La madre de Sandra Peña, Zara Villar, ha asegurado que el colegio Irlandesas Loreto, en el que estaba inscrita la menor sevillana que se suicidó el pasado 14 de octubre, omitió cualquier protocolo de actuación, a pesar de las advertencias y las comunicaciones que hizo la familia desde el inicio del curso académico. “Me engañaron a mí, a la psicóloga porque dieron por hecho que los protocolos estaban abiertos e intentaron engañar a la inspectora de Educación”, ha afirmado.

En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Villar ha concluido con que es “insostenible” la versión del centro educativo en el que la adolescente recibía las agresiones presuntamente por parte de otras tres compañeras de clase. Al respecto, la madre ha detallado que en agosto del año pasado se presentó un informe psicológico en el que se detallaba que la menor se autolesionaba a causa del acoso que sufría en el centro escolar.

“El 1 de septiembre mando un correo a la jefa de Estudios y a la tutora de Sandra, me llaman el día dos y me reúno el día tres: abren el protocolo de autolisis y, sobre el de acoso, me dicen que es si yo quiero, a lo que digo, que se haga lo que se tenga que hacer”, ha manifestado ante las cámaras. “Al final se decide que se abran los dos protocolos”, ha puntualizado. Sin embargo, el 16 de octubre no se había tramitado ninguno de los dos procedimientos, hecho que conocieron a través de la televisión en un comunicado por parte de la Consejería de Educación.

“Que caiga toda la justicia”

Desde el centro educativo, hubo dos llamadas que la madre no pudo atender y otros dos correos electrónicos referentes a trámites escolares. “Hubo dos profesoras que me mandaban emoticonos de afecto, pero son personas, no el colegio”, ha remarcado en cuanto a la actitud de la dirección del centro. Además, ha subrayado que en las sesiones con su psicóloga, Sandra identificó quiénes eran las presuntas agresoras, motivo por el que se comunicó a las tres familias implicadas que tomaran las precauciones necesarias.

A raíz de la pérdida de la joven, José Manuel, el padre, ha pedido que se depuren responsabilidades y que haya una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio Irlandesas Loreto: “Queremos que caiga toda la justicia sobre esos profesores que no abrieron los protocolos”.

“Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”

Por otra parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha lamentado este jueves que la investigación “no avanza”: “Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores. “Todavía quedan citaciones a varios testigos pendientes”.

En cuanto a la querella que presentaron contra el colegio y parte del profesorado del centro educativo donde estudiaba Sandra, el portavoz de la familia ha recordado que ha sido admitida a trámite. “Sabemos que han solicitado a Fiscalía las actuaciones que se están llevando en la misma, para apoyar la querella, y hasta ahí os puedo decir: ese es el punto en el que estamos”.

“Homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”

En este sentido, la familia de Sandra presentó el pasado 9 de enero una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado “implicado”. Una querella que alega que los implicados “habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”.

El tío de Sandra también se ha referido al suicidio de una menor de 14 años el pasado fin de semana en Benalmádena (Málaga), tan solo cuatro meses después de que Sandra se quitara la vida, del que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está pendiente del informe de la inspección educativa sin que esté descartado que detrás estuviera una situación de ciberacoso porque “está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad”, tal como ha asegurado este miércoles la consejera, Carmen Castillo.

Al respecto, la familia de Sandra considera que ella no sufría tanto ciberacoso, “si bien es verdad que hubo algunos mensajes”, como un acoso “más presencial” en el centro, a través de tres compañeras de clase. En este punto, Isacc Villar ha afirmado, a modo de reflexión dirigida a los jóvenes, que “se deben buscar otras soluciones, que las hay, y no refugiarnos, ni mucho menos, en que la salida es esta: hay que apoyarse en otras cosas”.

A mediados de enero, la familia mantuvo una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería y al término de la misma ya manifestaban que se mantenían “todas las vías abiertas” y se mostraban a la espera de que avanzara la parte judicial. “Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmaba entonces el portavoz de la familia.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy, 11 de marzo, la resolución de la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se regula la figura del coordinador o coordinadora de convivencia, bienestar y protección del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma y se establece su asignación horaria.

En total, 116 centros disponen de coordinadores que impulsan la convivencia positiva y garantizan la protección del alumnado frente a cualquier forma de violencia o conflicto, promoviendo la corresponsabilidad de la comunidad educativa y la participación de los estudiantes.

La resolución que publica hoy el BOR recoge la asignación horaria de dedicación del profesorado a la figura del coordinador en cada centro, a partir del próximo curso, así como las funciones que deben desarrollar en los centros. En concreto, durante este curso escolar, 88 centros públicos y 28 privados concertados disponen de una persona coordinadora de convivencia, aunque estos últimos, si imparten más de una etapa educativa, pueden designar una persona coordinadora por cada etapa, siempre que no se supere el límite máximo de horas establecido a cada centro a través de esta resolución. 

Entre las funciones que corresponden a las personas coordinadoras de convivencia, se encuentra la coordinación del plan de convivencia del centro y colaborar en la elaboración de políticas de protección del alumnado; diseñar y promover actuaciones y programas de mejora de la convivencia, el buen trato y la resolución pacífica de conflictos; impulsar la formación de la comunidad educativa en prevención, detección precoz y protección frente a la violencia; y fomentar la participación del alumnado y las familias, prestando especial atención al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Además, los coordinadores o coordinadoras de convivencia detectarán de forma temprana situaciones de riesgo y activarán los protocolos establecidos, coordinando las actuaciones con los servicios competentes; garantizarán la confidencialidad de las intervenciones y evitarán la estigmatización; y promoverán medidas de recuperación educativa para las víctimas y actuaciones de carácter reeducativo para el alumnado agresor, entre otras funciones. 

El Gobierno de Navarra ultima un nuevo Decreto Foral de Convivencia para expulsar del centro escolar a todo estudiante que “participe como agresor en una situación de acoso y/o ciberacoso”. Según informan desde el Departamento, el decreto ha sido remitido ya al Portal de Transparencia del Gobierno para la recepción de aportaciones.

El nuevo decreto, que sustituirá al del año 2010, establece que también se podrá proponer la medida del traslado definitivo de centro educativo en el caso de que el alumno o alumna realice alguna conducta que implique el maltrato entre iguales o violencia contra las mujeres o lleve a cabo cualquier agresión especialmente grave a cualquier miembro de la comunidad educativa. “Esta medida va encaminada a proteger a las víctimas de situaciones graves o de acoso y facilitar las actuaciones encaminadas a restaurar el estado emocional de las víctimas en su contexto más cercano y conocido”, explican desde Educación.

El texto define el protocolo de evaluación e intervención ante la sospecha de acoso entre iguales para identificar, evaluar y erradicar esas manifestaciones. Este protocolo lo aplicará el centro siempre que algún miembro de la comunidad educativa traslade la sospecha de la existencia de una situación de acoso entre iguales y formará parte del Plan de Convivencia, el cual a su vez formará parte del Proyecto Educativo de Centro. Para mejorar la prevención y la actuación, se define en el Decreto Foral con mayor claridad el ciberacoso presentando las características básicas del acoso y las propias de las conductas incluidas dentro de esta forma de violencia.

La salida del centro educativo del alumno o alumna que protagonice acoso o ciberacoso deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Educación, oído previamente el Consejo Escolar del centro, y será materializada mediante una resolución. El traslado se llevará a cabo preferentemente dentro de la red de centros y modalidad lingüística en la que se encuentre escolarizado el alumno/a. Excepcionalmente, cuando no se puedan garantizar unas adecuadas condiciones de escolarización del alumno/a agresor/a en un nuevo centro, se podrá acordar la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de quince días lectivos, adoptando todas las actuaciones que garanticen la protección de las víctimas. Si el alumno/a agresor fueran mayores de edad se podrá proponer la rescisión de la matrícula, previa audiencia al afectado, pudiendo rechazar una nueva solicitud de matrícula durante el curso escolar en el que se haya aplicado la rescisión. 

Aumento de los casos de acoso escolar

El primer estudio hecho en Navarra sobre vulnerabilidad y fortaleza emocionales en la educación, dado a conocer en noviembre de 2025, reflejó un aumento del 6% en casos de acoso escolar con respecto a las tasas declaradas en el mayor estudio realizado en la comunidad foral sobre acoso escolar y tecnológico elaborado en el curso 2022-2023 por encargo del Departamento de Educación por la catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Universidad del País Vasco (EHU), Maite Garaigordobil, y en el que, a través de una muestra voluntaria y anónima de 15.544 estudiantes, se determinó que un 48,4% del alumnado declaraba haber sufrido acoso escolar presencial. 

El trabajo, elaborado por la Cátedra de Inteligencia Emocional UNED Pamplona - Fundación Caja Navarra en virtud del convenio de colaboración firmado con Educación, resaltó la necesidad de fortalecer la educación emocional en las aulas, con formación específica para el profesorado. Aproximadamente un 54 % del alumnado navarro de Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados manifestó haber sufrido una o más conductas de bullying presencial o cara a cara, bien de tipo físico, verbal, social o psicológico.

El estudio de la Cátedra de Inteligencia Emocional recogió datos obtenidos en el curso 2024-25 sobre una muestra representativa, voluntaria y anónima, de 3.410 estudiantes y 1.481 docentes de Primaria (5º y 6º), ESO, Bachillerato, y FP (Básica, Grado Medio y Grado Superior) y fue realizado por el director científico de la Cátedra de Inteligencia Emocional de UNED Pamplona - Fundación Caja Navarra, y catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UNED, Juan Carlos Pérez-González. El análisis resaltó asimismo que en el último año había crecido también hasta el 46% el porcentaje de alumnado de Primaria y Secundaria que reconocía haber realizado una o más conductas de bullying presencial o cara-a-cara, ya sea físico, verbal, social o psicológico. Este porcentaje de estudiantes que realizaron el rol de agresor o agresora superaba en más de 10 puntos porcentuales los datos del 32% en 2023, y constituyó otro aumento relevante y preocupante.

Desde Educación señalan que el nuevo Decreto Foral de Convivencia es el resultado de un prolongado trabajo conjunto con todos los miembros de la comunidad educativa. Introduce por primera vez la salud mental, el malestar socioemocional y su incidencia en la convivencia escolar, define el conflicto y lo diferencia del acoso e introduce la definición de las violencias más habituales proponiendo formas específicas de intervención, entre estas: la violencia contra las mujeres, la violencia racial o xenófoba, la LGTBI+fobia y la violencia por motivos de discapacidad.

El Parlamento de La Rioja da luz verde a la propuesta del PSOE de crea una Comisión de estudio sobre el acoso escolar. Decisión que celebran los socialistas riojanos: “Gracias el PSOE se va a escuchar a expertos, familias o responsables de centros educativos con la finalidad mejorar la convivencia en las aulas y el bienestar del alumnado”. El portavoz del PSOE riojano, Javier García, ha recordado que los protocolos sobre acoso escolar abiertos por la consejería de Educación “han pasado de los 24 del curso 2023/2024, a los 43 en el curso 2024/2025”. Y si hablamos del actual curso, y a la espera de conocer datos solicitados a la consejería, “solo en el mes de octubre ya había 7 protocolos abiertos por parte de Educación”.

El líder de los socialistas riojanos ha explicado que con esta Comisión “queremos evaluar esta situación y buscar soluciones que nos lleven a propuestas de mejora ante un problema que preocupa y ocupa a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general”. Lo que buscamos es “analizar datos reales y revisar si los protocolos actuales están funcionando con la eficacia que nuestro alumnado necesita”. Y es que el acoso escolar “no es un problema de perfil bajo, ni siquiera puntual, es una forma de violencia que deja huella a quien la sufre”.

Javier García ha recordado que los centros educativos “no pueden afrontar solos este problema, necesitan protocolos claros, formación y recursos estables que refuercen el trabajo encomiable que realizan”. El Secretario General del PSOE ha aseverado que esta Comisión “no es un campo para la confrontación partidista, sino un lugar para el trabajo y la responsabilidad compartida”. Por eso, la afrontaremos “con voluntad de consenso y con la prioridad de avanzar en la prevención, la detección y la intervención frente al acoso escolar”.

García ha recordado que “esta es una de las preocupaciones que desde el PSOE hemos manifestado”. No en vano, “dentro de los 8 acuerdos de región que he propuesto al presidente está incluida una alianza contra el acoso escolar”. Lo que sucede es que “al no recibir respuesta por parte de Capellán, propusimos por escrito la creación de esta Comisión de estudio”.  El líder del PSOE ha relatado como el PP “registró un escrito de oposición a la constitución de esta Comisión, pero lo hizo fuera de plazo y no tuvo efecto”. Es decir, esta iniciativa “se ha constituido a pesar del PP y gracias a un despiste del PP, que con su mayoría absoluta podía evitar la Comisión, como ya evitaron otra que propusimos para abordar los problemas del campo riojano”. Esperemos que ahora “no demoren su puesta en marcha”. 

Javier García ha recordado también que “ya hemos propuesto que la Consejería de Educación inicie la elaboración de un Decreto para prevenir, detectar y erradicar el acoso escolar”. Este nuevo Decreto “debe tener como objetivo establecer un marco jurídico sólido que garantice la prevención y detección del acoso escolar, asegurando así el derecho del alumnado a una educación de calidad, libre de violencia, que permita desarrollar plenamente sus capacidades y alcanzar su máximo potencial”.

Entre los aspectos clave que debe regular la norma se encuentran cuestiones como “la actualización y regulación de los protocolos existentes, con el fin de mejorar la detección temprana de casos y fomentar la sensibilización en los centros educativos”. Además, “la elaboración de un plan cuatrienal con medidas concretas para combatir el acoso escolar o la promoción de la formación del personal educativo, el establecimiento de canales eficaces de denuncia y la implementación de acciones reeducativas dirigidas al alumnado acosador”. Desde el PSOE proponemos junto con todo esto “la creación de un sistema de seguimiento de casos, que permita evaluar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas o la puesta en marcha de un Observatorio del Acoso Escolar”.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asegurado que “no hubo ninguna alerta ni indicio de una posible situación de acoso escolar” en el caso de la menor de 14 años que se suicidó en la localidad malagueña de Benalmádena, alumna del IES Benalmádena. Según ha indicado, ni la estudiante ni sus padres comunicaron al centro que estuviera sufriendo acoso y la menor estaba “bien integrada en el aula”, hasta el punto de haber sido elegida delegada de clase en el presente curso.

En un comunicado, la Junta ha informado de que la Inspección Educativa abrió una investigación tras el fallecimiento por suicidio de Ángela, una alumna de tercero de ESO. El expediente incluye informes de la dirección del centro, de los tutores de los dos últimos cursos, del departamento de orientación y de las reuniones mantenidas con el jefe de estudios y la profesora de Pedagogía Terapéutica.

Todos coinciden en que “no hubo ninguna alerta, ni indicio de una posible situación de acoso escolar y en ningún momento, ni la familia, ni la propia alumna, comunicaron al centro que lo sufriera. Tampoco consta ninguna comunicación de compañeros o de profesores advirtiendo de que sufriera acoso escolar”. El centro tiene actualmente activos cinco protocolos de prevención por conductas autolíticas y uno por acoso escolar, todos relativos a otros alumnos.

La Consejería también ha señalado que, en las tutorías sobre bienestar emocional realizadas mediante cuestionarios, “no se manifestaron problemas ni por parte de la alumna ni por sus compañeros, ni consta que se dirigiera al departamento de orientación, a disposición del alumnado que quiera trasladar alguna dificultad o problema de convivencia”.

Por último, el Ejecutivo andaluz ha explicado que las reuniones mantenidas con la familia abordaron únicamente la justificación de algunas faltas de asistencia y cuestiones académicas relativas a su evolución escolar.

Todo comenzó con determinación y con una idea muy clara. Mateo Pastor y Mateo Manchado sabían desde el principio lo que querían hacer y para qué: un podcast distinto, que no repitiera lo de siempre, que no se quedara en videojuegos o en el scroll infinito de TikTok. Querían hablar, pensar, compartir y quizá ayudar a otros chicos y chicas de su edad. 'Jóvenes frente al mundo' nació en en casa, donse se sigue grabando con un móvil, mucha ilusión y la supervisión de personas adultas; ellos pusieron todo lo demás. “Lo único que hacen muchos es jugar videojuegos y ver TikTok. Eso no ayuda en nada. Hay que hacer cosas productivas y no tener miedo a lo que digan los demás”.

El impulso definitivo llegó tras una entrevista en Canal Extremadura Radio, que superó las 100.000 visualizaciones y más de 3.000 ‘me gusta’. “Eso nos puso súper contentos y con más ganas de seguir”, reconocen. Desde entonces, su proyecto ha crecido y se ha consolidado como un espacio de reflexión juvenil.

Aunque no buscaban colaboraciones con grandes celebridades, sí tenían un sueño: grabar con AchoPatry, creador de contenido que ha hablado abiertamente sobre el bullying que él mismo sufrió, aunque el capítulo está pendiente de publicarse. “Nos ha hecho mucha ilusión. Queríamos profundizar en su caso y hablar del tema con alguien que lo ha vivido”, explican. Y ese sueño ya lo han cumplido. Para ellos, no se trata de fama, sino de sumar voces que puedan servir a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Los temas que abordan son los que atraviesan a su generación: el bullying, los vapeadores y los retos virales peligrosos. Aunque no conocen casos directamente —“porque la gente que lo sufre no lo cuenta”— valoran el sistema de buzones anónimos de su instituto para denunciar situaciones de acoso. En otro capítulo hablan del auge de los vapeadores, que incluso utilizan niños y niñas menores que ellos. “Sales del instituto y ves nubes, un montón de nubes”, dicen. Creen que mucha gente piensa “que no es perjudicial” y critican a los comerciantes que aseguran que es más sano que el tabaco. También han tratado los retos virales peligrosos, como el Chromebook Challenge o el Nicki Minaj Stiletto Challenge. “La mayoría vienen de América. Aquí en España los imitan. Ni siquiera somos originales”, explican, y critican la inacción de las plataformas digitales: “TikTok, Instagram… no ponen medidas contra los retos peligrosos”.

Aunque parezca sencillo, el podcast requiere tiempo. Ellos lo miden con exactitud: entre 45 minutos y una hora para grabar, y unos 30 minutos para editar. Todo ello sin descuidar sus estudios. “No le estamos dedicando muchísimo tiempo porque no nos queremos desviar del colegio”, aclaran. Antes de cada episodio preparan un guion: “Una especie de ayuda. Porque si no, ponerse a hablar sin guía es difícil”. En su último programa hablan de las mujeres en la ciencia, con excusa de la celebración del día internacional el proximo día 11.

La presencia en redes ha crecido rápidamente y eso les ha dado un impulso enorme. Allí comparten clips del programa, reflexiones y enlaces a los contenidos educativos de sus invitados. Tanto en Instagram como en Tiktok y en YouTube. También en su canal de WhatsApp y en Spotify.

No es el trabajo de edición y producción lo que más les cuesta: son las reacciones del día siguiente en el instituto. “Hay gente que se ríe de nosotros, dice que estamos perdiendo el tiempo”, explican. Pero también reciben apoyo y ánimos. Saben que las críticas forman parte del camino. “Nos gusta que sean constructivas. Que nos digan qué mejorar, no solo que perdemos el tiempo”. Lo que más disfrutan es simple: “Grabar. Quedar con los amigos para grabarlo. Hablar de actualidad. Se nos queda una satisfacción porque estamos haciendo algo bueno y aportando algo al mundo”.

Con ocho episodios publicados y cada vez más seguidores, Jóvenes frente al mundo apenas acaba de empezar. Hablan con responsabilidad de lo que significa ser adolescente hoy. Y lo hacen sin imposturas, sin poses, con la naturalidad de quien está descubriendo que su voz sí importa.

Quizá por eso conectan. Y quizá, también por eso, estos tres chicos de 12 años ya están empezando a cambiar un poquito el mundo. Lo que está claro es que no lo están empeorando. Y, a veces, eso ya es mucho.

La Xunta de Galicia ha sido condenada a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un menor que denunció acoso escolar por no haber dado una respuesta suficiente al caso. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considera que la intervención de la administración educativa fue deficiente: hubo una “más que probable insuficiencia en las labores de investigación de la situación, así como un nivel débil de protección al menor una vez iniciado el protocolo”.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG estima en parte el recurso que habían presentado los progenitores del menor y obliga a la Xunta a abonarles esos 9.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños padecidos por su hijo a raíz de la denuncia de un posible acoso escolar en el curso 2022-2023. Esos daños, sostiene, están “asociados a una actuación insuficiente en la respuesta de la administración educativa”.

Los magistrados señalan que no se pudo declarar la existencia de acoso escolar. La investigación abierta en el centro concluyó, en 2023, que no había bullying. Sin embargo, creen que sí se evidenció que la actuación administrativa en incidentes que se produjeron después de que se cerrase el protocolo por acoso que se había activado “pudo resultar, cuanto menos, insuficiente, aun habiéndose adoptado medidas de prevención”.

También aseguran que se aprecia “una actuación poco coordinada, errática, hasta se podría decir que improvisada” en la respuesta del centro, que asignó la investigación y el apoyo al alumno presuntamente víctima de acoso a dos personas que manifestaron no haber recibido formación para llevar a cabo estas tareas. La sentencia señala que la persona que hizo las indagaciones dentro del centro concluye que no se da acoso escolar porque los hechos analizados no implicaban solo al alumno denunciado como presunto acosador, sino a otros. Esto, dicen los jueces, “revela un desconocimiento de lo que se entiende por acoso en el ámbito escolar, que puede implicar no solo al alumno señalado como presunto acosador, sino también a otros”.

El TSXG concluye que los padres deben recibir una indemnización de 9.000 euros por el daño que le provocó al menor la actuación de la administración educativa. La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Aulas vacías en un centro educativo de Toledo por un problema de convivencia, noticias de agresiones en colegios o institutos, de todo tipo. O intentos de suicidio. En los últimos días se ha conocido también una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos relacionados con las agresiones a los docentes.

En definitiva, es lo que parece ser una “epidemia silenciosa”, que apela a poner el foco en la salud mental dentro del ámbito educativo, según Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha.

No es algo nuevo. En el año 2021 ANPE Castilla-La Mancha ya alertaba de que el Defensor del Profesor, un servicio que ofrece este sindicato, había detectado 81 casos de conflictividad y violencia hacia los docentes, sobre todo a través de las redes sociales. El curso pasado, según los datos recopilados por este mismo servicio sindical, los casos atendidos se incrementaron en un 20%.

Martín Navarro, maestro albaceteño, acaba de ser reelegido como presidente de este sindicato para los próximos cuatro años. Durante una entrevista, le preguntamos por estas cuestiones. “Estamos detectando a través del servicio del Defensor del Profesor que falta acompañamiento al docente cuando surgen situaciones de conflictividad en las aulas.”, reconoce y lamenta que haya “bajas por ansiedad y depresión derivadas de la práctica educativa o el hecho de que los docentes se sientan solos”.

También habla de las situaciones autolíticas entre el alumnado. “Tiene que haber un psicólogo clínico especializado para atender estas circunstancias. Lo hemos pedido en todas las mesas de negociación donde se abordan estos temas”.

Esta semana el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha pronunciado sobre los casos de conflictividad que pueden generar los alumnos en los centros, como el ya citado y denunciado por padres y madres en un colegio de Primaria de Toledo que optaron por no llevar a sus hijos a clase como protesta. Son, en definitiva niños y niñas. Menores que “no pueden ser expulsados del sistema educativo”, dice el responsable de la Educacion en Castilla-La Mancha que cree que hay que “trabajar para corregir y reconducir determinadas conductas”.

La pregunta es cómo hacerlo. El propio consejero reconoce que “algunas veces los planteamientos de solución no son compartidos por la comunidad educativa”. Los padres y madres han venido reclamando más medios y medidas organizativas, además de canales de comunicación más accesibles y predispuestos a la escucha, por parte del Gobierno autonómico. El compromiso de momento está sobre la mesa.

Un decreto de convivencia escolar del año 2008

El trabajo con las asociaciones de padres, con los docentes y los equipos directivos de los centros es la opción que se apunta desde quienes tienen la responsabilidas de gestión de la Educación para reconstruir la convivencia.

Sin embargo, el presidente de ANPE recuerda que el decreto de convivencia escolar de Castilla-La Mancha data del año 2008. “Está totalmente desfasado porque han surgido redes sociales y una serie de circunstancias que la agravan”, lamenta Martín Navarro. Existe un borrador para actualizar el decreto y que vio la luz en 2025, pero no se ha avanzado.

“Hemos pedido protocolos claros y el refuerzo de la unidad de atención temprana al profesor que está recogida en la Ley de Autoridad del Profesorado. También hay que acompañar a docentes y alumnos que pasan por situaciones muy graves de salud mental. Por eso la figura del psicólogo clínico es fundamental”.

Desde su punto de vista, “es obligación de las administraciones públicas prestar este servicio: seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos”.

En este ámbito cree también que “falta coordinación” entre los departamentos de Educación, Bienestar Social y Sanidad y “articular mecanismos”. Reconoce que no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, pero incide en que “no se puede mirar a otro lado”.

Seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos

El acoso y agresión a docentes -a veces entre docentes- o el bullying entre alumnos son términos o situaciones que parecen haberse normalizado. Martín Navarro lo relaciona también con la “falta de recursos” para propiciar una inclusión “real” en el ámbito educativo. “Es una pata muy importante y hemos pedido un plan”.

Pone varios ejemplos y ofrece algunas cifras. “No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos”. Alude también a “situaciones en las que los profesores de pedagogía terapéutica (PPT) o los de Audición y Lenguaje llegan a atender a 27 clases. Algunos llegan a tener que atender a 50 o 60 alumnos cada semana. ¿Quién no va a estar a favor de la inclusión como concepto? Pero claro, la inclusión real no lo es sin recursos”, insiste.

El presidente de ANPE explica que el sindicato reclama a la Consejería de Educación que se aborde “de manera seria” porque aunque reconoce que las ratios por aula ahora son menores, “las clases son cada vez más heterogéneas”.

No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos

En su opinión, hace falta que el plan integral de iclusión vaya acompañado de recursos porque, dice, “faltan profesionales de Orientación, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, de Servicios a la Comunidad y apoyos en Educación Infantil”.

Una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos

Este mismo mes de enero el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha estimado parte de la denuncia de una docente que fue agredida por la “inexistencia de protocolo de actuación” en Castilla-La Mancha ante las agresiones al profesorado. 

Martín Navarro comenta que es necesario un desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado. “Ahora somos autoridad, agredir a un docente ha pasado a ser falta a delito con un incremento de las penas, pero con eso no es suficiente”. Desde su punto de vista hay que establecer protocolos de actuación “que sean claros”.

Por otro lado reclama la creación de un seguro de responsabilidad civil que asuma la Administración pública porque, subraya, “el profesorado sufre daños materiales y personales que siempre se remiten a seguros particulares. Creo que tendría que ser la Consejería de Educación la que se haga cargo de los problemas derivados de nuestra práctica docente”.

Elena (nombre ficticio) tiene 13 años. Divertida y alegre son los adjetivos elegidos por su madre para describirla. Además, Elena saca muy bunas notas, es una niña muy madura para su edad y por las tardes entrena fútbol. El pasado 28 de octubre, a esta madre logroñesa se le paró el mundo cuando descubrió cortes en el cuerpo de su hija. “Tenía heridas en el hombro y más de 1.500 cortes en el antebrazo izquierdo, prácticamente desde la muñeca hasta el codo, cortes incluso cicatrizados y otros cuatro más grandes y algo más profundos en el hombro”.

Aunque existen pocos datos al respecto, porque las estadísticas oficiales solo contabilizan los suicidios o intentos de suicidio, el Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025 publicado el pasado mes de noviembre recoge que un tercio de los jóvenes españoles, 34,7 %, declaró haberse autolesionado alguna vez, y un 16,5 %, lo hace con frecuencia en la franja de los 15 a los 29 años. Los porcentajes varían un poco en la franja de los 15 a los 19 años. En este caso, el 51,8 % ha tenido ideas autolesivas alguna vez o con frecuencia, mientras que el 17,5 % las ha llegado a experimentar en alguna ocasión y el 18,3 % con frencuencia según el informe realizado por Fad Juventud y Fundación Mutua Madrileña basado en una encuesta online a 1.511 jóvenes de todo el país. La protagonista de esta historia tiene 13.

Me senté a hablar con ella. Si has hecho esto es que estás sufriendo. Cuando le pregunté si había sido en el cole, empezó a llorar

Elana confesó a su madre, días después, que prácticamente la totalidad de los cortes se los realizó en el colegio y en horario escolar. “Algunos se los hizo en el baño durante el recreo y otros muchos en el aula con diversos profesores, desmontaba el sacapuntas encima de la mesa para poder hacerse las heridas”, relata. “No supe por dónde tirar”, confiesa derrotada, “porque la veía súper feliz” a pesar de que Elena terminó el curso pasado con una sensación de vacío. “En varias ocasiones me contó que las niñas de su clase (son menos de diez) quedaban y a ella no le decían nada. Se me caía el mundo encima, pero aunque no salía con gente de clase, sí que lo hacía con otras niñas del equipo de fútbol en el que entrena y con hijas de mis amigas. Académicamente, iba bien así que no le di más importancia”. Aun así, esta madre solicitó el curso pasado un cambio de centro escolar dentro del periodo ordinario, pero no lo consiguió.

El curso finalizó, pasó el verano, llegó la vuelta al cole, al mismo colegio, y el 28 de octubre. “Me ha arañado un gato”, fue la respuesta de la niña cuando su madre le preguntó por primera vez por los cortes y las heridas. “Me senté a hablar con ella. Si has hecho esto es que estás sufriendo. Cuando le pregunté si había sido en el cole, empezó a llorar”.

Yo solo lloraba. No entendía nada, pero me daba cuenta de que algo había que no me concretaba

Al día siguiente, 29 de octubre, esta madre asustada y angustiada acompañó a su hija al colegio para contar al profesorado lo que estaba ocurriendo. “Llegamos al centro a las 7:55 de la mañana, escribí a su tutora para contarle que mi hija estaba en el centro, pero que no iría a clase hasta no hablar con el director para que no pusiera falta”. Esa misma mañana, también habló con la psicóloga. “Me hablaba en todo momento de un incidente puntual del que yo no tenía conocimiento, me decía que habían ocurrido cosas, pero no me concretaba nada. Yo solo lloraba. No entendía nada, pero me daba cuenta de que algo había que no me concretaba”. “No te preocupes”, le intentó tranquilizar la psicóloga esa mañana del 28 de octubre, “hablaré con Elena a lo largo de la mañana”.

Y la mañana pasaba. Las diez, las once, las doce... y ninguna respuesta. “A las 13:00 volví al colegio”. La respuesta del centro cuando la vieron llegar de nuevo fue: “¡otra vez aquí!”, le dijeron a esta madre que solo quería algo de información para poder entender qué le estaba ocurriendo a su hija y saber cómo poder ayudarla. Casi una hora después “bajó la psicóloga y me contó que ya había hablado con mi hija. Su diagnóstico, un problema de autoestima”. Una respuesta que no satisfizo a esta madre que reconoce que se quedó “muerta”. Incredulidad, decepción y enfado fueron algunos de los sentimientos que provocaron en esta madre la respuesta de la psicóloga que, a su juicio, demostraban una “absoluta falta de interés del colegio en abordar el tema, conozco lo suficiente a mi hija y sé que hay algo más detrás de ese rapidísimo diagnóstico”.

No conforme con la valoración y respuesta de la psicóloga, al día siguiente, 30 de octubre, escribió al director del centro. “Eran las 7:26 de la mañana cuando envié el correo electrónico, la respuesta llegó por la tarde, a las 16:41 horas informándome de que no tenía conocimiento de nada”. “Perdona la tardanza en responder”, se justificó el director del centro, “pero debía conocer la situación que me comentas de manos del profesorado y de la psicóloga (que ya había hablado con mi mi hija)”. En esa carta remitida al director, la madre de Elena le pedía información sobre “las medidas que se iban a tomar para realizar un seguimiento exhaustivo de Elena. De no ser así, (y me gustaría no tener que hacerlo), solicitaré a última hora de la mañana a Inspección Educativa que esté pendiente de este caso y que tome las medias que considere oportunas porque actualmente los únicos indicios que pueden desencadenar lo sucedido están relacionados con su situación escolar, sus ganas de volver a intentar un cambio de centro y los cometarios que hace sobre sus sentimientos de vacío entre sus compañeros de clase”.

Quería sacar a mi hija de ese colegio porque no se le estaba dando importancia al problema y no estaban asumiendo sus responsabilidades

Dos días después de que esta madre descubriera los cortes y las heridas en el cuerpo de su hija, el director del colegio le reconoció no tener información a pesar de haberse personado en el centro varias veces y de haber hablado con varios profesionales del mismo. Inspección Educativa fue la siguiente puerta a la que llamó esta madre. “El inspector no contestó a mi correo, le llamé unos días después y así me lo reconoció”, asegura.

El objetivo de esta madre era claro: cambiar a su hija de centro educativo. “Quería sacar a mi hija de ese colegio en el que no se estaba haciendo nada para tratar de solucionar el problema. Es más, quería sacar a mi hija de ese colegio porque no se le estaba dando la importancia al problema y no estaban asumiendo sus responsabilidades. Sé que esta petición en Inspección Educativa (un cambio de centro fuera de periodo extraordinario) tiene que ir acompañada de un informe psicológico y las correspondientes denuncias”, documentos que esta madre aportó. “El mismo día 28 de octubre solicité cita en un centro de psicología de Logroño por la que tuve que pagar 300 euros”. El informe de estas profesionales, y al que este medio ha tenido acceso, refleja las conclusiones y valoraciones de las psicólogas que le atendieron y que se encontraron con una niña “colaboradora, con un discurso coherente y ajustado a la realidad”.

Una niña de 13 años que mostraba “sentimientos de incomprensión y ansiedad ante el entorno escolar y sensación de aislamiento y que en colegio percibe falta de apoyo y desinterés ante las situaciones de acoso y explica las autolesiones como un modo de aliviar tensión y expresar su malestar emocional sin mostrar conciencia de lo que esta conducta supone para su integridad física”. En su evaluación, estas profesionales no detectaron, “a priori, alteraciones cognitivas ni conductas disociativas”, pero al ser una valoración inicial “no se puede descartar la posibilidad de que existan”. Asimismo, en la observación clínica, la psicóloga de este centro de Logroño también señala que “la sintomatología descrita y observada es compatible con un cuadro de ansiedad y afectación emocional secundaria a experiencias de hostigamiento y falta de integración social”. Observan además, baja autoestima, retraimiento social y conductas autolesivas como mecanismo de regulación emocional ante el sufrimiento interno“. Por todo ello, ”y a la vista de la información recabada en este primer impacto, se recomienda el cambio de centro educativo y el seguimiento continuado para abordar la regulación emocional, el autoconcepto y la prevención de nuevas conductas autolesivas“.

El agredido, la agredida en este caso, siempre es quien tiene que irse del colegio

Y junto a este informe psicológico, esta madre también aportó las correspondientes denuncias interpuestas en el Juzgado de Instrucción número dos de Logroño el 1 de diciembre de 2025. Una denuncia a la que esta madre adjuntó más documentación. “En la denuncia también incluí el escrito remitido al director del centro, los correos remitidos a Inspección Educativa, la petición de apertura de los protocolos de acoso y prevención de suicidio, los correos intercambiados con la tutora y diversos informes de urgencias”.

Elena ya no es una alumna de Maristas San José de Logroño. “El agredido, la agredida en este caso, siempre es quien tiene que irse del colegio”, lamenta esta madre a la vez que denuncia la postura del centro que a su juicio “ha intentado tapar el asunto y ya se la han quitado de encima”. Y es que una de las medidas que adoptó el centro fue encargar a otra menor, una niña de su clase, la vigilancia de su hija, “sin que su familia lo supiera y con la carga emocional que esto suponía para esta cría de tan solo 13 años”. Para esta madre es “incomprensible” que ningún docente de este colegio de Logroño se haya dado cuenta de lo que le estaba pasando a su hija. “¡Se ha autolesionado hasta en tres clases diferentes, con tres profesores distintos y nadie se ha dado cuenta!”, reitera incrédula.

No hay que esperar al suicidio para tomar medidas, uno de esos cortes podría haber resultado fatal para mi hija, podía haberse quedado en clase

Solicitó la apertura de dos protocolos, el de acoso escolar y el de prevención, detección e intervención de la conducta suicida. Solo se abrió el segundo, cinco días después, a pesar de la insistencia de esta madre de que también se abriera el primero. “El centro no quiso abrir el protocolo de acoso justificándose en que debía aportar los nombres de los agresores”. Así lo hizo. Facilitó los nombres de dos compañeros. “Por el tortazo de uno de ellos tuvo que acudir a urgencias tal y como refleja el informe emitido posteriormente. La otra hacía comentarios despectivos hacia mi hija por su orientación sexual e incitaba al resto de compañeras a que no fueran con ella y la dejaran sola. Hechos que ya conocía la tutora del curso pasado porque así se lo relaté en una tutoría”. El colegio se mantuvo firme. “Eran hechos pasados y no venían a cuento”, le dijeron a esta madre que, ante esta negativa de abrir el protocolo de acoso escolar, acudió a los juzgados.

“Inspección Educativa también está al tanto de todo lo ocurrido al igual que el Colegio de Educadores Sociales de La Rioja con quien también he estado en contacto”. Y es que la preocupación de esta madre no ha desaparecido a pesar de que su hija ya no está en ese colegio. “No hay que esperar al suicidio para tomar medidas, uno de esos cortes podría haber resultado fatal para mi hija, podía haberse quedado en clase”. Desde el Ministerio de Sanidad han habilitado el teléfono gratuito 024 al que puede llamar cualquier persona y en cualquier momento para la atención a la conducta suicida.

En lo que llevamos de curso 2025-2026, en La Rioja se han abierto 50 protocolos de actuación de acoso escolar. La cifra de protocolos de prevención, detección e intervención de la conducta suicida es bastante más alta: hay abiertos 257, apuntan desde el Gobierno de La Rioja desde donde puntualizan que “estos datos no significan que se hayan registrado esos casos, sino que se han abierto protocolos de actuación ante cualquier indicio para evitar las conductas suicidas y para solucionar conflictos escolares, que no siempre llegan a ser casos de acoso”. Preguntado por este caso en concreto y por la forma de intervención del Gobierno de La Rioja nos han trasladado directamente al Boletín Oficial de La Rioja donde están publicados ambos protocolos.

“El bienestar y protección de los menores”, el objetivo del colegio

Por su parte, desde la dirección del colegio San José Maristas de Logroño puntualizan que “en este caso y en todos los casos relativos al bienestar y protección de los menores, el centro sigue los protocolos establecidos por el Gobierno de La Rioja”. Unos protocolos añaden, “que recogen una parte documental, en la que recabamos y ofrecemos información, y otra propiamente educativa, de intervención, en la que se toman diferentes medidas buscando siempre el bienestar de los menores y las menores”.

Y sobre este caso concreto, la dirección asegura que el “colegio ha atendido a la familia de la alumna cuando lo ha requerido y, además, hemos contactado cuando se ha considerado necesario. Durante el primer trimestre de este curso escolar se han mantenido diferentes entrevistas con la familia de la alumna para informarle sobre su situación y las medidas a adoptar. También se ha informado al Servicio de inspección educativa, como indican los protocolos en este sentido”. Y en cuanto a los profesionales relata que “también han atendido a la menor respecto a su situación en diferentes niveles de actuación: recogida de información, seguimiento educativo y otras medidas específicas acordes a la situación. Diferentes profesionales del centro como profesores, el equipo de orientación educativa, el equipo de bienestar y protección, así como la propia Dirección, hemos atendido esta situación de manera coordinada para dar respuesta a la situación de la alumna y a lo manifestado por ella y por su familia”.

“El bienestar y protección de los menores” insisten que son su “prioridad”. Y de hecho, “el centro dispone de diferentes planes y equipos que buscan el cuidado y acompañamiento del alumnado en diferentes ámbitos que atienden, en primer lugar, a lo que señalan los protocolos autonómicos”. Y concluyen asegurando “estar a disposición de la familia para lo que pueda necesitar” a la que prometen “llamar para atenderla y aclarar lo que se precise”.

El caso de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, avanza por distintas vías judiciales y administrativas. A la investigación que tiene en marcha la Fiscalía de Menores y al expediente que inició la Consejería de Desarrollo Educativo, se suma ahora la querella penal presentada por la familia de la víctima contra el colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. El objetivo de esta acción es depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La denuncia de los padres de la joven de 14 años se ha redactado a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se ha desprendido información que ha llevado a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explica a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Sin entrar en detalles que puedan comprometer la causa judicial, Villar señala que los hechos denunciados están relacionados con la “falta” de acción por parte del centro ante el posible caso de acoso que sufría la menor. En concreto, apunta a que no se activaron los protocolos correspondientes cuando la familia comunicó la situación –hasta en dos ocasiones– y aportó informes psicológicos. La propia Consejería de Desarrollo Educativo confirmó que no se había activado el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas que exigía la normativa, motivo por el que abrió un expediente administrativo que ha quedado interrumpido con la apertura de la investigación de la Fiscalía.

Entretanto, los padres de Sandra se han reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en la sede del departamento en Sevilla. Tras el encuentro, el portavoz de la familia informó de que la administración les había confirmado que “se mantienen todas las vías abiertas” a la espera de que avance el procedimiento judicial. “Nos han dicho que van a llegar hasta el final de la investigación y que se tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmó Villar, quien expresó el deseo de que el caso suponga “un antes y un después” y sirva para introducir cambios que eviten que situaciones similares se repitan.

Tres vías abiertas para esclarecer los hechos

El portavoz de la familia también afirmó que el juzgado ha admitido a trámite la querella penal presentada el pasado viernes por la familia contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. La denuncia se dirige tanto contra el centro como persona jurídica como contra varios profesionales –cuya identidad no ha trascendido– a los que atribuye posibles delitos de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Con la admisión de la querella, el caso queda ahora articulado en tres frentes: la investigación impulsada por la Fiscalía, la querella penal presentada por la familia en la jurisdicción ordinaria y el expediente administrativo de la Junta de Andalucía, actualmente paralizado a la espera del pronunciamiento judicial. Cabe señalar que la Consejería que dirige Castillo puede imponer al colegio la sanción máxima prevista para un centro concertado –la retirada del concierto educativo–, pero no adoptar consecuencias penales.

Ello explica que la familia de Sandra haya decidido acudir a la Justicia, consciente de que las diligencias del Ministerio Público aún están en curso y podrían prolongarse durante varios meses. La vía penal impulsada por los abogados de la familia se suma así a las otras dos investigaciones que ya estaban en marcha. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Junta de Andalucía abrió una vía administrativa para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. Según explica el portavoz de la familia, la Consejería de Educación necesita el informe de la Fiscalía antes de poder retomar su propio expediente.

La querella, una vía más para exigir responsabilidades

La decisión de presentar una querella penal responde, según la familia, a la información que ha ido aflorando durante las investigaciones en curso. Y a los límites de la vía administrativa, ya que las posibles sanciones de la Junta no conllevan consecuencias penales. Con este paso, la familia busca que se analicen en profundidad las posibles omisiones en la actuación del centro y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa” en torno al citado caso, que conmocionó al país. El suicidio de Sandra, justo al salir de clase, movilizó a miles de estudiantes de toda España que han protestado en contra del acoso escolar.

La familia insiste en que nada podrá reparar la pérdida, pero confían en que el caso sirva para evidenciar los fallos del sistema y promover cambios efectivos. “La mayor satisfacción que podríamos tener es que esta desgracia sirviera para algo”, concluye Villar, quien subraya la necesidad de revisar los protocolos actuales “porque ahora mismo no están funcionando”.

L’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, ha llançat una seriosa advertència davant l’aparició de conductes delictives en l’entorn digital que afecten la comunitat educativa del municipi. A través d’un comunicat en xarxes socials, el primer edil ha denunciat la detecció de diverses pàgines a la xarxa social Instagram dedicades exclusivament a la mofa, la burla i la humiliació pública de joves de la localitat, subratllant que aquests actes no són bromes de xiquets, sinó casos potencials de bullying amb greus conseqüències legals i personals.

La resposta institucional ha estat immediata. L’Ajuntament d’Alberic ja ha posat els fets en coneixement dels equips directius dels centres educatius, de la Guàrdia Civil i de la unitat especialitzada en delictes telemàtics. Carratalá ha estat taxatiu en recordar que la suposada impunitat d’Internet és un mite, advertint que qualsevol activitat a les xarxes socials deixa un rastre rastrejable que pot derivar en problemes legals d’extrema gravetat, tant per als menors responsables d’aquests comptes com per a les seues pròpies famílies.

Un missatge de fermesa: l’anonimat no eximeix de responsabilitat

La preocupació del consistori rau en l’impacte que aquestes conductes tenen sobre la dignitat i la salut emocional de les víctimes. L’alcalde ha insistit que l’ús de les tecnologies ha d’estar supeditat al respecte mutu, assenyalant que la llibertat d’expressió acaba on comença el dany al proïsme. Sota la premissa que “res del que es fa a les xarxes és anònim”, el govern local busca frenar una escalada d’assetjament digital que podria marcar de forma irreversible la vida dels adolescents implicats.

Des de l’Ajuntament s’ha emfatitzat que l’obligació de l’administració és prevenir, protegir i actuar amb fermesa, assegurant que no es donarà “ni un pas enrere” en la lluita contra l’assetjament escolar i digital. L’estratègia municipal no solament es limita a la via punitiva amb les forces de seguretat, sinó que busca una mobilització col·lectiva per salvaguardar el benestar de la joventut d’Alberic, garantint que ningú puga assenyalar o humiliar altres des de la foscor d’una pantalla.

Crida urgent a les famílies sobre l’ús del mòbil

Més enllà de la intervenció policial, Toño Carratalá ha apel·lat directament a la responsabilitat dels pares i mares del municipi. L’alcalde ha recordat que un telèfon mòbil no és una joguina inofensiva i que, mal utilitzat, pot convertir-se en una eina capaç d’infligir un dany profund a tercers i als propis usuaris. En aquest sentit, ha instat les famílies a supervisar de prop l’activitat digital dels seus fills per evitar que comportaments que alguns consideren “sense importància” acaben als jutjats.

Aquesta campanya de tolerància zero amb l’assetjament reforça el compromís d’Alberic amb la protecció dels menors, situant la responsabilitat digital en el centre del debat públic local. El missatge és clar per a aquells que gestionen o participen en aquest tipus de perfils: la justícia telemàtica actuarà i la comunitat no permetrà que l’assetjament quede impune en l’entorn escolar i social del municipi.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha lanzado una seria advertencia ante la aparición de conductas delictivas en el entorno digital que afectan a la comunidad educativa del municipio. A través de un comunicado en redes sociales, el primer edil ha denunciado la detección de varias páginas en la red social Instagram dedicadas exclusivamente a la mofa, la burla y la humillación pública de jóvenes de la localidad, subrayando que estos actos no son bromas de niños, sino casos potenciales de bullying con graves consecuencias legales y personales.

La respuesta institucional ha sido inmediata. El Ayuntamiento de Alberic ya ha puesto los hechos en conocimiento de los equipos directivos de los centros educativos, de la Guardia Civil y de la unidad especializada en delitos telemáticos. Carratalá ha sido tajante al recordar que la supuesta impunidad de Internet es un mito, advirtiendo que cualquier actividad en redes sociales deja un rastro rastreable que puede derivar en problemas legales de extrema gravedad, tanto para los menores responsables de estas cuentas como para sus propias familias.

Un mensaje de firmeza: el anonimato no exime de responsabilidad

La preocupación del consistorio radica en el impacto que estas conductas tienen sobre la dignidad y la salud emocional de las víctimas. El alcalde ha insistido en que el uso de las tecnologías debe estar supeditado al respeto mutuo, señalando que la libertad de expresión termina donde comienza el daño al prójimo. Bajo la premisa de que “nada de lo que se hace en redes es anónimo”, el gobierno local busca frenar una escalada de acoso digital que podría marcar de forma irreversible la vida de los adolescentes implicados.

Desde el Ayuntamiento se ha enfatizado que la obligación de la administración es prevenir, proteger y actuar con firmeza, asegurando que no se dará “ni un paso atrás” en la lucha contra el acoso escolar y digital. La estrategia municipal no solo se limita a la vía punitiva con las fuerzas de seguridad, sino que busca una movilización colectiva para salvaguardar el bienestar de la juventud de Alberic, garantizando que nadie pueda señalar o humillar a otros desde la oscuridad de una pantalla.

Llamamiento urgente a las familias sobre el uso del móvil

Más allá de la intervención policial, Toño Carratalá ha apelado directamente a la responsabilidad de los padres y madres del municipio. El alcalde ha recordado que un teléfono móvil no es un juguete inofensivo y que, mal utilizado, puede convertirse en una herramienta capaz de infligir un daño profundo a terceros y a los propios usuarios. En este sentido, ha instado a las familias a supervisar de cerca la actividad digital de sus hijos para evitar que comportamientos que algunos consideran “sin importancia” terminen en los juzgados.

Esta campaña de tolerancia cero con el acoso refuerza el compromiso de Alberic con la protección de los menores, situando la responsabilidad digital en el centro del debate público local. El mensaje es claro para quienes gestionan o participan en este tipo de perfiles: la justicia telemática actuará y la comunidad no permitirá que el hostigamiento quede impune en el entorno escolar y social del municipio.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mostrado su intención de modificar el decreto de convivencia escolar para “poner el énfasis” en el carácter educativo de los protocolos y “no en el sancionador”, tras la condena a ocho alumnos del IES Garcilaso de la Vega (Torrelavega) por un delito contra la integridad moral respecto a un compañero, también menor, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

Además, Silva ha respaldado a los profesionales del instituto ante las “generalizaciones” y el “conocimiento parcial de los hechos” que ha dicho tener la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, que “no ayudan nada a solucionar los casos aislados”, ha puntualizado, después de que su presidenta, Lourdes Verdeja, acusara a los equipos directivos de los centros educativos de “mirar hacia otro lado y no denunciar” las situaciones de acoso.

Sobre este caso concreto, también ha señalado que los protocolos y recursos disponibles “han funcionado razonablemente bien”. Sin embargo, ha afirmado que “todo es mejorable”, ya que “cuando hay un conflicto de convivencia, hay algo que no ha funcionado bien”.

El titular de Educación ha defendido que los profesionales de la educación regional --directivos, profesores e inspectores, entre otros-- hacen un trabajo “lo más profesional posible y con la mejor de las intenciones”, y, en este sentido, ha señalado que son los centros quienes tienen la información de los episodios, además del perfil y la trayectoria de las personas implicadas.

Por otra parte, ha manifestado que, más allá de los protocolos contra el acoso escolar, “son necesarios recursos humanos, legales y procedimentales” para resolver los casos. Y a pesar de que ha incidido en que desde 2023 hay “bastantes más recursos” para ello, ha enfatizado que “tampoco” se ha de ser “ingenuo” y pensar que “porque haya más recursos económicos las cosas van a funcionar siempre perfectas”.

Al respecto, el consejero ha apostado por “intentar detectar mejor los casos” y ha recordado que de los 147 protocolos abiertos en el pasado curso escolar, se han terminado por confirmar 31.

Por último, ha reiterado que “para poner el énfasis en que esos protocolos tengan carácter educativo, no tanto reactivo o sancionador (...)” se está impulsado un proyecto de Ley de Autoridad Docente y de la Convivencia, con el objetivo de tener antes de que acabe la legislatura un marco normativo “más pragmático y más centrado en la parte educativa”.

Silva ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la inauguración de las obras de ampliación del IES Lope de Vega de Santa María de Cayón.

La Asociación Tolerancia 0 al Bullying de Cantabria ha valorado la sentencia que condena a ocho menores del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Garcilaso de la Vega de Torrelavega por acoso a un compañero, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

Pero la agrupación hecha en falta que haya “consecuencias o amonestaciones” al centro educativo por su actuación: “Solo se dio la voz de alarma cuando la familia pidió el protocolo. Previamente, antes, todo era cosa de críos”, ha manifestado la presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja.

En declaraciones a Europa Press, ha admitido y recalcado que “los niños han hecho algo mal”, aunque ha considerado que “siempre hay algún adulto que debería haber visto algo y nunca vieron nada”. “A mí me falta (en la sentencia) que haya consecuencias o amonestaciones al centro educativo por cómo ha hecho las cosas”, ha señalado.

El fallo, del Juzgado de Menores de Santander, se ha dictado con conformidad de las partes. Condena a ocho alumnos del IES por un delito contra la integridad moral respecto a un compañero, también menor, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

En concreto, se acuerda la medida de seis meses de realización de tareas socioeducativas -para seis de los procesados, y amonestación para los otros dos- y una indemnización.

Según los hechos probados, la víctima acudía a los aseos durante los recreos, y los acusados, “actuando conjuntamente y de común acuerdo, con el propósito de humillarle, amedrentarle y atacarle por su orientación sexual”, accedieron el pasado 5 de febrero durante el segundo recreo a los baños y dieron patadas a la puerta del aseo en el que estaba el joven, al tiempo que gritaban y se reían de la situación. Uno de los agresores escupió un chicle y otro lanzó un escupitajo por el hueco superior del aseo.

Previamente, en el primer recreo, también accedieron al baño, sabiendo que la víctima estaba en uno de los aseos y golpearon la puerta, lanzando un escupitajo hacia el interior. Tras estos hechos, el IES procedió a activar el protocolo de acoso escolar.

Los casos de acoso escolar en Cantabria durante el pasado curso 2024-2025 se duplicaron respecto al periodo anterior, con 31 confirmados, de los 16 registrados en 2023-2024.

El protocolo de actuación se activó en 142 ocasiones, principalmente en el ámbito de la enseñanza Primaria y Secundaria (86,6%), frente a las 117 del curso anterior. De los 31 casos —19 afectaron a alumnas y 12 a alumnos—, 28 corresponden a violencia entre iguales y los restantes a situaciones relacionadas con diversidad funcional, xenofobia y homofobia.

Además, repuntaron levemente los procedimientos sancionadores, situándose en 186, lo que supone el 0,19% del alumnado matriculado, frente al 0,16% del curso anterior. La mayoría de los casos corresponden a alumnos (150) y se concentran en Secundaria (92,1%).

Mientras, las conductas más frecuentes fueron agresiones físicas, acoso, amenazas o coacciones (85 incidencias), reiteración de conductas contrarias a la convivencia (52) e injurias u ofensas contra miembros de la comunidad educativa (47).

Todos fueron seguidos por parte del Servicio de Inspección y la Unidad Técnica de Equidad Educativa y Convivencia de la Consejería de Educación a través de medidas como prácticas restaurativas, orientación individualizada, revisión del Plan de Acción Tutorial y programas de desarrollo socioemocionales.

Así se desprende del informe anual en materia de convivencia escolar correspondiente al curso 2024-2025, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el consejero del área, Sergio Silva.

El titular de Educación ha hecho hincapié en que este informe incorpora por primera vez un análisis “más amplio” que combina datos cuantitativos con la percepción subjetiva de los principales agentes de la comunidad educativa, es decir, alumnado, familias y profesorado.

Y ha puesto en valor que estos tres sectores perciben como “bueno” el clima de convivencia en los más de 300 centros educativos de Cantabria aunque se observa un descenso en la valoración general de los alumnos (de 3,24 a 3,14 sobre 4) y de las familias (de 3,26 a 2,97 sobre 4), si bien se mantiene una percepción positiva del clima laboral entre los docentes (3,90 sobre 5).

En cuanto a esta bajada en la percepción, el consejero ha destacado que el curso anterior fue “un poco especial” con un caso de acoso de “alto impacto mediático” como el sufrido por un alumno con discapacidad motora en el IES Leonardo Torres Quevedo. A ello ha unido el conflicto que mantienen su departamento y la Junta de Personal Docente, con las convocatorias de huelgas y manifestaciones.

En cuanto a la violencia laboral externa en el puesto de trabajo --que incluye tanto a personal docente como no docente--, la Consejería registró 11 notificaciones correspondientes a 8 mujeres y 3 hombres, lo que supone un descenso del 21,4% respecto al curso anterior, con 14 notificaciones.

Además, Cantabria registra los niveles más bajos del país en ruido y desorden en el aula, un 23%; así como en tiempo perdido de interrupciones, y en menor retraso del alumnado al comenzar la clase, un 15% en Secundaria y 9% en Primaria frente al 24% y 20% nacionales.

Finalmente, Silva ha destacado las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería o en colaboración con otras entidades orientadas a la mejora de la convivencia y del clima escolar como los programas 'Visita', que promueve el intercambio de buenas prácticas entre centros; 'Valientes', que analiza la convivencia y previene conflictos, y 'Prevención del bullying a través del Deporte' de la Fundación Real Racing Club.

Al respecto, por primera vez en 2024-2025 se desarrolló el Programa de Prevención de la Conducta Suicida (ZIUR) para promover el desarrollo de habilidades socioemocionales que prevengan la conducta suicida en el alumnado, y que ya se desarrolla en 22 centros.

Ha dicho que todas estas líneas se complementarán con la Ley de autoridad docente y un nuevo decreto de convivencia.

“No hay que confiarse”

El titular de Educación ha señalado que no se puede determinar “con certeza” si el aumento de los procedimientos disciplinarios y de acoso responde a un mejor diagnóstico, detección o incremento.

Al respecto, ha asegurado que es “pronto” para definir una tendencia porque “hay que esperar a una serie histórica en tres o más cursos”, ha apuntado.

Además, Silva ha asegurado que la lectura de estos datos constata el “buen clima” de convivencia escolar de Cantabria, ya que, en “el peor de los casos”, el de acoso, el porcentaje de afección es del 0,05% sobre un total de 77.000 alumnos y en el caso de procedimientos disciplinarios la cifra se sitúa en torno al 0,2%.

Sin embargo, ha advertido que “no hay que confiarse” puesto que “en cualquier momento puede haber casos graves”, y ha destacado que la Consejería hace “cada vez más esfuerzos por trabajar los problemas de convivencia con un enfoque más preventivo que reactivo”, por lo que ha pedido poner el acento en la prevención.

Plan nacional

Por otra parte, el consejero ha anunciado que Cantabria, junto a otras comunidades autónomas, solicitarán a la ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), la activación de un plan nacional de detección, prevención y lucha contra el acoso escolar.

Según ha explicado, será en la próxima conferencia sectorial que se celebre --la cual se ha pedido por escrito hace dos semanas--, con el fin de que sirva de base para una futura ley nacional contra el acoso escolar.

Silva ha detallado que esta medida se fundamenta en buscar concienciar sobre este problema que afecta a miles de personas en un momento de desarrollo “especial” como es la infancia y la adolescencia, y con el fin de contribuir de forma “decisiva” a “romper con el entorno silente” que trae aparejado el acoso escolar.

También ha puesto el foco en el cambio de paradigma que experimentan niños y adolescentes con la irrupción de las redes sociales, que lleva este problema “más allá del centro escolar y del periodo lectivo”.

Por último, ha señalado que está trabajando con consejeros de otras comunidades para “intentar ganar el mayor número de voluntades y apoyos posibles para que realmente el Ministerio de Educación ejerza lo que sería algo natural, pero que no hace: que tome el liderazgo como Gobierno de la nación que es para un asunto común que nos afecta a todos”, ha afirmado.

La localidad pacense de Villanueva de la Serena ha puesto en marcha un proyecto innovador para prevenir el acoso escolar en los institutos. Una iniciativa creada por Fernando Sembrador y los Emoticonos Extremeños que utiliza señales de tráfico simbólicas con mensajes directos como ‘Stop Bullying’, ‘Zona libre de Acoso’ o ‘STOP Abusones’.

El programa, que incorpora también un guiño local con la expresión 'Acho, Stop Bullying', se estrenará en el IES Pedro de Valdivia e incluirá acciones participativas como los ‘Caminos de Respeto’ y los ‘Semáforos de Solidaridad’, herramientas que permiten al alumnado expresar cómo se siente y reforzar el apoyo entre compañeros.

La iniciativa busca mejorar el clima escolar, fomentar la empatía y reducir los casos de acoso en las aulas, según ha señalado el consistorio villanovense. Por su parte, Sembrador destaca que, con esta iniciativa, que pretende continúe en los centros y que sean los alumnos los protagonistas creando más señales e implicándose contra el acoso, lo que ha querido es hacer una llamada de atención. Poner en primera línea este problema que afecta a tantos niños y jóvenes e implicar precisamente a ellos para que sean una parte activa contra el bullying. Él mismo, ha señalado, lo sufrió en su etapa escolar.

Leo Casco, directora del instituto, el primer centro en el que se lleva a cabo la iniciativa, aunque se pretende que se extienda a todos los centros, ha querido agradecer este gesto del artista y su compromiso para que, entre todos, se trabaje contra el acoso. Dejar el acoso y la intolerancia fuera del sistema escolar y de la vida, es en lo que se debe trabajar para lograr un entorno respetuoso y seguro.

Por La Rioja propone la creación de una Oficina de Mediación Educativa para combatir el acoso escolar desde la “prevención real”, según han explicado, “El objetivo es -precisa la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano- combatir una realidad cada vez más visible y preocupante que afecta directamente a menores, familias y al conjunto de la comunidad educativa y que el Gobierno de La Rioja ha dejado claro a través de los Presupuestos 2026 que no está abordando con la seriedad necesaria”.

Soriano recuerda que actualmente existe en La Rioja el Proyecto de Mediación Escolar MEDIA-2, pero que considera muestra “insuficiente”, al estar dotado únicamente con dos trabajadores sociales para toda la Comunidad Autónoma, “una cifra que imposibilita cualquier actuación preventiva, estructural y eficaz”.

La secretaria general de Por La Rioja denuncia que “la mediación, tal y como coinciden los modelos modernos de prevención, no puede ser un recurso externo, puntual ni reactivo, sino que debe integrarse de forma estable dentro de la propia comunidad educativa”. Desde esa perspectiva es por lo que la formación regionalista, inspirada en el modelo de Mediación Intrajudicial pero adaptada al ámbito escolar, propone la creación de una Oficina Autonómica de Mediación Educativa “como estructura pública estable, profesional y multidisciplinar, que permita actuar de manera coordinada, preventiva y continuada”, detalla Sonsoles Soriano.

Por La Rioja plantea que la Oficina Autonómica de Mediación deberá estar integrada por juristas especializados, trabajadores sociales, psicólogos; y representantes de los consejos escolares (familias, alumnado, profesorado y personal administrativo).

Además, Soriano ha señalado que la Oficina “contaría con infraestructura propia, recursos materiales, coordinación directa con los centros educativos y dotación presupuestaria específica, mediante remuneraciones o, al menos, un sistema de dietas por participación, lo que requiere su incorporación real y efectiva en los Presupuestos autonómicos”.

Según considera, “el acoso escolar no se combate con parches ni con programas simbólicos. Se combate con equipos estables, prevención real, implicación directa de la comunidad educativa y presencia constante en los centros”.

La formación regionalista lamenta que “un año más, los Presupuestos regionales vuelvan a relegar la mediación educativa a proyectos mínimos y testimoniales, sin estructura suficiente, sin planificación a medio y largo plazo y sin una apuesta clara por la prevención como política pública”. Soriano recuerda que “la mediación no puede ser una ocurrencia ni un recurso de emergencia. Debe ser una política pública estable. Prevenir el acoso es proteger la salud mental, la educación y el futuro de nuestros menores”.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España y la Fiscalía de Castilla-La Mancha han firmado un acuerdo para la constitución de la Mesa Técnica de la Prevención, Intervención y Seguimiento del Acoso Escolar en la Comunidad Autónoma. Dicho acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y el fiscal general de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández.

La Mesa Técnica que se constituye tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración regional y la Delegación del Gobierno en representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la mejora de la prevención, detección, conocimiento, intervención y seguimiento de las situaciones de acoso escolar en Castilla-La Mancha.

El fin último de la misma es proceder, en el plazo más breve posible, a la elaboración de un Protocolo o Acuerdo común de actuación contra el acoso escolar.

De la convivencia positiva a la detección temprana

La colaboración de las partes se articulará en establecer medidas preventivas que fomenten la convivencia positiva, conseguir una coordinación ágil y rápida entre los diferentes agentes implicados, detectar de forma temprana situaciones de acoso, intervenir de manera inmediata y coordinada, asegurar el seguimiento de los casos hasta su resolución y promover la implicación de toda la comunidad educativa.

Para el desarrollo de los trabajos de la Mesa Técnica se creará una comisión mixta con representación de las partes, cuya finalidad será conocer y proponer el desarrollo de las distintas líneas de actuación previstas.

Los trabajos de la Mesa Técnica tendrán un plazo inicial de cuatro años desde su constitución, y finalizarán en su caso, por la Firma del Acuerdo o Protocolo que se elabore, pudiendo prorrogarse antes de la expiración del plazo inicial.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha señalado la importancia de trabajar de la mano para dar una respuesta contundente a los casos de acoso escolar, una lacra con la que curso a curso luchamos y que nos debe exigir a todas las administraciones públicas la colaboración más absoluta.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha confirmado este lunes que el instituto en el que estudió una de las dos adolescentes que fueron halladas muertas el sábado en Jaén mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes. En un comunicado, la Consejería ha aclarado que en el momento del suceso solo una de las menores -después de que ambas titulasen en la Enseñanza Secundaria Obligatoria- estaba escolarizada en el IES San Juan Bosco de la capital jienense, en un ciclo medio de Formación Profesional.

La otra alumna, aunque se matriculó inicialmente en el mismo, causó baja en septiembre, según ha precisado la Junta. El IES Santa Catalina, donde estudió el curso pasado, mantuvo abierto un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

La Consejería ha reiterado el llamamiento a la prudencia y la tranquilidad a la espera de las conclusiones de la investigación de la Policía. “Es momento de prestar todo el apoyo y el cariño en estos días tan duros a las familias, amigos y a la comunidad educativa de la que han formado parte”, ha señalado el departamento que dirige Carmen Castillo, que ha trasladado su pésame a las familias por la pérdida de sus hijas.

Ha mostrado además el apoyo a la comunidad educativa, profesorado, alumnado y todo el personal de los centros educativos en los que han llevado a cabo su trayectoria académica en los últimos años. La Consejería ha recordado que estos “son momentos muy difíciles que requieren también de evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación por parte de la Policía, que será la que esclarezca las circunstancias que hayan podido concurrir en esta tragedia”.

Amigos y compañeros de las dos jóvenes, de 15 y 16 años, han asegurado este fin de semana que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE. La Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no confirmó si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolar porque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

La Guardia Civil está investigando un atropello múltiple cerca de un colegio de Logroño, por si pudiera estar relacionado con un posible caso de acoso escolar a través de redes sociales.

El suceso se produjo este miércoles en las inmediaciones del colegio Santa María Marianistas de Logroño. El impacto afectó a dos jóvenes de 16 años de edad, alumnas de otro centro educativo. Una de ellas resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula.

La Guardia Civil ya ha identificado al conductor del vehículo, un varón de 21 años, y está investigando ahora si el atropello pudiera estar relacionado con un posible caso de acoso escolar a través de redes sociales.

La Guardia Civil ha apuntado que no va a ofrecer más información al encontrarse menores implicados.