El presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes su “preocupación” por la situación de Canarias como frontera atlántica ante la inminente aplicación el próximo 12 de junio del nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. “No esperamos una visión más humana y de respeto a los derechos humanos con la aplicación de este nuevo pacto migratorio de la Unión Europea” ha dicho Fernando Clavijo, presidente de Canarias, en la inauguración de la jornada que Casa África ha organizado titulada: Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades. 

“Corremos el riesgo de involucionar y dar un paso atrás en Derechos Humanos, y eso en Canarias lo queremos evitar”, ha asegurado el presidente canario en esta jornada que se celebra en Casa África, el mismo día que comienza la presentación se solicitudes presenciales para la regularización extraordinaria de migrantes. 

Este encuentro ha reunido a representantes institucionales, juristas y organizaciones especializadas para abordar, desde distintas perspectivas, cómo el nuevo Pacto Europeo afectará a la gestión migratoria, los derechos humanos y las dinámicas en las fronteras del archipiélago. 

El presidente canario ha criticado la “ausencia total de debate y coordinación previa a la aplicación de este pacto migratorio y de su reglamento”. También ha señalado que en los primeros días de la regularización “tampoco ha habido coordinación con las Comunidades Autónomas ni con los propios ayuntamientos” 

Al acto no ha asistido ningún representante del Gobierno de España ni de la Comisión Europea, aunque habían sido invitados expresamente para que en la mesa de debate “fuera plural, pero no ha sido posible”, aseguraba José María Rodríguez, moderador de la jornada y delegado de la Agencia EFE.   

La administración canaria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones no gubernamentales han tratado de prever en este foro cómo tendrán que coordinarse cuando entre en vigor la nueva normativa para ofrecer “una respuesta mucho más garantista en el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica” con la que tiene que atenderse a las personas migrantes y demandantes de asilo. 

Clavijo ha expresado las dudas que el Gobierno canario tiene sobre el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, y asegura que trasladará al Gobierno de España y a la Comisión Europea en un próximo viaje que realizará a Bruselas, según ha anunciado. 

La primera de ellas es si Canarias, como territorio fronterizo que es de la UE y destino al que llegan en pateras y cayucos que se lanzan a la ruta marítima más mortífera del mundo va a albergar “esos agujeros negros de los derechos humanos” que prevé este pacto, es decir, los centros de retención donde los migrantes pueden permanecer hasta seis meses, ya que ese es el plazo máximo de los triajes a los que deberán ser sometidos a su llegada.

“¿Vamos a hablar de la Europa rica que paga para no tener a los migrantes en sus calles, y de la Europa pobre que los tenemos que sostener?”, se preguntaba Clavijo en alusión a la posibilidad de que esta nueva normativa aumente la presión migratoria que seguirá soportando Canarias, dada la conflictividad política, la crisis climática y la hambruna que persiste en el Sahel y “la posibilidad de que la UE reduzca en su nuevo presupuesto, como ha hecho EEUU”, con los fondos que destina a la cooperación internacional.

Son incógnitas que “nos hubiera encantado debatir en la conferencia sectorial que lleva un año sin celebrarse”, aseguraba el presidente canario que cree oportuno debatir entre todas las comunidades autónomas, “independientemente de lo que sobrevuela desde el punto de vista de políticas xenófobas y fascistas de algunos grupos políticos”, ha manifestado Clavijo. 

“Europa se encuentra en un proceso de endurecimiento sin precedentes de su política migratoria y el nuevo reglamento de retorno es una norma que supone, sin duda alguna, un giro restrictivo en la aplicación del pacto migratorio europeo”, ha subrayado el director general de Casa África, José Segura.

“Agujero negro de derechos humanos”

Lo más “alarmante” de esta medida es, a su juicio, “la creación de los llamados 'hubs' de retorno o centros de deportación en terceros países”, lo que va a permitir “que personas que no tienen permiso para permanecer en suelo europeo, incluidas familias con menores, van a poder ser trasladadas a infraestructuras ubicadas en países con los que la UE ni siquiera tiene por qué tener vínculos de ninguna índole”, ha asegurado José Segura. 

Numerosas organizaciones del tercer sector definen a estos centros de deportaciones fuera de las fronteras europeas como “agujeros negros de derechos humanos”, donde es imposible supervisar y asegurar que se respetan las mínimas garantías para las personas retenidas, como ha explicado Segura.  

En la misma línea de Clavijo, el director general de Casa África, José Segura, ha coincidido en que el nuevo escenario determinado por las decisiones que se han tomado los últimos días en Bruselas y en Madrid “va a marcar el futuro de esta frontera atlántica y el de la gestión migratoria en toda la Unión Europea”.

Un modelo de externalización de fronteras que busca acelerar las expulsiones de migrantes, ante una tasa de retorno actual que apenas alcanza un 20% y que “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el acceso a la tutela judicial efectiva”, ha criticado Segura. 

El pacto y la visita del Papa 

Tras agradecer a los asistentes a las jornadas y a todos los agentes públicos y ONG que intervienen en Canarias en la gestión del fenómeno migratorio y que “atienden de la manera más digna a los niños que llegan sólos”, Clavijo ha confirmado que la próxima visita a canarias del papa León XIV, sirva para “lanzar un mensaje de civismos, moralidad y respeto a los derechos humanos, como el pueblo canario ha sabido hacer durante todos estos años en los que ha sido consciente de que son personas como los canarios que tuvimos que emigrar y que están buscando un futuro mejor”. 

Precisamente, la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea coincide con la visita del Papa prevista para los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. León XIV visitará el muelle de Arguineguín, en Mogán, para homenajear a los migrantes y a los equipos de rescate en este lugar, que es puerto de referencia para los rescates de migrantes en Gran Canaria. 

La primera de las mesas de debate ha tratado sobre el marco normativo del Pacto en la frontera atlántica, moderado por José María Rodríguez, Delegado de la Agencia EFE en Canarias, con la participación de José A. Ayuso Delgado, Comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas; Sonia Cristina Díaz Zapata, Coordinadora de Protección de Derechos de la Población Migrante de OXFAM; Mª Elena Muñoz Martínez, Coordinadora estatal del servicio jurídico, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Y la segunda mesa ha tratado sobre retos de derechos humanos en Canarias con la participación de Marta García Cienfuegos, de ACNUR España; Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones, y Marie Trapet Llamas, Jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE).

Un año más, el número de quienes que viven lejos de sus hogares tras escapar del conflicto o la persecución supera un nuevo récord, alcanzando en 2024 los 123,2 millones, lo que supone un incremento del doble en la última década. En el último año, siete millones de personas han dejado sus lugares de origen a la fuerza, según el último informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sin embargo, en el último año y en los últimos meses de 2024 el incremento se ha desacelerado

Pese a la subida en siete millones de refugiados o desplazados, Acnur matiza que el ritmo de incremento se desaceleró en la segunda mitad de 2024 y a finales de abril de 2025, debido principalmente a los retornos, incluyendo deportaciones, de afganos desde Pakistán e Irán, y sirios desde países vecinos de la región, así como cambios en las cifras de desplazamiento interno en países como Sudán.

A pesar del incremento generalizado de las cifras de una década a otra, el trabajo de ACNUR señala a Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania como los países con el mayor número de desplazamientos forzosos en el último año, así como a los niños, niñas y mujeres como los perfiles más habituales en dichos movimientos migratorios. Según el informe, el 41% de los refugiados son niñas y el 50% son mujeres y niñas. En el caso de los desplazados internos, el 53% son mujeres y niñas, mientras que, en países como Somalia, la niñez representa el 66% de los desplazamientos internos. Sudán como epicentro de la crisis de desplazamiento y humanitaria

Desde abril de 2023, el conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido se ha extendido a regiones claves del país como Jartum, Darfur o Kordofan, entre otras. La expansión territorial del conflicto, sumado a la ausencia de ayuda humanitaria tras la paralización de los programas de USAID y que afecta a alrededor de 30 millones de personas, coloca a Sudán como el país líder en desplazamientos forzados en el último año.

Según el trabajo de ACNUR, a finales de 2024, 14,3 millones de sudaneses estaban desplazados, lo que equivale al 30% de la población total. Durante el mismo año, el desplazamiento interno creció un 28%. Si atendemos a 2025, solamente el ataque al campamento de Zamzam en Darfur del Norte, desplazo a más de 400.000 personas, es decir, al 81% de la población del asentamiento informal. Según otras organizaciones como Médicos sin Fronteras, el campamento está al borde del colapso, se declaró en hambruna en agosto de 2024 y los equipos de asistencia humanitaria tuvieron que suspender la ayuda por inseguridad. Siria, Afganistán y Ucrania

Con 13,5 millones de personas desplazadas, Siria sigue siendo una de las crisis humanitarias más prolongadas en el tiempo del mundo. La caída del gobierno de Assad en diciembre de 2024 provocó una oleada de retornos, especialmente desde países vecinos. Según ACNIR, más de 500.000 refugiados y 1,2 millones de desplazados internos han regresado a sus lugares de origen durante los primeros meses de 2025.

Por otro lado, Afganistán registra 10,3 millones de desplazados en un contexto marcado por retornos masivos, especialmente desde septiembre de 2023. Desde entonces, más de tres millones de afganos han regresado al país, incluyendo 780.000 en la primera mitad de 2025. Las personas retornadas regresan a un país que carece de infraestructura crítica y enfrenta una pobreza generalizada.

Por último, tras más de tres años de conflicto a gran escala, Ucrania sigue enfrentando una crisis de desplazamiento masivo con 8,8 millones de personas desplazadas. Según el informe de ACNUR, 740.000 nuevos desplazados se sumaron a los 3,7 millones que permanecen en esa situación. Además, la intensificación de los ataques rusos a infraestructuras críticas civiles ucranianas agrava la situación humanitaria y se estima que alrededor de 12,7 millones de ucranianos necesitan asistencia en 2025.

Reasentamiento internacional

Como escenifican los casos de Siria o Afganistán, en 2024, casi 9,8 millones de personas desplazadas lograron regresas a sus hogares, incluyendo 1,6 millones de refugiados, la cifra más alta en más de 20 años y 8,2 millones de desplazados internos, el segundo mayor registro histórico. En la misma línea, el informe señala que el reasentamiento internacional también ha mostrado avances, con un aumento del 19% en 2024 aunque con visos de fracaso en los próximos meses debido a la suspensión del programa estadounidense. ACNUR estima que 2,9 millones de refugiados necesitarán reasentamiento en 2025, el doble que en 2021.

Respecto a la integración local, en 2024, 88.900 refugiados obtuvieron la ciudadanía o la residencia permanente en sus países de asilo, mientras que 47.200 personas apátridas adquirieron la nacionalidad, lo que supone un aumento del 47% y evidencia un progreso en la inclusión legal y social.

La violencia física y psicológica de la migración

La reducción de los fondos internacionales, especialmente estadounidenses, amenaza principalmente a mujeres y niñas, como los perfiles principales de personas desplazadas. En Sudán del Sur, solo el 25% de los espacios seguros para mujeres estçan

operativos, dejando a 80.000 personas sin acceso a servicios vitales como apoyo psicológico y legal. En Etiopía, más de 200.000 personas han perdido acceso a refugios seguros, mientras que en Jordania se han cerrado al menos 63 programas de apoyo especializado.

Además, las mujeres y niñas son frecuentemente víctimas de violencia y restricciones de movimiento, sobre todo en zonas del Sahel Central. En Burkina Faso, Mali y Níger, la violencia sexual representa uno de cada seis incidentes de protección reportados.

Además, la salud mental es una preocupación crítica: en países como Sudán del Sur, Camerún y Pakistán, el 18% de las mujeres refugiadas sufre depresión, con mayor prevalencia entre mujeres mayores o jefas de hogar viudas o separadas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, donará los 150.000 euros de un premio que le ha otorgado la UNESCO por su promoción de la paz a la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). La decisión se produce en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en cuestión la actividad de algunas de esas agencias y suspendió la aportación de fondos.

Ante ese desafío, el montante donado por Costa es absolutamente insuficiente, pero tiene un enorme valor simbólico por parte del presidente del Consejo Europeo, que ha recibido el premio este jueves, aunque fue galardonado con el mismo en octubre de 2024, antes de tomar posesión de su puesto como representante de los 27.

Costa ha elegido a Acnur “por su labor para garantizar la vida, la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales de millones de desplazados y refugiados en todo el mundo”. “La misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es garantizar, en nombre de la comunidad internacional, la protección de los más vulnerables entre los vulnerables. Aquellos que se ven obligados a marcharse a causa de la guerra, las violaciones de los derechos humanos o las catástrofes naturales. Aquellos que han perdido la protección de su Estado, o que son víctimas de persecución por parte de su patria”, ha recordado en el discurso.

ACNUR se vio obligada a llevar a cabo recortes en sus actividades después de que la Administración de Donald Trump decidiera suspender los fondos a algunas organizaciones internacionales. De esa agencia depende la asistencia vital de 122 millones de personas forzosamente desplazadas de sus hogares en 136 países. Según un portavoz del Consejo Europeo, la organización les ha trasladado que destinará ese dinero a programas de educación en Sudán.

En su discurso, Costa ha reconocido que el premio llega en un momento en el que el mundo enfrenta una “triple crisis” y ha hecho un alegato en favor del multilateralismo cuando está en riesgo. “Creo en el multilateralismo. Creo en la solidaridad. Creo que todos los niños tienen derecho a un planeta habitable. A un medio ambiente preservado y protegido. A un futuro en paz y libertad. A expresarse libremente. A la educación universal como base de nuestro entendimiento mutuo. A un mundo libre de conflictos, guerras y agresiones”, ha defendido.

Y a los conflictos que recorren el mundo se ha referido desde Sudán hasta el Congo. “La gran amenaza para la paz reside en la imposición de identidades divididas sobre la identidad universal de los seres humanos. Es inaceptable que las fronteras se redibujen por la fuerza de las armas, como en Ucrania. Necesitamos una paz justa y duradera en Ucrania”, ha señalado.

“Es inaceptable que se violen los derechos humanos a diario, como en Gaza. Debemos poner fin a este desastre humanitario y trabajar para aplicar la solución de dos Estados para Oriente Medio”, ha dicho dando por hecho que se vulneran los derechos humanos y, por tanto, se viola el acuerdo de asociación de la UE e Israel, cuya revisión se va a poner en marcha porque lo han pedido una mayoría de países europeos, aunque no dan los números para suspenderlo, aunque sea de forma parcial.

Costa es una de las voces más firmes contra los desmanes de Benjamin Netanyahu en Gaza, aunque mantiene un perfil bajo por su posición como representante de los 27, que tienen profundas divisiones sobre el conflicto en Oriente Medio por la equidistancia de muchos países, como Alemania o Austria, hacia Israel.

La nueva representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en España, Grainne O'Hara, pide a este país establecer más vías legales y seguras para los migrantes -sobre todo, laborales- para evitar que muchos se vean abocados a realizar peligrosos viajes, que en muchos casos acaban con su vida.

La máxima responsable del organismo internacional en España, que el pasado mes de noviembre relevó a Sophie Muller, se ha referido así en una entrevista con la Agencia EFE a la ruta canaria, considerada una de las más peligrosas del mundo.

Un total de 46.843 migrantes llegaron por ella a España el pasado año, según datos de Interior, y 9.757 murieron intentándolo, de acuerdo al recuento que realiza la ONG Caminando Fronteras.

Ante este reto humanitario, Grainne O'Hara defiende que, ya que España cuenta con una política nacional que reconoce la necesidad de incorporar trabajadores migrantes a su mercado laboral, debe buscar las vías legales oportunas para ofrecer esta posibilidad a gente que tiene “cualificación y habilidades” para trabajar en España.

Todo ello como alternativa a “viajes peligrosos, realizados de manera irregular, muchos de los cuales terminan, lamentablemente, en la pérdida de vidas”.

“No puede ser que las únicas vías que ven algunas personas para llegar a un punto de seguridad es en manos de criminales que los están explotando, robando dinero y abusando de la confianza de la gente, deben existir más vías legales”, reclama.

En este sentido, valora positivamente que España cuente con algunas de estas alternativas para los refugiados, como la del reasentamiento o la posibilidad de pedir asilo desde un tercer país a través de las embajadas.

Pero asegura que no son suficientes para la demanda que hay, ya que, en el primer caso, se trata de un número limitado de plazas -1.200 para 2025- y la vía de las embajadas solo funciona para circunstancias muy concretas, como la reagrupación familiar.

Un sistema de asilo presionado pero no colapsado

El sistema de asilo en España es el tercero que más peticiones recibe de la Unión Europea y presenta graves problemas para acceder a él -resulta muy difícil conseguir una cita- y para obtener respuesta: según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), hay más de 242.000 peticiones pendientes de resolución.

Preguntada por estas barreras, O'Hara defiende que el sistema de asilo español tiene “presiones” porque “hay más demanda que capacidad” y se forma un “cuello de botella” a la hora de atender las solicitudes, pero niega que se pueda hablar de “colapso”.

E incide en que el personal de ACNUR presente en territorios como Canarias o Ceuta trabajan “mano a mano” con la Policía, el Gobierno y otros actores implicados en su “esfuerzo” para dar prioridad a los casos más urgentes, con el objetivo de que se resuelvan lo más rápido posible.

Entidades como CEAR también cuestionan la baja tasa de reconocimiento de protección internacional en España, de un 18,5 % frente a una media del 42 % de la UE, teniendo en cuenta los estatus de refugiado y de protección subsidiaria, los más garantistas.

Sin embargo O'Hara considera que, el “complejo” sistema de asilo español, consigue, a través de varias figuras -estatus de refugiado, protección subsidiaria, autorización por razones humanitarias y protección temporal- atender las “necesidades, esperanzas y urgencias” de una “enorme variedad de nacionalidades”.

Posibles efectos adversos del nuevo reglamento de extranjería

El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó un nuevo reglamento de extranjería que supondrá más facilidades para conseguir los papeles a los extranjeros que viven en España a través del mecanismo del arraigo.

Pero también establece que el tiempo que una persona ha pasado en España esperando a que se resuelva su petición de protección internacional no contará como periodo de residencia a la hora de pedir el arraigo, una medida que busca despejar el sistema de asilo para quienes realmente lo necesitan y que ha llevado a ONG como Cáritas o CEAR a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo.

Sobre estos posibles efectos adversos, O'Hara ha señalado que desde Acnur desconocen aún los detalles de la aplicación del texto, que entrará en vigor el 20 de mayo, por lo que ha pedido reunirse con la entidades para entender sus preocupaciones.

En cualquier caso, la representante cree que este nuevo marco puede tener un “impacto positivo” en muchas personas -el Gobierno calcula que permitirá regularizar a unas 900.000 personas en tres años- por su refuerzo del mecanismo del arraigo, que, recalca, “no se ofrece en todos los países de Europa”.

“Esperamos que también este reglamento pueda tener un efecto positivo, en el sentido de que tal vez sirve a las necesidades de cierto perfil y de gente que no deben o no necesitan estar en el sistema de asilo”, señala.

Sin miedo al pacto migratorio europeo

El pacto migratorio europeo, aprobado el año pasado, debe implementarse en España hasta el verano de 2026, lo que supondrá grandes cambios en el marco legislativo sobre extranjería y asilo, y las ONG temen que esto se traduzca en un retroceso en los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional.

A este respecto, la representante de ACNUR en España ha puesto en valor este pacto, “complejo y ambicioso”, alcanzado tras varios años de negociación con el objetivo de lograr mayor homogeneidad en el conjunto de la UE, con “sistemas comparables” y unos “estándares mínimos”.

“Pero cada país tiene, dentro de su soberanía, la posibilidad de determinar cómo va a manejar los detalles de su sistema nacional de asilo y la política española actual es bastante inclusiva, generosa y positiva... yo no tengo tanto temor de que, solo por existir el pacto, (el sistema) va a ser más cerrado o los estándares van a ser más estrictos, porque cada país tiene cierta flexibilidad”, analiza. 

En el año 2009, de forma incipiente, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) inició un cambio en sus estrategias para la protección y asistencia a refugiados. Su propuesta pasaba por evolucionar desde los campamentos hacia la integración en las ciudades. Este cambio se consolidó en 2014 con la llamada Política de Alternativa a los Campamentos (PAC), un plan que aplica desde entonces.

El giro de estrategia fue inédito en la trayectoria de esta institución porque puso el acento en la integración urbana del refugiado y relegó la solución clásica de campamentos a situaciones excepcionales y extremas de emergencia.

Las consecuencias de esta política no han sido aún estudiadas en profundidad desde la perspectiva de la arquitectura y el urbanismo. Isabel Bravo Barahona, doctora en Arquitectura por la Universidad de Alcalá se propuso hacerlo, a través de su proyecto ‘Políticas de ACNUR en materia de habitabilidad: del refugiado en campamento a la integración urbana (1950-2019)’.

Se preguntó por qué ACNUR cambió su orientación a la hora de dar soluciones de habitabilidad a los refugiados, y qué consecuencias ha tenido para ellos y para las comunidades de acogida.

Las opiniones sobre las migraciones no tendrían que estar siempre intoxicadas por la emocionalidad, sino basadas en datos científicos

“A la hora de realizar la investigación me resultó sugerente la cantidad de documentación y datos que conserva ACNUR y que no se están utilizando en el discurso sobre las migraciones”, dice esta arquitecta urbanista.

En su opinión, “lo sorprendente es que no se aborden las soluciones de refugio y que, mientras, en los medios de comunicación escuchemos posiciones políticas en contra o a favor, pero sin base de conocimiento científico”.

Por eso considera “fundamental” una mayor difusión y coordinación en todos los ámbitos, tanto por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG), como desde la academia y los sectores público y privado.

Reclama usar la información acumulada por los organismos internacionales porque, dice, “las opiniones sobre las migraciones no tendrían que estar siempre intoxicadas por la emocionalidad, sino basadas en datos científicos”.

De los campamentos a la integración local de los refugiados

Ha analizado cómo ACNUR dio respuesta a distintas crisis, en diferentes momentos de la historia. Desde los reasentamientos húngaros en Estados tras la represión soviética (1956), con transición hacia la integración local, pasando por los grandes campamentos camboyanos en Khao-I-Dang (Tailandia) tras la invasión de Camboya por Vietnam (1975). Ha estudiado la repatriación de ruandeses en Goma (R.D. Congo) tras el genocidio en Ruanda (1994) o la integración de los sirios huidos de su país en Gaziantep (Turquía) tras el inicio de la guerra en 2011, donde se apostó por la integración urbana, en vez de los habituales campamentos.

“Cuando comencé la investigación el 60% de los refugiados ya vivía en ciudades o en comunidades, ahora debe ser un 70%. La idea general es que los refugiados viven en las tiendas de campaña y eso no es así. Eso despertó mi interés por investigar en la integración local. Fue un punto de partida”.

A esta investigadora le impactó ver las imágenes en televisión, allá por 2015, de las familias sirias huyendo con la casa a cuestas. “Me pregunté cómo era posible que no se abordasen soluciones arquitectónicas. Nuestro objetivo como arquitectos es proporcionar espacios habitables. Me parecía algo evidente y, sin embargo, no había estudios sobre este tema”.

La solución de los campamentos es óptima para una emergencia porque permite la ayuda humanitaria centralizada, con acceso a recursos de cobijo y alimento, aunque sea de forma precaria, pero debe ser algo temporal

ACNUR ya se interesó entre los años 1980 y 1990 por dar respuestas de acogida a los refugiados que no se limitasen a los campamentos, sino que tuvieran hueco en los entornos urbanos. “La solución de los campamentos es óptima para una emergencia porque permite la ayuda humanitaria centralizada, con acceso a recursos de cobijo y alimento, aunque sea de forma precaria, pero debe ser algo temporal”, afirma.

Y es que, los datos indican que en los campamentos planificados “falta capacidad de los refugiados para decidir sobre sus propias vidas. Han pedido su mundo doméstico y se ven en un recinto donde no puede moverse o trabajar. Siempre será mejor estar en un país de acogida donde cada uno pueda buscarse su modo de vida”, opina.

Isabel Bravo reconoce que, pese a que la política de Alternativa a los Campamentos (PAC) se aplica de forma activa desde hace más de una década, los resultados no han sido los óptimos. Muchos campamentos que debieron ser temporales, han terminado convirtiéndose en soluciones indefinidas.

La investigadora atisba fallos en un sistema condicionado por las ideologías. “La tecnología de la habitabilidad ha estado a disposición, pero claro son soluciones muy puntuales y no resuelven el problema de fondo. Eso es cuestión de voluntad política”.

La tecnología de la habitabilidad ha estado a disposición, pero, claro, los campamentos de refugiados son soluciones muy puntuales y no resuelven el problema de fondo. Eso es cuestión de voluntad política

Desde su punto de vista, “la integración local de los refugiados, bien gestionada, puede ser un motor de progreso para las sociedades de acogida”, afirma, para reconocer que el sistema tiene fallos.

“Cuando hablamos de grupos de gente extranjera en determinados puntos de la ciudad, van atrayendo a sus familiares o compatriotas a los mismos lugares. Acaban ocupando solo algunas zonas, y se convierten en guetos. Eso es fruto de no tener una migración bien ordenada, organizada y coordinada entre las instituciones del país y con las internacionales. Solo hay que ver lo que está pasando en Europa, cada país funciona como le parece”

“No se ha conseguido dar autonomía productiva a los refugiados”

La especialista en urbanismo se muestra tajante al afirmar que no se están consiguiendo los objetivos planteados por ACNUR. “La permeabilidad espacial en la ciudad no ocurre, aunque se piense que se está haciendo una verdadera integración”.

Dice que la propuesta del organismo internacional “casi ha sido un brindis al sol. Es lo ideal, pero el intento de lograr la integración local y dar autonomía productiva a los refugiados no se ha conseguido”.

Los campamentos generan rechazo, tanto de la población local en los lugares donde se habilitan como por los propios refugiados. “Son un modelo inevitable en las emergencias porque son la solución más eficaz, siempre que sean temporales, pero si se cronifican en el tiempo dejan de ser útiles y la solución termina siendo lo peor”.

Basta con analizar un caso reciente. En Castilla-La Mancha se barajó la posibilidad de habilitar el infrautilizado aeropuerto de Ciudad Real para la acogida temporal de personas migrantes. El ruido político trasladado a la sociedad fue ensordecedor. “Se entremezclan las luchas ideológicas y de programas políticos, pero no hay una reflexión sosegada sobre lo que significa usar una infraestructura para un campamento”, dice la urbanista que, insiste, debe ser temporal.

“El rechazo social se produce porque no se explica bien. Todo debe estar legislado y coordinado. De manera muy simplista la gente odia o acoge, pero sin tener una perspectiva más amplia”, lamenta la investigadora.

Es necesario hacer un esfuerzo para revertir la tendencia general a interpretar el desplazamiento forzado en términos de amenaza y obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico

Las migraciones son uno de los debates de plena actualidad debido a guerras como la de Ucrania o en la franja de Gaza, debido también al fenómeno de éxodo hacia Europa con entrada, entre otros puntos, a través de las islas Canarias, e incluso por las políticas migratorias de Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de aquel país.

“Es necesario hacer un esfuerzo para revertir la tendencia general a interpretar el desplazamiento forzado en términos de amenaza y obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico”, señala Isabel Bravo. En su opinión, se trata de fomentar el conocimiento por parte de la opinión pública de los informes institucionales ligados a las migraciones.

Esa aproximación al conocimiento tanto por parte de la ciudadanía como de los gestores y políticos debe hacerse, insiste, “desde los datos objetivos, no desde presupuestos ideológicos” y aboga por tender puentes entre la Ciencia y la Política en este ámbito.

“Solo con el conocimiento fundamentado del desplazamiento forzado se podrá llevar a cabo una regulación racional e informada del fenómeno que permita a los refugiados la reconstrucción de sus vidas, y a las sociedades de acogida, valorar su experiencia, capacidades y destrezas, haciéndoles partícipes de un proceso de desarrollo común en el que se sientan integrados”.

¿Quién le pone el cascabel al gato cuando hasta la ONU ha sido cuestionada? ¿Es factible la propuesta que usted realiza en la tesis?, preguntamos. La investigadora dice no tener respuestas que, incide, están en el ámbito político.

“No es la primera vez que ocurre, en Ruanda, durante el conflicto entre los hutus y tutsis ya se cuestionó a ACNUR. La situación hoy es caótica, pero entonces también lo era. Mientras Naciones Unidas no sea un organismo de cohesión, mientras se torpedeen los acuerdos… No se podrá hacer nada. Las soluciones deben ser políticas, y no pueden tomarse de forma individual cuando hablamos de acogida”.

Las conclusiones de su investigación describen las ventajas e inconvenientes, desde el punto de vista social y espacial, de la integración urbana de refugiados frente a su protección en campamentos.

Sugiere algunos criterios generales para anticiparse a problemas arquitectónicos y urbanísticos derivados de las políticas de acogida que impulsa Naciones Unidas y ofrece orientaciones sobre las competencias profesionales más adecuadas en arquitectos y urbanistas para desarrollar con mayor eficiencia la mejora de las condiciones de habitabilidad de los refugiados.

Isabel Bravo Barahona ha recibido varios galardones por este trabajo. Entre ellos, el Premio 'Jaime Brunet' de la Universidad Pública de Navarra por su defensa y promoción de los derechos humanos y, de forma más reciente, el galardón ‘Belén Gesto’ a la mejor tesis doctoral a nivel internacional en el marco del Congreso Arcadia VI (Arquitectura y Cooperación al Desarrollo) celebrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 

Las agencias de la ONU ya han comenzado a recortar sus operaciones en todo el mundo tras la decisión de la Administración Trump de dejar en suspenso la ayuda exterior de Estados Unidos durante un plazo de 90 días.

Filippo Grandi, director de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) ha enviado un correo electrónico a los empleados de la agencia de la ONU para los refugiados ordenando una restricción inmediata del gasto. La agencia, de cuya asistencia vital dependen 122 millones de personas forzosamente desplazadas de sus hogares en 136 países, retrasará en 90 días los pedidos de suministros, salvo en casos de emergencias, congelará los contratos y las incorporaciones de personal, y prohibirá todos los viajes internacionales por avión para tratar de adaptarse a la congelación del aporte de EEUU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, dijo que la congelación de los fondos estadounidenses no afectará a la asistencia vital de la ONU, definida como “medicinas básicas, servicios médicos, alimentos, alojamiento, ayuda para subsistir y suministros”. Según Rubio, las contribuciones que se suspenden se centrarán en programas de ayuda relacionados con el aborto, con la planificación familiar, o con la “ideología de género”. 

Pero lo cierto es que el impacto inicial de la congelación ha supuesto un recorte inmediato y generalizado en ayuda humanitaria por todo el mundo. La mayoría de las agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales se han visto afectadas, según Grandi.

Despidos y operaciones ralentizadas

Tras la inédita suspensión en las contribuciones estadounidenses ordenada por Trump, programas de asistencia humanitaria de todo el mundo han tenido que despedir a empleados y ralentizar sus operaciones, a la espera de que se produzca una evaluación de todos los programas de ayuda. Los únicos programas que han quedado exentos son los relacionados con asistencia alimentaria de emergencia y con la ayuda militar a Israel y Egipto, aliados de EEUU.

“En estas próximas semanas debemos proceder con mucha cautela para mitigar el impacto que la incertidumbre sobre la financiación puede generar sobre los refugiados y los desplazados, sobre nuestras operaciones y sobre nuestros equipos”, escribió Grandi en el correo electrónico al personal de Acnur. “Estas medidas nos ayudarán a gestionar los recursos mientras atravesamos este periodo difícil (...) Lo que está claro es que debemos seguir demostrando el impacto y la eficacia de nuestro trabajo, ahora más que nunca”.

En 2024, Estados Unidos aportó 2.490 millones de dólares a Acnur [unos 2.390 millones de euros], una quinta parte del presupuesto total de la agencia.

Ordenada por Rubio, la suspensión de fondos de la Administración Trump llega en un momento en el que hay más gente desplazada forzosamente por guerras o inestabilidad desde la Segunda Guerra Mundial, entre los refugiados que cruzan fronteras y los desplazados a la fuerza dentro de su propio país.

“La industria y la burocracia de la ayuda exterior de Estados Unidos llevan demasiado tiempo sin alinearse con los intereses de EEUU; y en muchos casos han ido en contra de los valores de EEUU”, dijo Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. “Sirven para desestabilizar la paz mundial promoviendo en países extranjeros ideas que van directamente en contra de unas relaciones armoniosas y estables dentro de los países y entre ellos”.

“El pueblo estadounidense ha exigido ponerle fin a unas políticas que durante demasiado tiempo han perjudicado a nuestra nación, y espera el regreso a iniciativas y prioridades de sentido común”, añadió Bruce. “Ha llegado el momento de hacerlo”.

La Administración Trump trató de usar como ejemplo de despilfarro un programa de ayuda no especificado que enviaba “condones a Gaza”. “Estuvieron a punto de salir por la puerta 50 millones de dólares [unos 48 millones de euros] del contribuyente para comprar preservativos en Gaza”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, sin aportar evidencias sobre el programa en cuestión durante una rueda de prensa el martes. “Es un despilfarro absurdo del dinero del contribuyente, en eso es en lo que se centra esta suspensión, en administrar bien el dinero del contribuyente, tanto el que afecta a [los programas de ayuda] Meals on Wheels, Head Start, o a [los programas de] ayuda para desastres”.

Embestida a la agencia de desarrollo

El lunes, la Administración Trump ordenó dar de baja temporalmente a casi 60 altos cargos de USAid, la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU, ante la sospecha de que podían haber estado ayudando a organismos de ayuda humanitaria a capear la suspensión en los fondos.

“Hemos identificado varias acciones dentro de USAid aparentemente pensadas para eludir las órdenes ejecutivas del presidente y el mandato del pueblo estadounidense”, escribió Jason Gray, que ha pasado de ser el director de sistemas de información de la agencia a ocupar el cargo de administrador en funciones, en un correo electrónico al que tuvo acceso Devex, medio especializado en desarrollo. “Por ello, varios empleados de USAid han sido dados de baja hasta nuevo aviso, con su sueldo completo y sus prestaciones, mientras terminamos de analizar estas acciones”.

The Guardian ha tenido acceso a la copia de una orden estadounidense de suspensión de labores en la que se dice a un beneficiario europeo que debe “detener todos los trabajos del programa y no incurrir en nuevos costes a partir de la fecha efectiva [del 24 de enero]”. “El beneficiario debe cancelar tantas obligaciones pendientes como sea posible”, se especifica.

Millones de personas afectadas

Responsables de USAid en activo y exempleados han advertido de que las órdenes de suspensión de labores que se han emitido por todo el mundo ponen en peligro de muerte a millones de personas, especialmente a las afectadas por desastres naturales como terremotos o inundaciones.

“Si un ciclón tropical azota mañana a Cox's Bazar, ¿cómo vas a salvar a toda esa gente? ¿Y cómo vas a reconstruir cuando hay una orden de suspensión de labores?”, se pregunta un ex alto cargo de USAid en referencia a la ciudad de Bangladesh donde viven más de un millón de refugiados rohinyás. “Podrías tener a gente allí sentada durante 90 días, ¿sentada y esperando qué? Eso es lo que más me preocupa”.

El Departamento de Estado comunicó el martes que entre los casos de “financiación atroz” que investigaría se incluyen 102.236.000 dólares para el Cuerpo Médico Internacional en Gaza [unos 98,2 millones de euros]; 16.840.876 dólares para contratistas institucionales en la oficina de desarrollo de género [unos 16,1 millones de euros]; y 612.000 dólares para la asistencia técnica de programas de planificación familiar en América Latina [unos 588.013 euros].

Las medidas radicales en los primeros días de la Administración Trump están generando cada vez más fricciones con los aliados de Estados Unidos. Nicolas de Rivière, enviado francés en el Consejo de Seguridad de la ONU, cargó este martes contra la decisión del Gobierno israelí, apoyada con entusiasmo por la Administración Trump, de prohibir las operaciones de la Unrwa, la agencia de ayuda de la ONU para los refugiados palestinos.

“No hay alternativa creíble a la Unrwa; la Unrwa desempeña un papel humanitario esencial, pero también proporciona servicios públicos; y lo hace a un tercio del coste de otras agencias de la ONU”, dijo De Rivière. “La Franja de Gaza debe formar parte de un futuro Estado palestino”, añadió un día después de que Trump planteara la posibilidad de transferir la población palestina de Gaza a Egipto o Jordania. De Rivière también aseguró que Francia y Arabia Saudí organizarían en junio una conferencia internacional en Nueva York para buscar una solución de dos Estados al conflicto palestino-israelí.

Traducción de Francisco de Zárate.

En plena preparación del hemisferio sur para enfrentar un “verano de extremos” y “un calor de récord”, la reconocida monja brasilera Rosita Milesi, recientemente galardonada con el Premio Nansen por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), alerta que “el calentamiento global y sus consecuencias ya generan más desplazamientos forzados que las guerras”.

Con 79 años, Milesi, conocida como Hermana Rosita, galardonada por su labor al frente del Instituto de Migración y Derechos Humanos (IMDH) que fundó en Brasilia en 1999 y que dirige desde entonces, destaca en una entrevista telefónica con elDiario.es que la situación es “especialmente preocupante” en América Latina, “con inundaciones sin precedentes y sequías prolongadas”.

Tras su paso por Chile, donde participó en un evento institucional para celebrar el 40º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, un modelo pionero de colaboración regional, Milesi subraya la necesidad de “prestar atención a los países de menos recursos y a los más vulnerables, como las mujeres, los niños y ancianos”. La religiosa, descendiente de italianos lleva casi cuatro décadas dedicadas a trabajar con la migración: “Se convirtió en la causa de mi vida”.

Había expectativa de un cambio de rumbo en Venezuela, pero al no confirmarse, el movimiento migratorio volvió con más fuerza

En plena escalada de la incertidumbre en Venezuela por la inminente investidura del futuro presidente, la Hermana Rosita recuerda que, pase lo que pase en el país caribeño a partir de enero, América Latina no podrá mirar hacia otro lado ante un posible aumento de migrantes y refugiados porque “su acogida es un imperativo legal, aunque –dice–los desplazamientos forzados de grandes poblaciones sobrecarguen los sistemas de apoyo y asistencia de los gobiernos”.

Anticipa que el movimiento migratorio “posiblemente se incrementará” después del 10 de enero, si quien sigue en el poder es Nicolás Maduro, en una réplica de lo ocurrido justo después de las elecciones de julio: “Había expectativa de un cambio de rumbo en Venezuela, pero al no confirmarse, el movimiento migratorio volvió con más fuerza”. 

Según ACNUR, actualmente hay más de 730.000 personas con necesidad de protección internacional en Brasil, entre ellas 144.000 personas reconocidas como refugiadas, en su mayoría de Venezuela, seguidas de Cuba y Siria.

Sor Rosita, que ingresó con 19 años a la congregación de los Misioneros Scalabrinianos, fundada para ayudar a los migrantes italianos que llegaban a América a finales del siglo XIX, dice que las demandas de refugio y migración “son consecuencia de la falta de perspectivas en el país”, más que por “un presidente u otro”, aunque “ambos puntos están relacionados”. Tanto Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia reivindican la victoria en los comicios. González Urrutia ha expresado su intención de acudir el 10 de enero a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el Gobierno, para prestar juramento del cargo.

Muchos de los que promueven la xenofobia son hijos o nietos de migrantes

Ante el auge de los discursos de odio contra la migración, que políticos y medios de comunicación a menudo relacionan con la delincuencia, la Hermana Rosita llamó a “la responsabilidad de los líderes políticos” para que dejen de “sembrar el odio” y se preguntó “quién asumirá la responsabilidad de sus consecuencias”. En su opinión, “muchos de los que promueven la xenofobia hoy son hijos, nietos o bisnietos de migrantes, personas que llegaron de diversas partes del mundo para rehacer sus vidas en el ‘Nuevo Mundo’”.

La monja cree que la mejor receta para combatir esos discursos es la educación: “A través de ella, niños, adolescentes y jóvenes pueden construir comunidades interculturales que valoren la alteridad y la contribución de quienes llegan al país, aunque sin pertenencias, pero con sus potencialidades y talentos”.

Sobre las relaciones entre gobiernos y organizaciones defensoras de derechos humanos y de la migración y el refugio, cree que “existe una dificultad de los Estados en aceptar la presencia en el terreno y a colaborar” con estas entidades. “Siempre que podemos insistimos a los Estados que nos acojan como aliados, no como enemigos”, dice tras ser preguntada por los sucesivos ataques que Israel ha perpetrado contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza.

Ante toda crisis repentina, la respuesta de la autoridad es el cierre

Reconocida por su trabajo en la Ley de Refugiados de Brasil de 1996, que logró ampliar la definición de refugiado de acuerdo con la Declaración de Cartagena, y en la Ley de Migración de 2017, no le sorprende la primera reacción de varios países europeos ante la huida de Bashar al Asad de Siria de suspender la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos de ese país: “En toda situación de crisis repentina, la respuesta habitual de las autoridades es la negación, el cierre”. 

Para ella “la pregunta no debería ser ‘¿cuántas personas están pidiendo asilo?’, sino más bien ‘¿cuántas personas necesitan asilo y cuáles serían las consecuencias de no acogerlas desde un punto de vista humanitario?’”.

El pueblo que hoy acoge, en algún momento ya fue acogido o puede que necesite acogida en el futuro.

Crítica con la falta de “dimensión histórica de los Estados”, reflexiona que “prácticamente todos los países, en algún momento de la historia, han generado presión humanitaria sobre otros, ya sea por guerras o por tragedias naturales”. La galardonada, que dice que recibir el Premio Nansen “es un honor”, concluye que la migración “es un movimiento cíclico” y que “el pueblo que hoy acoge, en algún momento ya fue acogido o puede que necesite acogida en el futuro”.

De cara a la próxima conferencia sectorial de infancia que reunirá este miércoles a los representantes autonómicos para abordar el reparto de menores migrantes, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha pedido a los grupos parlamentarios “una responsabilidad compartida” para solucionar la “difícil situación” de los niños y adolescentes llegados solos por mar a Canarias. En una carta enviada el pasado viernes a los portavoces de las formaciones con representación en el Congreso, la representante de Acnur España, Sophie Muller, ha pedido una respuesta que “garantice el respeto por los derechos de estos menores” sin caer en la instrumentalización de estos chavales con un objetivo político, según un comunicado del organismo difundido este martes.

La representante de ACNUR en España, ha solicitado el apoyo a las medidas que busquen “reforzar” el sistema de protección de estos menores, con el objetivo de que sea “más previsible y sostenible”. Muller recalca que las distintas formaciones políticas deben poner “en el centro la situación de niños y niñas no acompañados”, pero sin ser utilizados desde “las dinámicas políticas” sino colocando el foco en sus necesidades. “Quisiera animarles a trabajar para llegar a soluciones basadas en el Derecho Internacional y en el espíritu europeo de solidaridad y responsabilidad compartida, en especial tratándose de una tema tan sensible como la protección de niños y niñas”, incluyó en su misiva.

La cifra de niños y adolescentes que atraviesan la ruta atlántica sin familia no ha dejado de crecer en los últimos años. Con las últimas llegadas, el Ejecutivo canario tutela a 5.966 niños y adolescentes en 80 dispositivos que ya han colapsado. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones en 2023 ha permitido a la Consejería de Bienestar Social abrir nuevos espacios de acogida con agilidad, pero estos no siempre reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. En las últimas semanas, han salido a la luz varias denuncias que apuntan a condiciones de insalubridad, hacinamiento y agresiones en algunos centros del archipiélago. La propuesta del Gobierno central y el canario pasa por modificar un artículo de la ley de Extranjería con el objetivo de establecer un sistema obligatorio de reparto de menores en caso de que una comunidad alcance el 150% de sus plazas de acogida.

En las últimas semanas, la posición del Partido Popular ha pasado de un aparente apoyo a la medida con ciertos matices, ha un rechazo rotundo y una escalada de su discurso anti inmigración para, poco después, retomar una posición abierta al respaldo de alguna fórmula de distribución de estos menores. En este sentido, Acnur pide a todas las formaciones políticas el respaldo a una “responsabilidad compartida”, para evitar que ciertos territorios, como Canarias, tengan que asumir la atención a estos chavales, con las consiguientes consecuencias en la protección de los menores.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido de que muchos de estos niños y adolescentes acogidos en Canarias pueden tener necesidades de protección internacional, por lo que solicita una atención extra para detectar estos perfiles con vulnerabilidades extra. En colaboración con la Consejería de Bienestar Social de Canarias, la Agencia de la ONU realizó 576 entrevistas a niños, niñas y adolescentes acogidos en 37 centros de menores entre febrero y abril, con el objetivo de conocer los perfiles, darles voz e identificar áreas que necesitan refuerzo en la respuesta de protección.

Según sus resultados, un 55% de los menores entrevistados, “podrían encontrarse en necesidad de protección internacional”. Entre ellos, se encuentran menores que “han huido de conflictos armados como el de Mali, que han sufrido violaciones de derechos humanos, violencia sexual y de género, incluida mutilación genital femenina o matrimonio forzoso y precoz, o que sufren persecución por pertenecer al colectivo LGBTIQ+”. Esta estimación refleja, según Acnur, “hay un elevado número que podrían ser refugiados y deberían ser canalizados a través de un procedimiento de asilo ágil y eficaz”..

“El perfil particularmente vulnerable que presenta este colectivo requiere de una respuesta decidida, estable y previsible para todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos que se encuentran en necesidad de protección internacional” , ha dichola representante de Acnur en España, Sophie Muller, indicando que la respuesta debe estar inspirada y ser acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. “La identificación de sus necesidades específicas y de sus necesidades de protección internacional, es esencial para garantizar el interés superior de estos menores y evitar que se vean expuestos a nuevas y mayores situaciones de riesgo”.

Con este objetivo, Acnur firmó el 27 de junio con la Consejería de Bienestar Social de Canarias un protocolo para apoyar a los profesionales en la identificación de necesidades de protección internacional de los menores llegados solos a Canarias.

Acnur recuerda que hace casi un año se ha producido un considerable incremento en las llegadas por mar hacia las Islas Canarias, 19.500 personas en lo que va de año, principalmente procedentes de Mali, Senegal, Mauritania y Marruecos. “Se trata de movimientos mixtos de migrantes, que dejan sus países por falta de oportunidades de subsistencia, por la pobreza o por las consecuencias del cambio climático, pero también, y en una proporción muy significativa, de refugiados, que se han visto forzados a huir por la inestabilidad sociopolítica, por conflictos, violaciones de derechos humanos o persecución en sus países de origen. Esta situación es el reflejo del contexto mundial en el que se registran ya más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas forzosas”, según el último informe de ACNUR.

Sally Hayden (Dublín, 1989) es una periodista ampliamente galardonada por una investigación que cambió su vida y la de decenas de personas presas en centros de detención en Libia, cuyo delito simplemente había sido intentar cruzar el Mediterráneo. Diversos años de trabajo se han concentrado en el libro 'Cuando lo intenté por cuarta vez, nos ahogamos' (Capitán Swing, 2024), un título que hace referencia a la historia de un chico somalí que perdió a la mitad de su familia en un naufragio. Lo intentó una quinta vez y, finalmente, lo consiguió. Solo y asustado, pero lo consiguió.

Hayden atendió a elDiario.es en la sede del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED) de Barcelona, donde presentó su investigación, en la que da una nueva perspectiva de lo que sucede a las personas que tratan de llegar a Europa.

Todo empezó con un mensaje de Facebook. ¿Qué decía?

“Hola, hermana Sally. Necesitamos tu ayuda. Vivimos en malas condiciones en una prisión libia. Si tienes tiempo, te contaré toda la historia”. Accedí, aunque no sabía si podría ayudar, y el prisionero me contó que estaba con centenares de personas en lo que describió como una cárcel pero resultó ser un centro de detención en medio del fuego cruzado de una guerra. Necesitaban ayuda urgente.

Contacté a un periodista que estaba en Libia y le dije: “Sé que va a sonar extraño, pero ¿puede ser que haya centenares de personas migradas en este barrio, en algún tipo de prisión?”. Me lo confirmó todo y me dijo que era un centro de detención de migrantes. Aquello iba en serio, así que empecé a contactar con ONG, cualquiera que hubiera estado allí y me pudiera contar qué estaba pasando. La respuesta era siempre la misma: que mi información era correcta, pero que no podían hacer nada.

¿Y luego?

Le dije al hombre con el que estaba en comunicación que me diera más información, localizaciones de GPS, fotografías... Cualquier cosa que pudiera confirmar su historia. Ellos no paraban de pedirme que le contara al mundo lo que les pasaba, pero yo en aquel momento era freelance y puede ser muy difícil que un medio te publique un reportaje. Así que empecé a subir las fotos y las historias a Twitter: conseguí millones de reproducciones y eso hizo que mi nombre se volviera conocido. Mi número de teléfono iba circulando y acabé en contacto con decenas de personas de diferentes centros de detención. Seguí publicando y hablando con ellos. Así pasé tres años de mi vida.

Al principio del libro culpa a la Unión Europea de lo que sucede en esos centros de detención en Libia. ¿Por qué?

No diría que la culpo, simplemente es que en 2017 la UE empezó a apoyar a la guardia costera libia para que interceptara balsas de migrantes y refugiados antes de que llegaran a Europa. Es una manera de esquivar la ley internacional porque los buques europeos no pueden devolver a la gente a Libia, pero los libios, sí. La UE, básicamente, vigila y localiza los botes e informa a la guardia libia, a la que apoya con entrenamiento y equipo. En algo más de cinco años, más de 130.000 personas han sido capturadas así.

Todos fueron trasladados a centros de detención, que han sido comparados acertadamente con campos de concentración. Y todo ello es resultado directo de las políticas anti inmigración de la UE. Descubrir esto, para mí que soy europea, fue muy duro porque fue una constatación de que, aunque veíamos la migración y la tortura de refugiados como un problema lejano, es en realidad consecuencia directa de nuestras políticas.

Los europeos deberíamos preguntarnos constantemente cómo puede ser que las muertes en el Mediterráneo nos den igual

En 2014 los medios se empezaron a llenar de historias de personas que morían en el mar o de su situación de precariedad, los que consiguen llegar a Europa. ¿Cree que nos hemos insensibilizado?

Sí, de hecho escribí un artículo para el 'New York Times' sobre la normalización de la muerte masiva. Cerca de 29.000 personas han desaparecido o muerto en el Mediterráneo desde 2014. Y eso son las cifras oficiales, así que son a la baja. Cuando los gobiernos o los medios de comunicación hablan sobre la crisis migratoria, en realidad, denotan cómo los europeos se sienten lidiando con este fenómeno. Cuando te das cuenta de que todas estas personas que mueren tienen sueños y familias, los números se vuelven insoportables. Los europeos deberíamos preguntarnos constantemente cómo puede ser que las muertes en el Mediterráneo nos den igual. Deberíamos enfrentarnos a estas cifras cara a cara.

La UE aprobó en diciembre un pacto sobre migraciones y asilo más duro, sin una gran respuesta ciudadana. ¿Cómo se puede combatir esta apatía?

Cuando empecé este trabajo, realmente creía que los políticos no sabían lo que estaba ocurriendo, así que quise documentarlo para hacérselo notar. Luego resultó que sí lo sabían. Hablé con muchos y la respuesta era siempre la misma: “Sí, es horrible, pero es lo que la ciudadanía europea quiere”. Si el pueblo fuera consciente de lo que suponen estas políticas, reaccionaría. Pero la gente en el poder se asegura de usar términos deshumanizantes como “gestión migratoria”. Incluso el término “migración” es deshumanizador porque separa el acto de la persona que lo ejerce. Eso nos incapacita para ver los abusos.

¿Cree que la falta de respuesta ciudadana tiene que ver más con el racismo o con la ignorancia? La reacción ante la llegada de refugiados ucranianos fue muy diferente a la que hubo con los que vienen de África.

Hay muchísimo racismo, pero también creo, aunque no puedo hablar por todo el mundo, que hay desconocimiento sobre el papel que nuestros países juegan. Casi todas las personas que conocí en Túnez que intentaban llegar a Europa venían de una antigua colonia europea. En Senegal un pescador me dijo que los buques extranjeros, incluyendo los europeos, son la razón principal por la cual no pueden subsistir. En Somalia han sufrido una sequía que ha matado a decenas de miles de personas y muchos otros han tenido que migrar como consecuencia de un cambio climático que ellos no han provocado. Y luego les juzgamos por querer irse.

La cobertura de los medios sobre África suele ser mala, peor que la del resto del mundo, y eso lleva a la deshumanización. La gente que me escribía desde campos de detención venían de contextos muy diferentes y países distintos, pero todos han sido agrupados en el mismo saco y llamados igual: migrantes. Pero lo único que tienen en común es que no pueden financiarse un viaje a Europa en condiciones.

En esos centros de detención describe tortura, restricciones en la comida, palizas, malas condiciones sanitarias. ¿Qué pasaba ahí dentro?

Cada centro de detención era una versión diferente del infierno. Documenté inanición, negligencia médica, violencia sexual, tortura, represión, extorsión... Muchos tipos de abusos. Cada vez que pensaba que la situación no podía ser peor, algo malo pasaba. Sigo preguntándome cuánta gente muere ahí. Porque aunque los políticos europeos digan que colaboran con la guardia costera libia para interceptar balsas y salvar vidas en el mar, nadie cuenta cuántas de estas personas murieron al regresar a Libia. He preguntado esto a gente de la UE, a autoridades libias... Y nadie lo sabe.

Pero los centros de detención no son CIE. Según lo cuenta en el libro, están gestionados por criminales.

Son contrabandistas, correcto. No llegué a conocerlos a todos, pero eran personas sádicas, cada uno conocido por una particularidad. A uno le gustaba especialmente torturar a los presos, a otro abusar sexualmente de ellos y uno era conocido por su afición a las apuestas.

Ahí es donde acaban migrantes engañados por personas que les aseguran que les ayudarán a cruzar el mar y otros que ya lo han intentado y han sido interceptados. Y, una vez dentro, se les somete a extorsión. ¿Qué pasa con ese dinero?

Esa es una gran pregunta para la que no tengo respuesta. Es un círculo vicioso: se les tortura para que paguen, se envían vídeos y fotografías a sus familiares para que envíen cada vez más dinero. Cuando pagan suficiente, se les facilita un pase en una de las balsas que cruzan el mar. Las mismas que serán interceptadas por la guardia costera y cuyos pasajeros, si sobreviven, volverán al centro de detención. Y así hasta que lo consigan o naufraguen, que es lo que le pasó al chico cuyo testimonio pone nombre al libro.

He intentado saber qué pasa con el dinero que se paga a los contrabandistas, pero muchos de ellos han acabado en Dubai, donde se les pierde el rastro. Sería genial incautar el dinero y usarlo para compensar a las víctimas y sus familias.

A todo esto, ¿cuál es el rol de las ONG o instituciones como Acnur (Agencia de la ONU para los refugiados)?

Pueden llegar a trabajar en alguno de los centros de detención, pero sin mucho margen de maniobra. En el libro me centro en Acnur; muchas de mis fuentes trabajan ahí y me decían que estaban muy incómodos porque sentían que la ONU les utilizaba. No les gustaba tener que ver las barbaridades que ocurrían en los centros sin poder denunciarlo. Y es que la Acnur recibe fondos europeos y a ellos se les impedía hablar libremente sobre las consecuencias de las políticas de la UE. Así que entendí que no siempre te puedes fiar de los informes de la ONU sobre la situación de los refugiados...

He entendido que no siempre te puedes fiar de los informes de la ONU sobre la situación de los refugiados

Dedica buena parte de su investigación al proceso migratorio, pero me gustaría hablar de lo que sucede antes. Ha trabajado en diversos países en los que vivir es, dice, simplemente imposible. ¿Cómo es la vida de un joven que nace ya pensando en migrar?

Me centro mucho en Eritrea, que se ha descrito como la Corea del Norte de África. A la gente que nace allí se le exige realizar un servicio militar indefinido que, en algunos casos, no acaba nunca. Así que muchos intentan escapar del país mientras son adolescentes. La mayoría de los que conocí decían que se iban en busca de “libertad”. Es muy duro para la gente que hemos vivido en democracia entender cómo de horrible es una dictadura tan represiva, en la que siempre tienes la paranoia de que tus vecinos pueden estar delatándote, que puedes ser detenido por cualquier cosa, torturado en cualquier momento.

Que los jóvenes se presten a iniciar un viaje del que ya conocen las consecuencias da buena muestra del infierno que deben vivir en sus países de origen.

Mucha gente piensa que los migrantes hacen estas travesías sin entender el peligro. La mayoría conoce y entiende los riesgos, pero no tienen otra opción. Muchos preferirían quedarse cerca de sus familias, en Libia o Sudán, pero no pueden: las fuerzas de seguridad extorsionan y maltratan constantemente a los migrantes de Eritrea, precisamente porque conocen su desesperación. No hay nada que puedan hacer, no tienen derechos legales y corren el riesgo de ser deportados de vuelta si se quejan. Así que su única opción es seguir moviéndose. Y eso es así generación tras generación.

Su investigación ha sido citada en una comisión de la Corte Penal Internacional en la que se investiga la presunta participación de políticos y funcionarios europeos en crímenes de lesa humanidad. ¿Ha cambiado algo?

Es difícil de decir porque el sistema y la situación siguen igual. Pero hay más conciencia. Y si voy a niveles más pequeños, hay personas cuyas vidas sí han cambiado. Gente que estaba en centros de detención han conseguido llegar a Europa y han iniciado una nueva vida. Hace poco me reencontré con una pareja que ahora vive en Suiza y acaba de tener un bebé. Algunos tienen trabajos, han aprendido diversas lenguas europeas y tienen estudios.

No puedo decir que nada ha cambiado. Pero también diría que este es un momento terrible para el mundo y que la criminalización hacia los migrantes ha crecido en demasía, hasta el punto que se han convertido en el chivo expiatorio para todo. Tenemos que preguntarnos cómo hemos permitido esto y por qué cada día es más fácil desconectar de las consecuencias humanas de las políticas de nuestros gobiernos.

No la veo muy optimista de cara a las elecciones europeas de junio...

Bueno, la migración se está usando para ganar rédito político en muy poco tiempo. Y está costando una millonada. Europa está gastando una cantidad exageradamente enorme de dinero para, básicamente, intentar frenar la migración y lo que mi investigación demuestra es que eso está apuntalando y financiando dictaduras, milicias y diversos sistemas que oprimen a la población de tal manera que incrementa el número de gente que necesita migrar. Esto va a traer una desestabilización mundial enorme en unos años.

Hablaba antes de cómo ha cambiado la vida de la gente que le escribió ese mensaje de Facebook. ¿Cómo fue para usted saber que tenía, prácticamente, la vida de esas personas en sus manos?

Siempre hice lo que hice porque no había otra opción. Soy periodista, no activista ni abogada. En todo momento le dije a esas personas que no podía ayudarlas directamente, pero tenía claro que todo lo que me contaban debía hacerse público. No creo que hubiera sido capaz de mirar a otro lado desde el momento en que supe que esto estaba pasando como resultado de políticas europeas.  

Su mayor preocupación era que su hija notase lo angustiada que en realidad estaba. Durante los siete días de diciembre que pasó en las hacinadas salas de asilo del aeropuerto de Barajas, Patricia aparentaba estar tranquila. La mujer venezolana sonreía, se alejaba de cualquier situación que pudiese estresarla para evitar perder los nervios frente a la adolescente de 15 años, enferma de corazón. Le angustiaba que su encierro, la escasez de comida, las duchas de agua fría, los colchones en el suelo o cualquier momento de tensión entre las más de cien personas que convivían sin ver la luz solar en un espacio pensado para 40, afectasen a los problemas de salud de la adolescente. 

La mujer guardaba las cuatro galletas del desayuno para dárselas a ella, que no era capaz de llevarse a la boca nada más del resto de la escasa y fría comida que les entregaban. La misma estrategia siguió Mathías unas semanas antes con su niño de dos años, durante los 16 días que pasó encerrado en las salas de asilo de Barajas: se tomaba el zumo y almacenaba el resto, por si al pequeño le entraba el hambre más tarde. 

Son dos de los cientos de solicitantes de protección internacional que han pasado en los últimos meses por las salas de asilo del aeropuerto madrileño, cuyas condiciones de hacinamiento e insalubridad han alertado en los últimos meses a los juzgados encargados de su control, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a ONG y al Defensor del Pueblo. Esta última institución ha hecho hincapié en el posible “trato degradante” sufrido por los demandantes de asilo en Barajas. Acnur se ha mostrado especialmente preocupada por la situación de los niños retenidos, entre los que se encuentran los hijos de Patricia y Mathías.  

“Esos siete días fueron muy fuertes. Tantos días sin ver la luz es abrumador”, dice Patricia a elDiario.es en los alrededores del albergue donde ahora está acogida temporalmente por Cruz Roja. “El espacio es muy pequeño para tantas personas. A veces la comida no era suficiente para todos y ni comíamos porque no alcanzaba. La que más sufrió fue mi hija”, explica la solicitante de asilo.

La comida

Para cenar, Cruz Roja –quien actualmente ha decidido dejar su servicio en estos espacios dado que las malas condiciones les impiden trabajar– les entregaba unas bandejas de comida precocinada que debían ser calentadas en el microondas, pero no tenían microondas con el que calentarlas. 

“Mi hija no era capaz de comer casi nada. Comía agua y galletas. Como mamá, el hecho de que mi hija no comiese me cortaba a mí el hambre. Decía: por favor, señor, ayúdame, que mi hija no está comiendo, temía que por su enfermedad podría pasarle algo en el corazón”, lamenta la solicitante de asilo. 

A las salas de asilo de los aeropuertos españoles llegan aquellas personas que, una vez aterrizadas, manifiestan en el control fronterizo su necesidad de pedir protección internacional. Este procedimiento -aplicado en los aeropuertos, puertos o puestos fronterizos- es diferente al activado en territorio nacional: se trata de uno acelerado, en el que las autoridades deben responder en un plazo de escasos días si admiten o no esa petición. Una vez presentada, los solicitantes esperan la respuesta en estas salas de plazas limitadas, de donde no pueden salir. Si la resolución es positiva, estas personas podrán entrar en territorio nacional con un permiso de residencia temporal como solicitantes de asilo. Si es negativa, serán retornados a sus países de origen. El colapso de estas instalaciones debido al aumento de peticiones en los últimos meses ha prolongado el tiempo de espera en ellas, lo que se ha traducido en situaciones de hacinamiento e insalubridad.

En la habitación donde pasaba la noche Patricia había cinco camas, pero dormían 10 mujeres. El suelo estaba cubierto de colchones hinchables donde descansaba la mitad de ellas. La mujer venezolana llegó cuando dos de las camas estaban libres pero, como estaban muy alejadas la una de la otra, la mujer optó por colocar también su colchoneta en el suelo junto a la litera de su hija: “La puse al lado de la camita donde estaba mi niña porque nunca sabes las intenciones que pueden tener otras personas. Así que quería dormir cerca de ella”. 

La sala donde ella se quedaba constaba de una zona común en el centro y varias habitaciones en los laterales: “Éramos demasiados. Es un lugar donde pueden entrar cuarenta personas y estábamos más de 100. Toda la parte del comedor estaba llena de colchones inflables por todo el suelo, porque éramos demasiados”.

Aislados

Durante el tiempo que pasan encerrados, los solicitantes no ven la luz natural. Las instalaciones carecen de ventanas. No saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Les retiran los móviles, por lo que el contacto con el exterior es muy limitado, a través de un teléfono fijo en el que solo pueden recibir llamadas, en algunos casos inexistente. Solo les dejan realizar una llamada de escasos minutos a su llegada, para avisar a sus familias de que están bien, pero algunos solicitantes de asilo que han pasado por estas salas denuncian que no les dieron esta opción o, al menos, no la entendieron. 

Mathías es colombiano y llegó a Barajas el pasado 7 de noviembre. Él, su esposa y su niño de dos años pasaron 16 días en estas instalaciones cuando aún el foco mediático no estaba en ellas, pero la organización que presta el servicio jurídico en Barajas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ya alertaba al Ministerio del Interior sobre las condiciones de hacinamiento que presenciaban en sus visitas. 

“Nosotros no vimos la luz del sol, por lo que a los 16 días perdimos la noción del tiempo”, critica Mathías. Cada uno de esos días, cuenta, trataba de entretener a su pequeño, pero esa labor se hizo especialmente difícil uno de sus primeras noches en el aeropuerto. Se encontraban en una sala “de aislamiento”, dormidos sobre colchones en contacto directo con el frío suelo. De pronto, un agente irrumpió en el cuarto a gritos, según su relato. Les urgía, cuenta, a que se levantasen y saliesen a otra zona de las instalaciones aeroportuarias. “Había habido una pelea y querían utilizar esa habitación para aislar a alguien. El niño se puso muy nervioso”, recuerda el colombiano desde San Sebastián, el lugar donde ahora se encuentra acogido por CEAR.

No fue fácil conseguir un techo a su salida del aeropuerto. “Nos dieron la dirección del Samur Social y no había plazas. Acabamos durmiendo en la calle durante días. El niño tenía fiebre y no teníamos medicinas porque, aunque habíamos pedido en Barajas, no nos dieron”, cuenta el demandante de protección, que asegura huir por las amenazas sufridas en su país tras haber trabajado con asuntos de inteligencia durante su etapa como militar en Colombia. Decidieron viajar a Bilbao porque tenía un amigo que quizá podía ayudarles, pero nunca le respondió. Durante días, volvieron a pasar las noches a la intemperie hasta que lograron obtener plazas en un espacio de acogida de CEAR en Euskadi.

Patricia se extraña de que no ocurriese algo más grave durante su estancia en Barajas: “Es abrumador. Estar tantos días así, con tanta gente, es normal que pase algo. Mi último día yo sentía que, si pasaba un día más allí, iba a ocurrir algo. Cada vez había más tensión, más cansancio. El último día sentía que me iba a poner a llorar, que iba a explotar en cualquier momento. No aguantaba pero todo el tiempo trataba de evitarlo para calmar a mi hija y mi sobrino”.

“A la niña la notaba deprimida por estar encerrada... ese lugar no es un lugar para niños. Y había demasiados. Deberían hacer un espacio aparte. Hay situaciones que se pueden escapar de las manos y no puede haber menores presenciándolo”, clama. “Mi hijo aún tiene secuelas de aquellos días. Se despierta llorando por las noches. Tiene terrores nocturnos. Había mucha tensión, varios días hubo peleas y gritos cuando la gente iba a ser deportada. No entiendo cómo dejan que haya niños allí”, dice también el hombre colombiano.

Las reflexiones de Patricia y Mathías coinciden con las peticiones trasladadas por escrito por Acnur al Ministerio del Interior el pasado mes de noviembre. La Agencia de la ONU para los Refugiados envió a la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska un escrito, adelantado por elDiario.es, en el que mostraba su preocupación, entre otros asuntos, por la situación de varios menores que llevaban 15 días en la misma sala “sin prácticamente acceso alguno a luz natural”.

Hace tres meses, Acnur pidió la creación de “espacios exclusivos para familias con niños y niñas, acondicionados con material adecuado, juguetes o libros donde puedan estar separados de los demás adultos y proporcionar servicios específicos para la infancia”. Los niños pasaban el día sin actividades específicas para ellos y compartiendo las 24 horas espacio con personas que mostraban signos de “ansiedad y preocupación”.

Cuando Patricia estuvo en Barajas, después del envío de dichas recomendaciones, las peticiones de Acnur no se habían cumplido. Para pasar el rato, su sobrino creó con trozos de papel una suerte de fichas, dado y tablero para intentar jugar al parchís. “Solo teníamos eso para pasar un poco el tiempo”, añade.

Interior asegura que algunas de las sugerencias de la Agencia de la ONU, como separar a las mujeres y niños del resto de demandantes de asilo, sí se han materializado. No obstante, el Defensor del Pueblo observó durante la inspección realizada el pasado 19 de enero que las mujeres y algunos menores habían sido trasladados a una sala de la terminal 2, pero esta estancia tampoco cumplía con los estándares mínimos. “Carece de las condiciones necesarias para cumplir su función”, concluyó Ángel Gabilondo. También denunció la falta de ducha, dado que se encontraba estropeada desde hacía dos semanas, y la inexistencia de kits de higiene femenina. La institución solicita a Interior una mayor coordinación entre las autoridades implicadas así como más personal para tramitar las solicitudes de forma más ágil.

Este jueves, AENA y el Ministerio del Interior habilitaron una nueva sala para atender a los solicitantes de protección internacional en Barajas. La Dirección General de Policía defiende que este nuevo espacio, sumado a las otras tres instalaciones que hasta ahora alojan a demandantes de asilo, “mejorará las condiciones de estancia mientras se tramitan las solicitudes”.

Un mes después de salir del aeropuerto, Patricia mantiene una aparente imagen alegre y agradecida. Describe por qué, para ella, lo peor de su semana en Barajas fue la comida. Lo fue, dice, por la salud de su hija, pero también por cómo ella se sentía cuando dejaban aquellas bandejas en un carrito dentro del comedor, para que el centenar de personas corriera a recogerlas. “Teníamos la comida, pero es inhumano que te den una comida fría, que la dejen así y tengas casi que pelearte por ella. Nadie quiere pasar por esto, nadie quiere dejar un país de cero, con una maleta, dejar todo atrás...”, dice antes de interrumpir sus palabras con un llanto inesperado. “Unos venimos por amenazas, otros por la guerra. Venimos con una mano delante y otra atrás. Es muy difícil que te traten así. Nos quitan la dignidad”, concluye la venezolana.

*Los nombres de los solicitantes de asilo son ficticios a petición de los entrevistados para mantener el anonimato tras las amenazas recibidas en sus países de origen.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) hizo llegar al Ministerio del Interior el pasado mes de noviembre un escrito en el que solicitaba medidas urgentes para los demandantes de asilo en el aeropuerto de Barajas. Pese a la denuncia acerca de las condiciones de insalubridad y hacinamiento que ACNUR puso por escrito hace casi tres meses, la situación ha empeorado, registrando momentos de tensión como la fuga de dos grupos demandantes de asilo e inadmitidos el fin de semana del 11 de enero. 

Dos funcionarios de la agencia de la ONU visitaron el aeropuerto madrileño el 6 de noviembre de 2023. El Alto Comisionado declaró entonces públicamente su preocupación por la situación de los demandantes de asilo y solicitó “mejor coordinación” entre las entidades que intervienen en la gestión de las solicitudes. 

Además, y sin que trascendiera, ACNUR envió a la cúpula de Interior un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que mostraba su preocupación, entre otros asuntos, por la situación de “varios menores” que llevaban 15 días en la misma sala “sin prácticamente acceso alguno a luz natural”.

Con la fuga de 24 peticionarios de asilo y 2 inadmitidos de este mes de enero, la situación en Barajas volvió a los medios de comunicación. Los sindicatos policiales facilitaron imágenes de personas casi amontonadas, basura sin retirar y baños carentes de higiene. De todo ello había ya informado al Ministerio del Interior la agencia de la ONU dos meses antes en un escrito en el que pedía “sustituir camas y colchones rotos, asegurar disponibilidad de agua caliente en los baños, revisión y puesta al día de las instalaciones y asegurar el mantenimiento general de los servicios básicos”.

El crecimiento incesante de las demandas de asilo en los últimos meses no se ha detenido y el martes las dos salas habilitadas en el aeropuerto de Barajas registraron un nuevo récord de 410 personas custodiadas. Tras la crisis de las fugas, Interior trasladó que se hacía cargo de la limpieza de las instalaciones y distribuyó fotos con una considerable mejora. Pero el miércoles de esta semana, Cruz Roja anunció que retiraba su atención a los demandantes de asilo e inadmitidos “temporalmente” hasta que mejoraran las condiciones de estos y las que deben presentarse, dijeron, para hacer correctamente su trabajo. 

“Espacios exclusivos para familias con niños”

Hace tres meses, ACNUR pedía la creación de “espacio exclusivos para familias con niños y niñas, acondicionados con material adecuado, juguetes o libros donde puedan estar separados de los demás adultos y proporcionar servicios específicos para la infancia”. Los funcionarios de la ONU reflejaron que los niños pasaban el día sin actividades específicas para ellos y compartiendo las 24 horas espacio con personas que mostraban signos de “ansiedad y preocupación”. Fuentes de Interior aseguran que en estos momentos se han puesto a disposición de la Policía “nuevas salas adicionales” y que eso “está permitiendo dar cumplimiento a dicha recomendación en la medida de las posibilidades de los nuevos espacios”.

Igualmente, la agencia de la ONU solicitaba “un protocolo para la identificación temprana de necesidades específicas, así como de protocolos de prevención y respuesta de violencia o abusos sexuales en las salas”. Por último, solicitaba “garantizar a diario que las personas solicitantes accedan a los espacios exteriores de las dependencias y a la luz natural”. Ninguna de estas peticiones se ha satisfecho a esta fecha. El Ministerio del Interior responde que ha aumentado el personal destinado a atender las solicitudes de protección internacional para agilizar la concesión o denegación y descongestionar las estancias. También que las condiciones higiénicas han mejorado. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que asesora a los demandantes, asegura que no basta con más personal sino que este debe contar con formación para ayudar realmente a los peticionarios. En este sentido, ACNUR ya reclamó en noviembre una “mesa de coordinación” que contara con la Policía Nacional, los abogados del ICAM, CEAR, Cruz Roja y la propia agencia de la ONU y que agilizara la tramitación de las solicitudes.

Para ello, decía ACNUR, era necesario habilitar “nuevos espacios que reúnan requisitos de confidencialidad y habilitarlos con los equipos informáticos y de otro tipo”. Un portavoz de Interior se encuentra en proceso de creación de dos mesas de trabajo con los citados actores implicados, diferenciando entre una técnica y una jurídica. Interior asegura que a las tres salas que había en noviembre, cuando recibió el escrito de ACNUR, se sumaron otras dos en diciembre.

En la actualidad, dicen fuentes de Interior, “se están realizando acciones coordinadas de estudio y cribado especial” en las peticiones de asilo para dar prioridad a los casos que lo necesiten. Esas fuentes añaden que en base a esas nuevas actuaciones se elaborará “un protocolo de identificación temprana” de esas demandas prioritarias. La Policía estaría realizando, por el momento, “autorizaciones excepcionales de entrada”, precisa.

La agencia de la ONU consideraba urgente establecer un protocolo por parte del Ministerio del Interior para que la Policía tenga claro cómo actuar y la comunicación fluya rápidamente en el caso de que la Audiencia Nacional dicte medidas cautelarísimas para los demandantes de asilo. Se trataría de evitar que la falta de comunicación de esas medidas, o la lentitud en ello, terminen por no ser aplicadas y los demandantes de asilo devueltos a sus países. 

Los funcionarios de la ONU se reunieron con solicitantes de asilo de Somalia, Colombia, Ecuador, Guinea, Angola, Senegal, Haití, Irán y China para que les trasladaran preocupaciones que la agencia comprobó in situ. Sin que haya trascendido hasta ahora, el 4 de noviembre se produjo un incendio y un demandante de asilo tuvo que ser atendido en el hospital. 

Los miembros de ACNUR constataron que faltaba agua caliente en los baños y duchas, que no había papel higiénico “desde hacía varios días”, que no había camas suficientes y que había personas que dormían en colchones fuera de las habitaciones. También detectaron desabastecimiento de mantas y sábanas y falta de ropa de recambio. Los demandantes de asilo no podían llamar al exterior y era Cruz Roja –ahora no presente– quien les facilitaba una sola llamada por solicitante a su llegada.

Si Sahat Zia Hero sube a lo alto de una de las colinas del campo de refugiados de Kutupalong, en la localidad de Cox´s Bazar en Bangladesh, puede ver el pueblo en el que vivió y creció en Myanmar, muy cerca de la frontera entre ambos países. Reconoce los árboles, los edificios y una torre telefónica cercana a su casa. “Incluso puedo sentir que percibo los sonidos y olores de mi pueblo”, dice Zia, refugiado rohingya, a elDiario.es.

Cuando ve a los niños jugando al fútbol en el campo de refugiados, recuerda su infancia y se imagina a él mismo –“era buen jugador”– con sus amigos y compañeros en Myanmar, en ese mismo pueblo que puede ver desde la cima de la colina, del que le separa un río, la frontera entre ambos países y toda una historia de violencia contra la comunidad rohingya, que le hizo huir de Myanmar en 2017 y que le hace imposible volver.

Zia, de 29 años, es uno de los cuatro ganadores regionales para Asia y el Pacífico del Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR 2023. Junto a Mohammed Salim Khan (31), Shahida Win (27) y Abdullah Habib (29), todos fotógrafos y refugiados rohingyas, ha recibido el premio por su labor documentando la vida de su comunidad en Kutupalong. Según ACNUR, “si los 33 campamentos que forman Kutupalong y otros dos asentamientos de Cox's Bazar fueran una ciudad, sería la quinta más poblada de Bangladesh, con alrededor de 930.000 personas refugiadas repartidas en 24 kilómetros cuadrados”. Los cuatro premiados hablan con elDiario.es desde una de las oficinas de ACNUR en el campo.

Shahida, Abdullah y Zia huyeron de su país tras el estallido de violencia contra la comunidad rohingya en agosto de 2018, cuando la ONU identificó elementos de genocidio contra la población rohingya. Según Amnistía Internacional, las Fuerzas Armadas de Myanmar llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad contra esta comunidad, entre los que se encuentran: asesinato, deportación y desplazamiento forzado, tortura, violación y otro tipo de violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos como negar el alimento y otros suministros necesarios para la vida.

Desde el estallido, llegaban una media de 8.000 personas cada día al país vecino y se calcula que más de 700.000 rohingyas huyeron del estado de Rakhine (Myanmar) buscando protección en Bangladesh. La mayoría llegó en los tres primeros meses de la crisis.

Su propia voz

“Nací y crecí en el campo de refugiados y, desde mi experiencia, puedo decir que la vida de un refugiado es difícil y dolorosa”, dice Khan. En 1992, según ACNUR, cerca de 14.000 rohingyas llegaron a los campos de refugiados de Cox´s Bazar huyendo de Myanmar. Muchos se quedaron y allí nacieron segundas y terceras generaciones, mientras que otros permanecieron en su país natal, en el estado de Rakhine, viviendo en condición de apátridas.

La violencia, las inundaciones, la falta de acceso a la educación o la actual crisis alimentaria –a principios de este año, el Programa Mundial de Alimentos recortó las raciones de comida para los refugiados rohingyas por la falta de financiación– que se vive en Kutupalong son algunas de las dificultades a las que se enfrenta la comunidad rohingya.

Los cuatro fotógrafos documentan la vida en el campo de refugiados para mostrar al mundo las condiciones en las que viven. Coinciden en la necesidad de contar su historia. “La situación del campo de refugiados se está volviendo más difícil. Y esa es la razón por la que empezamos a tomar fotos y contar historias de las dificultades con las que viven los refugiados, de su vida diaria y de su sufrimiento. Para que el mundo pueda escuchar la historia de los rohingyas a través de sus propias voces, de sus lentes, y puedan sentir nuestra vida, la manera en que estamos sobreviviendo en el campo”, cuenta Abdullah.

Para contar la vida en el campo de refugiados, Zia fundó la revista colectiva Rohingyaphotographer, publicada por fotógrafos refugiados rohingyas. Ya han publicado el primer y segundo número –centrados en la identidad de la comunidad y su relación con la naturaleza en el campo respectivamente–, con el apoyo del diseñador y artista visual español David Palazón, y están trabajando en el tercero –centrado en la crisis alimentaria–. “Mantenemos nuestro trabajo para empoderar a nuestra comunidad y conseguir cambios, marcando la diferencia juntos, para que la gente del resto del mundo pueda saber de nuestra experiencia y que nunca seamos olvidados”, dice sobre la revista su fundador, que también imparte clases y talleres de fotografía en el campo.

La vida en Kutupalong es aún más complicada para las mujeres rohingyas. La falta de espacios privados es uno de los grandes problemas. Antes tenían sus casas, ahora tienen que salir al exterior para utilizar las letrinas u otras instalaciones y recorrer largas distancias para ello. “Como mujer no te puedes mover libremente, tienes un tiempo límite, porque por la noche es peligroso caminar. Hay instalaciones a las que no pueden ir”, explica Sahida, quien además de tomar fotografías escribe poemas sobre la vida en el campo.

La falta de oportunidades y de educación hace que muchos jóvenes abandonen el campo de refugiados y se lancen al mar en busca de una vida mejor. “Están arriesgando su vida”, dice Zia. Ante la falta de una educación formal, la mayoría de los chicos en edad escolar está fuera del colegio buscando trabajo para ayudar a su familia.

Dolor y olvido

En el campo de refugiados de Kutupalong el sol sale por la frontera con Myanmar, al este de Bangladesh. “Cada vez que vemos el amanecer recordamos nuestro hogar”, dice Abdullah. “Es muy doloroso para todos nosotros”.

Sahida, que nació en otra parte del país pero creció en el estado de Rakhine, expresa el sentir general de los refugiados rohingyas tras seis años en el campo: “Tengo muchos recuerdos de allí y cada vez que me siento sola o estoy en el campo y me vienen a la mente esos recuerdos. Me siento muy triste. Quiero volver a mi país lo más pronto posible y vivir esos momentos de nuevo allí. Pero la situación no es buena y no es posible volver”.

Todos quieren volver a Myanmar y seguir documentando la vida de su comunidad. Su hogar está cruzando un río y la frontera entre ambos países para algunos incluso es visible desde el campo, pero la distancia real que los separa es mucho mayor. “Es el país donde hemos nacido y donde pertenecemos, pero no es fácil porque el conflicto todavía está activo. Es una situación crítica para los rohingyas y no es un buen momento para volver”, explica Abdullah. Insisten en que no pueden volver hasta que no haya una garantía de derechos, justicia hacia su comunidad y que sean reconocidos como ciudadanos de Myanmar. “Nacimos en Myanmar y pertenecemos allí. No somos apátridas”, dice Zia.

Los ganadores se sienten agradecidos por el premio y lo ven como una posibilidad de visibilizar las duras condiciones en las que viven en el campo de refugiados y de recordar al mundo la situación en la que se encuentra la comunidad rohingya. “Sentimos que el mundo nos está olvidando entre las numerosas crisis globales. Después de seis años en el campo de refugiados, la comunidad internacional ha fallado en proporcionar una solución sostenible”, expone Zia.

“¿A qué edad leíste tu primer libro?”, pregunta Abdullahi Mire. “No te acuerdas. Yo me leí mi primer libro con 10 años y me acuerdo perfectamente, era el libro Hello, children. Eso habla del privilegio que tenéis en Europa”.

Mire tiene la mirada cansada. Bosteza y pide un capuccino para espabilarse mientras se disculpa por sus constantes miradas al móvil. “Lo siento, no es que pase de ti, es que estoy agotado. Ayer hice ocho entrevistas, ahora iba a empezar otra y he dormido cuatro horas”, contaba desde la sede de ACNUR en Nairobi pocos días antes de viajar a Ginebra, donde este miércoles ha recogido el Premio Nansen para Refugiados de 2023 por su labor como creador del Centro de Educación para Jóvenes Refugiados, la organización que promueve la donación de libros al campo de refugiados de Dadaab, en el este de Kenia.

“Me sorprendió mucho, es algo enorme. Este premio lo ganan presidentes, el año pasado fue la excanciller de Alemania Angela Merkel”, dice, aún abrumado una semana después. A sus 36 años, Mire vivió en el campamento de Dadaab dos tercios de su vida tras llegar con tan solo tres años con sus padres, que huyeron en 1991 de la guerra en Somalia.

“Al principio pensábamos que sería corto y semi-permanente, pero no”, dice. Ese año se creó el campamento para refugiados somalís como él en la zona árida del este de Kenia, pero más de treinta años después la violencia, las sequías y las hambrunas han hecho que no paren de incrementar sus habitantes hasta las 378.000 personas en la actualidad. De ellos, la mitad son niños y todavía, a día de hoy, sólo el 58% puede ir a uno de los colegios en la zona.

En su época, Mire calcula que eran en torno a un 40% de niños los que, como él, iban al colegio. “No había espacio para más en los colegios. Compartíamos un libro entre cincuenta personas y en las clases había 200 alumnos por profesor, estaban saturadas”, recuerda Mire. A pesar de ello, él no sólo acabó primaria y secundaria, sino que incluso estudió Relaciones Públicas en la sede de la Universidad Kenyatta en el campo de Dadaab y empezó su carrera como periodista.

“Mi madre me empujó mucho para ello, trabajó duro como matrona y me consiguió clases particulares con profesores”, dice. Solo el 7% de los refugiados llega a tener estudios terciarios.

Hace diez años, su familia fue acogida por el Gobierno de Noruega en Oslo. A sus 26 años, Mire se fue con ellos, pero el frío de Oslo no le gustaba y tardó menos de dos años en regresar, esta vez con destino a Nairobi. Allí empezó a trabajar de freelance para medios como Al Jazeera o la agencia francesa AFP. Un día, en el campamento de refugiados de Dadaab, una chica se le acercó.

El libro de biología

“Me sorprendió porque en la cultura somalí no es habitual que una mujer se te acerque”, dice Mire. Acabó siendo el inicio de un importante cambio en su vida. Esa adolescente, Hodan Bashir, le dijo que su sueño era ser médica y le pidió que le comprara un libro de biología. El que tenían, decía, lo compartían entre 15 compañeras de clase. “Se pensaba que era un hombre importante con mucho dinero, pero tengo corazón y cuando tienes corazón eres rico”, explica el galardonado.

Ese encuentro se convirtió en una llamada a la acción. “Cuando volví a mi casa en Nairobi, pensé: esta chica necesita un libro y sí, se lo puedo comprar por unos siete dólares, pero hay miles como ella”. El periodista cogió su teléfono y empezó a llamar a amigos y compañeros de trabajo. Consiguió reunir 20 libros entre amigos en su primer envío, pero a partir de ahí quiso llegar a más.

El verdadero cambio fue cuando consiguió el contacto del embajador de Catar en Nairobi, quien donó 20.000 libros. Era 2017 y entonces se planteó profesionalizarlo. Un año después formalizó la organización del Centro de Educación para Jóvenes Refugiados, donde colaboran como voluntarias unas cincuenta personas que él coordina.

En cinco años han conseguido donar más de 100.000 libros de todo tipo a Dadaab: desde libros educativos hasta novelas de ficción. Todos ellos los donan desde el extranjero y la gran mayoría están en inglés, suajili y somalí, lo cual dificulta la gestión. “La clave es que lleguen a tiempo. Aquí los colegios empiezan en enero, por lo que tienes que asegurarte que en diciembre tengan los libros, no en junio, porque si no no sirve de nada”, asegura.

Las bibliotecas de Daadab

Además de los libros, Mire ha creado tres bibliotecas donde los alumnos pueden estudiar, leer y prestar sus libros. El lugar sirve a su vez como un espacio seguro para muchas chicas adolescentes. “Así las niñas no son violadas, se sienten seguras. Es una bendición y te sientes feliz”, dice Mire. En Somalia, la tasa de embarazos adolescentes supera los 90 por cada 1.000 mujeres.

El galardón recibido viene acompañado de 100.000 dólares. Mire tiene claro en qué va a empezar a invertir el dinero: “Lo primero que voy a hacer es poner electricidad e Internet en las librerías”, dice. Su visión, eso sí, es mucho mayor. “Mi plan es construir bibliotecas por toda África, la siguiente será en el campo de refugiados de Kakuma, luego Sudán, Somalia, Etiopía… Desafortunadamente tenemos problemas en todo el continente, así que tengo un gran peso sobre mis hombros”, dice Mire. “El problema de África viene de sus guerras. No necesitamos armas, necesitamos libros. El gran problema del mundo es el analfabetismo. Nuestros líderes buscan niñas y niños soldados para matarse entre ellos, pero yo estoy buscando un libro”, añade.

Su siguiente objetivo es encontrar una beca para que Bashir, la joven que le inspiró y que ahora es enfermera en el campo de refugiados de Dadaab, pueda cursar sus estudios de Medicina y cumplir su sueño de ser doctora: “La siguiente generación a la mía cambiará Somalia. Si los de mi edad no la podemos cambiar, quiero que otros lo hagan”.

El somalí se ilusiona cada día por ese futuro a través de la mirada de sus tres hijos. A pesar del estrés, las maratonianas jornadas de entrevistas y el peso de conseguir llevar libros antes de que comience el curso, Mire se olvida de todo al caer el sol. “Cuando llego a casa y mi hija viene corriendo a abrazarme, me olvido de todo. Eso es terapéutico”, sonríe.

Guerras, violencia, persecuciones, violaciones de derechos humanos… Tras más de una década de crecimiento ininterrumpido, el número de personas obligadas a abandonar su hogar por seguridad ha superado los 100 millones. A finales de 2022, la cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó la inaudita cifra de 108,4 millones de personas, 19.1 millones más que el año anterior (89,3 millones), según los últimos datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se trata de una subida sin precedentes —21%—, en una tendencia que parece seguir en la misma dirección, pues la cifra en mayo de 2023 llegó a los 110 millones de personas desplazadas tras la erupción del conflicto en Sudán.

“Estas cifras nos muestran que algunas personas son muy rápidas para adentrarse en conflictos y demasiado lentas para encontrar soluciones. La consecuencia es la devastación, el desplazamiento y la angustia por cada uno de los millones de personas desarraigadas y forzadas a abandonar sus hogares”, ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Y es que ese aumento se debe sobre todo a la proliferación de conflictos como el de Ucrania y, más recientemente, Sudán. El número de migrantes obligados a abandonar sus casas en 2022 cuadriplica la registrada en 2011 (26,8 millones), año en el que ACNUR comenzó a informar sobre el aumento de los desplazamientos forzosos en el mundo.

De los 108,4 millones de personas desplazadas a finales de 2022, el 58% (62,3 millones) son desplazados en sus propios países de origen a causa de conflictos o violencia, mientras que 34,6 millones de personas son refugiados, 5,4 millones solicitantes de asilo y 5,2 millones son personas en necesidad de protección internacional.

Aumento de los refugiados y guerra de Ucrania

La cifra de refugiados ha aumentado de forma drástica, en un 35%, pasando de 25,7 millones de personas en 2021 a 34,6 millones a finales de 2022, entre los que se encuentran 29,4 millones de refugiados bajo la protección de ACNUR y 5,9 millones de palestinos refugiados.

La guerra de Ucrania se ha convertido en la mayor causa de desplazamientos forzados en 2022. El número de refugiados provenientes de este país pasó de 27.300 personas en 2021 a 5,7 millones de personas a finales de 2022 —16% del total—. Se trata de la mayor salida de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Se ha producido también un aumento de los refugiados afganos según las revisiones de población en Irán, por lo que se estima que había 5,7 millones de afganos que abandonaron su hogar a finales del pasado año, 2,9 millones más que en 2021. El informe también refleja un aumento del número de venezolanos “en necesidad de protección internacional” en países como Perú o Colombia, cifra que alcanza los 5,4 millones de desplazados.

Más del 87% del total de refugiados o de personas con necesidad de protección internacional a finales de 2022 provenían de 10 países: Siria, Ucrania, Afganistán, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia y República Centroafricana. Se estima que casi uno de cada cinco refugiados en 2022 eran sirios, con 6,5 millones de desplazados forzosos.

Los países con menos ingresos, los que más acogen

El 70% de los refugiados son acogidos por países vecinos de donde se producen los conflictos o crisis humanitarias. Un porcentaje menor en comparación a otros años y que se debe sobre todo a que muchos ucranianos han sido acogidos en distintos países europeos no directamente próximos al país en cuestión.

Países vecinos que suelen ser generalmente de bajos o medios recursos, en términos de población y recursos. Según ACNUR, los estados no ricos son los que acogen el mayor número de desplazados. Los países de bajos ingresos, que suponen un 9% de la población mundial y que representan sólo el 0,5% del Producto Interior Bruto mundial, albergaron al 16% de los refugiados. Mientras que el 26% fueron acogidos por países de ingresos medio-bajos, el 33% por países de ingresos medio-altos y el 24% por países de ingresos altos.

Los 46 países menos desarrollados, que representan menos del 1,3% del PIB mundial, acogieron a más del 20% de los refugiados en 2022.

“La gente de todo el mundo continúa mostrando una extraordinaria solidaridad con los refugiados a medida que ofrecen protección y ayudan a los que lo necesitan”, ha añadido Grandi, “pero hace falta mucho más apoyo internacional y una distribución más equitativa de la responsabilidad, especialmente con aquellos países que albergan a la mayoría de los desplazados”.

Menos retorno voluntario y más reasentamientos

En 2022, 339.300 refugiados volvieron voluntariamente a sus 38 países de origen, la mayoría lo hicieron en Sudán del Sur, Siria, Camerún y Costa de Marfil.  Un descenso de 90.000 personas con respecto al año anterior (21%). Por su parte, 5,7 millones de desplazados internos regresaron a su hogar —8% más que en 2021—, mayoritariamente en Etiopía, Myanmar, Siria, Mozambique y República Democrática del Congo.

La política de reasentamiento (traslado de refugiados de un país, generalmente con menos recursos, a otro con más capacidad de acogida) ha recuperado sus niveles pre pandemia, produciéndose 114.300 reasentamientos, el doble de los 57.500 del año anterior. Sin embargo, desde ACNUR advierten que, pese al aumento, esta cifra está muy lejos de los 1,5 millones de personas que se estima en necesidad de reasentamiento.

También se ha producido un aumento del 2% de las personas que se encuentran sin estado. En 2022 unos 4,4 millones de personas se encontraban en situación de nacionalidad indeterminada.

“Sobre todo, se debe hacer mucho más para poner fin a los conflictos y eliminar los obstáculos para que los refugiados tengan la opción de regresar a su hogar de forma voluntaria, segura y digna”, ha advertido el Alto Comisionado para los Refugiados. 

Durante todo el fin de semana, un total de 16 equipos masculinos y 8 femeninos de diversas nacionalidades se darán cita en la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club para disputar el llamado Mundialito de la Inmigración. Esta iniciativa, impulsada por el conjunto rojiblanco y organizada junto con la empresa AR events, surgió hace 18 años con el afán de “apoyar al desarrollo integral de las personas inmigrantes” que residen en la ciudad y que comparten un mismo “idioma universal”: el deporte.  

“Para quienes vivimos lejos de nuestros países este Mundialito es más importante de lo que la gente puede llegar a creer”, admite Joel Llacsa, jugador de la selección de Perú, al confesar que este evento deportivo “hace que el tiempo se nos detenga y olvidemos todos los problemas que podamos tener”. Sentimientos que vuelven a ponerse en juego durante la XVI edición de este encuentro amistoso, que comienza este sábado con una novedad: la incorporación de dos equipos de mujeres y hombres refugiados que conforman la Selección ACNUR.

En concreto, se trata de ciudadanos de Ucrania y, en su mayoría, de países de África y Sudamérica, que viven en la capital andaluza bajo la tutela de Cruz Roja, CEAR y CEPAIM. Entidades sociales con las que trabaja la Fundación del club de Nervión mediante el proyecto europeo CrosSport, destinado a integrar a las personas refugiadas a través del deporte. “Para nosotros es un orgullo enorme ayudar a la transmisión de valores tan importantes” como “la integración y confraternización social”, según expresa el presidente del Sevilla FC, José Castro, en declaraciones a este medio.

Estrechar nuevos lazos y volver a los orígenes

Con esta nueva edición, se retoma una tradición que había quedado en suspenso a raíz de la pandemia y que los participantes habituales aguardaban con emoción. “Me alegro de que haya vuelto y que siga adelante con cada vez más equipos y personas participando”, celebra Marta Cruz, exjugadora y actual entrenadora de la selección femenina de Ecuador, que admite que este evento deportivo “significa mucho para las personas que estamos fuera de nuestros países”.

En línea similar, su compañero Joel expresa que durante las jornadas del Mundialito “se rompen las fronteras y se unen los corazones”. Por esta razón, el presidente del conjunto nervionense defiende que la capital hispalense es “una ciudad acogedora” que cuida a su gente, incluyendo “a todo ciudadano de cualquier parte del planeta que, por la razón que sea, ha encontrado en Sevilla su lugar en el mundo”. Y en esta cita deportiva, “un encuentro anual en el que poder compartir experiencias” y aficiones con el lema No te rindas “como forma de vida”.

Programación del campeonato

Así lo pondrán de manifiesto las dos jornadas de juego previstas para este último sábado y domingo de marzo. El sorteo que se celebró el pasado miércoles determinó que el torneo masculino va a arrancar a las 9:00 de la mañana con el partido de octavos de final entre Bolivia y Marruecos. Por su parte, el cuadro de las mujeres se pondrá en marcha a las 15.00 con una doble cita: Ecuador-Colombia y ACNUR-El Salvador. 

Las finales se jugarán el domingo, empezando por la femenina (prevista para las 12 del mediodía) y, a continuación, la masculina (prevista para las 13.00 horas). El broche final a este particular mundial se vivirá el viernes 7 de abril, cuando los campeones reciban el trofeo en el césped del estadio Sánchez-Pizjuán, minutos antes de que arranque el partido de LaLiga entre el Sevilla FC y el Celta.

La entrada es libre y promete ofrecer una nueva oportunidad “para conocer gente, fomentar la integración y el intercambio cultural, pero también de reconectar con nuestros orígenes”, en palabras de la entrenadora de la selección femenina que inicia la edición XVI del Mundialito de la Inmigración.

Las autoridades de Bangladesh han iniciado este lunes una investigación para esclarecer las causas de un masivo incendio que arrasó la tarde de este domingo con más de un tercio de las viviendas provistas en uno de los campamentos rohingya de Bangladesh, dejando 12.000 personas sin hogar.

La comisión de investigación está formada por representantes de la Oficina del Comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados, el Batallón de Policía Armada (APBn), la Policía local, la Policía de distrito de Cox's Bazar y los bomberos y Protección Civil se reunirán para investigar el origen de este incendio, según ha informado este lunes el medio bangladesí Dhaka Tribune.

Además de analizar las causas de este siniestro, el comité espera esclarecer en los próximos días si hubo algún intento de sabotaje en el masivo incendio, que se produce cuando los recortes de ayuda humanitaria complican la ayuda de los refugiados.

Una situación cada vez más compleja

De acuerdo con la agencia de la ONU para los refugiados, el resultado dejó unos 12.000 refugiados desplazados, más de un tercio de los 32.200 habitantes en el campo 11, más de 2.000 viviendas destruidas, y más de 90 instalaciones dañadas, incluidos hospitales y centros de aprendizaje.

Los masificados campamentos de refugiados rohingyas son muy vulnerables a incendios por la deficiencia de las instalaciones, su masificación, y las frágiles chozas de madera, bambú y plástico que cubren el área.

La situación de los refugiados de Bangladesh es cada vez más compleja. La ONU ha hecho numerosos llamados a los donantes debido a la escasez de fondos que obligó a recortar la asistencia alimentaria en los campamentos

Unos 738.000 rohingyas llegaron a los campamentos del sureste de Bangladesh tras el estallido en agosto de 2017 de una campaña de persecución y violencia por parte del Ejército de la vecina Birmania, que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, algo que investigan las cortes internacionales. 

Cuando se sienta delante de una familia de refugiados, Maha Ganni es muy consciente de la responsabilidad de su trabajo. De las palabras que escoja para traducir el relato transmitido, de cómo traslade a un papel las historias que escuche, puede depender la mejora de las condiciones de vida de los solicitantes de asilo que atiende, insiste una y otra vez. Lo sabe bien porque le atraviesa. Porque ella también estuvo al otro lado. 

Todo lo que escucha, como trabajadora humanitaria experta en reasentamiento en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la conecta con su huida de Kuwait en 1990, tras la operación militar impulsada por Sadam Husein en el país de Oriente Medio. La mujer de nacionalidad iraquí, hija de iraquíes inmigrantes de la minoría cristiana caldea, nació y creció en Kuwait, país al que no ha podido regresar desde que se despidió de su familia ante el inicio de la invasión. Ahora dedica su vida a ayudar a quienes, por distintos motivos, se ven forzados a abandonar su hogar por el conflicto o la persecución.

 “Nos despertamos cuando estaba el Ejército en las calles… No sabíamos qué iba a ser de nosotros”, recuerda la mujer desde Panamá, donde trabaja en la actualidad en Acnur como experta en reasentamiento, los programas que buscan trasladar a refugiados desde terceros países a otros Estados donde puedan encontrar más posibilidades de futuro. Aquel mes de agosto de 1990, Maha Ganni tenía 20 años y estudiaba Diseño de Interiores en Chipre, pero estaba pasando el verano con su familia en su país.

Entonces, encuentra uno de los primeros aprendizajes de su camino como refugiada, que sigue recordando cada día en la toma de decisiones de las familias que atiende. Ese que siempre le hace centrar su atención en los menores. “Los padres, en la huida, siempre piensan primero en qué es mejor para los hijos”, dice Maha. Por eso, le dijeron que debía salir del país, aunque ellos se quedasen atrás durante un tiempo más: “Me acuerdo de eso cuando atiendo a los niños. Me tocan mucho. Y pienso que nos debemos esforzar especialmente en ellos, porque ellos son el futuro”. 

La separación de su familia, derivada de las trabas sufridas por los iraquíes para ser reasentados en Estados Unidos, es otra de las situaciones que marcaron su historia. Como iraquíes caldeos y ante el aumento de la tensión en Oriente Medio, sus padres habían buscado distintas opciones desde hacía un par de años ante la posibilidad de que la situación se complicase en Kuwait. El plan era conseguir visados, para ella y sus tres hermanos, a España, uno de los países que, junto a Malta y Grecia, desde donde una asociación católica organizaba traslados de refugiados a Estados Unidos. 

Las trabas

Pero todo se empezó a complicar para los iraquíes, según el relato de la trabajadora humanitaria. La consecuencia fue la división de su familia por el mundo. Con el inicio de la Guerra del Golfo, Maha empezó a percibir discriminación contra las personas de su nacionalidad. Los trámites burocráticos marcaron el destino de cada uno de sus familiares, cuyo objetivo era viajar a España a medida que conseguían los visados.

La hermana gemela de Maha Ganni, muy unida a ella, se encontraba cursando sus estudios en Jordania. Maha tardó en lograr el permiso del Gobierno de Irak para salir del país, por lo que su visado a España se retrasó. Viajó a Jordania con un objetivo: despedirse de su hermana. Pasó nueve horas en Jordania. Se abrazaron pensando que se encontrarían pronto en Madrid, pero no pudieron hacerlo hasta un año después. 

“Mi hermana me explicó los requisitos para solicitar el visado para España. Ella se fue. Fui a la embajada, solicité y me rechazaron. No me dijeron por qué, por lo que me quedé en Jordania”, cuenta la mujer. Intentó diversas fórmulas para viajar a Madrid, a través de distintos países europeos, pero la política de visados se endureció por ser iraquí, debido a la inestabilidad en la zona. “Incluso fui deportada de Chipre, donde era estudiante, pero ya no dejaban entrar a los iraquíes”, cuenta. No logró ir a España hasta 1991, un año después, y lo hizo a través de Rumanía.  No consiguió reunirse con sus padres y su hermana pequeña hasta 2003. 

“Por eso, siempre recomiendo que la familia no se separe, que si ya están en un lugar seguro, que se esperen y hagan todo el reasentamiento juntos… Luego todo es más difícil, y siempre es más fácil si vas acompañado”, dice Ganni, cuyos aprendizajes diseñan la forma en la que ha trabajado en distintas misiones en Líbano, Ecuador, Jordania, Panamá, Sudáfrica, entre otros destinos. Aunque sus estudios estaban centrados en el Diseño de Interiores, a su llegada a España trabajó en todo lo que pudo, incluido la venta de pañuelos en el metro, dice sonriente desde Ciudad de Panamá. Los cuatro idiomas que manejaba con fluidez (árabe, caldeo, inglés y español) le facilitaron empezar a trabajar con diversas organizaciones dedicadas a la atención de refugiados, hasta que Acnur le ofreció unirse a una misión en Líbano. “Tampoco fue fácil, porque mi documentación de refugiada no era suficiente para viajar y no tenía pasaporte...”, recalca la trabajadora humanitaria. Finalmente, lo logró.

La “voz”

Durante un tiempo, dice, pensó que buscaba una vida “normal”. “Luego me di cuenta que esta es mi 'vida normal': ayudar a la gente. Creo que esa es mi misión en la vida porque he vivido todo lo que he vivido”, dice la mujer, que después de haber escapado de su país por la persecución ha tenido que enfrentar diversos riesgos durante su trabajo en Líbano y Ecuador. “La seguridad es muy importante para mí, pero se vive diferente cuando no es tu país: estás más protegida”, relata.

Ella, dice, siente una gran responsabilidad en las entrevistas para los programas de reasentamiento. En ese momento, dice, se convierte en “la voz de los refugiados”.

“Me di cuenta de que una palabra cambia mucho el futuro de los refugiados. Una de mis motivaciones para trabajar con refugiados es ser consciente de eso: una palabra puede fastidiar la vida de una persona o sacar adelante a una persona. Y eso también es una oportunidad. Solo un 1% de los refugiados son reasentados. Un 1% en todo el mundo. Y de cómo traslade sus palabras a los documentos puede depender que les den luz verde. Hay otros factores, pero estoy aquí porque creo que puedo aportar esa empatía en los trámites y tratar a todos con dignidad, independientemente de su nacionalidad”, reflexiona Ganni, quien hace un silencio antes de continuar: “Quiero evitar que le pase a los refugiados lo que yo y mi familia pasamos”.

“Puedo hablar con alguien que tenga 90 años y con poca formación y otra persona con dos másters y todos tienen el mismo derecho a optar al reasentamiento. Para mí todos son iguales. Todos tiene su oportunidad y todos tienen derecho de estar escuchados con atención. Lo importante para mí es que tengan su dignidad. A nosotros nos excluían por ser iraquíes y eso siempre lo recuerdo para escuchar a todas las personas por igual”, concluye.

El número de personas desplazadas en todo el mundo continúa al alza después de una década y se encuentran en el nivel más alto desde que se tiene registro. Según el informe anual publicado por la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), a finales de 2021, la cifra total de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares ascendía a 89,3 millones, más del doble que en 2012.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha vuelto hacer un llamamiento a todos los países para que tomen “medidas para hacer frente a esta desesperación humana y encontrar soluciones duraderas”. En caso contrario, Grandi sostiene que estas cifras superarían nuevos “récords”.

La cifra de personas desplazadas por la violencia, la persecución y las violaciones a los derechos humanos se ha incrementado un 8% en comparación con el año anterior. La mayoría de los desplazamientos, un 60%, se producen dentro de los propios países. Según Acnur, estos fueron “notablemente” más altos en 2021, mientras que los internacionales continuaron siendo bajos si se compara con los niveles anteriores a la pandemia, ya que, en muchos lugares, se siguieron aplicando restricciones fronterizas y de viaje. Hay un total de 53,2 millones de desplazados internos.

De los 89,3 millones, 21,3 son refugiadas bajo el mandato de Acnur, más que en 2020 –y a las que se suman otros 5,8 millones de palestinos–. El 72% son acogidas en países vecinos. Turquía continúa siendo el país que más personas acoge por quinto año consecutivo, seguido por Colombia, Uganda, Pakistán y Alemania. El país que más solicitudes de asilo nuevas recibió el año pasado es Estados Unidos.

Invasión rusa y refugiados

A pesar de ser de 2021, el informe hace una especial mención a los más de siete millones de ucranianos que se han visto obligados a desplazarse dentro de su país, y los más de seis millones de desplazamientos registrados de personas refugiadas desde Ucrania que se han producido a principios de 2022, tras la invasión rusa. Se trata de una de las “mayores crisis de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial”.

La agencia calcula que, con millones desplazados en Ucrania y otros países en 2022, las cifras totales de personas obligadas a escapar superan los 100 millones. “En otras palabras, una de cada 78 personas en el planeta ha sido forzada a huir, lo cual constituye un dramático hito al que, hace una década, pocos habrían imaginado que se llegaría”.

La mayoría de los refugiados procedentes de Ucrania han sido acogidos por países europeos de altos ingresos, recuerda Acnur, y se les ha ofrecido un estatus de protección temporal de la Unión Europea. Alrededor de 2,8 millones de personas están registradas en estos mecanismos.

La agencia de la ONU resalta que “muchos de los 36,2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y otras personas obligadas a huir de su país de origen” que ya habían sido desplazadas para fines de 2021 se encuentran en condiciones mucho más graves. Pone de ejemplo a aquellas que se ven “fuertemente afectadas por las crisis alimentarias”.

Crisis climática

Acnur advierte de que el aumento de las temperaturas calculado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático traerá consecuencias devastadoras para las personas. Según el Observatorio de los Desplazamientos Internos, unos 23 millones de personas se desplazaron dentro de sus propios países solo en 2021 por fenómenos meteorológicos extremos como las inundaciones, sequías o tormentas. 

El último informe Groundswell del Banco Mundial concluye que el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de seis regiones del mundo a desplazarse dentro de sus países para 2050. Sin embargo, Acnur matiza que estas cifras deben ser tomadas con cautela porque, según la organización, la conexión entre la movilidad humana y cambio climático es “extremadamente compleja” y no es un proceso “uniforme”.

A juicio de Acnur, sí está claro, sin embargo, que la mejor manera de “mitigar el riesgo de desplazamiento en el contexto del cambio climático es la acción conjunta para reducir las emisiones a nivel global y el apoyo al desarrollo ecológico, inclusivo y resiliente, así como el uso equitativo de los recursos”. Sin estas medidas, las “poblaciones vulnerables” serán las más afectadas por esta situación. 

Soluciones a largo plazo

La organización internacional hace hincapié en la necesidad de “actuar”, “compartir responsabilidades” y “encontrar soluciones” para los próximos años, pues el número de personas forzadas a abandonar su hogar no ha parado de crecer en diez años. 

Este aumento ha complicado la búsqueda de soluciones duraderas para estas personas. Las políticas para frenar la pandemia de 2020 ralentizaron las pocas medidas que se habían puesto en marcha para mejorar la situación de los desplazados. Sin embargo, en 2021 hubo un incremento de personas refugiadas y desplazadas dentro de sus países que se beneficiaron de soluciones, aunque Acnur destaca que aún sigue siendo “una pequeña cifra” de las necesidades globales.

Acnur dice que si se lograra una paz duradera en algunos lugares clave, las cifras de personas refugiadas a nivel mundial podrían reducirse a la mitad.

También destaca que otras posibilidades son la adquisición de la ciudadanía o el reasentamiento en terceros países, considerado crucial por la agencia para los refugiados más vulnerables. Sin embargo, el número de plazas de reasentamiento ofrecidas por los países sigue siendo insuficiente, según Acnur. Según los datos, en 2021, solo el 4% de aproximadamente 1,4 millones de personas refugiadas con necesidad de reasentamiento fueron reasentadas.

Desde el inicio de la invasión rusa, más de cinco millones de personas han huido de la guerra de Ucrania. Entre ellas están quienes prepararon la maleta nada más escuchar las primeras explosiones en la madrugada del 24 de febrero, pero también quienes esperaron hasta creérselo del todo. Están quienes pasaron días atrapados en filas kilométrica de coches, y quienes decidieron abandonar su vehículo y caminar a pie. O aquellos que aguantaron y aguantaron hasta que no pudieron más. La cifra, según estima el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), supone el mayor flujo de refugiados de los últimos 75 años.

“Han dejado atrás sus hogares y familias. Muchos harían cualquier cosa, y algunos incluso se arriesgan a volver, para ver a sus seres queridos. Pero cada nuevo ataque hace añicos sus esperanzas. Solo el fin de la guerra puede allanar el camino para reconstruir sus vidas”, dice Filippo Grandi, el alto comisionado.

En total, el número de personas que han dejado su hogar por los combates en Ucrania, donde antes de la guerra vivían 44 millones de personas, supera ya los 12 millones. Al menos 7,1 millones se han desplazado dentro de las fronteras del país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Polonia, principal puerta de salida

El flujo de refugiados se ha ralentizado –solo en los primeros 15 días salieron 2,5 millones de personas–, pero no llega a detenerse. La mayor parte de desplazados que han optado por abandonar Ucrania lo han hecho a través de Polonia, por donde han pasado más de 2,8 millones de personas y cuya población se ha volcado para acogerles. Le sigue Rumanía (757.047), Hungría (471.080), Moldavia (426.964), Eslovaquia (342.813) y Bielorrusia (23.759), así como Rusia (549.805).

Estas cifras, actualizadas por Acnur cada día, corresponde al número de personas que han cruzado sus fronteras desde Ucrania, pero miles de refugiados no han permanecido en los países vecinos sino que han continuado su trayecto a otros Estados de la UE. Las cifras, sin embargo, son inciertas, debido a que la mayoría de movimientos migratorios se están realizando de forma espontánea, impulsados es muchos casos por las redes familiares.

Iryna es una de las mujeres que tomó la decisión de salir del país por Polonia el mismo 24 de febrero. “A las cinco de la madrugada escuché los sonidos de las bombas, cogí las cosas muy rápido, como en 20 minutos, cogí el coche con mi madre y mi hijo y salimos hacia la frontera. Hicimos una parada para comprar más cosas: agua, comida y gasolina. Había muchísimos coches. Tardamos más de un día en conseguirlo. En la frontera esperamos alrededor de cinco horas, parados, en el coche”, detalló la mujer , a elDiario.es. La refugiada agradece la generosidad del pueblo polaco: “Nada más cruzar nos vinieron a preguntar si necesitábamos algo. Nos dieron agua, comida y medicinas para mi madre. La gente está siendo muy amable y cariñosa con nosotras”.

“Había noticias sobre la posible guerra desde hacía meses, pero nosotros no nos lo creíamos, confiamos en que vivíamos en un país democrático, que no era posible… Nunca lo vimos. Ahora estamos aquí. Miro al pasado y veo que, unos días atrás, había ido con mi hijo al cine. Pienso en lo importante que es vivir tus días simples, tu rutina, en tu país. He perdido todas mis cosas. He perdido mi hogar. He perdido mi perfume, mis libros, mi ropa… Es lo menos importante, pero todo se ha ido”, decía la mujer.

En un almacén de venta al por mayor de Korczowa (Polonia), se acumulan los camastros. Hay cientos de refugiados, en un enjambre creciente. Entre ellos está Elena. cuando la guerra estalló, tenía pendiente una intervención por el cáncer que padece. “Quizás puedan operar en Alemania”, especula su hermana. Su hijo, de 27 años, se ha quedado atrás para combatir.

En Moldavia, Dimitri y Tamara, de 85 años, contaban a finales de marzo a elDiario.es lo difícil que había sido salir de Ucrania tras aguantar más de un mes de guerra. “Apenas dormíamos nada, por miedo. La alarma sonaba, íbamos a nuestro sótano, pero al ser una casa baja, nos daba miedo que cualquier cohete llegase a nosotros...”, decía Tamara, con pronunciadas ojeras, poco después de haber bajado de un minibus tras atravesar el paso fronterizo de Palanca, que separa el sur de Ucrania del pequeño país vecino.

Más de 65.000 en España

Tras el acuerdo alcanzado por la UE, los Estados miembros empiezan a activar en sus países la directiva de protección temporal que garantiza la acogida automática en suelo comunitario de quienes escapan del ataque ruso. El acuerdo consiste en dar protección durante un año (prorrogable hasta tres) a ciudadanos ucranianos y su familia. A los residentes de terceros países de larga duración en Ucrania se les podrá aplicar la directiva de protección temporal automáticamente o conceder un estatus adecuado o equivalente recogido en la legislación nacional del país de acogida.

España fue uno de los principales países en aprobar el sistema para regularizar la situación de los refugiados de la guerra de Ucrania. En su aplicación de la directiva europea, el Gobierno decidió asegurar también la protección a otras personas que no quedaban amparadas en la normativa comunitaria: los residentes extranjeros en Ucrania –cualquiera que sea la duración de su permiso de residencia–, así como los ucranianos que residían sin papeles en España antes del inicio de la invasión rusa.

Desde la activación del sistema para otorgar la protección temporal en España, 65.056 desplazados de Ucrania han conseguido ya los papeles, según Interior, aunque se estima que la cifra de refugiados ucranianos en el país es mucho mayor. El dato incluye tanto las personas huidas del país en guerra desde el 24 de febrero, como los ucranianos que vivían en el país sin papeles y han regularizado su situación. Las redes familiares son fundamentales para la selección del país de destino en los flujos migratorios. Y, según los datos de Eurostat, España es el cuarto país europeo con mayor número de residentes ucranianos, solo detrás de Polonia, Italia y República Checa. 

Las comunidades autónomas donde más permisos se han concedido son Madrid (13.095), Catalunya (12.118), la Comunitat Valenciana (11.241) y Andalucía (9.463). El Ministerio de Inclusión ha abierto cuatro centros de referencia para los desplazados de Ucrania, ubicados en Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona, donde los ucranianos pueden documentarse, ser acogidos o derivados a otro centro de la red estatal.

Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona son las provincias con mayor número de solicitudes de protección temporal concedidas. También destacan Murcia, con 2.657 peticiones aprobadas, Valencia (2.625), Islas Baleares (1.868) y Girona (1.685).

Los padres de Yulia se encuentran dentro de esas cifras. Ellos fueron de los primeros en conseguir su permiso de residencia, aunque tuvieron que esperar en el interior del centro de Pozuelo de Alarcón durante siete horas. Su madre y su padre, de 62 años, llegaron a España a principios de marzo, tras pasar varios días escondidos en refugios de Kiev, protegiéndose de los bombardeos durante más de una semana. “Estuvieron muchos días en los sótanos, sin dormir... querían quedarse pero, al ver que la situación no se soluciona, han tomado la decisión”, relata mientras espera la salida de sus familiares. Aquí estaba su hija para recibirlos.

No era la primera vez que huían: “Ya tuvieron que hacerlo de Donesk, tras el inicio de las protestas y el conflicto en la región. ”Allí dejaron su negocio, una copistería, y tuvieron que empezar de cero en Kiev. Pensábamos que allí estarían seguros. Este año habían abierto de nuevo un 'copy-center'... Y ahora tienen que empezar de cero, otra vez. Han salido con una bolsa“. Ya tienen los papeles y ambos viven en la vivienda de su hija, que ahora le da vueltas a la cabeza para buscar una manera de costear todos sus gastos, ahora que han pasado de ser dos a cuatro en casa.

Las solicitudes de regularización de personas que han llegado a Euskadi procedentes de Ucrania han “acelerado el ritmo” en los últimos días, gracias al sistema de cita previa, y en las comisarías provinciales de la Policía Nacional se han tramitado un total de 628 solicitudes. En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada en Vitoria con empresas y representantes del sector vasco de la agroalimentación para informar de las ayudas recogidas en el PERTE agroalimentario, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha sido preguntado sobre las solicitudes de regularización solicitadas en Euskadi por personas que han abandonado Ucrania.

Según ha indicado y tal y como recoge Europa Press, los últimos datos registrados por las comisarías provinciales de la Policía Nacional en Euskadi este pasado viernes apuntan que se han tramitado 628 solicitudes. “Consideramos que se ha acelerado el ritmo, vamos a buen ritmo. Realmente ha funcionado el sistema de la cita previa”, ha señalado, antes de detallar que todas las citas previas para esta semana están ya ocupadas.

No obstante, ha realizado un llamamiento a todas las personas ucranianas “que hayan podido recalar en Euskadi” a que lleven a cabo este procedimiento, ya que “es el más garantista de los que se han puesto en marcha para reconocer los derechos, no solo de residencia, sino de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, y de ejercer otro tipo de derechos de ámbito social, como el de la Educación y de la sanidad en el conjunto de España”. “Consideramos que el ritmo es adecuado y que, efectivamente, la ciudadanía ucraniana que está recalando en Euskadi está respondiendo al proceso de regularización”, ha concluido.