Junts ha fichado en Manresa (Barcelona) a Sergi Perramon, el político que consiguió dos concejales en la ciudad para la extrema derecha de Front Nacional de Catalunya (FNC) en las últimas elecciones municipales. La formación de Carles Puigdemont ha llegado a un acuerdo en este municipio barcelonés con Avenç Nacionalista, la nueva plataforma de Perramon, para los comicios de 2027 en los que aspiran a desbancar de la alcaldía a ERC.

Ambos grupos, Junts y Avenç Nacionalista, darán los detalles de la coalición electoral este viernes al mediodía en una rueda de prensa conjunta en la capital de la comarca del Bages. El acuerdo se ha sellado entre el líder de Junts en Manresa, Ramon Bacardit, y Perramon. En las últimas semanas, los contactos entre ambas formaciones se habían intensificado y han encontrado alianzas en cuestiones como el padrón, la seguridad o los empleos.

Perramon, que llegó a militar en las juventudes de Convergència, se presentó en las últimas elecciones municipales de 2023 bajo las siglas del Frente Nacional de Catalunya y logró dos concejales y más del 6% de los votos. Sin embargo, se fue distanciando del partido y, desde 2025, actúa como concejal bajo la marca de Grup Nacionalista. A finales de diciembre, Perramon presentó públicamente el nuevo partido Avenç Nacionalista. En ese momento, aseguró que quería crear una plataforma de “centroderecha” rehuyendo de siglas y sin la marca de ningún partido.

Perramon recibió recientemente ofertas de Aliança Catalana para ser candidato en Manresa, pero declinó. Esta formación, liderada por Sílvia Orriols, se ha quedado con el espacio de la extrema derecha independentista que un día trató de ocupar el FNC.

El pleno del Ayuntamiento de Manresa está constituido ahora mismo por 25 concejales: siete de ERC, seis de Junts, cuatro del PSC, 2 de Impulsem, 3 de FEM-CUP, 2 del FNC y 1 de Vox. ERC, PSC e Impulsem firmaron un acuerdo para gobernar conjuntamente.

Desde ERC ya han criticado el acuerdo. Gabriel Rufián, su portavoz en el Congreso, ha afirmado que llegarán más pactos de este tipo. “Y cuando pase, quienes han callado y fomentado una burbuja política, mediática y digital profundamente tóxica en Catalunya se preguntarán qué ha pasado”, ha dicho.

Grupos de manifestantes están bloqueando los accesos del Nou Congost de Manresa (Barcelona), el pabellón donde se juegan los partidos de básquet y que la noche del miércoles esté previsto que acoja un encuentro entre el Baxi Manresa y el Hapoel de Jerusalén.

La protesta ha empezado durante la mañana con cortes en la C-25 en el marco de la huelga en apoyo a Palestina y, después de despejar los piquetes, diversos grupos de personas se han concentrado en otros puntos de la ciudad para intentar cortar todos los accesos al recinto. Los activistas lucen pancartas con mensajes como “Ama al básquet, odia al genocidio. Boicot Israel”.

La intención era impedir el acceso de los jugadores para evitar que que el partido, que se celebrará a puerta cerrada, pudiera llegar a jugarse. Pero finalmente, el equipo ha conseguido llegar hasta el pabellón pasadas las 18h de la tarde. Para evitar a los manifestantes, lo han hecho en furgonetas tintadas en lugar de en el autobús oficial y custodiados por un amplio dispositivo de los Mossos d'Esquadra.

Las entidades convocantes han decidido mantener la concentración a pesar de que todo apunta que el encuentro se ha celebrado a las 20:45, tal como estaba previsto. La movilización ha durado hasta pasadas las 21 horas, momento en el que, después de casi nueve horas de protesta, los organizadores han desconvocado para evitar “posibles identificaciones arbitrarias”.

A pesar de que el partido se ha acabado celebrando, los concentrados han definido la acción como un “éxito”. “Hemos demostrado nuestra fuerza de movilización”, han asegurado.

Las protestas por este partido no se han quedado sólo en Manresa, sino que también han llegado a la capital catalana. Después de las manifestaciones de la mañana con motivo de la huelga, un grupo de personas se ha concentrado a las puertas de un hotel cercano a la Estación de Sants, donde se concentraban los jugadores del Hapoel.

Los activistas pretendían bloquear la salida del recinto, pero una decena de furgones de los Mossos ha dispersado la sentada con gas pimienta y a golpe de carga. Los activistas se han visto obligados a apartarse para escapar del gas, momento que han aprovechado los vehículos del equipo israelí para salir del establecimiento.

El partido, que ha sido considerado como de alto riesgo por los Mossos d'Esquadra, se jugará a puerta cerrada para evitar disturbios. La policía catalana ha instalado desde el mediodía un amplio dispositivo sin precedentes para evitar que los manifestantes lleguen al pabellón.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado en Manresa (Barcelona) a un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer, la cual se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque no se teme por su vida, y de la que tenía una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana en la vivienda donde reside la víctima, situada en la plaza de Sant Ignasi, según ha avanzado Naciò Manresa y han confirmado a EFE fuentes policiales.

El hombre, presuntamente, agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar. Los Mossos d'Esquadra detuvieron poco después, sobre las siete y veinte de la mañana, al presunto agresor en una gasolinera de esta localidad.

La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer. Según informan fuentes policiales, el detenido tiene además varios antecedentes, y pasará en las próximas horas a disposición judicial por esta agresión.

La víctima, que resultó con heridas de gravedad por el apuñalamiento y la caída, aunque su vida no corre peligro, fue trasladada por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

La noche del 4 al 5 de septiembre de 1988, los hermanos Isidre y Dolors Orrit, de 5 y 17 años, desaparecieron del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) sin dejar rastro. Más de treinta años después de su desaparición, el caso continúa sin resolverse. 

Este es el punto de partida del documental ‘Els Orrit’, estrenado en el marco del Festival Docs Barcelona, como la primera mirada cinematográfica a esta historia familiar. “Un documental que muestra una visión amplia, sincera y transparente de todo lo que pasó”. Así es como define Marc Solanes, director y periodista, su último trabajo, del que es director junto al cineasta Ferran Ureña. 

Se trata de un film que intenta reconstruir los hechos de 1988, pero es sobre todo “una alegoría del dolor y la pérdida” de los familiares durante todos estos años. “Era un caso del que se había hablado mucho, pero faltaba información”, explica. “Parecía que los medios de comunicación se copiaban unos a otros todo el rato”. 

Durante el proceso de documentación, les sorprendió que de todos los hermanos Orrit, solo hablara Mari Carmen. “Solo con su testimonio no teníamos documental, era un reportaje más de entre cientos”, confiesa Solanes. “Nos pusimos en contacto con Iciar Iriondo, criminóloga y abogada del caso y a partir de ahí nos ganamos su confianza hasta que la familia accedió a hablar con nosotros”, explican. 

“El objetivo era hacer un documental que huyera del sensacionalismo con el que los medios de comunicación han tratado el caso hasta ahora”, cuenta Solanes. El film intercala los testimonios de cuatro de los hermanos Orrit: Rosa, Jordi, Mari Carmen y Alfred, junto al del detective del caso y otras personalidades como el periodista Paco Lobatón, que en 1988 era presentador del programa ‘Quién sabe dónde’, un espacio televisivo que jugó un papel clave en la investigación que se estaba llevando a cabo en Manresa.  

Mari Carmen Orrit, la cuarta de los quince hermanos, explica que este enfoque pulcro y sin sensacionalismos quedó claro desde el principio. “Es la primera vez que se trata el caso con justicia y respeto”, apunta Mari Carmen. “El documental incluye todas las parte implicadas, los que no han querido hablar, ya lo han hecho sin quererlo”, añade.

Una familia numerosa 

Los Orrit Pires eran 15 hermanos. El padre, Alfredo, era un hombre portugués muy trabajador e implicado en la educación de sus hijos. La madre, Maria, una mujer entregada en las tareas domésticas. 

“Éramos una familia humilde, pero muy feliz”, explica Mari Carmen en conversación telefónica. La familia de Sallent vivía en la ‘Fàbrica Vermella’, una antigua factoría textil en las afueras de Manresa. “Todos los niños teníamos muy buena relación, íbamos juntos al colegio y jugábamos en el patio cada tarde”, cuenta. 

Tras la muerte del padre de la familia, el más pequeño de la familia, Isidre, fue ingresado en el Hospital de Manresa por una infección en la boca. Fue precisamente una de esas noches cuando desapareció junto a su hermana Dolors. Era la segunda noche que pasaba en el hospital, pero no fue hasta la mañana siguiente, a eso de las 6:00 horas, cuando se dieron cuenta de que los niños no estaban. 

Nadie les dijo nada: los niños habían desaparecido y nadie había visto ni escuchado nada extraño. El Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, señala el documental, se desentendió de la desaparición de los menores y nunca ha querido hacer declaraciones. 

Lejos del ‘true crime’  

La propuesta podría definirse más por lo ausente que por lo presente. Más allá de las fotos del archivo familiar a modo de transición, no hay dramatizaciones ni músicas llamativas. El documental mantiene las distancias respecto a las convenciones del true crime y del reporterismo de sucesos. La clave: no hay voz en off ni ningún narrador, es la voz de la familia la que conduce todo el documental. 

“El caso daba para poner voces dramatizadas y recreaciones de escenarios, pero no quisimos”, confiesa Ureña. Los directores contaban con todo el sumario del caso, un documento que, según ellos, era bastante “escatológico” y tenía detalles muy concretos sobre los menores o el informe de los servicios sociales. “Si queríamos enganchar al espectador, lo teníamos fácil, pero ese no era nuestro objetivo”, explican. 

La familia ve el estreno como una nueva difusión del caso y restan a la espera de que pueda surgir algún testimonio o alguna pista que les permita tirar del hilo para saber si Dolors e Isidre están vivos. “Tenemos la esperanza de que el documental remueva la conciencia de aquellos que saben algo sobre la desaparición y lo expliquen anónimamente”, confiesa Mari Carmen. “El delito prescribió hace 20 años, aunque los hubieran matado, no les pasaría nada”.

Los Orrit piden que la desaparición de Isidre y Dolors se revise como una desaparición y no como un delito, como se ha tratado hasta ahora. Argumentan que, desde el primer momento, la policía contempló el caso como el rapto de un niño y la inducción al abandono del hogar de la niña, pero aseguran que “no hay ninguna prueba”. 

Ahora, Mari Carmen sigue hojeando la libreta roja donde su madre anotaba cada día todos los pasos que hacía para intentar encontrar a sus hijos. Hay tristeza, dolor, culpabilidad, rabia e impotencia en el seno familiar. Pero no tira la toalla. “35 años después, sigue habiendo esperanza”, concluye. 

Un juez de Manresa (Barcelona) ha dejado a un paso del juicio a seis mossos d'esquadra por la agresión racista que sufrió un joven en 2019 en el municipio de Sant Feliu Sasserra. El magistrado da diez días a la Fiscalía y a la acusación particular del joven, que ejerce SOS Racisme, para que presenten sus escritos de acusación.

En un auto, el magistrado da por finalizada la instrucción del caso y considera que, de forma indiciaria, el comportamiento “agresivo, degradante y vejatorio” de los seis agentes “ya sea por acción o por omisión” puede considerarse como un presunto delito contra la integridad moral y otro de lesiones. 

Gracias al audio que grabó Wubi, la víctima, se pudo escuchar a los agentes dirigiéndole amenazas y varios comentarios racistas como “negro de mierda”, “hijo de puta” o “soy racista no, lo siguiente”. Los seis mossos investigados han dificultado la investigación hasta el punto de querer acudir a la rueda de reconocimiento con la cara tapada, extremo que vetó el instructor. 

La decisión del juez, que se puede recurrir ante la Audiencia de Barcelona, supone la recta final antes del juicio en un caso en que los superiores de los agentes investigados han pasado del encubrimiento a la colaboración con la investigación, lo que ha sido clave para el avance de la causa: el pasado verano dos jefes de los seis agentes rectificaron su declaración inicial ante Asuntos Internos, en la que dijeron no poder reconocer a ninguno de los investigados en la grabación de los hechos, y finalmente sí identificaron a los mossos que participaron en la agresión.

Los dos sargentos señalaron a uno de los agentes investigados como el mosso que profirió los insultos más graves –“negro de mierda, hijo de puta”; “soy racista no, lo siguiente”– a la víctima. Ambos mandos también identificaron al mosso que en la grabación insta a la víctima a irse “un poco más abajo porque aquí ya tenemos suficiente mierda”.

Además, el primer sargento reconoció en la grabación al agente que aseguró haber disparado al joven y después le espetó: “Porque he fallado. Si no, te reviento las costillas”. Los dos mandos identificaron en el audio al cabo de la unidad, que, al igual que los otros cuatro agentes investigados, si bien no profiere amenazas directas al joven no frena los insultos de sus compañeros.

Los seis agentes investigados han sido trasladados de destino por la conselleria de Interior pero no han sido suspendidos de empleo ni de sueldo pese a que así lo permite el reglamento interno de la policía catalana. De hecho la conselleria desoyó al Parlament y rechazó suspender de empleo y sueldo a los mossos implicados en la agresión racista tal y como le había pedido la Cámara catalana.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó por abuso y no por agresión sexual a los cinco hombres que violaron a una menor en Manresa en 2016, manteniendo las penas de 10 y 12 años de prisión que se les impusieron. Todos los condenados siguen en libertad a día de hoy y dos de ellos permanecen huidos de la Justicia.

El tribunal ha adoptado la decisión solo por mayoría, pues de los tres togados uno era partidario de condenar por agresión sexual, tal y como pedían la Fiscalía y la acusación particular de la víctima. En la sentencia, la Sala de Apelaciones del TSJC descarta los argumentos de la Fiscalía para condenar por agresión. Se basaba el Ministerio Público en la “intimidación ambiental” a la que, a su juicio, sometieron los jóvenes a la menor cuando la violaron por turnos en una fábrica abandonada de Manresa durante una fiesta de Halloween el 29 de octubre de 2016, cuando la menor tenía solo 14 años, por debajo de la edad de consentimiento.

El tribunal de la Audiencia de Barcelona no apreció la intimidación alegada por la Fiscalía, pues consideró que el estado de embriaguez e inconsciencia de la víctima hizo innecesario que los violadores la sometieran a violencia o intimidación, los requisitos para condenar por agresión sexual. Además de la condena por abusos a cinco procesados, los jueces absolvieron a a otro de los procesados y a un séptimo que se masturbó mientras presenciaba el ataque, sin tratar de evitarlo.

Las magistradas Roser Bach y María Jesús Manzano confirman el razonamiento de la Audiencia de Barcelona. “La única circunstancia que determinó la anulación de la voluntad de la víctima fue el estado en que se encontraba como consecuencia del consumo de sustancias tóxicas, más allá, obviamente, de su edad, que convierte un eventual consentimiento en irrelevante”, reza la sentencia de la Sala de Apelaciones del TSJC.

La Sala también rechaza la petición de la Fiscalía de agravar las penas por “actuación conjunta” de los procesados, pues, aunque alguna de las violaciones que sufrió la menor ocurrieron en presencia de otros hombres, no se puede concretar quiénes eran sin entrar a valorar las pruebas expuestas en el juicio.

En cambio el tercer miembro del tribunal, el magistrado Carlos Mir, firma un voto particular en el que defiende que sí hay motivos para condenar por agresión sexual, pues los acusados no solo “se aprovecharon” de la víctima gracias a la “pérdida de sentido” provocada por el alcohol, sino que la violaron gracias a “una conducta intimidatoria por la que dominaron la situación” y que fue “capaz de anular toda posibilidad de oposición o resistencia de la víctima”.

Tras remitirse a la sentencia del Supremo sobre la violación de La Manada de los Sanfermines, que también alegaba la Fiscalía para reclamar la condena por agresión, el magistrado señala las circunstancias que conforman “intimidación ambiental”: la edad y constitución física de víctima y agresores, varios autores, el contexto o ambiente en que ocurrió el ataque –una caseta oscura en una nave abandonada– y la afectación por el alcohol o la droga. Para el juez, el delito de agresión sexual no requiere que la acción “sea irresistible, invencible o de gravedad inusitada, ni tampoco requiere heroicidades por parte de la víctima, basta que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad”.

Lo que sí acuerda la Sala es elevar la indemnización que los condenados deben pagar a la víctima, que pasa de 12.000 a 60.000 euros debido a “la gravedad del ataque, especialmente denigrante” que sufrió.

De los cinco condenados, dos, Daniel David R.L. y Yordanis de J.C.L., permanecen huidos y en paradero desconocido después de que el tribunal de la sección 22a de la Audiencia de Barcelona tardara 47 días entre su primer plante a la Justicia –el día que les habían citado para entregarles la sentencia del caso– y la emisión de una orden de búsqueda. El resto de condenados que no se ha fugado permanece en libertad provisional por decisión de la Audiencia de Barcelona.

El juez de Manresa (Barcelona) que investiga la agresión racista de agentes de los Mossos d'Esquadra a un joven en enero de 2019 ha rechazado la petición de los policías investigados para acudir a una rueda de reconocimiento con la cara tapada. Según han informado fuentes judiciales, el magistrado ha acordado que, en contra de su pretensión, los agentes se sometan a la rueda de reconocimiento a cara descubierta, pues el denunciante afirmó que en algún momento de la actuación los policías se quitaron la braga que les cubría la cara y los pudo ver.

Pese a que la rueda de reconocimiento estaba fijada para este jueves, finalmente el juez la ha tenido que suspender porque los agentes investigados han recurrido a última hora ante la Audiencia de Barcelona el rechazo del instructor de que comparezcan con la cara tapada. Hasta que la Audiencia de Barcelona no resuelva el recurso, la diligencia no se podrá practicar. La maniobra procesal sirve a los mossos investigados para ganar tiempo en un caso que acumula ya más de dos años en instrucción.

La diligencia en los juzgados de Manresa será relevante para el caso pues servirá para que la víctima, el joven Wubi, corrobore la identidad de los agentes que le profirieron insultos racistas como “negro de mierda, hijo de puta”. De la Audiencia de Barcelona depende ahora que la rueda de reconocimiento se celebre tras los sucesivos intentos de los agentes imputados para que no se lleve a cabo o para vaciarla de sentido, primero pidiendo el archivo del caso y después solicitando al juez acudir a la misma con la cara tapada.

En un auto, el juez razona que de acceder a la petición de las defensas para que los agentes acudieran a la rueda de reconocimiento con la cara tapada con una braga “se dificultaría la posible identificación por parte del denunciante al que se les mostraría a los agentes, en circunstancias faciales distintas –más dificultosas para su caracterización física–, a las que, en algún momento, apreció” en el momento de los hechos denunciados.

Desde SOS Racisme, que representa al joven, han criticado a los agentes por retrasar de nuevo el avance de la causa y han indicado que mas allá del resultado de la rueda de reconocimiento “en ninguna circunstancia se puede responzabilizar a la víctima exigiendo que más de dos años después de la agresión tenga que identificar a los agresores”.

Con la celebración de la rueda de reconocimiento, el caso encarará su recta final antes de que el instructor decida si hay suficientes indicios para enviar a juicio a los seis agentes investigados por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral. El pasado verano dos jefes de los seis agentes rectificaron su declaración inicial ante Asuntos Internos, en la que dijeron no poder reconocer a ninguno de los investigados en la grabación de los hechos, y finalmente sí identificaron a los mossos que participaron en la agresión.

Los dos sargentos señalaron a uno de los agentes investigados como el mosso que profirió los insultos más graves –“negro de mierda, hijo de puta”; “soy racista no, lo siguiente”– a la víctima. Ambos mandos también identificaron al mosso que en la grabación insta a la víctima a irse “un poco más abajo porque aquí ya tenemos suficiente mierda”.

Además, el primer sargento reconoció en la grabación al agente que aseguró haber disparado al joven y después le espetó: “Porque he fallado. Si no, te reviento las costillas”. Los dos mandos identificaron en el audio al cabo de la unidad, que, al igual que los otros cuatro agentes investigados, si bien no profiere amenazas directas al joven no frena los insultos de sus compañeros.

Los seis agentes investigados han sido trasladados de destino por la conselleria de Interior pero no han sido suspendidos de empleo ni de sueldo pese a que así lo permite el reglamento interno de la policía catalana. De hecho la conselleria desoyó al Parlament y rechazó suspender de empleo y sueldo a los mossos implicados en la agresión racista tal y como le había pedido la Cámara catalana.

Manresa, en la provincia de Barcelona, y Reus, en la de Tarragona, son ahora mismo las ciudades catalanas que sufren una mayor incidencia del coronavirus. La primera, con una incidencia acumulada de 724 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas; la segunda, con 717. Ambas se sitúan entre las 25 grandes ciudades españolas con mayor impacto de la epidemia. 

Los malos datos ya se hacen notar en ambas ciudades y en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa se ha superado en esta tercera ola la cifra de ingresados de la segunda. En estos momentos, según han explicado sus responsables a TV3, hay 118 personas ingresadas por COVID-19, más que las 91 que alcanzaron en el pico de la segunda ola, aunque lejos de los 385 de la primera.

Más allá de estas dos ciudades, los casos siguen en aumento en Catalunya. En las últimas 24 horas, se han notificado 4.780 positivos por PCR o tests de antígenos. Los ingresados en el hospital han superado por primera vez la barrera de los 2.500, mientras que los que están en la UCI son 493, que ocupan más de la mitad de camas. Por otra parte, se ha informado de 11 nuevas muertes y el total es de 17.725.

Este 13 de enero se cumple una semana desde que se aplicaron más restricciones en Catalunya posteriores a las fiestas de Navidad, pero los datos no reflejan ninguna mejora. El Govern deberá revisarlo a finales de esta semana. Por ahora, Catalunya mantiene un confinamiento perimetral de todos los municipios, el cierre de comercios en fin de semana y importantes restricciones horarias y de aforo en los bares.

“La situación es muy preocupante y hemos tomado medidas muy restrictivas para mantener la curva de la pandemia”, ha defendido este miércoles en sede parlamentaria la consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

Daniel David R.L. y Yordanis de J.C.L. siguen en paradero desconocido. Este martes se cumple el último plazo indicado por la Audiencia de Barcelona para que los dos primos comparezcan ante el tribunal que les condenó a 10 años por la violación de una menor en Manresa en 2016. Si no lo hacen, serán declarados en rebeldía. La orden de arresto e ingreso en prisión emitida por los magistrados de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona no se activó hasta el pasado 17 de diciembre, cuando los dos condenados ya habían plantado al tribunal en hasta tres ocasiones.

Según ha podido saber este diario, los dos fugados ya no se presentaron a su cita con la justicia del pasado 31 de octubre, cuando el tribunal citó a los acusados para entregarles en mano la sentencia. Sí lo hicieron los otros tres condenados a penas de 12 y 10 años de cárcel en un fallo polémico: abuso sexual en vez de agresión. Tampoco acudieron a la entrega de la sentencia representantes de la Fiscalía y de la acusación particular de la víctima de la violación, lo que impidió que pidieran el mismo día 31 una vista para debatir el ingreso en prisión provisional de los condenados en primera instancia y una orden de busca y captura.

Fuentes del Ministerio Público argumentan que no hay en plantilla suficientes fiscales como para acudir a todas las entregas de sentencia, y explican que en este caso se siguió el procedimiento habitual: la petición de vista de ingreso en prisión provisional para los cinco condenados se efectuó la semana siguiente, la primera de noviembre, cuando la Fiscalía presentó un recurso para condenar por agresión sexual y no por abuso a los cinco jóvenes. La acusación particular que representa a la víctima declina atender a los medios de comunicación.

El 13 de noviembre, el tribunal señaló las vistas para decidir sobre el ingreso en prisión provisional (no sobre la orden de busca y captura, ya que las acusaciones no conocían que se habían fugado). Los jueces no fijaron las comparecencias hasta un mes después, el 11 y el 17 de diciembre, un plazo “excesivo”, según fuentes jurídicas independientes consultadas, más teniendo en cuenta que dos de los condenados no acudieron a la entrega del fallo, cuestión que sí conocía el tribunal.

Estas mismas fuentes recuerdan que poco se puede hacer antes de que un penado decida fugarse, pero sí creen que las acusaciones hubieran sido más diligentes si hubieran acudido el 31 de octubre a la entrega de la sentencia, lo que les hubiera permitido pedir el mismo día una vista de ingreso en prisión provisional y una orden de busca y captura.

Llegado el día 11 de diciembre, Yordanis de J.C.L. no se presentó a la vista. La Fiscalía y la acusación particular pidieron de forma inmediata una orden de busca y captura. El tribunal decidió esperar a emitirla a que se pudiera presentar el día 17, cuando se celebró la vista de ingreso en prisión de Daniel David R.L., que tampoco apareció. Fue entonces cuando los magistrados, constatada la “voluntad de fuga” de ambos condenados, ordenaron su busca a ingresó en prisión y enviaron los datos y fotografías de los dos primos a todas las comisarías catalanas.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el tribunal no estudiará una eventual petición de extradición a nivel internacional –uno de los primos es de origen cubano, mientras otro sí tiene la nacionalidad española– hasta que pasen unas semanas sin dar con el paradero de ambos condenados.

Cabe recordar que hasta el final del juicio a mediados de septiembre, cuando finalizó el juicio, los condenados sí habían ido a firmar semanalmente al juzgado. Los tres condenados que no han huido y permanecen en libertad provisional sí continuaron acudiendo al juzgado a firmar, ya que sus defensas consideraron que la medida cautelar seguía en vigor. Fuentes de la defensa de los dos fugados declinan confirmar si sus representados también lo hicieron a partir del 16 de septiembre, cuando finalizó el juicio. 

Los tres penados que no se han fugado acreditaron ante el tribunal su arraigo familiar y laboral en Catalunya, lo que convenció a los magistrados para dejarlos en libertad provisional, en contra de lo que pedía la Fiscalía dadas las penas de 12 y 10 años a las que fueron condenados. El tribunal solo reinstauró el 17 de diciembre la orden de alejamiento de los condenados respecto a la víctima que había decaído el 31 de octubre, ya que los togados decidieron no mantenerla en la sentencia. En otras palabras: la víctima permaneció 47 días sin estar protegida por una orden de alejamiento.

Las defensas de los tres penados que no se han fugado confían en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acepte sus recursos de apelación y absuelva a los jóvenes por falta de pruebas. Lo mismo espera la Fiscalía, en su caso sin embargo para que se condene a los jóvenes por agresión sexual en vez de abuso por la “intimidación ambiental” a la que sometieron a la víctima. Nadie quedó contento con la sentencia de la sección 22, que condenó por abuso sexual ya que consideró que los penados no necesitaron intimidar o usar la violencia contra la víctima debido a su estado de “inconsciencia” provocado por el alcohol. 

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a los tres condenados por violación en Manresa que no se han fugado. Sobre los dos que no se presentaron a la vista por su ingreso a prisión sigue vigente una orden de busca y captura.

La Sala impone a estos tres condenados varias medidas cautelares. Entre ellas, presentarse periódicamente ante el juez y no poder salir de España, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

Los magistrados condenaron el pasado 31 de octubre por abuso sexual y no por agresión, como pedía la Fiscalía, a cinco de los siete acusados de la violación por turnos a una menor en una fábrica abandonada de Manresa en 2016.

La pena para los dos principales acusados fue de 12 años de prisión, lo que la sitúa en la franja más alta de las condenas por delito de abusos. Los otros tres condenados, por su parte, lo fueron a diez años, mientras que la Audiencia absolvió a otros dos jóvenes, que estaban acusados uno por participar en la violación y el otro por no impedirla.

En cuanto a los fugados, su orden de busca y captura se limita al territorio español, aunque si no se da con su paradero se estudia realizar una petición de extradición internacional. De los dos, uno es español y el otro de origen cubano.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la víctima pedían el ingreso inmediat a prisión provisional de todos los cinco condenados, a la espera de que se resuelvan los recursos a la sentencia. La condena fue por abuso y no por agresión porque el estado de embriaguez de la menor, según los magistrados, hizo innecesario que los violadores usaran la violencia para someterla.

Dos de los cinco condenados por abuso sexual por violar a una menor en Manresa en 2016 no se han presentado a las vistas sobre su ingreso en prisión ante la sección 22 de la Audiencia de Barcelona. Si la semana pasada fue Yordanis de J.C.L, este martes no ha comparecido su primo, Daniel David R.L., que tampoco lo hizo el pasado miércoles pero su defensa alegó que lo haría este martes.

Los magistrados, a petición de la Fiscalía, han emitido una orden de busca y captura e ingreso en prisión contra ambos penados, que fueron condenados a 10 años de prisión. Por el momento, la orden de arresto se limita al territorio español. Si pasadas unas semanas no se da con el paradero de los condenados –uno de ellos de nacionalidad española y otro de origen cubano– se estudiará una eventual petición de extradición a nivel internacional, informan fuentes jurídicas.

El tribunal ha celebrado ambas vistas sobre las prisiones provisionales a puerta cerrada, sin permitir a los medios de comunicación acceder a la sala. Según han informado fuentes presentes en la declaración, el tribunal no ha comunicado al final de la vista de este martes cuál será su decisión sobre la prisión provisional y las órdenes de arresto solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular.

La Fiscalía y la acusación particular de la víctima pedían el ingreso inmediato en prisión provisional de los cinco condenados mientras se resuelven los recursos a la condena impuesta por la sección 22 de la Audiencia de Barcelona. Los magistrados han tardado más de un mes en fijar la vista para decidir sobre el ingreso en prisión provisional de los cinco penados.

Hasta que el tribunal dictó sentencia el pasado 31 de octubre, todos los condenados tenían el pasaporte retirado y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado así como la prohibición de acercarse a la víctima. Según fuentes jurídicas, una vez el tribunal emitió el fallo, dichas medidas cautelares decayeron ya que ninguna de las partes pidió mantenerlas hasta la celebración de las vistas de ingreso en prisión.

Los magistrados condenaron el pasado 31 de octubre por abuso sexual y no por agresión, como pedía la Fiscalía, a cinco de los siete acusados de la violación por turnos a una menor durante una fiesta de Halloween en una fábrica abandonada de Manresa en 2016. La pena impuesta a los dos principales acusados fue de 12 años de cárcel, situada en la franja más alta de las posibles condenas por delito de abusos. Otros tres fueron condenados a 10 años de cárcel, mientras que dos de los acusados –uno por participar en la violación y otro por no impedirla– fueron absueltos.

Los magistrados condenaron por abuso porque la embriaguez de la menor hizo innecesario que los violadores la sometieran a violencia o intimidación, los requisitos para condenar por agresión sexual. “La víctima –concluyeron los togados– se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la víctima han recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para intentar lograr una condena por agresión sexual. Las defensas también han recurrido, en su caso para reclamar la absolución de los condenados en primera instancia.

Los Mossos d'Esquadra han detenido en 48 horas a cuatro hombres por dos agresiones sexuales distintas en Manresa (Barcelona). El primer caso ocurrió el pasado 17 de noviembre en el interior de un vehículo y los dos acusados han quedado este jueves en libertad provisional con la prohibición de acercarse al municipio y de comunicarse con la víctima. El juez sí ha ordenado prisión provisional para otros dos arrestados por otra violación, ocurrida este lunes.

La víctima de la violación de noviembre es menor de edad, y los detenidos son dos hombres de 19 y 22 años. Según la agencia ACN, los hechos ocurrieron cuando la menor volvía sola a casa y vio a un conocido junto a dos amigos más en el interior de un vehículo. Tras charlar con él, accedió a entrar al coche. Según la declaración de la víctima ante el juez de guardia, los jóvenes le dieron una bebida y al cabo de un rato la habrían obligado a hacer felaciones y la habrían penetrado vaginalmente. Según Nació Digital, el tercer implicado que también estaba dentro del vehículo todavía no ha sido identificado.

Según el relato de la menor, lo siguiente que recuerda es estar desorientada en el portal de casa. La mañana siguiente avisó a sus padres y la trasladaron al hospital donde se le practicaron diversas pruebas y acto seguido se presentó la denuncia ante los Mossos d'Esquadra.

Segundo caso en pocas semanas

La detención de estos dos jóvenes supone la segunda que ha realizado la policía catalana en este municipio durante esta semana. También el lunes y el martes los Mossos detuvieron a dos hombres de 29 y 36 años acusados de una doble violación en un domicilio de Manresa. Una de las víctimas escapó por la ventana del domicilio donde ocurrió la agresión sexual mientras que la otra era menor de edad.

Los hechos se remontan al pasado lunes, en torno a las 20 h, cuando una chica, que habría sufrido una agresión sexual, saltó por una ventana de un primer piso de un edificio de la calle Hospital para huir del agresor. Cuando los servicios de emergencia atendieron a la víctima, encontraron a su lado una chica menor de edad que también había sido agredida sexualmente por otro hombre en el mismo piso de donde había escapado la primera mujer.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Manresa con heridas de diversa consideración. Inmediatamente, se montó un dispositivo que permitió detener a uno de los agresores cuando aún se encontraba en el interior del piso, como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. El otro agresor, que inicialmente consiguió huir, se le localizó y detuvo al día siguiente en Manresa.

La Policía Local de Manresa y los Mossos d'Esquadra han detenido entre este lunes y martes a dos hombres acusados de agredir a dos mujeres, una de ellas menor de edad, en un piso de la ciudad de Manresa, en la provincia de Barcelona. Agentes de la policía municipal intervinieron tras ser alertados por una de las víctimas, que había podido huir del piso saltando por una ventana. Gracia a ese aviso, la policía acabó entrando en el inmueble y liberó a la segunda víctima. La noticia ha sido avanzada por Nació Digital y este diario la ha confirmado mediante fuentes policiales.

El primero de los detenidos se produjo en el momento de los hechos, mientras que el segundo consiguió escapar, por lo que los Mossos d'Esquadra lo pusieron en búsqueda y captura. Sin embargo, según explican fuentes de Mossos, este martes por la tarde se ha hallado al segundo presunto agresor y se ha procedido a su detención.

Los hombres, ambos mayores de edad, están acusados de delitos contra la libertad sexual, aunque la policía por el momento no habla de agresión sexual en grupo. Según los datos de los que disponen, los Mossos d'Esquadra consideran que los delitos se produjeron de forma separada, es decir, cada hombre habría agredido a una de las mujeres de forma aislada, pese a que los delitos se habrían cometido en un mismo inmueble y en momentos similares.

Los dos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. La segunda detención ha coincidido el mismo día que la Fiscalía ha pedido el ingreso inmediato en prisión de los cinco condenados por la violación a una menor en Manresa en octubre de 2016. El caso fue polémico porque la Audiencia de Barcelona condenó por abuso sexual y no por agresión, como pedía la Fiscalía, a cinco de los siete acusados de una violación por turnos a una menor durante una fiesta en una fábrica abandonada en la localidad.

La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión provisional de los cinco condenados por la violación a una menor en Manresa (Barcelona) mientras se resuelven los recursos a la sentencia de la Audiencia de Barcelona, han informado fuentes jurídicas a eldiario.es.

Los magistrados de la sección 22 han fijado para este miércoles la vista para decidir si envían a prisión provisional a cuatro de los condenados, mientras que la situación del quinto se resolverá el 17 de diciembre, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Las vistas se celebrarán más de un mes después del dictado de la sentencia.

La Audiencia de Barcelona condenó el pasado 31 de octubre por abuso sexual y no por agresión, como pedía la Fiscalía, a cinco de los siete acusados de la violación por turnos a una menor durante una fiesta de Halloween en una fábrica abandonada de Manresa en 2016. La pena impuesta a los dos principales acusados fue de 12 años de cárcel, situada en la franja más alta de las posibles condenas por delito de abusos. Otros tres fueron condenados a 10 años de cárcel, mientras que dos de los acusados –uno por participar en la violación y otro por no impedirla– fueron absueltos.

Los magistrados condenaron por abuso porque el estado de embriaguez e inconsciencia de la víctima hizo innecesario que los violadores la sometieran a violencia o intimidación, los requisitos para condenar por agresión sexual. “La víctima –concluyeron los togados– se encontraba en estado de inconsciencia, sin saber qué hacía y qué no hacía, y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos sexuales sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular de la víctima han recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para intentar lograr una condena por agresión sexual. Las defensas también han recurrido, en su caso para reclamar la absolución de los condenados en primera instancia.

“Es una sentencia injustísima e inhumana, que no ha tenido en cuenta que la víctima no podía decir que no. Se escudan en que están aplicando la ley, pero también está la insensibilidad e inhumanidad al dictar una sentencia así sobre una niña de 14 años”. Quien dice esto es Mari Nieves Gómez, una mujer que rondará los sesenta años de edad, pero decenas de mujeres y hombres a su alrededor comparten su opinión: la sentencia que condena por abuso sexual, y no por agresión, a los cinco jóvenes que violaron por turnos a una chica inconsciente en Manresa (Barcelona) aplica de forma insensible un Código Penal que está obsoleto. “Y si voy borracha, ¿qué? No me toques”, se leía en una pancarta.

“Los jueces no tienen ni idea de la perspectiva de género y les falta empatía porque han sido criados en una sociedad patriarcal. Hay que cambiar esa perspectiva”, añade Gómez, que cree que caben distintas interpretaciones en la ley. “Si esto le pasa a la hija o la hermana del juez, estoy segura de que hubiese dictado otra sentencia”, tercia Pepi Sierra.

Ambas son integrantes de la Federación Ágora, una de las entidades convocantes en Málaga. Más de 40 ciudades acogieron este miércoles concentraciones similares. Unas doscientas personas, según cifras extraoficiales de la Policía, se concentraron este lunes en la capital de la costa del Sol para expresar su rechazo por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y conocida la semana pasada.

Lo hicieron en un punto inusual, la calle Larios, en lugar de la Plaza de la Constitución, porque esta había sido reservada para la campaña electoral. Sin embargo, no hubo ningún mitin, lo que demostraría que la violencia machista sigue ocupando un lugar secundario en el orden de prioridades, según algunas manifestantes.

“Hay un sesgo machista en la justicia”

María Amador es una joven que cree que la sentencia demuestra que hay machismo institucional. “Hay un sesgo machista en la justicia”, señala. Por eso, cree que la solución requiere de dos pilares: más educación y una reforma legal.

Por su parte, José Luis Pezzi cree que la igualdad legal es “un mito”. “Los jueces son personas y son falibles, y los precedentes tiran hacia lo masculino”, lamenta. Él cree que es necesario un cambio en el planteamiento de “cómo se aplican las leyes”. “Esto nos afecta a todos como sociedad”, añade.

Detrás de una gran pancarta, Isabel Morón e Irene Barba, dos mujeres de 24 y 23 años, resumen así la situación: “Los jueces y fiscales creen que cinco hombres que violan a una niña de 14 años no cometen violación”. “Aparte de que haya que modificar la ley, el problema es que no hay conciencia de que eso sea una violación”, denuncia Morón, para quien falta “sensibilidad” y “mano dura” con el castigo de estas conductas.  

“Jueces y fiscales también son culpables”

Desde las masivas manifestaciones del 8 de marzo de 2018, el feminismo en Málaga ha salido a la calle cada vez con mayor frecuencia. Hay muchas camisetas moradas porque se han preparado para cada manifestación. Lo mismo pasa con los carteles, que siguen sirviendo para cada crimen machista. Cada poco, hay un nuevo motivo para sacarlos del armario.

Hay violaciones, cada vez más: 21 agresiones sexuales en la provincia de Málaga de enero a junio de 2019, por 19 en el primer semestre de 2018, según los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior. Hay otros delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, 238. Y hay asesinatos: cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Málaga en lo que va de 2019.

Por eso, suenan ya muy conocidos esos lemas que, tristemente, se repiten a cada vez. Los han repetido cuando se conocieron las sentencias contra la Manada, cada 8M o después de este verano, especialmente doloroso. “Si tocan a una nos tocan a todas”. “Basta ya de justicia patriarcal”. “Tranquila, hermana, aquí está tu manada”. “Jueces y fiscales también son culpables”. “Quiero ser libre y no valiente”. “No es abuso, es violación”

Cientos de personas, en su mayoría mujeres, se han concentrado en la céntrica plaza Moyua de Bilbao para condenar la sentencia de 'La Manada' de Manresa, que calificó como abuso sexual y no como agresión el ataque sexual de cinco hombres a una joven en Manresa (Barcelona) hace tres años. Al grito de “No es abuso, es violación” y “zuek, matxistak, zarete terrotistak” (vosotros, machistas, sois terroristas), coordinadas por la Asociación Feminista Gafas Moradas, se han concentrado y han mostrado con pancartas y vestidas de morado, su repulsa ante la condena.

“La justicia de este país diferencia entre ser violada estando consciente o inconsciente. Discierne sobre si de tu boca salió un 'no' y dependiendo de su repetición e intensidad, sentencia. No importa el horror que has vivido. No les importan tus trastornos físicos ni los psicológicos. Sigue saliendo muy barato violar y asesinar a las mujeres en este país. A una semana de las elecciones exigimos que se visibilice esta lacra”, han indicado desde la Asociación Gafas Moradas.

Tras las palabras de apoyo a la víctima, como cada lunes de cada mes, las miembros de la asociación han numerado una a una las víctimas de agresiones sexuales y asesinatos machistas del mes de octubre. De esta manera, han finalizado la concentración, recordando que esperan que la lista del próximo primer lunes de diciembre, no exista.

A pesar de que el tiempo no ha perdonado, y bajo sus paraguas y al grito de “No es abuso, es violación”, “Desnuda y borracha, quiero llegar a casa” o, incluso, “Contra la violación, castración”, varias decenas de personas se han concentrado en la Plaza del Castillo de Pamplona para expresar su repulsa por una nueva sentencia que “condena por abuso sexual y no por violación a los autores de la violación grupal de una adolescente de 14 años en Manresa”.

Las Asociaciones del Movimiento Feminista de Pamplona se han unido para denunciar una resolución que recuerda a la de “La Manada” de Pamplona. Respecto a ese último caso, todavía queda por conocer si los agresores -condenados ahora por agresión sexual- son culpables también de un delito contra la intimidad por grabar en vídeo la violación.

Las portavoces han recordado que desde el inicio de este año se han contabilizado 42 agresiones sexuales múltiples, 134 si se cuenta desde 2016. Exigen más educación afectivo-sexual y recuerdan que este “no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y de los hombres que violan y matan a las mujeres”.

Han tenido unas palabras para las 51 mujeres que han sido asesinadas en España desde principios de año, y han emplazado a toda la ciudadanía a una nueva convocatoria el próximo 9 de diciembre bajo el título “Ellas no estarán estas Navidades” para que “no dejemos que la memoria de ninguna sea ignorada y olvidada”.

Más de un año y medio después de las manifestaciones multitudinarias que reivindicaron que lo ocurrido en Pamplona en los Sanfermines de 2016 había sido una violación, el feminismo ha vuelto a salir a la calle en más de 40 ciudades. Bajo el mismo lema –“No es abuso, es violación”– cientos de colectivos secundan la convocatoria para clamar contra la sentencia dictada el pasado jueves, que calificó como abuso sexual y no como agresión el ataque sexual de cinco hombres a una joven en Manresa (Barcelona) hace tres años.

En Madrid, poco antes de las siete de la tarde, hora del inicio de la protesta, las asistentes ya coreaban los lemas “no es abuso, es violación” o “no es no, lo demás es violación”. Aunque mucho menos multitudinaria que las concentraciones de apoyo a la víctima de 'la manada', son muchas las mujeres que han venido a exigir “un cambio en el Código Penal” para que los delitos sexuales “tengan en cuenta la perspectiva de género”, explica Esther, de 37 años. “Es indignante que tengamos que volver a reivindicar esto. Una y otra vez lo mismo. Incluso después de que el Tribunal Supremo fuera claro en el caso de Pamplona”, añade.

Aunque la cita partió de Madrid, donde la Plataforma 7N ha lanzado un manifiesto al que ya se han adherido más de 100 organizaciones feministas, a la protesta se han sumado otras ciudades como Valencia, Santander, Barcelona o Murcia. En la capital, la cita tiene lugar frente al Ministerio de Justicia, el mismo escenario que ya marcó las concentraciones por el caso de 'la manada', la primera ahora hace justo dos años, cuando dio inicio el juicio. Entonces, una 'manada feminista' clamó contra su cuestionamiento bajo el lema “Yo sí te creo”.

“Si estamos inconscientes también es violacion”, gritan las asistentes en una cita pasada por agua debido a la lluvia en Madrid. Sofía y Julia corean las proclamas mientras sujetan las pancartas caseras que se han hecho con motivo de la convocatoria: “Nosotras somos la manada”, reza una de ellas en alusión al lema que popularizó el movimiento feminista al resignificar el nombre del grupo de WhatsApp en el que estaban los condenados por la violacion de los Sanfermines. Ambas tienen 20 años y, como en las anteriores convocatorias, han venido juntas: “Precisamente al venir hacia aquí lo estábamos comentando, que justo hace dos años estábamos en el mismo sitio pidiendo exactamente lo mismo. Es agotador”, cuenta Julia.

Amigas desde hace años, ambas comparten que el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona “vuelve a poner el foco en las víctimas” y manda un mensaje “perverso” a la sociedad: “Que si no tienes ninguna capacidad o posibilidad de defenderte, puede que sea interpretado como menos grave”, cree Sofía, que insiste en que “el solo sí es sí” debe llegar a la norma penal porque “no siempre tiene que haber un no. Hay veces en que ese 'no' no se puede decir y no quiere decir que esté consintiendo”.

La lluvia, intermitente a medida que transcurría la concentración e intensa en algunos momentos, no ha impedido que cada vez más personas –la inmensa mayoría, mujeres– se acerquen a las puertas del Ministerio de Justicia, al que señalan también como “responsable”. Entre los paraguas, el grito sigue siendo unánime: “La manada es el sistema” y “no es un caso aislado, se llama patriarcado”, corean.

“La justicia nos ha fallado”

Varios centenares de personas se han concentrado en el centro de Valencia convocadas por el movimiento feminista en protesta por la sentencia, informa Laura Martínez. “Es una provocación”, comentan algunas de las asistentes entre sí. Las manifestantes claman contra la “justicia patriarcal” y recuerdan “en casa y en la calle, no es no. En tu casa y en mi casa. No es no, lo demás es violación”. “Nos han quitado tanto que nos han quitado el miedo”, avisan.

En Murcia, el lema “¡Sola, borracha, quiero llegar a casa!” resuena en la concentración. “No entendemos que se llevaran a una menor y vayan cinco hombres uno detrás de otro a violarla y los jueces no consideren que hubo intimidación. Esto es justicia patriarcal, privilegiando la palabra de los hombres frente a la de las mujeres”, dicen desde la Asamblea Feminista de la Región de Murcia durante la concentración que ha reunido a un centenar de personas en la plaza Cardenal Belluga. “¡Basta ya de justicia patriarcal!” y “¡Dormida, borracha, mi cuerpo no se toca!”, gritaron las manifestantes, informa Elisa Reche.

Con la misma idea, la Plataforma 8M Toledo ha mostrado su rechazo en la plaza de Zocodover de la capital regional a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona. “Otra vez la justicia nos ha fallado a todas, otra vez la justicia está agrediendo a una mujer con una sentencia tan dispar y tan incomprensible para nosotras”, ha dicho Ana Miranda, representante de la plataforma, informa Fidel Manjavacas.

Al igual que en Madrid, tampoco en Santander, Pamplona o Bilbao la lluvia y el viento han sido un obstáculo para que cientos de personas, en su mayoría mujeres, hayan mostrado su rechazo a la sentencia: “Una vez más, la justicia nos ha fallado, ha vuelto a ponerse de lado de los violadores, de los agresores y no, como debería ser siempre, de parte de la víctima”, ha admitido la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria, informa Andrés Hermosa.

La céntrica plaza Moyua ha sido el escenario de la protesta en Bilbao, donde al grito de “no es abuso, es violación” y “zuek, matxistak, zarete terrotistak” (vosotros, machistas, sois terroristas), las asistentes han mostrado vestidas de morado, su repulsa ante el fallo. Tras las palabras de apoyo a la víctima, como cada primer lunes del mes, las miembros de la Asociación Feminista Gafas Moradas han enumerado las víctimas de agresiones sexuales y asesinatos machistas de octubre. De esta manera, han finalizado la concentración, recordando que esperan que la lista del próximo primer lunes de diciembre no exista, informa Maialen Ferreira.

Bajo paraguas, varias decenas de personas se han concentrado en la Plaza del Castillo de Pamplona contra el fallo de Manresa y han destacado sus conexiones con el de los Sanfermines de 2016, informa Amaia Otazu. Las portavoces de las Asociaciones del Movimiento Feminista de Pamplona han exigido más educación afectivo-sexual y han recordado que este “no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad y de los hombres que violan y matan a las mujeres”. “Nunca más a mí, ni a ninguna otra mujer. Solo el sí es sí”, han clamado.

Modificar el Código Penal

Pocos días después del fallo de Manresa y tras un puente de gran movimiento de las convocatorias en redes sociales, en todas las ciudades los colectivos feministas exigen una modificación del Código Penal para que el delito de violación sea definido en base a la ausencia de consentimiento de la víctima y no dependa de si existió violencia o intimidación, como ocurre actualmente. Una petición a la que se ha sumado esta misma tarde Amnistía Internacional, que en un comunicado califica esta reforma de “urgente” y “necesaria”.

Así lo exige además el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, un “compromiso internacional” que las convocantes piden que se cumpla para “cerrar el paso a las manadas impunes”, citan en el comunicado. “No queremos estar atemorizadas, queremos poder desarrollar libremente nuestra personalidad y nuestras relaciones con los demás” y que las mujeres que denuncian violencia sexual “no sufran una revictimización o violencia institucional”.

La sentencia

El pasado jueves, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a los cinco hombres a penas de entre 10 y 12 años de cárcel. El tribunal consideró que “el estado de inconsciencia” de la joven a causa del alcohol imposibilitó que pudiera “aceptar u oponerse a las relaciones sexuales”, por lo que los condenados pudieron perpetrar los hechos “sin utilizar ningún tipo de violencia o intimidación”. Los jueces aplicaron el artículo 181.2 del Código Penal, que establece que cuando los actos se ejecuten sobre personas “privadas de sentido” serán siempre considerados abusos sexuales.

Al igual que ocurriera con 'la manada' de Pamplona, la fiscala del caso de Manresa entendió que sí se había dado intimidación al considerar que los hombres se valieron de varios elementos para agredir a la víctima, entre ellos su superioridad numérica o el lugar “inhóspito” en el que estaban. En el caso de los Sanfermines, el Tribunal Supremo acabó sentenciando que los hechos fueron constitutivos de agresión sexual y esgrimió lo que constituye la “intimidación ambiental”.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha convocado una manifestación para el próximo lunes, 4 de noviembre, contra la sentencia a la violación múltiple de Manresa, a cuyos cinco miembros se les ha condenado a penas de entre diez y doce años por delito de abuso sexual a menor y no por agresión a una niña de 14 años en Manresa (Barcelona) en 2016.

Según ha indicado la Coordinadora de Mujeres en un comunicado, esta movilización pretende condenar el fallo de la Audiencia de Barcelona y reclamar en la calle “que no fue un abuso”, sino que “fueron cinco violaciones”.

La manifestación, convocada bajo los lemas de 'No es abuso es violación' y 'Basta ya de justicia patriarcal', arrancará a las 20.00 horas del lunes en la plaza de Fuente Dorada de la capital del Pisuerga y transcurrirá por la bajada de la Libertad y la calle Angustias hasta llegar a los juzgados de Valladolid.

He pensado en ella. Tiene ahora 17 y fue a los 14 cuando varios hombres, durante una fiesta, se turnaron para violarla en una caseta de veinte metros cuadrados. Este jueves la justicia ha condenado a cinco de ellos a penas muy duras, de entre 10 y 12 años de cárcel, por esos hechos. Pero una vez más, n o es la cuantía de las penas lo que exalta y preocupa, es el delito, el mensaje, el fondo. Es una chica de 17 que denunció y que ahora escucha que lo que le hicieron no es una agresión sexual porque no emplearon violencia o intimidación, porque iba borracha, porque estaba inconsciente. Es una chica de 17 que verá que su sentencia no tiene en cuenta sus quejidos ni sus llantos mientras estaba tirada en el suelo.

“No se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas”. Lo dijo en el Tribunal Supremo la fiscala Isabel Rodríguez el pasado 21 de junio durante la vista que la Sala Segunda de lo Penal celebró sobre 'la manada'. El caso fue un punto de inflexión, más que nada, social. Desde entonces, la violencia sexual está en la agenda. El feminismo llenó las calles. Las mujeres rompieron el silencio. Las familias y los grupos de amigos se incorporaron a la conversación. Las chicas gritan 'sola, borracha, quiero llegar a casa', otras exclaman 'no es no, lo demás es violación'. Las denuncias, incluso, se han incrementado en lo que muchas expertas identifican como parte de este proceso histórico de toma de conciencia y cambio social.

Un cambio al que la justicia no acaba de llegar. Ahí, en los tribunales, las mujeres siguen encontrando demasiadas veces hostilidad y resoluciones absolutamente ajenas a la perspectiva de género. La política tampoco llega o no todo lo que debería. Llevamos meses escuchando promesas de cambio del Código Penal que el bloqueo político también se ha llevado por delante. Quedan diez días para las elecciones y, con el 8M mucho más lejos en el horizonte que en los anteriores comicios, los problemas reales de las mujeres han quedado absolutamente disueltos en una agenda absorbida por otros asuntos.

Hasta qué punto podemos seguir sosteniendo ese mensaje institucional y social de que la denuncia es lo más importante mientras el Código Penal aún sostiene una diferenciación entre el abuso y la agresión sexual basada en la violencia y la intimidación y muchos jueces carecen de perspectiva de género en sus interpretaciones.

Hasta qué punto podemos seguir sosteniendo una tipificación de los delitos sexuales tan alejada de la sociedad en la que vivimos. El Convenio de Estambul, la norma de referencia ratificada por España, deja claro que la clave es el consentimiento: ni la violencia ni la intimidación debe ser lo fundamental para que una violación sea considerada agresión sexual sino el consentimiento. Es anacrónico que bien entrado el siglo XXI una mujer que denuncia una violación tenga que escuchar que no fue agresión porque no la hirieron lo suficiente o porque no la intimidaron lo suficiente. Como si lo suficiente no fuera que no consentimos, no deseamos, no queremos, no.

Tampoco necesitamos ningún texto jurídico complejo, el cambio está en la calle. Lo decimos las mujeres en todos lados todo el rato: solo sí es sí. Salvo en los tribunales. Hasta cuándo.