La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre, y ha apreciado al respecto hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público considera, en esas conclusiones provisionales, que existen indicios de que ambas compañeras de clase podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, “por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental”, tal como ha avanzado Diario de Sevilla y confirman a Europa Press fuentes judiciales.

Una de las últimas novedades del caso remite al archivo penal de la querella interpuesta por los padres contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”.

“Multitud de errores”

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables “adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”, si bien remarcaba que las “personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”.

La familia de Sandra Peña viene remarcando la “multitud de errores” cometidos por el centro y pide “contundencia” a la Junta al estimar que el centro en el que se encontraba escolarizada la menor, “no abrió el protocolo” de actuación frente al acoso y “no protegió” a la joven, por lo que viene solicitando una respuesta “contundente y ejemplarizante” por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

La Xunta ha anunciado varios cambios en la normativa sobre convivencia en las aulas gallegas. Una de las propuestas es que, por norma general, la medida que se tome para un alumno que cometa acoso o ciberacoso en las enseñanzas obligatorias sea obligarlo a que cambie de centro. También habrá un régimen sancionador para los casos en los que familiares o allegados de un alumno o el propio alumno agredan a un docente, con multas de entre 300 -en los casos leves- y 15.000 euros -en los muy graves-, que serán compatibles con posibles responsabilidades civiles o penales.

Las modificaciones se van a incluir en la ley de acompañamiento, que se presenta cada año junto con los presupuestos y que la Xunta utiliza para concentrar decenas de cambios legislativos en un solo debate. El anuncio lo hizo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que sustituyó este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda -de viaje institucional en Bruselas-, al frente del Consello.

La intención con las modificaciones es, según Calvo, “fortalecer el clima de respeto, responsabilidad y convivencia” en las aulas. La nueva redacción va a establecer tres grados de gravedad -leve grave y muy gravemente perjudicial para la convivencia-, frente a los dos actuales -leves y muy graves-. Los cambios van a afectar a la ley de la convivencia y al decreto que la desarrolla.

Dentro de la categoría de conductas muy graves se van a incluir expresamente las agresiones, actos violentos, amenazas o coacciones susceptibles de causar un perjuicio grave, actos graves de discriminación, vejación o humillación, manifestaciones graves de odio, violencia de género y sexual, acoso y ciberacoso, grabación y publicación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad o la intimidad. La nueva redacción va a hacer mención a la creación o manipulación mediante inteligencia artificial de contenidos que lesionen estos derechos, en un contexto en el que se han conocido varios casos en España de alumnos que han difundido imágenes de contenido sexual creadas con inteligencia artificial utilizando fotografías de compañeras.

La Xunta quiere también que las conductas que se consideren más graves impliquen la suspensión de la asistencia al centro de quien las cometa por periodos más largos que los actuales o que haya un cambio definitivo de grupo.

Calvo señaló también que la Xunta tiene previsto poner en funcionamiento la Oficina de apoio ao profesorado, que asegura que dará acompañamiento y orientación a los profesores, incluida asistencia jurídica, y prestará apoyo ante agresiones, amenazadas, situaciones de acoso o ataques físicos o a través de las redes sociales por parte de familiares del alumnado o sus representantes legales.

15 días después de su desahucio, Maricarmen Abascal, de 87 años, ha muerto. En estas dos semanas, la mujer ha permanecido ingresada en un hospital mientras la actualidad de todo un país giraba su atención a la vivienda: manifestaciones masivas, debate urgente de dos decretos, votaciones, convocatoria de huelga general y hasta elecciones anticipadas. Lo que empezó en un piso del barrio de Retiro en Madrid ha resultado ser el catalizador final de una profunda crisis que el país arrastra desde hace años: el problema estaba ahí, el activismo también, pero la historia de Maricarmen ha despertado como nunca una conciencia colectiva que está empujando cambios.

En 1997, trece días después de aparecer en televisión para contar el maltrato que había vivido durante años en su matrimonio, Ana Orantes fue asesinada por su marido. Aunque el feminismo llevaba unas décadas hablando de violencia contra las mujeres e impulsando recursos para atenderla, fue ese crimen el que, súbitamente, permitió que la sociedad diera un salto: la conversación cambió, el concepto de violencia de género empezó a calar, la política avanzó y unos años después nació la primera ley integral específica.

¿Por qué ellas y no otras? Podríamos hacernos esa pregunta para hablar de Orantes o de Maricarmen, pero también de la superviviente de 'la manada', el punto de inflexión de la violencia sexual en nuestro país, o incluso de Ramón Sampedro, que abrió el debate sobre la eutanasia; del adolescente Jokin Ceberio, el primer suicidio tras sufrir acoso escolar que tuvo repercusión mediática, o de Samuel Luiz, víctima mortal de un crimen homófobo que impulsó la indignación sobre las agresiones lgtbifóbicas. Muchas otras personas han sido desahuciadas, muchas otras mujeres son asesinadas y violadas, muchas sufren acoso escolar y llegan al suicidio, muchos pelean hasta el final por tener una muerte digna, y la violencia lgtbifóbica golpea a muchas con frecuencia. Sus vidas no importan menos, pero las circunstancias convierten a algunas en nombres propios que propician debates o transformaciones sociales.

En el caso de Ana Orantes, Maricarmen o Ramón Sampedro, lejos de la imagen de mártires pasivos, fueron dueñas de su propia historia. Orantes dio el paso de contar en un medio de comunicación su testimonio, decidió romper públicamente el silencio, a pesar de que el contexto, entonces, era muy poco favorable para hacerlo y la incomprensión o la culpabilización estaba a la orden del día (sí, todavía más que hoy). El precio por hacerlo fue su propia vida: su agresor la mató y el crimen evidenció la falta de recursos y políticas públicas, y la vulnerabilidad de tantas mujeres que, como le sucedía a ella, tenían que seguir compartiendo espacio con su maltratador. Ana Orantes quería hablar, pero no morir, por eso su relato público, tras su asesinato, conmovió a la opinión pública.

También en los noventa, Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, decidió convertir su deseo de suicidio asistido en una causa social: peleó en los tribunales y dio también la batalla mediática, hasta llegar incluso a grabar un breve vídeo antes de ingerir el veneno que le mató. Él sí quería morir, pero un relato como el suyo no había irrumpido nunca en el imaginario público.

Maricarmen no ha sido, como quieren hacer creer algunos, una mártir marioneta de nada: ante la situación que estaba viviendo fue la propia mujer la que se acercó al Sindicato de Inquilinas en busca de ayuda e inició con la organización un camino de lucha para intentar frenar su desahucio de la casa en la que había vivido desde adolescente. Nadie la obligó a hacer público su caso, tomó hasta el final sus propias decisiones, a pesar del deterior físico que había sufrido en los últimos tiempos. “No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche”, decía una Maricarmen combativa. La imagen de una mujer vulnerable, mayor, pero guerrera, que arrastraba un fuerte desgaste y la movilización que la acompañó logró una repercusión que otros casos no tuvieron.

La superviviente de 'la manada', que se encontró de repente con la violencia, decidió también hacer algo con lo que había vivido: denunciar, pero, aún más, persistir en un proceso judicial durante el que llegó a pensar en tirar la toalla debido al cuestionamiento y los intentos de conocer y publicar su identidad. Resistió. Su determinación alimentó las protestas que recorrieron en el país para decir 'Yo te creo' y las protestas alimentaron su determinación. La violencia sexual había marcado la vida de muchísimas mujeres antes, y los casos que llegaban a los medios solían disparar, más bien, la incredulidad y las dudas. Pero lo sucedido con 'la manada' conectó con generaciones de mujeres a las que se les prometió vivir en igualdad y que llevaban tiempo comprobando cómo esa promesa era un espejismo por muchos motivos, pero también porque la violencia sexual era un continuo que, sin embargo, apenas se nombraba.

Otras víctimas no pueden hacer nada con su historia salvo sufrirla, pero sus muertes azuzan un malestar compartido. En 2004, Jokin Ceberio, de 14 años, se suicidó después de haber sufrido meses de acoso escolar que, pese a los intentos de sus padres, ni el instituto ni las familias frenaron. No fue el primer adolescente que se suicidó en esas circunstancias, pero su caso saltó a los medios y situó al bullying en primer plano. A Samuel Luiz lo asesinó un grupo de hombres en 2021 en lo que resultó ser un crimen lgtbifóbico de mucha resonancia: la coincidencia en el tiempo de otras agresiones homófobas, el hecho de que sucediera durante la semana del Orgullo y el ensañamiento con la víctima, que simplemente se encontraba a las afueras de una discoteca, prendió la mecha de las manifestaciones y destapó la violencia que sufren las personas LGTBI en el espacio público.

Hay casos que conectan con la sensibilidad de un momento social o que consiguen dispararla. En ocasiones, el malestar larvado está ahí y el activismo ha hecho su trabajo propiciando debates y conversaciones. En otras, la historia llega para despertar una conversación que no existía. Sea como sea, de repente, una historia genera el shock colectivo. El precio para las y los protagonistas puede ser tan alto como su propia vida, pero el coste llega también en forma de señalamientos o culpabilización. A veces, los cambios legales llegan rápido, otros se alargan en el tiempo o no llegan a concretarse. Pero la transformación se mide también en la manera en la que el sentido común empieza a transformarse.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha llamado la atención en su memoria anual sobre el “incremento alarmante” de los delitos de agresiones sexuales en el último año entre menores, que ha vinculado al “consumo desbordado” de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía. También han subido los delitos de acoso escolar y de violencia de género en este colectivo.

Concretamente, el año pasado se incoaron 421 expedientes por delitos contra la libertad en indemnidad sexual cometidos por menores frente a los 244 del año anterior, un 72% más. Dentro de ello, los delitos de agresiones sexuales ascendieron el año pasado a 373, cuando en el año 2024 se incoaron 206.

Respecto al delito de abusos sexuales se han incoado 48 frente a los 38 del año 2024. En lo que respecta a los delitos de agresión sexual llama la atención los 183 incoados en Sevilla o los 75 de Almería, frente a los nueve de Córdoba o 14 de Granada; en materia de abusos sexuales destaca por su importancia los 43 de Málaga o los 5 de Jaén, según se desprende de la memoria, consultada por Europa Press.

Violencia doméstica y violencia de género

En la violencia doméstica se ha registrado un descenso en el último año, pues se han incoado 821 expedientes de reforma frente a los 1.059 de 2024, destacando los 418 de Sevilla, los 139 de Málaga o los 86 de Cádiz. La Fiscalía resalta que la violencia doméstica es el hecho que provoca más detenciones durante las guardias y en la gran mayoría de los casos la adopción de medidas cautelares, principalmente la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; o la libertad vigilada.

Respecto a la violencia de género, se han incoado 125 expedientes frente a los 45 de 2024. A juicio de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la lucha contra esta forma delictiva “debe tener como fundamental el aspecto educativo”. Por una parte en el seno de la familia, “con la trasmisión de valores como el respeto, el esfuerzo, el sacrificio y a veces con la imposición de límites ante determinadas realidades perjudiciales para la evolución del menor”.

Pero también en el sistema educativo, con una educación en valores, y “en la propia sociedad en general tomando contacto con la realidad del problema con políticas de apoyo a la igualdad entre las personas, campañas de publicidad tendentes a difundir la igualdad y no discriminación entre seres humanos”.

Acoso escolar y menores de 14

En el ámbito de la violencia y el acoso escolar se han incoado 150 Expedientes de Reforma, que representan la mitad más del año 2024, 75, lo que supone un aumento considerable. Destacan los 66 incoados en Málaga, seguidos de los 39 incoados en Almería, 11 de Huelva, los 16 de Jaén y los 17 de Cádiz.

Muchos de los delitos se cometen en los centros educativos, o en su entorno o con motivo de aspectos relacionados con la actividad escolar. Por ello, la Fiscalía reclama una “actuación diligente y proactiva por aquellos para evitar tales conductas y un despliegue efectivo y real de los Protocolos Antiacoso ante la más mínima sospecha”, así como actividades tendentes a fomentar la convivencia de los menores en las aulas.

En cuanto a los actos delictivos que comenten los menores de 14 años -que a tenor de su edad son inimputables en España- se han incoado y archivado 1.482 diligencias preliminares, lo que supone un aumento respecto de 2024.

Matiza la Fiscalía andaluza que, en líneas generales, los menores de 14 años no cometen delitos graves, sino más bien delitos menos graves y delitos leves. No obstante, ve necesario que los distintos Servicios de Protección de Menores de las Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad implanten programas específicos que den respuesta a la actividad delictiva cometida por estos menores que no pueden ser llevados ante la justicia por su corta edad.

A partir del año 2022 se ha observado en este colectivo un aumento en la comisión de delitos sobre la libertad e indemnidad sexual, lo que a juicio de Ana Tárrago “exige una máxima atención por parte de las entidades públicas”.

Zara Villar, madre de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar, ha insistido en la “multitud” de errores cometidos en el centro escolar Irlandesas Loreto al “no abrir el protocolo” de actuación frente al acoso y “no proteger” a la joven, por lo que ha solicitado una respuesta “contundente y ejemplarizante” por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, en concreto, al presidente, Juanma Moreno.

La progenitora ha subrayado así la relevancia que recae ahora sobre la vía administrativa tras el archivo penal de la querella interpuesta por la familia contra el centro y algunos de sus profesionales, una decisión judicial que la familia consideró, no obstante, reforzaba su argumento, al indicar los magistrados que “las personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”.

“Creo que la Junta de Andalucía tiene vía libre para ser contundente y ejemplarizante, como así nos lo dijo nuestro presidente, Juanma Moreno, porque ha quedado constatado que el colegio no hizo nada, no protegió ni vigiló, y ellos son garantes de la vida de nuestros hijos mientras están en el centro escolar”, ha remarcado Villar en una atención a medios antes de participar en la jornada de prevención y abordaje del acoso escolar en el marco del proyecto Verde Esperanza impulsado por el Real Betis y su Fundación.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó el pasado día 17 el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto porque no había relación de causalidad entre el fallecimiento y la actuación de los docentes. Sin embargo, la magistrada subrayó “que la actuación del colegio fue absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso resulta indudable. Se tomaron medidas que por su levedad no surtieron efecto”, argumentaba en el escrito.

“Modificación estructural”

Sobre este acto, Villar ha agradecido la invitación por parte de la Asociación Española Para la Prevención de Acoso Escolar (Aepae) y la Fundación Real Betis Balompié, reafirmado la “gran significación” que guarda para la familia este tipo de citas al generar “un sostén” y una “red” de apoyo.

En su intervención, el presidente de Aepae, Enrique Pérez-Carrillo de la Cueva, ha subrayado que el objetivo de las jornadas es llevar a cabo un cambio en la forma de abordar el acoso escolar en los centros españoles y, a pesar de reconocer cierta sensibilización en la sociedad respecto a esta problemática tras haber recibido “visibilidad” en medios de comunicación y redes sociales, ha defendido la necesidad de una “modificación estructural”.

La clave, a su juicio, es “no contemplar el acoso en un contexto cerrado” y no aportar únicamente una respuesta reactiva. “Cuando un niño sufre acoso, ya hay señales de alerta. Ya lleva un tiempo sufriéndolo. Por ello, aunque es necesario el protocolo, hace falta prevención”.

Por su parte, desde el Consejo de Administración de la Fundación, Rafael Muela ha apuntado a su “compromiso” para “trabajar con la inspiración” forjada a raíz del caso de Sandra, para “trabajar intensamente” y desde su ámbito en el acoso escolar. “Por eso lanzamos la camiseta que se inspira precisamente en este caso y en homenaje a Sandra Peña”, ha relatado, incidiendo en su compromiso para trabajar de la mano con fundaciones como Aepae para que esta “concienciación” pueda “llegar a los colegios, a los más jóvenes y a las familias”.

Por último, Bruno Gutiérrez, joven participante en las jornadas, ha explicado su experiencia respecto al acoso escolar, narrando que llegó a sufrir lesiones físicas por las que requirió un ingreso hospitalario e incluso buscó alternativas para acabar con su vida. “Ahora, estoy luchando por algo que merece la pena luchar, estoy intentando superar esto. Me gustaría decir que cada persona tiene a alguien en quien apoyarse, un motivo para seguir viviendo. Quiero pedir que no lo dejen, que volverán a tener la misma ilusión por la vida que tenían antes y que todo pasará”, ha apostillado.

Las Olimpiadas Internacionales de Tecnología de la Fundación NTT DATA han convocado a más de cinco mil participantes de nueve países, una gran cita internacional para la que únicamente cuatro estudiantes españoles han logrado clasificarse para disputar la final virtual. Gisela Pérez, Pablo Gil, Mar y Darius Atanasiu, con edades de entre nueve y quince años, representan la creatividad y el compromiso social del talento digital en España. Sus proyectos en la plataforma Scratch ofrecen soluciones prácticas ante problemas como la contaminación marina, la ciberseguridad, el esfuerzo personal y el acoso escolar en las aulas cotidianas.

Con solo nueve años de edad, la barcelonesa Gisela Pérez es la participante más joven de la delegación española en la final internacional. Su aventura interactiva, titulada “Huella humana”, nació tras observar con tristeza la acumulación de plásticos y residuos durante sus excursiones familiares a las playas y bosques. El juego arranca en la orilla del mar ante un brick de leche flotando, preguntando al usuario qué haría al verlo tirado. Mediante retos de limpieza del entorno natural y decisiones responsables guiadas por un avatar propio, Gisela demuestra que los pequeños gestos diarios son esenciales para proteger la salud ecológica del planeta entero.

Desde Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, el estudiante de once años Pablo Gil destaca en la competición gracias a su proyecto enfocado en la ciberseguridad infantil. Denominado “Internet seguro”, el juego fue creado tras descubrir su apasionada curiosidad por la informática durante el confinamiento. Preocupado por los riesgos digitales que afrontan sus compañeros al navegar solos por la red, Pablo diseñó retos prácticos para detectar mensajes fraudulentos, contraseñas débiles y trampas de desconocidos. La iniciativa promueve una lección clave: en este juego nadie gana ni pierde, pues todo el mundo aprende a proteger sus datos personales con responsabilidad.

En Salamanca, la joven Mar Miguel, de trece años, se situó entre las ganadoras nacionales tras competir con su videojuego interactivo “Patinando con Minion”. Desarrollado con el apoyo de mentores de la entidad organizadora, el proyecto transmite que aprender cualquier habilidad nueva exige paciencia, dedicación y superación constante ante los obstáculos. Mediante dinámicas de juego progresivas, la propuesta enseña que cometer errores forma parte natural de la educación y que lo fundamental es mantener el entusiasmo por intentarlo de nuevo. La aportación de Mar demuestra que la tecnología resulta idónea para cultivar la perseverancia y el pensamiento crítico juvenil.

En la categoría de los participantes de mayor edad, Darius Atanasiu, un madrileño de quince años vecino de Pinto, presenta el videojuego “Máscara” contra el acoso escolar. Darius, alumno de cuarto de la ESO y programador autodidacta desde los once años, dedicó quince horas a estructurar una propuesta que empieza preguntando al jugador sobre su postura ética frente al acoso. A través de minijuegos sobre empatía e inclusión, la historia muestra cómo los estudiantes afectados ayudan al protagonista, dejando claro que no hay que callarse ante las injusticias. Su proyecto fomenta la solidaridad activa y el trabajo en equipo en los centros educativos.

Dos minutos

La propuesta de Darius resulta especialmente oportuna ante los datos actuales de acoso escolar en España, donde un 14% del alumnado sufre acoso o ciberbullying. El estudiante sostiene que un videojuego informal logra concienciar mejor a los jóvenes que las charlas tradicionales, al involucrarlos en una experiencia reflexiva activa. Para llegar a la final, Darius compaginó sus estudios ordinarios con diez exigentes módulos técnicos, apoyado por una familia que valora la disciplina y el trabajo autodidacta. Su esfuerzo demuestra el enorme potencial de la tecnología cuando se orienta hacia la convivencia pacífica y el bienestar emocional.

Ante la inminente final virtual, los cuatro representantes españoles ultiman sus presentaciones de dos minutos en formato videollamada ante un jurado internacional. Gisela, Pablo, Mar y Darius han demostrado que la programación informática puede transformar retos cotidianos en valiosas herramientas de cambio social. Su logro posiciona a la educación pública y al talento joven de España en el mapa internacional de la innovación digital. Ganen o no en la cita decisiva, estos cuatro estudiantes han probado que la tecnología combinada con la empatía es el mejor camino para construir un futuro mucho más limpio, seguro, justo e inclusivo para toda la sociedad.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el archivo de la querella que los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras ser víctima, presuntamente, de acoso escolar, presentaron contra los responsables del centro Irlandesas de Loreto.

La decisión confirma así el pronunciamiento del pasado mes de mayo del juez de Instrucción número 7 de Sevilla, quien acordó el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que “el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”.

Sin embargo, la magistrada adelanta “que la actuación del colegio fue absolutamente deficitaria, insuficiente, y contraria a la urgencia que imprime el Protocolo de acoso resulta indudable. Se tomaron medidas que por su levedad no surtieron efecto”, argumenta el escrito.

Ahora, tal y consta en el auto, adelantado por Diario de Sevilla, la magistrada viene a confirmar esta decisión e incide en que “no existe la relación de causalidad que permite la atribución del resultado de muerte a los profesionales del centro docente que no actuaron con la diligencia debida, al menos la relación de causalidad directa que se exige en Derecho Penal”.

Tampoco se puede atribuir, según la juez, a los querellados un delito de lesiones psíquicas o trato degradante por omisión impropia, referente al artículo 176 del código Penal. “En el caso presente no podemos considerar que los integrantes del profesorado del centro educativo permitieran concretamente ninguna burla o mofa hacia Sandra”, apostilla.

“Reacciones tardías o insuficientes”

Además, el referido documento dicta que “ninguno de los querellados presenciaron o tuvieron concreto conocimiento de cuando se produjeron concretamente los insultos, las mofas o las burlas a Sandra Peña, por lo que es evidente que tales hechos concretos cada vez que se produjeron no pudieron impedirlos, argumento que se puede extender a las lesiones psíquicas”.

En el escrito, la magistrada esgrime que el acoso escolar “quizás es una lacra social que ha existido siempre, y que ha marcado a jóvenes de diferentes generaciones por ser distintos, pero que sin lugar a dudas hoy la vivimos con una mayúscula intensidad debido al acceso de los menores a sistemas de comunicación que anteriormente no existían y a las redes sociales”, algo que, a su juicio, “ incrementa el peligro de desequilibrio emocional para las víctimas que lo sufren”.

Por ello, si bien constituye “una forma de violencia y de maltrato, absolutamente intencional, repetitivo, que se apoya en el desequilibrio de poder entre los estudiantes” requiere “de actuaciones inmediatas por parte del colegio”, si bien “las reacciones que habitualmente observamos en los centros educativos suelen ser tardías o insuficientes”.

“Esto es lo que ocurrió en el presente supuesto, ya que personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería”, incide la juez.

No obstante, expresa que “en modo alguno podemos extender dicha presunta responsabilidad administrativa o civil de las personas querelladas, miembros todos ellos del equipo directivo del colegio, a la comisión por parte de los mismos del homicidio imprudente que reclaman los padres de Sandra”.

A pesar del acoso, “tenía otros muchos problemas”

Ello, según indica, se debe a que el día en el que se producen los hechos, esto es el 14 de octubre del pasado año, Sandra “tras la salida de clase, y habiendo escrito sus cartas de despedida en la clase de matemáticas, sin pasar por su casa subió a la azotea y se precipitó desde la misma perdiendo desgraciadamente la vida”.

“De las actuaciones practicadas en la Fiscalía de menores existen indicios más que suficientes que revelan que la menor, a pesar de las mofas y de los insultos de sus compañeras, que indudablemente le afectaban, tenía otros muchos problemas que le afectaban mucho más”, entre los que apunta a “una falta de aceptación de sí misma por múltiples razones, ajenas a dichas agresiones verbales”.

Los magistrados de la Audiencia afirman, además, que este asunto les produce “una profunda consternación” e invitan a “para exigir a la autoridad educativa que actúe con la mayor prontitud, eficacia y contundencia, para lo cual es necesario una supervisión objetiva y continuada por profesionales especializados de la actuación en relación a este tema de la comunidad educativa y del alumnado de cada centro”.

A su juicio, agilizar estas medidas “no solo no previenen situaciones que podrían evitarse, sino que no sirven para disminuir o aplacar los efectos de los supuestos ya iniciados, con finales a veces trágicos o demasiado traumáticos.

No obstante, con independencia de esta reflexión, refieren que en el caso de Sandra Peña “nos encontramos con una situación que queda extramuros de la jurisdición penal sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponderle a sus progenitores”. Por todo ello, confirma el sobreseimiento provisional decretado y la desestimación íntegra del recurso formulado.

Cabe mencionar que en el auto fechado el pasado mes de mayo, el magistrado dictó que el hecho “ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor”.

Los padres dirigieron la querella contra el Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, recibió este miércoles a representantes de la plataforma Rompe el Silencio Canarias, una iniciativa impulsada por familias afectadas por situaciones de violencia escolar y vinculada a las reivindicaciones surgidas tras el caso de Lucía, la niña de 12 años con autismo que se suicidó en Puerto de la Cruz en febrero de 2025.

La representación del colectivo estuvo encabezada por Laura Fernández, madre de Lucía y presidenta de la asociación, quien trasladó a la presidenta la necesidad de reforzar la protección de los menores frente al acoso y otras formas de violencia en el ámbito educativo.

Según señala la Cámara regional en una nota, el encuentro permitió a las representantes de la plataforma reclamar “apoyo y visibilidad” para una problemática que, según denuncian, “afecta a numerosas familias y requiere una respuesta institucional coordinada”.

La presidenta subrayó la necesidad de seguir avanzando en la prevención y detección de cualquier forma de violencia en el entorno educativo y en la protección y acompañamiento de los menores y sus familias. “Es hora de actuar, no podemos permitir que haya menores desprotegidos por el sistema. Hay que seguir avanzando”, manifestó.

La Audiencia Provincial de Ourense ha estimado parcialmente el recurso presentado por los padres de una alumna víctima de acoso escolar a causa de su orientación sexual, condenando a un colegio de Ourense a pagar una indemnización de 12.000 euros.

Según informa Europa Press, en la sentencia se recoge que los denunciantes presentaron recurso de apelación contra el fallo del Juzgado de primera instancia Número 3 de Ourense, que desestimaba la demanda frente al colegio por actos de acoso que la menor había sufrido durante el curso académico 2022-2023.

En este sentido, la demanda indicaba que el centro educativo no había adoptado las medidas oportunas para que cesase el acoso al que la víctima había sido sometida, “en especial, por dos compañeros de clase”, motivado por la condición homosexual de esta.

Así, los padres de la menor solicitaban el abono de 50.000 euros, dictándose tras el juicio una sentencia desestimatoria al considerar que “no ha quedado acreditada la realización de actos de hostigamiento, humillación o menosprecio por parte de los alumnos del centro escolar”.

Los hechos

En esta línea, tal y como expone la sentencia de la Audiencia, tras examinar la prueba documental y testifical practicada, se extrae que, antes del inicio del curso 2022-2023, concretamente en los meses de verano del año 2022, dos alumnos del centro crearon un grupo de WhatsApp llamado “No al LGBT”, añadiendo “sin previo consentimiento” a la víctima.

Asimismo, a dicho grupo, los dos alumnos enviaron iconos de banderas LGTBI tachadas, así como imágenes con esvásticas, y chatearon en privado con la víctima remitiéndole uno de ellos un icono con un mono con la leyenda “el de abajo es gay”, así como una fotografía con las frases “nosotres sabemes limpier”, “te falta fairy” y “el patriarcado es peligroso”.

Además, consta aportada una conversación entre la perjudicada y uno de los alumnos, a quien los demandantes señalan como “principal acosador”, en el que los dos adolescentes discuten sobre el rol del hombre y la mujer, procediendo el alumno a decirle a la víctima “escoria, normal que nadie te quiera, puedes tener razón, pero simplemente me la suda, tu pedazo de engendro, me caes como el puto culo, eres una mierda”, entre otros mensajes.

Argumentos

Ahora, la Audiencia Provincial de Ourense ha estimado parcialmente el recurso presentado contra dicha sentencia, al señalar que “ha quedado acreditado” que la víctima “padeció una situación de acoso escolar motivada fundamentalmente por su orientación sexual, pero también por razones sexistas”.

En concreto, la Sala ha considerado “acreditado” que varios compañeros de la perjudicada interactuaron con ella a través de mensajería, lo que llevó a sus padres a denunciar la situación ante el colegio y mostrar a lo largo del curso una “profunda preocupación por el estado emocional de su hija”.

Asimismo, el Tribunal ha recalcado que “resulta también probado” que otros compañeros de clase se sumaron “al menos puntualmente” a la realización del mismo tipo de comportamiento, y que la víctima “no se relacionaba en el patio con sus compañeros de clase, hablando solo con su compañera de al lado”, llegando incluso a finalizar el curso en modalidad de atención educativa domiciliaria temporal.

“Actitudes como las que hemos descrito en fundamentos precedentes, en las que se menosprecia a la víctima por su orientación sexual y su ideología de género, son claramente capaces de producir en cualquier adolescente los sentimientos de angustia y ansiedad que reflejan los informes psicológicos aportados”, ha añadido la Sala.

Una mare ha denunciat davant la Policia i la Inspecció d'Educació un presumpte cas d'assetjament escolar continuat contra el seu fill, de nou anys, alumne de tercer de Primària de l'Escolania de Nostra Senyora dels Desemparats de València, després que, segons assegura, el centre haguera ignorat els seus avisos. Així, descriu un entorn d'hostilitat contra el menor des de l'inici del curs escolar, caracteritzat per insults greus i la difusió de vídeos amb connotacions sexuals per part de dos companys del xiquet, davant del qual tant la direcció del centre privat concertat com l'administració educativa haurien mostrat una absoluta passivitat.

La víctima va accedir a la institució el curs passat després de superar les proves musicals pertinents per a formar part del cor. Segons explica la seua mare, professora d'Educació Secundària en un institut de València, el menor va començar a patir de seguida el rebuig i els atacs verbals per part dels dos companys d'aula. Entre les desqualificacions habituals hi havia insults contra la seua família i expressions homòfobes com “el teu pare t'ha deixat per marica”.

Malgrat les reiterades comunicacions de la família, la resposta de la direcció i del tutor va consistir a qualificar els fets de “coses normals” o “coses de xiquets”. En les entrevistes presencials amb el director, Luis Garrido, la mare assegura que aquest va arribar a parlar-li “a crits” i que des del centre es va atribuir la situació a la presumpta falta d'“habilitats socials” de l'alumne, exigint-li proves dels fets.

No obstant això, al maig van aparéixer en els dispositius digitals d'ús obligatori al centre (iPad) arxius de vídeo i d'àudio enviats al menor amb expressions injurioses i d'índole sexual. “El col·legi ha vist els vídeos, però no ha fet res”, afirma la denunciant. Davant la persistència de l'assetjament, que va incloure agressions físiques lleus, com ara el llançament d'objectes durant una cursa solidària, la mare va acudir a una psicòloga externa, que va confirmar el greu dany emocional del menor, a qui va descriure com a “destrossat”.

La solució plantejada pel centre, segons ha explicat l'afectada, va ser convidar-los a abandonar-lo. En recollir les qualificacions finals del seu fill, el tutor li va indicar que, si no hi estaven “a gust”, se n'anaren. En el tràmit de baixa formal, la secretaria del col·legi va atribuir la marxa al fet que l'alumne “no s'havia adaptat”. Finalment, la família ha obtingut plaça en un altre centre escolar per al pròxim curs.

“No s'ha detectat cap cas d'assetjament escolar”

Per la seua banda, el director de l'Escolania de Nostra Senyora dels Desemparats, Luis Garrido, en declaracions a elDiario.es, ha defensat l'actuació del centre i ha assegurat que s'ha seguit rigorosament “el tràmit que ens va assenyalar la Conselleria” des que la mare va comunicar la situació del seu fill. Segons Garrido, el menor “ha tingut una vida normal” al col·legi, al marge dels “xicotets incidents que pot tindre un xiquet”, els quals van ser abordats mitjançant el seguiment del claustre i l'aplicació de les “mesures correctores i sancionadores” previstes. No obstant això, el director ha negat categòricament la gravetat de les acusacions en afirmar que, després d'activar els mecanismes d'observació corresponents, “no s'ha detectat cap cas d'assetjament escolar”.

Així mateix, el responsable de la institució ha confirmat que la Inspecció d'Educació es va posar en contacte amb el centre fa unes setmanes per a instar-lo a obrir formalment el protocol d'assetjament escolar. Garrido ha lamentat la baixa de l'alumne i ha manifestat que li “sap molt greu que haja marxat el xiquet, és una veritable llàstima”, alhora que ha subratllat que des del centre educatiu es va fer “tot el possible perquè no se n'anara del col·legi i perquè es trobara còmode” durant el curs.

Consultada per elDiario.es, la Conselleria d'Educació ha confirmat que va haver-hi una queixa d'una mare i que la inspecció va anar al centre: “S'han seguit tots els protocols i no s'han trobat indicis de cap abús”, corroboren.

Precedents i denúncies d'encobriment

Aquest cas coincideix amb altres reclamacions similars de famílies de l'Escolania, que també van acudir a la Inspecció d'Educació per presumptes vexacions i insults al centre, un patró de conducta que ja va provocar que altres alumnes abandonaren la institució amb anterioritat.

A més, antics docents del centre també van corroborar a elDiario.es la veracitat dels fets denunciats en sostindre que aquesta problemàtica no és nova. Així, expliquen com fa una dècada dos professors van ser acomiadats després de denunciar internament els abusos als quals eren sotmesos els menors per part de la direcció. El Jutjat Social va declarar aquells acomiadaments improcedents. “Això passa des de fa moltíssims anys; fins i tot antics alumnes ja ens comentaven les vexacions que els deien”, assevera una docent que ja no és al centre.

El col·legi de l'Escolania té uns quaranta alumnes que cursen entre tercer de Primària i segon de l'ESO dividits en tres aules unitàries. L'objectiu d'aquest centre concertat és l'escolarització dels xiquets d'entre 8 i 14 anys, que formen part del cor de l'Escolanía que canta a la Verge dels Desemparats a la Basílica de València.

Una madre ha denunciado ante la Policía y la Inspección de Educación un presunto caso de acoso escolar continuado hacia su hijo de nueve años, alumno de tercero de Primaria en la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados de València, después de que, según asegura, hayan ignorado sus avisos en el centro. Así, describe un entorno de hostilidad hacia el menor desde el inicio del curso escolar, caracterizado por insultos de gravedad y la difusión de vídeos con connotaciones sexuales por parte de dos compañeros del niño, ante lo cual tanto la dirección del centro privado-concertado como la administración educativa habrían mostrado una absoluta pasividad.

La víctima accedió a la institución el pasado curso después de superar las pruebas musicales pertinentes para formar parte del coro. Según explica su madre, profesora de Educación Secundaria en un instituto de València, el menor comenzó a sufrir de inmediato el rechazo y los ataques verbales por parte de los dos compañeros de aula. Entre las descalificaciones habituales se encuentran insultos hacia su familia y expresiones homófobas como “tu padre te ha dejado por maricón”.

A pesar de las reiteradas comunicaciones de la familia, la respuesta de la dirección y del tutor consistió en calificar los hechos como “cosas normales” o “cosas de niños”. En las entrevistas presenciales con el director, Luis Garrido, la madre asegura que este le llegó a hablar “a grito pelado” y que desde el centro se achacó la situación a la presunta falta de “habilidades sociales” del alumno, exigiéndole pruebas de los hechos.

Sin embargo, en el mes de mayo aparecieron en los dispositivos digitales de uso obligatorio en el centro (iPads) archivos de vídeo y audio enviados al menor con expresiones injuriosas y de índole sexual. “El colegio ha visto los vídeos, pero no ha hecho nada”, afirma la denunciante. Ante la persistencia del hostigamiento, que incluyó agresiones físicas menores como el lanzamiento de objetos durante una carrera solidaria, la madre acudió a una psicóloga externa, quien confirmó el severo daño emocional del menor, al que describió como “destrozado”.

La solución planteada por la institución académica, según ha explicado la afectada, fue la invitación a abandonar el centro. Al recoger las calificaciones finales de su hijo, el tutor le indicó que si no estaban “a gusto”, se marcharan. En el trámite de baja formal, la secretaría del colegio atribuyó la salida a que el alumno “no se había adaptado”. Finalmente, la familia ha obtenido plaza en otro centro escolar para el próximo curso.

“No se ha detectado ningún caso de acoso escolar”

Por su parte, el director de la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados, Luis Garrido, en declaraciones a elDiario.es, ha defendido la actuación del centro y ha asegurado que se ha seguido rigurosamente “el trámite que nos señaló la conselleria” desde que la madre comunicó la situación de su hijo. Según Garrido, el menor “ha tenido una vida normal” en el colegio, al margen de los “pequeños incidentes que puede tener un niño”, los cuales fueron abordados mediante el seguimiento del claustro y la aplicación de las “medidas correctoras y sancionadoras” previstas. No obstante, el director ha negado categóricamente la gravedad de las acusaciones al afirmar que, tras activar los mecanismos de observación correspondientes, “no se ha detectado ningún caso de acoso escolar”.

Asimismo, el responsable de la institución ha confirmado que la Inspección de Educación se puso en contacto con ellos hace unas semanas para instarles a abrir formalmente el protocolo de acoso escolar. Garrido ha lamentado la baja del alumno y ha manifestado que le “sabe muy mal que se haya ido el niño, es una verdadera lástima”, al tiempo que ha subrayado que desde el centro educativo se hizo “todo lo posible para que no se fuera del colegio y para que se encontrara cómodo” durante el curso.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Educación ha confirmado que hubo una queja de una madre y que la inspección fue al centro: “Se han seguido todos los protocolos y no se han encontrado indicios de ningún abuso”, corroboran.

Precedentes y denuncias de encubrimiento

Este caso coincide con otras reclamaciones similares de familias de la Escolanía, que también acudieron a la Inspección de Educación por supuestas vejaciones e insultos en el centro, un patrón de conducta que ya provocó que otros alumnos abandonaran la institución con anterioridad.

Además, antiguos docentes del centro también corroboraron a elDiario.es la veracidad de los hechos denunciados, al sostener que esta problemática no es nueva. Así, explican cómo hace una década dos profesores fueron despedidos tras denunciar de forma interna los abusos a los que eran sometidos los menores por parte de la dirección. El Juzgado de lo Social declaró aquellos despidos como improcedentes. “Esto lleva ocurriendo muchísimos años; incluso antiguos alumnos ya nos comentaban las vejaciones que les decían”, asevera una docente que ya no está en el centro.

El colegio de la Escolanía tiene unos cuarenta alumnos que cursan entre tercero de Primaria y segundo de la ESO divididos en tres aulas unitarias. El objetivo de este centro concertado es la escolarización de los niños, de entre 8 y 14 años, que forman parte del coro de la Escolanía que le canta a la Virgen de los Desamparados en la Basílica de València.

El 'Informe Convivir en tiempos de pantallas', de Aldeas Infantiles SOS y publicado este lunes, recoge que en Cantabria, Aragón y Canarias más del 30% del alumnado afirma sentirse afectado por la violencia o las agresiones en redes sociales, frente al 8,3% registrado en la Comunidad de Madrid.

Además, un 43% de estudiantes de Secundaria desearía poder revisar menos las pantallas mientras estudia y un 22,1% de los alumnos lograr dormirse sin tenerlas cerca.

El estudio, basado en 2.332 encuestas, refleja que un 6,8% del alumnado cree que un mundo sin redes sociales sería más triste y 43,1% afirma que habría más conexiones reales.

Asimismo, los resultados de la investigación evidencian que a dos de cada tres encuestados les inquieta no encontrar trabajo o no poder dedicarse a lo que les gusta, y un 42,2% muestra preocupación por su situación económica futura.

Por otro lado, el informe apunta que al 25% de las chicas le gustaría compararse menos con otras personas en redes sociales, frente a un 7,8% de los chicos.

Preguntados por las situaciones en las que les resulta más fácil dejar de mirar el móvil, el 70,6% afirma que desconecta con más facilidad cuando hace deporte o actividades creativas, y el 67,2% cuando está con alguien que le importa.

En este sentido, las respuestas revelan que las chicas desconectan más cuando están con personas que aprecian, mientras que los chicos lo hacen más a través del deporte y las actividades creativas.

La entidad sostiene que se dibuja “un retrato diverso de una generación consciente de los riesgos del entorno digital, que encuentra en las relaciones personales, el deporte y las actividades creativas algunas de las principales vías para desconectar de las pantallas”.

“Una adolescencia más preocupada por las relaciones humanas, el bienestar emocional y el futuro que por los conflictos tecnológicos”, ha destacado.

Alternativas de ocio sin pantallas

El informe también recoge la opinión de más de 1.500 alumnos de Primaria que han participado en el acto 'Diputados por un Día' en el Congreso y en sus parlamentos autonómicos.

“Frente a la creencia de que los niños y niñas solo demandan más tecnología, sus propuestas son muy distintas: se comprometen a no mirar hacia otro lado ni callarse ante situaciones de acoso o burlas en internet”, ha explicado Aldeas.

Además, ha subrayado que los estudiantes “reivindican la empatía digital prometiendo pensar antes de publicar y pedir permiso antes de compartir fotos ajenas, y piden a los adultos recuperar tiempo para el mundo real: dejar las tablets y móviles fuera de las comidas, y volver a los parques y al juego en la calle para recuperar el contacto humano”.

Para la entidad, estos resultados ponen de relieve “la importancia de acompañar a los adolescentes en el desarrollo de una relación equilibrada con la tecnología desde los ámbitos educativo y familiar” y que “necesitan modelos positivos, adultos que sean sus referentes y les demuestren con hechos que también son capaces de aparcar el teléfono móvil”.

Finalmente, Aldeas señala que es “fundamental” recuperar espacios y tiempos sin pantallas, y ofrecerles alternativas de ocio presencial y social (deporte, música, salidas con sus iguales) que les generen “endorfinas de forma natural”.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha señalado que durante este curso escolar 2025-2026 han aflorado “más casos” de expedientes disciplinarios y de acoso escolar que en el curso anterior, si bien esto se debe a que se detectan “mejor”, ha asegurado.

“Eso no quiere decir que haya más casos, sino que detectamos mejor esos casos”, ha puntualizado Silva este viernes en declaraciones a la prensa, previas a la reunión extraordinaria del Observatorio de la Convivencia en Cantabria para evaluar el clima de convivencia en los centros educativos, proponer herramientas de mejora y prevenir situaciones que afecten a la misma.

El consejero ha manifestado su “satisfacción general” sobre el clima de convivencia de los centros educativos de la región porque, como se corroborará a final de año cuando tengan los datos definitivos del informe, éste “no es malo”, ha aseverado.

Así, aunque Cantabria cuente con “un buen clima de convivencia” en los centros educativos, el titular de Educación ha apostado por no “relajarnos” y estar “permanentemente alerta para que no haya conflictos graves”.

En cuanto al acoso escolar, ha destacado que en este curso 2025-2026 no ha habido un caso tan “mediático” como el que se produjo en el curso pasado --a un joven con discapacidad en un instituto de Santander--, si bien sí se han registrado “incidentes y conflictos de convivencia”.

El consejero ha abogado por ser “prudente” en cuanto a los datos dado que no son definitivos, aunque ha indicado que han aflorado “más casos” debido a que “detectamos mejor”, ya que “tenemos más concienciación, más formación, más recursos”.

Silva ha añadido que a medida que pase el tiempo y se apliquen las medidas de convivencia, incluso si sale adelante la ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar, probablemente se logrará “tener una imagen más fiel de lo que ocurre en los centros educativos”.

“Me decantaría entre la prudencia, pero, al mismo tiempo, la preocupación por la convivencia, porque es algo muy derivado de la salud mental y de las redes sociales en todas las redes educativas”, ha sentenciado.

Guía de accesibilidad emocional

Durante el encuentro, el director general de Calidad y Equidad Educativa, José Luis Blanco, ha expuesto el trabajo que ha realizado el Servicio de Inspección Educativa sobre el seguimiento de las comisiones y los planes de convivencia en 28 centros educativos de toda la región.

Las principales conclusiones de ese estudio señalan que la implantación de la comisión de convivencia es “mayoritaria”, se ha detectado que algunos centros no la han puesto en marcha, por lo que es necesario una revisión anual y una actualización de estos planes.

Además, los resultados del análisis realizado apuntan que es necesario mejorar la participación, especialmente de familias y estudiantes en esa comisión de convivencia.

En el encuentro también se ha presentado el borrador de la guía de accesibilidad emocional al observatorio de la convivencia, con la finalidad de que se puedan hacer aportaciones para mejorar la formación y los recursos disponibles en el ámbito de la convivencia.

Esta guía es un “recurso estratégico” para que los centros planteen la convivencia desde el punto de vista preventivo, algo en lo que viene insistiendo la Consejería de Educación y que recoge el proyecto de ley de autoridad del profesorado y de la convivencia escolar.

Esta guía también aboga por “hablar más de la convivencia en sentido positivo”, dentro de la estrategia educativa de que los centros sean “espacios seguros” donde no haya conflictos de convivencia.

El acoso escolar no siempre se manifiesta de forma clara a través de moratones o libros rotos. Son mayoría los casos en los que solo una mirada atenta y una buena comunicación pueden percibirlo antes de que el daño sea demasiado profundo, todo un reto para las familias.

“El principal predictor de daño es el tiempo, es la detección temprana”, advierte Enrique Pérez-Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), que insiste en la importancia de actuar con rapidez. 

La primera señal de alerta suele ser un cambio brusco en la personalidad del menor derivada del punto de inflexión que el experto denomina “somatización”, un tipo de “ansiedad anticipatoria” que surge cuando el niño anticipa el maltrato y que suele generar reacciones físicas y conductuales claras.

Pérez-Carrillo pone como ejemplo un niño introvertido que se vuelva disruptivo o ansioso, o uno más hablador que comience a aislarse, además, “si antes iba al colegio de una forma natural y cómoda y, de pronto, pone excusas para no ir, sería otra señal importante”, añade.

Las primeras señales

El cuerpo, ante esa sensación de miedo o peligro constante, también somatiza y empieza a manifestar dolencias reales que reflejan ese estado de alarma, como cefaleas, problemas estomacales o pesadillas, incluye el experto.

Otro indicador fundamental es la caída del rendimiento académico. “Su foco está puesto más en la ansiedad y obviamente no se concentra”, explica el presidente de AEPAE, que explica que si el menor está poniendo toda su atención en el miedo, es normal que no sea capaz de estudiar.

También es frecuente que aparezcan ataques de ira, añade Pérez-Carrillo: “Puede ser que esté muy reactivo o reactiva y que pueda tener explosiones de ira, por esa frustración que está soportando todo el día y que descarga en casa, que es un espacio seguro, contra su padre, su madre o un hermano”.

La segunda fase de respuesta

Pasada la somatización, el experto alerta de una segunda fase más peligrosa: la rendición. En este punto, el menor siente que el maltrato es inevitable y que nadie puede ayudarlo. “Hablamos ya de señales más graves como el estrés postraumático, las autolesiones o los intentos de suicidio”, advierte Pérez-Carrillo, que insiste en la importancia de actuar con rapidez, basándose en la experiencia de la asociación con 9.000 víctimas severas.

Del mismo modo, el experto desmiente varias afirmaciones que suelen minimizar la situación: no es necesario demostrar intencionalidad ni un desequilibrio de poder visible para que exista acoso. “El daño va a estar siempre en proceso, aunque no sea visible”, explica, insistiendo en que el acoso es “sumatorio e incremental”, por lo que siempre irá a más si no se actúa.

A la hora de diferenciarlo de un episodio esporádico, Pérez-Carrillo es tajante en la definición: “El acoso escolar es un maltrato reiterado entre iguales que ocurre tres o más veces”. A diferencia del conflicto, que es mutuo, o de un maltrato puntual, el acoso es sistemático.

Qué pueden hacer los padres

Ante la más mínima sospecha, la mayor aliada de los padres es la comunicación. El presidente de la AEPAE recomienda propiciar conversaciones con los niños que no solo se ciñan a lo académico: “No dar importancia solo a qué hemos sacado en el examen de matemáticas, sino también interesarse por otros aspectos, preguntar cómo te ha ido hoy, quiénes son tus mejores amigos, has tenido algún conflicto en el colegio. O sea, darle también ese espacio para que pueda hablar de su día a día”.

Si aun así el menor no se abre, los padres disponen de herramientas como el test de incidencia gratuito y anónimo disponible en la web de la asociación, que ayuda a hacer un diagnóstico rápido sobre la gravedad de la situación, apunta Pérez-Carrillo.

Si se confirma la sospecha, el primer paso a seguir es “sentarse con el menor y redactar una cronología de los hechos que incluya qué le ocurre, quién o quiénes se lo hacen, en qué lugares y desde cuándo”, aclara el experto. Después se debe acudir al centro educativo, entregar una copia de ese escrito y solicitar la apertura del protocolo oficial y una reunión con la dirección.

“El centro educativo tiene la guardia y custodia del menor desde que entra hasta que sale y es responsable de su seguridad”, señala Pérez-Carrillo, que, por último, aclara que los padres tienen derecho a ser informados del protocolo de forma ágil, “lo único confidencial son los datos de los menores”. 

Con tan solo 17 años, Elena de Juan García sufrió acoso escolar durante su última etapa en el instituto. Su día a día se vio marcado por el hostigamiento, las risas crueles y el vacío social por parte de sus compañeros. Sin embargo, años después, ahora con 21, Elena ha dejado atrás el rencor y resentimiento para entender la mente humana y qué había detrás de sus acosadores. Apasionada de la literatura y la filosofía desde siempre, en su debut literario Sin rencor (Editorial Diëresis) explora lo que ocurre cuando una víctima de acoso escolar decide dejar de mirar sus propias heridas para estudiar la mente de quienes la hacen sufrir.

El libro rompe con el formato más tradicional de un testimonio para ofrecer un ensayo filosófico que analiza el acoso escolar desde la identidad, la dignidad y el perdón. Además, la autora se apoya en el pensamiento de filósofos como Platón, Sartre o Nietzsche para explorar las dinámicas del acoso y los mecanismos psicológicos que lo impulsan. Cada capítulo cuenta la historia y posibles trasfondos de algunos de sus compañeros, para intentar explicar y entender lo que les llevó a acosarla, algo que ha sido clave en su recuperación personal.

Con Sin rencor, espera ofrecer un faro de esperanza y una herramienta de apoyo a jóvenes que puedan estar atravesando lo mismo que ella vivió hace unos años.

Escribes este libro con solo 21 años, sobre el acoso que sufriste a los 17 años en el instituto. ¿En qué momento decides hacer de esta experiencia tan dolorosa, que es el acoso escolar, un objeto de estudio filosófico?

El libro lo empecé a escribir en el instituto, cuando tenía apenas 17 años y pasaba por el episodio de acoso. Pero en aquel momento era más autobiográfico y más narrativo, ni siquiera tenía intención de convertirse en un libro, era un poco mi diario y mi manera de desahogarme. Con el tiempo iba releyéndolo y cambiando cosas. 

Llegó un punto en el que me di cuenta de que lo estaba cambiando por completo, porque ya había pasado un tiempo, y casi sin darme cuenta había ido perdonando a cada uno de ellos. Así fue el proceso, no es que la haya escrito hace 21 años, pero sí que tuve esta visión porque considero que, como digo en el libro, nadie que se sepa gozosamente pleno siente nunca la necesidad de rebajar a otro. 

Siento que a veces cuando hablamos de episodios así tendemos a centrarnos en la víctima y se dicen frases como, “pues yo sufrí acoso escolar”, “¿Por qué? Por ser tal o por tener no sé qué”, y realmente ese ‘por qué’ suena un poco justificativo, un poco causal y creo que no se debería enfocar tanto en la víctima sino en el agresor.

Hay muchas personas que no saben estar solas y hacen lo que sea por ser parte de un grupo, incluso renunciar a una moral básica

¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta, por fin, de que tú no tenías la culpa de nada?

Durante mucho tiempo yo me he culpado a mí misma, y fue a través de mucha reflexión y mucha introspección, pero creo que es una respuesta común. Que tiendes a hacerte a ti misma una diana, y piensas que alguna falla tienes que aportar, porque no puede ser, ¿Por qué yo? ¿Qué les he hecho yo? A veces simplemente puede ser por tener algo diferente, pero puede ser algo diferente y positivo. Puedes llevar, como digo en el libro, un fulgor que incomoda. 

Dices que el acoso no ocurre por tener un defecto, sino por tener algo que te hace diferente. ¿Cómo se defiende esa autenticidad en un entorno donde la norma es seguir al rebaño?

Hay muchas personas que no saben estar solas y hacen lo que sea por ser parte de un grupo, incluso renunciar a una moral básica. Esto lo trataba Simone Weil, y también lo menciono en el libro, que esa necesidad de pertenecer es algo humano, es inherente al ser humano y muchas conductas crueles nacen precisamente de ese miedo de quedar fuera del grupo. 

Cuesta mucho defender esa autenticidad y se hace quizás a través de muchísima introspección y muchísimo análisis. También, aunque nuestra mente esté diseñada para no ver nuestros defectos o evitarlos un poco, ser consciente de uno mismo y de que nuestro valor reside en toda nuestra complejidad, no en lo que nos pintamos a nosotros mismos ser.

Cada capítulo tiene el nombre e historia de uno de tus acosadores ¿Qué te llevó a querer entender los motivos detrás de sus actos? 

Realmente no son sus nombres, son pseudónimos. Inevitablemente todo el mundo ha pasado por situaciones duras o pasará por ellas en la vida, creo que es algo que tenemos que afrontar. En mi caso fue el tema del acoso escolar, pero otras personas tienen sus propias batallas. Siempre encontraremos la situación en la que las personas, por nuestra propia interacción y por nuestra naturaleza, nos hacemos daño entre nosotros. 

Lo que yo pensaba es que estos comportamientos o todo lo que son nuestras carencias, nuestras contradicciones o nuestras fallas, tienen que haber aparecido antes en la historia necesariamente, porque tendemos a pensar que somos más distintos de lo que realmente somos. La naturaleza humana encierra una lógica que es muy constante, yo pensaba que quizás a través del pensamiento de filósofos, incluso los más clásicos, podemos vislumbrar un poco esta lógica que nos envuelve

El silencio es uno de los mayores cómplices que hay en el acoso, porque al final del día siempre es un grupito, nunca es una sola persona

Claro, porque en tu libro, utilizas los pensamientos de filósofos como Nietzsche o Platón. ¿Cómo te ayudó la filosofía a entender mejor la naturaleza humana y lo que habías sufrido?

A mí siempre me ha gustado mucho la filosofía, y creo que tiene respuestas muy importantes. A veces tendemos a irnos a cuestiones más metafísicas y plantearnos nuestra existencia, nuestro propósito en el universo, pero también nos da respuestas más tangibles que vemos reflejadas en el día a día. Es el caso, por ejemplo, del comportamiento humano, de por qué a veces entramos sin darnos cuenta en dinámicas dañinas: por qué se generan, cómo todo ello influye sobre nuestra identidad… Por eso me apoyaba en el pensamiento de estos filósofos. 

Tu madre, que escribe el prólogo del libro, dice que el instituto era una prisión de indiferencia. ¿Son el silencio y mirar hacia otro lado el arma más peligrosa del acoso?

El silencio es uno de los mayores cómplices que hay en el acoso, porque al final del día siempre es un grupito, nunca es una sola persona. Y no todos son instigadores o líderes, siempre está el rebaño que sigue, el rebaño que calla o la institución en la que se desarrolla que también calla, y eso no deja de ser un cómplice. Obviamente mi madre sentía mucha impotencia porque, como cuenta en el libro, hacía de todo y más, se quejaba a la escuela y lo hacía saber a los profesores. 

Pero lamentablemente no hacían mucho, y esto es algo que vemos muy a menudo en los típicos casos que ahora van surgiendo de vez en cuando, como el que vimos recientemente en Sevilla de una chica que se quitó la vida. Es muy triste escuchar estas noticias, pienso por ello que en el colegio o el entorno donde suceda (porque a veces no siempre es en el colegio, puede surgir acoso en el ambiente de trabajo, o donde sea) tendría que tener algunos protocolos que puedan seguir, algún programa para atajar el problema. 

En el capítulo de Luisa, por ejemplo, hablas de la superficialidad y de que es más fácil aceptar lo estético que dudar de las cosas. ¿Por qué nos incomoda tanto cuestionar lo que la sociedad da por válido?

Porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos configurados de tal manera que la estética es un filtro muy importante en nuestra moralidad. Es lo que trataba Schopenhauer con su famosa frase, que se le asocia tanto a él como a Nietzsche: “Cuando matas a una cucaracha eres un héroe, pero si matas a una mariposa eres un villano”. 

La acción es la misma pero valoramos el entorno, la superficie, el envoltorio. En ese capítulo trato cómo se traslada esto al comportamiento humano, cómo a veces no es tanto estético como es el éxito, la fama… Pero es que muchas veces no nos damos cuenta. 

De hecho, hace no tanto leí sobre un estudio que se publicó, un experimento que hicieron en el que había dos salas y en cada una había un grupo de personas, y se les leía un mismo guion poniéndoles imágenes de personas, con lo que había hecho cada una. Era ficticio, pero se les decía, “esta persona ha matado a alguien”, eran casos de derecho penal para personas que no habían estudiado derecho. Sorprendentemente, cuando les preguntaban la pena de prisión que les impondrían, en una sala pusieron a personas que eran convencionalmente atractivas y en otra personas que no tanto. 

Siempre se les impuso mayores penas a las personas que no eran convencionalmente atractivas. Me pareció muy interesante el estudio porque reforzaba esta teoría de la belleza y la apariencia como filtro moral. Y es que no nos damos cuenta, pero tenemos incrustado en nosotros, en nuestra mente, el valorar la apariencia antes que la esencia. A veces ya no es cuestión de que nos cueste cuestionar determinadas realidades que ha impuesto la sociedad, sino que a veces no nos damos ni cuenta a primera vista y, requiere hacer un ejercicio reflexivo importante.

Exploras cómo las redes sociales y la inmediatez han moldeado la identidad de la Generación Z. ¿Qué crees que es necesario para que los jóvenes se centren más en lo auténtico y real?

Esto es algo muy duro, porque cada vez más vivimos en una sobreexposición constante. Jean Paul Sartre decía que la mirada de los otros nos condiciona profundamente, porque el problema llega cuando hay personas que no solo se sientan condicionadas por la mirada ajena, sino que acaban construyendo su identidad a partir de esa validación que le puedan dar otros. 

Eso es muy peligroso, sobre todo en un contexto como el de ahora, en el que por el tema de la influencia de las redes sociales y la sobreexposición llega a haber muchas personas que no saben estar solas. Mi madre siempre me dice lo importante que es saber aburrirse. Esos momentos se sustituyen ahora por la hiperconectividad, consultar las redes, comunicarse constantemente con otros… Por una parte, tiene aspectos muy positivos y cosas que antiguamente no se podían hacer, pero es muy peligroso porque la soledad es muy importante. La soledad, aquello que dicen de que es importante saber estar solo, que no es lo mismo que sentirse solo. 

Hablas de una epidemia actual que se basa en la presión por no molestar a nadie, en agradar constantemente. ¿Piensas que esta necesidad es aún mayor en las mujeres, por culpa de las expectativas sociales? ¿Por qué es necesario romper esto y permitirnos molestar?

Cuando pienso en esa frase me viene a la cabeza la película de Barbie. Sí, podría haber, pero yo no pienso que esté particularmente identificada en las mujeres, yo lo trato en el contexto de lo que viví siendo adolescente. En ese momento sucede más habitualmente que en la edad adulta, durante los años de adolescencia y de juventud temprana del ser adulto o joven. Son años de muchísimo autodescubrimiento, son años en los que te planteas una de las preguntas más difíciles acerca de tu identidad, sobre quién eres. 

Luego está la corriente que defiende que, evidentemente, no acabamos de conocernos nunca plenamente, porque en eso estamos toda nuestra vida, conociéndonos, aprendiendo sobre nosotros mismos. Pero sí que esos años moldean muchísimo tu personalidad, yo creo que tanto hombres como mujeres a esas edades sienten muchos miedos y muchas inseguridades. Requiere muchísimo valor y muchísima valentía salir de esos miedos, salir de tu zona de confort y atreverte a disentir, pero no todo el mundo lo hace. Muchos caen en esa trampa para tratar de agradar, no llamar mucho la atención…

El acoso digital no para al salir del instituto, se cuela en el día a día. ¿Crees que la inteligencia artificial y la desinformación están empeorando esta desconexión y la soledad de los jóvenes?

Totalmente, es un gran peligro. Las redes sociales tienen muchas ventajas, no digo que no, y nos conectan mucho más de lo que estábamos antes, se pueden ver muchos puntos positivos. Pero en otros ámbitos, como es el caso del acoso, pienso que antiguamente quizás era una cuestión de la escuela y se pasaba muy mal, pero al menos se quedaba allí. Ahora, al tener un móvil en tu bolsillo, en cierta manera permites que ese acoso se infiltre en los espacios más íntimos en los que deberías sentirte más protegido. 

Yo en aquella circunstancia, estando en mi propia habitación, que para una chica de 17 años es su lugar seguro, no podía ni descansar porque recibía llamadas, mensajes… Cuando bloqueaba un número me llamaban a través de otro, eso sí que es muy peligroso. En ese ámbito, pienso que las redes sociales y la conexión, todo lo digital, es muy positivo cuando se sabe utilizar bien. Pero debemos intentar evitar utilizarlo para mal, porque detrás de cada pantalla sigue habiendo una persona. 

Tu libro se llama Sin rencor, y afirmas que perdonar es un proceso largo y difícil. ¿Qué significa para ti el perdón, y cómo te ha ayudado a sanar?

Siempre digo que perdonar es muy importante, porque cuando sufres una experiencia dura y dolorosa, inevitablemente vas a guardar un cierto tipo de rencor. Hasta incluso parece digno hacia ti mismo, resulta una cuestión de dignidad, porque no vas a estar súper feliz y sonreírle a la persona que voluntariamente te lo está haciendo pasar muy muy mal. 

Pero con el tiempo ese rencor se ha de ir soltando, porque el perdón es el acto de soltar el rencor y se ha de ir soltando, porque es una emoción que nos genera un espejismo. En realidad no nos protege, puede parecer que en un momento inicial sí, porque define los límites que estamos dispuestos a tolerar, y nos estamos respetando a nosotros mismos. 

Pero con el tiempo, en lugar de protegernos, lo único que está haciendo es atarnos al pasado que tratamos de dejar atrás. Si no soltamos ese rencor lo único que estamos haciendo es permitir que la herida nos defina, o le estamos dando una posición muy central en nuestra historia. Aunque es cierto que forma parte de nuestra identidad y siempre será una marca que llevaremos porque nos ha hecho aprender y nos ha dejado muchas lecciones, hay que aprender a soltarlo. Por eso digo sin olvidar, no olvidar porque las lecciones que te ha dejado forman parte de quien eres hoy y te han transformado. 

Y por último, para alguien que esté sufriendo acoso escolar ahora mismo y se sienta atrapado, ¿cuál crees que es el primer paso o la forma más segura de pedir ayuda?

Lo que te recomiendan todo tipo de protocolos de acoso escolar es contarlo. Ojalá cualquier víctima de acoso que lo esté sufriendo ahora mismo tenga una familia tan buena como la mía, que les apoyen en todo y que sean su lugar seguro. Que puedan sentirse cómodos explicándoles, pero fuera de además contarlo a tu familia considero que es muy importante contarlo a adultos, a personas que puedan ayudar. Porque un adolescente, un joven que está en el colegio, es bastante vulnerable, sobre todo sufriendo una situación así. A veces, como en mi caso, lo cuentas al colegio, hablas con el director, el coordinador de estudios… Con quien haga falta, pero si el colegio no coopera, en ese caso me sabe fatal, porque me sentiría muy reflejada si es la situación de la víctima. 

Es por ello que creo que todos tenemos que hablar más de este tema, para que se genere algún cambio importante. Yo no estoy en ninguna posición de cambiar los protocolos que tienen en los centros educativos, pero ojalá pueda hacer algo a través del libro. Yo siempre pensaba y decía en el propio libro, que si alguien se reconoce en la complejidad del existir, o este libro puede servir como faro para decirle a las víctimas que todo va a mejorar en un futuro, ya habrá cumplido su propósito. Si sucede eso, ojalá pueda ayudar y apoyar. 

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha presidido este lunes la sesión del Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar, donde se ha presentado el balance detallado del curso 2025/26. Ha estado acompañada, entre otros, por el director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando; por la jefa de Servicio de Equidad, Paloma Casas, y por Diego Arroyo, asesor de la Dirección General y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar.

Los datos reflejan una mayor capacidad de detección por parte del sistema, con 550 aperturas de protocolo de acoso escolar (164 más que el curso anterior) y un incremento sostenido en los protocolos de ideación suicida, que alcanzan los 1.118 casos frente a los 847 del año pasado, lo que supone un 32% más en solo doce meses.

“Nuestra premisa es clara: la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos”, ha subrayado Carmen Susín, quien ha incidido en que la escuela está siendo receptora de una problemática social compleja ante la cual el Ejecutivo responde con “gestión, recursos y agilidad”.

El informe presentado detalla que el acoso escolar tiene su mayor incidencia entre 4º de Primaria y 3º de la ESO. Por provincias, la distribución de casos sigue el peso poblacional: Zaragoza aglutina el 72%, seguida de Huesca con un 20% y Teruel con un 10%. En cuanto a la ideación suicida, la serie histórica muestra una tendencia ascendente desde el curso 21-22, cuando se registraron 409 casos, hasta triplicarse en el presente ejercicio. Los datos revelan además una marcada brecha de género: el 70% de estos protocolos corresponden a alumnas (735 casos) frente a 377 en alumnos.

El Observatorio también ha analizado otros indicadores de violencia: se han contabilizado 97 protocolos de violencia sexual, 42 en el ámbito familiar y 13 sobre la alumna, cifras que se mantienen estables respecto al ejercicio anterior.

Plan de choque

Para hacer frente a esta realidad, el Gobierno de Aragón implementó esta primavera la orden ECD/584/2026, que modifica el protocolo de acoso bajo la premisa de “tolerancia cero en 24 horas”. Esta norma obliga a los centros a activar las actuaciones ante cualquier indicio razonable en un máximo de un día lectivo. La reforma destaca por su simplificación administrativa, reduciendo de 10 a 4 los anexos necesarios para tramitar los expedientes.

En este sentido, la Consejera Carmen Susín ha señalado durante la reunión que el objetivo es sustituir un sistema lento por un procedimiento eficaz, afirmando que “la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos”.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado un incremento inmediato de plazas en los Equipos Especializados de orientación. Así, el equipo de Convivencia se refuerza con dos plazas de orientación y dos de FOL; el Equipo TEA experimenta un refuerzo en las tres provincias con 2 plazas en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel, mientras que el Equipo de Salud Mental y Discapacidad va a contar con nuevas plazas de pedagogía terapéutica y orientación.

En el ámbito preventivo se ha destacado el impacto de los programas REBIÉN (4.125 alumnos en 29 centros), HENKA (5.613 alumnos en 28 centros de ESO) y Educación Responsable (17 centros). Como novedad para el curso 2026/27, se habilitará en la plataforma Aeducar un itinerario de formación digital para familias centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial y dispositivos móviles, además de la creación de nuevos contenidos formativos sobre Salud Mental.

“Efecto espejo”

El asesor de la Dirección General de Política Educativa y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar, Diego Arroyo, ha explicado el aumento de los casos detectados por la mayor concienciación: “El problema que estamos sosteniendo es que todo lo que vemos fuera de las aulas influye, como no puede ser de otra manera, en las aulas”.

Ese “efecto espejo” respecto a casos de otras comunidades, ha apuntado, hace que el docente, ante cualquier situación, tiene esas herramientas que son los protocolos y de ahí el aumento de protocolos. Estamos más concienciados y un poquito mejor preparados para detectar“.

El sistema, ha proseguido en su análisis, “ha evaluado los protocolos para adaptarlos a la nueva realidad y lo que se pretende es, sin perder información, tener menos trabajo burocrático, pero tener una mayor capacidad de detección”. Porque a su juicio “lo importante es la capacidad de detección y, ante cualquier indicio razonable de una situación sospechosa de que puede ser un posible problema de acoso escolar, intentar que, en la medida de lo posible, el centro educativo sea un espacio sano, saludable, y sostenible en cuanto a la convivencia”.

El juez de la plaza número siete del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decretado el archivo provisional de las actuaciones derivadas de la querella penal interpuesta por los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado octubre tras sufrir acoso escolar, contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”, según la denuncia.

Según consta en el auto, fechado el 12 de mayo de 2026 y consultado por Europa Press, el magistrado considera que “el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”.

De hecho, esgrime, el hecho “ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor”. “Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña”, ha remarcado.

No se activó el protocolo escolar

Tal y como ahonda el referido escrito, “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el centro escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor”.

Precisamente respecto al protocolo, indica que “el protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.

Por todo ello, ha dictado que no se lleven a cabo la práctica de diligencias de investigación y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma ante el Juzgado en el término de tres días.

La investigación continúa en la Fiscalía

Cabe recordar que la denuncia de los padres de la joven de 14 años se redactó a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se desprendió información que llevó a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explico a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Tras el archivo de la querella penal, el caso de Sandra Peña continúa avanzando por distintas vías judiciales y administrativas. Por un lado, la Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo abrió un expediente administrativo para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. 

Semana movida en el ámbito educativo de Castilla-La Mancha que lleva acumulando crispación desde hace ya meses. En la recta final del curso escolar se ha producido una huelga (estatal) en las escuelas infantiles, se habla de centros educativos “tensionados”, de acoso, de agresiones, de intentos de suicidio que preocupan o de una deteriorada relación docentes-familias.

Las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas, pero la de Castilla-La Mancha no es una situación única en España cuando hablamos de conflicto. Basta con echar un vistazo a lo que ocurre en otros territorios cuando se habla de necesidades educativas en un contexto socio-cultural e incluso lingüístico diverso, en el que debe convivir el derecho a la Educación con el derecho a la inclusión. Todo ello aderezado con situaciones que llegan a sobrepasar a docentes y a las familias.

“No podemos regular lo penal en el ámbito educativo”, decía en una reciente entrevista el consejero de Educación de la comunidad, Amador Pastor, quien también rechazaba la idea de “medicalizar las aulas” incorporando de forma permanente figuras profesionales como los psicólogos. Justo lo contrario de lo que opina el sindicato ANPE.

Un estudio del sindicato STE refleja que el profesorado de Castilla-La Mancha cree que el clima de convivencia en los centros educativos se ha deteriorado. Un 85,11 % de los y las docentes perciben aumento de la conflictividad, un 88,27 % detectan un incremento de las agresiones por parte del alumnado y casi un 82% por parte de las familias.

Las cosas que ocurren en la región son a veces contradictorias. Mientras un instituto de Alovera, en Guadalajara se ha colado entre los mejores del mundo por su modelo de bienestar emocional: el IES Carmen de Burgos Seguí ha sido seleccionado en la categoría Salud y Bienestar en los Global Schools Prize 2026, en otros puntos de la comunidad autónoma como la Sagra toledana anuncian movilizaciones por las “tensiones” acumuladas.

Sindicatos como UGT hablan de “violencia estructural en las aulas”, dicen incluso que se ha “normalizado”. Pero, ¿es tan grave? ¿Falla el sistema educativo y sus gestores políticos? ¿Fallan los profesionales? ¿Quizá las familias? No hay respuestas concluyentes y lo cierto es que el debate está abierto.  

Pedimos opinión a José Sánchez Santamaría, doctor en Pedagogía, profesor y coordinador del Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad Educativas (GRIOCE), de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque durante este curso escolar se ha llegado a deslizar en Castilla-La Mancha la (peligrosa) idea de que el sistema educativo no funciona.

Este experto pedagogo lo desmiente, “a pesar de que determinados casos muy mediáticos puedan hacer pensar lo contrario”, nos cuenta.

Aterrizar emociones es complicado cuando hablamos de los hijos o hijas. “En Educación Infantil pasa mucho que un niño muerda a otro. Es lo peor que le puede pasar a quien está al frente del aula. Claro, el niño llega mordido a casa y los padres se preocupan. Es normal”, reconoce.

Sin embargo, matiza que “lo que no es razonable es que a partir de eso se diga que el sistema no funciona. Habrá que analizar cada caso porque el centro nunca funciona por presión social. Hay un derecho que hay que preservar que es el del menor y los protocolos están claros”. 

“Igualdad de oportunidades no es homogeneizar”

Lo que hoy ocurre en las aulas es una cuestión compleja, tanto a la hora de interpretarla como de poner soluciones, pero lo que este profesor de Evaluación y Métodos de Investigación Educativa del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene claro es una máxima que considera indiscutible: “El sistema educativo se rige por la igualdad de oportunidades y su función es la de educar y fomentar el desarrollo, pero sin homogeneizar”. Es algo que condiciona la respuesta pedagógica en las aulas: las necesidades, las demandas y las situaciones que se puedan crear.

Frente a palabras gruesas como violencia o conflicto, la perspectiva debe ser otra, afirma.

“Nosotros no hablamos de problemas en las aulas, sino de situaciones, condiciones o contextos que requieren medidas de formación, de coordinación o de la definición del papel que tenemos todos para hacer real ese principio de igualdad de oportunidades”.

José Sánchez Santamaría forma parte de la recién creada Red Interdisciplinar de Investigación sobre Infancia y Adolescencia de la UCLM (RIyA-UCLM) formada por profesores e investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. La conflictividad en las aulas es uno de los focos de interés.

Nosotros no hablamos de problemas en las aulas, sino de situaciones, condiciones o contextos que requieren medidas de formación, de coordinación o de la definición del papel que tenemos todos para hacer real ese principio de igualdad de oportunidades

“Todos los niños tienen derecho a la Educación. Esto, que parece claro en teoría, hay que concretarlo”, advierte. Los centros deben garantizar la inclusión y dar respuesta a las distintas necesidades educativas. Esa, insiste, es la teoría porque “siempre” habrá niños y niñas que necesiten apoyos especiales por distintas circunstancias.

Para este docente hay protocolos de actuación “muy claros” ante un problema de convivencia y expresa “dudas” cuando se cuestiona al docente. “Tiene suficiente formación y conocimiento como para poder realizar intervención en el aula. Allí siempre hay roces y tensiones cuando entre niños surgen peleas, insultos… Las conductas más graves se notifican a Jefatura de Estudios. Hay un protocolo que se activa en el caso de que estemos hablando de conductas violentas o agresiones. Y tiene consecuencias”, afirma tajante.

En su opinión, las únicas culpables son “las condiciones que estén provocando que afloren conductas disruptivas. Cuando eso pasa la normativa es clara: tiene que haber labor de asesoramiento pedagógico, medidas de apoyo específicas y atención individualizada”.

Después, añade, “las cosas requieren tiempo y compromiso por parte de todos” y, desde luego, subraya, “el conflicto no lo podemos abordar desde la emoción. Las respuestas deben ser estructurales y contextuales”.

Todos los niños tienen derecho a la Educación. Esto, que parece claro en teoría, hay que concretarlo

Para el docente las claves para abordar la situación están claras: la implicación de todos y la confianza en los procesos, pero apunta un matiz: “No son mecanismos automáticos sino un proceso que necesita tiempo”.

Un contexto social más complejo

José Sánchez Santamaría no obvia lo complejo del momento actual. “Lo que vemos en la política o en la economía se cuela en las aulas. Son un fiel reflejo de la sociedad, pero el maestro enseña, forma ciudadanos y ciudadanas. Está para eso”.

Por eso aboga por analizar la situación, caso a caso y sin prejuicios. “Las causas de lo que ocurre en clase pueden ser múltiples. ¿Por qué damos por hecho que lo pasa tiene que ver con el aula?”, se pregunta.

“Es cierto que los centros educativos son mucho más complejos que hace 30 o 40 años. Solo hay que escuchar a las familias. Se puede enseñar Lengua o Matemáticas, pero… ¿Todos lo aprenden igual? ¿Hay circunstancias personales, familiares o sociales que se lo impidan?”.

En este sentido pide no buscar a las cosas que ocurren “explicaciones reduccionistas”.

“Las familias deben jugar el papel de crear comunidad”

El pedagogo pone el foco en el papel que deben jugar las familias en el ámbito educativo y se pregunta por las razones que han provocado la ruptura de comunicación entre centros educativos, familias y administración pública. “¿Qué puede estar pasando? Hay un hecho objetivo: cuando hablamos de la seguridad de los hijos se activa el motor emocional. Es algo normal”.

No cree que ante los conflictos las familias apuesten por la exclusión sino que determinadas reacciones se producen “por miedo, por ese motor emocional y porque necesitan certezas. Las familias no siempre comprenden la necesidad pedagógica”.

Aboga por reforzar vínculos, generar identidad grupal y trabajar las emociones colectivas... entre todos. “Hemos detectado que chicos y chicas de 14, 15 y 16 años tienen como principal amigo a un chatbot”.

Por eso, explica, “quienes investigamos en el ámbito educativo nos preguntamos qué está pasando con las familias. ¿Se están desatendiendo cosas? ¿Hay que reforzar su papel en el sistema educativo? A veces la sensación es que están desbordadas porque la situación es muy compleja, así que… ¿cómo no se va a desbordar un docente con 25 en el aula?”.

Nos preguntamos qué pasa con las familias. ¿Se están desatendiendo cosas? ¿Hay que reforzar su papel en el sistema educativo? A veces la sensación es que están desbordadas porque la situación es muy compleja, así que… ¿cómo no se va a desbordar un docente con 25 en el aula?

Reclama más implicación y también más comprensión de padres y madres. “Sé que a veces las familias tienen la sensación de que la administración va lenta. Son los tiempos de los protocolos, que no están pensados por políticos, sino por técnicos. Hay que garantizar el derecho de cada menor sobre todo si llega con necesidades específicas de apoyo”.

Después, apunta que no todo se soluciona a base de más y más recursos. “La evidencia científica dice que más recursos no implica una mejor intervención y por tanto mejores resultados”. No rechaza que tenga que haberlos, pero sugiere no centrar el foco en eso. “Todos tenemos un papel que jugar. La integración requiere tiempo y conocer las circunstancias de cada alumno o alumna”.

En opinión del profesional, las familias “deben jugar el papel de crear comunidad. Aquellas que reclaman participación y que coordinan con el maestro o maestra mejoran la inclusión. Cuando uno conoce la situación del otro, hay más capacidad de empatía. ¡Ojo! Eso no impide que, ante determinados actos haya consecuencias. Hay normas”, advierte.

La inclusión no es mantener al alumno pase lo que pase porque tenga derechos

Cuando habla de inclusión educativa recuerda que todavía está sobre la mesa el diseño de una estrategia nacional. No es fácil, dice. “De lo que se trata es de democratización y de acompañar a las personas más vulnerables”.

Reconoce que hay ejemplos muy claros en los que la inclusión educativa no ha funcionado, pero se pregunta si eso tiene que ver con el modelo o con cómo se interpreta el modelo. “Quizá el problema esté en el uso que se está dando a la inclusión”.

En este punto rechaza que toda la responsabilidad deba recaer en el docente. “Existe la figura del coordinador de bienestar, hay una comisión de convivencia… ¿Acaso podemos pedirle a la escuela que lo haga todo ella? No sé si eso es pedir demasiado a los docentes”.

Él defiende que estos profesionales “saben trabajar la inclusión y promueven la democracia en las aulas, eliminando las barreras que puedan impedir la participación de niñas y niños en las aulas” pero es que, advierte, “también se les cuelan muchas otras cosas en el aula”.

El pedagogo recuerda que “la evidencia científica dice que la inclusión bien planteada mejora el clima escolar pero no corrige conductas vinculadas al desarrollo”. Pone el acento en que “la inclusión no es mantener al alumno pase lo que pase porque tiene derecho. Lo que hay que hacer es garantizar la Educación y los derechos de todos, con los apoyos necesarios”. Tampoco, dice, “significa tolerar situaciones de riesgo”.

¿Las ratios impactan e intensifican el problema?, preguntamos. “Es un factor importante pero no determinante para explicar el conflicto en las aulas, hay muchas más variables implicadas, pero desde luego una ratio elevada combinada con diversidad puede convertirlas en ingobernables”.

El experto recuerda que en Educación Infantil está demostrado que las ratios óptimas se sitúan entre 15 y 20 alumnos, pero matiza que “la calidad del tiempo de atención no depende de las ratios, aunque sean importantes e incluso determinantes en algún contexto”. Los recursos y la formación son más necesarios en Educación Secundaria en su opinión.

Por otro lado, la coordinación y el papel de la Inspección Educativa es “fundamental” pero también lo son otros elementos. Se pregunta por qué se tira tanto de la Inspección y no tanto del tutor o tutora, de la Jefatura de Estudios e incluso de los representantes de las familias en el Consejo Escolar a la hora de abordar el plan de convivencia o el plan de atención a la diversidad. “No estoy haciendo responsables a las familias, porque esto tiene que ver también con los equipos directivos, pero hay que contribuir a crear una comunidad que acoja”, insiste una y otra vez.

La autoridad de los docentes

El sindicato ANPE afirma que una de las soluciones pasa por desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado ante el incremento de agresiones a docentes registradas en los últimos tiempos. “El clima en las aulas no es fácil, pero la pregunta es si el docente tiene que soportarlo y por qué está pasando”, comenta el pedagogo.

En todo caso, se muestra contrario a lo punitivo y a favor de lo pedagógico por “preventivo”. Afirma que la expulsión de quienes provocan situaciones conflictivas no es la solución.  “No corrige conductas vinculadas al desarrollo y no soluciona problemas de tipo personal, social o económico. Las sanciones sin intervención educativa cronifican el problema y cuando un centro llega a la expulsión hay que preguntarse quién está fallando. Eso no significa que no se estén haciendo bien las cosas”.

Tampoco se muestra partidario de cambiar a los alumnos de centro cuando se produce una de estas situaciones. “La normativa no contempla un traslado por presión. Es estigmatización pública. La norma es igual para todos, y desde luego los culpables nunca son los niños y niñas”, asegura.

El pedagogo apela de nuevo a la evidencia científica a la hora de abordar la resolución de crisis o problemas de conducta en el ámbito educativo desde un punto de vista preventivo. “La intervención es positiva”.

La normativa no contempla un traslado por presión. Es estigmatización pública. La norma es igual para todos, y desde luego los culpables nunca son los niños y niñas

Cree que hace falta seguir dando vueltas a la cuestión, pero con condiciones. “El debate no estará centrado si se dice que todo se está haciendo mal o si se pone al niño en el centro. Si algo no va bien pensemos que hay protocolos, recursos y estructura para abordarlo, aunque haya que introducir mejoras”.

Cuando un niño dice “no quiero ir al colegio” y baja la mirada, no siempre es pereza. A veces es terror, vergüenza o la certeza de que, al cruzar la puerta, volverá a ser invisible, humillado o señalado.

El acoso escolar ya no solo ocurre en el patio. Ha colonizado los móviles, las redes y las noches de nuestros menores. Una burla que se repite, una foto compartida sin permiso, un grupo donde se decide quién vale y quién no. Heridas que no siempre dejan moratones, pero que rompen por dentro.

El cuerpo lo paga: dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. El estrés sostenido altera el desarrollo cerebral en edades críticas. La ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima se instalan. En los casos más graves, aparece la idea de que desaparecer es la única salida.

Esto no es 'cosa de niños'. Es un problema de salud pública que seguimos tratando como anécdota.

Confiamos en protocolos que se quedan en el papel y reaccionamos tarde, cuando el daño ya está hecho. Miramos hacia otro lado ante las 'bromas' o el 'siempre ha pasado'. Ese silencio adulto es también violencia: deja sola a la víctima y enseña al agresor que puede continuar.

El ciberacoso ha multiplicado la crueldad: ya no existe refugio. El tormento persigue a los menores hasta su habitación, incluso de madrugada.

Sabemos cómo prevenirlo, pero no actuamos con la urgencia necesaria. Falta educación emocional desde edades tempranas, acompañamiento psicológico accesible, alfabetización digital real y, sobre todo, valentía adulta para intervenir.

No se trata solo de castigar al agresor cuando el caso estalla. Se trata de construir entornos donde el acoso no sea posible, donde la diferencia no se castigue y donde pedir ayuda no sea signo de debilidad.

El acoso escolar no es un rito de paso. No “te hace más fuerte”. Es una herida profunda que, si no se cura a tiempo, marca de por vida.

Sin embargo, aún hay esperanza. Hay docentes que se dejan la piel, familias que no bajan los brazos, menores que encuentran la fuerza para contar su historia y administraciones que comienzan a entender que la salud mental infantil no es un lujo, sino una obligación.

La pregunta que debemos hacernos es incómoda: ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado hasta que duela en nuestra propia casa? ¿O vamos a decidir, de una vez por todas, que al colegio no van a aprender a sufrir, sino simplemente a vivir?

Porque cada niño que sufre acoso no solo pierde su infancia. Como sociedad, perdemos parte de nuestra humanidad.

Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.