La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha rechazado el recurso de la empresa que explota Loro Parque y Siam Park, en Tenerife, contra la imposición de una multa de 250.000 euros por incurrir en una falta “muy grave” al obligar a los clientes a registrar su huella dactilar al entrar a los recintos.

Tres reclamantes alegaron que pagaron un paquete para acceder a los dos parques gestionados por la misma sociedad junto con un billete de barco desde Gran Canaria “y se obligó a los visitantes a dar la huella mediante un lector para comprobar que la persona que entraba en ambos parques era la misma”, según la resolución de la AEPC.

También alegaron que nunca se les informó del tratamiento de datos a realizar en el momento de la compra y en su lugar constaba en varios idiomas el texto: “Este sistema es para el uso exclusivo de los visitantes que tengan” una serie de tickets.

A continuación se añadía que no se almacena la imagen de su huella, sino que simplemente hace una lectura y luego se daban una serie de instrucciones.

Otro de los denunciantes adjuntó la hoja de reclamaciones, el billete de barco que adquirió junto con las entradas y relata que al negarse a dejar su huella digital le impidieron entrar en el recinto y le aconsejaron que solicitara la devolución de la entrada sin darle otra alternativa.

El paquete de entradas y billete de barcos caduca a los quince días y entonces se pierde el derecho a que se recupere el importe.

La AEPD recuerda que del uso de los datos biométricos pueden desprenderse “riesgos significativos para los derechos fundamentales y las libertades, y por ello inicialmente está prohibido su uso” y entre las excepciones no se encuentra el ocio y tampoco puede imponerse de manera unilateral.

También se demostró que se produce un cruce entre las referencias de la compra de entradas y las biométricas al utilizarse un código QR lo que permite la plena identificación de los clientes.

La sanción se impone teniendo en cuenta que la empresa es titular de parques abiertos al público con afluencia variada a los que acude toda la familia y de forma constante a lo largo del año, entre ellos menores, a lo que se une falta de información al no recibir respuesta cuando la reclamaron.

La empresa alegó que no tiene la obligación legal de contar con un Delegado de Protección de Datos (DPD); en cuanto a la falta de información sobre el sistema de verificación se indica que el tratamiento se encuentra inscrito en un fichero de huellas dactilares desde 2010.

Añade la empresa que este requisito se exige en un determinado producto que permite visitar dos parques a la vez a un precio más reducido por lo que consideraba necesario comprobar la identidad de los clientes.

Justifica recurrir a este método porque permite un alto nivel de certeza al “constatar, que quien entra a uno de los parques es la misma persona posteriormente lo hace en el otro, sin que podamos llegar a identificar a la persona que compró las entradas”.

Tan sólo se crearía una “imagen matemática” que se conservará mientras la tarjeta o entrada esté vigente y se destruye luego, y el documento de identificación se utiliza para determinar el carácter de residente del usuario por la diferencia de precios establecida.

Una vez rechazado el recurso presentado, se informó a la sociedad de que el pago voluntario se tendría que realizar antes del día 20 de este mes de septiembre, aunque también se abre la posibilidad de acudir a los tribunales.

El 11 de marzo de 2004 Madrid fue el epicentro del mayor atentado terrorista que nunca haya vivido España. Aquel 11M se saldó con el asesinato, por parte del terrorismo yihadista, de 193 personas que tuvieron la mala suerte de utilizar los trenes de cercanías que salían de la estación de Atocha. Debido a las explosiones, la magnitud de la tragedia fue tal que muchas de las víctimas tuvieron que ser identificadas por sus huellas dactilares a través de un método desarrollado un siglo antes por un médico granadino desconocido para la mayoría: Federico Olóriz.

Junto con el científico argentino Juan Vucetich, que de forma paralela y coetánea a Olóriz también fue un erudito en la investigación de las huellas dactilares, Federico Olóriz es considerado el padre de la identificación por este método que ha permitido a la Policía de todo el mundo resolver crímenes. Pese a ello, y probablemente porque murió muy joven -con apenas 56 años, víctima de un cáncer-, su carrera ha pasado desapercibida para el gran público. Tanto que, aun teniendo una calle en la misma Granada que le vio nacer a mediados del siglo XIX, muchos granadinos desconocen su importancia.

Y es que Federico Olóriz nació en el barrio de San Lázaro de Granada en 1855, donde décadas después se instalaría la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR). De familia de clase media, su padre trabajaba como administrativo del ayuntamiento y un tío suyo llegó a ser registrador de la propiedad. Pese a esas dificultades económicas en una España en la que no sobraba nada, Olóriz pudo estudiar precisamente en la UGR y doctorarse en Medicina en la especialidad de Anatomía. Un recorrido académico que le permitiría, años después, ser un científico reputado a nivel nacional, pero casi olvidado en su tierra natal.

Su marcha a Madrid

Antes de su ascenso a la fama del investigador que deja un legado, Federico buscó el modo de establecerse como docente universitario. Algo que acabaría logrando en 1884 cuando obtuvo la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. En esta universidad, Olóriz pudo tener la estabilidad personal -se casó y tuvo seis hijos- y financiera que le permitió enfocarse en la docencia y avanzar en su afán por descubrir más sobre la antropología y la identificación forense.

Aquellos avances que hacía quedaron por escrito. Olóriz llevaba un diario personal minucioso, que se conserva hoy en día, en el que anotaba todo cuanto hacía: “Trabajo diario final: siete cuartos de hora. Eso todos los días del año, día a día, los reales que gasta, los cuartos de hora que gasta, las visitas que hace, las cartas enviadas, las cartas recibidas…”, explica Miguel Guirao, docente en la UGR y uno de los mayores estudiosos sobre su figura, sobre todo a través de su abuelo, también Miguel Guirao, que admiraba a Olóriz y que llegó a ser decano de la Universidad. Aquellos registros permitieron a sus herederos, por parte de una de sus hijas, reconstruir su método de estudio y su ritmo incesante de trabajo.

Inicialmente centrado en la anatomía, Olóriz puso en marcha una impresionante colección de cráneos en Granada. Rápidamente descubrió que el método de identificación mediante medidas craneales era limitado, lo que llevó a indagar en nuevas fórmulas que llevaron hasta las huellas dactilares. Guiado por su curiosidad, asistió a congresos en España donde se presentaban los avances de Vucetich en Buenos Aires. “Se puso a investigar los trabajos de Vucetich y llegó a la conclusión de que lo que había hecho Vucetich era un poco mejor que lo que había hecho él, y lo reconoció sin problema”, confiesa Guirao.

Pero lejos de ceder en su pretensión de avanzar en este campo, perfeccionó la clasificación de deltas y pliegues que había avanzado Vucetich, definiendo un sistema que permitiría identificar a cualquier individuo con una precisión inédita. Desde ese momento, el método Olóriz se convertiría en un estándar para la policía científica: “El mejor método de identificación es el método Olóriz hasta el punto de que se ha utilizado en los atentados del 11M. A las tres horas ya tenían las huellas identificadas”.

Amigo de Ramón y Cajal

Su via académica le llevó a tejer una relación estrecha con Santiago Ramón y Cajal, referente histórico de la medicina en España. Paradójicamente, la amistad entre ambos nació de una rivalidad académica. Los dos compitieron en 1880 por la cátedra de Anatomía en Granada que ninguno obtuvo porque fue adjudicada a otro candidato, cercano al Decanato. Pero lo que en principio fue un revés profesional, acabó resultando en una amistad basada en el respeto mutuo. “Cajal llega a decir en aquel momento que Olóriz es mucho mejor anatomista que él”, recuerda Guirao, que señala incluso que Cajal afirmaba que sus familias eran como una sola. De hecho, se conserva un archivo epistolar en el que ambos discutían hallazgos y tendencias científicas.

No en vano, se parecían en muchos sentidos. Si Ramón y Cajal era meticuloso hasta el punto de prácticamente encerrarse en sus investigaciones y dejar de lado a su mujer e hijos, Federico Olóriz no lo era menos. Cuenta Guirao que llegó a ese extremo precisamente con la muerte de uno de sus hijos. Cuando su hijo Ricardito falleció, el científico anotó en su diario apenas tres líneas sobre la muerte del niño, para luego regresar a sus lecturas de antropología, como si el dolor personal, que no podemos saber si tuvo en aquel momento, quedase por debajo de cualquier avance científico.

Un legado vivo

Tras su fallecimiento en 1912, sus descendientes cedieron el archivo al abuelo de Miguel Guirao y a su padre, que lo custodiaron y promovieron la creación del Instituto de Neurociencia Federico Olóriz en la UGR, segundo más antiguo de España tras el de Cajal precisamente. Un siglo después, en 2012, se celebró el centenario de su muerte con más de 100 actividades: conferencias, exposiciones y publicaciones. “Fuimos capaces de poner en valor la figura de Federico Olóriz”, recuerda Guirao. “Tendría que estar en la Avenida de la Constitución con un monumento e incluso teníamos el boceto y el presupuesto, pero llegó la pandemia y todo se quedó en el tintero.”

A día de hoy, el método Olóriz sigue vigente en los laboratorios forenses, está presente en las investigaciones policiales y en las aulas universitarias. Su archivo se consulta para tesis doctorales y proyectos de investigación. Sin embargo, “muchos granadinos desconocen de su importancia” y su figura permanece relegada a los círculos especializados. Quizá la clave para rescatar su memoria esté en volver a sus propias palabras, en abrir de par en par el diario de los “cuartos de hora” y recordar que la ciencia avanza gracias a quienes, como Olóriz, dedican cada instante de su vida al conocimiento.

Escribo este artículo desde el aeropouerto de Dubai. No hay vuelo directo de Manila a Barcelona, pero sí hay un “vuelo directo” para la electrónica. Lo explico. En Barcelona y en el mundo entero disfrutamos de una electrónica barata que va penetrando en nuestro estilo de vida a pasos agigantados. Una clase consumidora global, distribuida por los cinco continentes, engulle gran cantidad de artefactos electrónicos.

Dichos artefactos, por lo general, requieren estar conectados a infraestructuras eléctricas y digitales (enchufes, fibra óptica, rúters, antenas, satélites, centrales eléctricas, líneas de alta o baja tensión...).

Pero nuestro ciberuniverso tiene un soporte físico formado por, microchips, microcomponentes, células fotovoltaicas, baterías y otros componentes electrónicos que se interconectan, creando infinitas redes. Hasta el punto que, si queremos hablar de la llegada de la IA, no podemos hacerlo sin mencionar el trabajo en fábricas, talleres de sudor y en minas.

En general nos encanta la electrónica, optamos por una mayor digitalización y por una transición ecológica de la mano de energías renovables que, de nuevo, demandan incrementar los semiconductores y los circuitos electrónicos, sobre todo las baterías.

Ahora bien, ante tamaña superdemanda, ¿quién produce lo que no vemos? ¿En qué condiciones? ¿En qué rincones del planeta? ¿De dónde sale el material? ¿Será infinito?

Hemos viajado a las Filipinas para analizarlo de primera mano. Lo hemos hecho para conocer la 'cara B' de la electrónica, a propósito de la celebración en Barcelona de una de las orgías del negocio tecnológico más importantes del mundo, el Mobile World Congress.

Las Filipinas son una enorme fábrica de ensamblaje de semiconductores, uno de los eslabones de la parte baja de la cadena. Alrededor de 3,2 millones de personas trabajan en decenas de fábricas que generan entre el 30-40% del PIB. Por debajo de las fábricas sólo hay dos eslabones más: el de los talleres informales de ensamblado (sweatshops o talleres de sudor) y el eslabón de la minería, la extracción, el procesado y fundición del mineral.

Este país de 118 millones de habitantes es y ha sido tradicionalmente exportador de mano de obra barata a todo el mundo. De la más baratas de Asia: obreros para la construcción en Qatar, pescadores y marineros para pesqueros o buques mercantes con bandera de conveniencia, servicio doméstico -en ocasiones en condiciones de semiesclavitud-, obreros de la electrónica en Malasia... Hoy Filipinas es a la vez una enorme y barata fábrica de semiconductores, un exportador de mano de obra, y la segunda reserva mundial de níquel (clave para la industria de semiconductores).

Electrónica barata: el caso Filipinas

Las grandes plantas están ubicadas estratégicamente en Zonas Económicas Especiales, donde no se pagan impuestos. Muchas de ellas son de capital chino, pero también japonés, coreano, u occidental y alimentan de semiconductores y componentes a las grandes marcas globales. La mayor concentración de plantas está en la Región IV-A de Calabazón, que es precisamente el principal lugar de origen de la comunidad filipina de muchas ciudades europeas, como Barcelona.

En las grandes plantas donde se manufactura la electrónica suelen sucederse turnos interminables en una organización productiva férrea orientada a la máxima producción con el menor coste y un control de calidad que no permite errores. Según fuentes sindicales entrevistadas, la empresa Cirtek, por ejemplo, despliega turnos de 12 horas al día, 6 días a la semana; es decir, 72 horas a la semana por un salario de unos 70 euros.

¿Son 280 euros mensuales una retribución justa para una persona dedicada plenamente a trabajar? ¿Es consciente el consumidor de que la electrónica barata está ligada a este régimen global basado en condiciones de explotación laboral en la cola de la cadena global de la digitalización? Aquí radica una de las paradojas actuales de la electrónica: la disparidad en la retribución a lo largo de la cadena global.

La cara opulenta de la electrónica

Regresemos a Barcelona, donde se ha consagrado el Mobile World Congress. En el mundo de los negocios vale cualquier sacrificio para lograr un buen contrato de suministro. Casi 100.000 representantes de compañías, instituciones públicas, brokers, pertenecientes a la cima de la pirámide de la electrónica, tratan de cazar tendencias, lograr contratos, proyectar su imagen o pasar un buen momento en la entretenida ciudad de Barcelona.

Uno de los restaurantes emblemáticos del barrio de Gracia, el Botafumerio, reportaba el nivel de algunos comensales que, a cargo de la tarjeta de crédito de su compañía, invitaban a sus clientes a cenas que alcanzaron los 6.000€ el cubierto. Es decir, una sola cena en un restaurante de Barcelona para un ejecutivo de la electrónica equivale a más de dos años de trabajo intensivo de un operario de fábrica de la misma cadena global de suministro.

En definitiva la electrónica resulta ser uno de los negocios más estratégicos (base material para las revoluciones digital y verde y para la hegemonía industrial-militar), de los más lucrativos y de los más injustos a escala global. El “vuelo directo de la electrónica” entre Barcelona y Calabazón en las Filipinas es paradigmático. Por ello merece nuestra atención.

Siendo legal la compra de electrónica producida con eslabones que se enmarcan en la explotación laboral, ¿cómo avanzar hacia cadenas globales más justas?

Existen múltiples frentes para tratar de adecentar esas cadenas de la injusticia. Todas ellas insuficientes, pero necesarias. Una primera es el Mobile Social Congress, impulsado por SETEM, que trata de llamar la atención de la 'cara B' de la electrónica, es decir de lo que sucede en la fábrica y en la mina. Cada año tiene lugar en formato semipresencial y reúne a gentes que operan desde la lógica de la justicia global.

Ya en el campo de las políticas públicas, otro referente es Electronicswatch, una agrupación de administraciones públicas, por lo general locales y europeas, como los Ayuntamientos de Oslo o de Barcelona, o universidades que ponen su fuerza de contratación al servicio del respeto de los derechos humanos, en coordinación con ONG y sindicatos que operan en las fábricas de electrónica en países como Filipinas.

Cuando se reporta un caso de violación en una fábrica en un país del sur global, por ejemplo por el asesinato de un sindicalista por parte del Ejército, se reporta a los grandes compradores en el norte (big buyers) para que utilicen su capacidad de exigir cuentas a las empresas o gobiernos involucrados. Una telaraña alternativa para presionar en favor del respeto de los derechos humanos más allá de las propias fronteras.

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Carne Cruda viaja a Barcelona en un programa junto a la cooperativa Som Connexió y la ONG Setem Catanlunya en un espacio de crítica contra el Mobile World Congress y reflexión en torno a la huella ecológica que dejan estos aparatos que usamos cada día en todo el mundo.

Puedes ver le programa completo aquí:

Fabricar tu móvil o tu ordenador tiene consecuencias graves en el medio ambiente e impacta directamente en los derechos humanos. La tecnología de hoy necesita de unos minerales, unas ‘tierras raras’ que suministran países como la República Democrática del Congo o China. Y eso significa contaminación, vulneración de derechos humanos y un impacto directo en la política internacional.

En este programa reflexionamos con expertos y expertas de esa huella que deja nuestra tecnología y de cómo poder hacer frente a esas consecuencias, reciclando y dándoles una segunda vida. Lo hacemos en el Mobile Social Congress de Barcelona, el espacio crítico con la mayor feria de móviles del mundo, el Mobile World Congress.

Escuchamos a Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales de Amigos de la Tierra; Sergio Maydeu-Olivares, consultor en políticas de desarrollo y cooperación y analista internacional; Mireia Roura, integrante de eReuse, Sara Domínguez, de SETEM Catalunya, Aleix Alsina, de Som Connexió y Blanca Callén cofundadora y miembro de Restarters Bcn, una plataforma que convoca las llamadas “Restart Parties” (las fiestas para volver a arrancar), en las que se enseña a reparar electrodomésticos y tecnología a quien lo necesite.

Un programa al que le pone la banda sonora el grupo catalán  ‘La Élite’ que le da una vuelta de tuerca al punk con toques electrónicos. 

Cada día, miles de personas pasan en Marbella (156.295 habitantes) un reconocimiento facial o ponen su dedo sobre un lector de huellas para fichar en el trabajo. El ayuntamiento marbellí, gobernado por Ángeles Muñoz (PP) recopila desde el año pasado datos biométricos de sus trabajadores, sean funcionarios o contratados, para controlar que cumplen su jornada laboral. En total, hay unos 4.000 empleados públicos en el consistorio.

Después de aplicarlo a la mayoría de las dependencias municipales, este enero ha empezado a hacerlo en la Policía Local, donde está generando resistencia: varios agentes se han negado, y otros que habían prestado consentimiento han solicitado que se cancele el acceso a sus datos. El ayuntamiento les ha denegado la petición, y tampoco parece tener intención de cancelar el sistema, a pesar de que una guía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) subraya desde noviembre la irregularidad de estos controles salvo que cumplan unos estrictos criterios de necesidad y estén autorizados por una norma con rango de ley.

“Yo me he negado a dar mis datos. Y muchos compañeros no están de acuerdo, porque entendemos que hay normativa que prohíbe el uso tan de datos tan importantes como huella y reconocimiento facial”, explica por teléfono Sergio Ruiz, delegado de en la Policía Local del Sindicato de Empleados Públicos de Marbella (SEPMA). Este sindicato ha denunciado ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía la implantación generalizada del control biométrico, que el ayuntamiento aprobó por Decreto en diciembre de 2022.

En abril de 2023 el Consejo admitió a trámite la denuncia de SEPMA, y se dio un plazo de 18 meses para resolver. Desde entonces, Marbella ha seguido recopilando datos de trabajadores de Urbanismo, Vía Pública, servicios centrales y, ahora, la Policía Local. También ha abierto expedientes disciplinarios a al menos dos trabajadores del servicio de Parques y Jardines que se negaron a facilitar los datos, según ha podido comprobar elDiario.es Andalucía.

El ayuntamiento de Marbella no ha contestado a las preguntas formuladas por este medio.  

Nueva guía de la AEPD

Los datos biométricos entran dentro de la categoría de datos personales protegidos por el artículo 18.4, y el Tribunal Constitucional ha subrayado que el derecho fundamental garantiza que toda persona debe poder controlar el uso y destino de sus datos.

La insistencia del consistorio marbellí parece chocar con la nueva guía sobre “tratamientos de control de presencia mediante sistemas biométricos”, publicada por la AEPD el pasado 23 de noviembre. En ella se fijan los criterios de uso de la tecnología tanto con fines laborales como no laborales. La utilización de datos biométricos supone un tratamiento de categorías especiales de “datos de alto riesgo”, según subraya la agencia pública, que impone límites “estrictos” para tratar estos datos y superar los análisis de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. La nueva guía pretende adaptar la práctica española a las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos, bajo un criterio general de prohibición del tratamiento de estos datos, con excepciones tasadas.

A diferencia de otros países europeos, hasta noviembre el criterio era que el sistema se consideraba válido si se limitaba a casos donde era necesario. Ahora, la AEPD considera que no hay autorización genérica en la legislación española, de modo que para el registro de jornada y control de acceso con fines laborales, “el responsable [de los datos, aquí el ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad”, señala la agencia. El consentimiento no puede levantar la prohibición, “al existir un desequilibrio entre la persona a la que se somete al tratamiento y quien lo está llevando a cabo”.

Propuestas de sanción y negativa a cancelar datos

Tras la publicación de la guía, interpretada unánimemente como una restricción al sistema de “fichaje” con datos biométricos en empresas e instituciones, el ayuntamiento no ha variado su plan de acción. Al contrario, acaba de extender el sistema a la Policía Local. A mediados de diciembre, el Intendente Jefe dirigió una instrucción a toda la plantilla convocándola a la toma de datos biométricos. Y el 29 de diciembre avisó de que a partir del 1 de enero se implantaría el sistema de control horario.

Según SEPMA, quienes se niegan a pasar por el aro están siendo presionados. El verano pasado, el ayuntamiento abrió expediente al menos a dos trabajadores adscritos al servicio de Parques y Jardines por negarse a fichar “mediante los medios habilitados por el Ayuntamiento”. Les acusó de negarse a realizar la biometría facial. Ambos reclamaban seguir fichando mediante el sistema de firmas, pero les informaron de que ya no estaba vigente. Y aunque aportaron la hoja de firmas, la instructora consideró que estaban “evadiendo” los sistemas de control horarios y les imputó una falta grave, según los pliegos de cargos a los que ha accedido este medio. Se enfrentan a una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años. El ayuntamiento no ha aclarado si ha resuelto el expediente.

El acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos son derechos esenciales y recogidos por la norma municipal que regula el registro. Sin embargo, el consistorio marbellí desestimado en al menos una ocasión la solicitud de supresión de datos biométricos instada por un agente de Policía. En esa resolución, el ayuntamiento razona que cumple una de las excepciones a la prohibición general, ya que el reconocimiento facial o dactilar sería “necesario” para hacer cumplir los horarios.

Sanciones de la AEPD y renuncias en otras instituciones

La insistencia del ayuntamiento marbellí en mantener el sistema contrasta con las adaptaciones o renuncias de otras instituciones. José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA, explica que el ayuntamiento de la vecina Estepona desistió de su propósito tras una reunión que mantuvo con el alcalde José María García Urbano (PP). En la Diputación de Sevilla se va a dejar de usar en las próximas semanas “por la nueva guía”. “Lo dejamos de usar por la nueva guía. Los criterios que aporta ahora la AEPD rompían con la opinión mantenida hasta el momento, y limitan el uso para fines de control horario”, explican fuentes de la administración provincial. Allí implantaron simultáneamente la huella dactilar y la tarjeta de proximidad, que será el único método a partir del 16 de febrero. 

El pasado agosto (antes, por tanto, de la nueva guía), la AEPD obligó a la Diputación de Cuenca a suspender el control por huella dactilar al menos hasta que realizara una evaluación del impacto que tome en cuenta “los riesgos para los derechos y libertades de los empleados”. Esa evaluación de impacto no se ha hecho en Marbella. “Siempre terminan obligando a que se elimine”, advierte Gutiérrez, que lamenta que la denuncia ante el Consejo de Transparencia tarde tanto tiempo en resolverse. El sindicato está participando también en una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo, en la que van a participar al menos siete agentes. 

La política de recursos humanos en el ayuntamiento de Marbella hace tiempo que está en cuestión. Este medio ha contado que se han destinado fondos europeos a contratos en fraude de ley, que cargó 50.000 horas extra en un mes (con algunos empleados del área de Limpieza cargando 721 horas, más de las que tiene el mes) o que los tribunales obligaron al consistorio a hacer indefinidos a cientos de trabajadores tras contratarlos en fraude de ley para tareas ordinarias. Un juzgado de instrucción abrió diligencias de investigación por el presunto enchufismo en Limpieza (luego archivadas) y ha habido al menos un caso de “traje a medida”, declarado así por sentencia judicial.

Igual que en el anterior mandato, el concejal responsable de Recursos Humanos es José Eduardo Díaz, que también controla las áreas de Urbanismo, Industria, Vía Pública y Seguridad Ciudadana. Es, por tanto, responsable directo de la Policía Local. Díaz es un concejal muy próximo a Muñoz. También era de confianza para el hijastro de Muñoz Joakim Broberg, procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional. Tal y como desveló elDiario.es, Broberg recurrió a Díaz para ofrecerle un posible adjudicatario de un local, en una llamada intervenida por la Policía que consta en el sumario. El concejal le dice que no puede hacer nada porque no tiene competencias, pero promete cuidarle. “Me cuidas, eh”, le dice Broberg a Díaz. “Eso siempre”, responde él. Díaz también aparece mencionado en un correo en el que un exdirector de un medio de comunicación narra a Muñoz que Díaz y otra concejala habían pagado publicidad en su medio con facturas falsas. 

¿Cuántas contraseñas utilizas? ¿Cuántas recuerdas? A no ser que utilices un gestor de contraseñas (algo muy recomendable, por cierto), puede que sean demasiadas o que cometas el error de usar siempre la misma. Además están los sistemas de autenticación por tu huella dactilar, reconocimiento facial o números PIN. Son los que utilizas todos los días para acceder a tu teléfono, ordenador, cuenta bancaria online, declaración de impuestos, contratos de electricidad y otros suministros, redes sociales y así cientos y cientos de piezas que componen tu huella digital, la parte de tu vida que está codificada en el mundo virtual. 

Ahora imagina que sufres un accidente fatal y pierdes la vida. ¿Cómo accederán tus familiares o personas allegadas a ese inmenso mundo digital si tú ya no estás? Cuando nuestras vidas están cada vez más entrelazadas con Internet, y una gran parte de nuestra existencia está en el espacio digital, las cosas que dejas detrás cuando mueres no solo son tangibles. Aquí es donde todos deberíamos considerar la creación de un testamento digital. 

Qué es un testamento digital

Un testamento digital es un documento que detalla cómo deseas que se manejen tus activos digitales después de tu muerte. Estos activos pueden incluir cuentas de correo electrónico, redes sociales, blogs, cuentas de juegos en línea, acceso a suscripciones de servicios en Internet, historiales médicos, documentos en la nube, activos en criptomonedas y muchas otras cosas que las personas que te sobreviven pueden necesitar o querer conservar.

Este tipo de testamento no solo ayuda a proteger nuestra privacidad y legado digital después de nuestra muerte, sino que también evita el caos y la confusión para nuestros seres queridos respecto al manejo de nuestras cuentas y contraseñas digitales, y todo lo que hay detrás.

En España, el testamento digital se regula por primera vez en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD) de 2018. Según esta ley, un testamento digital es un documento en el que se prevé qué sucederá con la información digital de la persona testadora una vez esta fallezca. Para que tenga validez legal, dicho documento debe formalizarse ante un notario, como cualquier otro testamento. De otro modo será nulo. 

La creación de un testamento digital ofrece un alivio a nuestros seres queridos en un momento de dolor y confusión. Sin instrucciones claras, pueden tener serias dificultades para acceder o gestionar activos digitales, como el correo electrónico, lo que a menudo conduce a complicaciones legales. 

Además, el testamento digital es una herramienta vital para preservar el legado digital. Muchas personas almacenan recuerdos valiosos en formatos digitales, como fotografías y vídeos, y pueden tener deseos específicos sobre cómo deben ser compartidos, conservados o bien eliminados tras su fallecimiento. 

Qué debe contener un testamento digital

Un testamento digital debe dar instrucciones claras sobre la gestión de activos digitales para los familiares y allegados que tienen que gestionarlo: 

¿Por qué es importante un testamento digital?

Podemos pensar que el testamento digital no es importante porque, al fin y al cabo, ya no necesitaremos nuestros activos digitales después de la muerte. Sin embargo, es una forma de hacer la vida más fácil a las personas que dejamos detrás. 

Por un lado, el testamento digital protege nuestra privacidad y asegura que nuestros datos personales no caigan en manos equivocadas y puedan ser utilizados con fines criminales o incluso intentos de estafa contra nuestros familiares. Por otro, permite que tus recuerdos y contenidos en Internet sean conservados o eliminados de acuerdo a tus deseos y no se pierdan o se difundan.

Además el testamento digital facilita el proceso de duelo y reduce el estrés de tus seres queridos al proporcionarles directrices claras. También ayuda a evitar disputas entre familiares, comunes con otros activos, como propiedades o dinero, y a las que los activos digitales se suman en ocasiones causando aún más conflictos.

No todo es dinero y fotografías. Un informe de la firma de seguridad digital Dashlane reveló que el usuario promedio tiene más de 200 cuentas en línea. Por otro lado, un estudio realizado por McAfee en 2021concluía que el valor promedio de los activos digitales de una persona es de alrededor de 35.000 dólares (alrededor de 32.000 euros). Esto incluye, entre otras muchas cosas:

Un testamento digital es una herramienta esencial en nuestro mundo cada vez más conectado. No solo protege nuestra privacidad y preserva nuestro legado, sino que también proporciona paz y claridad a nuestros seres queridos en momentos difíciles.

Philippe Squarzoni (Ardèche, 1971) es un autor francés de trayectoria atípica: tras trabajar una larga temporada como observador de derechos humanos en lugares como México, la antigua Yugoslavia o Palestina, inició su carrera como dibujante de cómics con algunos títulos de evidente carga política, como Zapata, en tems de guerre (Delcourt, 2012). Pero su salto a la primera línea de la actualidad lo dio con Cambio de clima (Errata Naturae, 2022), un ambicioso proyecto en el que Squarzoni volcaba varios años de investigación en torno a la crisis climática que nos amenaza.

Consciente de las múltiples ramificaciones del tema tanto como de su extrema gravedad, el autor acaba de publicar en España un nuevo trabajo, La oscura huella digital, también de la mano de Errata Naturae y traducido por Elena Pérez San Miguel, motivado por la importancia del cambio climático, tal y como afirma en la entrevista concedida a este periódico: “Cuando te das cuenta de la envergadura del reto al que nos enfrentamos y de las dificultades con las que tendremos que vérnoslas, es difícil olvidar esa preocupación”.

En este libro, Squarzoni profundiza en el impacto medioambiental de las tecnologías digitales, internet y los diferentes dispositivos que usamos, atendiendo especialmente a las acciones de las denominadas GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. El autor no desliga el discurso ideológico del económico, consciente de que las soluciones deben ser políticas. “Creo que los gobiernos tienen que desempeñar un papel regulador muy importante. Pero es complicado. De momento, los gobiernos les han requerido algo de calderilla a las multinacionales de las nuevas tecnologías. Porque, en cierto modo, es lo más fácil de hacer. Devolver unos cuantos millones de dólares cuando están obteniendo miles de millones de beneficios es incluso una buena publicidad para estas empresas”, asegura Squarzoni.

El autor apunta a un modelo de negocio basado en el libre acceso de los usuarios, con el fin de recabar información sobre sus hábitos de consumo que luego puedan rentabilizarse mediante la publicidad. “Es una lógica profundamente consumista —explica— porque cuanto más tiempo pasas en Internet, más rastros dejas que pueden utilizarse para segmentarte. Y más probabilidades tienes de recibir una publicidad dirigida que se convierta en una acción de consumo. Así que, tanto en términos de uso digital como de lógica de consumo, lo que subyace a esta nueva economía es lo de siempre: puro capitalismo depredador. En otras palabras, exactamente lo contrario de la sobriedad que necesitamos para mitigar los efectos de la crisis climática”.

Estos son los datos que Squarzoni recoge en su ensayo gráfico: las tecnologías digitales acaparan ya el 10% de la producción mundial de electricidad, y liberan el 4% de las emisiones totales de CO₂. Embarcados en una carrera irreflexiva por conseguir cada vez más velocidad de streaming y conectar a internet hasta los objetos cotidianos más sencillos, el problema, dice Squarzoni, es que se ha instaurado el mito de que la tecnología digital es “verde”. Mucha gente tiene la impresión de que la información almacenada en 'la nube' no ocupa lugar, pero nada más lejos: existen ya miles de gigantescas centrales de datos por todo el mundo. “Lo primero que hay que hacer es desmontar ese mito”, propone el autor. “Tenemos que demostrar que la nube significa cada vez más máquinas, equipos, cables, ancho de banda, terminales, etc. Esta materialidad del mundo digital, la cara oculta del iceberg, es inmensa y crece a un ritmo extraordinario”.

El ensayo de Squarzoni pone el foco en una paradoja: nunca ha estado tan presente en el debate público la emergencia climática, pero jamás se ha producido y consumido tanta tecnología. Un ejemplo: según el autor, la media de teléfonos móviles que tiene un joven francés antes de cumplir los 18 años es de cinco dispositivos. La obsolescencia programada, pero también las inercias consumistas, nos llevan a comprar y producir cada vez más aparatos tecnológicos, con el consecuente impacto medioambiental. “Esta contradicción está en el corazón del problema ecológico”, señala el dibujante. “La cuestión es tan grave y tan difícil de resolver porque existe una profunda contradicción entre nuestro estilo de vida y lo que el planeta puede soportar en términos de perturbación. Como sociedad, emitimos gases de efecto invernadero por todos los poros de nuestra piel colectiva. Todo lo que hacemos para consumir, viajar, disfrutar de nuestra vida cotidiana e incluso alimentarnos contribuye al problema”.

Así, el autor de La oscura huella digital no elude la responsabilidad individual: “Todo el mundo puede tener un pequeño margen de maniobra, tan solo con echar un vistazo crítico a su propia relación con la tecnología digital”. Pero, al mismo tiempo, tiene claro que los estados deben actuar ya. “Las verdaderas soluciones vendrán (o no…) de la regulación estatal, que podría sacarnos, si hubiera voluntad real, de esta imposible disyuntiva individual entre nuestras preocupaciones y nuestros usos cotidianos”.

Squarzoni es moderadamente optimista en las conclusiones de su ensayo, y aboga por soluciones razonables, alejadas del catastrofismo. Sin embargo, también es consciente de que el tiempo se acaba y que, de seguir así, el planeta sufrirá daños irreversibles. “El tiempo apremia y solo estamos abordando los problemas más sencillos: la primera capa de emisiones que hay que reducir. Los menos dolorosos. Pero tenemos que cambiar de marcha, y rápido, porque la ventana de oportunidad para reducir nuestras emisiones se está cerrando”. Sin embargo, para el autor hay otra cuestión fundamental. “Los cambios que hay que hacer deben debatirse y elegirse democráticamente. Sin prisa y sin pausa. Porque eso es lo que intentamos salvar: formas imperfectas, pero democráticas, de organización colectiva. Si las abandonamos para salvarnos, habremos fracasado igualmente”, concluye.

Informarse sobre un determinado producto en Internet y, como por arte de magia, empezar a ver anuncios sobre él u otros muy relacionados en los navegadores y redes sociales. Pero no es magia, sino una parte determinante del negocio publicitario con el que ganan dinero las plataformas que ofrecen servicios gratuitos en la red y que se basa en la venta de datos personales de los usuarios. En los próximos meses, Facebook probará en España una herramienta que ofrecerá más información sobre esta práctica.

La nueva función se denomina “Actividad fuera de Facebook” y, según ha asegurado la compañía este martes, permitirá a los usuarios “desconectar” la información sobre su navegación en plataformas ajenas a Facebook de su cuenta personal. El término “desconectar” empleado por la red social no es baladí, puesto que la herramienta no permitirá impedir que Facebook guarde esa información en su base de datos, sino solo que la emplee para mostrar anuncios personalizados en su plataforma.

“Si borras tu actividad fuera de Facebook, eliminaremos tu información de identificación de los datos que las aplicaciones y sitios web deciden enviarnos. No sabremos en qué sitios web has estado o lo que has hecho ahí, y no utilizaremos los datos que has desconectado para mostrarte anuncios en Facebook, Instagram o Messenger”, han asegurado dos portavoces de la compañía.

Todos los caminos llevan a Facebook

Un usuario medio puede utilizar decenas de aplicaciones y visitar cientos de webs cada día. Gran parte de ellas, incluso todas, pueden estar enviando a Facebook información sobre la actividad e interacciones de cada usuario mientras navega por ellas.

Esta información no se reduce a clicks o tiempo de permanencia en ellas. Las tecnologías de seguimiento o trackers [del inglés track: seguir, monitorizar], que van mucho más allá de las famosas cookies, se emplean para recopilar y cruzar un gran número de datos para perfilar con un alto nivel de detalle a cada usuario. Un reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos avisó que los trackers pueden recopilar la versión y ajustes del navegador, las aplicaciones instaladas, el idioma, zona horaria, configuración de pantalla, el uso de la batería, los codecs de audio y vídeo que se utilizan, la memoria disponible en el dispositivo o la información que recojen los sensores del terminal (acelerómetro, GPS, giroscopio, etc.).

Identificar a la persona que navega desde cada aparato es el modelo de negocio real de la inmensa mayoría de páginas web y servicios gratuitos. Incluso aunque el usuario haya intentado establecer una protección ante la recogida de datos, los sistemas de minado de información son capaces de saltárselos. Es la razón por la cual, como constata la Agendia de Protección de Datos, en ellas “no se proporcionan herramientas para poder evitar la recogida de datos, ya que una vez iniciado el acceso la página en Internet, y antes de que el usuario haya podido visualizarlo, el servidor ya tiene toda la información de su huella digital”.

Con la herramienta que presenta esta martes, Facebook tampoco permite impedir el minado de esa información, limitándose a ofrecer la posibilidad de “desconectar” la que recopilen otros servicios digitales de la que el usuario genere a través de su navegación en Facebook. No obstante, los portavoces de la compañía han afirmado que “Actividad fuera de Facebook” también podría afectar a su negocio: “Somos conscientes de que esto podría repercutir en nuestro negocio, pero creemos que es más importante dar a las personas el control sobre sus datos”.

Desde la salida a la luz del escándalo en torno a Cambridge Analytica, Facebook ha lanzado herramientas que permiten consultar más información sobre su negocio publicitario. Entre ellas se encuentran la función “¿por qué veo este anuncio?” o la Biblioteca de Anuncios, que recopila la publicidad de carácter político que se muestra en la plataforma y ofrece datos sobre quién la ha financiado y a quién está dirigida.

Estos movimientos no han impedido que la Comisión Federal del Comercio de EEUU multara en julio a la red social con 5.000 millones de dólares por su mala gestión de la privacidad de los usuarios.

“Una noche, 'Jack' decide ver porno en su portátil. Habilita el 'modo incógnito' en su navegador, asumiendo que sus acciones ahora son privadas. Abre un sitio y hace scroll a través de su política de privacidad. Asumiendo que un sitio con política de privacidad protegerá su información personal, Jack hace clic en un vídeo. Lo que Jack no sabe es que el 'modo incógnito' solo garantiza que su historial de navegación no se almacene en su ordenador. Los sitios que visita, así como los rastreadores de terceros, pueden observar y registrar todas sus acciones. Pueden incluso inferir los intereses sexuales de Jack a partir de los sitios a los que accede. También podrían usar esa actividad para el marketing o la creación de un perfil de consumidor. Incluso pueden vender los datos. Jack no tiene ni idea de que estas transferencias de datos de terceros se están produciendo mientras navega por los vídeos”.

Se trata del ejemplo que, a modo de introducción, incluye el último estudio sobre privacidad en la navegación en páginas porno empleando el 'modo incógnito', que ha analizado 22.484 de ellas en busca de trackers (software de terceros que monitoriza la actividad del usuario, como las cookies). El análisis, llevado a cabo por investigadores de las universidades de Pensilvania, Carnegie Mellon y Microsoft, ha hallado código espía de terceros en el 93% de las webs. De media, hay siete empresas vigilando la actividad de los usuarios en cada una de ellas, además del registro con el que se queda la propia página porno.

El código de Google (o de alguna de las empresas subsidiarias de Alphabet, la matriz del buscador) está presente el 74% de ellas. En segunda posición aparece Exoclick, que tiene ojos en el 40% de las webs porno.

Exoclick es una empresa española especializada en explotar la publicidad que Google o Facebook rechazan por motivos éticos. Es la líder mundial de los anuncios de los productos relacionados con la pornografía y con el juego. Al igual que los dos gigantes publicitarios norteamericanos, para dominar ese mercado monitorizan la actividad de los usuarios a través de software de rastreo, aunque el usuario intente evitarlo a través del 'modo incógnito'.

Si Google o Facebook quieren saber dónde piensas ir de vacaciones para bombardearte con anuncios que ofertan viajes a ese destino, Exoclick se ha especializado en conocer tus preferencias sexuales para mostrar publicidad orientada en base a ellas en webs de contenidos para adultos.

Su fundador, el programador belga Benjamin Fonzé, fundó la empresa en 2006. Tras un inicio dedicado a segmentar a los jugadores de póker online con fines publicitarios, orientó la empresa al porno, un nicho que Google no quería ocupar. Una década después, el Financial Times la incluyó en la lista de empresas europeas de más rápido crecimiento y supera los 110 millones de euros de facturación.

El software de Exoclick gestiona 6.000 millones de anuncios vistos cada día por usuarios de todo el mundo. El grueso de su negocio es el contenido para adultos.

Trackers para inferir intereses sexuales

TrackersLas tecnologías de seguimiento o trackers [del inglés track: ;seguir, monitorizar] se emplea para cruzar un gran número de datos del usuario. Crea un fichero que incluye información personal desde la geolocalización al dispositivo que utiliza, qué programas o aplicaciones tiene instalados en él o incluso su nivel de batería o memoria disponible; que se cruza con datos de su navegación como las páginas web que se visita, cuánto tiempo pasa en ellas o qué acciones lleva a cabo (qué descarga, qué compra o qué vídeos ve).

El nivel de detalle llega de los trackers llega a vigilar el movimiento del ratón por la pantalla, examinando e interpretando en qué zonas de la web se detiene por más tiempo. Un reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos avisó sobre la invasión de la privacidad que supone el avance de estas tecnologías de rastreo, que “permite confeccionar una suerte de huella digital única del dispositivo que lo singulariza y, por lo tanto, diferencia de forma univoca a cada usuario en Internet”.

El estudio de Microsoft y las universidades norteamericanas denuncia que su uso es especialmente peligroso en páginas porno para captar datos los intereses sexuales del usuario. “El consumo de pornografía no necesariamente equivale a identidad sexual, preferencia, placer, interés o fetiche”, avisan los investigadores: “La pornografía sirve a una variedad de usos y el contenido consumido no indica explícitamente la identidad sexual o de género, los intereses, deseos o afinidades de una persona”.

“Por ejemplo, alguien puede consumir pornografía gay y no identificarse como gay”, recalcan.

Filtraciones, discriminación y consentimiento

Los investigadores señalan que, además de que el consumo de pornografía no tiene por qué representar la orientación o intereses de una persona (“tampoco revela necesariamente las acciones del supuesto propietario del dispositivo; el consumo de pornografía puede ocurrir en el dispositivo de alguien sin su conocimiento”, recuerdan), la recogida indiscriminada de este tipo de datos sexuales lleva aparejados tres riesgos fundamentales.

El primero es la filtración. La investigación revela que solo el 17% de las webs porno encriptan sus datos. Un simple almacenado de las direcciones URL que se visitan puede suponer un gran riesgo para la privacidad, puesto que algunas son muy explícitas (el estudio cita a bestialitylovers.com, boyfuckmomtube.com, o hdgayfuck.com). La combinación de datos sensibles con poca o nula seguridad puede ser “irresistible” para los ciberdelincuentes, avisan.

El segundo riesgo es la discriminación que podría provocar una filtración contra aquellas personas cuyos datos apuntaran a unos intereses sexuales fuera de lo heteronormativo, afirma el estudio. El último de los que se señalan tiene que ver con el consentimiento: “Creemos que tanto la actividad sexual en persona como online (incluyendo el consumo de pornografía) deben realizarse solo cuando se ha otorgado un consentimiento afirmativo”, argumentan. Algo que no se da en las páginas porno, donde este minado de datos por parte de terceros es opaco, puesto que solo se refleja en las políticas de privacidad del 11% de ellas y aún así, de una forma difícil de entender.

230 compañías diferentes vigilan

Los investigadores han hallado trackers de hasta 230 compañías diferentes en las 22.484 webs porno analizadas. No obstante, “este rastreo está altamente concentrado por un puñado de grandes compañías, algunas de las cuales están especializadas en pornografía”. En este último grupo entra Exoclick, que se sitúa a mucha distancia de sus competidoras especializadas (las neerlandesas JuicyAds y EroAdvertising vigilan el 11% y el 9% de los sitios porno, respectivamente).

En el grupo de las compañías con servicios fuera del negocio de la pornografía aparecen Google (74% de las páginas vigiladas con código espía), Oracle (24%) y Facebook (10%). eldiario.es se ha puesto en contacto con las tres compañías. Oracle no ha respondido al requerimiento de información.

“No permitimos el uso de Google Ads en páginas web de contenido adulto y prohibimos los anuncios personalizados, así como los perfiles publicitarios basados en los intereses sexuales del usuario o en actividades online relacionadas con ello. Además, las etiquetas para nuestros servicios de publicidad nunca proporcionan información que permita a Google identificar al usuario”, ha afirmado una portavoz del buscador.

Facebook por su parte ha remitido un comunicado en el que rechaza el uso de sus herramientas en las páginas porno: “No queremos que los sitios web para adultos utilicen nuestras herramientas comerciales, ya que ese tipo de contenido viola nuestros estándares comunitarios. Cuando nos enteramos de que este tipo de sitios o aplicaciones utilizan nuestras herramientas, las aplicamos en su contra”.

Analizar la huella digital de los dispositivos conectados a Internet permite a las páginas y plataformas web identificar a la persona que está detrás de cada aparato. Funciona a partir de la recolección masiva de información sobre los detalles de cada uno de ellos. Sirve para singularizarlos en el océano de 4.000 millones de ordenadores, teléfonos y otros dispositivos conectados a la red, fichar quién es su usuario y qué perfil de consumidor tiene. La recopilación de información llega a ser tan abusiva que provoca dudas sobre su legalidad, como ha alertado este jueves la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En un amplio informe sobre la huella digital y cómo afecta a los usuarios españoles, la Agencia avisa que las técnicas de minado de información ya van mucho más allá de las conocidas cookies (ficheros que las páginas web instalan en los dispositivos que las visitan para marcarlos, con diversos objetivos). De hecho, es la protección ante ellas por parte de los usuarios y de los servicios antivirus lo que ha provocado la explosión de las técnicas para “salvar esas protecciones para recopilar y explotar datos”, adelanta la AEPD.

La recolección de información utiliza varias técnicas. Algunas se basan en instalar y ejecutar aplicaciones en el dispositivo del usuario que, sin su conocimiento o permiso, recogen y transmiten datos personales de este hacia los servidores de la web o servicio digital en cuestión que quiere identificarlo.

Otras más simples, pero también muy efectivas, analizan al detalle la configuración del equipo. Se trata de estudiar y cruzar datos sobre el tipo, versión y ajustes del navegador, las aplicaciones instaladas, el idioma, zona horaria, configuración de pantalla, el uso de la batería, los codecs de audio y vídeo detectados, la memoria disponible, la presencia de teclados virtuales, la información sobre los sensores del terminal (acelerómetro, GPS, giroscopio, etc.), el número de monitores conectados y cualquier detalle sobre personalización del equipo como, curiosamente, si el usuario ha intentado aumentar las medidas de seguridad ante las técnicas de minado de información.

La AEPD señala que “el conjunto de datos recabados puede ser tan extenso, o enriquecerse de tal forma, que identifique unívocamente al usuario”.

La Agencia señala que el hecho de que el contenido de ese paquete de información personal minada a los usuarios sea “desconocido” provoca “serias dudas” sobre su adecuación a las protecciones obligatorias del Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGDP) de la UE. En concreto, la AEPD duda de su respeto al principio de minimización (recoger solo los datos personales requeridos para dar un determinado servicio y solo durante el período necesario), el de evaluación de impacto (un estudio obligatorio cuando entre los datos recogidos son “de categoría especial”, como los referidos a raza, creencias religiosas o ideología de los usuarios), o la necesidad de conseguir el consentimiento informado del usuario antes de extraer su información.

Si el producto es gratis es que el producto eres tú

El propósito de toda esta recopilación de información es la publicidad. Tal y como recoge el estudio de la AEPD, “actualmente, el modelo que subyace tras la mayoría de los servicios web se basa en prestar un servicio de forma totalmente gratuita, a cambio de la monetización de los datos recopilados de los usuarios”. Excepto en el caso de las plataformas más grandes, como Facebook o Google, esa monetización no la realiza la propia web o servicio digital, sino una agencia de publicidad, por lo que los datos pasan por varias manos.

La forma de rentabilizar al máximo esa publicidad es conocer todos los detalles posibles del perfil como consumidor del usuario. Es la forma de aumentar la efectividad de los anuncios que se les muestran. Identificar a la persona que navega desde cada aparato es el modelo de negocio real de la inmensa mayoría de páginas web y servicios gratuitos.

Es la razón por la cual, como constata la AEPD, en ellas “no se proporcionan herramientas para poder evitar la recogida de datos, ya que una vez iniciado el acceso la página en Internet, y antes de que el usuario haya podido visualizarlo, el servidor ya tiene toda la información de su fingerprint”.

Aunque el usuario haya intentado establecer protecciones, los sistemas de minado de información son capaces de saltárselos. “Incluso se han detectado casos en los que, de forma general, no se atiende a la configuración DNT (Do Not Track) establecida por el usuario para desactivar la recogida de la huella digital en los servicios de Internet”, señala el informe.

Protegerse no es fácil

La AEPD avisa que el 'modo privado' o 'navegación anónima' de los navegadores no sirve de nada ante la recolección de la huella digital: “A las técnicas usadas en la confección de la huella les resulta transparente la navegación privada, ya que las características que chequea la huella son las mismas”. Ocurre algo similar con las VPN o redes de anonimización, que aunque filtran la información sobre la dirección IP del usuario, dejan a la vista toda la relativa al dispositivo y sus características.

Existen herramientas que permiten camuflar la huella digital. No obstante, estas resultan “complejas para un usuario común, dificultan la navegación en Internet y tienen una efectividad limitada”, lamenta el regulador de privacidad español. La más efectiva, pese a que la AEPD apenas la menciona en una línea del estudio, es el navegador Tor: “Enmascara la huella del terminal cuando se accede a Internet”, se limita a exponer.

En cambio, la Agencia explica con mayor profundidad otras opciones, aunque reconoce que son menos efectivas. Entre las opciones que lista está activar el Do Not Track (DNT), presente en casi todos los navegadores y que indica la voluntad del usuario de deshabilitar las técnicas de seguimiento. “Lamentablemente, no todos los servicios web cumplen o respetan la solicitud DNT del usuario”, recuerda la AEPD, ya que no constituye una obligación: “De hecho, algunos servicios web utilizan esta información como un factor más de la huella digital del usuario”.

Otra de las recomendaciones es usar bloqueadores de publicidad. El estudio ha detectado que los más eficaces son Ghostery y uBlock Origin. Existen múltiples opciones, como Privacy Badger, de la Electronic Frontier Foundation.

Los últimos consejos por parte de la APED son alternar el uso de navegadores (“no elimina el uso de la huella, pero permitirá que no toda la información sobre la actividad del usuario se consolide asociada a un mismo identificador”, explica) e instalar el mínimo de extensiones posibles en ellos. Todas ellas sirven para identificar al usuario: “Cuantas más extensiones se tengan instaladas y más alejado se encuentre el navegador de su configuración por defecto más capacidad para singularizarnos”.

El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) lleva probando desde octubre un sistema de identificación de los usuarios mediante huella digital. El 15 de marzo, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, recordó en el Parlamento a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que la cesión de datos biométricos personales no podía resultar obligatoria para, por ejemplo, el colectivo de perceptores de la renta de garantía de ingresos. En este escenario, Lanbide tiene asumido que la cesión de la huella como mecanismo de control será algo “voluntario”, pero el Gobierno no aclara ni cuántos se han negado a utilizar este sistema durante las pruebas piloto ni la alternativa para aquéllos que lo rechacen de manera expresa pero que seguirán teniendo los mismos derechos para cobrar prestaciones y recibir el resto de servicios.

Explica Artolazabal en respuesta escrita a las preguntas de Laura Garrido (PP) en la Cámara que “en octubre de 2017 se firmó un convenio con Izenpe” para probar el sistema en la oficina de Txagorritxu de Vitoria, tanto con usuarios como con los trabajadores. En cuanto a los primeros, “las personas usuarias que acuden a la oficina pasan voluntariamente a la toma de datos biométricos”. Y añade que desde “marzo de 2018” y con una duración de “seis meses” se extenderá el plan a otras nueve oficinas de Lanbide de Vitoria, Bilbao (2), San Sebastián, Lasarte-Oria, Beasain, Barakaldo, Portugalete y Sestao.

¿Qué supondrá? Según Artolozabal, “se contratarán diez auxiliares administrativos para esta etapa”. El gasto asociado de la contratación de este personal es de 123.452,00 euros. Y el equipo de recogida biométrica consta de un lector Dactilar 4-4-2, una cámara de fotos, un validador de documentos y un lector dactilar de una huella con un coste total de 28.277,70 €. El coste de esta segunda fase se estima en 151.729,70 euros“, abunda Empleo y Políticas Sociales.

Lo que no aclara el Gobierno es qué ocurrirá en la denominada “fase masiva”, es decir, cuando el sistema se extienda a toda la red. Protección de Datos criticó que la idea inicial fuese hacer obligatoria la identificación dactilar: “No parece que [el plan de Lanbide] contara con el consentimiento previo y es obligatorio. De la orden de inicio se deduce lo contrario, que iba a ser una obligación general”. Por ello, Uria recordó en el Parlamento que los afectados de semejante sistema de control tienen que dar un consentimiento expreso y, si se niegan, disponer de una alternativa para acceder a los mismos servicios en igualdad de condiciones. Una nueva normativa europea que entrará en vigor esta primavera aborda precisamente estas cuestiones.

Según ha informado la 'Cadena Ser', el Ararteko ha recibido de Lanbide la confirmación de que el sistema se ajustará a la legalidad y será voluntario. “De momento, mientras estudiamos el tema legal, lo que voy a hacer es que sea voluntario”, le habría dicho Artolazabal al titular del 'ararteko', Manuel Lezertua, según ha explicado este en una entrevista en la citada emisora.

Consultado por este periódico, Empleo y Políticas Sociales no ha aportado más información y no ha concretado qué sistema alternativo se ofrecerá a los ciudadanos que se nieguen a entregar sus datos biométricos a la Administración. Igualmente, no hay datos de cuántas personas han rechazado el sistema durante la fase de pruebas y cómo se ha actuado con ellos.

Lanbide ha iniciado un plan piloto para probar el uso de la huella digital como medida de identificación entre sus trabajadores y, sobre todo, entre los usuarios del servicio, principalmente solicitantes de renta de garantía de ingresos. De hecho, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha manifestado esta misma semana su deseo de que el nuevo sistema de control se extienda a partir del verano a toda la red de oficinas de Lanbide. Este jueves, en el Parlamento, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, ha recordado que los afectados deberán dar un consentimiento expreso para que la Administración almacene esos datos biométricos y haga uso de ellos y ha sugerido que deberían existir fórmulas alternativas de identificación, como una tarjeta, para aquéllos que rechacen la identificación mediante rastros dactilares.

Uria ha explicado en la Cámara que aún “no existe una norma” que regule el empleo de la huella digital en toda la red de Lanbide y que, por lo tanto, “es difícil saber exactamente” el alcance de estas medidas de control. No obstante, ha explicado que el Gobierno envió en febrero una carta a Protección de Datos para anunciarle la entrada en vigor del plan. Este organismo respondió, a título informativo, que “es obligatorio” que los afectados accedan a la cesión de un dato privado e identificativo, sin que pueda obligárseles a ello. “No parece que [el plan de Lanbide] contara con el consentimiento previo y es obligatorio. De la orden de inicio se deduce lo contrario, que iba a ser una obligación general”, ha indicado Uria, quien ha apostillado que en mayo entra en vigor un nuevo reglamento europeo más restrictivo en materia de protección de datos.

El sistema es “muy práctico, pero con problemas”, ha dicho la presidenta de Protección de Datos. Ha explicado también que Lanbide ha de incorporar a su propuesta un análisis del “impacto” de la medida y, a nivel general, ha indicado que si hay mecanismos de control menos invasivos, ha de apostarse por ellos, citando el caso del dictamen negativo que ha recibido el uso de estos sistemas para controlar la asistencia de menores a clase. Asimismo, ha manifestado que planes de uso de datos personales “a gran escala” deben tener el respaldo de normas “con rango legal”.

En la comparecencia de Uria se ha colado también la decisión del Parlamento de instalar un sistema de control dactilar de los accesos al aparcamiento de la Cámara. “Me parece exagerado que me pidan la huella para dejar el coche”, ha ironizado la socialista Alexia Castelo tras conocer los riesgos e implicaciones de estos sistemas desgranados por la directora de Protección de Datos. La Cámara sí ha solicitado permiso a los usuarios y quienes se han negado disponen de una tarjeta alternativa, como hasta ahora, para abrir la puerta del garaje.

Cada año mueren al menos 3 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo. Tres millones de perfiles que permanecen abiertos, aunque no activos. Un investigador de la Universidad de Massachusetts, Hachem Saddiki, publicó un estudio en Fusion en el que proyectó el crecimiento del número de cuentas de Facebook en el tiempo, los millones de perfiles actuales y las tasas de defunción y llegó a esta conclusión de que en 2098 la red social tendrá más usuarios muertos que vivos. 

¿Puede convertirse Facebook en un cementerio virtual? ¿En un catálogo de fallecidos? A menos que la familia del fallecido solicite que se cierre su perfil, éste permanece abierto, recibiendo notificaciones, publicando comentarios de otros usuarios en la biografía, albergando nuevas fotos... Un episodio nada agradable para muchos familiares que se repite en el resto de redes sociales y, en general, en Internet. 

Pero no solo queda ahí. Las personas que nos movemos en este espacio dejamos una “huella digital”, un rastro de todos nuestros movimientos por la red, desde compras e interacciones hasta registros de correo electrónico o suscripciones a otras webs... Un historial en línea que puede ser rastreado y se almacena en las bases de datos. 

Cuando una persona, un titular de una cuenta, fallece, el historial no desaparece y los datos siguen a la deriva por Internet, si no se solicita su borrado. Cuestión bastante compleja si se desconocen las claves de la persona fallecida. En Valencia, un cementerio privado ha comenzado a ofrecer a las familias el servicio de borrado de huella digital. 

El servicio, explica Leonardo Bruno, gerente del Parque La Paz, se ampara en el derecho al olvido  -una adaptación de los derechos de cancelación y oposición en Internet-. Las personas tenemos derecho a ser borradas de la red. La idea surgió cuando hace dos años una mujer planteó al cementerio sus dudas sobre cómo eliminar el perfil de Facebook de su hijo fallecido porque seguían llegando notificaciones -amigos y conocidos que dejaban sus comentarios de pésame- y prefería llevar el duelo de una forma más discreta. Las redes sociales, recuerda Bruno, actúan con mecanismos que apelan a las emociones y pueden ser dolorosos para las personas que han perdido a alguien; poca gente quiere encontrarse una mañana con un post automático en el que recuerde una cita de años atrás con quien ya no se puede acudir a ella. En millones de muros, los cumpleaños se siguen anunciando.

Al margen de las redes sociales y de las publicaciones en prensa, la huella se mantiene en las compras y suscripciones a servicios. Spotify, Amazon, una licencia de un programa informático... son pagos periódicos que, si no se cancela la cuenta, siguen llegando y pueden heredar los familiares. En este caso, explica Bruno, la familia puede elegir si quiere mantener la licencia -como un bien más- o cancelar el pago. Es decir, se puede heredar la cuenta de Spotify de un fallecido o la licencia de Adobe de un fallecido.

Según la Agencia Española de Protección de Datos, el derecho al olvido hace referencia al derecho “a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa”. En concreto, incluye el derecho a “limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de expresión o de información)”.

Existen varias formas de desaparecer de Internet. Por un lado, acudir a la fuente original en la que se ha publicado el contenido y eliminarlo de raíz y, por otro, desindexar: borrar el contenido -el nombre de la persona, en este caso- de los motores de búsqueda. Así, el derecho al olvido puede ejercitarse sobre los motores de búsqueda y sobre el contenido original. Volviendo a la explicación de la Agencia Española de Protección de Datos, los motores de búsqueda y los editores originales realizan dos tratamientos de datos diferenciados, con legitimaciones diferentes y también con un impacto diferente sobre la privacidad de las personas. La entidad advierte de que “puede suceder que no proceda conceder el derecho frente al editor y sí frente al motor de búsqueda, ya que la difusión universal que realiza el buscador, sumado a la información adicional que facilita sobre el mismo individuo cuando se busca por su nombre, puede tener un impacto desproporcionado sobre su privacidad”.

En este caso, explica el abogado de La Paz, se procede a desindexar, un procedimiento que, si bien ayuda a que no aparezcan resultados con una búsqueda determinada -de nuevo, el nombre de la persona en este caso- “no implica que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El enlace que se muestra en el buscador sólo dejará de ser visible cuando la búsqueda se realice a través del nombre de la persona que ejerció su derecho. Las fuentes permanecen inalteradas”.

¿Cuánto puede tardar en borrarse de Internet? “Depende”, explica López. “Tenemos casos que van desde 15 días hasta un año”. Generalmente, a mayor exposición pública, mayor dificultad de borrado. “Los empresarios que han salido mucho en prensa”, son el asunto más complejo. La dificultad responde a que, en el caso de las publicaciones en medios de comunicación, el derecho al olvido choca con el derecho a la libertad de expresión y de información. La notoriedad complica la labor de borrado. En el caso de las comunicaciones oficiales (el BOE, por ejemplo), se procede de la misma forma.

En el tiempo también influyen el país en el que esté alojado el servidor y el tamaño de la corporación que lo gestione. En el caso de los Estados pertenecientes a la Unión Europea, el derecho al olvido está reconocido, al contrario que, por ejemplo, en Estados Unidos. Un pequeño servidor norteamericano no tiene por qué ceder a esta petición. Respecto al tamaño de la empresa, el condicionamiento es burocrático: las grandes empresas tardan más en responder a las solicitudes, explica el abogado. Generalmente, los portales sociales y las empresas acceden rápidamente a borrar el perfil solicitado. Sin embargo, recuerda que para ejercer el derecho al olvido, hay que dirigirse a quien alberga la información. Para Internet, morir no es un problema.

Representantes del Laboratorio de Investigación e Intervención en Filosofía y Ética (LIFE) han advertido de que la implantación de la huella digital como sistema de identificación para los trabajadores y usuarios de Lanbide es una medida “extremadamente agresiva”. Por eso, han animado a los parlamentarios a que sean ellos y los defraudadores fiscales los primeros en someterse a esta forma de control biométrico. Dos portavoces de este organismo han expuesto en el Parlamento vasco su opinión respecto a la implantación de este controvertido sistema de reconocimiento.

La huella digital es un sistema que identifica a las personas a través del reconocimiento de sus huellas dactilares mediante un escáner. Entre los usuarios de Lanbide, los más numerosos son los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El Gobierno vasco ha presentado esta medida como un sistema necesario para evitar el “fraude” en la percepción de las ayudas sociales

Según los expertos en ética, la implantación de este sistema puede implicar una “discriminación” de los perceptores de las ayudas sociales. “Los propios datos del Ejecutivo autonómico constatan que las irregularidades en la percepción de las prestaciones sociales es inferior al uno por ciento. No es una medida equilibrada”, han recalcado.

Los representantes de LIFE han criticado que se presente a los usuarios de Lanbide como “sospechosos de fraude”, y han invitado al Gobierno Vasco y a los partidos políticos a empezar a aplicar esta medida “por arriba”, y no en los sectores “más vulnerables” de la sociedad.

De esa forma, han propuesto a los parlamentarios que implanten el sistema de huella digital para perseguir el fraude fiscal y para identificarse ellos mismos cuando acceden al Parlamento autonómico, ya que también ellos son “potenciales comitentes de un crimen de identidad”.

Dificultades técnicas

Además, han alegado dificultades técnicas para implantar este método. Han citado estudios universitarios que constatan que la mayoría de los sistemas de control por huella digital utilizan una lectura “parcial” de las huellas dactilares, lo que provoca posibles errores. Esto se debe a que, si bien no existen dos huellas completas idénticas, sí hay casos en los que una parte de la huella de dos personas reúne las mismas características.

Por otra parte, han denunciado que estos sistemas tienen “muchos aspectos negativos”, y han advertido contra la “falsa dicotomía” que plantean quienes “contraponen la libertad y los derechos fundamentales con el control y la seguridad”.

También han asegurado que, para que exista un “verdadero tratamiento ético” de las personas a las que se aplica la medida, debe existir un consentimiento “expreso e informado por su parte”, pero han asegurado que, al ser un requisito imprescindible para acceder a las prestaciones de Lanbide, el consentimiento que puedan dar los usuarios para someterse a este control biométrico “no es voluntario ni autónomo”.

El banco HSBC dice que la banca telefónica es “más segura que nunca” gracias a su sistema de reconocimiento por voz. Oferta a sus clientes un servicio para operar a través del teléfono, permitiendo hacer transferencias, revisar el saldo de la cuenta o consultar recibos. “Tu voz es tan única como tu huella digital”, asegura la entidad. Solo en Reino Unido, más de 15 millones de personas utilizan ya este producto.

Dan Simmons (un periodista de la BBC) y su hermano mellizo Joe se han encargado de desmontar el enunciado de arriba. En ocho intentos, Joe ha sido capaz de acceder a las cuentas de su hermano, ver el saldo e incluso hacer transferencias entre las distintas cuentas. Para HSBC la huella sonora debería ser única, pero a la vista está que su sistema, que teóricamente reconoce “hasta 100 características diferentes de la voz humana”, falla.

Crear una cuenta es tan sencillo como proporcionar la fecha de nacimiento y pronunciar en voz alta la frase: “Mi voz es mi contraseña”. Después, los clientes pueden acceder a su banco por teléfono sin necesidad de recordar pins, el número del DNI o cualquier otra pregunta de seguridad. Dan Simmons se creó una cuenta en HSBC que fue comprometida por su propio hermano, Joe, imitando su voz y entrando al octavo intento. “Eso es lo verdaderamente alarmante”, dice Joe.

Además, un investigador ha descubierto que el sistema de reconocimiento por voz del banco le permitió seguir intentando entrar hasta en 20 ocasiones durante 12 minutos después de fallar a propósito. “La seguridad y protección de las cuentas de nuestros clientes es de suma importancia para nosotros” ha dicho el banco, que “revisará” su sistema e intentará que, en el futuro, la identificación sea más precisa.

“Las voces son únicas, pero si el sistema permite demasiadas discrepancias en la huella vocal no es seguro”, explica Mike McLaughin, de la compañía de seguridad británica Firstbase Technologies, a la BBC. “Y eso parece ser lo que sucedió aquí”. Otro experto consultado por el canal de noticias dice que “las voces son únicas, pero el sistema permite demasiadas discrepancias en la huella vocal, por lo tanto, no es seguro”.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales rechaza la propuesta de Maroto de implantar este sistema de reconocimiento de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos.

El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, ha afirmado que el Gobierno vasco no va a implantar la huella digital para “estigmatizar a un colectivo de personas de este país”.

De esta forma, ha rechazado la propuesta del parlamentario del PP y alcalde de Vitoria, Javier Maroto, de implantar el sistema de huella digital como sistema de reconocimiento de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) “en aquellos casos en los que técnica y jurídicamente se considere necesario”.

En declaraciones a la Ser, recogidas por Europa Press, Toña ha señalado que “hacer poner a uno su huella, a veces es una sensación como decirle: 'no sabe usted firmar, es usted ignorante', y parece que estos colectivos están cerca de la estigmatización”.

Según ha indicado, la cuestión de la huella digital es un asunto que la administración vasca, como otras, la vienen estudiando para su implantación “de forma razonable y de extensión en muchos instrumentos de acercamiento del ciudadano a las instituciones”.

A su parecer, éste es un asunto que “no puede estigmatizar” a un sector concreto de la población. “'Aquí pone la huella ¿y los demás?, los demás no importa'. Eso no puede ser”, ha aseverado.

El consejero ha insistido en que poner la huella es un asunto tecnológico y, “si se le quiere dar vida a eso, requiere muchos más requisitos, mucha más dedicación, muchos más recursos y más planificacion que decirlo una bonita mañana de invierno”.