El caso de Sandra Peña avanza por tres vías distintas para “depurar responsabilidades” por el suicidio de la menor

El caso de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar, avanza por distintas vías judiciales y administrativas. A la investigación que tiene en marcha la Fiscalía de Menores y al expediente que inició la Consejería de Desarrollo Educativo, se suma ahora la querella penal presentada por la familia de la víctima contra el colegio concertado Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. El objetivo de esta acción es depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

La denuncia de los padres de la joven de 14 años se ha redactado a partir de las diligencias practicadas por la Fiscalía en el marco de la investigación en curso. De esa actuación, según la familia, se ha desprendido información que ha llevado a sus abogados a apreciar “indicios suficientes” para considerar que podría existir una responsabilidad penal por parte de algunos profesionales del centro, como explica a este periódico Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia.

Sin entrar en detalles que puedan comprometer la causa judicial, Villar señala que los hechos denunciados están relacionados con la “falta” de acción por parte del centro ante el posible caso de acoso que sufría la menor. En concreto, apunta a que no se activaron los protocolos correspondientes cuando la familia comunicó la situación –hasta en dos ocasiones– y aportó informes psicológicos. La propia Consejería de Desarrollo Educativo confirmó que no se había activado el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas que exigía la normativa, motivo por el que abrió un expediente administrativo que ha quedado interrumpido con la apertura de la investigación de la Fiscalía.

Entretanto, los padres de Sandra se han reunido este miércoles con la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en la sede del departamento en Sevilla. Tras el encuentro, el portavoz de la familia informó de que la administración les había confirmado que “se mantienen todas las vías abiertas” a la espera de que avance el procedimiento judicial. “Nos han dicho que van a llegar hasta el final de la investigación y que se tomarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren”, afirmó Villar, quien expresó el deseo de que el caso suponga “un antes y un después” y sirva para introducir cambios que eviten que situaciones similares se repitan.

Tres vías abiertas para esclarecer los hechos

El portavoz de la familia también afirmó que el juzgado ha admitido a trámite la querella penal presentada el pasado viernes por la familia contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y parte de su equipo docente. La denuncia se dirige tanto contra el centro como persona jurídica como contra varios profesionales –cuya identidad no ha trascendido– a los que atribuye posibles delitos de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Con la admisión de la querella, el caso queda ahora articulado en tres frentes: la investigación impulsada por la Fiscalía, la querella penal presentada por la familia en la jurisdicción ordinaria y el expediente administrativo de la Junta de Andalucía, actualmente paralizado a la espera del pronunciamiento judicial. Cabe señalar que la Consejería que dirige Castillo puede imponer al colegio la sanción máxima prevista para un centro concertado –la retirada del concierto educativo–, pero no adoptar consecuencias penales.

Ello explica que la familia de Sandra haya decidido acudir a la Justicia, consciente de que las diligencias del Ministerio Público aún están en curso y podrían prolongarse durante varios meses. La vía penal impulsada por los abogados de la familia se suma así a las otras dos investigaciones que ya estaban en marcha. La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de al menos tres menores, y otro de supervisión, orientado a analizar la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en la aplicación de los protocolos frente al acoso escolar.

Por su parte, la Junta de Andalucía abrió una vía administrativa para evaluar si el colegio actuó conforme a la normativa vigente y si activó los protocolos correspondientes. Esta línea de investigación se encuentra actualmente paralizada al estar el caso judicializado. Según explica el portavoz de la familia, la Consejería de Educación necesita el informe de la Fiscalía antes de poder retomar su propio expediente.

La querella, una vía más para exigir responsabilidades

La decisión de presentar una querella penal responde, según la familia, a la información que ha ido aflorando durante las investigaciones en curso. Y a los límites de la vía administrativa, ya que las posibles sanciones de la Junta no conllevan consecuencias penales. Con este paso, la familia busca que se analicen en profundidad las posibles omisiones en la actuación del centro y que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa” en torno al citado caso, que conmocionó al país. El suicidio de Sandra, justo al salir de clase, movilizó a miles de estudiantes de toda España que han protestado en contra del acoso escolar.

La familia insiste en que nada podrá reparar la pérdida, pero confían en que el caso sirva para evidenciar los fallos del sistema y promover cambios efectivos. “La mayor satisfacción que podríamos tener es que esta desgracia sirviera para algo”, concluye Villar, quien subraya la necesidad de revisar los protocolos actuales “porque ahora mismo no están funcionando”.