Con tan solo 17 años, Elena de Juan García sufrió acoso escolar durante su última etapa en el instituto. Su día a día se vio marcado por el hostigamiento, las risas crueles y el vacío social por parte de sus compañeros. Sin embargo, años después, ahora con 21, Elena ha dejado atrás el rencor y resentimiento para entender la mente humana y qué había detrás de sus acosadores. Apasionada de la literatura y la filosofía desde siempre, en su debut literario Sin rencor (Editorial Diëresis) explora lo que ocurre cuando una víctima de acoso escolar decide dejar de mirar sus propias heridas para estudiar la mente de quienes la hacen sufrir.

El libro rompe con el formato más tradicional de un testimonio para ofrecer un ensayo filosófico que analiza el acoso escolar desde la identidad, la dignidad y el perdón. Además, la autora se apoya en el pensamiento de filósofos como Platón, Sartre o Nietzsche para explorar las dinámicas del acoso y los mecanismos psicológicos que lo impulsan. Cada capítulo cuenta la historia y posibles trasfondos de algunos de sus compañeros, para intentar explicar y entender lo que les llevó a acosarla, algo que ha sido clave en su recuperación personal.

Con Sin rencor, espera ofrecer un faro de esperanza y una herramienta de apoyo a jóvenes que puedan estar atravesando lo mismo que ella vivió hace unos años.

Escribes este libro con solo 21 años, sobre el acoso que sufriste a los 17 años en el instituto. ¿En qué momento decides hacer de esta experiencia tan dolorosa, que es el acoso escolar, un objeto de estudio filosófico?

El libro lo empecé a escribir en el instituto, cuando tenía apenas 17 años y pasaba por el episodio de acoso. Pero en aquel momento era más autobiográfico y más narrativo, ni siquiera tenía intención de convertirse en un libro, era un poco mi diario y mi manera de desahogarme. Con el tiempo iba releyéndolo y cambiando cosas. 

Llegó un punto en el que me di cuenta de que lo estaba cambiando por completo, porque ya había pasado un tiempo, y casi sin darme cuenta había ido perdonando a cada uno de ellos. Así fue el proceso, no es que la haya escrito hace 21 años, pero sí que tuve esta visión porque considero que, como digo en el libro, nadie que se sepa gozosamente pleno siente nunca la necesidad de rebajar a otro. 

Siento que a veces cuando hablamos de episodios así tendemos a centrarnos en la víctima y se dicen frases como, “pues yo sufrí acoso escolar”, “¿Por qué? Por ser tal o por tener no sé qué”, y realmente ese ‘por qué’ suena un poco justificativo, un poco causal y creo que no se debería enfocar tanto en la víctima sino en el agresor.

Hay muchas personas que no saben estar solas y hacen lo que sea por ser parte de un grupo, incluso renunciar a una moral básica

¿Cómo fue el momento en el que te diste cuenta, por fin, de que tú no tenías la culpa de nada?

Durante mucho tiempo yo me he culpado a mí misma, y fue a través de mucha reflexión y mucha introspección, pero creo que es una respuesta común. Que tiendes a hacerte a ti misma una diana, y piensas que alguna falla tienes que aportar, porque no puede ser, ¿Por qué yo? ¿Qué les he hecho yo? A veces simplemente puede ser por tener algo diferente, pero puede ser algo diferente y positivo. Puedes llevar, como digo en el libro, un fulgor que incomoda. 

Dices que el acoso no ocurre por tener un defecto, sino por tener algo que te hace diferente. ¿Cómo se defiende esa autenticidad en un entorno donde la norma es seguir al rebaño?

Hay muchas personas que no saben estar solas y hacen lo que sea por ser parte de un grupo, incluso renunciar a una moral básica. Esto lo trataba Simone Weil, y también lo menciono en el libro, que esa necesidad de pertenecer es algo humano, es inherente al ser humano y muchas conductas crueles nacen precisamente de ese miedo de quedar fuera del grupo. 

Cuesta mucho defender esa autenticidad y se hace quizás a través de muchísima introspección y muchísimo análisis. También, aunque nuestra mente esté diseñada para no ver nuestros defectos o evitarlos un poco, ser consciente de uno mismo y de que nuestro valor reside en toda nuestra complejidad, no en lo que nos pintamos a nosotros mismos ser.

Cada capítulo tiene el hombre e historia de uno de tus acosadores ¿Qué te llevó a querer entender los motivos detrás de sus actos? 

Realmente no son sus nombres, son pseudónimos. Inevitablemente todo el mundo ha pasado por situaciones duras o pasará por ellas en la vida, creo que es algo que tenemos que afrontar. En mi caso fue el tema del acoso escolar, pero otras personas tienen sus propias batallas. Siempre encontraremos la situación en la que las personas, por nuestra propia interacción y por nuestra naturaleza, nos hacemos daño entre nosotros. 

Lo que yo pensaba es que estos comportamientos o todo lo que son nuestras carencias, nuestras contradicciones o nuestras fallas, tienen que haber aparecido antes en la historia necesariamente, porque tendemos a pensar que somos más distintos de lo que realmente somos. La naturaleza humana encierra una lógica que es muy constante, yo pensaba que quizás a través del pensamiento de filósofos, incluso los más clásicos, podemos vislumbrar un poco esta lógica que nos envuelve

El silencio es uno de los mayores cómplices que hay en el acoso, porque al final del día siempre es un grupito, nunca es una sola persona

Claro, porque en tu libro, utilizas los pensamientos de filósofos como Nietzsche o Platón. ¿Cómo te ayudó la filosofía a entender mejor la naturaleza humana y lo que habías sufrido?

A mí siempre me ha gustado mucho la filosofía, y creo que tiene respuestas muy importantes. A veces tendemos a irnos a cuestiones más metafísicas y plantearnos nuestra existencia, nuestro propósito en el universo, pero también nos da respuestas más tangibles que vemos reflejadas en el día a día. Es el caso, por ejemplo, del comportamiento humano, de por qué a veces entramos sin darnos cuenta en dinámicas dañinas: por qué se generan, cómo todo ello influye sobre nuestra identidad… Por eso me apoyaba en el pensamiento de estos filósofos. 

Tu madre, que escribe el prólogo del libro, dice que el instituto era una prisión de indiferencia. ¿Son el silencio y mirar hacia otro lado el arma más peligrosa del acoso?

El silencio es uno de los mayores cómplices que hay en el acoso, porque al final del día siempre es un grupito, nunca es una sola persona. Y no todos son instigadores o líderes, siempre está el rebaño que sigue, el rebaño que calla o la institución en la que se desarrolla que también calla, y eso no deja de ser un cómplice. Obviamente mi madre sentía mucha impotencia porque, como cuenta en el libro, hacía de todo y más, se quejaba a la escuela y lo hacía saber a los profesores. 

Pero lamentablemente no hacían mucho, y esto es algo que vemos muy a menudo en los típicos casos que ahora van surgiendo de vez en cuando, como el que vimos recientemente en Sevilla de una chica que se quitó la vida. Es muy triste escuchar estas noticias, pienso por ello que en el colegio o el entorno donde suceda (porque a veces no siempre es en el colegio, puede surgir acoso en el ambiente de trabajo, o donde sea) tendría que tener algunos protocolos que puedan seguir, algún programa para atajar el problema. 

En el capítulo de Luisa, por ejemplo, hablas de la superficialidad y de que es más fácil aceptar lo estético que dudar de las cosas. ¿Por qué nos incomoda tanto cuestionar lo que la sociedad da por válido?

Porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos configurados de tal manera que la estética es un filtro muy importante en nuestra moralidad. Es lo que trataba Schopenhauer con su famosa frase, que se le asocia tanto a él como a Nietzsche: “Cuando matas a una cucaracha eres un héroe, pero si matas a una mariposa eres un villano”. 

La acción es la misma pero valoramos el entorno, la superficie, el envoltorio. En ese capítulo trato cómo se traslada esto al comportamiento humano, cómo a veces no es tanto estético como es el éxito, la fama… Pero es que muchas veces no nos damos cuenta. 

De hecho, hace no tanto leí sobre un estudio que se publicó, un experimento que hicieron en el que había dos salas y en cada una había un grupo de personas, y se les leía un mismo guion poniéndoles imágenes de personas, con lo que había hecho cada una. Era ficticio, pero se les decía, “esta persona ha matado a alguien”, eran casos de derecho penal para personas que no habían estudiado derecho. Sorprendentemente, cuando les preguntaban la pena de prisión que les impondrían, en una sala pusieron a personas que eran convencionalmente atractivas y en otra personas que no tanto. 

Siempre se les impuso mayores penas a las personas que no eran convencionalmente atractivas. Me pareció muy interesante el estudio porque reforzaba esta teoría de la belleza y la apariencia como filtro moral. Y es que no nos damos cuenta, pero tenemos incrustado en nosotros, en nuestra mente, el valorar la apariencia antes que la esencia. A veces ya no es cuestión de que nos cueste cuestionar determinadas realidades que ha impuesto la sociedad, sino que a veces no nos damos ni cuenta a primera vista y, requiere hacer un ejercicio reflexivo importante.

Exploras cómo las redes sociales y la inmediatez han moldeado la identidad de la Generación Z. ¿Qué crees que es necesario para que los jóvenes se centren más en lo auténtico y real?

Esto es algo muy duro, porque cada vez más vivimos en una sobreexposición constante. Jean Paul Sartre decía que la mirada de los otros nos condiciona profundamente, porque el problema llega cuando hay personas que no solo se sientan condicionadas por la mirada ajena, sino que acaban construyendo su identidad a partir de esa validación que le puedan dar otros. 

Eso es muy peligroso, sobre todo en un contexto como el de ahora, en el que por el tema de la influencia de las redes sociales y la sobreexposición llega a haber muchas personas que no saben estar solas. Mi madre siempre me dice lo importante que es saber aburrirse. Esos momentos se sustituyen ahora por la hiperconectividad, consultar las redes, comunicarse constantemente con otros… Por una parte, tiene aspectos muy positivos y cosas que antiguamente no se podían hacer, pero es muy peligroso porque la soledad es muy importante. La soledad, aquello que dicen de que es importante saber estar solo, que no es lo mismo que sentirse solo. 

Hablas de una epidemia actual que se basa en la presión por no molestar a nadie, en agradar constantemente. ¿Piensas que esta necesidad es aún mayor en las mujeres, por culpa de las expectativas sociales? ¿Por qué es necesario romper esto y permitirnos molestar?

Cuando pienso en esa frase me viene a la cabeza la película de Barbie. Sí, podría haber, pero yo no pienso que esté particularmente identificada en las mujeres, yo lo trato en el contexto de lo que viví siendo adolescente. En ese momento sucede más habitualmente que en la edad adulta, durante los años de adolescencia y de juventud temprana del ser adulto o joven. Son años de muchísimo autodescubrimiento, son años en los que te planteas una de las preguntas más difíciles acerca de tu identidad, sobre quién eres. 

Luego está la corriente que defiende que, evidentemente, no acabamos de conocernos nunca plenamente, porque en eso estamos toda nuestra vida, conociéndonos, aprendiendo sobre nosotros mismos. Pero sí que esos años moldean muchísimo tu personalidad, yo creo que tanto hombres como mujeres a esas edades sienten muchos miedos y muchas inseguridades. Requiere muchísimo valor y muchísima valentía salir de esos miedos, salir de tu zona de confort y atreverte a disentir, pero no todo el mundo lo hace. Muchos caen en esa trampa para tratar de agradar, no llamar mucho la atención…

El acoso digital no para al salir del instituto, se cuela en el día a día. ¿Crees que la inteligencia artificial y la desinformación están empeorando esta desconexión y la soledad de los jóvenes?

Totalmente, es un gran peligro. Las redes sociales tienen muchas ventajas, no digo que no, y nos conectan mucho más de lo que estábamos antes, se pueden ver muchos puntos positivos. Pero en otros ámbitos, como es el caso del acoso, pienso que antiguamente quizás era una cuestión de la escuela y se pasaba muy mal, pero al menos se quedaba allí. Ahora, al tener un móvil en tu bolsillo, en cierta manera permites que ese acoso se infiltre en los espacios más íntimos en los que deberías sentirte más protegido. 

Yo en aquella circunstancia, estando en mi propia habitación, que para una chica de 17 años es su lugar seguro, no podía ni descansar porque recibía llamadas, mensajes… Cuando bloqueaba un número me llamaban a través de otro, eso sí que es muy peligroso. En ese ámbito, pienso que las redes sociales y la conexión, todo lo digital, es muy positivo cuando se sabe utilizar bien. Pero debemos intentar evitar utilizarlo para mal, porque detrás de cada pantalla sigue habiendo una persona. 

Tu libro se llama Sin rencor, y afirmas que perdonar es un proceso largo y difícil. ¿Qué significa para ti el perdón, y cómo te ha ayudado a sanar?

Siempre digo que perdonar es muy importante, porque cuando sufres una experiencia dura y dolorosa, inevitablemente vas a guardar un cierto tipo de rencor. Hasta incluso parece digno hacia ti mismo, resulta una cuestión de dignidad, porque no vas a estar súper feliz y sonreírle a la persona que voluntariamente te lo está haciendo pasar muy muy mal. 

Pero con el tiempo ese rencor se ha de ir soltando, porque el perdón es el acto de soltar el rencor y se ha de ir soltando, porque es una emoción que nos genera un espejismo. En realidad no nos protege, puede parecer que en un momento inicial sí, porque define los límites que estamos dispuestos a tolerar, y nos estamos respetando a nosotros mismos. 

Pero con el tiempo, en lugar de protegernos, lo único que está haciendo es atarnos al pasado que tratamos de dejar atrás. Si no soltamos ese rencor lo único que estamos haciendo es permitir que la herida nos defina, o le estamos dando una posición muy central en nuestra historia. Aunque es cierto que forma parte de nuestra identidad y siempre será una marca que llevaremos porque nos ha hecho aprender y nos ha dejado muchas lecciones, hay que aprender a soltarlo. Por eso digo sin olvidar, no olvidar porque las lecciones que te ha dejado forman parte de quien eres hoy y te han transformado. 

Y por último, para alguien que esté sufriendo acoso escolar ahora mismo y se sienta atrapado, ¿cuál crees que es el primer paso o la forma más segura de pedir ayuda?

Lo que te recomiendan todo tipo de protocolos de acoso escolar es contarlo. Ojalá cualquier víctima de acoso que lo esté sufriendo ahora mismo tenga una familia tan buena como la mía, que les apoyen en todo y que sean su lugar seguro. Que puedan sentirse cómodos explicándoles, pero fuera de además contarlo a tu familia considero que es muy importante contarlo a adultos, a personas que puedan ayudar. Porque un adolescente, un joven que está en el colegio, es bastante vulnerable, sobre todo sufriendo una situación así. A veces, como en mi caso, lo cuentas al colegio, hablas con el director, el coordinador de estudios… Con quien haga falta, pero si el colegio no coopera, en ese caso me sabe fatal, porque me sentiría muy reflejada si es la situación de la víctima. 

Es por ello que creo que todos tenemos que hablar más de este tema, para que se genere algún cambio importante. Yo no estoy en ninguna posición de cambiar los protocolos que tienen en los centros educativos, pero ojalá pueda hacer algo a través del libro. Yo siempre pensaba y decía en el propio libro, que si alguien se reconoce en la complejidad del existir, o este libro puede servir como faro para decirle a las víctimas que todo va a mejorar en un futuro, ya habrá cumplido su propósito. Si sucede eso, ojalá pueda ayudar y apoyar. 

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha presidido este lunes la sesión del Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar, donde se ha presentado el balance detallado del curso 2025/26. Ha estado acompañada, entre otros, por el director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando; por la jefa de Servicio de Equidad, Paloma Casas, y por Diego Arroyo, asesor de la Dirección General y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar.

Los datos reflejan una mayor capacidad de detección por parte del sistema, con 550 aperturas de protocolo de acoso escolar (164 más que el curso anterior) y un incremento sostenido en los protocolos de ideación suicida, que alcanzan los 1.118 casos frente a los 847 del año pasado, lo que supone un 32% más en solo doce meses.

“Nuestra premisa es clara: la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos”, ha subrayado Carmen Susín, quien ha incidido en que la escuela está siendo receptora de una problemática social compleja ante la cual el Ejecutivo responde con “gestión, recursos y agilidad”.

El informe presentado detalla que el acoso escolar tiene su mayor incidencia entre 4º de Primaria y 3º de la ESO. Por provincias, la distribución de casos sigue el peso poblacional: Zaragoza aglutina el 72%, seguida de Huesca con un 20% y Teruel con un 10%. En cuanto a la ideación suicida, la serie histórica muestra una tendencia ascendente desde el curso 21-22, cuando se registraron 409 casos, hasta triplicarse en el presente ejercicio. Los datos revelan además una marcada brecha de género: el 70% de estos protocolos corresponden a alumnas (735 casos) frente a 377 en alumnos.

El Observatorio también ha analizado otros indicadores de violencia: se han contabilizado 97 protocolos de violencia sexual, 42 en el ámbito familiar y 13 sobre la alumna, cifras que se mantienen estables respecto al ejercicio anterior.

Plan de choque

Para hacer frente a esta realidad, el Gobierno de Aragón implementó esta primavera la orden ECD/584/2026, que modifica el protocolo de acoso bajo la premisa de “tolerancia cero en 24 horas”. Esta norma obliga a los centros a activar las actuaciones ante cualquier indicio razonable en un máximo de un día lectivo. La reforma destaca por su simplificación administrativa, reduciendo de 10 a 4 los anexos necesarios para tramitar los expedientes.

En este sentido, la Consejera Carmen Susín ha señalado durante la reunión que el objetivo es sustituir un sistema lento por un procedimiento eficaz, afirmando que “la excelencia educativa no se mide solo en aprobados, sino en el bienestar, la seguridad y la salud mental de nuestros alumnos”.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado un incremento inmediato de plazas en los Equipos Especializados de orientación. Así, el equipo de Convivencia se refuerza con dos plazas de orientación y dos de FOL; el Equipo TEA experimenta un refuerzo en las tres provincias con 2 plazas en Zaragoza, 2 en Huesca y 1 en Teruel, mientras que el Equipo de Salud Mental y Discapacidad va a contar con nuevas plazas de pedagogía terapéutica y orientación.

En el ámbito preventivo se ha destacado el impacto de los programas REBIÉN (4.125 alumnos en 29 centros), HENKA (5.613 alumnos en 28 centros de ESO) y Educación Responsable (17 centros). Como novedad para el curso 2026/27, se habilitará en la plataforma Aeducar un itinerario de formación digital para familias centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial y dispositivos móviles, además de la creación de nuevos contenidos formativos sobre Salud Mental.

“Efecto espejo”

El asesor de la Dirección General de Política Educativa y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar, Diego Arroyo, ha explicado el aumento de los casos detectados por la mayor concienciación: “El problema que estamos sosteniendo es que todo lo que vemos fuera de las aulas influye, como no puede ser de otra manera, en las aulas”.

Ese “efecto espejo” respecto a casos de otras comunidades, ha apuntado, hace que el docente, ante cualquier situación, tiene esas herramientas que son los protocolos y de ahí el aumento de protocolos. Estamos más concienciados y un poquito mejor preparados para detectar“.

El sistema, ha proseguido en su análisis, “ha evaluado los protocolos para adaptarlos a la nueva realidad y lo que se pretende es, sin perder información, tener menos trabajo burocrático, pero tener una mayor capacidad de detección”. Porque a su juicio “lo importante es la capacidad de detección y, ante cualquier indicio razonable de una situación sospechosa de que puede ser un posible problema de acoso escolar, intentar que, en la medida de lo posible, el centro educativo sea un espacio sano, saludable, y sostenible en cuanto a la convivencia”.

El juez de la plaza número siete del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decretado el archivo provisional de las actuaciones derivadas de la querella penal interpuesta por los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado octubre tras sufrir acoso escolar, contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la “comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante”, según la denuncia.

Según consta en el auto, fechado el 12 de mayo de 2026 y consultado por Europa Press, el magistrado considera que “el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida”.

De hecho, esgrime, el hecho “ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor”. “Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña”, ha remarcado.

No se activó el protocolo escolar

Tal y como ahonda el referido escrito, “no consta que se activara el protocolo de acoso escolar, pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias, como la designación de personas de referencia en el centro escolar y contactos con la psicóloga, que a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor”.

Precisamente respecto al protocolo, indica que “el protocolo de acoso es indudablemente eficaz, pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó”.

Por todo ello, ha dictado que no se lleven a cabo la práctica de diligencias de investigación y el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra la resolución cabe interponer un recurso de reforma ante el Juzgado en el término de tres días.

La investigación continúa en la Fiscalía

Cabe recordar que la denuncia de los padres de la joven de 14 años se redactó a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se desprendió información que llevó a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explico a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Tras el archivo de la querella penal, el caso de Sandra Peña continúa avanzando por distintas vías judiciales y administrativas. Por un lado, la Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo abrió un expediente administrativo para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. 

Semana movida en el ámbito educativo de Castilla-La Mancha que lleva acumulando crispación desde hace ya meses. En la recta final del curso escolar se ha producido una huelga (estatal) en las escuelas infantiles, se habla de centros educativos “tensionados”, de acoso, de agresiones, de intentos de suicidio que preocupan o de una deteriorada relación docentes-familias.

Las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas, pero la de Castilla-La Mancha no es una situación única en España cuando hablamos de conflicto. Basta con echar un vistazo a lo que ocurre en otros territorios cuando se habla de necesidades educativas en un contexto socio-cultural e incluso lingüístico diverso, en el que debe convivir el derecho a la Educación con el derecho a la inclusión. Todo ello aderezado con situaciones que llegan a sobrepasar a docentes y a las familias.

“No podemos regular lo penal en el ámbito educativo”, decía en una reciente entrevista el consejero de Educación de la comunidad, Amador Pastor, quien también rechazaba la idea de “medicalizar las aulas” incorporando de forma permanente figuras profesionales como los psicólogos. Justo lo contrario de lo que opina el sindicato ANPE.

Un estudio del sindicato STE refleja que el profesorado de Castilla-La Mancha cree que el clima de convivencia en los centros educativos se ha deteriorado. Un 85,11 % de los y las docentes perciben aumento de la conflictividad, un 88,27 % detectan un incremento de las agresiones por parte del alumnado y casi un 82% por parte de las familias.

Las cosas que ocurren en la región son a veces contradictorias. Mientras un instituto de Alovera, en Guadalajara se ha colado entre los mejores del mundo por su modelo de bienestar emocional: el IES Carmen de Burgos Seguí ha sido seleccionado en la categoría Salud y Bienestar en los Global Schools Prize 2026, en otros puntos de la comunidad autónoma como la Sagra toledana anuncian movilizaciones por las “tensiones” acumuladas.

Sindicatos como UGT hablan de “violencia estructural en las aulas”, dicen incluso que se ha “normalizado”. Pero, ¿es tan grave? ¿Falla el sistema educativo y sus gestores políticos? ¿Fallan los profesionales? ¿Quizá las familias? No hay respuestas concluyentes y lo cierto es que el debate está abierto.  

Pedimos opinión a José Sánchez Santamaría, doctor en Pedagogía, profesor y coordinador del Grupo de Investigación en Orientación, Calidad y Equidad Educativas (GRIOCE), de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque durante este curso escolar se ha llegado a deslizar en Castilla-La Mancha la (peligrosa) idea de que el sistema educativo no funciona.

Este experto pedagogo lo desmiente, “a pesar de que determinados casos muy mediáticos puedan hacer pensar lo contrario”, nos cuenta.

Aterrizar emociones es complicado cuando hablamos de los hijos o hijas. “En Educación Infantil pasa mucho que un niño muerda a otro. Es lo peor que le puede pasar a quien está al frente del aula. Claro, el niño llega mordido a casa y los padres se preocupan. Es normal”, reconoce.

Sin embargo, matiza que “lo que no es razonable es que a partir de eso se diga que el sistema no funciona. Habrá que analizar cada caso porque el centro nunca funciona por presión social. Hay un derecho que hay que preservar que es el del menor y los protocolos están claros”. 

“Igualdad de oportunidades no es homogeneizar”

Lo que hoy ocurre en las aulas es una cuestión compleja, tanto a la hora de interpretarla como de poner soluciones, pero lo que este profesor de Evaluación y Métodos de Investigación Educativa del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene claro es una máxima que considera indiscutible: “El sistema educativo se rige por la igualdad de oportunidades y su función es la de educar y fomentar el desarrollo, pero sin homogeneizar”. Es algo que condiciona la respuesta pedagógica en las aulas: las necesidades, las demandas y las situaciones que se puedan crear.

Frente a palabras gruesas como violencia o conflicto, la perspectiva debe ser otra, afirma.

“Nosotros no hablamos de problemas en las aulas, sino de situaciones, condiciones o contextos que requieren medidas de formación, de coordinación o de la definición del papel que tenemos todos para hacer real ese principio de igualdad de oportunidades”.

José Sánchez Santamaría forma parte de la recién creada Red Interdisciplinar de Investigación sobre Infancia y Adolescencia de la UCLM (RIyA-UCLM) formada por profesores e investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. La conflictividad en las aulas es uno de los focos de interés.

Nosotros no hablamos de problemas en las aulas, sino de situaciones, condiciones o contextos que requieren medidas de formación, de coordinación o de la definición del papel que tenemos todos para hacer real ese principio de igualdad de oportunidades

“Todos los niños tienen derecho a la Educación. Esto, que parece claro en teoría, hay que concretarlo”, advierte. Los centros deben garantizar la inclusión y dar respuesta a las distintas necesidades educativas. Esa, insiste, es la teoría porque “siempre” habrá niños y niñas que necesiten apoyos especiales por distintas circunstancias.

Para este docente hay protocolos de actuación “muy claros” ante un problema de convivencia y expresa “dudas” cuando se cuestiona al docente. “Tiene suficiente formación y conocimiento como para poder realizar intervención en el aula. Allí siempre hay roces y tensiones cuando entre niños surgen peleas, insultos… Las conductas más graves se notifican a Jefatura de Estudios. Hay un protocolo que se activa en el caso de que estemos hablando de conductas violentas o agresiones. Y tiene consecuencias”, afirma tajante.

En su opinión, las únicas culpables son “las condiciones que estén provocando que afloren conductas disruptivas. Cuando eso pasa la normativa es clara: tiene que haber labor de asesoramiento pedagógico, medidas de apoyo específicas y atención individualizada”.

Después, añade, “las cosas requieren tiempo y compromiso por parte de todos” y, desde luego, subraya, “el conflicto no lo podemos abordar desde la emoción. Las respuestas deben ser estructurales y contextuales”.

Todos los niños tienen derecho a la Educación. Esto, que parece claro en teoría, hay que concretarlo

Para el docente las claves para abordar la situación están claras: la implicación de todos y la confianza en los procesos, pero apunta un matiz: “No son mecanismos automáticos sino un proceso que necesita tiempo”.

Un contexto social más complejo

José Sánchez Santamaría no obvia lo complejo del momento actual. “Lo que vemos en la política o en la economía se cuela en las aulas. Son un fiel reflejo de la sociedad, pero el maestro enseña, forma ciudadanos y ciudadanas. Está para eso”.

Por eso aboga por analizar la situación, caso a caso y sin prejuicios. “Las causas de lo que ocurre en clase pueden ser múltiples. ¿Por qué damos por hecho que lo pasa tiene que ver con el aula?”, se pregunta.

“Es cierto que los centros educativos son mucho más complejos que hace 30 o 40 años. Solo hay que escuchar a las familias. Se puede enseñar Lengua o Matemáticas, pero… ¿Todos lo aprenden igual? ¿Hay circunstancias personales, familiares o sociales que se lo impidan?”.

En este sentido pide no buscar a las cosas que ocurren “explicaciones reduccionistas”.

“Las familias deben jugar el papel de crear comunidad”

El pedagogo pone el foco en el papel que deben jugar las familias en el ámbito educativo y se pregunta por las razones que han provocado la ruptura de comunicación entre centros educativos, familias y administración pública. “¿Qué puede estar pasando? Hay un hecho objetivo: cuando hablamos de la seguridad de los hijos se activa el motor emocional. Es algo normal”.

No cree que ante los conflictos las familias apuesten por la exclusión sino que determinadas reacciones se producen “por miedo, por ese motor emocional y porque necesitan certezas. Las familias no siempre comprenden la necesidad pedagógica”.

Aboga por reforzar vínculos, generar identidad grupal y trabajar las emociones colectivas... entre todos. “Hemos detectado que chicos y chicas de 14, 15 y 16 años tienen como principal amigo a un chatbot”.

Por eso, explica, “quienes investigamos en el ámbito educativo nos preguntamos qué está pasando con las familias. ¿Se están desatendiendo cosas? ¿Hay que reforzar su papel en el sistema educativo? A veces la sensación es que están desbordadas porque la situación es muy compleja, así que… ¿cómo no se va a desbordar un docente con 25 en el aula?”.

Nos preguntamos qué pasa con las familias. ¿Se están desatendiendo cosas? ¿Hay que reforzar su papel en el sistema educativo? A veces la sensación es que están desbordadas porque la situación es muy compleja, así que… ¿cómo no se va a desbordar un docente con 25 en el aula?

Reclama más implicación y también más comprensión de padres y madres. “Sé que a veces las familias tienen la sensación de que la administración va lenta. Son los tiempos de los protocolos, que no están pensados por políticos, sino por técnicos. Hay que garantizar el derecho de cada menor sobre todo si llega con necesidades específicas de apoyo”.

Después, apunta que no todo se soluciona a base de más y más recursos. “La evidencia científica dice que más recursos no implica una mejor intervención y por tanto mejores resultados”. No rechaza que tenga que haberlos, pero sugiere no centrar el foco en eso. “Todos tenemos un papel que jugar. La integración requiere tiempo y conocer las circunstancias de cada alumno o alumna”.

En opinión del profesional, las familias “deben jugar el papel de crear comunidad. Aquellas que reclaman participación y que coordinan con el maestro o maestra mejoran la inclusión. Cuando uno conoce la situación del otro, hay más capacidad de empatía. ¡Ojo! Eso no impide que, ante determinados actos haya consecuencias. Hay normas”, advierte.

La inclusión no es mantener al alumno pase lo que pase porque tenga derechos

Cuando habla de inclusión educativa recuerda que todavía está sobre la mesa el diseño de una estrategia nacional. No es fácil, dice. “De lo que se trata es de democratización y de acompañar a las personas más vulnerables”.

Reconoce que hay ejemplos muy claros en los que la inclusión educativa no ha funcionado, pero se pregunta si eso tiene que ver con el modelo o con cómo se interpreta el modelo. “Quizá el problema esté en el uso que se está dando a la inclusión”.

En este punto rechaza que toda la responsabilidad deba recaer en el docente. “Existe la figura del coordinador de bienestar, hay una comisión de convivencia… ¿Acaso podemos pedirle a la escuela que lo haga todo ella? No sé si eso es pedir demasiado a los docentes”.

Él defiende que estos profesionales “saben trabajar la inclusión y promueven la democracia en las aulas, eliminando las barreras que puedan impedir la participación de niñas y niños en las aulas” pero es que, advierte, “también se les cuelan muchas otras cosas en el aula”.

El pedagogo recuerda que “la evidencia científica dice que la inclusión bien planteada mejora el clima escolar pero no corrige conductas vinculadas al desarrollo”. Pone el acento en que “la inclusión no es mantener al alumno pase lo que pase porque tiene derecho. Lo que hay que hacer es garantizar la Educación y los derechos de todos, con los apoyos necesarios”. Tampoco, dice, “significa tolerar situaciones de riesgo”.

¿Las ratios impactan e intensifican el problema?, preguntamos. “Es un factor importante pero no determinante para explicar el conflicto en las aulas, hay muchas más variables implicadas, pero desde luego una ratio elevada combinada con diversidad puede convertirlas en ingobernables”.

El experto recuerda que en Educación Infantil está demostrado que las ratios óptimas se sitúan entre 15 y 20 alumnos, pero matiza que “la calidad del tiempo de atención no depende de las ratios, aunque sean importantes e incluso determinantes en algún contexto”. Los recursos y la formación son más necesarios en Educación Secundaria en su opinión.

Por otro lado, la coordinación y el papel de la Inspección Educativa es “fundamental” pero también lo son otros elementos. Se pregunta por qué se tira tanto de la Inspección y no tanto del tutor o tutora, de la Jefatura de Estudios e incluso de los representantes de las familias en el Consejo Escolar a la hora de abordar el plan de convivencia o el plan de atención a la diversidad. “No estoy haciendo responsables a las familias, porque esto tiene que ver también con los equipos directivos, pero hay que contribuir a crear una comunidad que acoja”, insiste una y otra vez.

La autoridad de los docentes

El sindicato ANPE afirma que una de las soluciones pasa por desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado ante el incremento de agresiones a docentes registradas en los últimos tiempos. “El clima en las aulas no es fácil, pero la pregunta es si el docente tiene que soportarlo y por qué está pasando”, comenta el pedagogo.

En todo caso, se muestra contrario a lo punitivo y a favor de lo pedagógico por “preventivo”. Afirma que la expulsión de quienes provocan situaciones conflictivas no es la solución.  “No corrige conductas vinculadas al desarrollo y no soluciona problemas de tipo personal, social o económico. Las sanciones sin intervención educativa cronifican el problema y cuando un centro llega a la expulsión hay que preguntarse quién está fallando. Eso no significa que no se estén haciendo bien las cosas”.

Tampoco se muestra partidario de cambiar a los alumnos de centro cuando se produce una de estas situaciones. “La normativa no contempla un traslado por presión. Es estigmatización pública. La norma es igual para todos, y desde luego los culpables nunca son los niños y niñas”, asegura.

El pedagogo apela de nuevo a la evidencia científica a la hora de abordar la resolución de crisis o problemas de conducta en el ámbito educativo desde un punto de vista preventivo. “La intervención es positiva”.

La normativa no contempla un traslado por presión. Es estigmatización pública. La norma es igual para todos, y desde luego los culpables nunca son los niños y niñas

Cree que hace falta seguir dando vueltas a la cuestión, pero con condiciones. “El debate no estará centrado si se dice que todo se está haciendo mal o si se pone al niño en el centro. Si algo no va bien pensemos que hay protocolos, recursos y estructura para abordarlo, aunque haya que introducir mejoras”.

Cuando un niño dice “no quiero ir al colegio” y baja la mirada, no siempre es pereza. A veces es terror, vergüenza o la certeza de que, al cruzar la puerta, volverá a ser invisible, humillado o señalado.

El acoso escolar ya no solo ocurre en el patio. Ha colonizado los móviles, las redes y las noches de nuestros menores. Una burla que se repite, una foto compartida sin permiso, un grupo donde se decide quién vale y quién no. Heridas que no siempre dejan moratones, pero que rompen por dentro.

El cuerpo lo paga: dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. El estrés sostenido altera el desarrollo cerebral en edades críticas. La ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima se instalan. En los casos más graves, aparece la idea de que desaparecer es la única salida.

Esto no es 'cosa de niños'. Es un problema de salud pública que seguimos tratando como anécdota.

Confiamos en protocolos que se quedan en el papel y reaccionamos tarde, cuando el daño ya está hecho. Miramos hacia otro lado ante las 'bromas' o el 'siempre ha pasado'. Ese silencio adulto es también violencia: deja sola a la víctima y enseña al agresor que puede continuar.

El ciberacoso ha multiplicado la crueldad: ya no existe refugio. El tormento persigue a los menores hasta su habitación, incluso de madrugada.

Sabemos cómo prevenirlo, pero no actuamos con la urgencia necesaria. Falta educación emocional desde edades tempranas, acompañamiento psicológico accesible, alfabetización digital real y, sobre todo, valentía adulta para intervenir.

No se trata solo de castigar al agresor cuando el caso estalla. Se trata de construir entornos donde el acoso no sea posible, donde la diferencia no se castigue y donde pedir ayuda no sea signo de debilidad.

El acoso escolar no es un rito de paso. No “te hace más fuerte”. Es una herida profunda que, si no se cura a tiempo, marca de por vida.

Sin embargo, aún hay esperanza. Hay docentes que se dejan la piel, familias que no bajan los brazos, menores que encuentran la fuerza para contar su historia y administraciones que comienzan a entender que la salud mental infantil no es un lujo, sino una obligación.

La pregunta que debemos hacernos es incómoda: ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado hasta que duela en nuestra propia casa? ¿O vamos a decidir, de una vez por todas, que al colegio no van a aprender a sufrir, sino simplemente a vivir?

Porque cada niño que sufre acoso no solo pierde su infancia. Como sociedad, perdemos parte de nuestra humanidad.

Más de la mitad de los adolescentes han estado expuestos a discursos de odio, un porcentaje que alcanza el 77% entre quienes tienen 15 y 16 años. Además, un 36,1% de chicas y un 22,1% de chicos de 15 a 16 años afirma haber sido víctima de algún episodio de acoso cara a cara, “lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina espacios físicos y digitales”, según detalla el informe EU Kids Online, con participación destacada de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de Maialen Garmendia, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la EHU.

“El acoso online tiene su origen en casi todos los casos en el acoso cara a cara, y nace como una extensión de este perpetrado mayoritariamente en las aulas. No se trata solo de un problema digital, sino de convivencia, sobre el que hay que formar y apoyar a toda la comunidad escolar y a las familias”, reconoce Garmendia.

La investigación, en la que han participado 2.596 menores de 10 a 16 años en España y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y coordinado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), también destaca que uno de cada tres escolares afirma haber visto contenidos potencialmente perjudiciales —desde teorías conspirativas hasta retos peligrosos— y cerca de uno de cada cinco reconoce enfrentarse a experiencias negativas en la red al menos una vez al mes. “Seis de cada diez niños no saben verificar si una información es falsa o un sitio web es confiable”, advierte Garmendia, en un contexto marcado por la proliferación de discursos de odio y desinformación.

Sobre el uso de las pantallas, el estudio recalca que el 70% utiliza el smartphone a diario y uno de cada cinco lo hace incluso después de acostarse. Entre las actividades más habituales destacan escuchar música (75%), ver vídeos en redes sociales (59,3%) y consumir contenidos en streaming (54%), cifras que aumentan entre los 13 y los 16 años. En cuanto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, la investigación sostiene que uno de cada tres menores la emplea para resumir o explicar textos y uno de cada cuatro para redactar trabajos escolares. Además, la mitad recurre a internet a diario para hacer los deberes.

Ante este escenario, la investigadora subraya la necesidad de “reforzar las competencias digitales críticas” y reclama un mayor “compromiso de las plataformas en la moderación de contenidos”. “La falta de control facilita la difusión de mensajes dañinos y evidencia la necesidad de avanzar hacia entornos digitales más seguros, especialmente para la infancia”, advierte Garmendia.

EU Kids Online es una red europea de investigación que busca mejorar el conocimiento sobre las oportunidades, riesgos, competencias digitales y bienestar de la infancia y la adolescencia en Europa. Actualmente, la red está formada por equipos de investigación de 34 países, emplea metodologías comparativas y enfoques empíricos rigurosos para comprender las experiencias digitales de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias. Sus trabajos, basado en las evidencias científicas acumuladas durante más de 15 años, tienen incidencia muy relevante en el desarrollo de políticas de seguridad en internet en la UE. EUKids Online Spain está compuesto por investigadoras e investigadores de la EHU, y es un grupo de investigación consolidado reconocido por el Gobierno vasco y la universidad.

La comunidad educativa del CEIP Son Pisà, en Palma, vive desde la semana pasada una situación sin precedentes. La incorporación de un profesor interino con una sentencia firme por acoso a un menor ha desencadenado una huelga de familias que ha llegado a superar el 60% de seguimiento y mantiene todavía a cerca de la mitad del alumnado fuera de las aulas. “El colegio ha dejado de ser un lugar seguro”, asevera Miguel Palou, uno de los progenitores.

La protesta comenzó tras conocerse que el docente, Miquel Roldán, se incorporaría como sustituto en una clase de primaria. El profesor fue sentenciado a un año de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización por acosar a un exalumno y su presencia ya había desencadenado movilizaciones en otros colegios. La resolución judicial no lo inhabilitó. elDiario.es se ha puesto en contacto con Roldán, quien se remite a las manifestaciones que recientemente hizo públicas en redes sociales, donde defiende su posición y cuestiona el relato que sostiene la protesta. “Mi caso no es mediático por la gravedad de los hechos, sino por la gravedad de los bulos que lo rodean”, asevera.

Mientras el malestar crece entre las familias, la Conselleria de Educación afirma que su margen de actuación es limitado. El titular de este departamento, Antoni Vera, señala que la administración autonómica no puede apartar al docente y que la clave está en el marco legal estatal. El profesor, recuerda, no está inhabilitado, lo que impide tomar medidas disciplinarias o administrativas contra él. “Mis competencias acaban cuando comienza la ley estatal”, espetó el conseller durante el pleno celebrado el pasado martes en el Parlament balear, derivando responsabilidades al Gobierno central, al que urge a modificar la legislación vigente para impedir que casos como este vuelvan a repetirse. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación para confirmar el margen de actuación de las autonomías en este tipo de casos, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Ninguna respuesta clara”

En el exterior del colegio, la escena refleja la fractura que atraviesa la comunidad educativa: mochilas que no cruzan la puerta, grupos de familias que se organizan y carteles que recuerdan la ausencia de decenas de alumnos. Es el ambiente que se respira y se respiraba la tarde del pasado martes. Acaba de llevarse a cabo una reunión con la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer, en la que, lamentan las familias, no obtuvieron “ninguna respuesta clara”. Ante la previsión de que el docente continúe en el centro, decidieron mantener la huelga de forma indefinida.

La participación en el paro, no obstante, empieza a acusar el desgaste de los días. Las dificultades para conciliar han reducido el seguimiento hasta situarlo en torno al 48% en algunas jornadas, aunque el malestar se mantiene intacto. Las familias dan por hecho la continuidad del profesor, quien cubre una baja, y han decidido dar un paso más: llevar el caso al Defensor del Pueblo al considerar que se podrían estar vulnerando los derechos de los menores. Mientras tanto, preparan nuevas acciones de protesta, como una sentada en las inmediaciones del centro, en un pulso que, lejos de apagarse, amenaza con cronificarse.

La huelga en el CEIP Son Pisà no fue inicialmente una convocatoria organizada, sino una reacción inmediata de las familias ante la llegada del docente. “El primer día fue de manera espontánea, por miedo”, explica Palou, vocal de la Asociación de Padres y Madres (Apima) del colegio, en declaraciones a este periódico. Ese temor se tradujo en cifras: al día siguiente de la incorporación del profesor, cerca del 40% del alumnado no acudió a clase en un gesto que anticipaba la magnitud del conflicto.

Miedo y nerviosismo

Marina Covas, también representante de los padres y madres, detalla cómo se produjo ese primer punto de inflexión. “Las familias estaban muy asustadas”, señala. A partir de ahí, la reacción fue rápida: “El mismo miércoles [de la semana pasada] hicimos una reunión con unas 200 familias y se decidió hacer huelga, o sea, no llevar a los niños y niñas a clase”. El seguimiento creció en cuestión de días hasta superar el 60% en un centro con cerca de 500 alumnos. Sin embargo, la protesta convive con dificultades prácticas: “Muchas familias no tienen posibilidad de conciliación. Nos apoyan, pero no la han podido hacer de otra manera”, apunta Marina.

Más allá de las cifras, la percepción de inseguridad se ha convertido en el eje del conflicto. “Al final, las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo. Estamos privando a nuestros hijos de su derecho a la educación”, subraya Palou. Ese clima, asegura, hace inviable la normalidad educativa: “¿Cómo puede un maestro ejercer su profesión si los niños están así? Al final, lo que está pasando en nuestro centro es que él [en referencia al docente] genera miedo y nerviosismo, con lo cual se corta el funcionamiento normal del colegio”.

La huelga, de hecho, está generando un fuerte conflicto interno entre las familias. Muchas aseguran sentirse atrapadas entre dos derechos: la seguridad y la educación. “Hagamos lo que hagamos, nos sentimos mal. Si no los traemos, no siguen su proceso educativo. Nuestros hijos se han quedado en medio de un fuego cruzado”. La situación ha tenido consecuencias directas en la vida escolar. Marina explica que actividades previstas, como las de Sant Jordi, fueron suspendidas debido a la baja asistencia. “Los niños tenían mucha ilusión porque había un concierto y un mercadillo”, relata. “Nos cuesta entender que por los derechos laborales de una persona se paralice el funcionamiento de todo un colegio”, reflexiona.

Ante este escenario, las familias han reclamado apoyo institucional, incluyendo asistencia psicológica. Sin embargo, Palou cuestiona la eficacia de estas medidas si no se aborda el origen del problema: “¿Cómo vas a apoyar psicológicamente a los niños con el maestro allí?”. Tanto Palou como Covas insisten en que no pretenden cuestionar la legalidad del caso, sino sus consecuencias. “Entendemos que esta persona tiene sus derechos laborales”, insiste ella.

Las familias reclaman soluciones que eviten el contacto del docente con menores y alertan de que el problema no se limita a este centro. Al tratarse de un profesor interino, éste puede ser destinado a otros centros cuando termine la sustitución actual, algo que inquieta especialmente a las familias: “Esto va a ir rebotando de colegio en colegio”, advierte Palou.

La versión del docente

Roldán, por su parte, publicó esta misma semana un mensaje en Facebook en el que denuncia una campaña de desinformación en su contra: “El problema es que se pretende que la administración actúe en base a esos bulos, algo que obviamente no puede hacer (faltaría más que pudiera), a la vez que se me pide a mí que adapte mis decisiones personales a esos bulos, algo que me resulta repugnantemente ofensivo”. Asimismo, critica tanto a las familias movilizadas como a las instituciones por no haber frenado lo que califica como un “circo”: “Si se hubiese actuado con rigurosidad a principio de curso no estaríamos en esta situación, pero entonces se optó por tolerar el absentismo del alumnado como forma de protesta y señalarme públicamente poniendo en duda mis facultades mentales, sin importar ni el peligroso precedente que se estaba creando ni el daño que se le estaba haciendo a mi imagen pública como docente”, asevera.

Frente al argumento central de las familias -la existencia de un vacío legal que permite a un condenado por acoso seguir dando clase-, el docente ofrece una interpretación completamente distinta: “No se me aplicó ningún tipo de inhabilitación no por un vacío legal, sino porque no se han producido hechos que justifiquen esa medida”, subraya tajante. En esta línea, cuestiona directamente la condena que le fue impuesta, asegurando que los testimonios “nunca presentaron prueba objetiva alguna”.

No es la primera vez que se desencadena una movilización de familias a raíz de la presencia de este docente. A comienzos de curso, su reincorporación en el colegio palmesano Maria Antònia Salvà ya provocó una huelga en la que los padres dejaron de llevar a sus hijos a clase en señal de protesta. Entonces, las familias reclamaban medidas inmediatas para apartarlo del aula ante la alarma generada por su condena en un conflicto que evidenció las dificultades de la administración para dar una rápida respuesta.

Aquel episodio no llegó a resolverse de forma estructural. La Conselleria admitió entonces que “no es fácil” encontrar una solución y trasladó el caso a una comisión paritaria con sindicatos que podía autorizar medidas como un examen médico para valorar si debía ser apartado del contacto con menores. Sin embargo, la falta de una respuesta clara y definitiva dejó el problema latente. Para las familias de Son Pisà, lo ocurrido enel CEIP Maria Antònia Salvà no fue una excepción, sino el precedente de un conflicto que ahora se repite, reforzando la idea de que el sistema carece de herramientas eficaces para evitar que situaciones similares vuelvan a reproducirse.

El pasado jueves se hizo público que el Govern de la Generalitat había diseñado una prueba piloto para introducir a agentes de los Mossos d’Esquadra en los institutos catalanes para “reducir la conflictividad y prevenir conflictos”. La iniciativa despertó rápidamente el rechazo de gran parte de la comunidad educativa –profesorado y familias–, que se oponen a que la policía entre en los recintos escolares de forma permanente, alegando que se trata de una medida “impuesta” desde fuera y “estigmatizadora”.

El plan, que ha causado polémica en el ámbito educativo y también el político, ha dejado al mismo tiempo varias preguntas sobre su alcance, sobre las funciones que tendrán los agentes, si estarán permanentemente en los centro o si la adhesión será voluntaria o no. No ha ayudado a aclararlo el hecho de que el Departamento de Educación no lo haya presentado públicamente ni debatido con el sector, más allá de centros educativos concretos, hasta que ha trascendido.

Aunque el Departamento de Educación asegura que todavía es pronto para responder a algunas de estas cuestiones, ya se pueden desgranar algunas claves de esta iniciativa.

¿En qué consiste el plan piloto?

El plan, denominado provisionalmente Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (EDUSEG), es una iniciativa para “integrar” a policías de los Mossos d’Esquadra como “referentes” en los centros educativos. Hasta ahora ya existía una figura policial que asistía a los centros, los llamados Agentes Tutores, que estaba en contacto con las direcciones de los centros, que podían llamarles para gestionar conflictos puntualmente, además de dar charlas a los alumnos.

Esa figura, asociada a centros considerados de máxima complejidad, va ahora un paso más allá con la creación de los Agentes de Convivencia dentro de este nuevo plan piloto. En los 14 centros educativos seleccionados, la mayoría institutos de Secundaria o institutos-escuela (que abarcan también Primaria), estos policías tendrán una presencia más constante y un papel más “proactivo”, según Educación.

¿Qué harán los mossos en los colegios?

La duda que ha sobrevolado estos días es si habrá agentes de policía destinados a centros concretos, con su despacho y relación habitual con profesorado y alumnos. Esto nace de que al menos dos institutos, uno de ellos en Sabadell, fueron informados de que tendrían un agente integrado en su día a día. Así lo comunicaron a las familias y lo confirmó Educación.  

Pero días después, al ofrecer los detalles del plan, la Administración educativa lo ha matizado significativamente. De entrada, recalcan que los agentes de convivencia irán desarmados y vestidos de paisano. Y confirman que llevarán a cabo tareas de prevención e intervención para reforzar la convivencia. Sin embargo, Educación concreta que no habrá ningún agente destinado “permanentemente” a un solo instituto, con despacho y presencia durante toda la jornada lectiva. Más bien, aclaran, cada uno de estos mossos (seis para 14 centros) atenderá a un reducido grupo de colegios.

Además, han añadido desde Educación, el agente no tendrá relación directa con los adolescentes. La consellera Esther Niubó manifestó que cada centro tendrá autonomía para decidir si presenta el agente a sus alumnos o no, pero dejó claro que su papel no será intervenir directamente con los estudiantes, como lo haría un educador social o un psicólogo, sino prestar apoyo al profesorado.

Con todo, la información sobre el desempeño policial es todavía insuficiente, y se desconoce su nivel de implicación horaria o sus tareas concretas en cada centro. Preguntada por ello, Niubó evitó concretarlo e insistió en que se trata de un proyecto piloto y que habrá que esperar a ver cómo decide desarrollarlo cada centro. La única concreción es que los agentes estarán encargados de aportar una “mirada externa” al centro y “especializada en conflictos” que trasciendan el ámbito pedagógico.

¿Cuáles son los centros educativos que participan en el plan piloto?

Hay 14 escuelas participantes en la prueba, pertenecientes a seis zonas educativas diferentes. Se trata de l’Institut Eugeni d’Ors y el Margarida Xirgu, de L’Hospitalet; el Institut de Vic, el La Plana, el Jaume Callís y el Comptat d’Osona, de Vic; el Institut Manuel de Pedrolo y el Costa Freda de Tàrrega; el Ribera de Sió, de Agramunt; el Lo Pla d’Urgell, de Bellpuig; el Institut Vall d’Aran, de la Vall d’Aran; el Pepa Colomer y el Institut Escola Prat de Llobregat, de El Prat; y el Institut Escola Joan Sallarés i Pla, de Sabadell.

Si bien al principio el Govern apuntó a que la prueba piloto se centraría en centros considerados “de alta complejidad”, a los días corrigió y precisó que los escogidos conforman una “muestra representativa” del ecosistema escolar catalán, con escuelas de diferentes zonas geográficas, etapas y tipologías.

Con todo, es previsible que la cifra varíe en los próximas semanas, puesto que varios claustros y direcciones de centros seleccionados han rechazado el plan. Durante esta semana se han celebrado diversas asambleas en estos colegios. Por el momento, tres de los de Vic y uno de los de L’Hospitalet han decidido no participar y así lo han comunicado al Departament de Educación, tal como explica a este medio el sindicato USTEC. Además, hay otros dos centros que están evaluando la medida. Por su parte, el Govern niega haber recibido ninguna notificación de baja.

¿Es voluntario u obligatorio?

El Govern asegura que la presencia de policías siempre será “voluntaria” y que “ningún centro ha sido ni será obligado a participar”. De hecho, han explicado que la idea de introducir a mossos en las escuelas se empezó a trabajar en septiembre de 2025 a petición de diversos centros que, preocupados ante el aumento de la conflictividad, habían pedido ayuda para gestionar conflictos y mejorar la prevención.

Pero docentes, sindicatos educativos y familias niegan la mayor y aseguran que la iniciativa, que consideran un “insulto”, les ha venido impuesta y no les ha sido comunicada hasta pocos días antes del inicio del piloto. “Es una medida de hechos consumados que no ha pasado por ningún órgano democrático”, denunció Pepa Vidal, docente del instituto Eugeni d’Ors, en una concentración convocada el lunes como rechazo a la medida.

Otro caso, el del Prat de Llobregat, ilustra la confusión. Uno de los dos centros participantes en el piloto, en el que ha habido conflictos recurrentes, ya contaba con el apoyo de un Agente Tutor que se coordinaba con la escuela, Mossos, Ayuntamiento y Servicios Sociales.

Recientemente, Educación les planteó la posibilidad de incorporar otro agente de forma más constante en el instituto, según confirman fuentes conocedoras de las conversaciones. Sin embargo, la respuesta del centro fue negativa, al entender que supondría un mayor estigma. Las reuniones no fueron más allá, según las mismas fuentes, de ahí su sorpresa cuando leyeron la noticia de que eran uno de los centros seleccionados para la prueba piloto.

Preguntada por estos casos, la consellera insiste en la “voluntariedad” de la medida y reitera que todas y cada una de las direcciones han participado en reuniones de coordinación y diseño de la estrategia. “Algunas ya lo habían hablado con el claustro y las familias, y otros quizás decidieron no comunicarlo hasta poco antes de la llegada del agente”, ha explicado Niubó, que ha llamado a “respetar la autonomía” de cada centro.

¿Se extenderá a más centros?

La prueba piloto tendrá dos fases. La primera durará hasta junio, cuando se hará una evaluación para introducir las mejoras detectadas de cara a septiembre. La segunda fase se alargará todo el primer trimestre del siguiente curso. Así, en enero de 2027 se evaluará si la medida es “sostenible y escalable”, según ha explicado la consellera.

En ese supuesto, se estudiaría llevar la presencia de mossos a más escuelas pero, en todo caso, desde el Departament aseguran que tampoco se “obligará nunca” a ninguna escuela a contar con la presencia de un agente. Esta postura enmienda la primera que adoptó el Govern, que hablaba de la posibilidad de crear una futura normativa que contemplara el “apoyo policial” en el ámbito educativo.

¿Qué críticas tiene la medida?

Los docentes reivindican que rebajar los incidentes pasa por bajar ratios, desdoblar grupos y desplegar el plan de convivencia con más recursos para coordinación. De hecho, algunas fuentes consultadas acusan al Departament de Educación de recurrir ahora a agentes de policía después de haber eliminado el pasado verano plazas de educadores sociales e integradores que estaban financiadas con fondos europeos. Tanto, que este curso empezó con 120 educadores sociales menos.

“Nos dijeron que era una cuestión presupuestaria y ahora resulta que podemos tener un plan con mossos distribuidos por centros del territorio”, se lamentaba al conocer la medida Lidón Gasull, presidenta de la asociación de familias de alumnos AFFAC. Desde el Govern han querido aclarar que el plan se ha desarrollado íntegramente con recursos del Departament de Interior. También han querido incidir en que los Mossos “no vienen a sustituir a ningún otro profesional”.

En el plano político, también es remarcable la desaprobación que ya han manifestado los dos socios de investidura de Illa y con quienes está negociando los presupuestos: ERC y los Comuns. Ambos piden una rectificación y critican que no hayan presentado el plan piloto en el Parlament. “Es una medida poco afortunada y populista que está abocada al fracaso”, expresan los republicanos. “Ni es pedagógica, ni mejora la convivencia, no es coherente con el modelo de escuela de Catalunya”, añaden Comuns.

Las consecuencias del acoso escolar pueden prolongarse durante toda la vida. El reconocido activista Brian Giner convivió durante 12 años con esta situación hasta llegar a normalizarla. “Me ocurrió desde muy pequeño y no entendía que no era normal”, ha explicado el joven de 26 años este miércoles durante una sesión organizada con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar.

La jornada, impulsada por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), ha reunido a 170 alumnos de tercero a sexto de primaria en el CosmoCaixa de Barcelona. Allí han participado en una sesión para aprender a identificar, reaccionar y hacer frente al bullying.

Lejos de limitarse a una charla teórica, la sesión se ha basado, principalmente, en dinámicas en vivo. Guiada por la psicóloga especializada en infancia y adolescencia, Paola Vela, y el presidente de AEPAE, Enrique Pérez Carrillo, la actividad también ha contado con la voz de testimonios reales como Brian Giner o el exconcursante de La Voz Kids, Pol Calvo.

El acoso escolar afecta a entre un 9% y un 34% del alumnado en España, según los estudios más recientes de entidades como UNICEF, UNESCO, Amnistía Internacional o la Fundación ANAR. A partir de estos datos, AEPAE calcula que aproximadamente uno de cada cinco estudiantes sufre bullying en nuestro país.

Desde la asociación alertan de la falta de especialistas en acoso escolar y de la escasa prevención. “La principal manera de evitar los daños a la víctima es detectar el caso de forma temprana, pero el protocolo actúa como un extintor cuando el fuego ya está encendido”, denuncia Pérez Carrillo.

En la misma línea, Giner afirma que “se tiende a tapar el problema en lugar de abordarlo de raíz” y que “muchos niños y familias están más abandonados que protegidos frente al acoso escolar”.

En varios casos de bullying, son las propias víctimas quienes acaban marchándose de los centros. Para el presidente de AEPAE “esta es la señal más clara de que el problema no se está abordando correctamente” y alerta: “No podemos normalizar un suicidio por bullying cada tres meses”.

En la asociación, sobre todo, se centran en trabajar esta parte preventiva a través de charlas y dinámicas como la de este miércoles. Sin embargo, lamentan la falta de colaboración por parte de algunos colegios. “La mayoría de casos de bullying suceden en centros escolares, por lo que todos ellos deberían potenciar esta parte preventiva del problema”, añade Pérez Carrillo.

La importancia de diferenciar entre conflicto y acoso

Durante la sesión, Paola Vela ha insistido en la importancia de diferenciar entre conflicto y acoso. Mientras que el primero responde a una discusión puntual, el bullying implica repetición y daño continuado en el tiempo.

Cuando ha preguntado a los alumnos qué entendían por acoso, uno de ellos ha respondido: “Es cuando un niño agrede a otro más de una vez”, momento en que la psicóloga aprovechado para matizar que esas agresiones pueden ser físicas, verbales, sociales o psicológicas.

“Reconocer que estaba sufriendo bullying fue un proceso muy duro. Normalicé este tipo de violencia durante años”, explica Giner en conversación con elDiario.es. El activista lamenta que, cuando era niño, no existían charlas ni herramientas de prevención, por lo que no tuvo recursos para comprender ni afrontar lo que vivía en sus primeros años.

Otra de las razones por las que muchos menores no comunican estas situaciones es el miedo. “Se sienten invisibles y creen que nadie les va a escuchar”, señala Vela. A esto se suma la llamada “indefensión aprendida”, un mecanismo psicológico que se produce cuando el menor acaba creyéndose los insultos o descalificaciones debido a la prolongación del acoso. “Esto genera vulnerabilidad, culpa y silencio, y dificulta enormemente la detección por parte del entorno”, añade la psicóloga.

En una situación de acoso escolar, existen distintos roles: agresor, víctima, observador y defensor. Así lo ha explicado Vela, que ha advertido de que muchos testigos no intervienen por miedo a convertirse en el siguiente objetivo, lo que termina alimentando el problema.

También ha animado a los alumnos a informar de inmediato a profesores o familiares cuando detecten cualquier situación de acoso.

Otro de los problemas habituales es que muchos niños, por su edad y falta de herramientas, no saben cómo defenderse o marcar límites. En algunos casos, esa habilidad puede ser clave para frenar el acoso. Por ello, Pérez Carrillo ha realizado una simulación con dos alumnos del público en la que recreaba situaciones de agresión verbal y física.

El presidente de la entidad ha insistido en que aprender a establecer límites “de forma asertiva” es fundamental para transmitir seguridad, y ha mostrado cómo responder de manera firme, sin agresividad, dejando claro al agresor que ese comportamiento no es aceptable.

Otros cuatro voluntarios han participado en una dinámica en la que han representado, de manera corporal y verbal, actitudes agresivas, pasivas y asertivas, con el objetivo de que sus compañeros comprendieran sus diferencias y por qué la asertividad es la vía más eficaz. 

La sesión ha terminado con la creación de un mural colectivo, en el que los alumnos han plasmado mensajes y dibujos contra el acoso escolar. Además, Pol Calvo y Natalia Barone han interpretado una canción solidaria vinculada al proyecto, que muchos alumnos han seguido cantando desde el público. 

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Si ha sido víctima de acoso escolar o conoces algún caso puedes contactar a la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) escribiendo a: ayuda@aepae.es

Familiares de jugadoras del equipo cadete femenino del Balonmano Torrelavega han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por bullying, tras tener conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que jugadores juveniles de la misma entidad deportiva se dedicaban presuntamente a difundir imágenes de sus compañeras, tomadas durante partidos o entrenamientos, y a acompañarlas de “insultos homófobos, machistas y gordófobos”.

Padres y madres de varias de las jugadoras adolescentes afectadas —de entre 14 y 15 años— han relatado a elDiario.es los hechos, que se pusieron en conocimiento del club, según constatan, a principios del mes de marzo. “Les facilitamos como prueba hasta 67 pantallazos del chat, con insultos de todo tipo por parte de tres chicos y una chica del equipo juvenil, y un mes y medio después no se ha tomado ninguna medida al respecto ni nos dan ninguna información”, han denunciado.

Es más, la primera reacción del Balonmano Torrelavega dicen que ha sido alegar que los hechos habían tenido lugar “fuera del club”, al tratarse de un chat privado entre los propios jugadores, por lo que el club defiende que no era de su competencia lo que ocurriere en ese entorno digital en el que los supuestos acosadores —deportistas federados de la propia entidad— se han dedicado supuestamente a proferir descalificativos con el objetivo de ridiculizar a sus compañeras.

El club, cuyo equipo absoluto, el Bathco Balonmano Torrelavega, milita en la Liga Nexus Energía ASOBAL, cuenta en su página web con un apartado específico de 'protección a la infancia' dirigido a sus categorías inferiores. Además de un formulario de denuncia y el teléfono del denominado delegado de protección, Jordi Lluelles, —que es a su vez el segundo entrenador del equipo profesional y con el que este periódico ha tratado de ponerse en contacto hasta en cuatro ocasiones sin éxito—, en dicho apartado web existe un enlace a un amplio protocolo de actuación 'Frente a la violencia hacia la infancia y la adolescencia' que consta de 27 páginas.

En ese documento se hace alusión a la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), recordando que la norma define como violencia: “Toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital”.

Esta imagen pública de abogar por un espacio seguro e inclusivo en sus categorías inferiores contrasta, según los familiares de las adolescentes con los que ha consultado este periódico, con la escueta respuesta que han recibido por parte de la entidad deportiva, dado que tan solo se les ha comunicado que “se ha activado el protocolo”, pero que, “al ser confidencial” no pueden darles más información.

“Ha pasado más de mes y medio desde que informamos de todo esto y no nos han dicho nada”, ha explicado la madre de una de las jugadoras a elDiario.es. “Alberto Marchante, miembro de la directiva, me dijo literalmente que las niñas se tienen que acostumbrar a convivir con esas personas”, ha añadido.

Es precisamente esta indiferencia, falta de información y la ausencia de cualquier medida al respecto lo que ha colmado su paciencia y les ha movido a dar un paso más allá. Primero se han dirigido a la Federación Cántabra de Balonmano y después han formalizado la denuncia ante la Policía Nacional, el pasado domingo 12 de abril, siguiendo la propia recomendación del ente federativo.

Porque tras tener conocimiento de los hechos, los familiares de las jugadoras han indicado que la Federación sí se puso en contacto con el Balonmano Torrelavega e instó a la entidad a actuar de inmediato. El coordinador de entrenadores del club convocó entonces a una reunión a una de las jugadoras afectadas y a sus padres, tras lo cual se supone que únicamente pusieron en marcha el mencionado protocolo.

La Ley del Deporte de España es muy clara en este sentido, ya que obliga a federaciones, clubes y demás entidades deportivas a “prevenir, detectar y actuar frente al acoso”, especialmente en el caso de menores, mediante protocolos específicos, canales de denuncia y medidas de protección a las víctimas. La norma busca precisamente garantizar entornos seguros en el deporte y prevé sanciones para quienes no adopten estas medidas o toleren situaciones de bullying.

Delito de odio

“Si hubieran tomado medidas internas, como expulsar del club por lo que queda de temporada a los acosadores o haber pedido algún tipo de disculpa a las niñas se hubiera evitado la vía judicial, pero ahora el asunto se ha elevado a la Policía y es probable que todos los menores involucrados sean llamados a declarar”, ha lamentado otro de los padres de una jugadora víctima de los hechos.

Este padre ha explicado a su vez a este periódico la “incomodidad” de su hija, al tener que compartir a menudo cancha y vestuario con una de sus presuntas agresoras, perteneciente al equipo juvenil femenino del Balonmano Torrelavega, cada vez que la convocan para entrenar o jugar con esta categoría inmediatamente superior a la suya.

Por el momento son cuatro las menores afectadas a las que se ha tomado declaración, según han concretado sus familiares, en el marco de, tal como les ha informado la Policía Nacional, “la investigación de un posible delito de odio”.

Para el club son “faltas de respeto”

A preguntas de este medio, Alberto Marchante, responsable de Responsabilidad Social Corporativa del club torrelaveguense y que actuó como interlocutor con las familias afectadas como miembro de la directiva, ha señalado que el papel ejercido desde la entidad ha sido el de mediador entre las familias. En su opinión, el caso “no se puede definir como bullying”, ya que, según ha argumentado a preguntas de elDiario.es, “el bullying se ejerce sobre una sola persona, no sobre varias”.

Marchante ha señalado también que “ha habido varias formas de reparación en casos puntuales”, al tiempo que ha admitido entender que haya familias que no estén conformes, pero, a su juicio, “el club no puede entrar a ese debate ya que estamos hablando de menores y sería perjudicial para todos”, situando en el mismo plano a las jugadoras víctimas de los insultos y a sus presuntos agresores.

Si bien ha explicado que el Balonmano Torrelavega ha participado en varias formaciones sobre prevención de la violencia en el ámbito del deporte base, impulsadas desde la Dirección General de Deporte del Gobierno de Cantabria, ha evitado definir exactamente los hechos denunciados por los familiares de las jugadoras del cadete femenino.

Tras varias repreguntas para tratar de explicar cómo han definido desde el club lo sucedido, Marchante lo ha descrito como “faltas de respeto en un entorno puntual”. A su vez, el responsable de RSC ha considerado que “para el club lo que es reparador es que tras la reunión con ambas partes—sin concretar las medidas tomadas por la entidad— es que se hayan extinguido esas conductas” ya que, a su modo de ver, “apartar a las personas del equipo no es lo más adecuado”.

En ese sentido, Marchante ha celebrado que “todos los involucrados se han dado cuenta de lo que no hay que hacer y en todos los casos ha habido arrepentimiento y asunción de las cosas”, lo que a su entender ha confirmado la primera imprensión del club, de que se trataba de “una situación potencialmente muy reconducible”. Igualmente ha asegurado no reconocerse en las palabras denunciadas por uno de los familiares de las jugadoras respecto a su papel de mediador: “No me identifico ni me reconozco en esas palabras”.

Finalmente, este miembro de la Junta Directiva del Balonmano Torrelavega ha dicho no tener conocimiento de casos similares anteriores en otras temporadas y ha concluido que “la mayor satisfacción es que esto no vuelva a suceder”.

La madre de Sandra Peña, Zara Villar, ha asegurado que el colegio Irlandesas Loreto, en el que estaba inscrita la menor sevillana que se suicidó el pasado 14 de octubre, omitió cualquier protocolo de actuación, a pesar de las advertencias y las comunicaciones que hizo la familia desde el inicio del curso académico. “Me engañaron a mí, a la psicóloga porque dieron por hecho que los protocolos estaban abiertos e intentaron engañar a la inspectora de Educación”, ha afirmado.

En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, Villar ha concluido con que es “insostenible” la versión del centro educativo en el que la adolescente recibía las agresiones presuntamente por parte de otras tres compañeras de clase. Al respecto, la madre ha detallado que en agosto del año pasado se presentó un informe psicológico en el que se detallaba que la menor se autolesionaba a causa del acoso que sufría en el centro escolar.

“El 1 de septiembre mando un correo a la jefa de Estudios y a la tutora de Sandra, me llaman el día dos y me reúno el día tres: abren el protocolo de autolisis y, sobre el de acoso, me dicen que es si yo quiero, a lo que digo, que se haga lo que se tenga que hacer”, ha manifestado ante las cámaras. “Al final se decide que se abran los dos protocolos”, ha puntualizado. Sin embargo, el 16 de octubre no se había tramitado ninguno de los dos procedimientos, hecho que conocieron a través de la televisión en un comunicado por parte de la Consejería de Educación.

“Que caiga toda la justicia”

Desde el centro educativo, hubo dos llamadas que la madre no pudo atender y otros dos correos electrónicos referentes a trámites escolares. “Hubo dos profesoras que me mandaban emoticonos de afecto, pero son personas, no el colegio”, ha remarcado en cuanto a la actitud de la dirección del centro. Además, ha subrayado que en las sesiones con su psicóloga, Sandra identificó quiénes eran las presuntas agresoras, motivo por el que se comunicó a las tres familias implicadas que tomaran las precauciones necesarias.

A raíz de la pérdida de la joven, José Manuel, el padre, ha pedido que se depuren responsabilidades y que haya una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio Irlandesas Loreto: “Queremos que caiga toda la justicia sobre esos profesores que no abrieron los protocolos”.

“Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”

Por otra parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha lamentado este jueves que la investigación “no avanza”: “Estamos plenamente confiados en la justicia, están haciendo una labor impecable. Es lenta, pero al final pondrá las cosas en su sitio”.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Villar ha remarcado que el caso aún se halla en la Fiscalía de Menores. “Todavía quedan citaciones a varios testigos pendientes”.

En cuanto a la querella que presentaron contra el colegio y parte del profesorado del centro educativo donde estudiaba Sandra, el portavoz de la familia ha recordado que ha sido admitida a trámite. “Sabemos que han solicitado a Fiscalía las actuaciones que se están llevando en la misma, para apoyar la querella, y hasta ahí os puedo decir: ese es el punto en el que estamos”.

“Homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”

En este sentido, la familia de Sandra presentó el pasado 9 de enero una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado “implicado”. Una querella que alega que los implicados “habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante”.

El tío de Sandra también se ha referido al suicidio de una menor de 14 años el pasado fin de semana en Benalmádena (Málaga), tan solo cuatro meses después de que Sandra se quitara la vida, del que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está pendiente del informe de la inspección educativa sin que esté descartado que detrás estuviera una situación de ciberacoso porque “está pasando no en los centros educativos, sino en la sociedad”, tal como ha asegurado este miércoles la consejera, Carmen Castillo.

Al respecto, la familia de Sandra considera que ella no sufría tanto ciberacoso, “si bien es verdad que hubo algunos mensajes”, como un acoso “más presencial” en el centro, a través de tres compañeras de clase. En este punto, Isacc Villar ha afirmado, a modo de reflexión dirigida a los jóvenes, que “se deben buscar otras soluciones, que las hay, y no refugiarnos, ni mucho menos, en que la salida es esta: hay que apoyarse en otras cosas”.

A mediados de enero, la familia mantuvo una reunión con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería y al término de la misma ya manifestaban que se mantenían “todas las vías abiertas” y se mostraban a la espera de que avanzara la parte judicial. “Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmaba entonces el portavoz de la familia.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ha publicado hoy, 11 de marzo, la resolución de la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se regula la figura del coordinador o coordinadora de convivencia, bienestar y protección del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma y se establece su asignación horaria.

En total, 116 centros disponen de coordinadores que impulsan la convivencia positiva y garantizan la protección del alumnado frente a cualquier forma de violencia o conflicto, promoviendo la corresponsabilidad de la comunidad educativa y la participación de los estudiantes.

La resolución que publica hoy el BOR recoge la asignación horaria de dedicación del profesorado a la figura del coordinador en cada centro, a partir del próximo curso, así como las funciones que deben desarrollar en los centros. En concreto, durante este curso escolar, 88 centros públicos y 28 privados concertados disponen de una persona coordinadora de convivencia, aunque estos últimos, si imparten más de una etapa educativa, pueden designar una persona coordinadora por cada etapa, siempre que no se supere el límite máximo de horas establecido a cada centro a través de esta resolución. 

Entre las funciones que corresponden a las personas coordinadoras de convivencia, se encuentra la coordinación del plan de convivencia del centro y colaborar en la elaboración de políticas de protección del alumnado; diseñar y promover actuaciones y programas de mejora de la convivencia, el buen trato y la resolución pacífica de conflictos; impulsar la formación de la comunidad educativa en prevención, detección precoz y protección frente a la violencia; y fomentar la participación del alumnado y las familias, prestando especial atención al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Además, los coordinadores o coordinadoras de convivencia detectarán de forma temprana situaciones de riesgo y activarán los protocolos establecidos, coordinando las actuaciones con los servicios competentes; garantizarán la confidencialidad de las intervenciones y evitarán la estigmatización; y promoverán medidas de recuperación educativa para las víctimas y actuaciones de carácter reeducativo para el alumnado agresor, entre otras funciones. 

El Gobierno de Navarra ultima un nuevo Decreto Foral de Convivencia para expulsar del centro escolar a todo estudiante que “participe como agresor en una situación de acoso y/o ciberacoso”. Según informan desde el Departamento, el decreto ha sido remitido ya al Portal de Transparencia del Gobierno para la recepción de aportaciones.

El nuevo decreto, que sustituirá al del año 2010, establece que también se podrá proponer la medida del traslado definitivo de centro educativo en el caso de que el alumno o alumna realice alguna conducta que implique el maltrato entre iguales o violencia contra las mujeres o lleve a cabo cualquier agresión especialmente grave a cualquier miembro de la comunidad educativa. “Esta medida va encaminada a proteger a las víctimas de situaciones graves o de acoso y facilitar las actuaciones encaminadas a restaurar el estado emocional de las víctimas en su contexto más cercano y conocido”, explican desde Educación.

El texto define el protocolo de evaluación e intervención ante la sospecha de acoso entre iguales para identificar, evaluar y erradicar esas manifestaciones. Este protocolo lo aplicará el centro siempre que algún miembro de la comunidad educativa traslade la sospecha de la existencia de una situación de acoso entre iguales y formará parte del Plan de Convivencia, el cual a su vez formará parte del Proyecto Educativo de Centro. Para mejorar la prevención y la actuación, se define en el Decreto Foral con mayor claridad el ciberacoso presentando las características básicas del acoso y las propias de las conductas incluidas dentro de esta forma de violencia.

La salida del centro educativo del alumno o alumna que protagonice acoso o ciberacoso deberá contar con el visto bueno de la Dirección General de Educación, oído previamente el Consejo Escolar del centro, y será materializada mediante una resolución. El traslado se llevará a cabo preferentemente dentro de la red de centros y modalidad lingüística en la que se encuentre escolarizado el alumno/a. Excepcionalmente, cuando no se puedan garantizar unas adecuadas condiciones de escolarización del alumno/a agresor/a en un nuevo centro, se podrá acordar la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de quince días lectivos, adoptando todas las actuaciones que garanticen la protección de las víctimas. Si el alumno/a agresor fueran mayores de edad se podrá proponer la rescisión de la matrícula, previa audiencia al afectado, pudiendo rechazar una nueva solicitud de matrícula durante el curso escolar en el que se haya aplicado la rescisión. 

Aumento de los casos de acoso escolar

El primer estudio hecho en Navarra sobre vulnerabilidad y fortaleza emocionales en la educación, dado a conocer en noviembre de 2025, reflejó un aumento del 6% en casos de acoso escolar con respecto a las tasas declaradas en el mayor estudio realizado en la comunidad foral sobre acoso escolar y tecnológico elaborado en el curso 2022-2023 por encargo del Departamento de Educación por la catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológico de la Universidad del País Vasco (EHU), Maite Garaigordobil, y en el que, a través de una muestra voluntaria y anónima de 15.544 estudiantes, se determinó que un 48,4% del alumnado declaraba haber sufrido acoso escolar presencial. 

El trabajo, elaborado por la Cátedra de Inteligencia Emocional UNED Pamplona - Fundación Caja Navarra en virtud del convenio de colaboración firmado con Educación, resaltó la necesidad de fortalecer la educación emocional en las aulas, con formación específica para el profesorado. Aproximadamente un 54 % del alumnado navarro de Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados manifestó haber sufrido una o más conductas de bullying presencial o cara a cara, bien de tipo físico, verbal, social o psicológico.

El estudio de la Cátedra de Inteligencia Emocional recogió datos obtenidos en el curso 2024-25 sobre una muestra representativa, voluntaria y anónima, de 3.410 estudiantes y 1.481 docentes de Primaria (5º y 6º), ESO, Bachillerato, y FP (Básica, Grado Medio y Grado Superior) y fue realizado por el director científico de la Cátedra de Inteligencia Emocional de UNED Pamplona - Fundación Caja Navarra, y catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UNED, Juan Carlos Pérez-González. El análisis resaltó asimismo que en el último año había crecido también hasta el 46% el porcentaje de alumnado de Primaria y Secundaria que reconocía haber realizado una o más conductas de bullying presencial o cara-a-cara, ya sea físico, verbal, social o psicológico. Este porcentaje de estudiantes que realizaron el rol de agresor o agresora superaba en más de 10 puntos porcentuales los datos del 32% en 2023, y constituyó otro aumento relevante y preocupante.

Desde Educación señalan que el nuevo Decreto Foral de Convivencia es el resultado de un prolongado trabajo conjunto con todos los miembros de la comunidad educativa. Introduce por primera vez la salud mental, el malestar socioemocional y su incidencia en la convivencia escolar, define el conflicto y lo diferencia del acoso e introduce la definición de las violencias más habituales proponiendo formas específicas de intervención, entre estas: la violencia contra las mujeres, la violencia racial o xenófoba, la LGTBI+fobia y la violencia por motivos de discapacidad.

El Parlamento de La Rioja da luz verde a la propuesta del PSOE de crea una Comisión de estudio sobre el acoso escolar. Decisión que celebran los socialistas riojanos: “Gracias el PSOE se va a escuchar a expertos, familias o responsables de centros educativos con la finalidad mejorar la convivencia en las aulas y el bienestar del alumnado”. El portavoz del PSOE riojano, Javier García, ha recordado que los protocolos sobre acoso escolar abiertos por la consejería de Educación “han pasado de los 24 del curso 2023/2024, a los 43 en el curso 2024/2025”. Y si hablamos del actual curso, y a la espera de conocer datos solicitados a la consejería, “solo en el mes de octubre ya había 7 protocolos abiertos por parte de Educación”.

El líder de los socialistas riojanos ha explicado que con esta Comisión “queremos evaluar esta situación y buscar soluciones que nos lleven a propuestas de mejora ante un problema que preocupa y ocupa a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general”. Lo que buscamos es “analizar datos reales y revisar si los protocolos actuales están funcionando con la eficacia que nuestro alumnado necesita”. Y es que el acoso escolar “no es un problema de perfil bajo, ni siquiera puntual, es una forma de violencia que deja huella a quien la sufre”.

Javier García ha recordado que los centros educativos “no pueden afrontar solos este problema, necesitan protocolos claros, formación y recursos estables que refuercen el trabajo encomiable que realizan”. El Secretario General del PSOE ha aseverado que esta Comisión “no es un campo para la confrontación partidista, sino un lugar para el trabajo y la responsabilidad compartida”. Por eso, la afrontaremos “con voluntad de consenso y con la prioridad de avanzar en la prevención, la detección y la intervención frente al acoso escolar”.

García ha recordado que “esta es una de las preocupaciones que desde el PSOE hemos manifestado”. No en vano, “dentro de los 8 acuerdos de región que he propuesto al presidente está incluida una alianza contra el acoso escolar”. Lo que sucede es que “al no recibir respuesta por parte de Capellán, propusimos por escrito la creación de esta Comisión de estudio”.  El líder del PSOE ha relatado como el PP “registró un escrito de oposición a la constitución de esta Comisión, pero lo hizo fuera de plazo y no tuvo efecto”. Es decir, esta iniciativa “se ha constituido a pesar del PP y gracias a un despiste del PP, que con su mayoría absoluta podía evitar la Comisión, como ya evitaron otra que propusimos para abordar los problemas del campo riojano”. Esperemos que ahora “no demoren su puesta en marcha”. 

Javier García ha recordado también que “ya hemos propuesto que la Consejería de Educación inicie la elaboración de un Decreto para prevenir, detectar y erradicar el acoso escolar”. Este nuevo Decreto “debe tener como objetivo establecer un marco jurídico sólido que garantice la prevención y detección del acoso escolar, asegurando así el derecho del alumnado a una educación de calidad, libre de violencia, que permita desarrollar plenamente sus capacidades y alcanzar su máximo potencial”.

Entre los aspectos clave que debe regular la norma se encuentran cuestiones como “la actualización y regulación de los protocolos existentes, con el fin de mejorar la detección temprana de casos y fomentar la sensibilización en los centros educativos”. Además, “la elaboración de un plan cuatrienal con medidas concretas para combatir el acoso escolar o la promoción de la formación del personal educativo, el establecimiento de canales eficaces de denuncia y la implementación de acciones reeducativas dirigidas al alumnado acosador”. Desde el PSOE proponemos junto con todo esto “la creación de un sistema de seguimiento de casos, que permita evaluar la efectividad de las medidas correctoras adoptadas o la puesta en marcha de un Observatorio del Acoso Escolar”.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha asegurado que “no hubo ninguna alerta ni indicio de una posible situación de acoso escolar” en el caso de la menor de 14 años que se suicidó en la localidad malagueña de Benalmádena, alumna del IES Benalmádena. Según ha indicado, ni la estudiante ni sus padres comunicaron al centro que estuviera sufriendo acoso y la menor estaba “bien integrada en el aula”, hasta el punto de haber sido elegida delegada de clase en el presente curso.

En un comunicado, la Junta ha informado de que la Inspección Educativa abrió una investigación tras el fallecimiento por suicidio de Ángela, una alumna de tercero de ESO. El expediente incluye informes de la dirección del centro, de los tutores de los dos últimos cursos, del departamento de orientación y de las reuniones mantenidas con el jefe de estudios y la profesora de Pedagogía Terapéutica.

Todos coinciden en que “no hubo ninguna alerta, ni indicio de una posible situación de acoso escolar y en ningún momento, ni la familia, ni la propia alumna, comunicaron al centro que lo sufriera. Tampoco consta ninguna comunicación de compañeros o de profesores advirtiendo de que sufriera acoso escolar”. El centro tiene actualmente activos cinco protocolos de prevención por conductas autolíticas y uno por acoso escolar, todos relativos a otros alumnos.

La Consejería también ha señalado que, en las tutorías sobre bienestar emocional realizadas mediante cuestionarios, “no se manifestaron problemas ni por parte de la alumna ni por sus compañeros, ni consta que se dirigiera al departamento de orientación, a disposición del alumnado que quiera trasladar alguna dificultad o problema de convivencia”.

Por último, el Ejecutivo andaluz ha explicado que las reuniones mantenidas con la familia abordaron únicamente la justificación de algunas faltas de asistencia y cuestiones académicas relativas a su evolución escolar.

Todo comenzó con determinación y con una idea muy clara. Mateo Pastor y Mateo Manchado sabían desde el principio lo que querían hacer y para qué: un podcast distinto, que no repitiera lo de siempre, que no se quedara en videojuegos o en el scroll infinito de TikTok. Querían hablar, pensar, compartir y quizá ayudar a otros chicos y chicas de su edad. 'Jóvenes frente al mundo' nació en en casa, donse se sigue grabando con un móvil, mucha ilusión y la supervisión de personas adultas; ellos pusieron todo lo demás. “Lo único que hacen muchos es jugar videojuegos y ver TikTok. Eso no ayuda en nada. Hay que hacer cosas productivas y no tener miedo a lo que digan los demás”.

El impulso definitivo llegó tras una entrevista en Canal Extremadura Radio, que superó las 100.000 visualizaciones y más de 3.000 ‘me gusta’. “Eso nos puso súper contentos y con más ganas de seguir”, reconocen. Desde entonces, su proyecto ha crecido y se ha consolidado como un espacio de reflexión juvenil.

Aunque no buscaban colaboraciones con grandes celebridades, sí tenían un sueño: grabar con AchoPatry, creador de contenido que ha hablado abiertamente sobre el bullying que él mismo sufrió, aunque el capítulo está pendiente de publicarse. “Nos ha hecho mucha ilusión. Queríamos profundizar en su caso y hablar del tema con alguien que lo ha vivido”, explican. Y ese sueño ya lo han cumplido. Para ellos, no se trata de fama, sino de sumar voces que puedan servir a otros jóvenes que atraviesan situaciones similares.

Los temas que abordan son los que atraviesan a su generación: el bullying, los vapeadores y los retos virales peligrosos. Aunque no conocen casos directamente —“porque la gente que lo sufre no lo cuenta”— valoran el sistema de buzones anónimos de su instituto para denunciar situaciones de acoso. En otro capítulo hablan del auge de los vapeadores, que incluso utilizan niños y niñas menores que ellos. “Sales del instituto y ves nubes, un montón de nubes”, dicen. Creen que mucha gente piensa “que no es perjudicial” y critican a los comerciantes que aseguran que es más sano que el tabaco. También han tratado los retos virales peligrosos, como el Chromebook Challenge o el Nicki Minaj Stiletto Challenge. “La mayoría vienen de América. Aquí en España los imitan. Ni siquiera somos originales”, explican, y critican la inacción de las plataformas digitales: “TikTok, Instagram… no ponen medidas contra los retos peligrosos”.

Aunque parezca sencillo, el podcast requiere tiempo. Ellos lo miden con exactitud: entre 45 minutos y una hora para grabar, y unos 30 minutos para editar. Todo ello sin descuidar sus estudios. “No le estamos dedicando muchísimo tiempo porque no nos queremos desviar del colegio”, aclaran. Antes de cada episodio preparan un guion: “Una especie de ayuda. Porque si no, ponerse a hablar sin guía es difícil”. En su último programa hablan de las mujeres en la ciencia, con excusa de la celebración del día internacional el proximo día 11.

La presencia en redes ha crecido rápidamente y eso les ha dado un impulso enorme. Allí comparten clips del programa, reflexiones y enlaces a los contenidos educativos de sus invitados. Tanto en Instagram como en Tiktok y en YouTube. También en su canal de WhatsApp y en Spotify.

No es el trabajo de edición y producción lo que más les cuesta: son las reacciones del día siguiente en el instituto. “Hay gente que se ríe de nosotros, dice que estamos perdiendo el tiempo”, explican. Pero también reciben apoyo y ánimos. Saben que las críticas forman parte del camino. “Nos gusta que sean constructivas. Que nos digan qué mejorar, no solo que perdemos el tiempo”. Lo que más disfrutan es simple: “Grabar. Quedar con los amigos para grabarlo. Hablar de actualidad. Se nos queda una satisfacción porque estamos haciendo algo bueno y aportando algo al mundo”.

Con ocho episodios publicados y cada vez más seguidores, Jóvenes frente al mundo apenas acaba de empezar. Hablan con responsabilidad de lo que significa ser adolescente hoy. Y lo hacen sin imposturas, sin poses, con la naturalidad de quien está descubriendo que su voz sí importa.

Quizá por eso conectan. Y quizá, también por eso, estos tres chicos de 12 años ya están empezando a cambiar un poquito el mundo. Lo que está claro es que no lo están empeorando. Y, a veces, eso ya es mucho.

La Xunta de Galicia ha sido condenada a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un menor que denunció acoso escolar por no haber dado una respuesta suficiente al caso. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) considera que la intervención de la administración educativa fue deficiente: hubo una “más que probable insuficiencia en las labores de investigación de la situación, así como un nivel débil de protección al menor una vez iniciado el protocolo”.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG estima en parte el recurso que habían presentado los progenitores del menor y obliga a la Xunta a abonarles esos 9.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños padecidos por su hijo a raíz de la denuncia de un posible acoso escolar en el curso 2022-2023. Esos daños, sostiene, están “asociados a una actuación insuficiente en la respuesta de la administración educativa”.

Los magistrados señalan que no se pudo declarar la existencia de acoso escolar. La investigación abierta en el centro concluyó, en 2023, que no había bullying. Sin embargo, creen que sí se evidenció que la actuación administrativa en incidentes que se produjeron después de que se cerrase el protocolo por acoso que se había activado “pudo resultar, cuanto menos, insuficiente, aun habiéndose adoptado medidas de prevención”.

También aseguran que se aprecia “una actuación poco coordinada, errática, hasta se podría decir que improvisada” en la respuesta del centro, que asignó la investigación y el apoyo al alumno presuntamente víctima de acoso a dos personas que manifestaron no haber recibido formación para llevar a cabo estas tareas. La sentencia señala que la persona que hizo las indagaciones dentro del centro concluye que no se da acoso escolar porque los hechos analizados no implicaban solo al alumno denunciado como presunto acosador, sino a otros. Esto, dicen los jueces, “revela un desconocimiento de lo que se entiende por acoso en el ámbito escolar, que puede implicar no solo al alumno señalado como presunto acosador, sino también a otros”.

El TSXG concluye que los padres deben recibir una indemnización de 9.000 euros por el daño que le provocó al menor la actuación de la administración educativa. La sentencia puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.

Aulas vacías en un centro educativo de Toledo por un problema de convivencia, noticias de agresiones en colegios o institutos, de todo tipo. O intentos de suicidio. En los últimos días se ha conocido también una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos relacionados con las agresiones a los docentes.

En definitiva, es lo que parece ser una “epidemia silenciosa”, que apela a poner el foco en la salud mental dentro del ámbito educativo, según Ascensión Palomares Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación y catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha.

No es algo nuevo. En el año 2021 ANPE Castilla-La Mancha ya alertaba de que el Defensor del Profesor, un servicio que ofrece este sindicato, había detectado 81 casos de conflictividad y violencia hacia los docentes, sobre todo a través de las redes sociales. El curso pasado, según los datos recopilados por este mismo servicio sindical, los casos atendidos se incrementaron en un 20%.

Martín Navarro, maestro albaceteño, acaba de ser reelegido como presidente de este sindicato para los próximos cuatro años. Durante una entrevista, le preguntamos por estas cuestiones. “Estamos detectando a través del servicio del Defensor del Profesor que falta acompañamiento al docente cuando surgen situaciones de conflictividad en las aulas.”, reconoce y lamenta que haya “bajas por ansiedad y depresión derivadas de la práctica educativa o el hecho de que los docentes se sientan solos”.

También habla de las situaciones autolíticas entre el alumnado. “Tiene que haber un psicólogo clínico especializado para atender estas circunstancias. Lo hemos pedido en todas las mesas de negociación donde se abordan estos temas”.

Esta semana el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, se ha pronunciado sobre los casos de conflictividad que pueden generar los alumnos en los centros, como el ya citado y denunciado por padres y madres en un colegio de Primaria de Toledo que optaron por no llevar a sus hijos a clase como protesta. Son, en definitiva niños y niñas. Menores que “no pueden ser expulsados del sistema educativo”, dice el responsable de la Educacion en Castilla-La Mancha que cree que hay que “trabajar para corregir y reconducir determinadas conductas”.

La pregunta es cómo hacerlo. El propio consejero reconoce que “algunas veces los planteamientos de solución no son compartidos por la comunidad educativa”. Los padres y madres han venido reclamando más medios y medidas organizativas, además de canales de comunicación más accesibles y predispuestos a la escucha, por parte del Gobierno autonómico. El compromiso de momento está sobre la mesa.

Un decreto de convivencia escolar del año 2008

El trabajo con las asociaciones de padres, con los docentes y los equipos directivos de los centros es la opción que se apunta desde quienes tienen la responsabilidas de gestión de la Educación para reconstruir la convivencia.

Sin embargo, el presidente de ANPE recuerda que el decreto de convivencia escolar de Castilla-La Mancha data del año 2008. “Está totalmente desfasado porque han surgido redes sociales y una serie de circunstancias que la agravan”, lamenta Martín Navarro. Existe un borrador para actualizar el decreto y que vio la luz en 2025, pero no se ha avanzado.

“Hemos pedido protocolos claros y el refuerzo de la unidad de atención temprana al profesor que está recogida en la Ley de Autoridad del Profesorado. También hay que acompañar a docentes y alumnos que pasan por situaciones muy graves de salud mental. Por eso la figura del psicólogo clínico es fundamental”.

Desde su punto de vista, “es obligación de las administraciones públicas prestar este servicio: seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos”.

En este ámbito cree también que “falta coordinación” entre los departamentos de Educación, Bienestar Social y Sanidad y “articular mecanismos”. Reconoce que no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, pero incide en que “no se puede mirar a otro lado”.

Seamos claros, el bienestar emocional es clave para una práctica educativa en las mejores condiciones. Lo es para profesores y alumnos

El acoso y agresión a docentes -a veces entre docentes- o el bullying entre alumnos son términos o situaciones que parecen haberse normalizado. Martín Navarro lo relaciona también con la “falta de recursos” para propiciar una inclusión “real” en el ámbito educativo. “Es una pata muy importante y hemos pedido un plan”.

Pone varios ejemplos y ofrece algunas cifras. “No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos”. Alude también a “situaciones en las que los profesores de pedagogía terapéutica (PPT) o los de Audición y Lenguaje llegan a atender a 27 clases. Algunos llegan a tener que atender a 50 o 60 alumnos cada semana. ¿Quién no va a estar a favor de la inclusión como concepto? Pero claro, la inclusión real no lo es sin recursos”, insiste.

El presidente de ANPE explica que el sindicato reclama a la Consejería de Educación que se aborde “de manera seria” porque aunque reconoce que las ratios por aula ahora son menores, “las clases son cada vez más heterogéneas”.

No puede ser que tengamos orientadores que atienden a más de 1.000 alumnos

En su opinión, hace falta que el plan integral de iclusión vaya acompañado de recursos porque, dice, “faltan profesionales de Orientación, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, de Servicios a la Comunidad y apoyos en Educación Infantil”.

Una sentencia judicial que reconoce que no hay protocolos

Este mismo mes de enero el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete ha estimado parte de la denuncia de una docente que fue agredida por la “inexistencia de protocolo de actuación” en Castilla-La Mancha ante las agresiones al profesorado. 

Martín Navarro comenta que es necesario un desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado. “Ahora somos autoridad, agredir a un docente ha pasado a ser falta a delito con un incremento de las penas, pero con eso no es suficiente”. Desde su punto de vista hay que establecer protocolos de actuación “que sean claros”.

Por otro lado reclama la creación de un seguro de responsabilidad civil que asuma la Administración pública porque, subraya, “el profesorado sufre daños materiales y personales que siempre se remiten a seguros particulares. Creo que tendría que ser la Consejería de Educación la que se haga cargo de los problemas derivados de nuestra práctica docente”.

Elena (nombre ficticio) tiene 13 años. Divertida y alegre son los adjetivos elegidos por su madre para describirla. Además, Elena saca muy bunas notas, es una niña muy madura para su edad y por las tardes entrena fútbol. El pasado 28 de octubre, a esta madre logroñesa se le paró el mundo cuando descubrió cortes en el cuerpo de su hija. “Tenía heridas en el hombro y más de 1.500 cortes en el antebrazo izquierdo, prácticamente desde la muñeca hasta el codo, cortes incluso cicatrizados y otros cuatro más grandes y algo más profundos en el hombro”.

Aunque existen pocos datos al respecto, porque las estadísticas oficiales solo contabilizan los suicidios o intentos de suicidio, el Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2025 publicado el pasado mes de noviembre recoge que un tercio de los jóvenes españoles, 34,7 %, declaró haberse autolesionado alguna vez, y un 16,5 %, lo hace con frecuencia en la franja de los 15 a los 29 años. Los porcentajes varían un poco en la franja de los 15 a los 19 años. En este caso, el 51,8 % ha tenido ideas autolesivas alguna vez o con frecuencia, mientras que el 17,5 % las ha llegado a experimentar en alguna ocasión y el 18,3 % con frencuencia según el informe realizado por Fad Juventud y Fundación Mutua Madrileña basado en una encuesta online a 1.511 jóvenes de todo el país. La protagonista de esta historia tiene 13.

Me senté a hablar con ella. Si has hecho esto es que estás sufriendo. Cuando le pregunté si había sido en el cole, empezó a llorar

Elana confesó a su madre, días después, que prácticamente la totalidad de los cortes se los realizó en el colegio y en horario escolar. “Algunos se los hizo en el baño durante el recreo y otros muchos en el aula con diversos profesores, desmontaba el sacapuntas encima de la mesa para poder hacerse las heridas”, relata. “No supe por dónde tirar”, confiesa derrotada, “porque la veía súper feliz” a pesar de que Elena terminó el curso pasado con una sensación de vacío. “En varias ocasiones me contó que las niñas de su clase (son menos de diez) quedaban y a ella no le decían nada. Se me caía el mundo encima, pero aunque no salía con gente de clase, sí que lo hacía con otras niñas del equipo de fútbol en el que entrena y con hijas de mis amigas. Académicamente, iba bien así que no le di más importancia”. Aun así, esta madre solicitó el curso pasado un cambio de centro escolar dentro del periodo ordinario, pero no lo consiguió.

El curso finalizó, pasó el verano, llegó la vuelta al cole, al mismo colegio, y el 28 de octubre. “Me ha arañado un gato”, fue la respuesta de la niña cuando su madre le preguntó por primera vez por los cortes y las heridas. “Me senté a hablar con ella. Si has hecho esto es que estás sufriendo. Cuando le pregunté si había sido en el cole, empezó a llorar”.

Yo solo lloraba. No entendía nada, pero me daba cuenta de que algo había que no me concretaba

Al día siguiente, 29 de octubre, esta madre asustada y angustiada acompañó a su hija al colegio para contar al profesorado lo que estaba ocurriendo. “Llegamos al centro a las 7:55 de la mañana, escribí a su tutora para contarle que mi hija estaba en el centro, pero que no iría a clase hasta no hablar con el director para que no pusiera falta”. Esa misma mañana, también habló con la psicóloga. “Me hablaba en todo momento de un incidente puntual del que yo no tenía conocimiento, me decía que habían ocurrido cosas, pero no me concretaba nada. Yo solo lloraba. No entendía nada, pero me daba cuenta de que algo había que no me concretaba”. “No te preocupes”, le intentó tranquilizar la psicóloga esa mañana del 28 de octubre, “hablaré con Elena a lo largo de la mañana”.

Y la mañana pasaba. Las diez, las once, las doce... y ninguna respuesta. “A las 13:00 volví al colegio”. La respuesta del centro cuando la vieron llegar de nuevo fue: “¡otra vez aquí!”, le dijeron a esta madre que solo quería algo de información para poder entender qué le estaba ocurriendo a su hija y saber cómo poder ayudarla. Casi una hora después “bajó la psicóloga y me contó que ya había hablado con mi hija. Su diagnóstico, un problema de autoestima”. Una respuesta que no satisfizo a esta madre que reconoce que se quedó “muerta”. Incredulidad, decepción y enfado fueron algunos de los sentimientos que provocaron en esta madre la respuesta de la psicóloga que, a su juicio, demostraban una “absoluta falta de interés del colegio en abordar el tema, conozco lo suficiente a mi hija y sé que hay algo más detrás de ese rapidísimo diagnóstico”.

No conforme con la valoración y respuesta de la psicóloga, al día siguiente, 30 de octubre, escribió al director del centro. “Eran las 7:26 de la mañana cuando envié el correo electrónico, la respuesta llegó por la tarde, a las 16:41 horas informándome de que no tenía conocimiento de nada”. “Perdona la tardanza en responder”, se justificó el director del centro, “pero debía conocer la situación que me comentas de manos del profesorado y de la psicóloga (que ya había hablado con mi mi hija)”. En esa carta remitida al director, la madre de Elena le pedía información sobre “las medidas que se iban a tomar para realizar un seguimiento exhaustivo de Elena. De no ser así, (y me gustaría no tener que hacerlo), solicitaré a última hora de la mañana a Inspección Educativa que esté pendiente de este caso y que tome las medias que considere oportunas porque actualmente los únicos indicios que pueden desencadenar lo sucedido están relacionados con su situación escolar, sus ganas de volver a intentar un cambio de centro y los cometarios que hace sobre sus sentimientos de vacío entre sus compañeros de clase”.

Quería sacar a mi hija de ese colegio porque no se le estaba dando importancia al problema y no estaban asumiendo sus responsabilidades

Dos días después de que esta madre descubriera los cortes y las heridas en el cuerpo de su hija, el director del colegio le reconoció no tener información a pesar de haberse personado en el centro varias veces y de haber hablado con varios profesionales del mismo. Inspección Educativa fue la siguiente puerta a la que llamó esta madre. “El inspector no contestó a mi correo, le llamé unos días después y así me lo reconoció”, asegura.

El objetivo de esta madre era claro: cambiar a su hija de centro educativo. “Quería sacar a mi hija de ese colegio en el que no se estaba haciendo nada para tratar de solucionar el problema. Es más, quería sacar a mi hija de ese colegio porque no se le estaba dando la importancia al problema y no estaban asumiendo sus responsabilidades. Sé que esta petición en Inspección Educativa (un cambio de centro fuera de periodo extraordinario) tiene que ir acompañada de un informe psicológico y las correspondientes denuncias”, documentos que esta madre aportó. “El mismo día 28 de octubre solicité cita en un centro de psicología de Logroño por la que tuve que pagar 300 euros”. El informe de estas profesionales, y al que este medio ha tenido acceso, refleja las conclusiones y valoraciones de las psicólogas que le atendieron y que se encontraron con una niña “colaboradora, con un discurso coherente y ajustado a la realidad”.

Una niña de 13 años que mostraba “sentimientos de incomprensión y ansiedad ante el entorno escolar y sensación de aislamiento y que en colegio percibe falta de apoyo y desinterés ante las situaciones de acoso y explica las autolesiones como un modo de aliviar tensión y expresar su malestar emocional sin mostrar conciencia de lo que esta conducta supone para su integridad física”. En su evaluación, estas profesionales no detectaron, “a priori, alteraciones cognitivas ni conductas disociativas”, pero al ser una valoración inicial “no se puede descartar la posibilidad de que existan”. Asimismo, en la observación clínica, la psicóloga de este centro de Logroño también señala que “la sintomatología descrita y observada es compatible con un cuadro de ansiedad y afectación emocional secundaria a experiencias de hostigamiento y falta de integración social”. Observan además, baja autoestima, retraimiento social y conductas autolesivas como mecanismo de regulación emocional ante el sufrimiento interno“. Por todo ello, ”y a la vista de la información recabada en este primer impacto, se recomienda el cambio de centro educativo y el seguimiento continuado para abordar la regulación emocional, el autoconcepto y la prevención de nuevas conductas autolesivas“.

El agredido, la agredida en este caso, siempre es quien tiene que irse del colegio

Y junto a este informe psicológico, esta madre también aportó las correspondientes denuncias interpuestas en el Juzgado de Instrucción número dos de Logroño el 1 de diciembre de 2025. Una denuncia a la que esta madre adjuntó más documentación. “En la denuncia también incluí el escrito remitido al director del centro, los correos remitidos a Inspección Educativa, la petición de apertura de los protocolos de acoso y prevención de suicidio, los correos intercambiados con la tutora y diversos informes de urgencias”.

Elena ya no es una alumna de Maristas San José de Logroño. “El agredido, la agredida en este caso, siempre es quien tiene que irse del colegio”, lamenta esta madre a la vez que denuncia la postura del centro que a su juicio “ha intentado tapar el asunto y ya se la han quitado de encima”. Y es que una de las medidas que adoptó el centro fue encargar a otra menor, una niña de su clase, la vigilancia de su hija, “sin que su familia lo supiera y con la carga emocional que esto suponía para esta cría de tan solo 13 años”. Para esta madre es “incomprensible” que ningún docente de este colegio de Logroño se haya dado cuenta de lo que le estaba pasando a su hija. “¡Se ha autolesionado hasta en tres clases diferentes, con tres profesores distintos y nadie se ha dado cuenta!”, reitera incrédula.

No hay que esperar al suicidio para tomar medidas, uno de esos cortes podría haber resultado fatal para mi hija, podía haberse quedado en clase

Solicitó la apertura de dos protocolos, el de acoso escolar y el de prevención, detección e intervención de la conducta suicida. Solo se abrió el segundo, cinco días después, a pesar de la insistencia de esta madre de que también se abriera el primero. “El centro no quiso abrir el protocolo de acoso justificándose en que debía aportar los nombres de los agresores”. Así lo hizo. Facilitó los nombres de dos compañeros. “Por el tortazo de uno de ellos tuvo que acudir a urgencias tal y como refleja el informe emitido posteriormente. La otra hacía comentarios despectivos hacia mi hija por su orientación sexual e incitaba al resto de compañeras a que no fueran con ella y la dejaran sola. Hechos que ya conocía la tutora del curso pasado porque así se lo relaté en una tutoría”. El colegio se mantuvo firme. “Eran hechos pasados y no venían a cuento”, le dijeron a esta madre que, ante esta negativa de abrir el protocolo de acoso escolar, acudió a los juzgados.

“Inspección Educativa también está al tanto de todo lo ocurrido al igual que el Colegio de Educadores Sociales de La Rioja con quien también he estado en contacto”. Y es que la preocupación de esta madre no ha desaparecido a pesar de que su hija ya no está en ese colegio. “No hay que esperar al suicidio para tomar medidas, uno de esos cortes podría haber resultado fatal para mi hija, podía haberse quedado en clase”. Desde el Ministerio de Sanidad han habilitado el teléfono gratuito 024 al que puede llamar cualquier persona y en cualquier momento para la atención a la conducta suicida.

En lo que llevamos de curso 2025-2026, en La Rioja se han abierto 50 protocolos de actuación de acoso escolar. La cifra de protocolos de prevención, detección e intervención de la conducta suicida es bastante más alta: hay abiertos 257, apuntan desde el Gobierno de La Rioja desde donde puntualizan que “estos datos no significan que se hayan registrado esos casos, sino que se han abierto protocolos de actuación ante cualquier indicio para evitar las conductas suicidas y para solucionar conflictos escolares, que no siempre llegan a ser casos de acoso”. Preguntado por este caso en concreto y por la forma de intervención del Gobierno de La Rioja nos han trasladado directamente al Boletín Oficial de La Rioja donde están publicados ambos protocolos.

“El bienestar y protección de los menores”, el objetivo del colegio

Por su parte, desde la dirección del colegio San José Maristas de Logroño puntualizan que “en este caso y en todos los casos relativos al bienestar y protección de los menores, el centro sigue los protocolos establecidos por el Gobierno de La Rioja”. Unos protocolos añaden, “que recogen una parte documental, en la que recabamos y ofrecemos información, y otra propiamente educativa, de intervención, en la que se toman diferentes medidas buscando siempre el bienestar de los menores y las menores”.

Y sobre este caso concreto, la dirección asegura que el “colegio ha atendido a la familia de la alumna cuando lo ha requerido y, además, hemos contactado cuando se ha considerado necesario. Durante el primer trimestre de este curso escolar se han mantenido diferentes entrevistas con la familia de la alumna para informarle sobre su situación y las medidas a adoptar. También se ha informado al Servicio de inspección educativa, como indican los protocolos en este sentido”. Y en cuanto a los profesionales relata que “también han atendido a la menor respecto a su situación en diferentes niveles de actuación: recogida de información, seguimiento educativo y otras medidas específicas acordes a la situación. Diferentes profesionales del centro como profesores, el equipo de orientación educativa, el equipo de bienestar y protección, así como la propia Dirección, hemos atendido esta situación de manera coordinada para dar respuesta a la situación de la alumna y a lo manifestado por ella y por su familia”.

“El bienestar y protección de los menores” insisten que son su “prioridad”. Y de hecho, “el centro dispone de diferentes planes y equipos que buscan el cuidado y acompañamiento del alumnado en diferentes ámbitos que atienden, en primer lugar, a lo que señalan los protocolos autonómicos”. Y concluyen asegurando “estar a disposición de la familia para lo que pueda necesitar” a la que prometen “llamar para atenderla y aclarar lo que se precise”.

El caso de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, avanza por distintas vías judiciales y administrativas. A la investigación que tiene en marcha la Fiscalía de Menores y al expediente que inició la Consejería de Desarrollo Educativo, se suma ahora la querella penal presentada por la familia de la víctima contra el colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. El objetivo de esta acción es depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La denuncia de los padres de la joven de 14 años se ha redactado a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se ha desprendido información que ha llevado a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explica a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Sin entrar en detalles que puedan comprometer la causa judicial, Villar señala que los hechos denunciados están relacionados con la “falta” de acción por parte del centro ante el posible caso de acoso que sufría la menor. En concreto, apunta a que no se activaron los protocolos correspondientes cuando la familia comunicó la situación –hasta en dos ocasiones– y aportó informes psicológicos. La propia Consejería de Desarrollo Educativo confirmó que no se había activado el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas que exigía la normativa, motivo por el que abrió un expediente administrativo que ha quedado interrumpido con la apertura de la investigación de la Fiscalía.

Entretanto, los padres de Sandra se han reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en la sede del departamento en Sevilla. Tras el encuentro, el portavoz de la familia informó de que la administración les había confirmado que “se mantienen todas las vías abiertas” a la espera de que avance el procedimiento judicial. “Nos han dicho que van a llegar hasta el final de la investigación y que se tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmó Villar, quien expresó el deseo de que el caso suponga “un antes y un después” y sirva para introducir cambios que eviten que situaciones similares se repitan.

Tres vías abiertas para esclarecer los hechos

El portavoz de la familia también afirmó que el juzgado ha admitido a trámite la querella penal presentada el pasado viernes por la familia contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. La denuncia se dirige tanto contra el centro como persona jurídica como contra varios profesionales –cuya identidad no ha trascendido– a los que atribuye posibles delitos de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Con la admisión de la querella, el caso queda ahora articulado en tres frentes: la investigación impulsada por la Fiscalía, la querella penal presentada por la familia en la jurisdicción ordinaria y el expediente administrativo de la Junta de Andalucía, actualmente paralizado a la espera del pronunciamiento judicial. Cabe señalar que la Consejería que dirige Castillo puede imponer al colegio la sanción máxima prevista para un centro concertado –la retirada del concierto educativo–, pero no adoptar consecuencias penales.

Ello explica que la familia de Sandra haya decidido acudir a la Justicia, consciente de que las diligencias del Ministerio Público aún están en curso y podrían prolongarse durante varios meses. La vía penal impulsada por los abogados de la familia se suma así a las otras dos investigaciones que ya estaban en marcha. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Junta de Andalucía abrió una vía administrativa para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. Según explica el portavoz de la familia, la Consejería de Educación necesita el informe de la Fiscalía antes de poder retomar su propio expediente.

La querella, una vía más para exigir responsabilidades

La decisión de presentar una querella penal responde, según la familia, a la información que ha ido aflorando durante las investigaciones en curso. Y a los límites de la vía administrativa, ya que las posibles sanciones de la Junta no conllevan consecuencias penales. Con este paso, la familia busca que se analicen en profundidad las posibles omisiones en la actuación del centro y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa” en torno al citado caso, que conmocionó al país. El suicidio de Sandra, justo al salir de clase, movilizó a miles de estudiantes de toda España que han protestado en contra del acoso escolar.

La familia insiste en que nada podrá reparar la pérdida, pero confían en que el caso sirva para evidenciar los fallos del sistema y promover cambios efectivos. “La mayor satisfacción que podríamos tener es que esta desgracia sirviera para algo”, concluye Villar, quien subraya la necesidad de revisar los protocolos actuales “porque ahora mismo no están funcionando”.