 46.517,68 euros.

El entorno de Cala Gracioneta ya había sido objeto de controversia en 2023, cuando una macrofiesta organizada por Grupo Mambo junto al colectivo alemán Keinemusik –y prevista para unas 5.000 personas– extendió el aforo del chiringuito –de unas 400– por toda la superficie de arena hasta la orilla, dificultando el acceso habitual a la pequeña cala.

El entorno de Cala Gracioneta ya fue objeto de controversia en 2023, cuando una macrofiesta organizada por Grupo Mambo junto al colectivo alemán Keinemusik amplió el aforo del chiringuito -unas 400 personas- hasta ocupar toda la superficie de arena de la cala

Colonización del litoral

La historia de Cala Gració no es una excepción. Se repite, con distintos matices, a lo largo de buena parte del litoral ibicenco, donde los precios aumentan temporada tras temporada y el espacio disponible para el uso cotidiano de residentes y visitantes se reduce progresivamente.

Las concesiones públicas para explotar servicios de playa han terminado, en muchos casos, en manos de empresas con una capacidad económica difícil de igualar. El resultado es un modelo de negocio orientado cada vez más hacia un visitante de alto poder adquisitivo, mientras que para buena parte de la población local sentarse a comer o tomar algo frente al mar se convierte en una opción cada vez menos accesible.

Las concesiones públicas para explotar servicios de playa han terminado, en muchos casos, en manos de empresas con una capacidad económica difícil de igualar. El resultado es un modelo de negocio orientado cada vez más hacia un visitante de alto poder adquisitivo

El verano pasado, vecinos del litoral de Sant Josep denunciaban precisamente esa sensación de pérdida del espacio público. Residentes de enclaves como Cala Espart o Cala Molí criticaban la ocupación creciente de las playas por parte de villas de lujo cercanas y de beach clubs que, según aseguraban, habían transformado por completo el uso tradicional de estos espacios.

“La playa es un espacio público”, trasladaron entonces a los trabajadores de varias de estas mansiones, denunciando prácticas que, a su juicio, restringían el acceso al litoral. La normativa establece que cualquier actividad comercial de alquiler de hamacas o sombrillas requiere de una concesión administrativa. Cuando la playa tiene carácter urbano, la competencia corresponde al ayuntamiento; cuando forma parte del dominio público marítimo-terrestre, depende del Govern balear, a través de la Dirección General de Costas.

El verano pasado, vecinos del litoral de Sant Josep denunciaban la pérdida del espacio público. Residentes de enclaves como Cala Espart o Cala Molí criticaban la ocupación creciente de las playas por parte de villas de lujo cercanas y de 'beach clubs' que habían transformado por completo el uso tradicional de estos espacios

Sin embargo, como comprobó elDiario.es el verano pasado durante la elaboración de otro reportaje, los precios regulados en muchas concesiones no siempre se respetan. Algunos establecimientos condicionan el acceso a hamacas y sombrillas a un consumo mínimo, una práctica que, aunque permite mantener formalmente el precio fijado para cada elemento –diez euros por hamaca y diez por sombrilla–, termina elevando considerablemente el coste real para los usuarios.

“A mí me gustaba el chiringuito porque podías sentarte y apoyar los pies sobre la arena”, explica Laura, que rutinariamente se encamina aún a la playa donde pasaba su infancia, sin poder disfrutarla ya de la misma manera.

Un grup d'activistes ha dut a terme una acció reivindicativa a sa Cova de sa Grava, a Illetes (Calvià), per denunciar el que consideren una privatització de facto de l'ús d'aquesta cala, situada al costat de l'Hotel de Mar Gran Meliá.

La protesta, difosa aquest dilluns a través de les xarxes socials de plataformes com Menys Turisme, Més Vida, Arran Mallorca i la Coordinadora Anticapitalista de Manacor, forma part de les mobilitzacions impulsades les darreres setmanes contra el model turístic i la creixent privatització del litoral balear.

En les imatges difoses pels col·lectius es pot veure diverses persones accedint a la cala tant a peu, a través d'un camí, com per mar amb flotadors. Un cop al lloc, despleguen pancartes amb lemes com “Som l'illa defensant-se” i “Les platges seran sempre nostres”, mentre a la zona hi ha clients i treballadors de l'establiment hoteler, així com agents de la Policia Local.

En el manifest que acompanya l'acció, els organitzadors denuncien l'avenç de la urbanització i la pressió turística sobre el territori. “Fa temps que som moltes, i cada vegada més, les persones cansades de resistir, de veure avançar el ciment i retrocedir la natura, de saber que l'aigua escasseja per a tot excepte per a piscines i camps de golf”, afirmen.

Davant aquesta situació, sostenen que han decidit “fer un pas endavant per guanyar terreny” i adverteixen que continuaran assenyalant aquells espais que consideren privatitzats o inaccessibles per a la ciutadania. “Assenyalarem, impugnarem i alliberarem el territori per defensar la vida”, conclou el comunicat, recollit per Europa Press.

Protesta a Sóller

La pròxima protesta tindrà lloc diumenge vinent, 8 d'agost, al municipi mallorquí de Sóller, un dels més colpejats per la massificació turística i la crisi de l'habitatge a Mallorca. Sota el lema “Sóller, al límit”, Menys Turisme, Més Vida i el Moviment Jove de Sóller volen denunciar, a través d'aquesta mobilització, la “degradació” que, segons el seu parer, està provocant la turistificació del municipi.

Els convocants sostenen que l'increment de la pressió turística ha agreujat problemes com el col·lapse del transport públic, la manca d'aparcament a causa de l'augment dels vehicles de lloguer, la proliferació d'habitatges d'ús turístic i l'especulació immobiliària.

Les entitats alerten, a més, que el model turístic està transformant el teixit econòmic i social del municipi. En aquest sentit, denuncien que el comerç tradicional està sent substituït progressivament per negocis orientats als visitants i consideren que la creixent pressió turística està deteriorant la qualitat de vida dels residents.

La protesta tindrà lloc tot just dues setmanes després de la multitudinària manifestació celebrada a Palma contra la turistificació i pretén traslladar aquest malestar a un dels municipis que, segons els col·lectius, exemplifica millor els efectes de la massificació turística a Mallorca.

En el manifest que acompanya l'acció, els organitzadors denuncien l'avenç de l'urbanització i la pressió turística sobre el territori. “Fa temps que som moltes, i cada vegada més, les persones cansades de resistir, de veure avançar el ciment i retrocedir la natura, de saber que l'aigua escasseja per a tot excepte per a piscines i camps de golf”, afirmen.

Davant d'aquesta situació, sostenen que han decidit “fer un pas endavant per guanyar terreny” i adverteixen que continuaran assenyalant aquells espais que consideren privatitzats o inaccesibles per a la ciutadania. “Assenyalarem, impugnarem i alliberarem el territori per defensar la vida”, asseveren.

Un grupo de activistas ha llevado a cabo una acción reivindicativa en sa Cova de sa Grava, en Illetes (Calvià), para denunciar lo que consideran una privatización de facto del uso de esta cala, situada junto al Hotel de Mar Gran Meliá.

La protesta, difundida este lunes a través de las redes sociales de plataformas como Menys Turisme, Més Vida, Arran Mallorca y la Coordinadora Anticapitalista de Manacor, forma parte de las movilizaciones impulsadas en las últimas semanas contra el modelo turístico y la creciente privatización del litoral balear.

En las imágenes difundidas por los colectivos puede verse a varias personas accediendo a la cala tanto a pie, a través de un sendero, como por mar con flotadores. Una vez en el lugar, despliegan pancartas con lemas como “Som l'illa defensant-se” (“Somos la isla defendiéndose”) y “Les platges seran sempre nostres” (“Las playas serán siempre nuestras”), mientras en la zona permanecen clientes y trabajadores del establecimiento hotelero, así como agentes de la Policía Local.

En el manifiesto que acompaña la acción, los organizadores denuncian el avance de la urbanización y la presión turística sobre el territorio. “Hace tiempo que somos muchas, y cada vez más, las personas cansadas de resistir, de ver avanzar el cemento y retroceder la naturaleza, de saber que el agua escasea para todo excepto para piscinas y campos de golf”, afirman.

Ante esta situación, sostienen que han decidido “dar un paso adelante para ganar terreno” y advierten de que continuarán señalando aquellos espacios que consideran privatizados o inaccesibles para la ciudadanía. “Señalaremos, impugnaremos y liberaremos el territorio para defender la vida”, concluye el comunicado, recogido por Europa Press.

Protesta en Sóller

La próxima protesta tendrá lugar el próximo domingo, 8 de agosto, en el municipio mallorquín de Sóller, uno de los más golpeados por la masificación turística y por la crisis de la vivienda en Mallorca. Bajo el lema 'Sóller, al límit', Menys Turisme, Més Vida y el Moviment Jove de Sóller quieren denunciar a través de esta movilización la “degradación” que, a su juicio, está provocando la turistificación del municipio.

Los convocantes sostienen que el incremento de la presión turística ha agravado problemas como el colapso del transporte público, la falta de aparcamiento por el aumento de vehículos de alquiler, la proliferación de viviendas de uso turístico y la especulación inmobiliaria.

Las entidades alertan además de que el modelo turístico está transformando el tejido económico y social de la localidad. En este sentido, denuncian que el comercio tradicional está siendo sustituido progresivamente por negocios orientados al visitante y consideran que la creciente presión turística está deteriorando la calidad de vida de los residentes.

La protesta tendrá lugar apenas dos semanas después de la multitudinaria manifestación celebrada en Palma contra la turistificación y busca trasladar ese malestar a uno de los municipios que, según los colectivos, mejor ejemplifica los efectos de la masificación turística en Mallorca.

El intento de Gianni Infantino de privatizar el Mundial de fútbol puede costarle su futuro al frente de la FIFA. Después de verse obligado a renunciar a su plan tras el rechazo del mundo del fútbol, ahora comienza a perder apoyos entre las federaciones. Gales ha sido la primera en descolgarse e Inglaterra puede ser la siguiente, según medios británicos.

“La Federación de Fútbol de Gales confirma por la presente la retirada de su apoyo a la candidatura del señor Gianni Infantino para su reelección como presidente de la FIFA para el mandato 2027-2031”, le ha escrito esta mañana la nación constituyente del oeste de Gran Bretaña, con lo que ha formalizado la pérdida de apoyo.

“Los recientes fracasos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicación y buen juicio nos han llevado a una situación en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la FAW [la Federación de Fútbol de Gales, por sus siglas en inglés] para seguir al frente del fútbol mundial. ”No anteponer los intereses del fútbol por encima de todo es un fracaso que no podemos aceptar“.

El medio The Guardian informó el pasado domingo que los países europeos planean aumentar la presión sobre Infantino a través de una cascada de retiradas de apoyos para su reelección. Antes de la crisis desatada por su plan de privatización de la Copa del Mundo, todos los miembros de la UEFA, salvo Alemania, Rumanía y Noruega, habían enviado cartas respaldando la candidatura de Infantino. Las elecciones son en marzo y se daba por hecho que sellaría su cuarto mandato. Una retirada de apoyos, añade el periódico británico, equivaldría en la práctica a una moción de censura.

Detrás de la decisión de las federaciones europeas está el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que ya logró poner en común a los 55 miembros para rechazar “de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”. En apenas 48 horas, Ceferin consumó el boicot que aceleró el fracaso de Infantino. Por ahora, solo en lo relativo a su Mundial privatizado.

“Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte”, escribieron los europeos.

Pero la UEFA por sí sola no puede tumbarle. La FIFA está conformada por 211 miembros, por lo que son necesarios 106 votos para cerrar la puerta de la reelección de Infantino. Los europeos son solamente 55. El deportivo talkSport asegura que la CONCACAF, que aglutina 41 miembros en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, también está alineada con la postura europea.

Sus principales apoyos están en África (en la llamada CAF), mientras que en Asia (AFC) —que sí se opuso al plan de privatización, junto con Europa y la CONCACAF—, no hay una posición unánime.

La marcha atrás de Infantino

Tras las críticas, el pasado sábado 1 de agosto la FIFA dio marcha atrás y decidió descartar su plan. Consistía en lo siguiente: vender a inversores una participación significaiva en los derechos comerciales de los Mundiales masculinos y femeninos y de la Copa Mundial de Clubes con la que conseguir embolsarse millones de euros. Prometía un aumento de los ingresos distribuidos hasta “más de 10.000 millones de dólares” (8.680 millones de euros), a repartir entre las 211 federaciones miembro de la FIFA. El plazo para adherirse al plan finalizaba el 19 de septiembre y la FIFA ofrecía una cantidad opcional de 20 millones de dólares (más de 17 millones de euros) a quienes participaran.

Pero el mundo del fútbol salió en tromba a criticarlo. “Tras haber escuchado atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo fijado en un principio”, lamentó Infantino en un comunicado.

“Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unir y mejorar. Por ello, esta propuesta no seguirá adelante. De cara al futuro, mi intención es volver a reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con el espíritu de un interés común por nuestro deporte y con el objetivo de seguir haciendo crecer el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo”.

Dentro de la guerra abierta entre ambos organismos, la UEFA ha comunicado formalmente a la FIFA que está considerando emprender acciones legales por su plan de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a capital privado, para comercializar las competiciones.

Las organizaciones sindicales CSIF, CCOO y UGT han denunciado que el Ayuntamiento de Haro continúa avanzando en el proceso de privatización del Servicio Municipal de Aguas “sin facilitar la información suficiente, sin garantizar una negociación efectiva y sin contar con la representación sindical ni con el personal afectado”.

El pasado 25 de junio, los tres sindicatos mostraron públicamente su rechazo a la posible externalización de este servicio público esencial. En dicho momento, solicitaron formalmente toda la documentación existente, así como una reunión urgente con el responsable de la Concejalía de Obras, Urbanismo y Vivienda. A pesar de que el encuentro llegó a formalizarse para tratar específicamente esta cuestión, el concejal responsable, Luis Salazar González, no se presentó, según han contado los sindicatos, impidiendo que la representación sindical pudiera conocer las intenciones del Consistorio y recibir las explicaciones correspondientes. Tampoco se han recibido aclaraciones por parte de ningún otro miembro de la Junta de Gobierno.

Para CSIF, CCOO y UGT, esta ausencia supone una “falta de respeto” hacia la representación legal de las personas trabajadoras, así como una actuación contraria a la buena fe que debe presidir cualquier proceso de información y negociación sindical.

Falta de transparencia e incertidumbre

Entretanto, el proceso de privatización parece seguir su curso sin que se hayan entregado los informes técnicos, económicos o jurídicos que pudieran justificarlo, ni se hayan explicado sus consecuencias sobre la plantilla, las condiciones laborales y la calidad del servicio. Desde las centrales sindicales señalan que “esta falta de transparencia genera una situación de indefensión para los trabajadores y sus representantes”, e insisten en que “no se pueden adoptar decisiones de esta relevancia sin información previa, participación y una negociación real”.

Paralelamente, censuran que “el equipo de Gobierno haya optado por ponerse de perfil y continúe sin pronunciarse claramente sobre su postura ante la privatización, aumentando la incertidumbre y el malestar tanto entre la plantilla municipal como entre la ciudadanía”.

Rechazo a la externalización

CSIF, CCOO y UGT han reiterado su oposición frontal a la privatización del Servicio Municipal de Aguas de Haro. Advierten de que “esta medida podría provocar el desmantelamiento progresivo de la prestación, la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de control público y una merma en la calidad de la atención a la ciudadanía”.

Los sindicatos recuerdan que el servicio “ya presenta carencias de personal, falta de previsión y una inversión insuficiente”. En su opinión, la solución no pasa por privatizarlo, sino por “reforzar los medios humanos, técnicos y económicos necesarios para garantizar su sostenibilidad y una correcta gestión pública”.

Por todo ello, exigen al Ayuntamiento de Haro que paralice de inmediato cualquier actuación relacionada con la privatización, entregue toda la documentación requerida, convoque una nueva reunión con los responsables políticos competentes y garantice un verdadero proceso de información, participación y negociación sindical. Asimismo, las tres organizaciones han reafirmado su compromiso de continuar defendiendo el empleo público, los derechos de la plantilla municipal y la gestión pública y de calidad del servicio de aguas.

Hay realidades cuya importancia solo descubrimos cuando dejan de estar presentes. Mientras funcionan, apenas reparamos en ellas; forman parte de la normalidad cotidiana. Sin embargo, basta imaginar su ausencia para comprender hasta qué punto sostienen nuestra vida.

Lo comprobamos cada día, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo. La escuela donde aprendieron nuestros hijos, el centro de salud que nos atendió de madrugada, el agua que brota al abrir un grifo, la carretera por la que viajamos con seguridad o la ayuda que recibe una persona dependiente forman parte de ese entramado silencioso que hace posible nuestra convivencia.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Solo cuando imaginamos ese vacío comprendemos el verdadero valor de aquello que siempre ha estado ahí.

Los mejores servicios públicos son, muchas veces, aquellos cuya ausencia nunca llegamos a notar porque hicieron bien su trabajo antes de que apareciera el problema. Son la red invisible que sostiene la vida cotidiana y permite que la sociedad funcione con normalidad.

Los servicios públicos representan una de las mayores conquistas de las democracias modernas. Son mucho más que un conjunto de prestaciones: garantizan que derechos esenciales no dependan del patrimonio familiar ni del lugar donde una persona haya nacido. Constituyen el patrimonio común de la ciudadanía y la expresión más tangible del Estado del bienestar.

Detrás de ellos trabajan miles de profesionales —docentes, sanitarios, bomberos, agentes medioambientales, trabajadores sociales, jueces, policías, investigadores, técnicos y tantos otros servidores públicos— que convierten los derechos reconocidos por las leyes en una realidad cotidiana. Gracias a su labor, la igualdad deja de ser una aspiración para convertirse en una experiencia concreta.

¿Qué ocurriría si mañana dejara de salir agua del grifo? ¿Si una ambulancia no llegara cuando la necesitamos? ¿Si la escuela pública dejara de ofrecer oportunidades a quienes nacen en familias con menos recursos?

Defender los servicios públicos no significa ignorar que siempre pueden mejorar. Significa comprender que una sociedad solo puede aspirar a ser verdaderamente libre cuando garantiza unas condiciones básicas desde las que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Educación y territorio: la mejor barrera contra la desigualdad

Si existe un instrumento capaz de reducir las desigualdades de origen, ese es la educación. Ninguna democracia puede considerarse plenamente justa cuando el lugar de nacimiento o la renta familiar condicionan las oportunidades de toda una vida.

Después de casi cuatro décadas en la enseñanza pública he comprobado que el talento no entiende de rentas, de apellidos ni de códigos postales. Lo único que necesita es un suelo fértil donde crecer. Para miles de niños y niñas, ese suelo sigue siendo la escuela pública.

He conocido muchas familias preocupadas por el coste de los libros o del comedor escolar y también cómo una beca, un profesor comprometido o una oportunidad ofrecida a tiempo pueden cambiar el rumbo de una existencia.

Cuando la educación funciona como un verdadero ascensor social, el esfuerzo y la capacidad pesan más que el patrimonio familiar. La igualdad de oportunidades deja entonces de ser un principio abstracto para convertirse en una posibilidad real. En cambio, cuando la calidad educativa depende cada vez más de la capacidad económica, la desigualdad termina heredándose de una generación a otra.

Algo semejante ocurre con la sanidad pública. Un sistema sanitario universal garantiza que nadie tenga que elegir entre recibir un tratamiento o comprometer la economía de su familia. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres; la respuesta de una sociedad justa tampoco debería hacerlo.

En comunidades como Castilla-La Mancha, la dispersión geográfica convierte la prestación de los servicios públicos en un desafío permanente. Precisamente por eso resultan aún más necesarios.

Mantener un Colegio Rural Agrupado (CRA), un consultorio médico o una línea de transporte público significa mucho más que prestar un servicio: significa garantizar que vivir en un pueblo no suponga renunciar a derechos.

Los servicios sociales: una medida de humanidad

La calidad moral de una sociedad también se mide por la protección que ofrece a quienes atraviesan momentos de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Dependencia constituye uno de los avances sociales más importantes de nuestra democracia. Gracias a ella, cientos de miles de personas pueden mantener su autonomía y afrontar la vejez o la enfermedad con mayor dignidad. Es una realidad que hoy observo muy de cerca en mi propia generación y en la de nuestros padres.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor.

La ayuda a domicilio, la teleasistencia o los centros de día permiten que muchas personas mayores continúen viviendo en sus pueblos, rodeadas de sus recuerdos, de sus vecinos y de su comunidad. Al mismo tiempo, generan empleo, fijan población y contribuyen a mantener vivos numerosos municipios.

En una comunidad como Castilla-La Mancha, marcada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, estas políticas adquieren una importancia aún mayor

Además, estas políticas han ayudado a corregir una injusticia histórica: durante décadas, el cuidado de las personas dependientes recayó casi exclusivamente sobre las mujeres de las familias. Profesionalizar esos cuidados también supone avanzar en igualdad.

Proteger a quien más lo necesita no es un acto de caridad. Es una obligación de justicia y una de las expresiones más nobles de una sociedad verdaderamente civilizada.

Los servicios públicos también crean riqueza

Con frecuencia se plantea un falso dilema entre lo público y lo privado, como si ambos fueran incompatibles. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Las economías más dinámicas suelen ser también aquellas que cuentan con instituciones sólidas y unos servicios públicos de calidad.

Ninguna empresa puede prosperar sin infraestructuras adecuadas, seguridad jurídica, universidades que formen profesionales cualificados o un sistema sanitario que cuide de los trabajadores. Tampoco puede desarrollarse la innovación sin investigación pública ni atraer inversiones un territorio que carezca de estabilidad institucional.

Los servicios públicos no son un obstáculo para el crecimiento económico. Constituyen la infraestructura física, jurídica y humana que hace posible la actividad productiva. La educación forma el talento; la sanidad protege el capital humano; la justicia genera confianza; la investigación impulsa la innovación; la protección del medio ambiente preserva recursos que también son riqueza.

Por eso resulta un error contemplar el gasto público únicamente como un coste. Buena parte de él constituye una inversión que fortalece el desarrollo económico, mejora la competitividad, incrementa la cohesión social y genera confianza.

Cuando el monte arde, comprendemos el valor de la prevención

Estos días asistimos con preocupación a los incendios forestales que vuelven a golpear distintos puntos de nuestro país. Las imágenes de montes calcinados, vecinos desalojados y profesionales jugándose la vida nos conmueven porque recuerdan la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural y de tantas poblaciones que viven junto al bosque.

En esos momentos reconocemos el trabajo extraordinario de los equipos de extinción y comprendemos el valor de contar con unos servicios públicos preparados para responder ante la emergencia. Pero la verdadera reflexión debería comenzar cuando las llamas se apagan.

Los incendios no empiezan el día que vemos el humo. Empiezan mucho antes.

Empiezan cuando los montes dejan de gestionarse adecuadamente, cuando faltan labores preventivas, cuando disminuyen los recursos destinados a la limpieza forestal o cuando los profesionales que conocen el territorio solo encuentran trabajo durante la campaña de verano.

Por eso conviene recordar una idea tan sencilla como decisiva: los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno.

Mantener equipos forestales estables durante todo el año, invertir en gestión forestal, conservar cortafuegos, apoyar la actividad del mundo rural y planificar con visión de futuro no son gastos prescindibles. Son inversiones que protegen vidas humanas, biodiversidad, economía local y patrimonio natural.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos.

En comunidades como Castilla-La Mancha, donde el monte forma parte de nuestra identidad y muchos municipios conviven con amplias masas forestales, la prevención adquiere un valor todavía mayor. Proteger nuestros bosques es también proteger nuestros pueblos

Porque la prevención es, quizá, el servicio público más silencioso. Cuando funciona, apenas ocupa titulares. Cuando falla, el precio puede ser irreparable.

Cuando lo público se debilita

Precisamente porque los servicios públicos sostienen buena parte de nuestra vida cotidiana, conviene preguntarse por qué, en ocasiones, terminan deteriorándose.

Lo público rara vez se debilita de un día para otro. Normalmente es el resultado de un proceso lento y silencioso: inversiones que se aplazan, plantillas insuficientes, infraestructuras que envejecen y servicios que, poco a poco, van perdiendo capacidad de respuesta.

Resulta especialmente preocupante comprobar que algunas comunidades autónomas han convertido la reducción de la inversión en servicios públicos esenciales en una opción política. Mientras se anuncian rebajas fiscales o se destinan recursos a otras prioridades, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, la prevención de incendios o los servicios sociales ven cómo disminuye su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos nunca son neutros: reflejan el modelo de sociedad que se quiere construir. Y cuando los servicios públicos dejan de figurar entre las prioridades, el deterioro acaba siendo inevitable.

Con frecuencia, ese deterioro sirve después para presentar la privatización como una solución casi inevitable. Sin embargo, el problema rara vez reside en la naturaleza pública del servicio. Lo que suele faltar son recursos suficientes, planificación a largo plazo y una voluntad política decidida de fortalecerlo.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho.

La sanidad, la educación, la atención a la dependencia o la protección de nuestros montes no son simples bienes de consumo. Su finalidad consiste en garantizar que cualquier ciudadano reciba una atención digna, con independencia de su nivel de renta o del lugar donde resida.

La colaboración entre el sector público y el privado puede ser positiva cuando responde al interés general y contribuye a mejorar la calidad de los servicios. El problema aparece cuando la lógica del beneficio económico desplaza a la lógica del derecho

Cuando el acceso a esos derechos depende cada vez más de la capacidad económica, la sociedad comienza a fragmentarse. Quienes disponen de mayores recursos encuentran alternativas; quienes no pueden permitírselas dependen de unos servicios públicos que, si continúan debilitándose, tendrán cada vez más dificultades para cumplir su función.

Esa dinámica incrementa la desigualdad y erosiona uno de los pilares de toda democracia: la igualdad de oportunidades.

Una sociedad cohesionada necesita un sector privado dinámico, innovador y creador de riqueza, pero también unos servicios públicos fuertes que garanticen derechos básicos para todos.

Defender unos servicios públicos sólidos no significa rechazar la iniciativa privada. Significa reconocer que existen bienes cuya protección afecta al conjunto de la sociedad y cuya garantía no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado.

Justicia fiscal: contribuir según la capacidad de cada uno

Nada de todo ello surge por generación espontánea. Cada colegio, cada hospital, cada carretera, cada ambulancia, cada agente forestal, cada parque de bomberos, cada brigada forestal o cada ayuda a domicilio existen porque millones de ciudadanos contribuyen mediante sus impuestos.

Ese esfuerzo solo resulta legítimo cuando se apoya en un principio esencial: la justicia fiscal.

Quien más capacidad económica tiene debe aportar más, no para castigar el éxito, sino para repartir el esfuerzo de manera equitativa y garantizar el sostenimiento de unos servicios públicos que benefician al conjunto de la sociedad.

Pero ese principio también obliga a las administraciones públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada euro recaudado se gestione con honestidad, eficiencia y transparencia. La confianza en las instituciones se construye tanto mediante una fiscalidad justa como a través de una gestión ejemplar de los recursos públicos.

Porque el dinero malversado o el impuesto evadido nunca desaparecen en abstracto.

Siempre tienen un rostro concreto: un profesor menos en un aula, una lista de espera más larga, una carretera que tarda en repararse, un monte que no recibe el mantenimiento necesario, una ayuda a domicilio que no llega o una oportunidad perdida para quien más la necesita.

Cada fraude fiscal tiene una víctima invisible

Pero también la tienen las decisiones presupuestarias que relegan los servicios públicos esenciales. Reducir de forma continuada la inversión en aquello que garantiza derechos puede no producir efectos inmediatos, pero termina debilitando la cohesión social, aumentando las desigualdades y deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Una inversión en nuestro futuro

El siglo XXI nos enfrenta a desafíos que hace apenas unas décadas resultaban difíciles de imaginar: el envejecimiento de la población, el reto demográfico, la transición ecológica, la revolución tecnológica, el cambio climático, las nuevas desigualdades o el incremento de fenómenos extremos como los grandes incendios forestales.

Responder a todos ellos exige fortalecer unos servicios públicos capaces de anticiparse a los problemas, no solo de reaccionar cuando ya se han producido.

Porque una sociedad inteligente no espera a que un alumno abandone la escuela para apoyar a su familia. No espera a que una enfermedad se agrave para garantizar la atención sanitaria. No espera a que una persona mayor quede desatendida para ofrecerle ayuda. Y tampoco debería esperar a que un bosque arda para comprender la importancia de invertir en su cuidado.

La prevención, casi siempre silenciosa e invisible, constituye una de las formas más eficaces y rentables de proteger el bienestar colectivo.

Del mismo modo, los impuestos no son un castigo al éxito ni una carga arbitraria. Son la expresión práctica de un compromiso compartido: que cada persona contribuya según su capacidad para que nadie quede desprotegido cuando más lo necesite.

Defender unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad progresiva, combatir el fraude y exigir una gestión pública honesta y transparente no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de responsabilidad democrática.

También lo es exigir que quienes gobiernan sitúen estos servicios entre sus prioridades presupuestarias. Porque gobernar consiste, en buena medida, en decidir qué merece ser protegido. Y pocas decisiones tienen mayor trascendencia que garantizar la educación, la sanidad, la dependencia, la protección del medio ambiente, la seguridad o la atención social como pilares irrenunciables del bienestar común.

La grandeza de un país no se mide por el número de sus millonarios ni únicamente por el crecimiento de su producto interior bruto.

Mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática

También se mide por la escuela donde aprende un niño; por el hospital que atiende una urgencia; por la ayuda que permite a una persona mayor seguir viviendo en su casa; por el agente medioambiental que cuida del monte cuando nadie lo ve; por el bombero que acude cuando todo parece perdido; por la investigadora que busca nuevos tratamientos; por el trabajador social que acompaña a quien atraviesa un momento difícil.

Detrás de cada servicio público hay personas cuidando de otras personas.

Y mientras haya responsables públicos que consideren estos servicios una prioridad, estaremos invirtiendo en un país más libre, más justo y más cohesionado. Pero cuando dejan de serlo, no solo se deterioran las prestaciones: se debilita el propio contrato social que sostiene nuestra convivencia democrática.

Porque, al fin y al cabo, la definición más sencilla —y quizá también la más hermosa— de una sociedad digna es aquella en la que las personas cuidan de otras personas.

El Consello Económico e Social, órgano consultivo de la Xunta de Galicia, ha reclamado al Gobierno gallego que adopte medidas ante el evidente deterioro de la sanidad pública. Lo hacía en su memoria correspondiente al pasado año, 2025. Preguntado por estas críticas, el presidente Alfonso Rueda les ha restado importancia. “Siempre digo que hay que mejorar, pero ya hemos mejorado muchísimo”, se defendió. Trabajadores y usuarios protestan desde hace años por lo que, entienden, es un proceso de privatización que está corroyendo elementos fundamentales del sistema sanitario público.

“Respetamos la opinión del Consello Económico e Social. Se trata de una opinión multidisciplinar”, afirmó. Las recomendaciones sobre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) las aprobó por unanimidad el órgano que preside Manuel Pérez, exalcalde de Vigo por el Partido Popular. “No las comparto al 100%”, añadió Rueda. Manifestaciones multitudinarias ha mostrado en los últimos meses el profundo malestar ciudadano con el estado de la sanidad pública gallega.

No es la primera vez que los organismos consultivos y asesores de la Xunta afean las políticas de los gabinetes de Alfonso Rueda. El Instituto Galego de Estatística reveló, a finales de noviembre de 2024, la dramática caída en el número de gallego hablantes, especialmente entre la población más joven. El Ejecutivo respondió criticando la metodología e incluso encargó una encuesta a una empresa privada orientada a contradecir al IGE. También fue objeto de duros ataques por parte del Partido Popular el Consello da Cultura Galega. ¿La causa? Un informe de expertos que cuestionaba radicalmente el proyecto después fracasado para instalar una macrocelulosa en A Ulloa.

Recorrer las playas italianas es como pasear por un arcoíris. La arena se divide en franjas de color: durante unos 50 metros, sombrillas y tumbonas, perfectamente alineadas, son todas rojas; después pasan a ser naranjas, luego amarillas, verdes y así sucesivamente.

Se trata de los famosos bagni, conocidos oficialmente como concessioni balneari (concesiones balnearias). Son sencillos, pero cuidados. Al amanecer, la arena ya ha sido rastrillada. En el bar suena música ambiente mientras sirven Negroni o calamares fritos. Es probable que haya una mesa de ping-pong o una pista de vóley-playa. Algunos incluso cuentan con piscina.

En estos arenales acotados, todo está perfectamente organizado. El precio de las tumbonas se establece con la precisión de las entradas de un teatro y los puestos junto al agua suelen costar el doble que los situados junto al bar (este verano, en Milano Marittima, en la menos glamurosa costa adriática, una sombrilla y dos tumbonas cuestan 30 euros junto al bar, pero hasta 60 euros en primera línea de playa). Muchas familias alquilan el mismo espacio durante todo el verano, año tras año.

A veces hay que caminar dos o tres kilómetros antes de encontrar una playa libre de cotos privados donde los bañistas puedan extender la toalla sobre la arena y plantar su propia sombrilla. Estas “playas libres” se encuentran invariablemente en las zonas más apartadas y menos atractivas: junto a la desembocadura de un río, al lado de algún enclave poco agraciado o donde la arena da paso a las rocas. Con frecuencia hay basura en la arena: envoltorios de helados y otros residuos. En estas playas no hay socorristas ni aseos.

“Una locura”

“Este sistema es una locura”, se queja un turista holandés en una playa libre cerca de Nápoles. “Intenté sentarme en esa playa y me echaron”, dice, señalando los cercos privados. “Y en esta no hay aseos, ni duchas, ni contenedores de basura”, añade encogiéndose de hombros.

Las playas se han transformado en pequeños complejos turísticos; estos complejos pueden incluir piscinas, aparcamientos, gimnasios, restaurantes y tiendas de ropa

Danilo Ruggiero — Director de la campaña Mare Libero

En los últimos años, la pugna entre las playas privadas y las gratuitas, así como la cuestión de cómo gestionar los casi 8.000 kilómetros de litoral de Italia, se ha convertido en un tema polémico. El país cuenta con unos 30.000 balnearios privatizados y un informe de 2022 de Legambiente (una organización medioambiental italiana) calcula que alrededor del 43% de las costas arenosas de Italia son gestionadas por empresas privadas.

“Las playas se han transformado en pequeños complejos turísticos; estos complejos pueden incluir piscinas, aparcamientos, gimnasios, restaurantes y tiendas de ropa”, dice Danilo Ruggiero, director de la campaña Mare Libero (Mar Libre). Ruggiero vive en Ostia, al oeste de Roma, donde el 80% de la playa es lo que él denomina “los Estados Unidos de los lidi”, tal y como se llaman estos establecimientos en italiano. “Se han construido defensas alrededor de la zona —muros, puertas, vallas y setos— para impedir el acceso y bloquear las vistas. A menudo, a lo largo de varios kilómetros, ni siquiera se ve el mar”.

La Toscana y Romaña, en centro de Italia, son las regiones con mayor concentración de playas privatizadas. En Forte dei Marmi, en la costa toscana mediterránea, el 94% del litoral del municipio está gestionado por servicios privados. En las localidades vecinas de Pietrasanta y Camaiore, la proporción asciende al 98,8% y al 98,4%, respectivamente. Hasta hace poco, Gatteo a Mare, en la costa adriática, no tenía ni una sola playa libre. Tras la indignación ciudadana, ahora cuenta con un 1,4% de litoral libre: apenas 10 metros de un total de unos 700.

Dado que la gestión de una playa privada es un negocio muy lucrativo, en el que además circula mucho dinero en efectivo, resulta especialmente atractiva para el crimen organizado. Por eso, la campaña a favor de más playas libres ha ido a menudo de la mano de la lucha contra la mafia. Pero el debate sobre las playas también plantea una cuestión que muchos italianos se hacen con creciente preocupación: ¿cómo frenar los excesos del turismo de masas sin convertir los espacios naturales en parques temáticos? ¿Cómo garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la costa cuando, sencillamente, no hay sitio para todos en la arena?

Nápoles, un foco de privatización

Bacoli es una localidad situada en el extremo noroeste del golfo de Nápoles. El paisaje es tan espectacular como inestable: la actividad de volcanes activos y extinguidos ha modelado un mosaico de lagos en cráteres y penínsulas rocosas que se adentran en el mar. Toda la localidad se asienta sobre el magma que bulle bajo los Campos Flégreos, las carreteras y los edificios se elevan y se hunden periódicamente por el bradisismo, el lento movimiento del terreno, que abre grietas y lo deforma.

“Aquí no viven sobre un volcán, sino en su interior”, explica Fabio Ciciliano, jefe nacional del departamento de Protección Civil de Italia. “Es como el juego de la oca”, ironiza el alcalde de la localidad, Josi Gerardo Della Ragione, de 39 años y melena larga, moviendo la mano arriba y abajo para indicar que, al igual que en el juego de la oca, su pueblo lucha para no caer en la casilla incorrecta.

Della Ragione —o Josi, como le conoce todo el mundo— se ha hecho famoso en toda Italia por su lucha para liberar las playas de su municipio de los intereses privados. “Hasta hace poco nuestras playas estaban repletas de casetas ilegales, alambre de espino, verjas e intercomunicadores”, dice. El acceso a las distintas playas se realizaba a través de uno u otro recinto. “Tenías que llamar al interfono y [contestaban]: 'Te abriré la verja si te conozco'”. El alcalde afirma que se trata de un sistema “clientelista, de amigos de amigos” que caracteriza la mentalidad local.

La cuestión del acceso a las playas se vive con especial intensidad en Nápoles, una ciudad que tiene el mar en el alma. Ningún trovador napolitano que se precie deja de dedicar alguna canción a 'O mare. La autoridad portuaria de Nápoles es la encargada de adjudicar las concesiones y muchos consideran que el reparto entre el espacio público y el privado está claramente desequilibrado: en Campania —la región que rodea Nápoles— el 70% de la costa está en manos de concesiones privadas; en la propia ciudad, la cifra alcanza el 95%.

Della Ragione afirma que muchos lidi obtuvieron sus licencias pagando multas. “[Primero] ocuparon un tramo de agua y un tramo de playa”, explica. “Al final del verano, la autoridad portuaria les impuso multas por ocupación no autorizada”, señala. A través de lo que el alcalde califica de “ocupación ilegal legalizada”, las multas acabaron convirtiéndose en una forma de legitimar esas ocupaciones. Muchos de los establecimientos contra los que ahora actúa están catalogados jurídicamente como abusivi storici (ocupantes ilegales históricos).

“Es obvio que los bienes públicos usurpados mediante la fuerza y la intimidación serán defendidos con la misma fuerza e intimidación”, afirma Della Ragione. En una playa, Casevecchie, el alcalde desplegó maquinaria pesada para desmantelar construcciones ilegales en terrenos públicos. “Tuvimos que traer excavadoras para demoler los almacenes”, explica. “En uno de ellos, nos encontramos con la persona que gestionaba el almacén con una motosierra, apuntado a los trabajadores del Ayuntamiento. Ese es el tipo de delitos a los que nos enfrentamos”, advierte.

Della Ragione lleva mucho tiempo librando esta batalla. Hace 17 años cofundó una campaña en redes sociales contra la ocupación ilegal de la costa. Compaginaba ese activismo con su trabajo como periodista deportivo, una profesión que le enseñó a escuchar. Sus denuncias constantes de las irregularidades en el Ayuntamiento tuvieron un alto coste: la charcutería de su familia fue incendiada en un ataque provocado. En 2015, con apenas 28 años, fue elegido alcalde con casi el 65% de los votos. Aunque perdió el cargo apenas un año después, regresó al frente del consistorio en 2019. Desde entonces, acumula ya siete años como alcalde de Bacoli.

Es obvio que los bienes públicos usurpados mediante la fuerza y la intimidación serán defendidos con la misma fuerza e intimidación

Josi Gerardo Della Ragione — Alcalde de una localidad del golfo de Nápoles

Lo que hace de Bacoli un caso singular es que el Ayuntamiento es propietario de más de una cuarta parte de sus 13 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales el 60% corresponde al litoral. Sin embargo, muchos de sus enclaves más valiosos acabaron en manos de la organización mafiosa Camorra. Villa Ferretti es una mansión del siglo XIX levantada junto a unas ruinas romanas que aún pueden verse bajo las aguas cristalinas de la bahía de Pozzuoli. A la derecha de la villa se extiende una pequeña playa pública, de apenas un centenar de metros. La propiedad perteneció originalmente a una acaudalada familia genovesa, pero terminó en manos del clan Pariante, uno de los más notorios de la Camorra, que cerró el acceso público a la playa.

En 1995, la División de Investigación Antimafia recuperó la playa y en 2003 la transfirió al municipio de Bacoli. En 2016, el Ayuntamiento de la localidad transformó la playa y el jardín en un parque público y creó un teatro al aire libre, restableciendo así el acceso público a la playa y cediendo la villa a la Universidad de Nápoles Federico II.

En muchos aspectos, el posicionamiento de Della Ragione respecto a las playas no difiere de su visión política general. “Lo que hemos intentado hacer es devolver la ciudad a sus vecinos, partiendo de la idea de que la administración pública no reparte favores ni practica el clientelismo”, dice. Es una visión de la política que a veces tiene dificultades para echar raíces en el sur de Italia, donde, según Della Ragione, los bienes públicos se consideran “un pastel que hay que repartir entre amigos, votantes y familiares”.

La “competencia” de las playas militares

La playa de Miseno es otro de los puntos más conflictivos de Bacoli. Se trata de una lengua de arena curvada de apenas 800 metros de longitud. Sin embargo, no se puede acceder a ella desde la moderna carretera que lleva el nombre de Plinio el Viejo. A lo largo del paseo se suceden arcos de entrada que conducen a establecimientos de playa privados y aparcamientos gratuitos para sus clientes. Pero, a menos que sepas dónde se esconden los estrechos pasillos entre esos complejos, te costará incluso ver la arena, y mucho menos poner un pie en ella.

“Son todas playas militares”, afirma Della Ragione. “La Armada tiene un complejo, la Fuerza Aérea otro, el Ejército [de tierra] italiano dos y la Guardia Costera uno”. Si se incluye el cercano complejo de la Guardia de Finanzas, eso supone unos 100.000 metros cuadrados de arena de Miseno destinados a uso exclusivo.

Pero cuando por fin encuentras una vereda entre las instalaciones militares, merece la pena. El agua es fresca y cristalina, y las famosas islas de Nápoles —Procida, Ischia y Capri— parecen tan cercanas que casi se podría nadar hasta ellas. A la izquierda hay una docena de cuevas, que en su día utilizaba la Armada romana como almacenes.

Hace 2.000 años, estos lagos de agua salada y estas bahías acogedoras convirtieron a Bacoli en el puerto elegido para la flota de élite de Roma, la Classis Misenensis. Los acueductos subterráneos llevaban agua dulce directamente a los marineros desde un embalse —la Piscina Mirabilis— cuyo techo tenía claraboyas circulares que proyectaban rayos de luz oblicuos sobre el agua.

Así pues, esta ha sido siempre una zona militarizada. Pero, en la playa de Miseno, la presencia del Ejército ya no tiene que ver con maniobras ni ejercicios militares, sino con algo mucho más prosaico: las tumbonas y el negocio de la playa. En los establecimientos militares, un pezzo —una tumbona o una sombrilla— cuesta apenas tres euros e incluye aparcamiento gratuito. En los establecimientos privados, el mismo lugar cuesta siete euros en temporada baja y 10 en temporada alta, sin derecho a aparcamiento. “Nos están haciendo la competencia”, se lamenta el camarero de uno de esos establecimientos privados, que denuncia una situación de competencia desleal.

Los gerentes de los complejos militares no llevan uniforme. Son chicos de la zona que no tienen ninguna relación con el Ejército: ofrecen café a 60 céntimos —la mitad de lo que cuesta en otros sitios— y dicen que cualquiera es bienvenido a comer en sus restaurantes subvencionados. Están tan acostumbrados a esa ventaja desleal que ni siquiera parecen darse cuenta de ella.

Son todas playas militares: la Armada tiene un complejo, la Fuerza Aérea otro, el Ejército [de tierra] italiano dos y la Guardia Costera uno

Josi Gerardo Della Ragione — Alcalde de una localidad del golfo de Nápoles

Al final, se llega al cascarón de un edificio, cerrado con cadenas, pero lleno de grafitis. Esta es la “playa libre”. Da la impresión de estar sucia a propósito, con toallitas húmedas y pajitas en la arena. El problema de la basura es un argumento al que suelen recurrir los operadores privados: según ellos, es inevitable que las playas públicas estén sucias. Pero el ambiente es diferente. En lugar de asientos dispuestos en fila, hay varios grupos sentados alrededor de un altavoz inalámbrico.

Hablo con un hombre llamado Marco y le pregunto por el aspecto descuidado de la playa. “Tenemos que librar una batalla cultural”, dice. “Porque cuando voy a ciertas playas libres no hay papeleras y la gente tira colillas y tapones de botellas a la arena. Se necesita un poco de educación, un poco de cultura…”, esgrime.

Movilizaciones

Durante años, los activistas de Mare Libero han organizado movilizaciones, convocadas a través de las redes sociales, para denunciar la privatización de la costa y ocupaciones simbólicas de playas en los puntos más conflictivos, en aquellos lugares donde el acceso se restringe sistemáticamente. La playa de Donn’Anna, al oeste de Nápoles, llevaba cerrada con una verja desde 1999. Los ciudadanos solo podían acceder a ella a discreción del guardián de la llave, el gerente de un lido llamado Bagno Elena. Incluso cuando se conseguía entrar, encontrar un espacio libre en pleno verano era casi imposible: de los 4.490 metros cuadrados de playa, solo 290 se consideraban de acceso público.

La sección de Nápoles de Mare Libero llevó a cabo una campaña para “liberar” la playa, organizando sentadas y argumentando ante los tribunales que poner una verja cerrada contravenía los derechos de acceso. La autoridad portuaria de Nápoles recurrió la retirada de la verja, pero perdió el caso. En febrero de 2026, el Tribunal Administrativo Regional dio la razón a Mare Libero y la playa de Donn’Anna es por fin de libre acceso, una victoria que la asociación espera replicar a lo largo de la península.

En medio de estos espacios de conflicto, Della Ragione defiende una suerte de optimismo socialista: su batalla por el acceso a las playas forma parte de un proyecto más amplio para devolver al uso común todos los terrenos de titularidad municipal. “La suma de todos los intereses individuales vale menos que el bien común”, afirma.

Queremos ajustar cuentas con la realidad: se trata de clubes privados que van en contra de la idea de que la playa es para todos. En 2026, esto es absolutamente inadmisible

Josi Gerardo Della Ragione — Alcalde de una localidad del golfo de Nápoles

Della Ragione cuenta con un conjunto de habilidades poco habitual. Combina las dotes comunicativas de un influencer —siempre citado y fotografiado con su banda tricolor, que comparte su número de teléfono personal en Internet para casos de emergencia— con las habilidades burocráticas de un abogado veterano. Su forma de comunicarse resulta a la vez natural y calculada. “En esta era de la comunicación, si no dices que has hecho algo, es como si no lo hubieras hecho. Hay que hacerlo y hay que decir que lo has hecho”, indica. Pero su gran visibilidad también es un seguro: lo que hace es peligroso (ha recibido amenazas de muerte) y su notoriedad a nivel nacional le proporciona cierta protección.

Aunque el alcalde tiene fama de revolucionario, también es un estricto defensor de las formas. Se niega a recibir a nadie en pantalón corto y los vecinos cuentan historias —quizá apócrifas— de grupos de visitantes que, antes de entrar en el Ayuntamiento, se turnan un único par de pantalones largos para poder ser recibidos. Cuando entro en una tienda del pueblo y explico por qué necesito comprar unos, el dependiente rompe a reír. “Pasa continuamente”, me dice.

Mientras paseo por la ciudad con Della Ragione, la gente se le acerca constantemente para darle la mano. Otros saludan con la mano y gritan: “¡Sindaco!” (alcalde). La adulación es constante. Y si hablas con cualquiera de la ciudad —comerciantes, bañistas, amigos—, todos expresan un auténtico cariño por Josi. “Fa bene”, dice todo el mundo (“Lo hace bien”).

Y es fácil percibir la ciudad que todos juntos están tratando de construir. Al atardecer, los adolescentes juegan al kayak-polo en el lago salado de Miseno. En la arena recuperada de Casevecchie se ha construido una nueva pista de vóley-playa, iluminada por focos alimentados con energía solar. Ya pasada la medianoche, los más pequeños desplazan enormes piezas de ajedrez, que les llegan hasta la cintura, mientras sus padres juegan con un helado en la mano. “Es la pequeña historia positiva de una regeneración lenta y extendida”, escribió Klarissa Pica, investigadora de la Universidad IUAV de Venecia, en su tesis doctoral Territorio Mare (El mar como territorio).

“No queremos ninguna guerra con las fuerzas del orden”, dice Della Ragione, riéndose ante lo absurdo de la idea. “Pero sí queremos ajustar cuentas con la realidad: se trata de clubes privados que van en contra de la idea de que la playa es para todos. En 2026, esto es absolutamente inadmisible”.

Grandes beneficios

La evolución de los lidi, desde pequeñas casetas hasta megacomplejos turísticos, ha llevado casi un siglo. A principios del siglo XX, el Estado italiano comenzó a alquilar parcelas rectangulares de arena (que formaban parte del dominio público) a empresas que vendían café y licores y alquilaban tumbonas. No era un lugar al que acudieran los ricos: ellos preferían tomar algo en los grandes cafés de la plaza principal o en sus propios barcos.

Incluso después de 1945, las largas playas de Italia no eran glamurosas. Se asociaban con la guerra —estaban llenas de metralla y material militar abandonado— o con la naturaleza salvaje. Eran espacios azotados por el viento donde abundaban la madera arrastrada por la deriva, los solitarios, los enamorados y los delincuentes.

Pero lo que había comenzado como pequeños quioscos creció a medida que el turismo experimentaba un auge a partir de la década de los 60. Los bagni comenzaron a construir zonas de descanso, a levantar edificios anexos, a instalar duchas y aseos, a excavar piscinas y a vallar zonas deportivas y restaurantes. En los pinares situados detrás de la arena, muchos crearon plazas de aparcamiento y acampada. Algunas de estas instalaciones eran legales; otras, no.

Los contratos de alquiler de estos espacios siempre se renovaban automáticamente, sin necesidad de hacer gestiones cuando vencía el plazo. Hasta 2020, el alquiler anual mínimo de un complejo de playa era de unos míseros 364 euros y, según el informe del Tribunal de Cuentas de Italia correspondiente al periodo 2016-2020, el Estado solo recibía 101,7 millones de euros al año de estos negocios, una suma minúscula para un sector que se estima que genera entre 7.000 y 8.000 millones.

El problema es que a los lidi se les considera beneficiarios de privilegios históricos que han convertido la gestión de un bagno en un negocio extraordinariamente rentable. Muchos complejos acogen bodas, cumpleaños, bautizos y graduaciones, y ha quedado al descubierto que algunos llegan a ingresar en una sola noche más de lo que pagan por el alquiler de todo un año. Se calcula que el beneficio medio anual de un complejo de playa sigue siendo la nada desdeñable cifra de 260.000 euros.

Esquivando la legislación europea

Se suponía que todo esto iba a terminar en 2006, cuando la Directiva Bolkestein de la UE obligó a los países miembros a adjudicar las concesiones costeras por una “duración limitada y mediante un procedimiento de selección público y abierto, basado en criterios no discriminatorios, transparentes y objetivos”. La directiva europea tenía por objetivo acabar con las prácticas proteccionistas y abrir las playas a la competencia interna.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos italianos han eludido la aplicación de la normativa mediante la concesión de prórrogas para retrasar cualquier proceso de licitación. Primero hubo una prórroga hasta 2012, luego hasta 2015, y posteriormente se aplazó hasta 2020. En 2018, el Gobierno amarillo-verde (la coalición entre la xenófoba Liga y el populista Movimiento de las Cinco Estrellas) aprobó una ley que prorrogaba el statu quo hasta 2033.

En los últimos años, el Estado italiano ha tratado de corregir algunos de los desequilibrios del sistema. En un primer momento aumentó el alquiler mínimo anual de una concesión de playa hasta los 2.500 euros y, posteriormente, hasta los 3.225. Los balnearios pagan además el IVA general del 22%, en lugar del tipo reducido del 10% que se aplica al resto de operadores turísticos. Los lidi también abonan el IMU, el impuesto italiano sobre bienes inmuebles, que normalmente solo pagan los propietarios. Pero esa medida ha tenido un efecto inesperado. “Quienes gestionan las concesiones de playa acaban creyéndose, de algún modo, propietarios. Y cuando un propietario te ve entrar en su espacio, te percibe como un intruso en su propia casa”, dice Ruggiero.

Quienes gestionan las concesiones de playa acaban creyéndose, de algún modo, propietarios. Y cuando un propietario te ve entrar en su espacio, te percibe como un intruso en su propia casa

Danilo Ruggiero — Director de la campaña Mare Libero

El debate político sobre las playas tiende a desarrollarse siguiendo líneas claras de posicionamientos de izquierdas y de derechas. Para la izquierda, es un ejemplo evidente de propiedad y acceso públicos. La gran mayoría de los socialistas y comunistas históricos afirma que la perversidad del capitalismo se pone de manifiesto incluso en la comercialización de la sombra. Para los activistas de Mare Libero, liberar las playas no es una campaña frívola, sino una lucha por los derechos civiles basada en la ecología y la inclusión. Pica cree que la recuperación de las playas es una cuestión de justicia espacial, además de social. Ve en estas luchas un eco del concepto del derecho romano según el cual res communis omnium (los bienes comunes a todos) debe considerarse res extra commercium (bienes ajenos al comercio).

Para la derecha, sin embargo, estas concesiones son un pilar vital y patriótico de una de las industrias más importantes de Italia: el turismo. Según un estudio de 2023 del Instituto Nacional de Estadística de Italia, el sector representa el 9,6% del PIB del país. De los casi 477 millones de turistas del país (tanto nacionales como extranjeros), el 39,2% pasa tiempo en la costa, y ningún político patriota quiere meterse con una industria tan próspera.

Ni Giorgia Meloni (la primera ministra), ni Matteo Salvini (el líder de La Liga, en coalición con Meloni), ni Roberto Vannacci (un general del ejército retirado que es una estrella en ascenso de la extrema derecha y que no forma parte del Gobierno) critican jamás a los bagni. Algunos incluso han invertido en ellos: Daniela Santanchè, exministra de Turismo salpicada por los escándalos, era accionista del Twiga de Flavio Briatore (un lido de lujo en Forte dei Marmi); y Massimo Casanova —exdiputado europeo de La Liga— es propietario del Papeete (otro complejo de lujo en Milano Marittima), al que suele ir Salvini.

Control de los excesos del turismo

Los responsables afirman que los bagni desempeñan un papel clave: velar por la seguridad en las playas. “En Italia tenemos la suerte de que se producen la mitad de ahogamientos que en Francia”, afirma Antonio Capacchione, presidente de la SIB, la patronal italiana de estos establecimientos. Según Capacchione, esto se debe en gran medida a que los lidi tienen la obligación humanitaria de prestar servicios de socorrismo y se enfrentarían a cargos por homicidio involuntario si incumplieran las normas de seguridad.

Los defensores del sistema de lidi sostienen también que, en una época marcada por el turismo masivo, desempeñan un papel en la protección del litoral. La explosión de los viajes tras la pandemia ha transformado hasta hacer irreconocibles algunas ciudades y pueblos italianos. En Venecia, el número de camas destinadas a turistas superó recientemente al de los propios residentes. Y en Roma, incluso la Fontana de Trevi ha tenido que implantar un sistema de reservas y una entrada de dos euros.

De junio a septiembre, los jubilados tienen su sombrilla en la misma playa, con el mismo operador, rodeados de los amigos que han hecho allí durante años

Klarissa Pica — Investigadora de la Universidad IUAV de Venecia

Lo mismo ocurre en las playas. Punta es una de las playas más preciadas de Cerdeña: su pequeño tamaño —apenas un puñado de arena entre afloramientos rocosos y un mar cristalino— es lo que la hace tan atractiva. Y es innegable que necesita protección frente a los miles de visitantes que acuden con drones, tiendas de campaña, pícnics y barbacoas (el año pasado, un incendio calcinó decenas de coches). Por ello, en junio, el Ayuntamiento de Villasimius anunció que cobraría a los visitantes 10 euros y limitaría el aforo a 150 personas y 70 coches. Una medida controvertida fue la prohibición de llevar sombrillas a la playa, salvo que en el grupo hubiera una persona mayor de 65 años o menor de 10.

Tras la indignación nacional —y muchas bromas sobre que esa era la única razón válida para llevarse a los niños o a los abuelos de vacaciones—, el Ayuntamiento de Villasimius aumentó las cifras a 190 personas y 90 coches. Pero la indignación puso de relieve el núcleo del debate sobre cómo proteger un litoral frágil para que no se vea desbordado por vehículos y personas. También es, obviamente, una cuestión ecológica. Con el aumento del nivel del mar, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos y las temperaturas cada vez más abrasadoras, el litoral italiano es especialmente vulnerable a la erosión, la contaminación, la sequía y los incendios forestales.

El futuro

A pesar de la intensidad del debate, todas las partes coinciden en una cosa: esa sencilla playa de arena ocupa un lugar privilegiado en la memoria y la identidad de los italianos. Para millones de personas —mi familia entre ellas—, las largas vacaciones escolares han transcurrido entre tumbonas y sombrillas. “De junio a septiembre los jubilados tienen su sombrilla en la misma playa, con el mismo operador, rodeados de los amigos que han hecho allí durante años. Para ellos, eso es disfrutar del mar”, explica Pica.

“Llevo viniendo aquí 30 años”, dice una bañista con la que hablo en un lido de Cuma, justo al norte de Bacoli. Es una mujer jubilada que cuida de sus dos nietos. “Conozco a todos mis vecinos —señala las tumbonas que la rodean— desde hace décadas”, cuenta. Está claro que los italianos, en general, esperan que su experiencia en la playa esté bien organizada, sea predecible y esté ordenada.

No está claro qué sucederá próximamente en el pulso entre la UE e Italia. Según Capacchione, todo proceso de licitación debería incluir cláusulas que contemplen una indemnización por las inversiones en infraestructuras, así como una estipulación que otorgue un trato preferencial a los licitadores con experiencia consolidada en el sector.

A Ruggiero, eso le suena a trampa. “En cuanto a la indemnización: la concesión es de duración determinada, así que una vez que haya expirado —y la hayas aprovechado al máximo hasta el final—, ¿por qué debería indemnizarte? Es como si alguien dijera: 'Alquilo una casa y luego reclamo una indemnización'… ¿Indemnización, a santo de qué?”.

Por otra parte, la llamada “cláusula de experiencia” le resulta aún más problemática. “Dado que el mercado ha estado en manos de los mismos concesionarios, ¿quién más puede afirmar que tiene experiencia en la gestión de negocios en la playa, aparte de quienes los han gestionado hasta ahora?”. Resume la postura del Gobierno actual: “No puedo concederte una prórroga, pero me aseguraré de que ganes las licitaciones”. Es, según él, una solución muy italiana al problema.

Investigación adicional de Bruno Abate.

Traducción de Emma Reverter

La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

Cando publiquei Os médicos tamén enferman en abril do 2025, os meus dous mellores amigos, doutores no campo das urxencias hospitalarias, atopábanse de baixa. Reparei niso o día da presentación do libro en Compostela cando os vin entre o público. Nunca antes estiveran nunha situación semellante despois de 25 anos de exercicio profesional na sanidade galega. A sobrecarga permanente que obriga en cada xornada a facer o traballo de varias persoas, as quendas extraordinarias de cada día, o desgaste, o pánico a cometer un erro que poña en perigo algunha vida humana e a sensación de abandono foron algunhas das respostas dadas diante da preocupación dos achegados. Meses despois, o meu entorno presaxiaba para min unha situación análoga polas mesmas razóns que a dos meus amigos, pero iso é outra historia.

Hai seis anos reincorporeime de novo á trincheira da Atención Primaria. Dende ese intre ate hoxe asistín dende a primeira liña asistencial a un deterioro progresivo deste servizo público, provocado polas decisións e omisións dunha Administración gobernada polo PP que non atende a razóns inocentes. Eles son os facilitadores de xerar espazos de negocio e pórlle prezo á saúde da xente. Para constatalo, tan só hai que seguir o rastro do diñeiro no aumento exponencial da contratación de seguros de saúde pola cidadanía na última década, ou nos millonarios convenios asinados polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) coa sanidade privada para a prestación de servizos concertados. As consecuencias de todo isto socavan de maneira irreversíbel un modelo corrector das desigualdades sociais, xerando unha situación onde a saúde das doentes (“os recortes matan”) e a das sanitarias están en perigo, mentres os autores intelectuais desta desfeita consolidan pola vía dos feitos consumados a medio prazo un modelo sanitario de beneficencia.

Na década anterior o sistema fixo un axuste nas retribucións da xente do común baixo o lema “a mesmo traballo menor salario” , mentres na década actual o axuste vén da man da carga laboral cun lema que di “a mesmo salario dobre traballo”. Esta dobre volta de porca que afecta a traballadoras de servizos públicos esenciais pódese trasladar á maioría das profesións. Se a iso lle engadimos un encarecemento no custo da vida (vivenda, cesta da compra) e unha sociabilidade limitada polo eco dunha pandemia, podemos concluír que transitamos unha treboada perfecta que afecta á nosa saúde individual mais tamén á colectiva.

Nos últimos meses o goberno Rueda sinalou como prioridade diminuír o continxente das baixas laborais, insinuando unha mala praxe das profesionais dunha saturada atención primaria, e unha posible fraude dunha gran parte dos homes e mulleres que están nesta situación. Dende entón reforzouse o servizo de inspección, falouse de pórlle incentivos ás médicas por recortarlle o tempo de baixa aos seus pacientes e proliferaron as notificacións coercitivas tanto a doentes como a sanitarias. A luva foi recollida hai uns días polo expresidente da Xunta e líder do PP a nivel de Estado nun encontro sectorial con empresarios, onde incidiu na necesidade de reverter esta situación. A posición fixada por ámbolos non é inocente e obríganos de novo a buscar o rastro do diñeiro, nesta ocasión na marxe de beneficios da patronal, e no reforzamento do control das mutuas laborais nas incapacidades temporais.

Rueda e Feijóo viven abonados á frase “que a realidade non estrague un bo titular”, sobre todo porque hai grandes grupos de comunicación públicos e privados dispostos a guionizarlles as mentiras. Se quixeran minorar ou resolver o problema que lles preocupa poderían comezar por exercer as competencias, mais iso evidenciaría gran parte das súas incompetencias ou no peor dos casos, das súas axendas ocultas. O presidente galego, que é quen ten responsabilidades de goberno, faría ben en impulsar políticas públicas que diminúan as insufríbeis listas de agarda nas especialidades hospitalarias, reforzar dunha vez a atención primaria ou actuar nos preocupantes datos da sinistralidade laboral en Galiza, en que o rol das mutuas é cando menos cuestionable. Iso rebaixaría os tempos de recuperación e reparto de cargas, pero tamén suporía recoñecer moitas das eivas e problemas derivados da súa xestión

Cada día pasan moitas pacientes pola miña consulta, algunhas delas en situación de baixa, que agardan unha media de oito meses en ser atendidas na unidade de alxias músculo-esqueléticas, ou outro tanto en acadar unha cita cunha psicóloga nunha unidade de saúde mental. Moitas delas buscan diante da demora unha solución na medicina privada onde gastan ás veces o que non teñen ou non se poden permitir gastar. Mentres iso acontece, o seu presidente chámalles defraudadoras a elas e ás súas médicas de familia que están ao límite. Por iso penso que antes de dar razóns con artigos coma este a quen non opera con elas, ou enumerar evidencias a quen non as ten en conta dende as súas responsabilidades de goberno, rematariamos antes asumindo democraticamente que o raposo non debe coidar das galiñas porque acabará coméndoas, senón o fixo xa.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia ante la falta de información del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) sobre los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX).

En un comunicado, ha recordado que “a raíz de las evidencias sobre la inercia privatizadora del CADEX” y de conversaciones con algunos de los afectados, el sindicato decidió solicitar información precisa sobre el número de usuarios del CADEX, desglosado por provincias, por categorías y por años hasta 2026.

Esta solicitud de información, al amparo de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, debe ser contestada antes de un mes, algo que no se ha producido, según ha asegurado el SIP. Ha criticado que la Junta de Extremadura tiene como “costumbre asentada” no responder a la ciudadanía, ni a sus empleados públicos ni a los sindicatos o, al menos, a ellos. A su juicio, “es un ejemplo de mala administración, contraria a la legislación europea y española, que no se puede dejar pasar”.

El sindicato ha advertido de que los sindicatos están para obligar a las administraciones a rendir cuentas de todo aquello que puede terminar afectando a las condiciones de trabajo.

“El SIP no va a dejar de emplear ninguna herramienta para buscar la excelencia de las administraciones públicas, que pasa necesariamente por el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptos legales, por el mantenimiento y mejora en la calidad de los servicios públicos, por el sostenimiento y ampliación del Estado de bienestar, por la desprivatización de las administraciones, por la permanente orientación a la ciudadanía bajo el mandato de buena administración de la UE y, por supuesto, por la constante mejora de las condiciones y derechos de los empleados públicos”, ha subrayado este sindicato.

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT están molestos y preocupados tras una reunión celebrada el pasado 16 de junio en la que solicitaron información relativa a una posible externalización del servicio municipal de agua en Haro. En dicho encuentro, las formaciones sindicales pidieron respuestas “a diversas informaciones sobre un eventual cambio en la gestión de este servicio público esencial”. La concejala de Personal del Ayuntamiento de Haro “expuso en la reunión haber conocido esta cuestión en la Comisión de Obras a la vez que aseguró no disponer de informes técnicos ni documentación que sustente dicha posibilidad”

Ante esto, los sindicatos exigen al Ayuntamiento de Haro información y que “se garantice la participación de los representantes sindicales y del personal afectado en cualquier proceso que pueda implicar cambios en la gestión del servicio”. Y además han pedido una reunión “urgente” con el concejal de Obras. El malestar crece entre la plantilla municipal y las formaciones sindicales han mostrado su rechazo a una posible privatización de un servicio tan esencial para la ciudadanía. Y además advierten de los riesgos de “una privatización, como el posible desmantelamiento progresivo del servicio, la precarización de las condiciones laborales y una merma en la calidad del servicio público”.

Aseguran que “actualmente hay falta de previsión e inversión por lo que piden que se garantice una prestación adecuada del servicio y se garantice su sostenibilidad en el tiempo”. Y advierten: “Continuaremos vigilantes ante cualquier avance en este proceso”.

Hola.

¿Cómo llevas la semana? 

La vida te da sorpresas, cantaba Rubén Blades. Hay semanas en que la actualidad económica produce el tipo de paradoja que ningún manual de teoría económica sabe bien cómo clasificar. Cuba ha aprobado en apenas siete días el mayor paquete de reformas económicas de los últimos quince años: 176 medidas que pasan por la autorización de la banca privada, la inversión extranjera directa de la diáspora cubana, la creación de pymes agrícolas por primera vez en la historia del país y el fin gradual de los subsidios universales de la libreta de abastecimiento.

A miles de kilómetros, en el Reino Unido, Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro, defiende exactamente lo contrario: recuperar el control público del agua, la energía, el transporte y la vivienda, bajo lo que él llama “manchesterismo”, una apuesta por deshacer cuatro décadas de privatizaciones thatcheristas, según avanzaba The Guardian. La isla comunista mira hacia el mercado y la cuna del capitalismo industrial reclama más Estado.

Las motivaciones de cada movimiento son tan distintas como sus puntos de partida, aunque el diagnóstico de fondo comparte un hilo conductor: el modelo vigente ha fallado a la gente corriente. En Cuba, el presidente Díaz-Canel ha reconocido ante la Asamblea Nacional que el país “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.  El día previo, el Granma —el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)— destacaba el espaldarazo del gran camarada Raúl Castro a los cambios: “No solo resistir, también avanzar y desarrollarnos”.

La presión es doble: el deterioro económico interno acumulado durante seis años y el bloqueo petrolero de la Administración Trump, que ha dejado a regiones enteras de la isla con apenas dos horas de electricidad cada tres días. En el caso británico, el ensayo The Productive State, publicado por el think tank Common Wealth como marco teórico del “manchesterismo”, argumenta que los ciudadanos pagan una especie de “prima de privatización”, un impuesto regresivo oculto en las facturas cotidianas que transfiere riqueza de los hogares a los inversores, mientras el Estado se ve obligado a subvencionar con ayudas sociales los costes inflados por la gestión privada de los servicios esenciales.

La gran pregunta, en ambos casos, es si las reformas llegarán a buen puerto. En el Reino Unido, el anuncio de que Burnham podría llegar a Downing Street ya ha puesto nerviosos a los mercados financieros, que han elevado el coste de la deuda pública británica. En Cuba, el escepticismo tiene raíces más profundas: desde la era de Raúl Castro, el Gobierno cubano ha hecho reiterados anuncios reformistas que luego no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática. Y sobre todo esto planea la sombra del bloqueo estadounidense, que amenaza con asfixiar cualquier apertura antes de que pueda generar los frutos que promete.

El dato

7.239

Son los millones de euros que el Gobierno destinará a la dependencia en 2027. Se trata de la mayor inyección financiera a la dependencia de la historia…y de un movimiento con claro aroma a precampaña que busca refundar el maltrecho “cuarto pilar” del Estado del Bienestar.  El Ejecutivo sumará 2.218 millones de euros en 2026 y movilizará 6.200 millones extra hasta 2027 respecto a los últimos Presupuestos, logrando la pirueta de duplicar la inversión de 2025 sin nuevas cuentas públicas y multiplicando por cinco los fondos desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Este manguerazo de millones busca revertir el colapso de un sistema infrafinanciado desde los recortes de la era Rajoy, que ha provocado que miles de dependientes mueran sin recibir sus ayudas.

Desde el 1 de julio, las comunidades recibirán más recursos por cada persona atendida: la cuantía mensual para la gran dependencia pasará de 290 a 660 euros; para la dependencia severa, de 130 a 260; y para la moderada, de 76 a 90. El objetivo urgente es reducir una lista de espera que asfixia a más de 265.000 personas, potenciar la atención domiciliaria y dignificar un sector muy precarizado. No obstante, el decreto deberá superar ahora el examen de un Congreso hostil para convalidarse, mientras se tramita en paralelo una reforma legal más profunda que pretende cambiar el modelo actual hacia cuidados menos centrados en residencias tradicionales.

Por cierto, fue el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero el que aprobó en 2006 la ley de la Dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

 Tipos (y tipas) de interés

Sube Juan José Ganuza, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El elegio por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para relevar a Cani Fernández es un perfil marcadamente académico y técnico. Ganuza es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, doctor en Economía por la Carlos III, catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2014, responsable de la división de regulación y competencia de Funcas. El perfil acredita solvencia técnica fuera de toda duda. La ironía es que el propio Ganuza fue uno de los académicos que en su día criticó con dureza el diseño del superregulador que ahora presidirá, alertando de que un mal diseño institucional podía perjudicar la reputación de cualquier experto que aceptara el cargo. Trece años después, el destino lo coloca ante su propio espejo.

El primer frente que le espera es el digital, y no tiene tiempo que perder. España ha designado a la CNMC como autoridad competente para hacer cumplir la regulación de mercados digitales de la UE, pero el organismo arrastra un vacío operativo de envergadura: el bloqueo parlamentario de la legislatura ha impedido que las Cortes aprueben las reformas legales necesarias para dotarlo de herramientas sancionadoras reales. Vigilar algoritmos, frenar abusos de las grandes plataformas y regular la nube es hoy, literalmente, imposible con la estructura actual.

A eso se suma un tablero empresarial tensionado por la reconversión energética, con las propuestas de las redes de gas de distribución y transporte o los 66 expedientes sancionadores incoados en relación con el apagón. También la investigación sobre los precios de las hipotecas que se anunció recientemente y que ha caído como una bomba en el sector bancario.

Tiene otro reto que es político. Ganuza no llega solo: el Consejo de Ministros ha propuesto también a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño y técnica comercial del Estado; al exdiputado de ERC Joan Capdevila; y a la catedrática Marina Echebarría, a propuesta de Sumar, lo que deja al Partido Popular sin representación en esta renovación. La oposición ya habla de “blindaje progresista” y el ruido amenaza con contaminar la credibilidad del supervisor antes de que dicte su primera resolución. Así que el gran desafío de Ganuza no será solo técnico, que pocos lo discuten, sino de resistencia institucional: demostrar, con resoluciones incontestables, que el criterio de la CNMC está por encima de las cuotas.

No todo nos parece mal

El grupo Roca ha logrado enderezar el rumbo financiero tras dejar atrás el doloroso peaje de su salida de Rusia. La multinacional catalana de sanitarios, fundada en 1917, cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 43 millones de euros, una cifra que contrasta con los 61 millones de pérdidas registrados el año anterior debido al proceso de desinversión en el mercado ruso. Emplea a 20.000 trabajadores.

Este regreso a los números negros se ha conseguido en un contexto de estancamiento de la construcción en Occidente y un notable parón en las reformas del hogar, ya que el consumidor postpandemia prefiere gastar en servicios y experiencias antes que en cambiar los azulejos.

Aun así, la facturación resistió el golpe situándose en los 1.960 millones de euros el último año, un 3,8 % más a tipos de cambio constantes, si bien el aumento final de las ventas fue del 0,6 % tras la depreciación de algunas de las monedas en las que opera la compañía, ha señalado la compañía en un comunicado.

La estrategia de Roca pasa por abrir el grifo de la inversión y mirar hacia arriba: destinó 126 millones de euros en 2025 a automatizar sus plantas con fábricas robotizadas, avanzar en sostenibilidad y explorar la integración de la inteligencia artificial aplicada a la salud en el baño. Pero el verdadero giro de guion es corporativo: reforzó su apuesta por los segmentos 'premium' y de lujo con la adquisición de la mayoría del fabricante italiano Antonio Lupi Design, especializado en equipamiento de baño de alta gama, y de la australiana Phoenix Industries, dedicada a la grifería de gama alta.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Ya sabes que si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Un abrazo!

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha frenado el acuerdo alcanzado con la Fundación Gerón para cederle la gestión del complejo universitario Flora Tristán, ubicado en las Tres Mil Viviendas de Sevilla. La propuesta, que se esperaba aprobar este lunes en el Consejo de Gobierno convocado la semana pasada para tal fin, ha quedado descartada después de que el Consejo Social de la universidad haya rechazado la concesión demanial planteada por el Rectorado y se haya pronunciado a favor de abrir un procedimiento de licitación pública.

A raíz de ese pronunciamiento, el Consejo de Gobierno ha acordado la creación de una comisión mixta encargada de “explorar todas las alternativas reales y viables” de financiación —pública y/o privada— que permitan ejecutar las obras necesarias en el edificio y garantizar la continuidad del proyecto. Esta nueva medida implica el cierre del inmueble hasta que se lleven a cabo las actuaciones de adecuación requeridas para su funcionamiento.

La resolución del Consejo supone un giro respecto a los planes defendidos durante los últimos días por el Rectorado, que consideraba la colaboración con la Fundación Gerón como la única vía para acometer de forma inmediata la rehabilitación del complejo y mantener la actividad residencial durante el próximo curso académico. Según la documentación presentada por la Universidad, la institución carece de los recursos necesarios para afrontar con urgencia unas obras valoradas en 420.000 euros en una primera fase “imprescindible” para la reapertura, y entre tres y seis millones de euros para la rehabilitación integral del edificio.

Todo ello llega tras una semana de protestas y movilizaciones de estudiantes, trabajadores y vecinos del Polígono Sur, desencadenadas después de que trascendiera la intención de la Universidad de ceder la gestión del complejo a la Fundación Gerón, una entidad privada sin ánimo de lucro especializada en la gestión de centros para personas mayores. Aquella propuesta, promovida de forma unilateral por el Rectorado, generó una fuerte contestación dentro de la comunidad universitaria y del entorno social del barrio.

Oferta de plazas congelada hasta la rehabilitación del inmueble

En un escrito remitido a la comunidad universitaria al que ha tenido acceso este periódico, el rector de la UPO, Francisco Oliva, lamenta no poder “iniciar el curso académico próximo con normalidad” e insiste en que “la única finalidad de la concesión demanial directa era iniciar con carácter inmediato una obra que permitiera retomar la actividad en el curso 2026-2027”. Una vez descartada esa posibilidad a petición del Consejo Social, añade, “para nosotros deja de tener sentido la incorporación de un agente externo”.

Los informes técnicos manejados por la Universidad alertan de deficiencias estructurales y problemas relacionados con la instalación eléctrica, la protección contra incendios, el abastecimiento de agua y el saneamiento. Como consecuencia, el Consejo de Gobierno ha acordado no ofertar plazas en la residencia hasta que se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar “la plena seguridad, salubridad y habitabilidad” del complejo, en el que residen actualmente 148 estudiantes.

En paralelo al desarrollo del Consejo de Gobierno, decenas de ellos junto a vecinos del Polígono Sur y miembros del profesorado del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales se han concentrado a las puertas del Rectorado para protestar por la propuesta de concesión del complejo a una entidad privada. “Sin residencia, no hay universidad, no hay proyecto y no hay presencia de universitarios en el barrio”, ha recordado una de las residentes, que ha lamentado la “falta de transparencia” del rector con los agentes implicados en el proyecto que “no queremos que Gerón entre en el barrio”.

En la misma línea se han manifestado algunos vecinos del Polígono Sur presentes en el acto: “Los vecinos no queremos que los estudiantes se vayan del Polígono Sur, no queremos empresas privadas, queremos a los estudiantes que colaboran con nuestro barrio”.

Oleada de preocupación y solidaridad

Desde que el pasado jueves trascendió la convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno, distintos órganos académicos e institucionales de la universidad han expresado públicamente su preocupación por el futuro del proyecto social asociado al complejo Flora Tristán, su rechazo a la propuesta de cesión a la Fundación Gerón y su solidaridad con los residentes.

El Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales pidió expresamente la “cancelación o aplazamiento” de la sesión de hoy, advirtiendo de su “profunda preocupación” por la decisión sobre la gestión del complejo. En los mismos términos se manifestó la Junta de Facultad de Ciencias Sociales, reunida con carácter extraordinario el pasado 19 de junio, ante la propuesta de concesión demanial a una entidad externa y ante el proceso que ha conducido a ella.

También el Consejo de Estudiantes de la UPO manifestó su “disconformidad” con la iniciativa y trasladó su apoyo a las residentes y trabajadoras de la Flora Tristán, así como su compromiso con la continuidad del proyecto social.

Por su parte, el Consejo Social de la universidad ha reconocido el “extraordinario valor académico, social y humano” del proyecto, junto a la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad del edificio. Sin embargo, tras conocer los detalles del informe de la auditoría técnica sobre el estado del inmueble y las condiciones del acuerdo con Gerón, este órgano ha rechazado la propuesta de concesión de la gestión del inmueble Flora Tristán a la fundación, considerando que había otras entidades interesadas en asumir la obra y la continuidad del proyecto de residencia.

Finalmente, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno deja en el aire el futuro de la Flora Tristán, un proyecto residencial y social considerado clave en el Polígono Sur de Sevilla. La comisión mixta deberá ahora buscar una fórmula de financiación para acometer la rehabilitación del edificio y definir el modelo de gestión con el que se retomará la actividad. La fecha para reabrir sus puertas sigue siendo, por ahora, otra incógnita más.

Durant dècades, les dues cases pageses de s’Espalmador han romàs pràcticament congelades en el temps, envoltades per aigües turqueses, dunes verges i algunes de les praderies de posidònia millor conservades del Mediterrani. A pocs metres de les concorregudes platges de ses Illetes (Formentera), però separada d’aquestes per un pas de navegació conegut com es Pas de s’Espalmador, continua sent un territori fora de l’abast de qualsevol. Vuit anys després que una família belga —a través d’una societat luxemburguesa— comprés l’enclavament per 18 milions d’euros, els seus propietaris es preparen per dur a terme una complexa rehabilitació de les edificacions històriques en un dels espais naturals més protegits de les Balears.

Formentera lidera, juntament amb Eivissa i Marbella, les platges espanyoles més cares per estiuejar, segons un informe elaborat a partir d’una mostra de viatgers espanyols i una anàlisi comparativa dels costos turístics. Abans de l’operació milionària mitjançant la qual s’Espalmador va canviar de mans —al principi l’illot es va posar a la venda per 22 milions d’euros—, aquest tros de paradís pertanyia a la família Cinnamond, que el 1932 havia pagat 42.000 pessetes (uns 250 euros) a Carlos Tur Roig. Una xifra extremadament allunyada del valor que assoliria dècades després. Els Cinnamond consideraven una bona opció que l’illot passés a ser de titularitat pública, una cosa que, en el seu moment, també es va plantejar el Consell de Formentera.

El 2017, la institució insular, presidida aleshores per Jaume Ferrer, de Gent per Formentera, va plantejar al Govern balear, durant el primer mandat de la socialista Francina Armengol (2015-2019), la compra de l’illot. Però la proposta finalment no va fructificar i el Consell, per si sol, no disposava de recursos suficients per afrontar la compra en solitari.

Abans de l'operació milionària mitjançant la qual s’Espalmador va canviar de mans -al principi l'illot es va posar a la venda per 22 milions d'euros-, aquest tros de paradís pertanyia a la família Cinnamond, que el 1932 havia pagat 42.000 pessetes (uns 250 euros) a Carles Tur Roig

Des de s’Espalmador, de 137 hectàrees, fins a la pitiüsa del Sud, s’estén una franja de terra que acaba a la Punta des Càrritx. Cap a l’oest, s’allarga en forma de diminuta península la platja de s’Alga, un arenal verge de postal que es desplega al llarg d’un quilòmetre.

Ha estat la societat propietària qui ha gestionat la tramitació de la llicència urbanística per a la reforma integral de les dues construccions històriques, s’Alga i Majoral, que començarà després de la temporada turística, quan es pugui agilitzar la logística per dur a terme els treballs. La llicència va ser aprovada per la Junta de Govern del Consell de Formentera el passat 12 de gener de 2025. La concessió per a la reforma, que no preveu augmentar la superfície construïda, està subjecta a estrictes condicions de conservació patrimonial, control arqueològic i limitacions pròpies d’un espai protegit.

Una societat amb seu a Luxemburg

Darrere l’empresa luxemburguesa que va adquirir s’Espalmador fa vuit anys hi ha tres germans. L’administrador únic és Michel Jan Cigrang, mentre que Jean Philippe Cigrang i Christian Leon Cigrang figuren com a administradors mancomunats, segons dades del Registre de la Propietat consultades per Newtral.

Darrere l’empresa luxemburguesa que va adquirir s’Espalmador fa vuit anys hi ha tres germans. L’administrador únic és Michel Jan Cigrang, mentre que Jean Philippe Cigrang i Christian Leon Cigrang figuren com a administradors mancomunats

Tot i que pugui semblar una raresa, comprar una illa és legalment possible. A Espanya, aquests territoris poden ser de propietat privada sempre que hagin estat reconeguts històricament com a tals o estiguessin inscrits com a finques abans de l’entrada en vigor de la Llei de Costes, de 1988. Tanmateix, la titularitat no atorga carta blanca als seus propietaris: no permet restringir l’accés a les zones de domini públic (com la servitud de trànsit) ni construir lliurement en espais sotmesos a protecció ambiental i costanera.

Tot i que pugui semblar una raresa, comprar una illa és legalment possible. A Espanya, aquests territoris poden ser de propietat privada sempre que hagin estat reconeguts històricament com a tals o estiguessin inscrits com a finques abans de l’entrada en vigor de la Llei de Costes, de 1988

Això, en particular, està provocant que el projecte de reforma a s’Espalmador no sigui una tasca fàcil, sinó «tot un repte», com assenyala a elDiario.es una font propera al projecte. De moment, s’ha instal·lat un pantalà flotant provisional amb unes fixacions ecològiques que no danyen la posidònia a es Caló de s’Alga per descarregar equips i materials —els mateixos que tenien les cases originals—, fet que ha requerit la tramitació d’una autorització a través de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua. Es tracta d’un moll complementari al ja existent, situat just al costat, però que no té l’amplada suficient per poder efectuar les descàrregues.

Dues edificacions protegides

El projecte, dissenyat per un estudi d’arquitectura de Formentera, se centra a restaurar dues construccions aixecades abans de 1956 i disperses en diferents punts de l’illot. Són dues cases pageses històriques ubicades en dos indrets diferents de l’illot privat: una a la cala de s’Alga i l’altra a es Majoral, a l’interior del terreny insular.

Les edificacions ‘Majoral’ i ‘s’Alga’ es consideren legals dins el marc urbanístic actual i formen part del catàleg de protecció del territori del Consell Insular de Formentera. Les dues cases tenen una sola planta. La primera disposa de quatre habitacions distribuïdes en 174 metres quadrats i annexos corresponents a unes quadres de 82 metres quadrats. La segona és més gran: dotze dormitoris i 468 metres quadrats.

Les edificacions ‘Majoral’ i ‘s’Alga’ es consideren legals dins el marc urbanístic actual i formen part del catàleg de protecció del Consell de Formentera. Les dues cases tenen una sola planta. La primera compta amb quatre habitacions distribuïdes en 174 metres quadrats i la segona, amb dotze dormitoris i 468 metres

La primera finca envaeix la zona de servitud de protecció, tot i que no la zona de servitud de trànsit, segons la documentació. La segona casa també es troba afectada per aquesta limitació i, a més, el mur perimetral ocupa la zona de domini públic maritimoterrestre establerta per la Llei de Costes.

L’autorització, concedida per la institució, no altera els paràmetres urbanístics existents, asseguren les fonts properes al projecte de reforma, que precisen que les obres es limiten a rehabilitar i millorar els edificis ja presents a l’illa sense augmentar volums ni modificar l’estructura de l’enclavament.

El Consell, però, no és l’única administració implicada, sinó que també cal gestionar permisos amb la xarxa Natura 2000, el Govern balear, Costes i Recursos Hídrics, entre d’altres.

L’autorització, concedida per la institució, no altera els paràmetres urbanístics existents, asseguren les fonts properes al projecte de reforma, que precisen que les obres es limiten a rehabilitar i millorar els edificis ja presents a l’illa sense augmentar volums ni modificar l’estructura de l’enclavament

A l’interior d’un parc natural

S’Espalmador es troba al cor del Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera i també compta amb diferents graus de protecció: forma part de la xarxa Natura 2000 i és Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), figures ambdues de protecció ambiental de la Unió Europea (UE) destinades a conservar els hàbitats naturals i les espècies de flora i fauna d’interès comunitari.

És un dels motius pels quals la instal·lació dels pantalans es va fer, en compliment de la normativa ambiental, abans que comencés el període de nidificació de les aus, que finalitza l’1 de juliol vinent. Tanmateix, en aquesta data —en plena temporada estival— tampoc no arrancaran les obres, atès que els treballs requereixen moviment de terres i altres intervencions incompatibles amb la presència turística.

D’altra banda, l’illot està envoltat d’una important extensió de praderies de posidònia oceànica, espècie protegida a totes les Balears i distingida com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A això s’hi suma el seu patrimoni cultural: el més important és la torre de defensa de sa Guardiola, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC) d’acord amb la llei de patrimoni històric. Existeixen, a més, quatre jaciments arqueològics i una altra edificació històrica coneguda com el Pou de s’Alga.

L’illot està envoltat d’una important extensió de praderies de posidònia oceànica, espècie protegida a totes les Balears i distingida com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A això s’hi suma el seu patrimoni cultural: el més important és la torre de defensa de sa Guardiola, declarada Bé d’Interès Cultural (BIC)

L’actuació d’obra compta amb l’autorització del Consell Insular de Formentera des del passat gener de 2025, després que la institució analitzés diferents informes tècnics i jurídics. L’expedient administratiu va començar el juliol de 2020, quan l’empresa propietària va sol·licitar la llicència per rehabilitar els immobles.

La logística d’operar en un territori extremadament sensible complica l’execució del projecte, que contempla tasques de demolició en alguns volums que desvirtuen la construcció, segons fonts properes consultades per aquest mitjà. D’una banda, a causa de l’estricta necessitat de complir la normativa ambiental i, de l’altra, perquè és molt difícil trobar treballadors disposats a desenvolupar la seva activitat a l’hivern en un illot aïllat. Tot i que la propietat ofereix allotjament, les condicions meteorològiques poden impedir durant dies la connexió marítima amb Eivissa, dificultant tant els desplaçaments com l’avanç de les obres.

Tres illes privades a les Pitiüses

S’Espalmador no és l’única illa privada de les Pitiüses. De la dotzena de territoris amb aquestes característiques a Espanya, tres es troben a Eivissa i Formentera. Entre ells, la coneguda Tagomago, propietat d’un descendent dels Àustries i integrada dins la Xarxa Natura 2000. L’illot, d’unes 55 hectàrees, està inclòs en un entorn marí-terrestre protegit des de finals dels anys 90, amb hàbitats de gran interès per a aus migratòries i espècies com la baldriga balear. 

S’Espalmador no és l’única illa privada de les Pitiüses. De la dotzena de territoris amb aquestes característiques a Espanya, tres es troben a Eivissa i Formentera. Entre ells, la famosa Tagomago, propietat d’un descendent dels Àustries

Tagomago està declarat Lloc d’Importància Comunitària (LIC), Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i Zona d’Especial Conservació (ZEC), cosa que li atorga un alt nivell de protecció pel seu valor ecològic. Tot i així, acull una mansió de luxe que està disponible per llogar turísticament i s’hi han allotjat celebritats internacionals molt conegudes, com Cristiano Ronaldo o el cantant Justin Bieber.

Un altre cas similar és sa Ferradura, una península de dimensions reduïdes que està unida al port de Sant Miquel per un petit tram de terra. El seu propietari és l’oligarca rus Mikhail Prokhorov, una de les majors fortunes del país i rival polític de Vladímir Putin a les eleccions presidencials de 2012.