El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso con el que Carles Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. El pleno, con el voto en contra de cuatro magistrados del sector conservador, acepta estudiar durante los próximos meses la negativa del Tribunal Supremo a perdonar este delito alegando que la malversación del procés sí supuso un enriquecimiento para Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

El tribunal entiende que en estos recursos existe una “especial trascendencia constitucional” que avala su admisión a trámite “porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”. Los magistrados rechazan la petición de medidas urgentes de estos recursos, que pedían que se amnistiara la malversación de forma cautelarísima.

La ley de amnistía, que desde su entrada en vigor hace más de un año ha beneficiado a más de 300 personas entre activistas, policías y políticos, recibió el aval del Constitucional hace unos meses, cuando la mayoría progresista del pleno rechazó de forma casi íntegra el recurso del PP. Este nuevo recurso de Puigdemont y sus dos exconsellers ataca la negativa del Supremo a amnistiar el delito de malversación que les atribuye desde 2017 el juez Pablo Llarena.

En la práctica, esta imputación es la que impide que Puigdemont pueda regresar a España sin arriesgarse a ser arrestado por orden del Tribunal Supremo, una de las principales reivindicaciones del independentismo a la hora de negociar esta norma. La Sala de lo Penal entendió que el hecho de que los líderes del procés usaran medios públicos para organizar el referéndum independentista de 2017 implicaba que no habían tenido que ponerlo de su bolsillo y, por tanto, había constituido un enriquecimiento ilícito que no perdona la ley de amnistía.

La admisión a trámite ubica una posible decisión del Constitucional sobre el caso de Puigdemont dentro de varios meses. El Supremo, que además de rechazar la amnistía para la malversación del procés impugnó la propia ley ante el Constitucional, no fue unánime en este criterio: la magistrada Ana Ferrer votó a favor de amnistiar la malversación y la Fiscalía y la Abogacía del Estado también se pronunciaron en sentido contrario.

El pleno del tribunal de garantías analiza esta semana varios aspectos relacionados con la amnistía después de rechazar el recurso del PP y avalar la norma en sus líneas fundamentales. Los magistrados tienen previsto rechazar las impugnaciones presentadas por el gobierno de Aragón y por el propio Tribunal Supremo.

La fianza impuesta al fiscal general antes del juicio por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en uno de los puntos más polémicos casi un año después de la apertura del caso. El juez Ángel Hurtado ha pasado de exigir 150.000 euros a Álvaro García Ortiz a rebajar la cantidad a la mitad y reconocer que incluyó de manera indebida en su cálculo la posible indemnización, las multas y las costas del proceso. Una rectificación que llega después de que el fiscal general haya consignado el dinero y después de que algunos recursos le hayan advertido de su error: el Tribunal Constitucional lleva dos años diciendo que ese tipo de cálculo vulnera la presunción de inocencia al hacerle pagar posibles multas por adelantado.

El auto de apertura de juicio oral es un trámite habitualmente pacífico en las investigaciones penales. Los jueces reflejan lo que ya establecieron en la fase anterior de procesamiento, ordenan las acusaciones y los argumentos de las defensas y, a veces, establecen una fianza para asegurarse de que el acusado paga, al menos, una parte de la indemnización en caso de ser condenado. Pocas veces se recurren y menos veces todavía es el propio juez el que tiene que corregirse a sí mismo.

La apertura de juicio oral contra el fiscal general ya venía con apuntes hechos en rojo por la Sala de Apelaciones del Supremo. Los jueces obligaron a Hurtado a dejar fuera del caso a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, y a retirar las alusiones inéditas sobre cómo la filtración de la confesión de Alberto González Amador se había hecho siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno. El magistrado encajó el golpe y adelgazó su auto de procesamiento antes de explicar que, además, el fiscal general tenía cinco días para consignar 150.000 euros como fianza si no quería exponerse a ser embargado.

Las fianzas previas al juicio son una medida cautelar que sirve para asegurar que un acusado, en caso de ser condenado, puede pagar al menos una parte de la indemnización para la víctima. En casos como el robo de un coche, el cálculo es relativamente sencillo: el valor del coche robado. Pero cuando hay que valorar un daño moral, ya sea por ser víctima de un delito sexual o de una revelación de secretos, no existe un baremo claro y objetivo. Hurtado decidió que 150.000 euros, la mitad de lo que pide la pareja de Ayuso, era una cantidad razonable para cubrir una posible indemnización, además de una posible multa y las costas del proceso.

La decisión causó sorpresa en la Fiscalía y diversos expertos alertaron de la desproporción de esta fianza mientras García Ortiz buscaba la manera de presentar un aval por un dinero que no tenía en el banco. El propio Hurtado ha reconocido su error en un auto emitido horas después de que el fiscal general consignara ese dinero. Un auto en el que desliza que ha considerado su equivocación a raíz de una advertencia del propio González Amador en un recurso: el Tribunal Constitucional prohibió hace dos años que estas fianzas previas al juicio incluyan las posibles multas. Eso, entiende el tribunal de garantías, es una condena anticipada.

La sentencia, que según reconoce ahora Hurtado una vez consignado el dinero, “condiciona la decisión a adoptar a la hora de determinar de la cantidad a fijar”. Fue dictada en junio de 2023 por unanimidad de conservadores y progresistas para dar la razón a Lluís Puig, uno de los exconsellers del Govern catalán de Carles Puigdemont acusado entonces de retener en Barcelona bienes que pertenecían al monasterio aragonés de Sijena. Un proceso judicial en el que se le impuso una fianza previa al juicio de 88.000 euros que incluía, como en el caso del fiscal general, las posibles multas. El Constitucional zanjó que en ese caso la magistrada que investigaba a Puig “anticipaba una pena que no ha sido declarada en sentencia” y vulneraba su “presunción de inocencia”.

Hurtado ignoró esta doctrina en su auto de apertura de juicio oral, unas indicaciones que tanto los tribunales territoriales como la Audiencia Nacional y el propio Supremo citan y aplican sin controversia desde hace dos años. En ese auto rechazó imponer la fianza de 300.000 euros que pedía la pareja de Ayuso, pero afirmó que la mitad era una cantidad razonable. Varios días después reduce la cantidad a 75.000 euros y desglosa, esta vez sí, la cuantía de forma pormenorizada: 50.000 euros por la posible indemnización y el resto por las costas del proceso. Y reconoce que en su auto de apertura de juicio oral no hizo “expresamente” este desglose de las partidas.

La referencia: el pleito que perdió González Amador

Una sentencia del Tribunal Supremo planea sobre este proceso penal: la de la Sala de lo Civil que estableció hace varios meses que llamar “defraudador confeso” a Alberto González Amador no vulnera su derecho al honor. El juez Hurtado pasa de puntillas por el hecho de que la demanda que el empresario presentó contra la ministra María Jesús Montero “no fue estimada” y se centra en un dato que considera “difícil ignorar”: que la pareja de Ayuso pedía una indemnización de 40.000 euros y, en este caso, el agravio por la filtración del correo es mayor.

La Sala de lo Civil del Supremo explicó que, para cuando Montero se refirió en esos términos a él, González Amador ya era un personaje público aunque fuera contra su voluntad. Por las informaciones de elDiario.es que habían revelado la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal, por el debate político generado en torno a esa causa y finalmente por las propias declaraciones de Ayuso y su entorno. Hurtado destaca que esa sentencia consideró “inconvenientes, desabridas, imprecisas o inoportunas” las declaraciones de Montero para concluir que, en este caso más grave, la indemnización puede llegar a los 50.000 euros. “Por el resto de responsabilidades se podría calcular la cuantía de 75.000 euros”, añade en relación con todo menos la multa.

Hurtado dedica varios párrafos para justificar la cantidad inicial de 150.000 euros que no desglosó en su auto de apertura de juicio oral y que el fiscal general ya ha consignado con un aval. La multa máxima en el caso del fiscal general podría superar los 200.000 euros, advierte, pero optó por hacer el cálculo con el “límite inferior”. Un cálculo benevolente según su descripción con el que, según la doctrina del Constitucional, vulneró la presunción de inocencia de García Ortiz.

A lo largo de casi un año de causa penal abierta en el Supremo la Sala de Apelaciones, tribunal de tres magistrados que supervisa las diligencias, ha avalado la mayor parte de decisiones de Hurtado, como por ejemplo los registros de la Guardia Civil o su intención de llevar a juicio al fiscal general. Pero también ha corregido al instructor en algunos puntos esenciales: levantando la imputación de Pilar Rodríguez o retirando alusiones a las “indicaciones” de Moncloa. El propio Hurtado ha reculado en más de una ocasión: cuando renunció a pedir las imágenes de unas cámaras de seguridad de la Fiscalía que no existen o cuando acotó el periodo de los correos que la Unidad Central Operativa tenía que examinar.

Conservadores y progresistas del Tribunal Constitucional han decidido por unanimidad anular el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitió a Carles Puigdemont y Lluís Puig delegar su voto en la constitución de la cámara catalana en 2024. Los magistrados dan continuidad a sentencias anteriores que también anularon las maniobras para que el expresident, fuera de España desde 2017 y con una orden nacional de búsqueda y captura, pudiera seguir votando de forma efectiva a pesar de no acudir a la cámara.

La anulación, en línea con lo que proponía el ponente Ricardo Enríquez, no tiene efectos prácticos sobre las votaciones del pasado mes de junio: cuando los diputados eligieron la presidencia del Parlament tras las elecciones de mayo que ganó el PSC de Salvador Illa. El diputado de Junts, Josep Rull, salió en segunda vuelta con los votos de Junts, ERC y la CUP y el independentismo mantuvo mayoría absoluta de la mesa.

El recurso del Partido Popular que ahora estima el tribunal de garantías apuntaba a que tan solo unos días antes el mismo Constitucional había dictado una sentencia en sentido contrario: una de sus salas había tumbado la normativa que en la legislatura anterior había permitido al mismo Lluís Puig votara telemáticamente desde Bélgica.

Fuentes del Constitucional explican que estas alegaciones se han estimado por unanimidad aplicando su doctrina anterior sobre el voto delegado y telemático. El pleno considera que se ha vulnerado el derecho de los diputados autonómicos del PP “a ejercer las funciones representativas” en conexión con el derecho a los ciudadanos a “participar en los asuntos públicos a través de sus representantes”.

Casi ocho después de los hechos, el primer juicio por la entrega de las obras de Sijena a Aragón se ha celebrado en poco más de cuatro horas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha juzgado, en ausencia, al exconseller de Cultura catalán, Lluís Puig, que permanece en Bélgica. La mayoría de los testigos han rechazado que el extitular de Cultura desobedeciera la orden judicial que le requería para entregar las piezas, lo que no ha impedido que la Fiscalía se reafirmara en pedir su inhabilitación.

Ante el TSJC ha quedado visto para sentencia este jueves el juicio contra Puig, acusado de desobedecer una orden de un juzgado de Huesca, que la Generalitat había recurrido, para que devolvieran bienes y obras al Monasterio de Sijena que permanecían en el Museo de Lleida. La causa ha tenido derivadas penales para Puig y su antecesor, Santi Vila, cuyo juicio será en junio.

Las obras terminaron entregadas a Sijena por la Guardia Civil en diciembre de 2017 tras un despliegue sin precedentes para sacarlas del Museo de Lleida. A día de hoy, el Monasterio sigue en obras desde 2022 y los bienes de la discordia no se pueden visitar.

La Fiscalía pide una condena de 5.940 euros de multa y de dos años de inhabilitación, para Puig, a quien acusa de un delito de desobediencia, igual que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acusación particular en la causa.

En un vídeo distribuido por Junts, Puig ha expresado su deseo de que el juicio por los bienes de Sijena “acabe bien” y pueda regresar al salón de plenos del Parlament como diputado. El exconseller ha sido juzgado en ausencia porque así lo permite la ley cuando el acusado se enfrenta a penas de menos de dos años de inhabilitación, como es su caso. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado que el juicio “vaya bien”, en una muestra de apoyo al exconseller.

Durante el juicio, varios cargos del departamento de Cultura de la Generalitat en el 2017 han asegurado que Puig quería cumplir la orden judicial de trasladar las obras de Sijena al monasterio aragonés, pero que quiso estudiar con profundidad la “complejidad” de la situación jurídica de los bienes. Su jefe de gabinete, la jefa de los servicios jurídicos, el director general de Patrimonio Cultural y el jefe de coordinación museística de la Generalitat han respaldado la tesis de la defensa, que reclama la absolución.

Según la versión de estos testigos, Puig recibió el requerimiento nada más ser nombrado conseller, en julio de 2017, y se interesó por los pasos a seguir para cumplirlo, pero no dependía de él porque el Museo era un consorcio del que también formaba parte el Obispado de Lleida. Hasta su cese no recibió otro requerimiento.

Josep Maria Boya Busquet, exdirector general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, ha declarado que el conseller recibió la citación judicial para devolver a Sijena las obras del Museo de Lleida dos días después de ser nombrado. Boya ha recordado que Puig le comentó que “quería estudiar con todo cuidado y detalle el dossier porque era de una grandísima complejidad y para intentar conciliar ambas legislaciones” y, en ningún caso, dijo, le manifestó una voluntad de desobedecer.

El exalto cargo ha destacado que tanto Vila como Puig “querían hacer las cosas conforme a derecho”, y ha recordado que todavía se podía recurrir la decisión judicial. Busquet ha subrayado que los bienes de Sijena estaban catalogados y que la Ley de Patrimonio Cultural es“muy clara sobre la unidad de la colección”.

Joan Rosàs, jefe de coordinación museística de la Generalitat, ha explicado que el día que llegó el requerimiento judicial, Puig le citó y hablaron durante una media hora. Aparte de las dificultades técnicas del traslado, el principal escollo era el jurídico, por la Ley de Patrimonio Cultural y por la ubicación de las obras. “El conseller quería saber cómo cumplir la orden y le dije que no era fácil”, ha relatado. “Él me pedía qué debía hacer para devolver las piezas”, ha explicado.

Por último, el jefe de gabinete de Puig al frente de la conselleria, Joaquim Bohils, ha explicado que al recibir el requerimiento del juzgado de Huesca, Puig pidió a los servicios jurídicos del departamento que la cuestión se arreglara y le fueran informando.

Xavier Muñoz Puiggròs, abogado de la Generalitat que ha llevado todos los pleitos civiles de Sijena, ha argumentado que éste era un conflicto patrimonial en el que argumentaron de forma reiterada ante los tribunales aragoneses que la Generalitat no poseía las piezas y que quien lo hacía era el Museo de Lleida, una “entidad con personalidad jurídica propia”.

“Como no estaban en manos de la Generalitat, no se le podía pedir que entregara algo que no poseía”, ha defendido. El letrado ha recalcado que puso en conocimiento del juzgado una resolución de la Audiencia de Huesca que reconocía que el Museo era quien poseía los bienes, pero que la juez de primera instancia lo desestimó.

A preguntas de la defensa, Muñoz ha afirmado que nunca ha recibido instrucciones políticas y que no conocía al conseller Puig. Tras el cese del conseller por 155, ha explicado que informó al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, de la situación del caso de Sijena y que éste le pidió tiempo para analizarlo.

Pilar Bayarri, jefe de los servicios jurídicos de Cultura, ha explicado que cuando recibieron el requerimiento del juzgado de Huesca el 7 de julio para entregar las obras antes del 25 de julio ella misma redactó un escrito entregado a la funcionaria en la que Puig decía que acababa de asumir el cargo y que quería estudiar el tema. En todo momento, ha insistido, Puig dijo que quería cumplir la resolución judicial, y así lo expuso en el escrito en el juzgado. De hecho, añadía que la cuestión era “compleja” y el expediente “voluminoso” y, por tanto, necesitaba tiempo para estudiar el asunto y “buscar la mejor forma de dar cumplimiento” a la orden judicial.

Por el contrario, Icíar Alcalá, la técnica del gobierno de Aragón designada por el juzgado de Huesca como perito responsable de la recepción de la entrega de los bienes de Sijena, ha valorado que la complejidad de efectuar el traslado de las piezas “era escasa” y que solo “se tenía que disponer de gente y de los medios de transporte”.

La Mesa del Parlament ha decidido este martes mantener la delegación de voto del diputado de Junts y exconseller Lluís Puig, que reside en Bélgica, y se reunirá de nuevo la tarde de este mismo martes para estudiar cómo hacerlo efectivo, han explicado fuentes parlamentarias.

La Mesa lo ha decidido por mayoría y sin el apoyo de los dos miembros del PSC-Units, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la delegación de voto de Puig acordada en marzo del año pasado.

Las mismas fuentes parlamentarias han destacado que el acuerdo de delegación del voto de Puig de marzo se sustituyó por otro en octubre, por lo que consideran que la anulación del de marzo no afecta al ahora vigente, que no está impugnado, han señalado.

Así, la Mesa ha acordado mantener su delegación de voto “a todos los efectos jurídicos y políticos”, y se volverá a reunir para estudiar los mecanismos para garantizar que se mantiene esta delegación.

“Se tiene que ver la aplicabilidad práctica de esta decisión de la Mesa”, han señalado las fuentes parlamentarias, que han asegurado que letrados del Parlament han apuntado a la jurisprudencia en la que se sustenta el acuerdo del TC.

Recurso de Illa

El TC anuló los acuerdos de delegación de voto de marzo al estimar un recurso presentado por el líder del PSC-Units y jefe de la oposición, Salvador Illa, aplicando así la doctrina fijada en respuesta a recursos anteriores de Cs y PP.

En concreto, Illa presentó un recurso por la delegación de voto que aceptó la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, en marzo de 2021 y que, un día después, aceptó el conjunto de la Mesa.

La Mesa ha recibido este mismo martes otra sentencia del TC sobre el recurso de amparo interpuesto por el PP contra los acuerdos del órgano rector de la Cámara sobre la delegación de voto del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del exconseller Toni Comín, que ya no tiene efectos porque ya no son diputados del Parlament, han recordado.

Doy por supuesto que los lectores saben que la justicia belga en su totalidad ha rechazado las solicitudes de extradición dictadas contra Valtònyc y Lluís Puig por el Tribunal Supremo (TS). No estoy seguro de que estén al tanto de las semejanzas y diferencias que existen entre ambos casos.

Valtònyc ha sido condenado en España mediante sentencia firme a una pena de prisión de algo más de tres años por diversos delitos. Fue condenado en primera instancia por la Audiencia Nacional (AN). La sentencia de la AN fue confirmada por el TS. Y el Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo interpuesto contra dichas sentencias.

Después de haber sido condenado, Valtònyc huyó y fijó su residencia en Bélgica. Puesto que la sentencia en España es firme, el TS ha dictado una orden de detención y entrega dirigida a la justicia belga solicitando su extradición, a fin de que se ejecute la sentencia dictada contra él. La justicia belga se ha negado hasta el momento a conceder la extradición por entender que la conducta por la que ha sido condenado en España no es constitutiva de delito en Bélgica. El Ministerio Fiscal podría interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo belga, pero, por lo que parece, no lo va a hacer por entender que no tendría posibilidad de prosperar. 

Quiere decirse, pues, que no un órgano unipersonal, sino todo el sistema de justicia belga es el que considera que no se debe conceder la extradición solicitada por el TS. 

Lluís Puig, por el contrario, no huyó a Bélgica para no tener que responder ante la justicia española, sino que fijó su residencia en Bélgica antes de que el Ministerio Fiscal hubiera iniciado actuación de cualquier tipo contra él. Lluís Puig ha ejercido su derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Constitución, que le permite entrar y salir libremente del territorio del Estado y fijar su residencia donde le parezca oportuno. Se mantiene a disposición del TS, pero en los términos en que la justicia belga considere que dicha puesta a disposición tiene que materializarse. 

Dicho de otra manera, el TS tiene que persuadir a la justicia belga de que su solicitud de extradición es ajustada a derecho. Si lo consigue, Lluís Puig será extraditado, a fin de que el TS pueda procesarlo y juzgarlo. Si no lo consigue, Lluís Puig continuará en posesión de todos los derechos reconocidos en la Constitución, manteniendo, si quiere, su residencia en Bélgica. 

La primera diferencia entre la posición jurídica de Valtònyc y la de Lluís Puig es clara. Valtònyc ya ha sido condenado en España. Lluís Puig no ha sido ni siquiera juzgado.

De esta primera diferencia se deduce otra de enorme importancia. En el caso de Valtònyc, la justicia belga no ha puesto en cuestión la legitimidad de la justicia española para considerar que su conducta es constitutiva de determinados delitos. Se ha limitado simplemente a afirmar que tales delitos no existen en el ordenamiento jurídico belga.

En el caso de Lluís Puig, la orden de detención y entrega se dictó por el TS con la finalidad de juzgarlo por el delito de malversación, que sí existe en el ordenamiento jurídico belga. Al rechazar la extradición, la justicia belga pone en cuestión la “legitimidad” de la actuación del TS como órgano jurisdiccional de un Estado de Derecho digno de tal nombre. Si la extradición hubiera sido solicitada por un órgano judicial radicado en Catalunya, lugar en el que Lluís Puig había desarrollado su actividad como miembro del Govern presidido por Carles Puigdemont, la justicia belga no habría podido negarse a conceder la extradición. Pero al haberla solicitado el TS, ya no es así.

La exigencia de responsabilidad penal por su conducta como miembro del Govern tenía que haberse producido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Contra la sentencia de dicho TSJC se podría interponer recurso de casación ante el TS. Este es el “orden natural” del proceso de administración de justicia en cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre. 

Este “orden natural” es el que, según la justicia belga, ha subvertido el TS, manipulando las normas atributivas de competencia con la finalidad de convertirse en juez de primera y única instancia contra el que fuera conseller del Govern, Lluís Puig. Con ello ha vulnerado derechos fundamentales constitutivos del “núcleo esencial” del Estado de Derecho. No de este o de aquel Estado de Derecho, sino del Estado de Derecho. Por eso no se puede atender la solicitud de extradición que ha dirigido a la justicia belga. 

Tras la decisión de la justicia belga de no dar cumplimiento a la orden de detención y entrega que se le había enviado, el juez Pablo Llarena ha elevado una “cuestión prejudicial” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con la finalidad de que reconozca su autoridad para dictar la orden de detención y entrega que había cursado e imponga a la justicia belga la obligación de conceder la extradición del conseller Lluís Puig.

Si el TJUE avala la posición del juez instructor español, Lluís Puig deberá ser extraditado para ser juzgado por el TS en España. En el caso de que no sea así, sería toda la actividad del TS en el caso procés la que se vería afectada de nulidad, por vulneración de derechos fundamentales de todos los procesados y condenados, ya que si no tenía competencia para actuar contra Lluís Puig, tampoco la tenía para actuar contra todos los demás.

En la primera mitad de 2022, previsiblemente, se conocerá la decisión del TJUE. Sobre el caso Valtònyc ya tuvo ocasión de pronunciarse el TJUE en cuestión prejudicial y lo hizo en sentido contrario al pretendido por el TS. ¿Volverá a ocurrir lo mismo?

Cuatro años después de la apertura de la investigación judicial al procés, el juez Pablo Llarena se vuelve a enfrentar a otra situación comprometida en Europa. Los tribunales italianos decidirán en las próximas semanas si ponen en marcha el proceso de extradición de Carles Puigdemont o si hay que esperar, como mínimo, a que sus homólogos europeos decidan si eso es posible. Por lo pronto, el expresident de Catalunya ha quedado en libertad con un auto que apunta a que goza de la inmunidad que le da el cargo de parlamentario europeo y que dice que la euroorden, en contra de lo que sostiene el juez del Supremo, está suspendida.

Puigdemont, que en un inicio se había comprometido a no abandonar la isla de Cerdeña, ha anunciado este sábado que viajará a Bruselas y volverá a Italia cuando tenga que comparecer de nuevo ante los jueces de ese país, el 4 de octubre. Ese día sabremos si la justicia española suma una nueva derrota en su estrategia para lograr la extradición de Puigdemont o si, por el contrario, logra el primer éxito fuera de nuestras fronteras.

Cuatro años después de que algunos miembros del antiguo Govern huyeran de las consecuencias judiciales del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia, el Supremo ha chocado con los tribunales de Alemania, en Bélgica y en Reino Unido. La justicia española mantiene a cero la cuenta de fugados detenidos: la única en pasar por el despacho de Llarena ha sido Meritxell Serret y porque ella decidió volver.

Primer tropiezo: las órdenes de detención

El 30 de octubre de 2017 trascendía que Carles Puigdemont y varios miembros de su Govern destituido estaban en Bélgica. Ese día la Fiscalía interpuso una querella ya anunciada por rebelión contra él y sus consellers, y sólo unos cuantos volvieron a España para responder primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo. Carles Puigdemont y sus exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig se quedaron en el extranjero y fueron puestos en búsqueda y captura por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. Unas órdenes internacionales y europeas de detención que asumió el juez Llarena y que supusieron el primer gran escollo internacional de la causa.

El 5 de diciembre de 2017, dos meses después de la apertura de la causa, Llarena daba un giro inesperado y retiraba las órdenes europeas de detención. Dijo entonces que los fugados tenían intención de “retornar a España” y reveló un temor que acabaría confirmándose: quería evitar que la Justicia belga denegara “parcialmente” la “ejecución” de las órdenes de detención y que la causa se convirtiese en un cubo de Rubik.

Segundo tropiezo: Alemania

La suerte internacional del magistrado cambió por sorpresa un fin de semana de 2018. El 25 de marzo de ese año Carles Puigdemont era detenido en Alemania nada más cruzar la frontera con Dinamarca, ingresaba en la cárcel germana de Neumünster y se enfrentaba a lo que se consideró un implacable Código Penal alemán plagado de primos lejanos de la rebelión. Un globo que también se desinfló: trece días después el expresident abandonaba la prisión de Schleswig-Holstein y tres meses después los jueces germanos decidían que Llarena tendría a Puigdemont pero acusado sólo de malversación, no de rebelión.

Una decisión que cayó como un mazazo en la Fiscalía y el Tribunal Supremo. “Si los hechos que se han venido cometiendo en España se hubieran perpetrado en un land de Alemania no parece muy factible que todo se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica”, dijo, por ejemplo, la sala de apelaciones del Supremo. El 19 de julio de ese año Llarena renunció a la entrega criticando la “falta de compromiso” de sus colegas alemanes con la cooperación internacional.

Tercer tropiezo: acta e inmunidad

Dentro de nuestras fronteras la consigna estaba clara: seguían acusados de rebelión y podían ser detenidos en cualquier momento. Pero un nuevo giro de guion pondría la ficha de la inmunidad parlamentaria encima de la mesa: Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí conseguían escaños en las elecciones europeas de 2019. También lo consiguió Oriol Junqueras pero nunca pudo salir de prisión para tomar posesión, aunque su caso supuso una severa derrota para el Tribunal Supremo: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció en diciembre de 2019 que tendría que haber podido tomar posesión sin necesidad de jurar o prometer el cargo, y eso abrió la puerta a que unos días después Puigdemont, Comín y Ponsatí estuvieran recogiendo sus acreditaciones en el Parlamento Europeo.

Este reconocimiento introdujo una nueva variable: la inmunidad de los eurodiputados. El Tribunal General de la Unión Europea tardó más de dos años en avalar la retirada de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí en un terremoto que todavía hoy tiene eco: la jueza italiana explica en su auto de este viernes que entiende que el expresident está protegido por la inmunidad parlamentaria para ir a la Eurocámara si así lo necesita. Y es aquí donde entra en juego la gran barricada de los líderes independentistas: el caso de Lluís Puig.

El gran tropiezo: Lluís Puig

El 8 de enero de 2021 la Justicia belga asestaba un nuevo mazazo a la rama internacional de la causa del procés. Ese día la Fiscalía renunciaba a recurrir su negativa a entregar al exconseller de Cultura: los jueces belgas entraron hasta la cocina del razonamiento y entendieron que el Tribunal Supremo no era el competente para enjuiciar a Puig, sino los tribunales catalanes. Después de ese varapalo, Llarena movía una nueva ficha: el 9 de marzo lanzaba una cuestión prejudicial con siete preguntas para que los tribunales europeos se pronunciaran sobre las órdenes europeas de detención y su alcance. De la respuesta dependían sus próximos pasos hasta la detención de Puigdemont en Italia.

El TJUE tendrá que dictar sentencia y esa resolución puede dar la vuelta a la tortilla pero, mientras tanto, supone un nuevo obstáculo para el Supremo. La jueza italiana, en un primer auto, entiende que la existencia de esta cuestión prejudicial mantiene en suspenso la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont, que no tendrá que volver al juzgado en Cerdeña hasta el 4 de octubre. Este sábado anunció en una rueda de prensa que volverá este lunes a Bruselas y regresará el 4 de octubre a la isla italiana para comparecer ante el tribunal de Sassari. “No le vamos a fallar a nuestra estrategia ni a la justicia italiana. El día 4 compareceremos juntos, en persona, y nos llevaremos el resultado que todos sabemos que nos vamos a llevar”, afirmó su abogado, Gonzalo Boye.

Además, su defensa también pedirá la próxima semana —el lunes o el martes— al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que restituya las medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad de Puigdemont, Ponsatí y Comín. Aunque en una primera instancia, el tribunal con sede en Luxemburgo accedió a una paralización provisional de esa medida, en un auto del pasado 30 de julio las desestimó al considerar que no corrían riesgo de ser detenidos en otros países de la UE, salvo España, mientras se decide la cuestión prejudicial presentada por el Supremo. 

“Creemos que es muy importante la resolución que dictó ayer [por el viernes] el tribunal de puesta en libertad porque marca el camino hacia donde va esto. Pero, evidentemente, una cosa es que resolvamos el problema aquí y otra es que estemos tranquilos para que los eurodiputados puedan seguir circulando libremente. Eso implica que, necesariamente, el TGUE va a tener que restituir las medidas cautelarísimas que en su día planteamos y que en su día acordaron”, dijo el abogado del expresident. 

El balance del periplo internacional de la causa del procés es profundamente negativo para el Supremo, al menos hasta la fecha. Ninguna orden de detención ha prosperado por el momento y la única persona fugada que ha terminado en el Alto Tribunal es Meritxell Serret: la exconsellera de Agricultura apareció por su sede el 11 de marzo de este año para sorpresa del gran público sin necesidad de detención y cuando su horizonte penal parecía bastante más despejado que hace tres años.

El PSC ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que reclama que se deje sin efecto la delegación de voto del diputado Lluís Puig, exconseller que se encuentra en Bélgica para eludir la orden de detención en España. En un escrito que ha avanzado Vozpópuli y al que ha tenido acceso este diario, los socialistas consideran que el reglamento del Parlament y la interpretación hecha por los letrados en el año 2018 no contemplan los supuestos que se dan ahora para que el diputado de Junts pueda votar por boca de otro miembro designado de su grupo, por lo que consideran que se ha tenido un trato de favor con él que perjudica al resto de partidos.

La Mesa de la Cámara catalana autorizó al miembro de Junts el pasado 25 de marzo a poder ceder su voto por delegación en la portavoz de su grupo, de la misma forma que ya hicieron en la legislatura anterior otros diputados y que, por las restricciones de la pandemia, en el último año han realizado la mayoría de los miembros de la Cámara. Una decisión a la que se opusieron los miembros del PSC en el órgano rector, que reclamaron además a la presidenta Laura Borràs que encargase un informe a los letrados sobre la cuestión.

Pese al rechazo de la vicepresidenta segunda y del primer secretario de la Mesa, la decisión siguió adelante y se concedió así a Puig la posibilidad de delegar su voto para toda la legislatura. El diputado y exconseller de Cultura no pudo participar en la votación constitutiva de la Cámara y para formar la Mesa, debido a que la mesa de edad se lo impidió, pero sí pudo en cambio votar en los dos intentos de investidura de Pere Aragonès.

Los socialistas reclaman ahora al TC que revoquen la delegación de voto autorizada por la Mesa, al entender que vulnera los derechos del resto de diputados. Según exponen, el reglamento permite este tipo de delegaciones únicamente en los supuestos de baja por maternidad o paternidad y de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada, pero para ningún caso más. El recurso del PSC resalta además que los plenos son presenciales y que los letrados ya se manifestaron en contra de ampliar las causas para la delegación de voto en la última legislatura.

Nuevo varapalo judicial a las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo contra varios exmiembros del Govern catalán que se encuentran en Bélgica. Un segundo tribunal, en este caso la Sala de Apelaciones de Bruselas, ha confirmado el rechazo de la petición de extradición contra el exconseller de Cultura, Lluis Puig. Esta decisión, que es recurrible ante el Supremo del país, reafirma la decisión del primer juzgado, que en agosto pasado ya consideró que el Tribunal Supremo español no era competente para pedir la euroorden contra el exconseller.

Aquella sentencia abrió un nuevo camino en la defensa de la estrategia de Puigdemont contra su extradición, pues por primera vez un tribunal europeo hacía suya la argumentación sobre la competencia que la defensa de los presos del 'procés' habían esgrimido durante el juicio. En concreto, los independentistas alegan que tanto el juez instructor, Pablo Llarena, como el presidente de la sala, Manuel Marchena, vulneraron su derecho a ser juzgados por el juez natural predeterminado por ley, que según consideran sería el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, cuestión que vulneraría sus derechos de defensa.

El tribunal que vio la causa de Puig en primera instancia no llegó a entrar en el fondo de la cuestión, ni determinaba si Puig malversó fondos públicos para realizar el 1-O. En cambio concluía que, tal y como defienden los independentistas, el Tribunal Supremo no podía pedir la extradición. La Fiscalía belga recurrió esta sentencia y la Sala de Apelaciones ha venido a confirmarla, prácticamente con los mismos argumentos, y también refiriéndose al dictamen del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, a quien concede autoridad para pronunciarse sobre la cuestión de la competencia.

Pero, además de la argumentación que hace suya del primer titular, esta segunda sentencia suma una cuestión añadida para rechazar la extradición, al considerar que esta vulneración al juez natural ocurrida en España podría incurrir también en una vulneración de la presunción de inocencia de Lluis Puig, si fuera entregado a las autoridades españolas.

En su momento, la sentencia del primer tribunal sobre Puig se convirtió en un antecedente de valor para la defensa de Carles Puigdemont, en la medida que el expresident podría utilizar la misma argumentación que su compañero en el caso de que, como se se espera, el Parlamento Europeo vote en el futuro a favor de retirarle la inmunidad. Si Puigdemont quedase desprovisto de su inviolabilidad parlamentaria, quedaría en la misma situación de Puig, es decir, a la espera de una sentencia de la justicia belga. Por esta razón, el camino recorrido por el exconseller abre vía para Puigdemont.

El juzgado belga de primera instancia que examina la euroorden de las autoridades españolas contra el exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por malversación en el caso del 1 de octubre, ha celebrado este martes una nueva vista del proceso y ha fijado el 7 de agosto como la fecha en la que dictar una resolución: podría desestimar la euroorden, aceptarla o plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Es la segunda parte de una vista que se empezó a celebrar el 24 de febrero y en la que se trataron aspectos como los derechos fundamentales y la doble incriminación, pero que no dio tiempo a concluir en aquella fecha, por lo que se acordó un receso hasta el 30 de marzo, cuando fue aplazada de nuevo por la covid-19 hasta este 23 de junio, que ha durado dos horas.

Técnicamente, el juez belga podría haber dictado sentencia el mismo 23 de junio tras la vista, pero los letrados de Puig lo veían muy improbable y consideraban que el magistrado anunciaría la fecha de su decisión definitiva, ante la que cabe recurso en Apelación y después en Casación.

Así, este martes se ha debatido en la sala, fundamentalmente, sobre la competencia del Tribunal Supremo para pedir la euroorden, en tanto que Puig no era aforado cuando se cursó. “El juez natural es el que debe prevalecer, en este caso serían los tribunales catalanes”, ha explicado Gonzalo Boye, uno de sus abogados.

En paralelo, las euroórdenes cursadas al expresident Carles Puigdemont y sus exconsejero Toni Comín están suspendidas en Bélgica hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español ha enviado a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, también aplazado por las restricciones impuestas por el coronavirus.

En situación similar se encuentra la ex consellera Clara Ponsatí, también eurodiputada y pendiente de que el Parlamento Europeo resuelva sobre su suplicatorio.

Puig, sin embargo, no es eurodiputado y no disfruta de inmunidad, por lo que su euroorden sigue adelante en los tribunales belgas.

La magistrada del juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig por un delito de desobediencia. A Santi Vila se le juzgará como posible autor de un delito de desobediencia y otro de usurpación de atribuciones judiciales y a Lluis Puig, por su posible comisión de un delito de desobediencia, según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En el auto, dictado el pasado día 5 de diciembre, la magistrada requiere a ambos acusados para que depositen una fianza de 216.000 euros en el caso de Vila y 88.000 euros en el caso de Puig, para garantizar y asegurar las posibles responsabilidades que pudieran imponérseles.

El Ministerio Fiscal considera en sus conclusiones provisionales que los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia y pide para ambos acusados una pena de multa de 5.940 euros (11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros). En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicita que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Diputación General de Aragón con la cantidad en que sea tasado el importe total al que hubo de hacer frente como consecuencia del traslado de los bienes.

Los hechos por los que serán juzgados tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca, resolución que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Catalunya entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Catalunya en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.

Posteriormente, el 11 de junio de 2015, el mismo juzgado decretaba la ejecución provisional de la sentencia requiriendo el traslado inmediato y efectivo de los 44 bienes pertenecientes al Monasterio de Sijena. Tras la resolución de los varios recursos interpuestos, con fecha 18 de abril de 2017, según expresa el Ministerio Fiscal en su calificación provisional, el entonces consejero de cultura, Santi Vila, dictó una orden por la que no se autorizaba la disgregación de las piezas que restaban en el Museo de Lleida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes al Monasterio de Sijena.

Aplazamiento y unificación con la causa de Carles Puigdemont. La Justicia belga, como pasó con Carles Puigdemont, ha aceptado el aplazamiento solicitado por la defensa para la vista sobre las órdenes de arresto y extradición contra los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig reactivadas por el juez del Supremo Pablo Llarena. Y ha decidido unificar las causas, por lo que las verá conjuntamente el 16 de diciembre, fecha fijada para la vista de Puigdemont.

La acumulación de los casos, decidida por el juez de primera instancia de Bruselas, viene a corregir la decisión de Llarena de enviar las euroórdenes separadas. “Será el juez del caso de Puigdemont el que verá a los tres”, ha explicado Comín  tras salir de la vista: “Si el tribunal de Luxemburgo dice lo mismo que el abogado general, el Parlamento Europeo será el primero en reconocer nuestra condición de eurodiputados”.

Comín y Puig han llegado este viernes a la vista después de haber sido dejados en libertad sin fianza la pasada semana, cuando se presentaron ante la Justicia belga para comunicar su rechazo a la orden emitida por España. 

Llarena reclama la entrega de Comín por los delitos de sedición y malversación, mientras que a Puig solo por malversación. La Fiscalía de Bruselas, como pasó con Puigdemont y en ocasiones anteriores, pide al juez de la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) la entrega de ambos por todos los delitos por los que les reclama la Justicia española.

La defensa también llegaba con la confianza de conseguir el aplazamiento para tener más tiempo para preparar el caso, toda vez que el juez se lo concedió a Puigdemont, cuya vista pospuso al 16 de diciembre.

La petición de inmunidad como eurodiputado electo para Comín, como se ha realizado con Puigdemont, tiene varias consecuencias, que pasan por Luxemburgo. En el Tribunal de Justicia de la UE está pendiente el caso de Puigdemont sobre su reconocimiento como eurodiputado de pleno derecho, por lo que, explica la defensa, “la prudencia procedimental aconsejaría que el juez belga no descartara la inmunidad sin esperar a Luxemburgo o sin plantear él mismo una cuestión prejudicial a Luxemburgo”.

Además, ahora cuenta con el dictamen del abogado general sobre la cuestión prejudicial presentada por el Supremo en el caso de Oriol Junqueras. En sus conclusiones, no vinculantes, publicadas el pasado 12 de noviembre, el abogado general del TJUE considera que Junqueras debería ser considerado eurodiputado a todos los efectos, incluida la inmunidad. Por analogía, habría que considerar igual a Puigdemont y Comín, lo cual les protegería de la causa del Supremo contra ellos.

El 15 de noviembre. Es la fecha fijada por la Justicia belga para la vista sobre la orden de arresto y entrega de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, quienes este jueves fueron dejados en libertad sin fianza tras ponerse a disposición judicial y rechazar la orden activada por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Como ocurrió previamente con Carles Puigdemont, la cita se ha fijado con un plazo corto de tiempo, por lo que es previsible que la defensa vuelva a pedir un aplazamiento. El expresident está citado ahora para el 16 de diciembre. 

“Una de nuestras líneas de defensa en el proceso ha sido la falta de garantías en España”, dijo Comín este jueves a la salida de la Fiscalía, “por eso incorporaremos las declaraciones de Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno”.  El presidente en funciones dijo en el debate electoral que se comprometía a traer a Puigdemont a España si se mantenía en Moncloa. 

Uno de los abogados de la defensa, Simon Bekaert, explicó el deseo por acumular las causas, fruto del “follón” organizado por Llarena al “no emitir todas las euroórdenes a la vez”. En todo caso, habrá que esperar al 15 de noviembre para ver si eso sucede.

Comín está reclamado por un delito de supuesta sedición y malversación en la causa del procés, y Puig, por malversación. En la sesión de este jueves, el magistrado les ha preguntado si aceptan su entrega a través de la Orden Europea de Detención y Entrega y ambos lo han rechazado.

Comín, además, ha alegado su inmunidad como eurodiputado electo, algo que no le comporta inmunidad, según el Parlamento Europeo, y que está también pendiente en el Tribunal de la UE, en Luxemburgo.

A partir de ahora, se inicia un procedimiento en un juzgado de primera instancia en la Cámara del Consejo de Bruselas, que podrá ser recurrido en apelación y Casación. El plazo normal para resolver el dossier es de 60 días, que pueden extenderse hasta 90 e incluso más allá en casos excepcionales.

La comparecencia de este jueves ante la Justicia belga de Comín y Puig se produjo 24 horas después de que la Justicia británica haya pedido a España una reformulación de la euroorden de la exconsellera Clara Ponsatí, residente en Escocia.

En libertad sin fianza. Como ocurrió con Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig han abandonado la Fiscalía de Bruselas a la espera de conocer la cita para la vista sobre la orden de arresto y extradición emitida por el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena.

Las partes, según la defensa, están interesadas en unificar las causas de Comín y Puig con la de Carles Puigdemont, cuya vista se pospuso al 16 de diciembre próximo. A la salida de la Fiscalía, tanto Puig como Comín han expresado su intención de utilizar en el proceso las declaraciones de miembros del Gobierno sobre su capacidad de influir en que sean entregados a España. “Una de nuestras líneas de defensa en el proceso ha sido la falta de garantías en España”, ha dicho Comín, “por eso incorporaremos las declaraciones de Pedro Sánchez y otros miembros de su Gobierno”. El presidente en funciones dijo en el debate electoral que se comprometía a traer a Puigdemont a España si se mantenía en Moncloa.

Uno de los abogados de la defensa, Simon Bekaert, ha explicado que el deseo de las partes por acumular las causas es fruto del “follón” organizado por Llarena al “no emitir todas las euroórdenes a la vez”. En todo caso, el abogado reconoce “que hay que esperar para ver si nos citan primero a Lluís y Comín a una vista y ahí se decide acumular las causas con Puigdemont el 16 de diciembre o directamente se da una cita posterior para los tres o se aprovecha la cita del 16 para ir los tres. Hay que esperar”.

Comín está reclamado por un delito de supuesta sedición y malversación en la causa del procés, y Puig, por malversación. En la sesión de este jueves, el magistrado les ha preguntado si aceptan su entrega a través de la Orden Europea de Detención y Entrega y ambos lo han rechazado.

Comín, además, ha alegado su inmunidad como eurodiputado electo, algo que no le comporta inmunidad, según el Parlamento Europeo, y que está también pendiente en el Tribunal de la UE, en Luxemburgo.

A partir de ahora, se inicia un procedimiento en un juzgado de primera instancia en la Cámara del Consejo de Bruselas, que podrá ser recurrida en apelación y Casación. El plazo normal para resolver el dossier es de 60 días, que pueden extenderse hasta 90 e incluso más allá en casos excepcionales.

La comparecencia de este jueves ante la Justicia belga de Comín y Puig se ha producido 24 horas después de que la Justicia británica haya pedido a España una reformulación de la euroorden de la exconsellera Clara Ponsatí, residente en Escocia.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reactivado las euroórdenes contra los exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluis Puig, huidos de la justicia española en Escocia y Bélgica, según han confirmado a eldiario.es fuentes de su defensa. Las órdenes de captura e ingreso en prisión se emiten por delitos de sedición y malversación de caudales públicos, en el caso de Comin; por delito de sedición, en relación a Clara Ponsatí; y de malversación y desobediencia, respecto a Puig, según ha informado el Alto Tribunal.

Como ocurriera con el expresident Carles Puigdemont el pasado 18 de octubre, la justicia belga preguntará a Comín y Puig si acceden a la entrega a España y, ante su negativa, establecerá una fecha posterior para determinar la eventual entrega. Los exconsellers se pondrán a disposición de las autoridades belgas probablemente mañana miércoles. Está previsto que Ponsatí haga lo propio en Escocia el próximo jueves.

En un auto de 59 páginas, Llarena hace un relato de hechos a partir de las diligencias practicadas hasta la fecha en la causa del procés y considera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado 31 de octubre para activar las euroórdenes contra los tres exconsellers citados, una vez que se ha dictado la sentencia del Supremo en relación a otros 12 procesados en el mismo caso.

A su juicio, esa sentencia “reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad”, si bien admite que no es directamente extrapolable a ellos porque todavía no han sido juzgados.

En ese sentido, expone que la sentencia ha fijado que el comportamiento que ofrecía discrepancias de subsunción entre los tipos penales de rebelión, sedición y desobediencia, es constitutivo de delito de sedición. Y ha considerado constitutivos del delito de malversación “los gastos generados por la obtención de toda prestación orientada a la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho”.

La petición de la Fiscalía

En el caso de Ponsatí y Comín, huidos a Escocia y Bélgica, respectivamente, la Fiscalía pidió la semana pasada al instructor de la causa, Pablo Llarena, que emitiera nueva reclamación internacional por los delitos de sedición y malversación, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a otros miembros del Govern por los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017. En el caso de Lluis Puig, el Ministerio Público pide que la detención se efectúe por delitos de desobediencia y malversación, en línea con la misma sentencia.

“La emisión de esta nueva reclamación, tras el dictado de la sentencia, permite ajustar de modo exacto la orden internacional de detención y la euroorden a los hechos y títulos de imputación que se han establecido en la sentencia firme del Tribunal Supremo”, dice el escrito de Fiscalía.

El Ministerio Público expone que en los tres casos “se cumplen los requisitos establecidos por la legislación de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE que permite a la autoridad judicial española dictar orden de detención y entrega”. “En consecuencia, habiendo sido dictada sentencia firme y siendo esta condenatoria, resulta procedente que se acuerde por el Instructor la prisión, y consecuente busca y captura a tales efectos”, añade el escrito firmado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena.

Ahora, las órdenes europeas de detención y entrega se han remitido a las autoridades judiciales competentes de Bélgica y Escocia, además de a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Las órdenes internacionales se han enviado a Interpol para la detención a efectos extradicionales en el caso de que estos procesados se localicen en un país que no pertenezca a la UE.

Por el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la situación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira -huida en Suiza-, y cuyo caso, según avanzaron a Efe fuentes jurídicas, examinará con más detenimiento dado que en el país helvético no funciona la euroorden. La Fiscalía descarta solicitar la aplicación de la euroorden contra la exconsellera Meritxell Serret y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no tira la toalla. El ministerio público ha solicitado al magistrado Pablo Llarena que envíe a Bélgica una nueva orden europea de detención y entrega contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, y que antes dicte un auto de ratificación de la prisión provisional en España contra los tres dirigentes independentistas.

En un comunicado, la Fiscalía ha explicado su respuesta al revés belga a la extradición. Las autoridades judiciales belgas denegaron la entrega a España de los exconsellers porque el juez Llarena no vinculó correctamente las euro–órdenes con una orden de detención nacional, tal y como exige la normativa comunitaria, sino que lo hizo con el auto de procesamiento dictado el pasado 21 de marzo.

La Fiscalía no esconde sus críticas a sus homólogos belgas. Argumentan los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena que el auto de procesamiento “reúne la doble cualidad de auto de prisión u orden detención nacional previa a la OEDE a los efectos de la reclamación”, un criterio que no apreció la Fiscalía de Bruselas.

No obstante, los fiscales piden al magistrado acomodarse a los requisitos formales planteados por Bélgica para tramitar la euro–orden, habida cuenta de que el error inicial del magistrado ha impedido a las autoridades belgas entrar en las cuestiones de fondo de las euro–órdenes.

“Vistas las discrepancias de carácter formal suscitadas por las autoridades judiciales competentes de Bélgica”, los fiscales solicitan al juez que dicte un auto de mantenimiento y ratificación de la prisió provisional incondicional acordada en noviembre por la Audiencia Nacional respecto a Comín, Serret y Puig, y que emita una nueva orden europea de detención y entrega.

De aceptar la petición fiscal, serían las terceras euro–órdenes que las autoridades judiciales españolas envían a Bélgica. La primera fue en noviembre y la cursó la Audiencia Nacional. El juez Llarena la retiró en diciembre para evitar que Bélgica limitara la acusación por rebelión, y envió una nueva en marzo, que fue tumbada este miércoles por un defecto formal.

Nuevo examen europeo a la causa del 'procés' que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La justicia belga ha convocado para este miércoles una vista para decidir en primera instancia si ejecuta las órdenes europeas de arresto y entrega emitidas por Llarena contra los tres consellers cesados que permanecen en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig.

La sesión de la Chambre du Conseil arrancará a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Bruselas. La Fiscalía comunicará durante la sesión si apoya la extradición de los exconsellers y por qué delitos, y las defensas podrán presentar sus alegaciones en contra de la ejecución de las euro–órdenes. Mientras que Comín está reclamado por rebelión y malversación, Serret y Puig sólo podrían ser entregados a España por malversación. El delito de desobediencia por el que también les procesó el juez Llarena está excluido de la normativa europea de extradición.

Fuentes de las defensas de los exconsellers confían en que de la vista de este miércoles salga otro varapalo al juez Llarena como el que recibió de parte de la justicia alemana al rechazar la entrega de Carles Puigdemont por rebelión. Además de los argumentos presentados durante la tramitación de la primer euro–orden del pasado mes de diciembre, las defensas insistirán en que los hechos que Llarena atribuye a los exconsellers no encajan en ningún tipo delictivo del ordenamiento belga y que Comín, Puig y Serret verían vulnerados sus derechos fundamentales de ser entregados a España.

En este sentido, la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena ha dado a las defensas nuevos argumentos para reclamar que se rechacen las euro–órdenes. Por ejemplo, el uso de la primera persona por parte del juez al describir el plan soberanista como “la estrategia que sufrimos”, que ya le ha valido reproches por ser “juez y víctima” de parte de los dirigentes independentistas encarcelados en España.

Los exconsellers están en libertad con la obligación de permanecer en Bélgica. Tras la vista del miércoles, y en un máximo de 15 días, la Chambre du Conseil deberá pronunciarse sobre la euro–orden. El fallo de este tribunal no será definitivo, pues tanto las defensas como la acusación podrán recurrirla. Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los un tribunal de apelación emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva.

Comín, el único reclamado por rebelión

La Fiscalía belga solicitó el pasado mes de marzo (sólo tres días después de recibir la euro–orden) información adicional sobre la petición del juez Llarena. El magistrado respondió a mediados de abril. Precisó en primer lugar que los motivos por les que reclama la detención y entrega de los políticos catalanes no son los que argumentó la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sino los que recogió en su auto de procesamiento del mes de marzo.

“Se trata de hechos complejos”, expuso Llarena en su escrito de seis páginas dirigido a la Fiscalía de Bruselas. El juez también indicó que cada exconseller “ha tenido una contribución bien diferente” en el otoño soberanista de 2017, lo que tiene “un reflejo” en los dos delitos por los que reclama a los políticos.

Sobre la supuesta rebelión, que requiere un alzamiento público y violento, Llarena ha trasladado a Bélgica que Comín “promovió la declaración de independencia” de Catalunya “sirviéndose para ello de alzamientos y movilizaciones públicas que llegaron a contener expresiones de violencia y con las que se pretendía forzar al Estado a reconocer la nueva realidad político”. El juez fundamenta esta tesis en algunos puntos del auto de procesamiento.

En primer lugar, señala que Comín cesó a los responsables de consorcios sanitarios en vísperas del 1-O para “asegurar” que se utilizaran para la votación. A partir de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil durante el verano, Llarena sitúa a Comín como “responsable destacado” de la búsqueda de locales para el referéndum. No obstante, el documento enviado a Bélgica también recoge sobre Comín puntos del auto de procesamiento referentes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), ente sobre el que el exconseller de Salud no tenía competencias.

Respecto a la malversación, Llarena se remite a los acuerdos aprobados por la Generalitat en septiembre que autorizaban a la confección del material electoral y a la cantidad de 1,6 millones de euros “que necesariamente habían de realizarse o comprometerse” para el 1-O. La falta de concreción sobre si esa cantidad corresponde a facturas abonadas o comprometidas ya ha provocado dudas en la justicia alemana, ante la que Puigdemont ha alegado que el referéndum se pagó con aportaciones privadas.

Durante la tramitación de la primera euro–orden, la Fiscalía de Bruselas apoyó la entrega a España de los exconsellers. Sin embargo, el juez belga no pudo pronunciarse porque Llarena retiró la euro–orden en diciembre. Evitó así que el juez belga limitara la acusación de rebelión contra Puigdemont, algo que no ha podido esquivar en Alemania. Bélgica se pronuncia a partir de este miércoles sobre la 'doctrina Llarena'.

La Fiscalía de Bruselas no quiere prisas para decidir sobre la euroorden de los exconsellers Meritxell Serret, Lluís Puig y Toni Comín. A petición del ministerio público, la Justicia belga ha aplazado para el próximo 16 de mayo la primera de las vistas para evaluar la extradición que reclama el Tribunal Supremo. La Fiscalía ha pedido más datos al juez Pablo Llarena, y, según fuentes fiscales belgas, en función de la celeridad del Supremo en responder a su petición de información en mayo se podría pedir un nuevo aplazamiento.

Este miércoles Serret, Comín y Puig han comparecido ante el tribunal de primera instancia que deberá decidir obre las órdenes europeas de detención y entrega emitidas por el magistrado Llarena. La sesión ha durado un cuarto de hora: la Fiscalía ha pedido un aplazamiento, la defensa no se ha opuesto y, junto al juez, las partes han acordado la nueva fecha del 16 de mayo.

El abogado de los exconsellers, Paul Bekaert, ha explicado que, al no disponer de todos los datos, la Fiscalía no se ha pronunciado todavía sobre la extradición. Fuentes del ministerio público belga han evitado precisar qué tipo de información adicional han reclamado al Supremo.

Tras la vista del próximo mes de mayo, y en un máximo de 15 días, la Chambre du Conseil deberá pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega. El fallo de este tribunal no será definitivo, pues tanto la defensa de los exconsellers como la acusación podrán recurrirla.

Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los que la llamada 'Court d'appel', esto es, un tribunal de apelación, emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva. En conjunto, el procedimiento puede alargarse hasta dos meses, aunque también podía llegar a los 90 días si se dan circunstancias excepcionales.

De los tres exconsellers que permanecen en Bélgica, Comín es el único al que Llarena reclama por un delito de rebelión, al que se le suma el de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido procesados y reclamados por delitos de desobediencia y malversación. Los tres están en libertad pero ninguno puede abandonar Bélgica y deben comunicar un domicilio fijo y ponerse a disposición de las autoridades belgas cuando lo requieran.

Los exconsellers de JxCat Clara Ponsatí (Educación) y Lluís Puig (Cultura) no han sido aún acreditados como diputados electos ante el registro del Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya ha presentado este martes las credenciales de 32 de sus 34 electos, entre las que se incluyen la del president cesado, Carles Puigdemont. Sin embargo no ha presentado las de Ponsatí y Puig, que acompañan a Puigdemont en Bruselas.

Por parte de ERC, Oriol Junqueras ha sido registrado como diputado y, según apuntan diversos medios como Catalunya Ràdio, también el diputado de ERC en Bruselas Toni Comín habría recogido su acta. La formación republicana no ha confirma si Meritxell Serret, su otra diputada en Bélgica, ha seguido los pasos de Comín o ha optado por no presentarse.

Según fuentes de la formación de Puigdemont, el hecho de que Ponsatí y Puig no se hayan registrado no supone una renuncia al escaño. Al menos, no aún. Tanto JxCat como ERC negocian con sus cuatro diputados que se mantienen en Bélgica para que renuncien a sus actas, y así poder garantizar la mayoría independentista en el primer pleno del Parlament, el día 17, y en la votación de composición de la Mesa.

En total son 8 los diputados electos independentistas con situaciones procesales que podrían impedirles votar. Por un lado, los tres que se encuentran en prisión provisional, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn. Estos deben pedir un permiso penitenciario para participar en los plenos, hecho que las formaciones recuerdan que tiene antecedentes en el sistema penal español pero que, en último término, quedará a decisión del juez.

Por otro lado se encuentran los cinco electos que están en Bruselas, dos de ERC, Meritxell Serret y Toni Comín, y tres de JxCat, incluido Puigdemont. Dado que el candidato a la presidencia del Govern debe ser diputado y que, por tanto, Puigdemont no piensa dejar el acta, bastaría con que renunciasen los cuatro exconsellers de Bélgica para que el independentismo sin los diputados encarcelados tenga mayoría en la Cámara.

Sin embargo, si alguno de los cuatro exconsellers en Bélgica se niega a dejar su acta, el bloque independentista necesitaría que el juez permitiese a los diputados encarcelados votar para mantener su mayoría.