La Formación Profesional se ha convertido en la opción educativa preferida por los jóvenes gracias a sus altas tasas de inserción laboral, según Comisiones Obreras. En Madrid, donde la demanda ha aumentado un 85% entre 2018 y 2025, el crecimiento de la oferta se ha concentrado especialmente en los centros privados.

La comunidad lidera el podio de la privatización, seguido por Catalunya y Euskadi, sostiene el sindicato. “Distinguimos Madrid porque tiene un modelo bastante más privatizador que otras comunidades, así como datos bastante más preocupantes”, aclara la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La oferta privada en la región ha crecido un 122% (más de 50.000 estudiantes) frente al 58% de la pública. La red pública ha pasado de concentrar el 58% de las matrículas a un 49%, mientras alrededor de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública durante el curso 2024-2025.

Así lo revela el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales, elaborado por Comisiones Obreras, que alerta de un modelo que deja sin plaza pública a miles de estudiantes madrileños. “La oferta pública ha aumentado, pero no al ritmo que la demanda. Cuando los jóvenes no encuentra los estudios que quieren en la pública, no les queda más remedio que optar por esta opción”, señala la secretaria de enseñanza pública de la Federación de Educación de CCOO Madrid, Inmaculada López.

El sindicato sostiene que Madrid ha “renunciado” a ampliar la red pública, convirtiendo el acceso a la Formación Profesional en “un privilegio condicionado por la renta y el código postal”. El informe llega meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto para limitar la apertura de centros privados y evitar la “mercantilización sin calidad” de estas enseñanzas.

Esta expansión también ha tenido un impacto económico para las familias. Estudiar un ciclo de Formación Profesional en un centro privado cuesta entre 3.000 y 6.000 euros anuales y algunas titulaciones especializadas pueden alcanzar los 16.000 euros, según el informe. Como consecuencia, el gasto medio familiar se ha duplicado en siete años, pasando de 1.069 euros en 2016 a 2.085 euros en 2023. “Es un problema grave. Se está haciendo negocio de un derecho y que su acceso dependa de la situación económica de las familias”, sintetiza la Secretaria General de Enseñanza del sindicato, Aída San Millán Martín.

La FP a distancia y la dual

El crecimiento no ha sido uniforme entre las distintas familias profesionales, ni en las modalidades. Según el sindicato, la oferta privada se ha concentrado en los ciclos con mayor demanda laboral, como Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico o Radioterapia, mientras la oferta pública madrileña no ha aumentado al mismo ritmo. El aumento también se ha trasladado a la modalidad a distancia: la oferta pública ha crecido un 185,4% y la privada se ha disparado un 659%.

Las cifras son todavía más elevadas en los grados superiores, donde la matrícula privada ha aumentado un 664%, frente al 206% de las públicas. El número de centros que imparten en esta modalidad se ha multiplicado por casi cuatro: de 28 en el curso 2018-2019 a 102 en el 2024-2025.

Desde el sindicato aseguran que esta modalidad supone para muchas empresas “coste cero y beneficio 100%”, ya que no requieren centro, ni materiales para su desarrollo. Sin embargo, los alumnos presentan mayor tasa de abandono escolar porque “hay menor conexión con la práctica real, falta el contacto humano y menos orientación para saber qué hacer después”.

La Formación Profesional dual combina la enseñanza en el aula con prácticas obligatorias en empresas. Comisiones Obreras advierte de que este modelo choca con la realidad del tejido empresarial madrileño. Según el sindicato, el 95% de las más de medio millón de empresas activas en la región son autónomos sin asalariados o microempresas de entre uno y nueve trabajadores, una estructura que, a su juicio, aumenta el riesgo de que parte del alumnado termine desempeñando funciones propias de un trabajador en lugar de recibir la formación prevista, convirtiéndose en mano de obra barata o en sustitución de puesto de trabajo.

Madrid, a la cabeza de la privatización

Madrid encabeza el ranking de comunidades con mayor peso de la Formación Profesional privada. Le siguen Catalunya, donde las matrículas privadas representan el 45,58% del total y Euskadi, con un 43,8%. Además, Madrid y Catalunya son las únicas comunidades que cobran por cursar la FP, mientras Castilla-La Mancha (10,85%) y Canarias (8,7%) registran la menor presencia de enseñanza privada.

La tasa de paro juvenil en la Comunidad de Madrid es del 25,33%, según la Encuesta de Población Activa, por encima de la media nacional (23%). Además, el porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan se sitúa en el 8,56%.

El informe también foco en la brecha de género. Aunque cuatro de cada diez estudiantes Formación Profesional aseguran no haber recibido orientación sobre esta vía durante la ESO, solo el 4% de las alumnas afirma haber contado con información suficiente, frente al 14% de los alumnos. La desigualdad también se refleja en la elección de estudios; solo el 16% de las mujeres matriculadas en FP en Madrid cursa ciclos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las ramas con mejores salarios y mayor estabilidad laboral, según el sindicato.

Falta de transparencia de datos

Comisiones Obreras denuncia también la falta de transparencia de la Comunidad de Madrid durante el proceso de admisión a la Formación Profesional. Según explica, este año los centros han dejado de publicar los listados de admitidos y las familias solo pueden consultar el resultado de su solicitud a través de la plataforma Raíces.

Esta decisión impedirá elaborar su habitual informe de escolarización y conocer cuántos estudiantes se quedan sin plaza pública en cada ciclo. “Han sabido retirar esos datos tiempos”, afirma San Millán, que considera que la medida busca evitar que se visibilice el déficit de plazas públicas.

El sindicato anuncia que estudiará acciones legales al considerar que la publicación de estos listados forma parte de un procedimiento de concurrencia competitiva y debe ser accesible para garantizar la transparencia del proceso.

“Es desolador, consciente y dirigido. Creo que tiene que ver con la huelga de octubre. Suficientes datos estamos dando, cifrar cuantos se quedarían fuera, sería otra losa encima”, insiste la secretaria.

Las propuestas de Comisiones Obreras

Entre sus propuestas, Comisiones Obreras reclama un plan plurianual para ampliar las plazas públicas y eliminar las listas de espera, un marco estatal que garantice estándares mínimos de calidad en la Formación Profesional. También solicita un sistema público de datos comparables entre comunidades autónomas, reforzar las garantías de la FP dual e incorporar orientación académica con perspectiva de género.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el sindicato exige unificar las instrucciones sobre el Proyecto Intermodular, hacer más transparentes los procedimientos para la captación de empresas, crear la figura estructural del prospector empresarial y establecer acuerdos marco que faciliten la colaboración entre los centros educativos y el tejido productivo.

El Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha presentado una reclamación al Consejo de Transparencia ante la falta de información del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) sobre los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (CADEX).

En un comunicado, ha recordado que “a raíz de las evidencias sobre la inercia privatizadora del CADEX” y de conversaciones con algunos de los afectados, el sindicato decidió solicitar información precisa sobre el número de usuarios del CADEX, desglosado por provincias, por categorías y por años hasta 2026.

Esta solicitud de información, al amparo de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, debe ser contestada antes de un mes, algo que no se ha producido, según ha asegurado el SIP. Ha criticado que la Junta de Extremadura tiene como “costumbre asentada” no responder a la ciudadanía, ni a sus empleados públicos ni a los sindicatos o, al menos, a ellos. A su juicio, “es un ejemplo de mala administración, contraria a la legislación europea y española, que no se puede dejar pasar”.

El sindicato ha advertido de que los sindicatos están para obligar a las administraciones a rendir cuentas de todo aquello que puede terminar afectando a las condiciones de trabajo.

“El SIP no va a dejar de emplear ninguna herramienta para buscar la excelencia de las administraciones públicas, que pasa necesariamente por el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptos legales, por el mantenimiento y mejora en la calidad de los servicios públicos, por el sostenimiento y ampliación del Estado de bienestar, por la desprivatización de las administraciones, por la permanente orientación a la ciudadanía bajo el mandato de buena administración de la UE y, por supuesto, por la constante mejora de las condiciones y derechos de los empleados públicos”, ha subrayado este sindicato.

Hola.

¿Cómo llevas la semana? 

La vida te da sorpresas, cantaba Rubén Blades. Hay semanas en que la actualidad económica produce el tipo de paradoja que ningún manual de teoría económica sabe bien cómo clasificar. Cuba ha aprobado en apenas siete días el mayor paquete de reformas económicas de los últimos quince años: 176 medidas que pasan por la autorización de la banca privada, la inversión extranjera directa de la diáspora cubana, la creación de pymes agrícolas por primera vez en la historia del país y el fin gradual de los subsidios universales de la libreta de abastecimiento.

A miles de kilómetros, en el Reino Unido, Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro, defiende exactamente lo contrario: recuperar el control público del agua, la energía, el transporte y la vivienda, bajo lo que él llama “manchesterismo”, una apuesta por deshacer cuatro décadas de privatizaciones thatcheristas, según avanzaba The Guardian. La isla comunista mira hacia el mercado y la cuna del capitalismo industrial reclama más Estado.

Las motivaciones de cada movimiento son tan distintas como sus puntos de partida, aunque el diagnóstico de fondo comparte un hilo conductor: el modelo vigente ha fallado a la gente corriente. En Cuba, el presidente Díaz-Canel ha reconocido ante la Asamblea Nacional que el país “vive las horas más difíciles de este siglo” y que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.  El día previo, el Granma —el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC)— destacaba el espaldarazo del gran camarada Raúl Castro a los cambios: “No solo resistir, también avanzar y desarrollarnos”.

La presión es doble: el deterioro económico interno acumulado durante seis años y el bloqueo petrolero de la Administración Trump, que ha dejado a regiones enteras de la isla con apenas dos horas de electricidad cada tres días. En el caso británico, el ensayo The Productive State, publicado por el think tank Common Wealth como marco teórico del “manchesterismo”, argumenta que los ciudadanos pagan una especie de “prima de privatización”, un impuesto regresivo oculto en las facturas cotidianas que transfiere riqueza de los hogares a los inversores, mientras el Estado se ve obligado a subvencionar con ayudas sociales los costes inflados por la gestión privada de los servicios esenciales.

La gran pregunta, en ambos casos, es si las reformas llegarán a buen puerto. En el Reino Unido, el anuncio de que Burnham podría llegar a Downing Street ya ha puesto nerviosos a los mercados financieros, que han elevado el coste de la deuda pública británica. En Cuba, el escepticismo tiene raíces más profundas: desde la era de Raúl Castro, el Gobierno cubano ha hecho reiterados anuncios reformistas que luego no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron atrapados en una maraña burocrática. Y sobre todo esto planea la sombra del bloqueo estadounidense, que amenaza con asfixiar cualquier apertura antes de que pueda generar los frutos que promete.

El dato

7.239

Son los millones de euros que el Gobierno destinará a la dependencia en 2027. Se trata de la mayor inyección financiera a la dependencia de la historia…y de un movimiento con claro aroma a precampaña que busca refundar el maltrecho “cuarto pilar” del Estado del Bienestar.  El Ejecutivo sumará 2.218 millones de euros en 2026 y movilizará 6.200 millones extra hasta 2027 respecto a los últimos Presupuestos, logrando la pirueta de duplicar la inversión de 2025 sin nuevas cuentas públicas y multiplicando por cinco los fondos desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Este manguerazo de millones busca revertir el colapso de un sistema infrafinanciado desde los recortes de la era Rajoy, que ha provocado que miles de dependientes mueran sin recibir sus ayudas.

Desde el 1 de julio, las comunidades recibirán más recursos por cada persona atendida: la cuantía mensual para la gran dependencia pasará de 290 a 660 euros; para la dependencia severa, de 130 a 260; y para la moderada, de 76 a 90. El objetivo urgente es reducir una lista de espera que asfixia a más de 265.000 personas, potenciar la atención domiciliaria y dignificar un sector muy precarizado. No obstante, el decreto deberá superar ahora el examen de un Congreso hostil para convalidarse, mientras se tramita en paralelo una reforma legal más profunda que pretende cambiar el modelo actual hacia cuidados menos centrados en residencias tradicionales.

Por cierto, fue el gobierno presidido por Rodríguez Zapatero el que aprobó en 2006 la ley de la Dependencia como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

 Tipos (y tipas) de interés

Sube Juan José Ganuza, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El elegio por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para relevar a Cani Fernández es un perfil marcadamente académico y técnico. Ganuza es licenciado en Ciencias Físicas por la Complutense, doctor en Economía por la Carlos III, catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra y, desde 2014, responsable de la división de regulación y competencia de Funcas. El perfil acredita solvencia técnica fuera de toda duda. La ironía es que el propio Ganuza fue uno de los académicos que en su día criticó con dureza el diseño del superregulador que ahora presidirá, alertando de que un mal diseño institucional podía perjudicar la reputación de cualquier experto que aceptara el cargo. Trece años después, el destino lo coloca ante su propio espejo.

El primer frente que le espera es el digital, y no tiene tiempo que perder. España ha designado a la CNMC como autoridad competente para hacer cumplir la regulación de mercados digitales de la UE, pero el organismo arrastra un vacío operativo de envergadura: el bloqueo parlamentario de la legislatura ha impedido que las Cortes aprueben las reformas legales necesarias para dotarlo de herramientas sancionadoras reales. Vigilar algoritmos, frenar abusos de las grandes plataformas y regular la nube es hoy, literalmente, imposible con la estructura actual.

A eso se suma un tablero empresarial tensionado por la reconversión energética, con las propuestas de las redes de gas de distribución y transporte o los 66 expedientes sancionadores incoados en relación con el apagón. También la investigación sobre los precios de las hipotecas que se anunció recientemente y que ha caído como una bomba en el sector bancario.

Tiene otro reto que es político. Ganuza no llega solo: el Consejo de Ministros ha propuesto también a Carmen Balsa, exdirectora de gabinete de Nadia Calviño y técnica comercial del Estado; al exdiputado de ERC Joan Capdevila; y a la catedrática Marina Echebarría, a propuesta de Sumar, lo que deja al Partido Popular sin representación en esta renovación. La oposición ya habla de “blindaje progresista” y el ruido amenaza con contaminar la credibilidad del supervisor antes de que dicte su primera resolución. Así que el gran desafío de Ganuza no será solo técnico, que pocos lo discuten, sino de resistencia institucional: demostrar, con resoluciones incontestables, que el criterio de la CNMC está por encima de las cuotas.

No todo nos parece mal

El grupo Roca ha logrado enderezar el rumbo financiero tras dejar atrás el doloroso peaje de su salida de Rusia. La multinacional catalana de sanitarios, fundada en 1917, cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 43 millones de euros, una cifra que contrasta con los 61 millones de pérdidas registrados el año anterior debido al proceso de desinversión en el mercado ruso. Emplea a 20.000 trabajadores.

Este regreso a los números negros se ha conseguido en un contexto de estancamiento de la construcción en Occidente y un notable parón en las reformas del hogar, ya que el consumidor postpandemia prefiere gastar en servicios y experiencias antes que en cambiar los azulejos.

Aun así, la facturación resistió el golpe situándose en los 1.960 millones de euros el último año, un 3,8 % más a tipos de cambio constantes, si bien el aumento final de las ventas fue del 0,6 % tras la depreciación de algunas de las monedas en las que opera la compañía, ha señalado la compañía en un comunicado.

La estrategia de Roca pasa por abrir el grifo de la inversión y mirar hacia arriba: destinó 126 millones de euros en 2025 a automatizar sus plantas con fábricas robotizadas, avanzar en sostenibilidad y explorar la integración de la inteligencia artificial aplicada a la salud en el baño. Pero el verdadero giro de guion es corporativo: reforzó su apuesta por los segmentos 'premium' y de lujo con la adquisición de la mayoría del fabricante italiano Antonio Lupi Design, especializado en equipamiento de baño de alta gama, y de la australiana Phoenix Industries, dedicada a la grifería de gama alta.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes: 

Eso es todo por esta semana. Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas. Ya sabes que si tienes tus propuestas o ideas me puedes escribir a contraoferta@eldiario.es. 

¡Un abrazo!

La batalla judicial entre los vecinos y el Ayuntamiento por el uso del auditorio del parque Enrique Tierno Galván continúa. La Asociación Vecinal Delicias para Todos ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que rechazó su impugnación del decreto municipal que regula la celebración de eventos en este espacio de Arganzuela.

La entidad vecinal sostiene que la resolución no resuelve adecuadamente las cuestiones jurídicas y urbanísticas planteadas y defiende que sigue abierto el debate sobre el uso de espacios verdes públicos para eventos privados de carácter lucrativo. El recurso se dirige contra la sentencia dictada el pasado 20 de mayo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que avaló el decreto aprobado por el distrito de Arganzuela para establecer las condiciones de uso del auditorio ubicado en el parque.

Desde la asociación señalan que dicho decreto no puede considerarse un simple acto administrativo, sino una disposición de carácter general que regula de forma permanente el régimen de utilización futura del anfiteatro y del entorno del parque. Según argumentan, la norma crea nuevas obligaciones, fija criterios vinculantes para futuras autorizaciones y, por tanto, debería haber seguido un procedimiento específico de aprobación y haber sido sometida al Pleno municipal.

La organización vecinal defiende que el caso trasciende el conflicto concreto sobre el auditorio y plantea cuestiones relevantes sobre la gestión de los espacios públicos urbanos. Entre ellas, destaca la necesidad de preservar el carácter público del parque Tierno Galván como zona verde y garantizar el cumplimiento de la normativa municipal que limita el uso particular de bienes de dominio público cuando este puede alterar su naturaleza y destino.

Asimismo, la asociación reclama que el derecho de la vecindad al uso y disfrute de los espacios públicos prevalezca frente a su explotación comercial. También exige mayores garantías de participación ciudadana en aquellas decisiones que tengan un impacto significativo sobre el entorno urbano y ambiental.

Los vecinos consideran que la apelación ofrece al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la oportunidad de fijar criterio sobre los límites entre los actos administrativos y las disposiciones de carácter general, así como sobre los mecanismos de participación exigibles cuando se adoptan decisiones con efectos estructurales sobre el espacio público.

Desde Delicias para Todos subrayan que nunca han cuestionado la celebración puntual de actividades culturales públicas y de acceso libre en el parque. Sin embargo, critican que se invoque de forma genérica el interés general o cultural para justificar la celebración reiterada de eventos privados y comerciales en un espacio concebido para el descanso, el esparcimiento y la convivencia vecinal.

La asociación enmarca además el conflicto en un debate más amplio sobre el modelo de ciudad. A su juicio, la situación del Tierno Galván refleja una preocupación compartida por colectivos vecinales de distintos barrios de Madrid ante lo que consideran una creciente mercantilización del espacio público y de las zonas verdes urbanas. La decisión final quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,.

La empresa Ribera Salud ha obtenido un nuevo contrato del Servicio Aragonés de Salud para cubrir consultas de Otorrinolaringología y Urología, además de guardias de esta última especialidad, en el Hospital de Barbastro. La adjudicación realizada el pasado 2 de junio responde a la falta de especialistas en la plantilla pública y se suma a otros contratos obtenidos en distintos hospitales de la comunidad.

Con este nuevo acuerdo, Ribera Salud acumula 3,2 millones de euros en poco más de un año en adjudicaciones hospitalarias en Aragón durante 2026, incluidas las prórrogas, de los cuales más de una tercera parte corresponde a Teruel, donde solo el contrato para consultas externas de Otorrinolaringología y Dermatología alcanza un valor estimado de 836.577 euros.

Desde abril de 2025, el Gobierno de Aragón ha adjudicado a Ribera Medical S.L.U. y a Torrevieja Salud S.L.U. —denominación anterior de la misma compañía— contratos para la prestación de servicios asistenciales en cinco hospitales y sectores sanitarios aragoneses.

En el Sector Sanitario de Huesca, Ribera asumió consultas externas de Rehabilitación y Otorrinolaringología por 164.175 euros.

En el Hospital de Barbastro, recibió una primera adjudicación de 192.000 euros para consultas externas de Otorrinolaringología, Rehabilitación y Urología, a la que se sumó posteriormente un segundo contrato de 288.250 euros para realizar 5.500 consultas de Otorrinolaringología y Urología y 62 guardias médicas de Urología.

En el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel, la compañía obtuvo un contrato de 398.370 euros para consultas externas y visitas en planta de Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología y Dermatología, además de tres adjudicaciones sucesivas para cubrir guardias médicas de Ginecología, Anestesia y Urología, por un importe conjunto de 398.100 euros. Además, el Ejecutivo de Aragón volvió a sacar a licitación recientemete un nuevo contrato para adjudicar para la prestación de guardias en el hospital Obispo Polanco por 199.000 euros, alegando una acción preventiva ante la posibilidad de que los recursos contratados hasta ahora no sean suficientes para lo que queda del año y poder así garantizar la continuidad asistencial más allá de las vacaciones, el exceso de trabajo y las bajas de los profesionales. Es decir, las guardias en el Hopital Obispo Polanco ascienden a 600.000 euros.

En el Sector Sanitario de Calatayud, se adjudicó un contrato de 140.318 euros para consultas externas de Traumatología, atención de urgencias traumatológicas y realización de procedimientos quirúrgicos con hospitalización.

Finalmente, en el Hospital de Alcañiz, Ribera recibió una adjudicación de 222.374,53 euros para prestar consultas externas, atención urgente e intervenciones quirúrgicas de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

En total, los contratos ya adjudicados a Ribera y Torrevieja Salud suman 2.002.588 euros, mientras que su valor estimado, incluyendo las posibles prórrogas previstas en los pliegos, alcanza los 3.186.830 euros.

Ribera Salud adquirió en diciembre de 2024 el grupo hospitalario aragonés HC (Hernán Cortés), operación que le permitió entrar por primera vez en la comunidad autónoma de Aragón. Además de los activos existentes, el hospital HC Miraflores y tres centros médicos, la operación incluía el impulso de un nuevo hospital privado en la zona de Miralbueno.

Tramitación urgente en Barbastro

El último expediente de Barbastro se tramitó por la vía de urgencia debido a la imposibilidad de garantizar la atención con medios propios. Según la documentación oficial, la escasez de especialistas ha provocado un aumento de las listas de espera y dificultades para asegurar la continuidad asistencial. Por ello, la Gerencia del Sector Sanitario considera imprescindible recurrir a la contratación externa de facultativos para mantener la actividad del hospital.

El contrato tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable por otros seis. Establece un precio máximo de 30,90 euros por consulta tanto en Otorrinolaringología como en Urología y prevé la realización de 3.000 consultas de ORL y 2.500 de Urología entre junio y diciembre. A ello se añaden las guardias médicas de Urología, cuya remuneración oscilará entre 1.750 y 2.350 euros por turno, en función de su duración.

Ribera Medical fue la única empresa que ha presentado oferta al concurso y prestará el servicio dentro de las instalaciones del Hospital de Barbastro. La adjudicación se resolvió mediante procedimiento abierto y la valoración otorgaba un peso destacado a la organización del servicio, la continuidad del equipo médico y la disponibilidad de consultas durante toda la semana. La oferta económica y la experiencia profesional completaban los criterios de puntuación.

El modelo externalizado incrementa el coste de las guardias en más de 100.000 euros en apenas seis meses respecto a una estimación equivalente dentro de la sanidad pública. No obstante, la Administración justifica esta fórmula por la necesidad de garantizar la asistencia sanitaria ante la falta inmediata de especialistas, aunque la documentación no detalla las causas concretas de ese déficit ni las alternativas estudiadas dentro del sistema público.

Críticas políticas

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, ha denunciado la precariedad sanitaria que atraviesa Aragón bajo el Gobierno de Jorge Azcón y ha reclamado que el dinero público se destine a fortalecer la sanidad pública tras denunciar que, con el Gobierno de PP y Vox, “la sanidad pública languidece mientras se destinan más de cinco millones de euros a privatizar consultas de especialistas y guardias”.

Alegría suma a las licitaciones realizadas las que aún están pendientes de adjudicación por valor de 1.540.213 euros, de modo que el volumen total de servicios sanitarios externalizados alcanzará los 4.727.043 euros.

La dirigente socialista ha advertido de que los problemas para cubrir plantillas están teniendo consecuencias concretas en hospitales, centros de salud y servicios asistenciales. Ha citado, entre otros ejemplos, la supresión del servicio de consultas externas por la falta de seis oncólogos en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; el cierre de camas hospitalarias en el Hospital Obispo Polanco, la suspensión de consultas en el Hospital de Alcañiz, las dificultades para organizar las guardias en el Hospital de Barbastro y las situaciones de saturación registradas en las Urgencias del Hospital Royo Villanova. Asimismo, ha recordado que en Traumatología se están produciendo retrasos diagnósticos con esperas superiores a los 500 días y que más de 6.000 pacientes llevan más de seis meses esperando una operación.

“Lo que necesita la sanidad aragonesa no son excusas ni privatizaciones encubiertas, sino gestión, planificación y una apuesta firme por los profesionales y por los pacientes”, ha concluido Alegría.

Por su parte, Teruel Existe ha denunciado la “privatización programada” de los servicios sanitarios en Aragón, especialmente en los hospitales de Teruel y Alcañiz, y ha reclamado un cambio de modelo basado en el refuerzo de la sanidad pública y de sus profesionales. Según estimaciones de Teruel Existe, estos servicios externalizados en el hospital de Teruel que han costado 600.000 euros podrían haberse prestado por unos 400.000 euros mediante gestión directa, lo que implicaría un sobrecoste cercano al 30%.

El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la entrega de 19 parcelas al Gobierno regional, que serán destinadas a abrir allí residencias de mayores. Todas serán construidas dentro del plan 40-40, con el que el Gobierno de Ayuso ha prometido 8.000 plazas (sumando también centros de día) a través de la privatización de parte de este servicio.

El plan, presentado por Isabel Díaz Ayuso hace un mes, fue rechazado de plano por la oposición, debido a que contempla que el 60% de las plazas que puedan ser privadas. Cada una de ellas se ofrecerá “con acceso a través de la prestación económica conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, explicó en su presentación el Gobierno regional.

Algunos municipios gobernados por el PSOE se han negado a ceder terrenos para este fin a la Comunidad salvo que les aseguren que lo que se levantará allí sean residencias 100% públicas. Para el Gobierno de Almeida, sin embargo, el sistema de gestión no es problema y la vicealcaldesa ha confirmado este jueves que se ceden sin coste y luego será la Consejería de Familia quien decida el modelo.

En su día, Ayuso defendió este modelo de privatizaciones para ampliar así “la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente, porque no podríamos construir tantos hospitales, reformar tantas obras y seguir creciendo a la velocidad que requiere una región como la nuestra.

La mutación demanial de las parcelas que entrega el Ayuntamiento de Madrid se exitende por 13 distritos de la ciudad y suma casi 200.000 m², según la información facilitada por el delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la Junta de Gobierno de este jueves. La vicealcaldesa ha añadido que han intentado buscar terrenos en todos los distritos, pero no han encontrado parcelas disponibles en algunos por las exigencias de metros cuadrados que demandaba el plan.

Este es el listado de terrenos afectados por las cesiones y sus superficies:

Fuencarral-El Pardo

San Blas-Canillejas

Usera

Puente de Vallecas

Villa de Vallecas

Villaverde

Vicálvaro

Carabanchel

Moratalaz

Barajas

Hortaleza

Moncloa-Aravaca

Ciudad Lineal

Los eventos privados en el Tierno Galván han llegado para quedarse. La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid ante el recurso presentado por la asociación vecinal Delicias para Tod@s por el uso del auditorio del parque, ubicado en el distrito de Arganzuela, para la celebración de eventos dado que “no concurren motivos de nulidad radical” de la normativa a aplicar.

En una sentencia del tribunal de instancia 29 de Madrid, fechada el pasado 20 de mayo, la magistrada desestima el recurso vecinal presentado contra el decreto de la concejala-presidenta del distrito, Dolores Navarro, en julio de 2024 e impone costas a la asociación al entender que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajusta a derecho. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La asociación vecinal argumentaba que el decreto presentaba “graves contradicciones y una fundamentación deficiente que desvirtúa la naturaleza del parque como zona verde de uso público”. Sin embargo, según apunta el fallo judicial, el texto, firmado por la concejala, “pretende hacer compatible el uso del auditorio por parte de la vecindad con eventos promovidos por entes públicos o particulares”.

Igualmente, la asociación sostenía que el decreto “introduce de manera improcedente el término 'interés general', cuando el artículo 207 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU) se refiere exclusivamente a la autorización de actos públicos por motivos de interés”. Señalaban que la normativa “no contempla ni permite la autorización de eventos privados con acceso restringido en este tipo de espacios” y que “al equiparar de forma artificiosa los actos promovidos por entes públicos y los promovidos por particulares, el decreto vulnera frontalmente la ordenanza, que establece que las zonas verdes no pueden ser objeto de privatización ni destinadas a fines particulares en detrimento de su destino público”.

La asociación sumaba a sus argumentos que no se respetó el trámite de información pública y que se vulneraron las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, “que establecen que las zonas verdes están destinadas al bienestar ciudadano garantizando el recreo y esparcimiento de la población”. Desde el Ayuntamiento contestaron que “no es en absoluto inviable desde el punto de vista jurídico tratar de compatibilizar diferentes tipos de usos sobre un mismo espacio público, estableciendo como predominante el público, pero permitiendo al mismo tiempo la existencia de otro tipo”.

También reflejaron la competencia de la concejala para otorgar autorizaciones y concesiones demaniales y que en ningún momento se vulneraron las normas urbanísticas porque “no se está produciendo ninguna alteración conceptual del parque en la medida en que el decreto regula las condiciones de uso de un espacio concreto ubicado dentro de él, el denominado auditorio anfiteatro, aunque también puede resultar de aplicación al resto”.

Tampoco eluden sobre la vulneración de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica que esta norma permite conceder autorización para superar los límites de emisión sonora establecidos por el propio texto. En cuanto a la ausencia del trámite de consulta pública, el Ayuntamiento aclaraba que era un decreto, un acto administrativo, no una norma.

Finalmente, la magistrada expone que, “examinadas las actuaciones, las alegaciones formuladas en la demanda, así como las vertidas en la contestación, el recurso no puede tener favorable acogida y debe ser desestimado toda vez que debe ser compartido el criterio mantenido por la Administración en la resolución impugnada, así como en su contestación minuciosa a la demanda”.

Sobre la ausencia en el decreto de la preeminencia del uso público del parque frente al privado, el fallo indica que “señala acertadamente la defensa de la Administración que la ponderación de los diferentes intereses implicados es una potestad discrecional que ostenta la concejala a la hora de conceder o denegar autorizaciones o concesiones demaniales sobre terrenos públicos, no equivaliendo el uso predominante ni es sinónimo de uso exclusivo.

Carabante, a favor de los eventos

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha considerado en rueda de prensa que es “una buena noticia que los tribunales respalden las actuaciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid” dado que “es posible utilizar el espacio público, hacer eventos, conciertos en la vía pública, en los parques, en las instalaciones de la ciudad de Madrid, y además hacerlo con plena garantía del derecho al descanso que tienen los madrileños”.

“Lo que pone de manifiesto esa sentencia que da razón al Ayuntamiento de Madrid es que la normativa que aplicamos permite la conciliación entre la necesidad de hacer eventos para uso y disfrute de todos los madrileños y nuestros visitantes con el derecho al descanso que tienen los vecinos en el entorno del Tierno Galván”, ha expresado el delegado. En la misma línea, Carabante ha aplaudido que Madrid siga convirtiéndose en el “epicentro de los grandes acontecimientos, los grandes eventos, no solo musicales sino culturales, en este caso también desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de accesibilidad por parte de los vecinos”.

Nuevas concentraciones en defensa del parque

Este fin de semana arrancan los festivales en el parque. El primero de la temporada será el Maudes Festival, que se instalará en el Tierno Galván los días 23, 30 y 31 de mayo. Después, llegará la Carbonería del Galván, que se celebrará del 24 de junio al 8 de julio.

Coincidiendo con la sentencia y la celebración del festival, los vecinos han organizado una concentración para protestar por la privatización del recinto. La asociación Delicias para Tod@s denuncia en un comunicado que “las zonas verdes del distrito son un patrimonio propio irrenunciable, que debe mantenerse y cuidarse por parte de nuestro gobierno municipal, y del que siempre se debe preservar su carácter público y abierto al uso y disfrute de la ciudadanía, como la normativa urbanística establece”.

Consideran que “la cesión de gran parte de uno de nuestros mayores parques a una empresa privada para que lo explote en beneficio propio” constituye una privatización de sus derechos y “una agresión injustificable” a la naturaleza urbana que incumple el artículo 206 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente. 

Del mismo modo, señalan que “las actuaciones musicales continuadas suponen una agresión inaceptable el derecho a la privacidad, a la salud y al descanso de los vecinos” reconocido en el artículo 18 de la Ordenanza de Protección de la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT). También hacen referencia a que el Ayuntamiento de Madrid “autoriza superar el límite establecido en el artículo 15 de la OPCAT para las zonas residenciales, permite que se llegue a los 70 dB a metro y medio de las fachadas”.

Para denunciar lo que consideran “agresiones”, las asociaciones vecinales Nuevo Legazpi, Delicias para Tod@s, Unión Vecinal El Barrio no se Tala, Nudo Sur y Pasillo Verde Imperial, junto con Ecologistas en Acción y la Mesa Ciudadana del Árbol, han convocado una concentración este sábado 23 de mayo a las 19.00 horas en el paseo que une la chimenea con el anfiteatro en el Parque Tierno Galván bajo el lema “¡Basta ya del festival! No al Maudes 2026”.

El Parlament balear ha donat llum verda aquest dimarts a la reforma de la llei autonòmica de ports impulsada per PP i Vox després d'un debat marcat per les acusacions d'una major privatització del litoral, l'ampliació de les concessions a empreses privades i la controvèrsia per la vinculació familiar del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, amb el port esportiu d'Addaia, a Menorca.

En concret, la nova norma amplia de 35 a 50 anys el termini màxim de les concessions portuàries, a més d'introduir nous usos comercials i recreatius, canvis en la gestió d'embarcacions abandonades i modificacions en el funcionament dels ports autonòmics. Tant populars com extrema dreta han asseverat durant el debat que la reforma permetrà harmonitzar la legislació balear amb l'estatal i la de la resta de comunitats autònomes, a més de reivindicar l'ampliació de concessions i la flexibilització administrativa com a eines per atreure inversions, aportar “seguretat jurídica” i reforçar la competitivitat del sector nàutic balear.

El dictamen aprovat defensa expressament el paper econòmic i social dels clubs nàutics, els ports esportius i les marines privades a Balears i subratlla la necessitat de garantir un “equilibri” entre els diferents models de gestió portuària. El text sosté que aquestes instal·lacions constitueixen “un pilar essencial del model turístic i econòmic” de les illes en generar l'1,9% del PIB balear i reivindica tant la funció social i esportiva d'aquestes entitats com el seu paper en l'impuls del turisme nàutic, la creació d'ocupació i l'atracció d'inversions.

En aquest sentit, els grups d'esquerres denuncien que la nova llei barreja deliberadament els interessos dels clubs nàutics sense ànim de lucre amb els de les marines privades i fons empresarials. Mentre els primers solen funcionar com a entitats sense ànim de lucre vinculades a l'esport base, les escoles de vela i l'activitat social marítima, les marines i nombrosos ports esportius operen sota un model de gestió empresarial i una lògica mercantil centrada, principalment, en l'explotació d'amarratges, serveis de restauració i comerç, lloguers i turisme nàutic d'alt poder adquisitiu. L'oposició sosté que, en ampliar els terminis d'explotació sobre domini públic portuari fins als 50 anys, les concessionàries privades veuran revaloritzats els seus actius i disposaran d'un horitzó de negoci molt més llarg i rendible per atreure inversió privada.

“Plusvàlues multimilionàries”

Per la seva banda, el portaveu adjunt del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha assegurat que els socialistes sí que donaven suport a ampliar fins a 50 anys les concessions dels clubs nàutics, però ha acusat PP i Vox de negar-se a separar aquest règim de l'aplicable a les marines privades. No debades, els socialistes, com ell mateix ha defensat, havien plantejat una fórmula per beneficiar exclusivament entitats sense ànim de lucre i d'utilitat pública, però la proposta ha estat rebutjada per la majoria.

Pons ha subratllat que la reforma suposa atorgar “plusvàlues multimilionàries” a empreses privades en allargar quinze anys més l'explotació d'espais portuaris i ha criticat que s'hipotequin decisions que, al seu judici, haurien de prendre futurs governs d'aquí a una dècada, quan vencin moltes de les concessions actuals. “El problema és que han barrejat clubs nàutics i marines dins un mateix article”, ha recriminat el socialista, que ha arribat a advertir que algunes marines podrien acabar en mans de fons d'inversió abans d'expirar les seves actuals concessions.

El diputat també ha introduït durant la seva intervenció la controvèrsia que envolta el conseller Juan Manuel Lafuente en assenyalar que la reforma s'ha vist “contaminada” per “els interessos de la família del conseller al voltant d'una marina en concret”. La polèmica va esclatar a mitjans de l'any passat arran de la vinculació familiar del conseller de la Mar amb el port esportiu d'Addaia, la concessió del qual podria beneficiar-se de l'ampliació de terminis prevista a la llei. Tot i que la Comissió d'Ètica Pública va concloure recentment que no hi ha un conflicte d'interessos “real o efectiu”, el mateix dictamen va reconèixer una “aparença de conflicte” i va recomanar al conseller abstenir-se en futures situacions similars.

Des de Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha acusat el Govern de desaprofitar l'oportunitat d'impulsar “una reforma profunda, moderna i equilibrada” i ha denunciat que la llei respon únicament a “una mirada econòmica i concessionària”. L'ecosobiranista ha criticat especialment l'ampliació de concessions, la flexibilització d'usos comercials i la reducció de controls ambientals i urbanístics. “Barra lliure urbanística per terra, mar i aire”, ha resumit durant la seva intervenció.

Ramon ha alertat, a més, que el model impulsat per PP i Vox afavoreix la “mercantilització” dels ports i expulsa la ciutadania de la mar mitjançant l'encariment d'amarratges i la proliferació de grans embarcacions i iots. “Més vaixells per a guiris i menys per a la gent d'aquí”, ha afirmat. En aquesta línia, ha retret al Govern haver rebutjat totes les seves esmenes dirigides a reforçar les garanties ambientals, limitar usos comercials, reservar amarratges socials, introduir mesures contra la massificació marítima o augmentar la participació ciutadana en la gestió portuària.

En una línia similar, Josep Castells ha qualificat la reforma directament de “fiasco” i ha asseverat que els principals perjudicats acabaran sent precisament els clubs nàutics que el PP i Vox asseguren protegir. En aquest sentit, ha advertit que l'absència d'una discriminació positiva a favor d'entitats socials i esportives conduirà a una “inèrcia imparable cap a la privatització dels ports”, ja que els clubs nàutics tindran cada vegada més dificultats per competir amb empreses privades i fons d'inversió.

Des d'Unides Podem, José María García ha rebutjat la reforma en considerar que consolida la privatització d'espais públics costaners en benefici de concessionàries privades i actuals gestors portuaris. El diputat ha defensat que la llei busca garantir “la continuïtat en la gestió” de clubs nàutics i marines esportives amb concessions pràcticament “a perpetuïtat” en lloc d'obrir la porta a nous projectes o reforçar la gestió pública. Així mateix, ha recriminat que la norma “elimina pràcticament qualsevol rastre de l'administració” en els espais portuaris de gestió privada i ha criticat l'ampliació d'usos comercials i de restauració als ports. També ha advertit que concessions de fins a 50 anys poden fer que la ciutadania acabi oblidant que aquests espais formen part del domini públic marítim-terrestre.

El PP defensa que no hi haurà cap “xec en blanc”

Davant les crítiques, el diputat del PP Sebastià Mesquida ha defensat que la reforma no suposarà cap “xec en blanc” per a les concessionàries i ha negat que les pròrrogues vagin a ser automàtiques. El diputat popular encarregat de defensar la norma ha sostingut que la llei introdueix criteris objectius i requisits específics per als clubs nàutics i ha assegurat que l'objectiu és blindar la seva activitat social i esportiva.

Els populars també han defensat que l'ampliació de concessions permetrà atreure inversions i adaptar la normativa balear a la legislació estatal i autonòmica vigent. “No volem ser més que ningú, però tampoc menys que els altres”, han afirmat durant el debat parlamentari.

Des de la bancada de Vox, la diputada María Jesús Verdú ha defensat que la reforma era necessària per adaptar la normativa balear a la legislació estatal i a la resta de comunitats autònomes, en considerar que les illes havien quedat “endarrerides” en matèria portuària. La parlamentària ha sostingut que la llei permetrà “millorar la gestió portuària”, reforçar la seguretat jurídica i garantir estabilitat a un sector “estratègic” per a Balears. En aquesta línia, també ha carregat contra el model basat exclusivament en concursos públics en afirmar que havia provocat una “escalada de preus”, pèrdua de projectes locals i entrada d'empreses externes o fons sense arrelament a les illes. Segons ha defensat, la nova llei servirà per protegir el teixit nàutic balear, incentivar inversions i reduir burocràcia davant una esquerra que, al seu judici, vol “controlar-ho tot”.

A més d'ampliar el termini màxim de les concessions sobre domini públic portuari, la nova llei reconeix com a infraestructures essencials determinats elements del sistema portuari, com els camps de boies, les marines seques i la xarxa de rampes públiques d'accés a la mar. La norma incorpora, a més, mesures de simplificació administrativa, entre elles l'actualització del registre electrònic d'usuaris d'amarratges i l'agilització de procediments relatius a obres portuàries i retirada d'embarcacions abandonades. En matèria d'usos portuaris, el text fixa límits màxims per a les superfícies destinades a activitats comercials i de restauració dins dels ports autonòmics i modifica el règim de taxes portuàries per limitar les revisions de cànons i quotes concessionals, especialment en el cas d'entitats esportives sense ànim de lucre. La norma entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

El Parlament balear ha dado luz verde este martes a la reforma de la ley autonómica de puertos impulsada por PP y Vox tras un debate marcado por las acusaciones de una mayor privatización del litoral, la ampliación de las concesiones a empresas privadas y la controversia por la vinculación familiar del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, con el puerto deportivo de Addaia, en Menorca.

En concreto, la nueva norma amplía de 35 a 50 años el plazo máximo de las concesiones portuarias, además de introducir nuevos usos comerciales y recreativos, cambios en la gestión de embarcaciones abandonadas y modificaciones en el funcionamiento de los puertos autonómicos. Tanto populares como extrema derecha han aseverado durante el debate que la reforma permitirá armonizar la legislación balear con la estatal y la del resto de comunidades autónomas, además de reivindicar la ampliación de concesiones y la flexibilización administrativa como herramientas para atraer inversiones, aportar “seguridad jurídica” y reforzar la competitividad del sector náutico balear.

El dictamen aprobado defiende expresamente el papel económico y social de los clubes náuticos, los puertos deportivos y las marinas privadas en Balears y subraya la necesidad de garantizar un “equilibrio” entre los distintos modelos de gestión portuaria. El texto sostiene que estas instalaciones constituyen “un pilar esencial del modelo turístico y económico” de las islas al generar el 1,9% del PIB balear y reivindica tanto la función social y deportiva de estas entidades en el impulso del turismo náutico, la creación de empleo y la atracción de inversiones.

En este sentido, los grupos de izquierdas denuncian que la nueva ley mezcla deliberadamente los intereses de los clubes náuticos sin ánimo de lucro con los de las marinas privadas y fondos empresariales. Mientras los primeros suelen funcionar como entidades sin ánimo de lucro vinculadas al deporte base, las escuelas de vela y la actividad social marítima, las marinas y numerosos puertos deportivos operan bajo un modelo de gestión empresarial y lógica mercantil centrado, principalmente, en la explotación de amarres, servicios de restauración y comercio, alquileres y turismo náutico de alto poder adquisitivo. La oposición sostiene que, al ampliar los plazos de explotación sobre dominio público portuario hasta los 50 años, las concesionarias privadas verán revalorizados sus activos y dispondrán de un horizonte de negocio mucho más largo y rentable para atraer inversión privada.

Durante el debate, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha ironizado sobre el discurso liberal de la derecha que PP y Vox defiendan la libre competencia mientras impulsan una ampliación de concesiones que, a su juicio, limita la posibilidad de nuevos concursos públicos. En su intervención, el diputado ecosoberanista ha criticado que la reforma favorece a quienes ya gestionan marinas y puertos deportivos y ha advertido de que, sin mecanismos de discriminación positiva para los clubes náuticos, el modelo acabará beneficiando a operadores privados con mayor capacidad económica.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha asegurado que los socialistas sí apoyaban ampliar hasta 50 años las concesiones de los clubes náuticos, pero ha acusado a PP y Vox de negarse a separar ese régimen del aplicable a las marinas privadas. No en vano, los socialistas, como él mismo ha defendido, habían planteado una fórmula para beneficiar exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro y de utilidad pública, pero la propuesta ha sido rechazada por la mayoría.

“Plusvalías multimillonarias”

Pons ha subrayado que la reforma supone otorgar “plusvalías multimillonarias” a empresas privadas al alargar quince años más la explotación de espacios portuarios y ha criticado que se hipotequen decisiones que, a su juicio, deberían tomar futuros gobiernos dentro de una década, cuando venzan muchas de las concesiones actuales. “El problema es que han mezclado clubes náuticos y marinas dentro de un mismo artículo”, ha recriminado el socialista, que ha llegado a advertir de que algunas marinas podrían acabar en manos de fondos de inversión antes de expirar sus actuales concesiones.

El diputado también ha introducido durante su intervención la controversia que rodea al conseller Juan Manuel Lafuente al señalar que la reforma se ha visto “contaminada” por “los intereses de la familia del conseller en torno a una marina en concreto”. La polémica estalló a mediados del pasado año a raíz del conseller del Mar con el puerto deportivo de Addaia, cuya concesión podría beneficiarse de la ampliación de plazos prevista en la ley. Aunque la Comisión de Ética Pública concluyó recientemente que no existe un conflicto de intereses “real o efectivo”, el propio dictamen reconoció una “apariencia de conflicto” y recomendó al conseller abstenerse en futuras situaciones similares.

Desde Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon ha acusado al Govern de desaprovechar la oportunidad de impulsar “una reforma profunda, moderna y equilibrada” y ha denunciado que la ley responde únicamente a “una mirada económica y concesionaria”. La ecosoberanista ha criticado especialmente la ampliación de concesiones, la flexibilización de usos comerciales y la reducción de controles ambientales y urbanísticos. “Barra libre urbanística por tierra, mar y aire”, ha resumido durante su intervención.

Ramon ha alertado, además, de que el modelo impulsado por PP y Vox favorece la “mercantilización” de los puertos y expulsa a la ciudadanía de la mar mediante el encarecimiento de amarres y la proliferación de grandes embarcaciones y yates. “Más barcos para guiris y menos para la gente de aquí”, ha afirmado. En esta línea, ha reprochado al Govern haber rechazado todas sus enmiendas dirigidas a reforzar las garantías ambientales, limitar usos comerciales, reservar amarres sociales, introducir medidas contra la masificación marítima o aumentar la participación ciudadana en la gestión portuaria.

En una línea similar, Josep Castells ha calificado la reforma directamente de “fiasco” y ha aseverado que los principales perjudicados acabarán siendo precisamente los clubes náuticos que PP y Vox aseguran proteger. En este sentido, ha advertido de que la ausencia de una discriminación positiva a favor de entidades sociales y deportivas conducirá a una “inercia imparable hacia la privatización de los puertos”, ya que los clubes náuticos tendrán cada vez más dificultades para competir con empresas privadas y fondos de inversión.

Desde Unides Podem, José María García ha rechazado la reforma al considerar que consolida la privatización de espacios públicos costeros en beneficio de concesionarias privadas y actuales gestores portuarios. El diputado ha defendido que la ley busca garantizar “la continuidad en la gestión” de clubes náuticos y marinas deportivas con concesiones prácticamente “a perpetuidad” en lugar de abrir la puerta a nuevos proyectos o reforzar la gestión pública. Asimismo, ha recriminado que la norma “elimina prácticamente cualquier rastro de la administración” en los espacios portuarios de gestión privada y ha criticado la ampliación de usos comerciales y de restauración en los puertos. También ha advertido de que concesiones de hasta 50 años pueden hacer que la ciudadanía termine olvidando que esos espacios forman parte del dominio público marítimo-terrestre.

El PP defiende que no habrá ningún “cheque en blanco”

Frente a las críticas, el diputado del PP Sebastià Mesquida ha defendido que la reforma no supondrá ningún “cheque en blanco” para las concesionarias y ha negado que las prórrogas vayan a ser automáticas. El diputado popular encargado de defender la norma ha sostenido que la ley introduce criterios objetivos y requisitos específicos para los clubes náuticos y ha asegurado que el objetivo es blindar su actividad social y deportiva.

Los populares también han defendido que la ampliación de concesiones permitirá atraer inversiones y adaptar la normativa balear a la legislación estatal y autonómica vigente. “No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás”, han afirmado durante el debate parlamentario.

Desde la bancada de Vox, la diputada María Jesús Verdú ha defendido que la reforma era necesaria para adaptar la normativa balear a la legislación estatal y al resto de comunidades autónomas, al considerar que las islas habían quedado “rezagadas” en materia portuaria. La parlamentaria ha sostenido que la ley permitirá “mejorar la gestión portuaria”, reforzar la seguridad jurídica y garantizar estabilidad a un sector “estratégico” para Balears. En esta línea, también ha cargado contra el modelo basado exclusivamente en concursos públicos al afirmar que había provocado “escalada de precios”, pérdida de proyectos locales y entrada de empresas externas o fondos sin arraigo en las islas. Según ha defendido, la nueva ley servirá para proteger el tejido náutico balear, incentivar inversiones y reducir burocracia frente a una izquierda que, a su juicio, quiere “controlarlo todo”.

Además de ampliar el plazo máximo de las concesiones sobre dominio público portuario, la nueva ley reconoce como infraestructuras esenciales determinados elementos del sistema portuario, como los campos de boyas, las marinas secas y la red de rampas públicas de acceso al mar. La norma incorpora además medidas de simplificación administrativa, entre ellas la actualización del registro electrónico de usuarios de amarres y la agilización de procedimientos relativos a obras portuarias y retirada de embarcaciones abandonadas. En materia de usos portuarios, el texto fija límites máximos para las superficies destinadas a actividades comerciales y de restauración dentro de los puertos autonómicos y modifica el régimen de tasas portuarias para limitar las revisiones de cánones y cuotas concesionales, especialmente en el caso de entidades deportivas sin ánimo de lucro. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

Hay un dogma que se repite con tanta frecuencia que ha acabado pareciendo sentido común: lo privado es eficiente, lo público es un despilfarro. Es una afirmación que no resiste el contraste con los datos, pero que ha servido durante décadas para justificar la externalización sistemática de servicios esenciales que se financian con dinero público y que afectan directamente a la vida de los andaluces.

En Andalucía, servicios como la limpieza de centros sanitarios y educativos, la atención domiciliaria a personas dependientes, los comedores escolares o el mantenimiento de infraestructuras públicas están mayoritariamente en manos de empresas privadas que cobran un margen de beneficio —entre el 15% y el 25% del contrato— por ser intermediarias entre el dinero público y el trabajador que presta el servicio. Ese margen no genera ningún valor para el ciudadano. Solo enriquece al intermediario.

La evidencia europea es contundente. El sistema sanitario público del Reino Unido gasta el 9,8% del PIB en salud y obtiene una esperanza de vida de 81,3 años. Estados Unidos, con un modelo mayoritariamente privado, gasta el 16,8% del PIB y obtiene 78,9 años. Más del doble de gasto, peores resultados. Los países nórdicos tienen los mejores sistemas educativos del mundo con gestión 100% pública. Finlandia, Dinamarca y Suecia lideran todos los índices de calidad de vida precisamente porque sus servicios esenciales están directamente gestionados por la administración, sin intermediarios que se lleven parte del presupuesto.

La externalización tiene además costes ocultos que raramente aparecen en los argumentarios de quienes la defienden. El diseño de pliegos, los procesos de licitación, la supervisión de contratos, la gestión de incumplimientos y las renegociaciones pueden suponer entre el 10% y el 15% adicional del presupuesto. A eso se añade la alta rotación de personal —entre el 30% y el 40% anual en muchos servicios externalizados en Andalucía— que deteriora directamente la calidad: en atención a personas dependientes, en educación, en sanidad, la continuidad del profesional que atiende a una persona no es un lujo. Es la base misma de la calidad del servicio.

La propuesta de internalización progresiva de servicios esenciales en Andalucía no es ideología. Es una decisión de eficiencia organizativa perfectamente amparada por la legislación vigente. La Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen expresamente la libertad de las administraciones para determinar la forma de gestión más adecuada de sus servicios. No hay obligación de externalizar. Hay libertad de elegir el modelo más eficiente socialmente. El Tribunal Supremo, en sentencia de mayo de 2019, ha ratificado expresamente la legitimidad de la reversión de servicios externalizados.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo

Los servicios prioritarios para iniciar este proceso son claros: limpieza de centros sanitarios y educativos, atención domiciliaria a dependientes, comedores escolares, mantenimiento de infraestructuras públicas y servicios auxiliares sanitarios. En conjunto, representan en Andalucía una bolsa de más de 24.000 puestos de trabajo que hoy se prestan en condiciones de alta precariedad y que podrían transformarse en empleo público estable, con derechos plenos y con carrera profesional real.

El proceso debe ser gradual y ordenado: auditoría real de los costes de externalización en cada servicio, identificación de los contratos prioritarios, calendario de reversión respetando los contratos vigentes sin renovarlos, y subrogación automática del personal con reconocimiento de antigüedad, mejora salarial media del 15-20% por equiparación a convenios públicos y acceso a la formación continua y la carrera profesional. Este proceso ha sido aplicado con éxito en municipios de varias comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos españoles en los últimos años.

Hay también una dimensión territorial que en Andalucía resulta especialmente relevante. Las empresas privadas priorizan zonas rentables y tienden a descuidar zonas rurales o barrios con menos capacidad de presión. La gestión pública garantiza el mismo nivel de servicio en todo el territorio, sin discriminación por rentabilidad comercial. En los municipios del interior andaluz, en las comarcas con riesgo de despoblamiento, eso no es un detalle menor: es con frecuencia la diferencia entre tener servicios de calidad o no tenerlos.

Quienes argumentan que la gestión pública genera rigidez laboral olvidan que la estabilidad del profesional es precisamente lo que genera calidad en servicios donde la relación de confianza entre el trabajador y el ciudadano —el médico, el cuidador, el educador— es el núcleo del servicio mismo. Y quienes argumentan que no hay dinero para financiar la internalización olvidan que ese dinero ya existe: es el que hoy se destina a pagar los márgenes empresariales, los costes de transacción y la gestión de los incumplimientos contractuales.

Andalucía puede y debe tomar esta decisión con claridad. No como medida ideológica, sino como apuesta por la eficiencia real, por la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos y por la dignidad de los trabajadores que los prestan. Es lo que hacen los países europeos más avanzados. Y es lo que Andalucía merece.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha recurrido el segundo intento por parte del ayuntamiento de este municipio de Ciudad Real de privatizar la gestión del agua, después de que el pasado 11 de marzo, la Junta de Gobierno Local aprobase la segunda adjudicación del contrato del servicio público de abastecimiento, saneamiento y depuración del municipio.

La plataforma ha presentado su recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, al considerar que el Ayuntamiento “ha cometido un nuevo error en esta segunda adjudicación al igual que lo hizo en la primera”.

A juicio de este colectivo, que mantiene abierta una batalla abierta desde comienzos del año 2025 frente a la privatización del servicio de agua en el municipio, la adjudicación se ha realizado “sin respetar los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad”. Lo argumenta en el hecho de que no se ha procedido a una nueva valoración y clasificación de las ofertas e incluso cree que se ha vulnerado la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional

Según indica la plataforma, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido la tramitación del procedimiento de contratación hasta la resolución de este recurso.

“Este error no es el primero que el ayuntamiento comete en esta licitación que presenta ya muchas máculas como es el fallo de este mismo tribunal que, en junio del 2025, dio la razón al recurso interpuesto por una de las empresas ofertantes indicando 'graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso' lo que provocó que la primera adjudicación no prosperase”, advierten.

25 años de concesión que, dicen, no se justifica

Desde su punto de vista, “el proceso ha adolecido de otras carencias importantes en fases previas como son la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión y la falta del obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio. según las leyes que le aplican. En concreto citan la Ley de Contratos del Sector Público y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

“El Ayuntamiento sigue sin estudiar cual sería el mejor modelo de gestión para Daimiel limitándose a hacer aseveraciones como que notiene recursos o que no salen las cuentas”. Es el argumento que viene manteniendo el consistorio gobernado por el PP desde que se iniciase el proceso.

Desde la plataforma ver contradictoria su postura. “Si salen las cuentas para una empresa, saldrían las cuentas para este Ayuntamiento”. No es tampoco la primera vez que contraargumenta así este colectivo ciudadano. Con un servicio público, aseguran, “el Ayuntamiento, al menos, se ahorraría parte de los impuestos, el reparto de beneficios y la mejora de inversiones vía subvenciones”.

Reclaman que se declare desierta o se desista de la adjudicación

A las pegas que cita la plataforma, se suma también la interposición en septiembre del año pasado de un nuevo recurso por parte de la primera empresa adjudicataria ya excluida de la licitación. “Si este recurso prosperase, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la empresa excluida y firmar con ella este contrato” y en caso de que ya se hubiese suscrito con otra, “tendría que resolverlo indemnizar también a esta segunda empresa y devolverle las inversiones realizadas no amortizadas que en al plazo del contrato ascienden a un total de 12 millones de euros”.

La plataforma pide al ayuntamiento que desista o declare desierta la que considera una “cuestionada licitación” no solo, explican, por “el nuevo error cometido al no realizar una correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional”, sino por las presuntas “graves irregularidades que afectan a la transparencia y validez del proceso de licitación”, la falta de justificación suficiente del plazo de 25 años de concesión o del “obligatorio estudio comparativo de modelos de gestión para el servicio” que marca la ley.

También lo reclaman apelando a los “posibles perjuicios económicos millonarios” que puede causar a los daimieleños el recurso interpuesto por la empresa excluida si este prosperase. En su opinión, esta es “la opción menos mala que como mucho implicaría asumir las posibles indemnizaciones a las empresas ofertantes”.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha alzado la voz en el Gobierno de Cantabria contra lo que considera una “progresiva privatización” de la gestión cultural en la región. El sindicato atribuye esta dinámica a la escasez de personal propio, una situación que se ha producido recientemente en el Museo Etnográfico de Cantabria.

UGT rechaza que este centro –público y de acceso gratuito– tenga que cerrar algunos días e incluso algunas tardes al no haberse contratado “al personal suficiente”. A juicio del sindicato, se trata de “una muestra clara de la nula apuesta por lo público y la cultura” por parte del Ejecutivo cántabro.

La organización sindical sostiene que esta situación refleja la “lamentable dejadez que abarca ámbitos prioritarios como Sanidad y Educación y que atenta también contra derechos propios de una sociedad civilizada y en vanguardia”. En su denuncia, UGT postula que en Cantabria el sector público no cuida “ni siquiera lo que nos puede dar dinero”, y pone sobre la mesa el caso de la Casa del Héroe Velarde, que continúa cerrada tan solo unos días antes de la celebración del 2 de mayo. 

En este escenario, los sindicalistas reclaman al Gobierno, “de una vez por todas”, una política de recursos humanos pública, necesaria y obligada para corresponder a la riqueza cultural de la región: “La responsabilidad del cuidado y la difusión de ese patrimonio recae exclusivamente en la Administración autonómica”.

UGT asegura que desde el inicio de la legislatura presente, ha estado reclamando una planificación del personal necesario para cubrir los recursos culturales de la comunidad. “Hemos tenido dos reuniones en tres años con la máxima representación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, donde hubo compromiso de que se potenciaría la contratación y la atención de nuestros centros culturales con empleados públicos”.

Sin embargo, a punto de comenzar el último año de legislatura “nada se ha hecho”, dice el sindicato, y que “la privatización silenciosa sigue su curso”. En esta línea, denuncia que las necesidades laborales con personal propio, que no se realizan procesos de selección desde hace años y que “en la oferta pública de este año tampoco se ha aceptado la propuesta de UGT de incluir plazas de esta categoría profesional”. 

UGT añade que en la Administración General del Gobierno de Cantabria no se convocan oposiciones de la categoría de guía cultural desde hace 15 años. El sindicato concluye que la falta de recursos humanos compromete el potencial turístico y económico del patrimonio cultural cántabro, al considerar que espacios como el futuro Museo de Prehistoria no podrán atraer visitantes si no cuentan con personal suficiente.

Las manos que levantan, lavan, visten, dan de comer, acompañan y apoyan, pero también a menudo limpian, cocinan, hacen la compra y cuidan la ropa a nuestros mayores y dependientes se han visto abocadas a sostener pancartas de huelga. Son esas mujeres que merecen un monumento pero obtienen precariedad cambio de su trabajo esencial. El conflicto de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a la Domicilio (SAD) en Cantabria pone rostro —triste y vergonzosamente— a una crisis de cuidados desatendida por las instituciones que lleva décadas gestándose en una Cantabria con población envejecida que necesita cuidados por demás. 

Entre licitaciones a la baja y empresas multiservicios, mientras el Gobierno habla de eficiencia, ellas reclaman un convenio justo y denuncian el abandono de un sistema de dependencia que ha convertido un derecho esencial en un negocio de gestión indirecta. Porque hace dos años largos desde que el gabinete de Buruaga se propusiera reorganizar el SAD y la atención a cuidadores familiares con el objetivo de lograr “más agilidad y eficiencia”, pero lo que ha ido ocurriendo de hecho forma parte de un modus operandi que desemboca en esta necesaria huelga: la reorganización pasó de querer “evitar duplicidades” a multiplicar despidos que dejaban el servicio cojo, a acumular incumplimientos del contrato de licitación y, en general, maltrato a las trabajadoras y abandono de las personas dependientes, víctimas finales de toda visión técnica y deshumanizada de los cuidados.  

Las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas

A las denuncias sobre el retraso de hasta un año en la atención —seis meses en la tramitación y dos, cuatro y hasta otros seis de demora por mala gestión, según testimonios recogidos por Cantabria No Se Vende—, las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas propuestas por estas empresas, que gestionan servicios de atención buscando beneficios puramente económicos, lo que explica la situación. Es lo que ocurre cuando ofreces sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a una labor sensible con un ritmo de trabajo que genera, con cierta regularidad, problemas de ansiedad.  

Por todo ello, nuestras trabajadoras del SAD han puesto pie en pared. El colectivo, que atiende a más de 4.000 dependientes en Cantabria, reclama un convenio autonómico y el reconocimiento como servicio público esencial de su trabajo, desde una fuerte y clara consciencia de que si ellas paran, lo sufrirán, ante todo, los usuarios. 

Y no es una cuestión de siglas, sino de modelo, concretamente de modelo neoliberal. Porque no ha sido solo el PP quien ha ahondado en la tendencia privatizadora de este trabajo tan esencial, entregando un área de alta sensibilidad al ámbito del negocio puro y duro. El gobierno del PRC-PSOE privatizó la ayuda a domicilio sacando a licitación el servicio, lo que supuso precarizar unas condiciones de trabajo ya precarizadas, porque las empresas (entonces la UTE QSAD) querían presentarse al concurso en condiciones cada vez más ventajosas. Gota a gota, entre unos y otros, han ido adelgazando el sistema para desgracia de sus usuarios, la personas dependientes, y sus familias.  

Lo dije hace tiempo y, por desgracia, no me queda sino seguir repitiéndolo: es importante romper el ‘techo de cristal’ para mujeres que desean llegar a puestos directivos, pero lo es incluso más acabar con el ‘suelo pegajoso’ al que están abocadas mujeres que realizan unas tareas tan desagradecidas y silenciosas como fundamentales, las tareas de cuidados. Cuidar a las que cuidan. Se trata de un sector feminizado ergo, precarizado y depauperado y en el que se dejan la piel, especialmente, mujeres migrantes, muchas chantajeadas por el miedo a perder un contrato que facilita la residencia. En este mundo al revés de los valores en que vivimos, quienes hacen las tareas más importantes para el sostenimiento de la vida reciben un trato indecente. La feminización y minorización del trabajo doméstico y de cuidados son inversamente proporcionales al inmenso valor social de las tareas más esenciales para la vida.

El índice Derechos, Economía y Cobertura (DEC) elaborado por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, ha calificado de “irrelevantes” los Servicios Sociales de Cantabria, que obtiene la nota más baja de toda España con un 4,16 sobre 10. Según este informe, la Comunidad Autónoma tiene una “tendencia acusadamente descendente” en el desarrollo de sus servicios sociales desde 2013, lo que incluye estructuras básicas de servicios sociales como la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. 

El SAD es el ejemplo más claro de pérdida de calidad por externalización. Los ayuntamientos, financiados en parte por el Gobierno autonómico, delegan este servicio en empresas, a menudo multiservicios, lo cual ha provocado constantes quejas sindicales por la precarización de las trabajadoras. Pero es que al tiempo, se ha renunciado a la creación de una infraestructura pública, dejando que el mercado privado más ávido de meter la mano en el Estado de Bienestar cubra las necesidades de una población muy envejecida. Vivimos en una sociedad lo bastante absurda como para poner los cuidados en manos empresas que lo mismo te gestionan un residuo urbano o una zona ajardinada que la asistencia domiciliaria. 

La privatización de la dependencia en Cantabria, ejecutada mediante conciertos con empresas privadas y el estancamiento de la red pública, ha convertido un derecho social en un nicho de mercado. Esta gestión indirecta agrava la crisis de los cuidados, al desplazar la responsabilidad del Estado hacia familias agotadas y empleos precarios. Mientras el sistema priorice el beneficio empresarial sobre la atención directa, la falta de una infraestructura pública sólida dejará a los más vulnerables a merced de la desigualdad económica. Solo una apuesta por la gestión pública directa podrá garantizar que cuidar y ser cuidado no dependa del código postal o la cuenta corriente.

El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud, suscrito el 31 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de enero de 2026.

“Es un primer paso en la defensa de la salud pública y los intereses de toda la ciudadanía de Cantabria frente al impulso privatizador del gobierno del PP y la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, admite el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

IU suma así su trabajo al de entidades en defensa de la sanidad pública “para que los millones de euros que el PP prevé desviar a un hospital privado se mantengan en la red pública para reforzar los servicios que atienden a todo el mundo sin distinción”.

El Gobierno debe remitir el expediente en 20 días improrrogables

El órgano judicial reconoce a IU como parte personada en el procedimiento, dando inicio formal a la fase judicial del proceso. La resolución deja claro que la admisión se produce sin perjuicio de lo que resulte del examen del expediente administrativo, es decir, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El juzgado ha acordado asimismo reclamar al Gobierno de Cantabria el envío del expediente administrativo completo, que deberá ser remitido en un plazo improrrogable de 20 días, cumpliendo con los requisitos legales de integridad, orden y autenticidad establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Además, la resolución judicial ordena a la Administración que practique los emplazamientos legales a las personas o entidades que pudieran resultar interesadas en el procedimiento, debiendo justificar ante el juzgado que dichas notificaciones han sido correctamente efectuadas.

El auto recuerda también al gobierno autonómico su obligación legal de colaborar con la justicia, facilitando la remisión del expediente y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.

Desde Izquierda Unida se valora esta admisión a trámite como un paso necesario y relevante para garantizar la transparencia y el control judicial sobre una modificación del convenio que afecta a la prestación sanitaria pública en Cantabria.

IU subraya que el análisis judicial permitirá aclarar si la actuación administrativa se ajusta plenamente a la legalidad vigente, una vez se disponga del expediente completo.

Vecinos de Chamberí vuelven a concentrarse este jueves a las puertas de la Junta Municipal del distrito para exigir que se les aplique tarifas reducidas en todos los Centros Deportivos Municipales (CDM) de Madrid. Según denuncian, los gimnasios gestionados por una misma empresa concesionaria, GoFit, no están respetando las bonificaciones a personas de edad avanzada.

Así lo ha difundido la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) en un comunicado, en el que ha señalado que “ante la falta de una solución satisfactoria para el colectivo”, volverán a protestar a las 17.00 de este 9 de abril, coincidiendo con la celebración del pleno de Chamberí.

Esta nueva concentración se produce después de que el pasado mes de febrero varias decenas de mayores se reuniesen en el mismo punto, el número 4 de la plaza de Chamberí, para respaldar una queja elevada al pleno por una vecina. En ella, denunciaba la negativa de gimnasios municipales bajo gestión concertada a aplicar la reducción para mayores en las tasas de inscripción a sus actividades, un descuento que sí está activo con normalidad en los polideportivos de gestión directa del Consistorio y que está recogido como obligación en los pliegos de concesión de estos espacios.

“En el pleno de febrero el concejal presidente, Jaime González Taboada, nos dio la razón y a partir de ese momento [el GoFit Vallehermoso] ha reconocido la tarifa de mayores de 65 solo a unas pocas personas. El grupo afectado exige la aplicación a todas, ¡sin discriminación!”, indica la asociación Casa de la Cultura y la Participación Ciudadana de Chamberí.

Por ello, la entidad volverá a intervenir en el pleno de este jueves para exigir que en los polideportivos municipales de gestión privada se respeten las tarifas reducidas a las personas mayores de 65 años, las familias numerosas, los jóvenes y las personas con discapacidad.

“Es su obligación aplicar las tasas aprobadas por el Ayuntamiento en su pleno municipal, pero no lo hacen. Y la obligación del Ayuntamiento es vigilar el debido cumplimiento, pero tampoco lo ha hecho hasta ahora”, lamentan las entidades.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

No sabía nada de este asunto, pero la desafortunada opinión del alcalde respecto al 8M me puso la noticia ante mis ojos. El Ayuntamiento de Caudete defiende convertir la gestión del agua en un servicio 'indirecto' para afrontar inversiones millonarias. Me sonó a eufemismo, la entrega de un bien común a una empresa privada durante años, pase, pero no el hacerlo en un municipio con memoria reciente de concesiones opacas y una ciudadanía cada vez más movilizada.

En Caudete no se discute solo cómo se gestiona una tubería, sino quién manda sobre un bien común tan básico como el agua y durante cuántos años se va a hipotecar el futuro del municipio. Ese es el fondo de un proceso que el Ayuntamiento intenta vestir de “gestión indirecta” y “optimización de recursos”, mientras buena parte de la ciudadanía lo reconoce sin rodeos como lo que es: un intento de privatizar el agua.

Un pasado privatizado del que nadie quiere hablar

Hasta 2013, el agua de Caudete estuvo gestionada por una empresa privada mediante concesión. No es un detalle menor: hablamos de un monopolio natural, un servicio esencial sin competencia posible, entregado a una mercantil durante años. Sin embargo, en la documentación municipal reciente hay un silencio elocuente: no se cita en ningún momento el nombre de esa concesionaria. Si el modelo fue tan exitoso, si 'lo privado funciona mejor', ¿por qué cuesta tanto decir en voz alta quién lo gestionó y en qué condiciones?

En 2012, el Reglamento de Agua Potable ya dejó bien preparada la puerta giratoria: el ayuntamiento se reservaba la posibilidad de gestionar el servicio de forma directa o indirecta, normalizando la entrada de operadores privados en un ámbito que debería ser paradigmático de gestión pública. Al año siguiente, en 2013, se vuelve a la gestión directa municipal, pero sobre un sistema arrastrado durante décadas con falta de inversión: problemas crónicos de abastecimiento, una red envejecida y una infraestructura que pide a gritos una renovación profunda.

Hoy el propio Consistorio cifra en unos seis millones de euros las inversiones necesarias en captaciones, renovación de la red y modernización del servicio. Es una cantidad alta para un municipio de este tamaño, sí, pero también una cifra políticamente muy útil: permite construir el relato de que el Ayuntamiento, pobre y desbordado, no tiene otra salida que rendirse a la gran empresa del agua.

El giro de 2025: una providencia y un pleno

El punto de inflexión llegó el 10 de octubre de 2025, cuando el alcalde señor Mollá firma una providencia en la que plantea “modificar la forma de gestión del servicio público y prestarlo de manera indirecta”. Traducido al lenguaje común: sacar a concurso el agua y el alcantarillado para que una empresa privada se haga con la explotación durante años a cambio de asumir las inversiones. Unidas por Caudete lo llama por su nombre: es el primer paso de un proceso de privatización del servicio de abastecimiento y alcantarillado.

Pocos meses después, en un Pleno extraordinario de diciembre de 2025, se consumó el movimiento político inicial: con los votos de PP y Vox, y el rechazo de PSOE, CCD y Unidas por Caudete, se aprueba crear una comisión técnica y política para valorar la idoneidad de esa privatización. La oposición pide algo tan razonable como esperar a las próximas elecciones municipales antes de tomar una decisión que consideran estructural y de gran impacto para el pueblo. No hablamos de algo banal cómo cambiar el horario de la piscina municipal, sino de atar durante décadas quién cobra, quién invierte y quién manda sobre el agua.

Un relato municipal edulcorado

Para vender este giro, el ayuntamiento elabora un discurso cuidadosamente endulzado. En la nota oficial para la reunión informativa del 5 de marzo de 2026 se asegura que se están estudiando “todas las alternativas” y que el único objetivo es garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del servicio. Se dibuja una contraposición simplista: una gestión directa que asume íntegramente inversiones, riesgos y costes, frente a una gestión indirecta mediante concesionaria que, en apariencia, resuelve todos los problemas sin dolor.

La clave del relato está en una frase muy repetida: “El agua, las infraestructuras y el control seguirán siendo municipales”. Es decir, no se estaría 'privatizando' nada importante, solo cambiando la forma de gestión. Pero cualquiera que haya seguido la historia reciente de la privatización del agua en España sabe que el poder no reside en el título de propiedad de la tubería, sino en la capacidad de fijar tarifas, decidir inversiones y definir el nivel de servicio real. Una concesión a largo plazo convierte una necesidad de inversión puntual en un flujo de caja privado asegurado por una demanda siempre cautiva, porque todo el mundo necesita abrir el grifo.

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato

En la práctica, la empresa recuperará sus inversiones (más su margen de beneficio) a través del recibo, y si las cuentas no salen siempre existe la puerta de las revisiones tarifarias y las renegociaciones del contrato. El riesgo que hoy se presenta como insoportable para el ayuntamiento se traslada, multiplicado y con beneficio empresarial incluido, al bolsillo de los vecinos.

Democracia local frente a hipoteca a largo plazo

La discusión en Caudete no es solo técnica; es profundamente democrática. ¿Tiene legitimidad una mayoría coyuntural para comprometer durante años el modelo de gestión del agua sin un mandato explícito de las urnas y sin consulta directa a la ciudadanía? La petición de la oposición de aplazar la decisión hasta las próximas municipales no es un capricho partidista, sino una mínima defensa del principio de que las grandes decisiones se tomen con grandes consensos.

Conviene recordar, además, la amnesia selectiva en torno a la concesión anterior. El hecho de que nadie quiera hoy nombrar a la empresa que gestionó el agua hasta 2013 debería servir como una alerta temprana. Si el modelo fue tan eficiente y transparente, ¿por qué volver a él sin una evaluación pública de sus costes, sus resultados y sus consecuencias para los vecinos? La opacidad del pasado no puede ser el atajo para repetirlo, sino precisamente el argumento para no hacerlo.

Mientras tanto, la gestión directa ha demostrado que, con recursos y voluntad política, se pueden acometer mejoras significativas: nuevos sondeos, contadores de telelectura, actuaciones en la red, un pozo cofinanciado con la Diputación. Todo eso lo ha hecho el Ayuntamiento sin necesidad de entregar la llave del grifo a una gran empresa del agua. La alternativa a la privatización no es resignarse a la ruina, sino pelear por financiación, exigir apoyo a otras administraciones y, sobre todo, priorizar el agua en la agenda política local.

Privatizar el agua: mala idea desde la ciencia y las cuentas públicas

En este contexto, la privatización no es solo un problema democrático, sino también una mala decisión desde la biología, la economía pública y la protección ambiental. Un servicio de agua gestionado con lógica de beneficio tiene incentivos para recortar en mantenimiento, control de calidad y depuración, justo en un ámbito donde cualquier ahorro mal entendido se traduce en más averías, más fugas, más contaminación y mayor riesgo sanitario.

Además, al tratarse de un monopolio natural, la entrada de una empresa no genera competencia real: lo que cambia no es la eficiencia, sino quién captura la renta de un recibo que todo el mundo está obligado a pagar.

Desde la intervención municipal y el ambientalismo, el cuadro se completa: se reduce la capacidad del Ayuntamiento para fijar tarifas sociales, priorizar inversiones o proteger a los hogares vulnerables; se opaca la información bajo el paraguas del 'secreto comercial'; se traslada a la factura la amortización de inversiones y el beneficio empresarial; y se orienta la gestión a horizontes de contrato, no a la sostenibilidad del acuífero y del territorio a 50 años vista. Y, una vez firmado, deshacer ese camino es caro y complejo, como han aprendido tantas ciudades que hoy remunicipalizan su agua tras experiencias fallidas.

Por todo lo anterior, en un municipio como Caudete, con acuíferos presionados, recursos limitados y una ciudadanía movilizada, la decisión responsable no es privatizar mejor, sino gobernar mejor lo público.

El comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla ha mantenido este miércoles una reunión con el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en la que han avanzado en las negociaciones en el marco de la propuesta de externalización del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad.

Según han destacado los sindicatos en un comunicado, el encuentro se ha desarrollado en “un clima de diálogo y buen talante” y se han emplazado a una nueva cita el próximo lunes para “continuar avanzando en el proceso de diálogo”.

Antes de esta nueva reunión, se ha convocado para este jueves una asamblea de la plantilla para que “se posicione con respecto al marco de negociación acordado” en este último encuentro.

Asimismo, el comité de empresa ha anunciado que se mantiene el calendario de movilizaciones previsto que contiene una concentración este jueves en las puertas del Parlamento, una caravana de coches el viernes, una visita la próxima semana al Congreso de los Diputados y una protesta a las puertas del Teatro de la Maestranza con motivo del Pregón de la Semana Santa.

“Las movilizaciones de la plantilla han abierto una vía de negociación que ahora debe traducirse en garantías reales para el empleo público”, han señalado desde el Comité de Empresa.

En esta línea, los sindicatos han reiterado que “no pueden aceptar un modelo que suponga la pérdida de empleo público ni la reducción de la plantilla municipal, garantizando la plena empleabilidad del personal laboral afectado y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo”.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha subrayado que el Gobierno municipal “mantendrá siempre la mano tendida al diálogo con los representantes de los trabajadores”. Asimismo, ha trasladado que “no se va a perder ni un solo empleo público”.

El primer edil ha asegurado que el Consistorio “pondrá encima de la mesa todos los instrumentos necesarios para que la decisión que se ha tomado no perjudique a nadie”.

Aunque un informe técnico advirtiese de que el convenio de 256 millones de euros del Gobierno de Cantabria (PP) con el hospital privado Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios comprometería los presupuestos autonómicos hasta 2042, el consejero de Salud, César Pascual, ha enfatizado este martes que el convenio “no es una concesión, no es un privilegio, no es una anomalía”.

Pascual ha dicho que el convenio privatizador es “una herramienta de gestión sanitaria”. Y pese a que el hospital no cuenta aún con las camas ni los aparatos, ni con el personal, Pascual ha reiterado que el convenio es “una oportunidad” para “sumar recursos, capacidades y talento”.

El consejero ha asistido a la celebración de una misa en homenaje al fundador de Santa Clotilde, San Juan de Dios -8 de marzo- en la sede del centro privado y ha aprovechado para llamar “batalla ideológica” que se califique de privatización el convenio: “Cuando se utiliza el término privatizar para atacar una colaboración que mejora la asistencia sanitaria, lo que se está haciendo no es defender la sanidad pública, es degradar el debate político y reducir la sanidad a un eslogan”.

En el acto, en el que también ha habido intervenciones de los gerentes y responsables del hospital y autoridades, han asistido, entre otros, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, y la concejal de Salud del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo.

En su intervención, Pascual ha reivindicado que hay pacientes esperando una consulta o una operación y profesionales sanitarios trabajando para que el sistema responda.

Fue a finales del siglo pasado. Un grupo de empresas españolas, capitaneado por los grandes monopolios estatales, se lanzó a una expansión sincronizada en Latinoamérica. Aprovecharon su propia privatización para comprar al otro lado del Atlántico compañías muy semejantes de las que también salían sus estados. El proceso fue de tal dimensión que fue bautizado como la reconquista de América por la armada empresarial. Era una flota de una decena de empresas españolas comprando por toda la región. Treinta años después, aquella ola de adquisiciones se ha quedado prácticamente en nada; solo se libra Brasil.

Eran los felices años 90, cuando la generación del baby boom estaba en pleno rendimiento; ahora, se jubila en masa. España acababa de entrar en la Unión Europea (1986), se mostraba al mundo moderna y orgullosa (Barcelona y Sevilla 92) y se aprestaba a entrar en el selecto club del euro, que despegaría al país de la inestable peseta para engancharse a la nueva moneda heredera del marco alemán (1999). Entrar en la divisa europea requería disciplina germana en ratios clave, como inflación, déficit público, deuda pública y tipos de cambio y de interés. Para cumplirlos, el gobierno liberal de José María Aznar (1996-2004) culminó con enorme agrado todo un proceso de privatizaciones comenzado por el socialista Felipe González (1982-1996).

El proceso se repitió una y otra vez, con ofertas públicas de venta (OPV) de sucesivos paquetes de acciones de las empresas públicas, que también sirvieron para popularizar la bolsa como fórmula de inversión del ahorro familiar. Antes de entrar en este siglo, el Estado vendió los últimos paquetes, para con esos ingresos amortizar deuda pública y aprobar el examen de entrada en la Eurozona. Así es como Telefónica (1995-1999), Repsol (1989-1997), Endesa (1988-1998), Enagás (1997), Red Eléctrica (1999), Iberia (1999-2001) y la banca pública aglutinada en Argentaria (1993-1998), por reseñar las más grandes, acabaron en manos privadas. El Estado conservó pequeñas participaciones en Enagás (5%), Redeia (20%) e Iberia (2,5% de IAG, el holding) y ha retornado hace apenas un año a Telefónica (10%).

Estas empresas lideraron aquella marea inversora, que fue seguida por prácticamente todas las empresas privadas energéticas (Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural) y por los grandes bancos Santander y BBV. Por eso, resulta un shock la rápida retirada de Telefónica, que en menos de un año ha vendido sus negocios en seis países (Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile), proceso que sigue a la retirada de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua) entre 2019 y 2021, y que continuará este mismo año con la venta de México y Venezuela. Se salva Brasil, que de momento es considerado mercado estratégico.

El viaje de vuelta de las empresas españolas no obedece a un relato común, aunque sea una constante. La casuística va desde la expulsión por renacionalización, a las pérdidas continuadas, el mero cambio de estrategia con la llegada de nuevos accionistas o la necesidad de hacer caja para reinvertir en otros mercados.

En el primer caso está Repsol, que se vio obligada a revender a Argentina la petrolera pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compañía tan grande que llevó al cambio de nombre de la española a Repsol YPF. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la renacionalización de YPF, lo que se hizo con la consiguiente contraprestación. Algo parecido le sucedió a Red Eléctrica Española, cuando en el mismo año el gobierno de Evo Morales le expropió la compañía Transportadora de Electricidad SA. La expropiación fue ordenada el 1 de mayo, Día del Trabajador, “como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”, dijo Morales.

En 2013, Repsol vendió a la angloholandesa Shell sus activos de gas natural licuado en Perú y Trinidad y Tobago, y poco después se desprendería de los negocios en Ecuador. Este fue un proceso más voluntario y con parte de aquellos recursos compró la petrolera Canadiense Talisman. Repsol sigue conservando intereses en Brasil y Venezuela, un país que han cobrado una importancia y valor inesperados con la toma del país por Estados Unidos.

Un caso muy diferente es el de la que fuera la Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa), que acabó en 2009 en manos de la empresa pública italiana Enel. Cinco años después, los italianos traspasaron sin ningún recato las filiales de Endesa en Latinoamérica a la empresa matriz, para posteriormente vender los activos en Argentina y Perú, y quedarse en Brasil, Chile y Colombia, pero ya desenganchadas de España.

Enagás también ha protagonizado recientemente un repliegue de América a España. En 2022 vendió su participación en la chilena GNL Quintero; dos años después se deshizo de las participaciones en la mexicana Compresión de Soto La Marina y la estadounidense Talgrass Energy. Ya solo le queda un pleito en Perú por el que el Estado peruano tiene que compensarle con más de 300 millones de dólares por la cancelación unilateral del Gasoducto Sur Peruano. Todos estos recursos y más van destinados a financiar las inversiones de más de 4.000 millones de euros del plan estratégico de la empresa (2025-2030), de los que 3.125 millones van a infraestructura de hidrógeno verde.

Estos movimientos de los antiguos monopolios públicos se han visto acompañados por la salida de empresas privadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, que han hecho un repliegue notable. Pero hay dos excepciones que confirman la regla. Por un lado, los grandes bancos, Santander y BBVA, que siguen muy presentes en la región. Por otro, la apuesta brasileña, ligada al tamaño de país y de economía. Brasil suma 214 millones de habitantes, que es casi la suma de los tres siguientes: México (133 millones), Colombia (53 Millones) y Argentina (47 millones). Además, el país carioca cuenta con un PIB de 2,1 billones de euros, que es el equivalente al agregado de México (1,7 billones) y Colombia (0,4 billones).

La fuerte presencia de grandes empresas españolas en la región sirvió para ejercer de manera silenciosa y continuada el soft power del dinero, que tan bien acompaña a la diplomacia formal. La retirada de Telefónica y el resto de viejos monopolios deja al Gobierno de España menos palancas en su aproximación a Latinoamérica. Esto también lo sabe Donald Trump.